La situación en las cárceles santafesinas, con sobrepoblación de presos, descontrol en las comunicaciones y falta de un plan estratégico de obras provocaron que este jueves, Juan Cruz “Cacu” Cándido, diputado de UCR-Evolución – bloque que preside Maximiliano Pullaro, ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe un pedido para citar al Secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez. “Hemos tenido 4 ministros de seguridad, 4 jefes de policía de provincia, varios directores del Servicio Penitenciario y el único funcionario que no cambió fue Gálvez. Queremos que de explicaciones de distintas situaciones que han ido sucediendo puertas adentro de las cárceles” afirmó Cándido.

Uno de los datos que más llama la atención, incluso reconocido por el propio Ministerio Público de la Acusación es que el 90% de los crímenes, las amenazas, balaceras y extorsiones provienen desde las cárceles. “Hace meses que los fiscales vienen advirtiendo esta situación, incluso han explicado que las investigaciones terminan con gente que ya esta detenida” remarcó el legislador, y agregó “vemos que no se hace nada por contener esta situación, hubo anuncios durante más de un año y medio sobre inhibición de señal de celulares en las cárceles y no vemos que se haya concretado o que haya soluciones efectivas”.

El pedido para citar a Gálvez se funda también en la necesidad de conocer de manera certera la cantidad de personal que integra el Servicio Penitenciario, cuál es la cantidad de internos alojados en los penales santafesinos, en qué estado se encuentran las obras que se anunciaron de 2020 a la fecha y cuál es el plan de inversiones a diciembre 2023. “Tenemos la sensación, y diría la certeza, de qué los anuncios del Gobierno en materia penitenciaria no se concretan nunca” sentenció el legislador.

Cándido, que fue electo por cuarta vez para presidir la Comisión de Seguridad de la cámara baja, apuntó a la responsabilidad política del gobernador Perotti: “El gobernador se vendió como el gran conductor y dueño de las soluciones a los problemas de seguridad que atravesaba la provincia pero en estos casi 4 años de gestión no ha dado solución ni a mostrado resultados en ningún área, al contrario, todos los indices empeoraron, las bandas criminales se empoderaron en el territorio, hacen homeoffice de las cárceles mientras las calles están descontroladas”.

Por último, el legislador radical afirmó que “la situación en materia de seguridad es compleja pero no irreversible, se puede controlar y hacer retroceder a las mafias y al delito. Con determinación, firmeza en las decisiones y un plan de seguridad concreto, la provincia puede volver a tener indicadores que muestren que podemos vivir mejor en cada pueblo y ciudad de la provincia”.

Georgina Orciani, diputada provincial del bloque UCR-Evolución.

“La situación del Servicio Penitenciario es grave”, sentenciaron los integrantes del bloque UCR Evolución, Georgina Orciani, Marlen Espindola, Sergio “Checho” Basile y Juan Cruz “Cacu” Cándido, luego del encuentro que duró más de dos horas con el secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Gálvez.

El funcionario respondió preguntas de los legisladores que participan de la Comisión de Derechos y Garantías, que preside Lionela Cattalini (PS), y se refirió a situaciones puntuales que se dan en la órbita del servicio penitenciario. Entre los datos llamativos que dio el funcionario, se habló de “algunos reclusos de alto perfil que reciben comida por delivery con conocimiento de las autoridades penitenciarias”, contaron los legisladores radicales.

Al finalizar el encuentro, Orciani dijo que agradecen “la predisposición del funcionario pero con eso no alcanza” y agregó que entienden que “no hay un plan que guie la gestión, no hay conducción ni del gobernador Perotti ni del ministro Lagna y la política penitenciaria no es una prioridad para la seguridad pública”.

Gálvez repasó algunos puntos de su gestión al frente del área y reconoció dificultades para avanzar en determinados puntos como por ejemplo la instalación de nuevos inhibidores de señal -uno de los principales focos de conflicto- donde explicó que en breve una delegación del INVAP a estudiar la factibilidad de la instalación.

“Seguimos con el presente continuo de anuncios que nunca se concretan. Los inhibidores de señal y la participación del INVAP es algo que ya nos habían anunciado el año pasado. Ahora vuelven a anunciarlo como algo que va a pasar, mientras tanto los presos siguen haciendo home office y las extorsiones crecen en las principales ciudades de la provincia”, coincidieron los legisladores.

Nancy Balza El Litoral El avance de la tercera ola de Covid, con la cepa Ómicron, impactó en las cárceles santafesinas, registrando casos fundamentalmente entre los internos de Coronda (y sospechosos en Las Flores y Piñero) y elevando de 110 a 475 el promedio de agentes penitenciarios ausentes por día. Por ello, a partir de este lunes rigen restricciones y estrictos controles en el régimen de visitas. Así lo informó a El Litoral el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez, quien consignó que la actual situación se produce luego de haber atravesados las dos primeras olas de Covid con los menos índices del país en cuanto a contagios y fallecidos (4 sobre una población de 7 mil). Sobre esa base, Gálvez apuntó que “no vemos hasta el momento” complicaciones graves, aunque consignó que “ya empezaron los contagios”. Y desarrolló cual es el protocolo vigente para estos casos: “Al positivo se lo aísla, el pabellón se cierra y se suspenden las visitas”, a la vez que se coordinan diaramente las intervenciones del Servicio Sanitario de cada unidad penitenciaria, para garantizar el derecho a la salud de los internos. “Lo que aplicamos a partir de este lunes es una resolución por la cual estamos restringiendo las visitas, bajándolas de dos personas por interno a solamente una, mayor de edad, en tanto que se autoriza el ingreso quincenal de menores con el familiar mayor que el interno tenga autorizado como visitante”, expuso. A la vez, se intensificaron los controles sanitarios y de bioseguridad, por lo cual todos los visitantes deben presentar el esquema de vacunación completo, usar barbijos o tapabocas, y pasar por la medición de temperatura corporal. Gálvez añadió que “estamos restringiendo y disminuyendo la movilidad de la población, fundamentalmente en el ingreso a la ciudad de Coronda, en un 50 %”. El funcionario admitió que el principal problema hoy se presenta con el personal: “Teníamos un nivel de ausentismo promedio de 110 agentes por día. Era el número diario, y hoy estamos en 475 (que responden a entre 150 y 170 positivos, y el resto a aislados por contacto estrecho”. “En 7 días se nos dio vuelta la situación, esa es la mayor preocupación: cómo sostener el sistema y atenderlo con casi 500 empleados menos”, concluyó.