El diputado Walter Agosto ingresó un pedido de informe, con la firma de todos los diputados que integran el interbloque del Partido Justicialista, solicitando información al poder ejecutivo provincial sobre el proyecto de presupuesto 2026 remitido recientemente a la legislatura.

El extenso pedido, que contempla 19 puntos, apunta a contar con información referida a los criterios con los que se han estimado los recursos provinciales para 2026 y qué incrementos de impuestos – Inmobiliario, Patente e Ingresos Brutos- se prevén para el año próximo. Del mismo modo solicita que se informen los aumentos tarifarios contemplados en los recursos previstos para las empresas EPE y ASSA.

En otro orden el pedido requiere información sobre la ejecución presupuestaria acumulada a octubre, puesto que la última publicada corresponde al mes de agosto. Un punto relevante del pedido refiere la situación de la Caja de Jubilaciones, requiriéndose la información de los montos que la provincia ha percibido en concepto de “aporte solidario”, que implicaron descuentos a los pasivos provinciales, y en concepto de incremento de los aportes personales que también redujeron el salario de bolsillo de los agentes en actividad.

Siempre vinculado con el organismo previsional, se consulta sobre las gestiones que el gobierno provincial ha realizado ante el gobierno nacional para restablecer el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y cuál es el monto que por este concepto se incluye en el presupuesto 2026.

En el extenso pedido, se solicita además conocer la situación de la cartera de títulos públicos nacionales recibidos en 2022, en pago de la deuda que la nación mantenía con la provincia de Santa Fe, el valor total de la cartera, los montos percibidos en concepto de capital e intereses, las obras financiadas con el producido de la cartera y si se ha procedido a la liquidación de una parte de la misma.

Con relación a la situación financiera se solicitan los datos correspondientes al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y los depósitos a plazo fijo con que cuenta el gobierno provincial. Consulta, además, el motivo por el cual se contemplan numerosas autorizaciones de endeudamiento de corto, mediano y largo plazo contenidas en el proyecto, puesto que autorizaciones para los mismos fines conferidas en el presupuesto del corriente año no han sido utilizados y teniendo en cuenta que el proyecto de presupuesto presentado para el próximo año es superavitario.

Agosto indico que un análisis responsable del proyecto de presupuesto requiere contar con un cumulo mínimo de información que permita analizar cuál es la real situación fiscal de la provincia proyectada al cierre de 2025 y el grado de realismo del presupuesto para el próximo año.

El actual diputado y ex ministro de Economía, Walter Agosto, ingresó un proyecto exponiendo la preocupación y rechazo al Presupuesto nacional enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, detallando graves efectos sobre la provincia de Santa Fe.

"El Presupuesto Nacional para 2026 discrimina a las provincias, y en particular a Santa Fe", afirmó Agosto.

"Basta señalar que los fondos previstos para financiar las cajas previsionales provinciales no transferidas se reducen en términos nominales más de un 50%, alcanzando en términos reales una caída del 58% respecto al proyecto de Presupuesto 2025. Se destaca que la caída real respecto al año 2023 supera el 75%", marcó.

En relación a la provincia, el monto destinado a los proyectos de inversión para Santa Fe se reduce un 36% en valores nominales respecto a 2025. En términos reales la caída alcanza el 50%. "Sólo el 5% del total de la inversión prevista en el Presupuesto Nacional 2026 es para Santa Fe", afirmó Agosto.

"Las transferencias de capital a las provincias para la realización de obras de infraestructura, registran una caída real del 35% respecto al gasto proyectado para 2025, alcanzando una reducción real del 95% en relación a la ejecución del año 2023, lo que implica prácticamente su desaparición", sostiene.

"Si consideramos la participación histórica de Santa Fe en las transferencias de capital del Presupuesto Nacional el monto para 2026 alcanzaría apenas para construir alrededor de 7 kilómetros de ruta", precisa el ex ministro.

Agosto marca que el Presupuesto Nacional no contempla avales para Santa Fe, necesarios para llevar adelante programas con financiamiento. Sólo figura el correspondiente al Acueducto Biprovincial. "Esto impide concretar las recientes autorizaciones de deuda sancionadas por la Legislatura Provincial con organismos internacionales", precisó.

El ex ministro advirtió sobre efectos en el sistema educativo y de ciencia y técnica porque deroga el cumplimiento del artículo 9 de la Ley 26.206, norma que establece que el presupuesto para Educación no puede ser inferior al 6% del PBI.

También deroga los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que configuran un sistema de progresividad plurianual en los recursos a asignarse para Ciencia y Tecnología hasta el año 2032.

Además deroga la vigencia del artículo 52° de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, que dispone la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional equivalente al 0,2% del total de los ingresos corrientes del presupuesto anual consolidado para el sector público nacional y que es adicional a todos los otros fondos destinados a Educación. Tampoco contempla el Fonid.

El diputado provincial por Hacemos Santa Fe (PJ) y ex ministro de economía de la administración de Omar Perotti, Walter Agosto, resaltó que “el déficit” fiscal santafesino de 2023 “no era $ 200.000 millones como el gobierno venía anunciando”. En respuesta al discurso que pronunciara Maximiliano Pullaro ante en la apertura de sesiones legislativas, apuntó que “tampoco es de $131.000 millones”, como señaló el mandatario.

“El déficit real de la provincia en 2023 fue de 90.000 millones, muy en línea con lo que anticipamos al finalizar la gestión. En cualquier caso, en este tema hubo una gran omisión en el discurso. Falto decir que ese déficit presupuestario quedó totalmente financiado con los recursos de libre disponibilidad que dejamos en el Tesoro provincial, provenientes de los superávits de los ejercicios 2020, 2021 y 2022".

“Los superávits de esos 3 años -resaltó el legioslador justicialista- superaron holgadamente el desequilibrio de 2023. Tampoco el gobernador hizo referencia a la cartera de títulos públicos que dejamos en el activo de la provincia, que ha quedado intacta porque nunca se vendieron y que a la fecha tiene un valor de mercado del orden de $600.000 millones”.

- ¿Por qué dice que son $90.000 y no $ 130.000 millones?

- Llegan a esa cifra a través de una modificación metodológica, que consiste en registrar solo 11 meses de recursos de la caja de jubilaciones -contribuciones patronales y aportes personales- en lugar de 12 meses como correspondería, registrando las contribuciones del mes de diciembre 2023 en enero 2024. Esto significa que en 2023 en la Caja de Jubilaciones se contabilizaron 12 meses de gastos pero 11 meses de recursos. De este modo, se aumenta artificialmente el déficit de la Caja de Jubilaciones en $41.000 millones y por ende el déficit de toda la Administración Pública Provincial en el mismo monto. Por eso digo que el déficit real de la provincia no es $131.000 millones sino $90.000 millones.

- El gobernador dijo en su mensaje que el incremento de la planta del sector público provincial explica el 71% del déficit del año 2023.

- Esta expresión es incorrecta y no refleja la realidad. Esto es muy fácil de verificar mirando los números concretos que el propio gobierno publica: el gasto corriente de 2023 sólo creció 1,3% real con relación a 2022, es decir, se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, los recursos corrientes cayeron 7% en términos reales. Es decir, el resultado negativo se produce exclusivamente por la fuerte caída de la recaudación y no por el aumento del gasto que se mantuvo en los mismos niveles de 2022. El impacto de la sequía fue demoledor para la producción y para las finanzas provinciales. El gobernador para graficar ese impacto hizo referencia a una caída del PBI a nivel país de 1,6%, teniendo a disposición el indicador de actividad de la Provincia, publicado por Ipec, que refleja una caída del producto en Santa Fe de 8,6% en 2023.

- ¿Pero hubo un aumento en la planta de personal 10.460 cargos y 86.790 horas cátedra, en cuatro años?

- Los datos publicados permiten ver que el 98% del incremento entre 2020 y 2023 se explican por aumentos en 3 sectores: salud, seguridad y educación. Son áreas intensivas en recursos humanos cuyos planteles crecen con el aumento vegetativo de la población. Pero además, el aumento se potenció como consecuencia de la demanda del sector salud derivada de la pandemia, palabra ausente en el discurso del gobernador.

También la planta se incrementó por los pases a planta, que año a año se aprobaban en las leyes de presupuesto, aunque muchos de los que aprobaron esas leyes ahora critiquen. En el mismo sentido, hubo programas educativos destinados a mitigar los efectos resultantes de la pandemia, tales como “Avance Continuo” o el Programa Nacional “Plan 25”, financiado desde el Gobierno Nacional, los cuales tuvieron un impacto sobre la planta de personal educativo.

No se aumentó el personal

“Si tomamos el indicador de empleados públicos cada 1000 habitantes, se mantuvo estable aún habiendo atravesado por una pandemia”, que requirió multiplicar esfuerzos en Salud. Agosto explicó además que “si descontamos el impacto de los programas educativos (Plan 25 y Avance Continuo), hay 42,1 empleados públicos cada 1000 habitantes, frente a los 42 empleados cada mil habitantes que existían en noviembre de 2019”.

“Falto decir que ese déficit presupuestario quedó totalmente financiado con los recursos de libre disponibilidad que dejamos en el Tesoro provincial, provenientes de los superávits de los ejercicios 2020, 2021 y 2022”

El diputado Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) ingresó el pasado jueves un pedido de informes referido a la relación entre nación y provincia por el sistema previsional santafesino ante la decisión del gobierno federal de dejar de transferir los recursos prometidos e incluso los alcances de Decreto de Necesidad y Urgencia número 280 que también compromete esos fondos.

La minuta comienza por preguntar "si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de Anses, ha remitido los fondos correspondientes para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones durante el año 2024, indicando en ese caso los montos mensuales". Después pasa a preguntar para el caso de no haber percibido la provincia dichos recursos, "qué acciones administrativas y/o judiciales ha llevado adelante el Poder Ejecutivo provincial para preservar los derechos de la provincia". Enseguida reclama conocer "qué acciones ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo, a partir del 12 de diciembre pasado, para dar continuidad a la demanda interpuesta en sede judicial por la provincia al Gobierno Nacional, el 26 de septiembre de 2023, en reclamo de los fondos no transferidos por Anses". La presentación de septiembre la realizó el fiscal de Estado de entonces, Rubén Weder, a instancias del gobernador Perotti para lo no remitido hasta esa fecha.

En el último punto, Agosto solicita conocer "cuáles son las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo provincial en virtud del dictado del DNU 280/24, teniendo en cuenta que el mismo en su artículo 18º establece que los artículos 92, 93 y 94 de la Ley Nº 27. 701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023 no se encuentran comprendidos en la prórroga dispuesta por artículo 1 ° del Decreto Nº 88/23, con el perjuicio que dicha norma conlleva para los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia". Precisamente en esos artículos de la Ley de Presupuesto vigente se disponía la transferencia de recursos a cajas no transferidas el día 20 de cada mes.

En los fundamentos, Agosto recuerda que "entre 1994 y 1997, a partir del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado Nacional y los estados provinciales, suscripto el 12 de agosto de 1993, un conjunto de provincias transfirieron al sistema público nacional de previsión social sus cajas de jubilaciones y pensiones". Dichos traspasos fueron formalizados a través de convenios suscriptos entre cada gobierno provincial y el gobierno nacional, que posteriormente se ratificaron por medio de leyes provinciales y decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

El legislador señaló que "esta situación generaba inequidad con aquellas provincias que decidieron preservar sus sistemas jubilatorios en sus esferas locales para mantener autonomía en las decisiones de la política previsional. Ello, dado que, en 1992, a partir del Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, todas las provincias se habían comprometido a aportar un 15% de la masa de recursos coparticipables para financiar el sistema previsional nacional. Para resolver esta disparidad, en el marco del Compromiso Federal firmado por la Nación y las provincias en diciembre de 1999, ratificado mediante la Ley Nacional NO 25.235/99, se incluyó el artículo 12 el cual establece que: "El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes".

Santa Fe estuvo en las provincias que no transfirió su sistema previsional juntamente con otras 12 jurisdicciones, y acordó con Nación la transferencia de fondos. "Dichos acuerdos han sido incumplidos reiteradamente por el Gobierno Nacional, lo que ha originado reclamos formales por parte de la provincia solicitando su efectivo cumplimiento", subraya Agosto. Ahora agregó tres artículos en el DNU 280 que parecen querer eximir al gobierno nacional de cumplir los compromisos asumidos, de allí la presentación del pedido de informes.

El jueves al mediodía, la Cámara de Diputados realizará la sesión Preparatoria para elección de autoridades ante el Período Ordinario que abrirá el gobernador Maximiliano Pullaro el miércoles venidero. No se esperan cambios en la mesa de conducción de la Cámara que fuera elegida en diciembre último. Así Clara García seguirá en la presidencia acompañada por José Corral y Sonia Martorano como vices, primero y segundo.

La Cámara de Diputados completó la sanción de la ley creando el Gabinete Productivo que estará coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El mensaje del Poder Ejecutivo no fue acompañado por Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) por entender "que no es tiempo de crear nuevas estructuras en el Estado".

La finalidad del gabinete será la de definir los lineamientos estratégicos y acciones coordinadas en materia de política de desarrollo productivo en el territorio provincial, a través de la participación conjunta de todos los Ministerios que lo integran. La ley determina que ese gabinete estará integrado permanentemente por las carteras de Desarrollo Productivo, Gobierno e Innovación Pública, Economía, Educación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Obras Públicas, Ambiente y Cambio Climático y la Secretaría General de Gobernación.

Entre las funciones que le asigna la ley está la coordinar y articular las acciones y herramientas para lograr el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y acciones que se definan; elaborar un sistema de metas e indicadores que permita evaluar los resultados obtenidos; coordinar acciones en materia de desarrollo productivo con intendentes, presidentes comunales y legisladores provinciales y nacionales; articular con los diversos actores del sector productivo santafesino acciones que contribuyan al desarrollo productivo y el desarrollo de exportaciones e inserción internacional, pudiendo convocar a tales efectos a asociaciones cooperativas, del comercio, la industria, el agro, las pequeñas y medianas empresas con personería jurídica en el ámbito de la Provincia. También está facultado para constituirse en Gabinetes de Crisis ante determinadas emergencias, en este caso por convocatoria del gobernador; elaborar estrategias que contribuyan a la generación de empleos genuinos; y elaborar propuestas legislativas que considere elevar al gobernador.

El mensaje del Ejecutivo había sido aprobado en febrero por el Senado y ahora pasó a promulgación del Ejecutivo.

El diputado Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) ingresó un proyecto de ley para crear la Oficina de Presupuesto de la Legislatura Provincial "como un organismo descentralizado" de la propia Legislatura "contando con autonomía funcional, autarquía administrativa y financiera para los fines de su creación".

Entre las funciones, responsabilidades y facultades de la Oficina está la de analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el proyecto de ley anual de presupuesto; apoyar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda en el cumplimiento de sus objetivos; realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a solicitud de dichas comisiones; realizar estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por políticas y programas del gobierno en relación a su asignación presupuestaria, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También llevar a cabo análisis sobre los tributos vigentes, así como del impacto y la eficacia de los proyectos de ley que propongan modificaciones y/o creación de tributos e impuestos, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; llevar a cabo estudios sobre las temáticas referidas a federalismo fiscal y efectuar estudios sobre la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública, incluyendo análisis de la deuda pública, deuda flotante y pasivos contingentes.

El Congreso de Estados Unidos creó un organismo de este tipo en 1974; varios países se fueron sumando en el tiempo y también el Congreso Argentino. Precisamente Agosto fue integrante de esa Oficina -por concurso- y renunció para asumir como ministro de Economía en la gestión de Omar Perotti.

En los distintos artículos del proyecto, Agosto regula el funcionamiento, las atribuciones que tendrá e incluso las obligaciones del Poder Ejecutivo para con el órgano. Prevé que esté a cargo de un director general con rango de secretario de Cámara y cuatro directores con rango de prosecretario para las diferentes áreas previstas: Análisis Presupuestario, análisis fiscal, estudio de impacto de políticas y programas así como sostenibilidad y análisis de la deuda pública. Postula el mecanismo de concurso para seleccionar a los cinco integrantes que tendrán un mandato de cinco años y que podrán ser removidos por mal desempeño en las funciones.

Todos los informes serán de acceso público y deberán ser publicados en los sitios web de ambas Cámaras, ordena el artículo 14 del proyecto.

Agosto señaló que en los últimos años "en el plano técnico, los gobiernos de distinto signo político han perseguido una mejora constante en los sistemas de Administración Financiera del Sector Público, dado que el buen funcionamiento de estos sistemas es una condición necesaria para la buena implementación de políticas públicas, así como también para el seguimiento y control de las finanzas provinciales".

Acota que "a fin de promover la buena gestión de gobierno y la transparencia fiscal, es esencial que la Legislatura sostenga un compromiso activo en el proceso presupuestario. Este proceso incluye no sólo el análisis y debate de las estimaciones de ingreso y los gastos del ejercicio, sino también el análisis periódico de la ejecución del presupuesto y las modificaciones presupuestarias y la aprobación de la Cuenta de Inversión Anual.

Admite que la propuesta "tiene como valioso antecedente la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación en el año 2016, cuyos análisis e información se han convertido en un insumo muy valorado por legisladores, analistas económicos, medios de comunicación y público en general".

Para Agosto, "la creación de esta Oficina de Presupuesto significaría dotar a la Legislatura de una institución presupuestaria moderna, que mejora sus capacidades analíticas para el cumplimento de sus funciones". Aclara que el órgano será instancia técnica y de consulta, por lo que no asume de manera alguna el control de la ejecución del presupuesto, labor asignada a las Comisiones Parlamentarias de Presupuesto y Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados.

A menos de una semana de que concluyera la gestión anterior, el por entonces ministro de Economía, Walter Agosto, detallaba a la prensa el estado económico y financiero en el que entregarían la provincia apenas unos días después. En el marco de esa mismo diálogo con los periodistas, el actual diputado provincial revelaba que la provincia había demandado a la Anses por no girarle a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe los fondos destinados a financiar parte de su déficit. La presentación ante la Corte de la Nación se había efectuado en setiembre, pero no había trascendido hasta el momento de la conferencia de Agosto.

Desde la nueva administración, interpretan que dicha demanda constituye uno de los principales pleitos que deberá llevar adelante la provincia desde el punto de vista judicial. Sin embargo, advierten acerca de aspectos formales que no se habrían cumplimentado de manera correcta. El planteo provino del nuevo Fiscal de Estado, Domingo Rondina. En diálogo con El Litoral, el funcionario sostuvo que dicha presentación "tiene algunos problemas".

"Como se ve -dijo Rondina-, hubo una decisión política (de la gestión anterior) de ingresar dicha presentación (ante la Corte) antes de irse. Y no se cumplieron ciertos pasos que nos impone la reglamentación para la presentación de esas acciones. Por lo tanto, hay defectos que habrá que subsanar".

El fiscal de estado Domingo Rondina.

En segundo término, sostuvo que "es una acción sobre la que no hay constancias en Fiscalía respecto de cómo se arribó al monto que se está planteando en el reclamo. Y eso también lo tenemos que revisar". Para el Fiscal, la provincia "presentó a las corridas una demanda por 400 mil millones de pesos contra Anses que tiene que ser revisada". A modo de adelanto, expresó que desde la administración actual están convencidos de que el monto a reclamar "es muy superior" al incluido en la demanda.

Consultado sobre los juicios que se tramitan contra la provincia, Rondina dijo que "el empleo público" constituye la causa principal de las demandas. "Durante muchos años, el empleado público ha sido destratado y también se lo ha alentado al litigio. La Administración no resuelve internamente sus conflictos laborales, sino que se alienta el litigio, algo que también ocurre en el Estado Nacional. A la vez – acotó-, se generan muchas veces decisiones gubernamentales motivadas políticamente que luego acarrean problemas, por ejemplo, los 13.000 ingresos que dispuso el gobierno de Perotti incrementando en un 10% la planta de la administración y que va a generar conflictividad y litigiosidad porque hay muchos de esos ingresos que fueron totalmente ilegítimos". "Entonces – continuó Rondina-, cuando el gobierno por especulación partidista y electoral otorga falsos beneficios, en verdad se está abusando de la gente dejando una situación de inestabilidad jurídica para tirarle esa pelota al que viene atrás".

- Precisamente, ¿cuál será el rol de la comisión revisora de esos decretos y que usted integrará?

- El gobernador con buen criterio dictó el decreto 38 en el que dispone revisar la legalidad de todas las incorporaciones, titularizaciones y contratos que se dieron el último tiempo. Pensemos que el último día hábil, el 7 de diciembre, hubo decretos que incorporaron a miles de personas. Y así se vino haciendo los últimos seis meses. Desde que advirtieron que los números de las primarias les eran desfavorables, empezaron un proceso de incorporación de gente. Pero ésta no es una Comisión rescindidora o expulsadora; se revisará la legalidad de esas decisiones porque la gran mayoría de los ingresos tienen que ver con una situación real de precarización en que el gobierno de Perotti tenía a muchísimos empleados públicos. El caso más concreto es el de la pandemia; se incorporó personal que era y sigue siendo necesario. Pero bajo la excusa de la gente que estaba precarizada, se coló a un montón de personas; funcionarios políticos, arribistas, paracaidistas, que en verdad estaban en una función política, no eran empleados ni eran necesarios y se los hace aparecer como que ya venían desempeñando funciones. Hay situaciones espantosas de falsedad; gente que dice que se venía desempeñando de tantos meses y no aparecen transferencias bancarias para pagarle antes. O contratos donde, por ejemplo, se dice que están exentos de prestar servicio en algún lugar para encubrir que en verdad no trabajaban. O gente que estaba desvinculada de la administración, que hacía meses que no cobraba y que luego pasa a planta. Entonces, lo que la Comisión hará es revisar todos los ingresos a planta y todas las titularizaciones de 2023. Cuántos son los ilegítimos, eso lo va a determinar la Comisión Revisora. La Comisión no va a perjudicar a la masa de trabajadores verdaderos; va a evitar que se consoliden situaciones injustas porque los vecinos no pagan impuestos para que se incorporen ñoquis o gente que no sabe trabajar.

Por Ivana Fux y Gabriel Rossini

El ministro de Economía, Walter Agosto, informó que la provincia de Santa Fe presentó en setiembre último un reclamo administrativo ante la Corte Suprema de Justicia por el atraso en la transferencia de 93 mil millones de pesos de Anses desinados a la Caja de Jubilaciones, después de reuniones y reclamos hechos por los funcionaros de la provincia ante sus pares nacionales para poner al día esta compensación.

También adelantó que el próximo lunes, en el marco de la Ley de Obras Menores, la provincia transferirá 2.500 millones de pesos a municipios y comunas para destinados a afrontar el pago de salarios y aguinaldo. Respecto de los municipios y comunas, Agosto informó que 238 ya vendieron total o parcialmente los bonos recibidos por el fallo de la Corte Suprema el año pasado que le devolvió a la provincia el 15 por ciento los recortes hechos por Anses.

Respecto de la situación financiera de la provincia, el ministro informó que al 30 de noviembre la provincia tiene saldos en cuentas por 203.686 millones de pesos y plazos fijos 67.500 millones de pesos, lo que totaliza 271.186 millones de pesos.

Además, dijo en el marco de la conferencia de prensa que brindó en su despacho, "Santa Fe cuenta con un activo financiero muy importante que la distingue de las demás provincias que es una cartera de títulos públicos que nunca vendió y que se negocian en mercados líquidos por 253.289 millones de pesos, lo que genera una importante cantidad de recursos por el pago de intereses y la amortización cuando vencen".

Con esta cartera de títulos, informó, el activo total de la provincia suma 524 mil millones de pesos.

Respecto de la deuda flotante, explicó que la de corto plazo es de 233 mil millones de pesos, correspondiendo el 63 por ciento a los sueldos y jubilaciones que se devengaron en noviembre y que se van a pagar entre el 1 y el 7 de diciembre en el marco del cronograma establecido. "Esto quiere decir, dijo el ministro, que al día 7 ésta porción de la deuda desaparece porque están los recursos en caja para pagarla"

El ministro explicó que la relación entre la disponibilidad de activos, salarios y jubilaciones, y deuda flotante -271 mil millones 146 mil millones y 233 mil millones respectivamente- es con los salarios de 1,9 y con deuda flotante 1,2. "Esto quiere decir que, en el caso hipotético de que alguien quiera cancelar toda la deuda flotante, los fondos en disponibilidad lo permiten y sobran recursos", enfatizó.

En tanto el stock de deuda de mediano y largo plazo, informó, es de 202 mil millones de pesos, lo que representa una caída de 14 por ciento en términos reales contra diciembre de 2019. "En ese rubro hay una mejora cuantitiva y cualitativa respecto de diciembre de 2019 ya que se ha mejorado la composición en moneda que era del 98 por ciento en dólares y ahora ese porcentaje bajó, lo que reduce la exposición de la provincia a los vaivenes del tipo de cambio, y porque mientras hace cuatro años estaba en cabeza de bonistas, ahora lo está en instituciones del sistema financiero local".

"Con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no refinanciamos deuda ni reprogramamos vencimientos como hicieron muchas provincias", enfatizó, al tiempo que dijo que mientras que para Santa Fe la deuda representa el 10 por ciento de los recursos totales para Entre Rios es del 22 por ciento y para Córdoba más del 56 por ciento.

Con todos estos números, concluyó, la provincia tiene activos por 524 mil millones de pesos y deudas de corto y mediano plazo por 435 mil millones, lo que significa, en términos financieros que es la única provincia que tiene una deuda neta negativa.

En su exposición Agosto destacó el impacto que tuvo la sequía y la falta de divisas en la actividad económica, que se percibe en los distintos indicadores que la miden, desde el empleo registrado hasta en la recaudación impositiva.

En este sentido dijo que por la cuestión climática la provincia perdió de percibir ingresos por 39 mil millones de pesos de recursos propios previstos, a lo que deben sumarse los 93 mil millones ede pesos que dejó de percibir de Anses para la Caja de Jubilaciones. "Estas dos cuentas nos ponen en 130 mil millones de pesos previstos que no ingresaron", explicó.

Con estos números, Agosto explicó que el déficit estimado para todo el 2023 en la provincia será de unos 70 mil millones de pesos que durante todo este tiempo se ha estado financiando con ahorros propios que se generaron en los años anteriores.

Respecto a declaraciones hechas por el gobernador electo Maximiliano Pullaro sobre el mal estado financiero de la provincia, Agosto dijo que esta expresión "tiene mucho sentido teniendo en cuenta el futuro y la perspectiva. Hay una gran incertidumbre porque se esta discutiendo un nuevo régimen de organización económica, no una medida o política puntual. Está en juego política fiscal monetaria cambiaria y de ingresos".

"En la transición siempre el dialogo fue muy cordial y fructífero. Intercambiamos información sobre el presupuesto y para elaborarlo tomamos sugerencias que nos plantearon y por eso se agregaron artículos para tomar financiamiento de corto mediano y largo plazo y para llevar adelante readecuaciones de mayores recursos y fortalecer partidas de gastos en desarrollo social, seguridad y salud. Creo que fue un paso importante que la legislatura ya lo tenga para debatir".

Otro de los temas sobre los que fue consultado es el presunto atraso en pago de los certificados de obras públicas sobre los que admitió un atraso a mediados de año producto del proceso electoral pero que ya estaba en camino de ser corregido. "Estamos abonando certificados del mes de setiembre, esto es a 60 días de plazo".

También desestimó que haya atrasos en el envío de fondos a municipios y comunas de 15 mil millones de pesos. "Esta plata está vinculada al cierre del mes con la coparticipación que la provincia tiene que hacer los primeros cinco días del siguiente. Es decir que se transferirá la semana próxima", informó.

La Provincia de Santa Fe alcanzó por segundo año consecutivo el puntaje máximo en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) que elabora el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Consultado sobre el particular, el ministro de Economía Walter Agosto consideró que la novedad es "muy importante. Lograr el puntaje máximo implica que se ha mejorado sustancialmente el acceso a la información sobre las cuentas públicas provinciales para los agentes económicos y la ciudadanía en general".

Por lo demás, señaló que la divulgación sistemática de información confiable y oportuna es un aspecto central que fortalece la institucionalidad fiscal.

El índice permite evaluar la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su elaboración replica el ejercicio que haría un ciudadano que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet, y queda reflejado en un puntaje de 0 a 10. Mide la transparencia en dos dimensiones: la disponibilidad y desagregación de la información fiscal publicada online, y el nivel de rezago con que se publica. El ITPP se estructura en 4 bloques: Presupuesto, Ejecución y rendición de cuentas, Recursos y Divulgación.

A continuación, el detalle de cada uno:

1.Presupuesto analiza la disponibilidad online de las leyes de presupuesto de los dos años previos (en este caso, de 2020 y 2021), del presupuesto del año vigente (2022) y la posibilidad de acceder al proyecto de presupuesto del año entrante (2023). Además, también releva la existencia de prácticas de presupuesto o programación plurianual, por ejemplo, el cuadro de Ahorro-Inversión y su proyección a futuro.

2. Ejecución y rendición de cuentas pone el foco en la existencia de informes de ejecución de gastos del presupuesto en curso, la exposición de los gastos tributarios y la Cuenta de Inversión del año anterior. Esta última es el instrumento de control por excelencia de la gestión financiera que realiza el Poder Ejecutivo y es la base sobre la cual los órganos de control auditan las acciones de gasto llevadas a cabo durante un ejercicio.

3. Recursos refiere a los recursos fiscales y cubre el financiamiento del presupuesto –tanto los recursos tributarios como financieros– y las transferencias tributarias a los municipios. Este bloque no sólo evalúa la disponibilidad de los datos, sino también la desagregación y la publicación oportuna de la información.

4. Divulgación concierne a la diseminación de la información y la comunicación dirigida a la ciudadanía. Para evaluar este componente, se releva la publicación de un presupuesto ciudadano (que consiste en una presentación no técnica del presupuesto que busca que las personas, incluyendo a aquellas que no están familiarizadas con las finanzas públicas, conozcan cómo se invierten los recursos que el Estado obtiene a partir de impuestos, préstamos y donaciones). También se releva la difusión de las principales normas fiscales relativas a la administración financiera y presupuestaria (como las leyes permanentes complementarias de presupuesto, los decretos de distribución y/o modificación de partidas) y aquellas relacionadas con la adhesión y acciones asociadas a la Ley No25.917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Cada bloque del ITPP tiene un puntaje establecido que, en su conjunto, resulta en un máximo de 10 puntos. El bloque de Presupuesto equivale a 2,6 puntos; el bloque de Ejecución y rendición de cuentas, a 3,40 puntos; el bloque de Recursos equivale a 3,55 puntos y, por último, el bloque de Divulgación alcanza 0,45 puntos. Cada bloque se compone de un conjunto de información requerida (IR) que es evaluada en función de su disponibilidad y del rezago con que se publica, tal como se mencionó inicialmente.

En 2022, las provincias alcanzaron, en promedio, 8 puntos de transparencia sobre los 10 que plantea el ITPP, en tanto la Provincia de Santa Fe alcanzó el puntaje óptimo de 10.

Se podrá acceder al documento completo en el siguiente link: https://www.cippec.org/publicacion/indice-de-transparencia-presupuestaria-provincial-edicion-2022.

Por César Rodríguez

Mientras en varias provincias del país los gobernadores salientes o, principalmente, los electos, han manifestado su preocupación por las dificultades que afrontarán al asumir para pagar los aguinaldos de los trabajadores (cuestión que debe hacerse efectiva una semana después o incluso antes), el Gobierno de la Provincia de Santa Fe confirmó que deja los fondos necesarios para hacer frente a este derecho de los empleados disponibles en una cuenta, para que las nuevas autoridades puedan disponer de ese dinero en la fecha de pago prevista.

Así lo confirmó el propio ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, quien de esta manera traslada una tranquilidad a las nuevas autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre, a la vez que una certeza a los trabajadores del Estado en cuanto a que recibirán en tiempo y forma sus remuneraciones.

La cuestión antes descripta no es menor, ya que fueron varias las provincias que ya han hecho públicas sus dificultades para poder abonar el aguinaldo de manera completa en diciembre.

Uno de los casos más resonantes fue el de la provincia de Chubut, donde el gobernador electo, Ignacio Torres, directamente advirtió que no va a poder pagar los aguinaldos debido a que la rebaja del Impuesto a las Ganancias le restó fondos de coparticipación.

“Chubut no va a poder pagar los aguinaldos producto de la irresponsabilidad de Massa. Hay otras provincias en esta situación”, advirtió Torres en declaraciones al programa Si pasa pasa por Radio Rivadavia. El dirigente de Juntos por el Cambio consideró que “hay sobrada jurisprudencia” para cuestionar ante los tribunales la ley que establece la eliminación del tributo para casi todos los salarios.

Torres consideró que el presidente Alberto Fernández debería compensar por medio de un DNU a las provincias por los fondos que perdieron en la decisión del peronismo llevada a cabo en medio de la campaña electoral.

En tanto, la semana pasada, Axel Kicillof pidió autorización a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para tomar deuda con intención de cancelar los próximos vencimientos, finalizar obras públicas y pagar a proveedores y a empleados.

De la misma manera se movieron el tucumano Osvaldo Jaldo, que anunció una reducción del 13% del presupuesto provincial para el año entrante, y el catamarqueño Raúl Jalil, quien cursó un pedido de la Corte Suprema para aumentar el caudal de recursos.

También a nivel NaciónA su vez, el presidente electo Javier Milei evitó confirmar el pago de la totalidad del medio aguinaldo de diciembre a los empleados estatales, al defender la necesidad de aplicar un "fuerte ajuste fiscal" tras asumir el 10 de diciembre próximo.

La declaración puso en alerta a los gremios de estatales (UPCN y ATE), que vienen alertando sobre los intentos de ajustar por el lado de los sueldos de empleados públicos.

En el marco de su objetivo de ir equilibrando las cuentas públicas, muy deficitarias, Milei también apuntó a la enorme deuda del Banco Central. Dijo que está diseñando una estrategia para solucionar el tema de las Leliqs, y que también avanzará con un "fuerte ajuste fiscal para llevar la situación al equilibrio".

En este marco, fue consultado sobre si está garantizado el pago del medio aguinaldo de diciembre, y no dio una respuesta certera al respecto. "Recortarán lo que tienen que recortar", ratificó sobre su posición de ajuste. Y advirtió que "hay que ir hacia el equilibrio fiscal. Queremos alcanzar en el primer año de gobierno el equilibrio fiscal".

El Ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, informó que este martes remitió a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2024. Agosto recordó que en acuerdo con las autoridades electas se había solicitado oportunamente al cuerpo legislativo una prórroga hasta el 15 de noviembre para el envío.

El ministro señaló que “en estas semanas y en el marco de las tareas de transición, generamos un espacio de intercambio de información y opiniones con relación a los aspectos centrales del proyecto de presupuesto y el articulado de la ley que resultó muy constructivo”.

El proyecto de presupuesto se formuló, tal como establecen las normas vigentes, tomando como referencia el marco macro fiscal remitido por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, considerando un crecimiento en el nivel de actividad de 2,7% y una variación de precios del 69,5%.

Agosto señaló que el presupuesto proyecta para el año próximo un resultado levemente superavitario de $ 6.127 millones, como consecuencia de estimar recursos totales por un monto de $ 4.865.649 millones y un gasto total de $ 4.859.522 millones.

El resultado económico -diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes- se estima en $ 502.080 millones, permitiendo, junto con los recursos de capital, financiar la totalidad del gasto de capital.

En materia de recursos, los provenientes de origen nacional se estimaron con los parámetros de actividad e inflación del marco macro fiscal. Con relación a la estimación de los recursos de origen provincial, cabe destacar que la misma se realizó manteniendo el esquema de alícuotas vigentes, sin considerar los efectos de la política tributaria que oportunamente se establezca para el año próximo.

En materia de gastos en Personal, Transferencias y Pasividades, el proyecto considera el efecto proveniente de la anualización de las políticas salariales dispuestas durante el corriente año y con impacto conocido a la fecha. Para los gastos de funcionamiento se previó un incremento teniendo en consideración el actual proceso inflacionario, en tanto que en materia de Construcciones se contemplaron las partidas para la continuidad de los proyectos en ejecución, así como también para nuevos proyectos entre los que se destacan los solicitados por la gestión entrante en el marco del proceso de transición.

El presupuesto contempla las partidas para los programas de Boleto Educativo Gratuito, Billetera Santa Fe y Comedores Escolares. Asimismo, se dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley 13.742 y su norma reglamentaria, en lo que refiere a la participación en el Proyecto de presupuesto de las acciones vinculadas a Ciencia, Tecnología e Innovación.

En otro orden, el ministro indicó que el proyecto de presupuesto contempla los recursos de renta y amortización provenientes de la cartera de títulos públicos y su afectación a la ejecución de gasto de capital. Cabe recordar que dicha cartera de títulos públicos en poder de la provincia desde octubre del 2022, proviene del Acuerdo de Ejecución de Sentencia dispuesta por la Corte Suprema de Justicia con relación a la deuda que la Nación mantenía con Santa Fe.

Por último, y con relación al articulado, el ministro señaló que a solicitud de las nuevas autoridades se contemplaron algunas disposiciones financieras vinculadas a instrumentos de financiamiento de corto y mediano plazo, así como asistencia financiera para los municipios y comunas.

Walter Agosto y Pablo Olivares volvieron a reunirse este lunes en el marco del proceso de transición que se desarrolla en la provincia entre gestión entrante y saliente. El actual ministro de Economía recibió al referente del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, en temas financieros; y ambos centraron la conversación en la redacción del Presupuesto 2024, que las dos administraciones acordaron elaborar de manera conjunta. 

Tras la reunión, quedó ratificada la fecha del 15 de noviembre para el envío del mensaje a las cámaras, tal como se había estipulado -también de manera consensuada- cuando se resolvió posponer la remisión, y exceder el plazo constitucional que vencía el 30 de setiembre. En la charla se evaluó la incidencia que tendrá la masa salarial en los primeros meses de la nueva gestión, atentos a la cláusula gatillo que indefectiblemente se activará en noviembre como consecuencia de la inflación que no retrocede.

Las reuniones de transición se suceden entre funcionarios de primeras y segundas líneas sin mayores sobresaltos en la superficie. Ambas administraciones han destacado la predisposición por atravesar un proceso ordenado y en armonía; y ello se ha logrado en términos macro. Sin embargo, volvieron a aparecer decretos del Poder Ejecutivo sobre los que la nueva gestión posa la lupa. En este caso, para ampliar la estructura existente en el área de la Unidad Ejecutora Biprovincial para el Acueducto Santa Fe-Córdoba. Mediante decreto 2418 del pasado 24 de octubre, el gobernador Omar Perotti resolvió crear en ese ámbito una Jefatura de Departamento de Obra; una Jefatura de Departamento de Compras y Contrataciones, y una Jefatura de Departamento de Recursos Humanos. La modificación y ampliación de la estructura se fundamenta -según el decreto- a partir de la "envergadura de la obra encarada y magnitud de las tareas y de los procesos licitatorios" que deben ser encarados por la Unidad Ejecutora citada.

La nueva disposición del Ejecutivo es analizada por los equipos de la gestión entrante porque entienden que transgrede la Ley de Responsabilidad Fiscal. Dicha norma prohíbe que a seis meses de concluir el mandato, la autoridad en ejercicio resuelva la creación de áreas y cargos, traslados, designaciones, titularizaciones y cambios de organigrama, siempre que afecten y comprometan el gasto corriente. El decreto ha generado ya un recurso de revocatoria para solicitar su nulidad. Fue presentado por un particular con el "guiño" de la nueva administración; ello provoca el efecto inmediato de evitar que el acto jurídico quede firme. Sobre esa base, una vez que asuman las nuevas autoridades, éstas podrán confirmarlo o revocarlo. La misma situación de observación y pedido de nulidad se ha dado con otro puñado de decretos; entre ellos, el que plantea la creación de cargos en el área de Comunicación Social, en el IAPIP, en la sección Informática del Ministerio de Seguridad, en la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas (APRECOD); también, el que crea áreas y cambios posteriores en el Ministerio de Salud, y el ya difundido sobre las designaciones de secretarios de juzgados comunitarios.

Con la firma del gobernador Omar Perotti y del ministro de Economía, Walter Agosto, el Poder Ejecutivo provincial solicitó formalmente a la Legislatura una prórroga para la presentación del proyecto de presupuesto provincial 2024 hasta el 15 de noviembre. El plazo original de acuerdo con la Constitución provincial caducaría este sábado 30 de septiembre.

La decisión de posponer la remisión al Parlamento de la estimación de gastos y recursos para el año que viene es producto de un acuerdo logrado en el ámbito de la transición que se lleva adelante entre gestión entrante y saliente. Así lo plantea, de hecho, la misiva que fue remitida la semana pasada desde la Casa Gris e ingresada a través de la Cámara de Senadores.

Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Abordar de manera conjunta la planificación del próximo presupuesto fue una pretensión expuesta por los referentes de la administración que encabezará Maximiliano Pullaro, en la reunión inicial de la transición. La solicitud tuvo respuesta favorable también en ese primer encuentro. Después de que se reuniesen el martes pasado Felipe Michlig, Lisandro Enrico y Gustavo Puccini en representación de Pullaro, con los ministros Marcos Corach y Juan Pusineri más el senador Alcides Calvo, se anunció de manera conjunta que el envío del proyecto de presupuesto sería prorrogado y que ambas administraciones tendrían intervención en la confección de los cálculos.

La redacción propiamente dicha o el armado material del proyecto de presupuesto quedará inexorablemente en manos de la actual gestión. Sin embargo, es en los criterios que se utilicen para la asignación del gasto donde pretenden tener injerencia las autoridades electas. Según adelantaron fuentes del equipo económico de Pullaro a El Litoral, una de las premisas es aguardar la confección del presupuesto nacional. Ello es vital no sólo para reparar en las variables macroeconómicas que suelen ser tenidas en cuenta como parámetros para la confección del proyecto local, sino también – y particularmente en la actual coyuntura- para tener certezas respecto de qué escenario se dibujará en torno de los recursos nacionales sobre la base de las reformas planteadas al Impuesto a las Ganancias, y sus eventuales compensaciones. Como se sabe, Santa Fe dejaría de percibir por ese concepto unos 15 mil millones de pesos en lo que resta de 2023, en tanto que, a lo largo de 2024, la merma sería del orden de los 145 mil millones.

El ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto.

La nueva gestión pretende intervenir en las decisiones vinculadas a cómo se consumen los créditos actuales para la ejecución de obras; también, en la distribución del gasto y en el articulado del proyecto. "Sabemos que no podemos redactar el presupuesto; por eso queremos tener incidencia en los criterios y asegurarnos de que las pautas que pretende el gobernador electo no dejen de estar contempladas en el texto", dijeron desde su equipo.

Por ahora, no hay fecha para una nueva reunión de los equipos económicos de transición. Los representantes de la gestión electa solicitaron información que será remitida en los próximos días. Tras ello, se produciría un nuevo encuentro presencial entre las partes.

El Ministerio de Economía de la provincia suscribió nuevos convenios de préstamo con gobiernos locales, en el marco del Programa de Financiamiento para Municipios y Comunas. Los nueve acuerdos firmados forman parte de un conjunto de 130 proyectos que se encuentran en diferentes etapas y representan una inversión de más de 3.500 millones de pesos. 

En esta oportunidad, la asistencia financiera asciende a 240 millones de pesos, manteniendo los equilibrios territoriales y considerando las distintas expresiones políticas. Los municipios y comunas beneficiadas, además de las sureñas María Teresa y Chabás, son Santa Clara de Buena Vista, La Lucila, San Jorge, San Genaro, Fighiera, Colonia Bicha y Capitán Bermúdez.

Al respecto, el ministro de Economía, Walter Agosto, manifestó su satisfacción “con la marcha de este programa de financiamiento para gobiernos locales”, y recordó que, a través de esta herramienta, los municipios y comunas beneficiadas pueden realizar mejoras de infraestructura en espacios públicos, construcción de pavimento urbano y accesos y otras obras como desagües pluviales y alumbrado público. 

Otro destino importante de la financiación es el equipamiento para fortalecer la gestión administrativa y la infraestructura básica de conectividad a internet en los gobiernos locales.

Inversión total y características del financiamiento

Mediante este programa, el gobierno provincial destina un monto de 3.500 millones de pesos para financiar el 100% de 200 proyectos entre 2020 y 2023, a tasas de 20% subsidiadas por la provincia, a un costo muy por debajo del que presenta el mercado financiero, y con un plazo de devolución de 36 meses y seis meses de gracia. 

Fomento de las economías locales

El Programa de Financiamiento de proyectos para Municipios y Comunas motoriza las economías locales y promueve la incorporación de mano de obra del lugar a través de la participación de comercios locales y de cercanía en las licitaciones para la adquisición de diversos materiales de construcción y equipamiento. 

Las empresas constructoras y el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, se reunirán este martes por la mañana, a partir de las 11 horas, con el fin de acordar mecanismos que permitan saldar la deuda por certificados impagos que la provincia, en algunos casos desde febrero, y sostener, en la medida de las posibilidades financieras, el ritmo de ejecución de las obras públicas provinciales.

El encuentro viene sido pedida desde hace tiempo por las empresas constructoras ante los ministerio de Economía y de Obras Públicas y se desarrollará en Casa de Gobierno.

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De acuerdo a lo que trascendió, uno de las temas más importantes de la reunión será el que las partes mantendrán para tratar de acordar el plazo y la disposición de los cheques de pago diferido que la provincia planteó como posibilidad emitir para hacer frente al pago de certificados de las obras.

En este tema, las constructoras se han mostrado reacias aceptar porque no contempla el pago de los intereses por el plazo de tiempo hasta cobrar. “Supongamos que nos dan cheques a 60 días de plazo. Cuando lo cobremos van a haber perdido al menos el 25 por ciento de su valor por la inflación, que con el plazo legal de pago de los certificados de 60 días posteriores a la presentación del certificado, la inflación licua alrededor del 50 por ciento del valor”, explicó un empresario consultado.

También sobre las condiciones de pago en el mediano plazo de las obras en marchas, aunque estas dependerán del estado de avance y la importancia estratégica que tienen en el contexto, según se informó del gobierno, cuando se admitió una ralentización de las obras públicas.

En este sentido, las empresas se mostraron su desacuerdo de que mientras el gobierno está atrasados en el pago de las deudas, licitan y adjudican obras millonarias. “Preguntamos y nos respondieron que son obras que se pagarán con los bonos que la provincia cobró por la deuda con el Estado nacional. ¿Por que no los utilizan para cancelar la deuda que tienen con nosotros?” se quejó una fuente consultada.

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“También les planteamos que para ponerse al día tomen un crédito con el agente financiero de la provincia a tasa preferencial, como hacemos nosotros cuando tenemos una deuda, pero no lo van a hacer porque les sale más barato pagarnos a nosotros sin los intereses correspondientes”, dijo el mismo empresario, al tiempo que adelantó el rechazo por parte del sector de la firma de una acta que está circulando donde se establece un mecanismo de pago al tiempo que se obliga a las empresas a renunciar a cualquier tipo de reclamo a la provincia”.

El ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, explicó el último resultado fiscal de la provincia, y a raíz de diferentes interpretaciones, el titular de la cartera económica informó que “esos 32.000 millones son recursos que ingresaron el 16 de diciembre y que provienen del pago de la deuda histórica de la Nación con la provincia”.

“Esos recursos -quiero aclarar porque he escuchado algunas versiones muy amañadas para tratar de desinformar y confundir-, no vienen a financiar el presupuesto 2022” explicó Agosto.

“Se trata de fondos extraordinarios que no forman parte del presupuesto de rentas generales. Esos recursos tienen una afectación específica dispuesta por ley, la ley de Presupuesto, que dispone la aplicación de esos fondos a la realización de obras públicas distintas a las que figuraban en el presupuesto 2022” subrayó el titular de la cartera económica provincial.

“Es decir, no se podían utilizar esos fondos para pagar sueldos u otros gastos del presupuesto del año pasado, por lo tanto, mal podrían computarse como resultado del ejercicio”, detalló Walter Agosto.

Por último, el ministro de Economía de la provincia precisó que “los 30.000 millones vienen a financiar un programa de obras nuevas que ya se encuentran en ejecución -tal como indica la ley-y que implicarán nuevos compromisos financieros que ya se están financiando con estos recursos” concluyó Agosto.

El senador provincial Lisandro Enrico mantuvo una reunión con el ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Walter Agosto, para solicitar el acompañamiento del gobierno provincial en la creación de nuevos cargos que posibiliten la puesta en funcionamiento de la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica en el departamento General López. Al respecto, Lisandro Enrico habló sobre la propuesta: “Venimos insistiendo con la creación de este servicio de internación de cuidados intensivos para niños que nuestra región necesita con urgencia, de acuerdo a que el Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto cuenta con infraestructura y todos los requerimientos técnicos y de servicios, pero aún falta lo más importante de una terapia intensiva que es el recurso humano”. “Lo que se necesita de inmediato es que el Gobierno Provincial habilite nuevos cargos para profesionales médicos y de enfermería lo que posibilitaría poner en marcha este sector que está equipado y sin estrenar. Sabemos que no es sencillo conseguir los perfiles profesionales que demanda una sala de terapia intensiva pediátrica, porque hay pocos en el país y en la provincia, pero para ello será clave que desde Provincia se oficialicen estos puestos de trabajo”, agregó el senador.

El equipo de salud que es necesario para lograr este objetivo de la terapia para niños en Venado Tuerto debe estar compuesto por 8 médicos y 8 enfermeras para que en guardias rotativas aseguren el funcionamiento de esta sala durante las 24 horas de cada día del año. Justamente, con ese objetivo Enrico tramitó el encuentro con Agosto donde le solicitó que de parte del gobierno santafesino se agilicen las ofertas de cargos efectivos y planta permanente para 8 profesionales médicos y otros 8 de enfermería, una determinación que estimularía a varios profesionales de salud que quieran sumarse a trabajar en el nosocomio mayor del sur provincial. “El ministro Walter Agosto se mostró muy receptivo, con buena predisposición y nos aseguró allanar todas las medidas administrativas para que el Ministerio de Salud sea el encargado de convocar al concurso, ofrecer los cargos y poder contar con la apertura de esta terapia intensiva para la niñez tan necesaria en nuestra región. Es un paso delante de una gestión a continuar entre todos”, concluyó el senador Enrico.

La Cámara de Diputados votó sendas resoluciones para citar a los ministros de Economía, Walter Agosto, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, a reuniones con la comisión de Labor Parlamentaria “para considerar temas de incumbencia de su cartera”. Ambas reuniones se realizarán el miércoles venidero.

La cita con Agosto es para las 11 y además de los jefes de bloques estarán presentes los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para considerar el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2023 y la ley Tributaria 2023. Ambos mensajes del Poder Ejecutivo ya fueron aprobados por el Senado y Diputados fijó preferencia para la próxima sesión, motivo por el cual en la reunión con Agosto será clave para llevar los proyectos al recinto antes del final del período Ordinario.

La convocatoria a Arena más al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, es para el miércoles a las 16 y el temario será elevado en nota el próximo lunes por el presidente de la Cámara, Pablo Farías. No obstante, son tres los aspectos centrales a considerar: concurso en el Consejo de la Magistratura para la cobertura de jueces comunitarios; marcha del proceso para elegir autoridades provinciales y regionales del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa más el calendario electoral 2023.

Además de la citación a Arena, la Cámara votó un amplio pedido de informes al Ministerio de Gobierno sobre los concursos de jueces comunitarios presentado por Mónica Peralta (Gen) que la propia legisladora anticipó que formarán parte de las inquietudes a plantearle a la funcionaria.

Pero sobre el tema concursos además de Peralta, Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y Juan Cruz Cándido (UCR – Evolución) expusieron serias dudas sobre la transparencia de esa instancia, incluso el primero advirtió al pleno que “no estoy colifa” en alusión a versiones que dijo, se escuchan en pasillos de parte de algunos de sus pares. “Será una oportunidad la presencia de la ministra para evacuar dudas. No tengo dudas que el concurso está viciado y es de nulidad absoluta”, insistió. Recordó que el Consejo de la Magistratura no respondió a las impugnaciones realizadas oportunamente. Pero además dijo “reprobar acuerdos parlamentarios para digitar la elección de candidatos a jueces. Es reprobable porque se afecta el derecho de los demás y se violenta el principio de igualdad ante la ley”. Palo Oliver se refirió a los 36 pliegos de candidatos a jueces comunitarios que están a discusión de la Asamblea Legislativa y señaló que existen al menos una docena de impugnaciones ya presentadas ante la Comisión de Acuerdos. Más adelante dio detalles de los concursos para los juzgados de San José de Rincón, La Criolla, Puerto General San Martín y Empalme Constitución.

Luego, el radical Cándido consideró que en el tema “hay un mensaje oscuro a la sociedad” y que será clave que Arena pueda clarificar todas las dudas. “Si lo hubiesen querido hace a dedo porqué no derogaron los decretos que establecen el concurso y nos ahorrábamos todo el trámite” señaló. Mencionó que de los 36 concursos, en 29 pliegos no fueron enviados los primeros de la lista. “Están arriba y no sabemos cómo llegaron, esto se parece al elefante arriba del árbol y que nadie vio cómo hizo para subir” ironizó.

Además de la citación a ministros, Diputados votó una treintena de proyectos de ley que deberán ser revisados por el Senado, entre ellos dos que fueron iniciados por la Cámara Alta y que fueron reformados ayer: regulación de las ferias multipropósito y un régimen especial de fomento para la contratación pública de cooperativas que puedan ser proveedoras del Estado y sus empresas.

El senador Lisandro Enrico participó de una reunión con el ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Walter Agosto, donde el legislador pudo manifestar distintas necesidades que tienen las localidades del Departamento General López para que sean contempladas en el presupuesto santafesino 2023. En este encuentro también estuvieron presentes otros integrantes del Bloque UCR que sumaron sus planteos.  

Sobre las cuestiones que se plantearon en la reunión, Enrico expresó que se pusieron sobre la mesa algunos temas macroeconómicos y también otros especiales, para que las comunidades del sur santafesino puedan recibir apoyo por parte del Gobierno de Santa Fe de cara a los próximos meses. 

Además de Enrico y Agosto, estuvieron reunidos: el senador Felipe Michlig (San Cristóbal),  el senador German Giacomino (Constitución), el senador Orfilio Marcón (Gral. Obligado), el senador Leonardo Diana (San Jerónimo) y el senador Rodrigo Borla (San Justo). Tambien estuvieron presentes distintos secretarios técnicos del Bloque UCR. 

“Como Bloque estamos solicitando tener un presupuesto 2023 equilibrado y transparente, con obras públicas para nuestra región. Por este motivo le acerqué al ministro Agosto un listado de proyectos y obras para todas las localidades del Departamento Gral. López”, informó el senador. 

“Las preocupaciones son estrictamente políticas. Hemos votado todos los presupuestos y como Bloque tenemos la predisposición de facilitarle al Gobierno de Santa Fe distintas leyes, con la finalidad de que en este último año de la gestión de Omar Perotti, desde el ejecutivo se puedan dar respuestas que todavía no se dieron durante estos 3 años de gobernación”, agregó Enrico en relación a un amplio listado de obras pendientes y otras atenciones que desde el Gobierno Provincial no se dieron a Comunas y Municipios desde el 2020 en adelante.  

En relación a las obras solicitadas por Enrico, entre las viales sobresalen: la repavimentación del segundo tramo de la Ruta 94 (de Ruta Nacional 8 hasta Santa Isabel), la reconstrucción de la Ruta 14 (desde María Teresa hasta Diego de Alvear), el proyecto de circunvalación de Venado Tuerto, la pavimentación de la Ruta 15 del tramo que conecta Cafferata con La Chispa y la construcción de dársena de giro en el cruce del acceso a San Eduardo y Ruta Nacional 8. 

Pero además de las prioridades viales, hubo otro listado de obras que Enrico plantea su inicio a partir de la ejecución del próximo presupuesto provincial, y por nombrar algunas, aparecen: la obra de cloacas en Wheelwright, un Plan Integral de desagües de la ciudad de Firmat (Canal Norte – etapa 2), ampliación de nueva planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos en Venado Tuerto y la construcción de nueva línea de energía eléctrica LAMT 33 KV que abastecería desde Firmat hasta Carreras. 

Los llamados fondos “sobre presupuestados”, es decir, que se sabe que ingresarán el año próximo y no tienen aún una partida de gastos asignados, que según la oposición sumarán $ 350 mil millones, los mil cargos que el gobierno ha previsto crear y que la oposición ha planteado que debería quedar muy claro que reforzarán áreas de Salud, Educación y Seguridad, y muy especialmente la distribución entre el Estado Provincial y las municipalidades y las comunas del impuesto inmobiliario sobre el que los radicales pretenden extender el 10% extra que obtuvieron durante 2022. Ahora habrá una actualización, pero con un tope del 50%, lo que impactará (frente a la inflación de no menos del doble) en las cuentas de las administraciones de los pueblos y ciudades del mapa de la bota.

Con el objetivo de acordar modificaciones al proyecto de ley de Presupuesto 2023, los seis integrantes del bloque UCR del Senado santafesino dialogaron con el principal autor de ese mensaje del Ejecutivo, el ministro de Economía Walter Agosto, que también es quien ha redactado otra norma no menos importante para el último año de la actual gestión: la ley tributaria, en la que se actualiza el valor de los impuestos.

Sobre ambos expedientes hubo pedidos de los radicales al funcionario, que -según comentó a El Litoral uno de los participantes de la reunión- se mostró “permeable”.

La fuente dijo que los radicales escucharon de Agosto, varios “dejá que pueda pensarlo un par de horas” o “a eso lo voy a tener que consultar”, pero también una cantidad alentadora de “estoy de acuerdo”.

La lista de pedidos se completa con los montos previstos para algunas de las obras presupuestadas, para las que se solicita una previsión mayor o directamente que se incluyan inversiones que no fueron en la primera versión del proyecto.

En el mismo sentido se expresó el presidente del partido, Felipe Michlig (San Cristóbal) antes de que ambos subieran al primer piso de la Casa Gris, junto a Rodrigo Borla (San Justo), Germán Giacomino (Constitución), Leonardo Diana (San Jerónimo) y Orfilio Marcón (General Obligado). El único senador provincial radical que no participó es Hugo Rasetto, que por estos días ha proclamado que será precandidato a gobernador. Tiene su bloque propio y está desde 2018 en Cambiemos.

Para los seis radicales que postulan al diputado provincial Maximiliano Pullaro como precandidato a gobernador, hay serias chances de que el presupuesto reciba media sanción en la sesión de este jueves 20. Más, si se tiene en cuenta que Agosto quedó de darles una respuesta por sí o por no a sus peticiones en lo que queda de este miércoles 19.

“Esta es una reunión estrictamente política. Hemos tenido una actitud responsable desde toda la oposición y en particular en el bloque de Senadores de la UCR. Además de otras leyes que se nos han pedido, también hemos aprobado todos los presupuestos del actual gobierno, lo mismo que en Diputados donde las bancadas opositoras tienen la mayoría. Este es el último de la gestión del gobernador Omar Perotti y tenemos una total predisposición para facilitarle la sanción de la norma, porque esperamos que teniendo nuevamente todas las herramientas que en cada año se le han aprobado desde el Poder Legislativo, esta vez sí el gobernador pueda dar las respuestas a la sociedad que hasta ahora no podido”, dijo el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, que preside el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.

Sin que trascienda a los medios, antes de recibir a los senadores opositores, el ministro de Economía, Walter Agosto, compartió una reunión con las dos bancadas del oficialismo.

En un mismo encuentro (como si se tratara de una conducción colegiada) estuvieron entre otros los senadores Armando Traferri que encabeza el bloque de senadores del NES y su par Alcides Calvo que hace lo propio con la bancada de Lealtad.

Fue un encuentro para establecer los principales lineamientos del mensaje de Presupuesto y de la Ley Tributaria para 2023. Del primero se espera que sea una previsión de gastos y recursos con un fuerte acento en la inversión pública, en un año electoral. Del segundo expediente, que haya actualizaciones moderadas respecto del desbocado proceso inflacionario.

Cabe destacar que entre los dos grupos los senadores peronistas suman 12 de las 19 bancas del Senado y, además de contar con la mayoría, con tan solo un voto más podrían acceder a los dos tercios.

De todos modos, se descuenta que no será necesario hacer cuentas para la aprobación del Presupuesto, muy probablemente el jueves 20, porque ya ha comprometido su colaboración con el tratamiento de la norma la oposición radical.

(Por Gabriel Rossini) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación homologó este martes el Acuerdo de Ejecución de Sentencia suscripto el 29 de junio de 2022 entre la provincia de Santa Fe y el estado nacional, dándole sustento formal e inicio al plazo de cumplimiento.

La homologación implica que la Corte Suprema, luego de haber analizado formalmente el acuerdo, ratifica que el contenido del mismo responde estrictamente a la decisión que dicho organismo había tomado oportunamente, ratificando la legitimidad de lo acordado por las partes.

Según se informó desde el ministerio de Economía de la provincia, el monto de la deuda es de 151.873 millones de pesos (Neto anticipo Bono Consenso Fiscal 2017) y el monto a coparticipar a municipios y comunas 18.477 millones de pesos (Neto anticipo Bono Consenso Fiscal 2017 y anticipo para ejecución de obras)”.

De esta manera, la provincia cierra un largo camino de reclamos y negociaciones iniciado con un reclamo administrativo formulado al gobierno nacional por el gobernador Obeid en 2006 e iniciado en su faz judicial en el año 2009.

En este sentido, el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, quien participó del inicio del reclamo y su acuerdo final, destacó que el gobernador Omar Perotti “impulsó desde antes de asumir el cargo el cobro de esta deuda con una política firme, sin vaivenes ni retrocesos, tanto en el ámbito judicial como con el gobierno nacional. El camino no estuvo exento de dificultades, pero en estos 2 años y 8 meses de gestión avanzamos mucho en un tema que está planteado judicialmente desde hace 13 años”.

Desde la suscripción del acuerdo en junio, tanto el gobernador como el ministro de Economía mantuvieron una serie de reuniones con los funcionarios del ministerio de Economía de la Nación, que, desde entonces tuvo tres ministros: Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Masssa.

Agosto señaló a El Litoral que a partir de la homologación de la Corte se abre un plazo de 30 días para que la Nación entregue los títulos y para que la Provincia devuelva el bono a 10 años que recibió como anticipo en 2017 por un monto que ronda los 10 mil millones de pesos.

Asimismo, Agosto indicó que mientras se esperaba la homologación, se vienen realizando reuniones con el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, de Hacienda, Raúl Rigo, y el Legal, Ricardo Casal para ajustar el proceso operativo que comenzará a partir de hoy.

Del mismo modo señaló que, en el ámbito provincial, se realizan reuniones entre el Ministerio de Economía y Gestión Pública (Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional) a efectos de ajustar el proceso de coparticipación a municipios y comunas en virtud de que la deuda que cancelará la Nación tiene origen en recursos coparticipables.

En este sentido, Agosto destacó que cada municipio y comuna de la provincia ya sabe cuánto es lo que le va a tocar a cada uno en bonos, y en los próximos días se recibirá la información de partes de los intendentes y presidentes comunales respecto a cuál será el destino que le darán cada uno.