El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves la adhesión de la provincia a la Ley Nacional antimafias.

La votación aceptó el proyecto para adherir a la Ley 27.786 de Crimen Organizado que ya contaba con el aval del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados.

El proyecto fue impulsado por la diputada Ximena Sola. En la previa del debate en el Senado, el Ejecutivo salió a apoyarlo públicamente y lo enmarcó como parte de una política sostenida para enfrentar a organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y financiera.

Pullaro ya había intervenido durante el debate nacional de la norma y pidió entonces “no tener miedo” de avanzar con reformas criminales de fondo. También el ministro Pablo Cococcioni participó de instancias legislativas defendiendo la necesidad de contar con herramientas más duras contra las mafias.

La Ley 27.786 fue promulgada por el gobierno nacional en marzo de 2025 tras la aprobación del Congreso y habilita un abordaje más amplio sobre organizaciones criminales, con foco en delitos graves, actuación coordinada y posibilidad de avanzar sobre activos vinculados a esas estructuras. Entre sus herramientas figuran medidas especiales de investigación y la inmovilización de bienes con orden judicial.

La adhesión santafesina apunta a incorporar ese marco en la provincia y a mejorar la articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad. El objetivo político que plantea la Casa Gris es pasar de una respuesta fragmentada a una estrategia más integral frente a delitos como narcotráfico, trata, lavado de activos y extorsión.

El Gobierno de Maximiliano Pullaro expresó su acompañamiento a la adhesión de Santa Fe a la Ley Antimafia, que permitirá endurecer la pelea contra el crimen organizado. La iniciativa fue presentada por la diputada Ximena Sola, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, y cuenta con el respaldo del Ejecutivo provincial. 

La adhesión, que cuenta con media sanción de Diputados, podría ser tratada y aprobada hoy en el Senado santafesino.Como se recordará, Pullaro viene promoviendo un enfoque más firme en materia de seguridad, y al momento del debate de la norma a nivel nacional tuvo una participación destacada: en ese momento, el gobernador pidió “no tener miedo en llevar a cabo reformas importantes en materia criminal”.En aquel momento, Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañaron el tratamiento de la ley en el Congreso, participando de los debates y exponiendo ante legisladores nacionales la experiencia santafesina en la lucha contra el crimen organizado.Consultado hoy por los medios, Cococcioni destacó que “esta iniciativa representa una señal clara: la adhesión a esta ley constituye un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido. La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”. Para el ministro de Justicia y Seguridad, la normativa marca un cambio de mirada: “El garantismo le hizo mucho daño al país”, remarcó.

La adhesión a esta ley permitirá incorporar mecanismos más robustos para investigar estructuras criminales complejas, con mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.Además, introduce un esquema de agravamiento de penas para los delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales, poniendo el foco no solo en los ejecutores, sino también en quienes financian, organizan o dirigen estas redes.En este sentido, desde el Gobierno provincial reiteran que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un sistema que muchas veces resultó insuficiente para frenar el avance del delito, a uno que permita actuar de manera más firme, coordinada y eficaz.Entre los principales alcances de la ley se destacan la profundización del uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales.De esta manera, Santa Fe busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado: desde su planificación hasta su financiamiento.La adhesión, además, se plantea resguardando las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan plena capacidad de actuación en su territorio, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de articulación con organismos nacionales.

El bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe de la Cámara de Senadores tiene en su agenda el tratamiento de un proyecto de ley con media sanción de Diputados, que se ocupa de legislar sobre los llamados “cargos hereditarios”.

La iniciativa de la diputada del Pro María Ximena Sola logró la aprobación de la enorme mayoría de sus pares el 29 de noviembre de 2024. Luego, ya en sesiones extraordinarias, en diciembre el gobernador Maximiliano Pullaro habilitó su tratamiento y desde entonces, en dos oportunidades, el Senado le renovó una preferencia.

Ximena Sola (PRO). Una voz a favor de MIlei en Santa Fe. Crédito: Pablo Aguirre

Es el caso de la sesión de este 27 de febrero para cuando el asunto está entre los que cuentan con ese compromiso. Más aún, está previsto que horas antes de que se inicie el debate, en reunión de bloque el texto sea nuevamente revisado.

La norma busca "eliminar cualquier forma de nepotismo y favoritismo en la designación de cargos y empleos" en el ámbito del sector público provincial. "Este es un mensaje para los santafesinos que reclaman que se terminen ciertos privilegios que existen en la Administración Pública atentan contra el mérito, el esfuerzo y la eficiencia que hay que tener en el Estado", subrayó la diputada.

La ley pretende terminar con ítems de "convenios colectivos de trabajo", como en el caso de la EPE y "en el estatuto del empleado público" que reservan cargos a familiares directos de quienes ya están empleados, agregó.

Cámara de Senadores de Santa Fe. Foto: Gentileza

Para este 27 habrá sesiones en ambas cámaras de la Legislatura santafesina. Y al igual que ese expediente están en condiciones de ser tratados otros doce proyectos de los legisladores, más cuatro mensajes del Poder Ejecutivo.

Así, siguen en estudio de las comisiones leyes sobre Parques Productivos, un Convenio de colaboración con YPF y una iniciativa para crear un Régimen Especial de Optimización de Gestión de Bienes Inmuebles. En esos tres casos las iniciativas ya fueron aprobadas por los senadores y ahora les resta el tratamiento en Diputados.

Además de la eliminación de cargos hereditarios, se discuten en la Legislatura modificaciones a la Ley Nº 8173 (Código Fiscal Municipal), un régimen de iniciativa privada, criterios para la instalación de reductores de velocidad y varias expropiaciones de lotes en Cañada de Gómez (Iriondo) y General Lagos (Rosario).

Por unanimidad, aunque con diferentes argumentos, la Cámara de Diputados resolvió crear ‘la comisión para el seguimiento sobre espionaje ilegal y desempeño de la función pública del Ministerio de Seguridad durante la gestión 2019 – 2021 a cargo del ex ministro Marcelo Sain”. Fue a instancias de Ximena Sola (Pro – Juntos por el Cambio) quien sería designada presidenta de ese cuerpo en la próxima sesión y en dicha comisión habrá un representante de cada bloque. Se especifica que el objetivo de la comisión “es el seguimiento de las causas y hechos en relación a la actuación del Ministerio de Seguridad en la gestión a cargo del ex ministro Marcelo Saín con la finalidad de elaborar informes bimestrales detallando el curso de la de las acciones llevadas a cabo y remitiendo el mismo a la Cámara, realizando las denuncias correspondientes ante la justicia y/u organismos competentes producto de los resultados arrojados por el desarrollo de su labor”.

Entre las funciones asignadas está la “de recabar todos los datos que estén a su alcance sin entorpecer las investigaciones que se estén llevando adelante por parte de la justicia; elaborar y publicar los informes bimestrales así como elaborar y promover mecanismos de control para evitar que en un futuro suceda algo similar a lo investigado convocando expertos en la materia. El plazo de duración fue establecido en 360 días.

La decisión de avanzar con la creación de la Comisión fue resuelta en la comisión de Labor Parlamentaria que recibió al secretario de Gobierno, Oscar Urruty, quien fue a invitar a las autoridades de la Cámara y a los jefes de bloque a una reunión con la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el Fiscal de Estado, Rubén Weder, para el 18 de octubre a los fines de analizar la marcha del concurso para elegir autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa. En los hechos, la presencia de Urruty evitó la interpelación a la ministra Arena que proponía el bloque UCR Evolución y que iba a pedir el tratamiento sobre tablas. Dos semanas atrás la oposición dio una conferencia de prensa advirtiendo sobre algunas irregularidades en la designación de jurados de ese concurso. “Nos quedamos cortos en las apreciaciones que hicimos en ese momento” subrayó el radical Fabián Bastia al señalar que las escuchas que se conocieron luego hablan de cosas gravísimas ocurridas y que se infieren de algunas de los audios que han trascendido. Este jueves volvió a reclamar que se garantice la transparencia del concurso, no sin antes señalar que Sain no pudo haber realizado la tarea de espiar a dirigentes, empresarios y periodistas sin el apoyo de otras autoridades del Estado provincial. Su par de bancada, Juan Cruz Cándido abonó la idea de que la comisión debe abocarse “a Sain y afines” en dos durísimos discursos cuestionando el accionar del Estado santafesino.

“Como representantes de los santafesinos, tenemos la responsabilidad de ir a fondo con este caso, al menos desde nuestro lugar, garantizando la independencia del Poder Judicial, en quien confiamos para esclarecer los hechos”, afirmó Sola. “Lamentablemente, Santa Fe tuvo un ministro de Seguridad que se encargó más de estar pendiente de Twitter y de cuestiones ajenas a su función que de gestionar la problemática que hoy nos tiene en vilo a todos. La inseguridad no nació con Sain en nuestra provincia, pero sí es una realidad que la empeoró y, dada la investigación judicial que está en curso, tenemos que saber, lo antes posible, en qué estuvo concentrado el exministro mientras debía estar ocupándose de bajar los índices delictivos y golpeando la puerta de Nación para coordinar esfuerzos o pedir más recursos”, afirmó la legisladora.

El socialista Joaquín Blanco dio el respaldo de su bloque y cuestionó el silencio de Perotti sobre el tema en los quince días en que se vienen conociendo audios. No fueron ajenos a exponer argumentos Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Sebastián Julierac (CC), Juan Argañaraz (Vida y Familia), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani (Igualdad), Walter Ghione (Uno) y Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) quien advirtió que se está ante una caja de Pandora. Desde el oficialismo fue Cesira Arcando (Fe) quien reclamó prudencia y entendió que los audios conocidos tienen poca relevancia para la causa. “No soy defensora pero tampoco ingenua” para señalar que la oposición intentará instalar una serie en capítulos sobre este tema.

Sobre el final, Bastia pretendió agregar otros elementos al artículo central del proyecto, el justicialista Ricardo Olivera dijo que ellos iban a votar lo acordado en Parlamentaria y el resto del cuerpo asintió.

Fuera del momento de las manifestaciones y desde su banca, este jueves el senador Armando Traferri (PJ- NES-San Lorenzo) expresó su opinión sobre la creación de una Comisión de seguimiento de escuchas en la Cámara de Diputados y sostuvo que el Senado debería hacer lo mismo, a propósito de las investigaciones sobre espionaje ilegal que afectan a la gestión del ex ministro de seguridad y ex titular del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain.

En tono de fuerte reproche, Traferri recordó qué muchos de los diputados que han votado por la creación de esa instancia no creyeron en sus denuncias de dos años atrás cuando fue “el primero en advertir” lo que ocurría en esa cartera. Traferri también lamento que la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa hubiera pasado al archivo sus acusaciones contra los fiscales que pidieron su desafuero en 2021. Y afirmó que “hubo una pata judicial que es tolero los graves hechos institucionales que sacuden a Santa Fe”, afirmó.

El ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la secretaría de coordinación técnica y administración financiera del ministerio de Seguridad, Ana Morel, fueron citados a interpelación por la Cámara de Diputados a instancias de la bancada socialista que ingresó el proyecto con la firma de Lionella Cattalini y Joaquín Blanco.

Antes, hubo fuertes críticas de los tres integrantes de la bicameral de seguimiento de la emergencia en seguridad -Cattalini, Juan Cruz Cándido y Ximena Sola- sobre la reunión con Rimoldi del miércoles donde se volvió a cuestionar la escasa ejecución del presupuesto asignado a la cartera. También se lamentó la ausencia de Morel en la reunión por lo cual la Cámara usó la facultad constitucional de citarla a interpelación.

Delivery

Con fuertes aplausos desde la barra, un grupo de trabajadores de aplicaciones y de delivery festejaron la media sanción de un proyecto de ley de Oscar Martínez (Frente Renovador) obligando al Estado a dotarlos de GPS o botones antipánico para resguardar la seguridad. “El Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad de estos jóvenes que trabajan y no reciben planes ni asistencias” afirmó el legislador.

La diputada del interbloque de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, presentó ante la legislatura provincial un proyecto en el que se pretende declarar la educación obligatoria como servicio esencial. Además, la iniciativa contempla la declaración de emergencia en materia educativa en todo el territorio provincial.

“Luego de los anuncios que dio el Presidente en el día de ayer, vemos con urgencia la necesidad de declarar la esencialidad de las escuelas en nuestra provincia para que de ningún modo el cierre de las escuelas sea una medida a tomar en Santa Fe. Los chicos tienen que estudiar de manera presencial, con los protocolos y cuidados correspondientes”, afirmó Sola.

En ese sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio insistió en que “Las estadísticas y reportes de las ultimas semanas nos muestran que el salón de clases no ha sido un propagador de casos de Covid-19, y que en los pocos casos en los que si se han detectado casos, el sistema de burbuja respondió favorablemente”.

“Puntualmente en la provincia de Santa Fe, contamos con un alto porcentaje de docentes vacunados, lo cual disminuye significativamente el riesgo de contagio de los adultos. Si se consideró a los docentes como personal esencial y, en consecuencia se los vacunó de manera prioritaria, cerrar las escuelas no puede ser una opción”, continuó Sola.

Para finalizar, la diputada provincial agregó: “Desde nuestro espacio, insistimos desde el primer momento en que las escuelas deben ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Después de un año de virtualidad, no podemos permitir dar un paso atrás en ese sentido ya que ha quedado demostrado que los sectores más vulnerables no cuentan con las herramientas necesarias que garanticen la conectividad”.

“Por último, solicitamos al gobernador Omar Perotti que si bien hasta el momento no ha anunciado ningún cambio en las restricciones de nuestra provincia, priorice la presencialidad en las escuelas. Declarar a la educación como un servicio esencial es una prioridad”, concluyó Ximena Sola.