La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.

Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

La sesión se inició luego de que el oficialismo consiguiera ajustadamente el quórum, lo que le permitió cumplir con el otro objetivo que se había propuesto que era pisar y dejar sin efecto la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición con un temario que giraba en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La superposición de dos convocatorias a sesiones para este miércoles, generó un ida y vuelta de deliberaciones reglamentarias que insumió una hora y media de discusiones ociosas que retrasaron el tratamiento de los proyectos de ley.

Superado ese impasse, el primer proyecto que se trató fue la ley Hojarasca, que se aprobó con 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

Se trata de una iniciativa concebida por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

Federico Sturzenegger.

Luego de aprobar una serie de tratados y convenios internacionales, llegó el plato fuerte con el tratamiento del proyecto de readecuación del régimen de subsidios por zona fría, para el cual el Gobierno había llegado con los votos justos.

A raíz de este escenario complejo en términos de votos, en la víspera había sellado un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas, a quienes se les prometió un esquema de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

El proyecto de ley de readecuación del régimen de "zona fría" tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo.

La idea es retrotraer la política de subsidios a un esquema similar al que regía antes de la ley aprobada por ambas cámaras en el 2021, a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner que establecía rebajas de entre el 30 y el 50% en buena parte de las provincias del país.

Los objetivos que persigue la iniciativa, de acuerdo a la letra del proyecto, son "la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas".

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

A partir de los cambios en el régimen de zona fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora.

A su vez, el proyecto crea un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria.

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Energia y Combustibles, el libertario Facundo Correa Llano (LLA), quien señaló que "durante años la política Argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, distorsiones y privilegios".

"Eso nos llevó a confundir sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios y política energética con populismo tarifario”, indicó.

"Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”, remarcó.

El mendocino destacó que el presidente Javier Milei busca tener un "equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados”.

Al respecto, consideró que "cuando el subsidio deja de estar focalizado deja de ser una herramienta social y pasa a ser transformarse en una distorsión”, insistió el legislador oficialista y defendió que “focalizar no es ajustar, es garantizar a que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodriguez Machado (LLA) aclaró que “nadie está en contra de asistir a quienes no pueden afrontar el costo de la calefacción, de que las regiones con frío extremo tengan herramientas diferenciales", y explicó que "de lo que se está en contra es de que se les dé subsidios a quienes no los necesitan”.

Desde la oposición, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto expresó su rechazo al proyecto ya que "limitará este derecho a los ciudadanos y pobres de la Patagonia, al referirse a los cambios en el método de cálculo del subsidio.

Miguel Ángel Pichetto. NA.

"Queremos sostener la bandera de las provincias generadoras, porque son las provincias de la Patagonia las que generan el gas y el combustible. Por lo tanto venimos a sostener eso y nos oponemos a esta ley", enfatizó.

A su vez, la peronista fueguina Andrea Freites (UxP) criticó que el Gobierno impulse esta iniciativa "en un contexto de fragilidad e incertidumbre", y advirtió que con los cambios propuestos se recargarán las facturas del gas y se distorsionará un beneficio de más de 20 años.

La diputada opositora reivindicó la actual ley de zona fría, a la que definió como "soberanía y federalismo real" desde "La Quiaca hasta el ‘Fin del Mundo".

La kirchnerista Lucía Cámpora (UxP) afirmó que "el gobierno quiere aumentarle las tarifas a 4 millones de argentinos a través de la modificación del régimen de Zonas Frías".

“El proyecto de Milei deja a 3,2 millones de personas en 8 provincias de bajas temperaturas sin el beneficio vigente, lo que implicará aumentos de 50% en las tarifas de gas. Además, 900.000 usuarios en las regiones del Régimen Patagónico sufrirán aumentos”, advirtió.

“En concreto, los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI ni Remediar o pagar las nuevas tarifas de gas. O quizá deberán tomar más deuda con la tarjeta o la billetera virtual para poder pagar los servicios. Esta es la realidad de nuestros compatriotas”, lamentó la camporista.

La kirchnerista Fernanda Díaz sostuvo que “esta medida viene a consolidar una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía".

"No se entiende como están preocupados por poner un tarifazo sobre los argentinos y argentinas, y no se preocupan sobre cómo se va a pagar el endeudamiento permanente que estamos teniendo con el FMI, desembolsando miles de millones de dólares para sostener a este Presidente”, lanzó.

“Con esta nueva estafa, los vecinos de nuestras ciudades van a tener que decidir entre pagar la factura del gas o cumplir con una comida más diaria”, finalizó.

La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, aseguró que "el gobierno de Javier Milei todo lo que toca lo rompe".

"El régimen de Zona Fría, impulsado por Máximo Kirchner, es justo, solidario, pero además es un régimen que es autosustentable. No estamos hablando de un lujo, estamos hablando de vivir dignamente, mínimamente. Están haciendo que 4 millones de usuarios, en las puertas del invierno, reciban facturas con un 50, 30, 60 o hasta 100% de aumento. Es brutal lo que hacen", disparó.

"Pero además hacen otra cosa que es muy propia de ustedes: quitarle a las mayorías populares para entregarle pingües beneficios a los poderes económicos concentrados", siguió.

Según dijo, "con la modificación de esta ley se benefician unos pocos: los tres o cuatro dueños de las grandes energéticas en la Argentina".

En Diputados, el oficialismo logró aprobar la ley que recorta los subsidios al gas por “zona fría”

Por el Frente de Izquierda, Romina del Plá alertó que detrás de esta readecuación se viene “un tarifazo enorme a las familias argentinas”.

"Desde nuestro bloque defendemos una concepción totalmente diferente que es el derecho social a la energía", afirmó la referente del Partido Obrero.

Y explicó que por el contrario "la energía y los bienes comunes no son para los negocios de las empresas a los que les dan todo tipo de beneficios y para que un grupo de vivos se llenen los bolsillos".

La legisladora camporista de la provincia de Córdoba Gabriela Estévez (UxP) alertó que "la modificación que pretende imponer el gobierno es lisa y llanamente un tarifazo que llega justo cuando comienza el frío, y viene a complicar aún más la economía de las familias que ya está desbordada por la inflación y el atraso salarial”.

“No podemos aprobar este proyecto, que es una exigencia del FMI para seguir exprimiendo a las familias argentinas con más ajuste”, insistió.

En esta línea, reafirmó que el "deber" de los diputados es "legislar para atender las necesidades del pueblo argentino que nos dio su voto, no para satisfacer la codicia de los usureros de afuera”.

"Me genera mucha satisfacción que el gobernador de Córdoba esté defendiendo con uñas y dientes una ley promovida por Máximo Kirchner. Porque siempre decían que el kirchnerismo discriminó a la provincia de Córdoba. Me alegra ver que algunos que eran detractores nuestros apoyen las políticas", subrayó Estévez.

En Diputados, el oficialismo logró aprobar la ley que recorta los subsidios al gas por “zona fría”.

En el cierre de Unión por la Patria, el jefe de bloque, Germán Martínez, recordó el compromiso que tuvo el peronismo a lo largo de las distintas gestiones para ampliar las políticas de subsidios energéticos.

El santafesino le pidió a los diputados del norte que tengan el compromiso de ayudar a las provincias del sur a mantener la política de zona fría para el consumo del gas.

"El norte de la Argentina necesita una tarifa diferencial para la energía eléctrica. Lo queremos dejar fijado por ley. Creemos que las zonas cálidas merecen un tratamiento especial", consideró.

"Llama la atención que algunos que hace muy poquito tiempo habían aprobado la ampliación de zonas frías estén hoy parados en otro lugar y no se den cuenta del perjuicio que le ocasionan a las familias argentinas", concluyó.

El último discurso estuvo en manos de la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici, quien recordó que en 2021 se tomó la decisión de extender el régimen de subsidios al gas a regiones de frío templado.

"Tomaron la decisión más inequitativa e injusta cuando hablamos de subsidios a la demanda", expresó.

Al respecto, cuestionó que "desde hace años los 47 millones de argentinos venimos financiando a las zonas frías templadas más ricas", incluyendo "countries" y "mansiones".

"Los 47 millones de argentinos pagamos más impuestos porque a ustedes se les ocurrió con la ley ampliada llevar la alícuota del 5.3 al 7.5%", apuntó.

Y acotó que para comensar los desequilibrios en la matriz energético habría que elevar la alícuota al 11.5%, algo que el actual Gobierno no está dispuesto hacer porque supondría "hacerle pagar el pato a todos los argentinos".

Para Giudici, "un régimen de subsidios es eficiente cuando ajusta donde puede y subsidia donde debe".

Recordó que el Gobierno de Milei reconvirtió la política al crear el programa de Subsidio Energético Focalizado (SEF), que se encargó de optimizar los recursos y detectar incompatibilidades entre nivel de ingresos y patrimonio con los beneficios otorgados.

En ese sentido, destacó que el Gobierno retiró subsidios en countries y mansiones de la zona AMBA y de Córdoba y hasta de propiedades en Puerto Madero.

Por otra parte, la diputada oficialista defendió la medida que propone la ley para "reformular las deudas entre distribuidores y empresas provinciales".

"Tratar de regularizar el mercado energético mayorista es algo que en la Argentina no se hace desde hace décadas. La ineficiencia que se provocó hasta ahora hizo que se acumulara en el Gobierno de Alberto Fernández hasta 18 mil millones de dólares de deuda. Acostumbrados al 'pagadios', nadie pagó nada", lamentó.

En la Cámara baja del Congreso de la Nación, la discusión sobre el Presupuesto 2026 estuvo marcada por la intención del Poder Ejecutivo Nacional de derogar dos leyes que lo obligan a otorgar fondos para ayudar a las personas con discapacidades y en favor de la educación universitaria pública. Pero por una decisión de muy alto riesgo del oficialismo nacional, otros muchos asuntos de muy amplio alcance quedaron atados a la suerte corrida por ambas normas que sobrevivieron al dudoso procedimiento de derogar normas en la llamada ley de leyes, algo que está vedado por las normas de control y eficiencia del Estado.

Y entre otros temas que los diputados nacionales no aprobaron del Presupuesto se encuentra la eliminación de subsidios a las tarifas de gas natural para localidades de la la zona sur de la Provincia de Santa Fe, que van desde el 30 al 50% del valor del metro cúbico en invierno.

Lo sucedido es conocido: la oposición pidió poder tratar la norma artículo por artículo en la votación en particular, para poder rechazar solo los puntos que cuestiona (entre ellos las dos leyes sobre emergencia en discapacidad y en favor de las universidades), pero el bloque de La Libertad Avanza jugó a cara y seca todo un capítulo del proyecto, al obligar a sus pares a aprobar o rechazar los artículos agrupados en títulos. Por esa razón, cayeron todos los comprendidos en el capítulo 11, donde hay importantes modificaciones y ajustes en materia energética.

Desde hace más de cuatro años la Provincia de Santa Fe quedó dividida en dos al establecerse subsidios cruzados diferentes para el sur que para el norte. Mientras que Rosario y otras localidades gozan de la ayuda estatal nacional dispuesta por la Ley 27.637, sucede lo contrario con el centro norte santafesino.

En el mapa de la bota son más de 80 las localidades que podrían perder ese beneficio en las tarifas que según el caso significa entre un 30 y un 50% menos en el costo del combustible entregado por las distribuidoras de gas natural por redes, tanto cooperativas como Litoral Gas, ya que se trata de un costo que -por ahora- asume el Estado nacional.

Más de 80 localidades podrían perder descuentos de hasta el 50% en la tarifa de gas durante el invierno.

El capítulo 11 de la ley de presupuesto que ahora tiene en su poder el Senado de la Nación contenía, en su artículo 69, la derogación de la ampliación del Régimen de Zona Fría. Terminaba con los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de aquella norma.

Inicialmente, solo los hogares de la Patagonia y otras ciudades del sur del país contaban con una ayuda mayor para solventar sus gastos de calefacción, pero en 2021 se multiplicaron los beneficiarios: de 79 departamentos en 10 provincias se pasó a 230 de 14 provincias. Se sumaron grandes ciudades bonaerenses, además de Mendoza, Córdoba y Rosario.

En términos prácticos, la derogación implicaba desactivar el esquema legal que sostiene los subsidios diferenciales al gas por razones climáticas, dejando sin base normativa la ampliación del régimen. Iban a terminarse las ayudas estatales, un objetivo que la administración libertaria persigue desde que asumió el gobierno dos años atrás.

Hoy un fondo especial brinda los recursos para el subsidio cruzado, lo pagan todos los usuarios de todos los sectores (residencial, industrial y comercial) con un recargo que ya llega al 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. Solo el gas que se exporta no tiene ese ítem. El mismo fondo sirve también para subsidiar la venta de garrafas y gas a granel para quienes no tienen el servicio de redes.

La modificación propuesta en el artículo 67 de la Ley de Presupuesto sustituía el texto vigente del artículo 75 con cambios de fondo. Hasta aquí se ha hablado siempre de "consumos residenciales" para beneficiar a los hogares. El texto planteaba ampliar el concepto a "consumos de gas", con una mayor libertad para beneficiar a empresas y comercios de la Patagonia y unas pocas áreas más.

Mediante la Disposición 2/2025 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, el gobierno nacional decidió ampliar los subsidios a energía mayorista en la denominada Zona Fría (incluye al sur de Santa Fe) para dos tipos de usuarios residenciales: los hogares más vulnerables o de menores ingresos (N2) y solo aquellas familias de clase media (N3) que carecen de gas natural por redes.

La medida consiste en modificar el número de kilovatios horas subsidiados, al tener en cuenta la ola de frío que afecta al país. En la provincia de Santa Fe, como se sabe, sólo el sur cuenta con la denominación de Zona Fría, por lo que la medida no contendrá ningún beneficio para los habitantes del centro y del norte del mapa de la bota.

Zona Fria Tarifas Gas Provincia

Los hogares de ingresos bajos (N2) tendrán un consumo base subsidiado de 700 kWh por mes en las boletas de luz, mientras que aquellos categorizados en las franjas medias (N3) contarán asistencia estatal en el consumo de 500 kWh mensuales. En ambos casos, la condición para que sea mayor el subsidio es carecer de gas natural por redes, ni gas propano indiluido por redes.

Los consumos base diferenciados serán aplicados desde el 1° de julio hasta 31 de agosto para los hogares radicados en el sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, que forman parte del régimen de Zona Fría. Desde el año pasado ese beneficio se aplica por más tiempo, entre el primero de junio y el 31 de agosto.

El resto de los hogares del país que no se encuentran ubicados en las subzonas comprendidas, mantienen los topes mensuales de consumo con subsidios en 350 kWh para los N2 y 250 kWh para los N3.

El decisorio emana de una dependencia del Ministerio de Economía y se desconoce (aún) su costo fiscal. El esquema de Zona Fría cuenta con fondos que -solo en parte- se sustentan con un subsidio cruzado de la totalidad de los usuarios a aquellos comprendidos en el área mencionada. Se trata de un recargo que aumentó del 6,2% al 6,4% sobre el componente del precio del gas (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte -PIST-) en las facturas finales y desde julio será del 6,4% a partir de la Resolución 444/2025 del Enargas. Fue el tercer incremento del año, ya que el porcentaje había iniciado en 5,44%, saltó al 6% en abril y en junio tuvo la última suba. Todas esas medidas incrementaron las boletas de los servicios públicos de los que residen en el centro y el norte de la provincia, sin recibir beneficio alguno.

El régimen fue creado para morigerar el impacto de las tarifas en regiones con temperaturas invernales más extremas, y su financiamiento depende solo en parte del recargo adicional, ya que hoy solo los usuarios N1 pagan (en el caso de la energía eléctrica) los costos reales de la generación, transporte y distribución de los kilovatios hora que consumen.

Según el Informe de Tarifas y Servicios que elaboran la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Uba-Conicet) en julio, en promedio, los usuarios residenciales del sistema eléctrico de la categoría N1, de ingresos altos, alcanzaron un 75% de los costos reales del servicio (el restante 15% fue aportado por el Estado). En cambio, en el nivel de los hogares vulnerables N2 (que usualmente carecen de gas natural) sus pagos por la energía eléctrica cubrieron apenas 24% de lo que realmente se requiere para pagar costos finales. Y en el caso de las familias de ingresos medios N3, ese valor cubre apenas 36%. La medición promedio a nivel nacional es anterior al nuevo beneficio para la zona fría.

Los consumos cuyo subsidio ha incrementado el gobierno nacional corresponden a los meses de junio, julio y agosto, cuyas boletas comienzan a tener impacto en este último mes, así como en septiembre y en octubre. Los pagos son posteriores al consumo, en uno o en dos meses.

En el noveno mes del año se celebrarán las elecciones de legisladores provinciales y autoridades municipales de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en octubre votará legisladores nacionales la totalidad del país para renovar cargos en el Congreso de la Nación.

El gobierno nacional produjo un recorte -que definitivamente no fue el de una motosierra- de los subsidios por zona fría a usuarios del gas natural por redes de todo el país que, hasta mayo pasado, recibían el nivel más alto de la ayuda estatal del 50% y ahora cuentan con una menor, del 30%.

En total, sobre las provincias que reciben esos beneficios el recorte alcanzó a 130.000 clientes de las empresas distribuidoras de gas natural por redes. En el país son 9.295.942 los usuarios residenciales, industriales y comerciales que cuentan con el servicio.

Según los datos aportados por Litoral Gas en toda su área de concesión, que comprende la totalidad de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense, son 1.300 los clientes que tenían el subsidio al 50% pero por tener más de un medidor ahora reciben una ayuda que llega al 30%.

Por otra parte, como solo el sur del mapa de la bota goza de los beneficios nacionales del subsidio por zona fría (según lo dispuesto por la Ley 27.637) cabe suponer que la mayoría de esos 1.300 usuarios residenciales con más de un medidor son de la ciudad de Rosario y las ciudades que la rodean.

A propósito de esa cifra, tampoco se sabe cuántos de esos usuarios (con más de un medidor a su nombre) tienen más de una propiedad y además alquilan esas viviendas sin cambiar la titularidad del servicio, para evitar eventuales inspecciones de sus instalaciones puertas adentro.

En Santa Fe y en Rosario es común que los propietarios mantengan el servicio de gas natural a su nombre y que agreguen ese gasto al monto final del alquiler. Durante años el costo era tan ridículamente bajo que ese procedimiento (incorrecto para las normas regulatorias) evitaba trámites y posibles gastos en adecuar las viviendas en alquiler a las normas de seguridad.

Obviamente, lo correcto es que los servicios estén a nombre de los usuarios reales y que los inquilinos así declaren sus ingresos para ser encuadrados en las categorías N2 ó N3 ante el RASE, para contar con las ayudas nacionales para hogares de ingresos bajos o medios.

Por años, los propietarios de más de un vivienda han preferido en muchos casos pagar la boleta y recargarla en el alquiler a sus inquilinos para tener la certeza de que no habrá boletas impagas que causen un corte del servicio, con la consiguiente inspección previa a la reconexión.

Con fuerte impacto en los medios, la Casa Rosada primero aplicó un quirúrgico bisturí al quitar las ayudas a quienes se inscribieron como usuarios residenciales de hogares con ingresos medios y hasta bajos (N3 y N2 respectivamente) pero residen en el lujoso barrio de Puerto Madero y otros cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Así, el Estado Nacional, en parte todos los usuarios del sistema, y sin dudas todos los contribuyentes se libraron de pagarles parte de sus tarifas a 15.500 usuarios de altos ingresos que se animaron a solicitar la ayuda pública. Y que para ello no dudaron en completar una declaración jurada ante el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Es curioso que ese elemental correctivo no se haya usado antes. Fue el gobierno nacional anterior, en tiempos de Alberto Fernández en la presidencia y Sergio Massa en Economía, cuando se creó el sistema de segmentación de la demanda.

Ahora, o seguramente después de las elecciones de octubre, la medida se extenderá a todos los barrios de altos ingresos, en cada ciudad del país. Pero para eso es necesario algo imposible en tiempos de campañas: coordinar ese proceso con los gobiernos provinciales y las municipalidades, además de tocar los bolsillos de los votantes.

Ni en mayo, cuando se tomó la decisión de excluir a los más pudientes por barrio, ni en lo que va de junio, el gobierno nacional ha tomado contacto con funcionarios de la provincia de Santa Fe para contar con información confiable sobre cuáles son los Puerto Madero de las ciudades santafesina.

Mientras a nivel nacional se preparan aumentos de tarifas de gas natural por redes para el invierno (que se descuenta buscarán "aplanar" con cuotas su impacto), ya es oficial la suba de un subsidio cruzado dispuesto por ley para solventar -al menos en parte- las tarifas más económicas de la zona fría.

El gobierno nacional volvió a tocar el recargo que pagan todos los usuarios que cuentan con el servicio, de todas las categorías. Ahora se sube un 6,2% en tanto que en abril ya se había agregado otro 6,3% siempre sobre el precio mayorista del combustible, es decir del gas en boca de pozo, antes de su inyección en los grandes gasoductos. En términos técnicos se trata del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist).

Dos meses atrás se estimó que el impacto de aquel movimiento representaba sobre el usuario residencial promedio un incremento final de 1,5 y hasta 2% según su consumo, con lo que cabe suponer que ahora vuelve a producirse ese incremento.

En el plano provincial, la decisión adoptada por el Enargas tiene dos efectos distintos. Para la zona sur del mapa de la bota es una novedad que implica aumentos, pero hay buenas razones para no quejarse: se trata de un área con beneficios que rondarán el 20% del total a pagar. En cambio, para parte del centro norte de la provincia, a las ciudades y localidades donde ha llegado el servicio se trata de una mala nueva, sin más.

La prensa especializada coincide en que el gobierno nacional aplicará una estrategia de aumentos paulatinos para la actualización de las tarifas de gas, para que su impacto se distribuya en aumentos mensuales. Una suerte de pago en cuotas que hará busca aplanar la curva que usualmente se experimenta en invierno por aumento de la demanda, al postergar al menos en parte los aumentos para que lleguen en los meses más cálidos cuando baja abruptamente el consumo.

Los incrementos serán oficializados después de la finalización del proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), cuya resolución por parte de las autoridades regulatorias nacionales aún se ha publicado en el boletín oficial. Se especula que su impacto será de alrededor del 2,8% que se sumaría al par de puntos que implica la suba del recargo por zona fría

Por otra parte, también desde junio se pondrá en marcha un nuevo esquema de ajustes automáticos mensuales por inflación para los servicios de transporte y de distribución.

Con los cinco años del plan RQT se llegaría a 2029 con ingresos para las transportadoras de gas y las distribuidoras con un incremento en el Valor Agregado de la Distribución (VAD) del 15% promedio. Y su impacto rondaría el 9% para los usuarios residenciales, y un efecto más alto para industrias, comercios y estaciones de servicio que expendedoras de GNC del 30% promedio. En el caso de los hogares, eso implica una suba del 3% real por ese segmento de la boleta. En mayo se aplicó solo 1% y el resto será dividido en 30 cuotas mensuales, con el compromiso de mantenerlo (frente a la inflación) hasta el año señalado.

Una noticia nacional, el aumento de un cargo creado sobre todas las tarifas de usuarios de gas natural por redes para subsidiar a hogares argentinos ubicados en zonas consideradas frías, tiene efectos muy diferentes en Santa Fe.

Para la zona sur es una novedad que implica aumentos, pero hay buenas razones para no quejarse: se trata de un área con beneficios que rondarán el 20% del total a pagar.

En cambio, para parte del centro norte de la provincia, a las ciudades y localidades donde ha llegado el servicio se trata de una mala nueva, sin más.

Tal como se indica en el gráfico que acompaña a este texto, una ley de 2021 dividió en dos al mapa de la bota y de un lado quedaron la ciudad de Rosario, todas sus urbanizaciones satelitales y más de 80 localidades que pertenecen a un área climática que la legislación nacional que regula a la distribución del gas natural por redes la considera más fría que el otras regiones de la misma provincia.

La suba es sobre el precio mayorista del gas en un 6,3% para bonaerenses del norte de esa provincia y santafesinos. El impacto será bastante inferior a ese porcentaje en la cuenta final, pero se sumará a otra actualización para las distribuidoras de entre 1,5 y 2%.

Desde que cuatro años atrás se amplió el área de beneficios tarifarios para regiones que inicialmente se había extendido solo a la Patagonia y Cuyo, la distribuidora que opera en la región debe facturar con beneficios a los bonaerenses del norte del primer estado argentino y a los del sur de la "Invencible". El área de la capital provincial y otras que cuentan con gas quedan afuera de las ayudas por frío.

El proceso de retiro de subsidios del gobierno nacional de todos los servicios públicos no pudo incluir en 2024 (pese a sus deseos) las ayudas del Estado nacional para con las zonas más frías.

El presidente Javier Milei intentó terminar con esas ayudas en su primera versión de la Ley de Bases. Su plan era derogar la Ley 27.637, de 2021, conocida como Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría, que benefició al sur de Santa Fe.

En las versiones posteriores de normas con amplísimas facultades cedidas por el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, esas intensiones ya no estuvieron. Seguramente, hubo una negociación al respecto. Además, el gobierno nacional utiliza (como sucedió con la gestión anterior) las tarifas de servicios públicos como un auxilio a la baja para el índice inflacionario.

En enero de 2024, el gobierno de La Libertad Avanza presentó un plan diferente, que crearía lo que llamó una "canasta básica energética", según regiones "bioclimáticas", pero nada de lo anunciado se logró poner en marcha. Incluso hoy las autoridades del ministerio de Economía de la Nación, que conducen la política energética, no han vuelto a usar esos términos que correspondían al anterior de esa secretaría, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Sus planes ya ni figuran entre los antecedentes de la resolución 356/2025, que eleva en un 6% el precio mayorista del gas natural. En términos técnicos se trata del valor "en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional".

Desde mayo de 2002, existe para los usuarios de zonas frías el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Esa suba significa que, en el caso de la empresa que opera en Santa Fe, será una suba del 6,3% en el valor del combustible que distribuye y se trasladará a todos sus usuarios, tengan o no beneficios por zona fría. Obviamente ese es uno de varios componentes de una tarifa que ya tendrá subas por inflación de entre 1,5 y 2%.

Su presencia años atrás poco importaba porque las tarifas eran bajas o ridículamente bajas. Hoy con boletas que -sobre todo en el caso de los usuarios de hogares de altos ingresos- comienzan a parecerse a los costos reales del servicio, será mucho más impactante el efecto de estar o no dentro de los límites de la zona fría.

Más allá de la postergación de la suba de las tarifas de julio en materia de energía (luz y gas) dispuesta por el ministerio de Economía para que no impacte en el índice inflacionario, los aumentos que ya están vigentes se sentirán más porque el consumo de gas en invierno naturalmente crece.

A la provincia de Santa Fe la Ley 27.637 la quiebra en dos. Y aunque la ciudad de Santa Fe y su entorno, así como las pocas localidades del norte provincial que cuentan con gas natural por redes hayan quedado fuera a esa norma, tres años atrás también la votaron diputados y senadores nacionales por Santa Fe porque en esa norma se logró, al menos, ampliar al sur de la bota la cobertura de los subsidios por zona fría.

Ignacio Hintermeister El Litoral En junio del pasado año, antes de las elecciones de medio término, el Senado nacional terminó de sancionar el proyecto del diputado Máximo Kirchner, que benefició a tres millones de personas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, al considerarlos como habitantes de “zonas frías” y reducirles las tarifas de gas. Después de la ola de calor más grave que sufrió la región, comenzaron a llegar a Rosario y toda la zona del sur santafesino las facturas con la propaganda oficial impresa en las boletas: “En tu factura recibiste un descuento de 30% por ley 27637 de zona fría”. Para poblaciones vulnerables, el descuento puede alcanzar 50%. El absurdo entre el enunciado y la zona -o el tiempo- de la aplicación, viene a sumarse al grave problema de las tarifas de servicios públicos atrasadas en el país, que aportaron una pérdida de unos U$ S 10 mil millones en el ejercicio 2021 de las cuentas nacionales. Son parte sustancial de las cuentas que deben ajustarse progresivamente para llevar el déficit fiscal nacional del 3% del año pasado a 2,5% este año, 1,9% en 2023, 0,9% en 2024 y equilibrio fiscal en 2025.

¿Cómo lograría Martín Guzmán ese objetivo comprometido con el FMI? El ministro de Economía respondió que no se modificaría la política tarifaria en el país; el propio presidente aseguró que no se redujeron las jubilaciones, durante su discurso anunciando el entendimiento del que Máximo Kirchner ha renegado. El país gastó en 2021 $ 1,4 billón en subsidios económicos. Son $ 1.427.805 millones para ser exactos, de los cuales $ 1.046.300 millones fueron para subsidiar la energía eléctrica. En el caso específico de los subsidios a la oferta de gas natural -$ 98.509 millones en todo el año-, la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso verificó una “suba abrupta de 65,5%” contra 2020 “en términos reales”. El 75% corresponde a la promoción de explotaciones no convencionales ($ 73.440 millones) y el 25% a los incentivos a empresas en el marco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino Plan Gas ($ 24.897 millones).

Siempre según la presentación de Litoral Gas en la audiencia de Enargas, un usuario Pyme promedio (tomando la categoría general P-1), lo que representa el 92 por ciento de los usuarios del servicio general P de la empresa prestadora, tendrá un aumento del 32 por ciento, equivalente a 750 pesos por mes, si se aplica la solicitud de incremento.

Carlos Lufft, apoderado y representante de Litoral Gas (presta el servicio en la provincia de Santa Fe y 7 partidos del norte de Buenos Aires), solicitó al Enargas un incremento del 79% en el componente de distribución de las tarifas que presente a sus clientes, para compensar los efectos de la inflación. Las tarifas se conforman en un 38 % por precio de gas, el 13 % es costo de transporte, el 20 % (sobre esa porción es que la empresa solicitó el incremento). El 28 % restante son impuestos. Para los primeros tramos hay subsidios. Pero la producción ya está reclamando sus propios incrementos, que también impactarán en las facturas. Lufft hizo el pedido durante la audiencia pública celebrada el pasado 29 de enero, convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía. Según sus cálculos, un cliente residencial de consumo medio con tarifa plena -ejemplo, R-2. 3- el valor final promedio mensual que abonará $ 1.784 pesos, comparado con los 1.491 pesos que abona actualmente, implicará un ajuste de 293 pesos por mes (19,6%). Pero a eso habría que descontar la rebaja por zona fría o a sectores vulnerables. Y el universo de clientes alcanzados por ser “residentes de zona fría” en el caso de Litoral Gas, representan el 83 por ciento de la totalidad de sus clientes residenciales. En ese caso el valor promedio baja a $ 1.248 según las cuentas de la empresa.

En agosto del año pasado Martín Guzmán anunció subsidios a 2,8 millones de hogares y entidades que en el país, a falta de gas natural, usan garrafas. El “Estado presente” aumentó de $ 338 a $ 414 el aporte por cada envase de 10 kilos de GLP. Si es que se consigue, sigue siendo más costoso no sólo al usuario sino al país. Pero representa el atraso por las obras que faltan; en 20 años de concesión, Litoral Gas no avanzó con las obras porque el esquema fue sometido a leyes de emergencias o a políticas populistas que reprimen tarifas de quienes pueden (deben) pagar. En un país serio, la energía no es una dádiva de ocasión electoral. Sólo por poner un ejemplo, Miguel Lifschitz intentó en su gestión llevar gas a la costa santafesina creando una empresa provincial. No lo logró, pero puso la necesidad en primera plana; ahora es el gobierno nacional el que avanza en la licitación del gasoducto Metropolitano que llevará el gas natural a Esperanza, Monte Vera o Recreo, y por la costa a Colastiné, Rincón, Calchines y Arroyo Leyes. En el sur santafesino, el avance del Gasoducto Regional Centro (más lejano en del Sur) llevará el servicio a buena parte de una zona relativamente rica (léase productiva, generadora de riquezas) del país. Son obras que deben esperar siempre decisiones de un poder central que suele demorar sus llegadas más allá del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires.

En el país la demanda total de gas natural se incrementó un 1,6 % en los últimos 12 meses, mientras que la producción cayó 2,8% según estimó Jorge Lapeña, directivo del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”. “Argentina profundiza sus desequilibrios energéticos. Por un lado, se hace más y más dependiente de las importaciones de gas natural licuado y de gasoil agravando los desequilibrios del país en materia de divisas. Por otro lado, al no poder acceder al gas, el país e desmejora su balance energético emitiendo más gases de efecto invernadero al reemplazar aquel con cada vez más por gasoil; fueloil y carbón en nuestras usinas térmicas que incrementaron su utilización en 124 %; 148% y 98% respectivamente de aquellos combustibles; y que además son muchísimo más caros que el gas natural, lo cual, además, perjudica la economía energética”. Hasta noviembre, la balanza comercial energética de 2021 observaba un déficit acumulado de U$ S 515 millones, con las exportaciones creciendo 44,9% y las importaciones incrementándose 105,7 %.

Costarían los subsidios energéticos si se sostienen precios de combustibles y consumos de crecimiento en 2022.