El juez de la Cámara de Apelaciones, Juan Pablo Lavini Rosset, ratificó la condena a dos años de prisión contra Lucas Fabricio Gómez, propietario de Grupo Alamo Viviendas, al ser encontrado responsable de dos hechos de estafa cometidos contra vecinos de la ciudad de Firmat, quienes abonaron una cifra importante de dinero para acceder al “sueño de la casa propia” y solamente les construyeron las plateas.

Fallo de Cámara

El magistrado consideró que los fundamentos esgrimidos por el tribunal de primera instancia el 13 de junio de 2025 eran “razonables”, en consecuencia, no advirtió “motivos para modificar la decisión”. Por lo tanto, confirmó la sentencia contra el acusado, sosteniendo que su ejecución es condicional, con lo cual continuará en estado de libertad bajo reglas de conducta.

Lavini Rosset coincide en que “el accionar del imputado causó un grave perjuicio económico a una pareja joven y de una mujer comerciante, frustrando sus ilusiones de tener Ia casa propia y generando que tengan que seguir alquilando”.

A esto debe sumarse que “Gómez asumió una actitud poco empática, respuestas esquivas y negociaciones frustradas, causando una mayor afectación emocional en las víctimas”, agrega el magistrado.

El empresario no quedará tras las rejas porque el magistrado considera que “es una persona que no cuenta con antecedentes penales, tiene una familia estable con hijos menores de edad a su cargo; razones éstas que desaconsejan una prisionización efectiva”.

En tanto, las víctimas mostraron su malestar con esta decisión y más aún porque no lograron un resarcimiento económico debido a que el sentenciado se declaró insolvente.

Lucas Fabricio Gómez deberá cumplir las siguientes reglas de conductas: constituir domicilio y someterse al patronato de liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas en exceso; abstenerse de tener armas de fuego o portar armas de cualquier tipo y realizar 120 horas de trabajos comunitarios en una institución de bien público.

Historia del caso

El primer hecho que se conoció mediáticamente tras una publicación de Sur24, donde Jerónimo y Candela, una joven pareja damnificada, dieron detalles de lo padecido.

El 23 de diciembre de 2021 firmaron un contrato con la empresa para adquirir una “pre fabricada” haciendo una primera entrega de 500.000 pesos.

El 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 más, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega fue de 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo de 2022, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda.

En ese momento el responsable de la firma comercial contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

Candela y Jerónimo no obtuvieron respuestas tras reiterados intentos. Finalmente, decidieron radicar formalmente la denuncia.

Segunda denuncia

El segundo caso se trata de una mujer (María Florencia R.), también oriunda de Firmat, que firmó el contrato el 1 de octubre de 2021 para la construcción de una vivienda tradicional de 95 m2 en un terreno ubicado en calle Luis Agote entre Maiztegui y Carlota Joubin, acordando la entrega de un anticipo de 3.420.000. Al mismo tiempo le exigieron en concepto de seña 1.741.500 pesos, que fueron cancelados con una camioneta Nissan Frontier y 4.500 dólares. Posteriormente debía abonar 48 cuotas consecutivas, con una tasa del 25% anual, de 43.724 pesos

A fines de enero de 2022 desde la empresa procedieron a construir la platea, pero pasaron los días y no hubo avances en la obra. Cansada de la situación decidió radicar la denuncia penal.

Un hombre de 27 años fue imputado este martes acusado de integrar una organización delictiva dedicada a realizar estafas inmobiliarias en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Entre las víctimas figuran familias de Venado Tuerto, que confiaron sus ahorros en la promesa de acceder a la vivienda propia, promesa que nunca se cumplió.

La audiencia se desarrolló en los Tribunales Provinciales de Casilda. El fiscal Emiliano Ehret le atribuyó a A.M.P. los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y 24 hechos de estafa reiterada, en calidad de coautor. La jueza Mariel Minetti ordenó su prisión preventiva efectiva hasta el 16 de febrero.

Una estafa con rostro familiar

La causa judicial viene desarrollándose desde 2025 y ya cuenta con otros dos imputados detenidos, quienes —según la investigación— ocupaban roles de jefatura dentro de la estructura criminal.

La maniobra era llevada adelante bajo la fachada de la firma “El Techo Moderno S.R.L.”, que operaba con el nombre de fantasía “Emprender Viviendas”. La empresa se presentaba como una constructora de viviendas modulares llave en mano, con supuesta experiencia y decenas de contratos cumplidos.

Sin embargo, su único objetivo era captar clientes, recibir pagos por adelantado y luego no cumplir con las obligaciones contractuales.

Venado Tuerto

La estafa alcanzó a numerosas ciudades, pero Venado Tuerto aparece como uno de los focos con mayor número de damnificados. Familias firmaron contratos, abonaron señas, cuotas o avances de obra, y luego quedaron a la deriva.

Muchas de las víctimas relataron que incluso habían preparado sus terrenos o construido plateas esperando el arribo de los módulos habitacionales que jamás llegaron.

Las consecuencias fueron devastadoras: daños patrimoniales y un profundo sentimiento de engaño y frustración. En muchos casos, los damnificados eran trabajadores que vieron en estas casas industrializadas una oportunidad para acceder a un techo digno.

Roles definidos dentro de la asociación ilícita

Según el Ministerio Público de la Acusación, el grupo operó entre mayo de 2020 y julio de 2025 en al menos siete localidades santafesinas, entre ellas Casilda, Rosario, Armstrong, Bombal, Gobernador Crespo, San Justo y, especialmente, Venado Tuerto.

Los imputados actuaban de forma coordinada consideran desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Todos los integrantes actuaban con conocimiento del objetivo ilícito, manteniendo una estructura delictiva estable y organizada, sostienen desde el MPA.

En la última sesión del Concejo venadense, la edil Verónica Ruiz presentó dos proyectos de resolución que abordan problemáticas de fuerte impacto social: el descenso sostenido de la natalidad y la creciente preocupación por estafas vinculadas a empresas de viviendas industrializadas.Por un lado, la concejal manifestó su inquietud frente al abrupto descenso en la tasa de nacimientos tanto a nivel nacional como provincial, una tendencia que se viene consolidando en las últimas dos décadas. Según datos citados en la resolución, en 2023 se registró un 48% menos de nacimientos respecto del año 2000. En sectores de menor nivel educativo, la caída llega al 77%. A su vez, la tasa global de fecundidad en Argentina se encuentra muy por debajo del nivel necesario para el recambio generacional.

En el caso de la provincia de Santa Fe, se advierte que, durante el 2025, es posible que el número de decesos supere al de nacimientos.

A ello se suma que la tasa global de fecundidad (TGF) en Argentina, según datos del INDEC, cayó a 1,54 hijos por mujer en 2020, lejos del 2,1 que se prevé para el reemplazo poblacional.“Esta situación es multicausal: desde el ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral, el crecimiento educativo, hasta el acceso a la salud reproductiva y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, señalaron desde el recinto. En ese marco, se solicitó al Ministerio de Salud provincial y al Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez informes detallados sobre la evolución de la natalidad en la ciudad y la provincia, así como datos actualizados sobre las interrupciones voluntarias del embarazo desde la legalización de la práctica en 2020.

“Mi inquietud se refiere a si desde la legalización del aborto con el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) ha influido en las estadísticas”, remarcó la edil autora del proyecto.

“Como no he podido conseguir las estadísticas, decidí presentar esta resolución tanto al Ministerio de Salud de Santa Fe como al Hospital Gutiérrez”, destacó la médica pediatra respecto al origen del mensaje.

También remarcó que no cree que el IVE haya influido tanto en estos datos, pero como trabajadora de la salud sostiene que la baja natalidad “se nota muchísimo” tanto en el ámbito público como privado.

Respecto a posibles causantes de este drástico descenso en los nacimientos, Ruiz sostuvo que pueden corresponder a un cambio en las estructuras familiares y las metas femeninas.

En paralelo, el Concejo puso el foco en una problemática que ha generado múltiples reclamos en la ciudad: las estafas y los incumplimientos por parte de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de viviendas industrializadas. 

El cuerpo legislativo local, a través de un pedido de Verónica Ruiz, pidió a la Legislatura santafesina que retome y apruebe un proyecto de ley que propone la creación de un registro provincial de fabricantes, inspirado en el modelo cordobés, que permitiría controlar, fiscalizar e informar a los consumidores sobre las empresas habilitadas para operar en este rubro.El proyecto original -que había perdido estado parlamentario y fue recientemente reingresado- establece que todas las firmas del sector deben inscribirse obligatoriamente, actualizando semestralmente sus datos, y prevé sanciones para aquellas que no cumplan con la normativa. La intención es brindar mayor seguridad jurídica a quienes contratan este tipo de viviendas, muchas veces como única alternativa de acceso a una casa propia.“Estamos frente a dos fenómenos que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos: por un lado, una transformación profunda en las dinámicas poblacionales; por el otro, un vacío normativo que deja a los ciudadanos expuestos a fraudes y engaños”, remarca el texto presentado por Ruiz.

El proyecto de ley santafesino estaba inspirado en el RECVI, primer registro de estas características en el país, implementado por la provincia de Córdoba.

Dicho registro abarca a todas aquellas empresas dedicadas a la comercialización, fabricación, construcción, e instalación de viviendas industrializadas y/o prefabricadas, incluyendo a la construcción en seco no tradicional en cualquiera de sus formas, tipologías y características.

Por lo que toda empresa inscripta en el RECVI será pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, por presuntas infracciones al artículo 4 y concordantes de la misma.

Además establece que quienes pretendan llevar a cabo una compra de este tipo, puedan entablar contacto con los canales de comunicación de Defensa del Consumidor, a los efectos de conocer si dicha empresa se encuentra inscripta en el RECVI, consultando al mismo tiempo en el Registro Público Provincial de Infractores que también lleva adelante la Dirección.

En el registro también se destaca la necesidad de continuar y profundizar las políticas de prevención en cuanto a la inobservancia e incumplimientos de los proveedores respecto de los derechos de los consumidores y usuarios, especialmente en la contratación de viviendas del tipo prefabricadas, económicas o denominadas viviendas industrializadas de construcción no tradicionales en general.

Una situación de gravedad estalló en Casilda y otras localidades del sur santafesino, que tiene como epicentro la empresa de viviendas prefabricadas Techo Moderno SRL, cuya operatoria fue denunciada por más de treinta damnificados como una “estafa sistemática”.

La firma, con sede en Casilda bajo el nombre Emprender Viviendas, pero con propietarios que serían de Venado Tuerto, había logrado ganarse la confianza de clientes de varias provincias, prometiendo la construcción de casas con precios competitivos, contratos en regla y supuestos antecedentes positivos. Sin embargo, según advierte el abogado Edgar Rasino, todo formaba parte de una “estructura fraudulenta” que se repitió con distintos nombres y protagonistas.

“Venden, construyen una o dos casas para mostrarlas, y con eso convencen a otros. Se quedan con el resto del dinero y desaparecen. Luego arman otra sociedad y repiten el esquema”, denunció Rasino.

La empresa está integrada por tres socios. Según relató el abogado, funcionó correctamente durante sus primeros meses, lo que generó una buena reputación inicial. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó el patrón de incumplimientos.

“Hay casos de incumplimientos de más de dos años. La gente espera, aguanta, porque se trata de la vivienda familiar, algo muy sensible. Pero finalmente, no hay respuestas y no se construye nada”, explicó.

El propio Rasino resultó damnificado: en 2023, su hijo firmó contrato con la empresa por recomendación de un vendedor que conocía personalmente. El pago se realizó en tiempo y forma, pero nunca se avanzó con la obra. “Ahí me di cuenta que no era un caso aislado, que éramos muchos, y decidí convocar a otros afectados para organizarnos”, detalló.

Actualmente, son al menos seis los abogados que trabajan en la presentación penal que se realizará la semana próxima, además de las acciones civiles que seguirán su curso para intentar recuperar parte del dinero perdido.

“Esto no es simplemente un incumplimiento contractual. Por la reiteración de casos, la continuidad de la maniobra y la utilización sistemática de nuevas razones sociales, entendemos que se trata de un delito penal con dolo. Es una estafa”.

Uno de los datos más alarmantes revelados por Rasino es que al menos uno de los integrantes de la empresa estaría operando actualmente con una nueva firma, vendiendo viviendas en localidades como Salto Grande, bajo una fachada distinta, pero con la misma mecánica.

Además, los vendedores que operaban en Casilda y fueron la cara visible de la empresa ya no están en la ciudad.

Los montos perdidos por los damnificados varían enormemente. “Hay personas que pagaron hasta 70 millones de pesos, otras entregaron vehículos como parte de pago. Es devastador. Algunos entregaron todos sus ahorros”, lamentó.

Asimismo, planteó que la confianza de los clientes fue cimentada también a través de publicidad en redes sociales, sponsoreo de equipos de fútbol y presencia mediática. Según Rasino, esa estrategia fue clave para generar legitimidad.

La denuncia penal será presentada en los próximos días y, según adelantó el abogado, incluirá no solo a los socios de la empresa sino a los vendedores y a cualquier persona que haya participado de forma activa en la maniobra.

“Queremos que se investigue todo. Esto no puede volver a pasar. No se trata solo de recuperar dinero, sino de ponerle fin a una cadena de estafas que afecta a familias enteras”.

Ya en el año 2023, la firma Techo Moderno SRL había sido denunciada por varias familias en la ciudad de Rosario por estafa en la construcción de viviendas modulares, no sólo de esa ciudad sino de varias localidades de la provincia de Santa Fe.

Lucas Fabricio Gómez, propietario de Grupo Alamo Viviendas, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional al ser encontrado responsable de dos hechos de estafa cometidos contra vecinos de la ciudad de Firmat, quienes abonaron una cifra importante de dinero para acceder al “sueño de la casa propia” y solamente les construyeron las plateas. 

El juicio se desarrolló durante los últimos días de mayo y comienzos de julio, mientras que la sentencia se informó el viernes 13 en los tribunales de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Vanina Servidio Pozzi y Julián Cochero, mientras que Susana Pepino fue la representante del Ministerio Público de la Acusación durante el juicio. En tanto, Aldo Baravalle fue el juez de la causa.

Al menos una de las víctimas, en contacto con Sur24, manifestó su malestar con el resultado del proceso, teniendo en cuenta que la pena no es de ejecución efectiva (no irá a la cárcel) y al mismo tiempo no lograron un resarcimiento económico debido a que el sentenciado se declaró insolvente.

De esta manera, resta saber si la fiscal Susana Pepino apelará la sentencia con el objetivo de obtener otro cierre de la causa. 

Por el momento, Lucas Fabricio Gómez fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional al ser encontrado penalmente responsable del delito de “estafa en dos hechos y en concurso real”. Además, se establecieron reglas de conductas: constituir domicilio y someterse al patronato de liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas en exceso; abstenerse de tener armas de fuego o portar armas de cualquier tipo y realizar 120 horas de trabajos comunitarios en una institución de bien público. 

Historia del caso

El primer hecho que se conoció mediáticamente tras una publicación de Sur24, donde Jerónimo y Candela, una joven pareja damnificada, dieron detalles de lo padecido. 

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2021, cuando, tras la recomendación de un amigo, en la oficina ubicada en ese entonces en calle Rivadavia, la pareja firmó un contrato con la empresa para adquirir una “pre fabricada”. Al mismo tiempo hicieron una primera entrega de 500.000 pesos.

Posteriormente el 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 más, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega iba a ser un automóvil, pero finalmente la parte damnificada aportó 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo de 2022, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda. Y para avanzar era necesario esperar entre 40 y 45 días a que seque el hormigón.

Al mismo tiempo en el mes de junio la pareja damnificada realizó la instalación de electricidad y gas, informándolo a la empresa, tal cual lo habían acordado.

En ese momento el responsable de la firma comercial contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

Candela y Jerónimo comenzaron a enviar mensajes y a llamar a distintos números de la empresa, pero no obtenían respuestas. Luego consiguieron hablar con un empleado, sin solucionar absolutamente nada. 

A su vez concurrieron a la oficina, pero fue imposible hablar con el dueño.

Con el correr de las semanas, los damnificados se fueron contactando con unas 20 familias de distintas provincias del país a las que les ocurrió algo similar.

Más tarde, al entablar diálogo con el abogado de la firma comercial les manifestó que estaba al tanto del retraso en la construcción de la vivienda, y que el objetivo era cumplir con lo acordado.

Pero nada de eso pasó. A comienzos de abril insistieron nuevamente con el representante legal, pero no obtuvieron respuesta alguna ante el pedido de que “hagan la casa o reintegren el dinero”. Y como contrapartida les manifestaron que iban a tener problemas si publicaban algo en redes sociales.

Finalmente, los damnificados decidieron radicar formalmente la denuncia.

Segunda denuncia

El segundo caso se trata de una mujer (María Florencia R.), también oriunda de Firmat, que firmó el contrato el 1 de octubre de 2021 para la construcción de una vivienda tradicional de 95 m2 en un terreno ubicado en calle Luis Agote entre Maiztegui y Carlota Joubin, acordando la entrega de un anticipo de 3.420.000. Al mismo tiempo le exigieron en concepto de seña 1.741.500 pesos, que fueron cancelados con una camioneta Nissan Frontier (cotizada en 900.000 pesos) y 4.500 dólares. Posteriormente debía abonar (una vez finalizada la obra) 48 cuotas consecutivas, con una tasa del 25% anual, de 43.724 pesos

A fines de enero de 2022 desde la empresa procedieron a construir la platea, pero pasaron los días y no hubo avances en la obra.

La damnificada comenzó a realizar los reclamos correspondientes, primero en forma telefónica y luego presencialmente, pero nunca obtuvo una respuesta satisfactoria.

Finalmente, cansada de la situación decidió radicar la denuncia penal. 

Lucas Fabricio G., propietario de una empresa de viviendas industrializadas en Firmat, enfrenta cargos por "estafa en dos hechos en concurso real y en carácter de autor". El juicio oral y público se desarrolla en la localidad de Melincué, y la fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión de ejecución efectiva.

Primer caso: una pareja joven afectada

Jerónimo y Candela, una joven pareja de Firmat, firmaron un contrato con la empresa de Lucas Fabricio G. el 23 de diciembre de 2021 para la construcción de una vivienda prefabricada. Realizaron entregas de dinero en pesos y dólares, y aportaron un total de 574.000 pesos. Posteriormente, entregaron 600.000 pesos más en efectivo. La empresa construyó únicamente la platea de la vivienda y no avanzó con la obra. Tras múltiples intentos de comunicación sin respuesta, decidieron presentar una denuncia formal.

Segundo caso: una mujer entregó dinero y una camioneta

María Florencia R., también de Firmat, firmó un contrato el 1 de octubre de 2021 para la construcción de una vivienda tradicional de 95 m². Entregó un anticipo de 3.420.000 pesos, que incluyó una camioneta Nissan Frontier y 4.500 dólares. La empresa construyó la platea en enero de 2022, pero no hubo avances posteriores. Tras reclamos infructuosos, presentó una denuncia penal.

Desarrollo del juicio

El juicio oral y público se lleva a cabo en Melincué. La fiscal Vanina Servidio Pozzi estuvo a cargo de la investigación, mientras que Julián Cochero en la acusación. En tanto, Susana Pepino representa al Ministerio Público de la Acusación. La sentencia se conocerá el viernes próximo.

El titular de una empresa de viviendas industrializadas de la ciudad de Firmat se expone a seis años de prisión, acusado de estafar a dos familias que le hicieron entrega de una importante suma de dinero, pero nunca les construyeron la casa.

Se trata de Lucas Fabricio G., quien previamente fue imputado por “estafa en dos hechos en concurso real y en carácter de autor”.

En la jornada ayer jueves se llevó adelante la audiencia preliminar, que es el paso previo al inicio del juicio oral y público. Julián Cochero es el fiscal que llevó adelante la investigación y solicitó una pena elevada (teniendo en cuenta el delito) y de ejecución efectiva.

Se trata de dos casos donde los damnificados entregaron pesos, dólares y hasta vehículos, pero la empresa solo les construyó la platea de la vivienda.

Luego de largos meses de reclamos sin respuestas, decidieron radicar formalmente la denuncia y avanzar intentando revertir la situación, y que la persona acusada afronte la responsabilidad del hecho. 

Historia del caso

El primer hecho que se conoció mediáticamente tras una publicación de Sur24, donde Jerónimo y Candela, una joven pareja damnificada, dieron detalles de lo padecido. 

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2021, cuando, tras la recomendación de un amigo, en la oficina ubicada en ese entonces en calle Rivadavia, la pareja firmó un contrato con la empresa para adquirir una “pre fabricada”. Al mismo tiempo hicieron una primera entrega de 500.000 pesos.

Posteriormente el 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 más, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega iba a ser un automóvil, pero finalmente la parte damnificada aportó 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo de 2022, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda. Y para avanzar era necesario esperar entre 40 y 45 días a que seque el hormigón.

Al mismo tiempo en el mes de junio la pareja damnificada realizó la instalación de electricidad y gas, informándolo a la empresa, tal cual lo habían acordado.

En ese momento el responsable de la firma comercial contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

Candela y Jerónimo comenzaron a enviar mensajes y a llamar a distintos números de la empresa, pero no obtenían respuestas. Luego consiguieron hablar con un empleado, sin llegar a solucionar absolutamente nada. 

A su vez concurrieron a la oficina, pero fue imposible hablar con el dueño.

Con el correr de las semanas, los damnificados se fueron contactando con unas 20 familias de distintas provincias del país a las que les ocurrió algo similar.

Más tarde, al entablar diálogo con el abogado de la firma comercial les manifestó que estaba al tanto del retraso en la construcción de la vivienda, y que el objetivo era cumplir con lo acordado.

Pero nada de eso pasó. A comienzos de abril insistieron nuevamente con el representante legal, pero no obtuvieron respuesta alguna ante el pedido de que “hagan la casa o reintegren el dinero”. Y como contrapartida les manifestaron que iban a tener problemas si publicaban algo en redes sociales.

Finalmente, los damnificados decidieron radicar formalmente la denuncia.

Segunda denuncia

El segundo caso se trata de una mujer, también oriunda de Firmat, que firmó el contrato el 1 de octubre de 2021 entregando 4.500 dólares y una camioneta. A fines de enero de 2022 desde la empresa procedieron a construir la platea, pero pasaron los días y no hubo avances en la obra.

La damnificada comenzó a realizar los reclamos correspondientes, primero en forma telefónica y luego presencialmente, pero nunca obtuvo una respuesta satisfactoria. 

Finalmente, cansada de la situación decidió radicar la denuncia penal. 

Ahora Lucas Fabricio G. está a pasos de un juicio oral y público que puede desembocar en seis años de prisión de ejecución efectiva. 

Nuevamente una empresa de viviendas industrializadas de Venado Tuerto fue denunciada por incumplir el contrato y quedarse con el dinero entregado por el cliente. En esta oportunidad la víctima es una mujer oriunda de la localidad cordobesa de El Pueblito de Salsipuedes quien entregó cerca de dos millones de pesos a la firma comercial El Arca, y por el momento debe continuar alquilando.

Historia del caso

Norma es jubilada, tiene 66 años y atraviesa distintos problemas de salud. En el mes de abril firmó un contrato mediante el cual desembolsó 1.845.000 pesos para la construcción de una vivienda industrializada, la cual una vez autorizados los planos, debía estar terminada y entregada en un plazo máximo de 90 días. 

Lo cierto es que pasaron las semanas y Norma no tuvo novedades. En consecuencia, intentó entablar contacto con los titulares de la firma comercial, pero no encontró una respuesta satisfactoria. Posteriormente recurrió a la defensoría del consumidor, en donde apuesta a que surja una salida a este escenario conflictivo.

Sin respuestas

La parte damnificada entró en contacto con Sur24, donde relataron lo que vienen padeciendo en estos últimos meses.  “En el mes de abril del 2023 celebré un contrato de locación de obra con el Sr. Damián Alberto R., representante de El Arca Viviendas Industrializadas, de la localidad de Venado Tuerto para la construcción de una vivienda en el lote de mi propiedad en calle Cuyo 77 del Pueblito Salsipuedes, Colón, provincia de Córdoba”. 

El precio se abonó “en su totalidad en efectivo, contando con recibo cancelatorio de pago. En ningún momento de la negociación contractual se me informó que el plazo para el comienzo de la vivienda era de 90 días desde la aprobación de los planos de obra, aunque fue incorporado a la cláusula Cuarta del contrato”, agregaron. 

Al día de hoy, desde la empresa “no me han brindado la documentación necesaria para proceder a efectuar dichos trámites (ya los coloca en cabeza del comitente), ante las autoridades competentes, pese a habérselo requerido formalmente”, precisaron. 

Antes esta situación, el vendedor de la empresa “me fue prometiendo iniciar la platea (base sobre la que se asentará la casa) en reiteradas fechas incumplidas. Es evidente que la documentación que acompañaré la malicia con la que se procede el requerido, excediendo de un mero incumplimiento, se trata de un obrar malicioso y fraudulento que requiere sea tratado por la autoridad de aplicación, para evitar la reiteración de casos similares como el presente”, finalizaron. 

Carta documento

El 25 de septiembre la damnifica a través de la Defensoría del Consumidor envió una carta documento a la empresa, donde en el punto 3 lo intiman para que “dentro del término de 15 días contados a partir de la recepción de la presente comience la construcción de la vivienda bajo apercibimiento de entablar las acciones civiles y penales pertinentes para el caso de que no cumpla con lo pactado”.

Ya pasaron más de tres meses y aún no tuvieron respuestas al respecto. 

Una mujer oriunda de Rufino denunció que fue estafada por una empresa de viviendas prefabricadas de Venado Tuerto, a la cual le abonó 900.000 pesos en el año 2021 y sólo construyeron la platea de la casa. Con el objetivo se solucionar el conflicto, contrató un abogado, pero desde hace meses no obtienen respuestas de la firma comercial y en consecuencia decidió radicar formalmente la denuncia.

Se trata de un nuevo caso de los tantos que se registraron en los últimos años y que involucra a una empresa venadense.

Fuentes consultadas por Sur24 indicaron que la damnificada relató que hace dos años firmó un contrato para comprar una casa prefabricada con la empresa “Basualdo Viviendas Industrializadas” de Venado Tuerto.

Precisó que realizó varias transferencias por un valor de 900.000 pesos. En el año 2021 desde la firma comercial procedieron a la ejecución de la platea en el terreno que está ubicado en calle Ayacucho al 800 y posteriormente no avanzaron en la obra. 

A comienzos de 2023 la víctima contrató un abogado el cual estableció contacto con los referentes de la empresa, pero desde hace tres meses dejaron de tener respuestas y no encontraron una salida al incumplimiento del contrato. 

La investigación quedó en manos de la fiscal Rafaela Florit, quien caratuló el caso como “estafa”. 

En los últimos días varios medios cordobeses se hicieron eco de la difícil situación que atraviesa una familia radicada en Río Cuarto, que en abril de 2021 adquirió a una empresa venadense de viviendas industrializadas, en su sucursal de la ciudad de Córdoba, una casa del sistema Steel Frame modelo premium (corazón de acero y cobertura de ladrillos), abonando de contado unos 16 mil dólares, con la promesa de entrega de la unidad en 115 días hábiles.

La damnificada, Gabriela Sieber, contó ante las cámaras de Telediario Digital de Río Cuarto que, una vez incumplidos los plazos, empezaron con los reclamos ante la empresa y se hicieron distintos acuerdos con sus abogados, “que ellos nunca cumplieron”, asegura, a la vez que recurrieron a distintas excusas, desde las dificultades para los traslados durante la pandemia, hasta las dificultades para la importación de materias primas. Ante la falta de respuestas, contrataron una abogada para el envío de cartas documento y, en paralelo, acudieron a los servicios de una organización de defensa del consumidor, conciliando nuevos acuerdos con la empresa que, una vez más, “incumplieron”, según el afligido relato de la denunciante.

A esas alturas, estimaron que la empresa con Casa Central en Venado Tuerto no estaba dispuesta a construir la vivienda, ni tampoco a la devolución del dinero, más aún cuando supieron que habría otras víctimas de la misma operatoria en Bahía Blanca, Rosario, Neuquén, Villa María, Paraná y Bariloche.

Más adelante, Sieber se mostró sorprendida de que, a pesar de las múltiples evidencias de irregularidades, incluyendo resoluciones judiciales en su contra, la constructora sigue adelante con la fabricación y comercialización de los distintos modelos, tanto en sus oficinas de Córdoba, como en las redes sociales. Y sumó que el venadense responsable de la firma “tiene dos empresas más de construcción, una con la que va a vender Steel Frame en los barrios cerrados y otra con la que piensa vender casas de menor calidad. Además, tiene una financiera, con la que otorgó créditos a las personas que le han comprado la casa. Entonces, no les va a entregar la casa y les va a seguir cobrando el crédito”, pronosticó desde su mala experiencia. Y completó con justificada indignación: “Esto no es solamente robar dinero, es robar sueños, es robar proyectos, es robar vida de la gente, con qué derecho”, completó.

Una joven pareja denunció penalmente por estafa a una empresa de viviendas industrializadas de Firmat, a cuál le entregaron 1.600.000 pesos y solo les construyeron la platea.

Jerónimo y Candela perdieron todos sus ahorros, aseguran que se cansaron de esperar y exigen que les reintegren el dinero.

El pago de 574.000 realizado por Candela y Jerónimo a la empresa constructora el 24 de enero de 2022.

Historia de los hechos

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2021, cuando, tras la recomendación de un amigo, en la oficina ubicada en ese entonces en calle Rivadavia, la pareja firmó un contrato con la empresa Grupo Álamo Viviendas, para adquirir una “pre fabricada”. Al mismo tiempo hacen una primera entrega de 500.000 pesos.

Constancia de la denuncia realizada por la pareja damnificada en el Centro Territorial de Denuncias de Firmat el 8 de marzo de 2023.

Posteriormente el 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 pesos, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega iba a ser un automóvil, pero finalmente la parte damnificada aportó 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo del año pasado, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda.  Y para avanzar era necesario esperar entre 40 y 45 días a que seque el hormigón.

Al mismo tiempo en el mes de junio la pareja damnificada realizó la instalación de electricidad y gas, y lo informó a la empresa, tal cual lo habían acordado.

En ese momento Grupo Álamo contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

El recibo del último pago que realizaron Candela y Jerónimo por 600.000 pesos en efectivo.

Candela y Jerónimo comenzaron a enviar mensajes y a llamar a distintos números de la empresa, pero no obtenían respuestas. Luego consiguieron hablar con un empleado, sin llegar a solucionar absolutamente nada. Insistieron, pero pocas veces respondieron entre junio de 2022 y enero de 2023.

Venado Tuerto: quedó en prisión el propietario de viviendas Dream House

A su vez concurrieron a la oficina, pero fue imposible hablar con el dueño de la empresa.

Con el correr de las semanas, los damnificados se fueron contactando con unas 40 familias de distintas provincias del país a las que les ocurrió algo similar.

Más tarde, al entablar diálogo con el abogado de la firma comercial les manifestó que estaba al tanto del retraso en la construcción de la vivienda, y que el objetivo era cumplir con lo acordado.

Bellati promueve controles para evitar estafas con viviendas industrializadas

Pero nada de eso pasó. A comienzos de abril insistieron nuevamente con el representante legal, pero no obtuvieron respuesta alguna ante el pedido de que hagan la casa o reintegren el dinero. Y como contrapartida les manifestaron que iban a tener problemas si publicaban algo en redes sociales al respecto.

Finalmente, los damnificados decidieron radicar formalmente la denuncia el 8 de marzo.

En Venado Tuerto y la región son cuantiosas las estafas en la comercialización de viviendas industrializadas. Incluso son decenas las fábricas instaladas, hasta el punto tal que hay proyectos de ley para declarar a Venado Tuerto como capital provincial, por un lado, y capital nacional, por el otro, de la Vivienda Industrializada.

Rosana Bellatti, diputada provincial por el Partido Socialista.

Ante dicha seguidilla de ilícitos, que además perjudica también a los buenos empresarios, porque todos quedan bajo sospecha, la diputada provincial Rosana Bellatti elaboró un proyecto de ley a los efectos de proteger los intereses de las personas que contratan con estas empresas, que en muchos casos representan la única alternativa que disponen para cumplir el sueño del techo propio.

“Los casos que estudiamos en distintos puntos de la provincia son de lo más diversos, como familias a las que nunca les terminan la casa, o que se la entregan en condiciones inadecuadas, por deficiente construcción o con materiales de baja calidad”, comentó la legisladora del Partido Socialista.

“En nuestra iniciativa, así como existe en la provincia de Córdoba, impulsamos la elaboración de un registro en el cual, todas las empresas del rubro que operen en el territorio santafesino, demuestren no sólo las cualidades de la tecnología constructiva y de los insumos utilizados, sino también cuántas viviendas tienen en desarrollo, cuántas terminadas y cuántas en espera”, planteó la referente regional del partido de la rosa, y amplió: “Una vivienda de estas características se puede levantar en 40 o 45 días, es decir que una empresa, en el lapso de seis meses, por exceso de demanda y escasa solvencia económica, podría estafar en medio año a 60 o más familias si no se arbitran mecanismos de control más rigurosos”, observó.

“El objetivo es que la declaración en este registro sea obligatoria y de periódica actualización para todas las empresas del sector, además de habilitar un ámbito administrativo, más allá de las dependencias provinciales, para que en el acto se conozca si alguna persona resultó estafada o si no se cumplieron los términos de la garantía una vez entregada la vivienda”, remarcó.

“Esperamos lograr la aprobación de este proyecto de ley, y al mismo tiempo queremos avanzar con un proceso de concientización de la población para que todos sepan cuáles son los aspectos clave de la contratación a los que deben prestar mayor atención, cuál es la ‘letra chica’, cómo interpretar la garantía, en fin, adquirir los conocimientos indispensables para evitar caer en las garras de los estafadores”, completó Rosana Bellatti.

Un sujeto de 39 años fue detenido en la jornada de ayer acusado de estafar al menos a cinco personas con la venta de viviendas industrializadas.

La audiencia imputativa se realizó en la mañana de este sábado, en el marco de una investigación que llevó adelante el fiscal Damián Casullo, quien en la jornada del lunes solicitará la prisión preventiva ante el Juez Mauricio Clavero.

Fiscal Damián Casullo

Según datos oficiales a los que accedió Sur 24, el detenido (Ariel, oriundo de Venado Tuerto), trabajó en distintas empresas del rubro en la ciudad. Y comercializaba las casas en todo el país.

En un principio, se sospecha que el sujeto le solicitaba un adelanto de cuotas a las víctimas, los cuales eran transferidos a una cuenta propia o de un familiar, y no a la de la empresa.

En todos los casos, las personas estafadas no pudieron cumplir el sueño de acceder a su casa propia.

El acusado, posteriormente abandonaba el trabajo y se presentaba en otras empresas en donde se transformaba en empleado y repetía el ardid.

Breve historia de los hechos

Ariel fue denunciado a comienzos de año por una mujer oriunda de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, quien abonó como adelanto 1.200.000 pesos. Y por otra señora, de Río Segundo, provincia de Córdoba.

En ese momento, el fiscal Damián Casullo libró una orden de detención, llevando adelante un allanamiento en un domicilio de Venado Tuerto que arrojó resultados negativos.

Desde ese momento se emitió un pedido de captura, el cual se concretó en la jornada de ayer en una empresa de viviendas industrializadas ubicada sobre Ruta Nacional 8.

Juez Mauricio Clavero

El resto de las víctimas, son oriundas de San Francisco (Córdoba), Zapala (Neuquén) y Casilda en la provincia de Santa Fe. En estos casos, los montos fueron menores y oscilaron entre los 50.000 y los 100.000 pesos.

La causa fue caratulada como “Estafa: cuatro hechos en concurso real”. Aunque los investigadores estiman que con el correr de las horas van a surgir nuevas víctimas.

A su vez, una fuente consultada por Sur 24 indicó que “posiblemente las empresas en las que trabajó, también sean víctimas de su accionar”.

Al menos, durante el fin de semana Ariel estará detenido. Y en la jornada del lunes, será el Juez Mauricio Clavero quien defina si aceptar la prisión preventiva que solicitará el fiscal Damián Casullo.

Prisión preventiva ratificada en segunda instancia por causa de estafas.

Se confirmó en segunda instancia la prisión preventiva de un hombre de 27 años que es investigado como autor de estafas vinculadas a la construcción de viviendas industrializadas. Así lo dispuso la camarista Andrea Fernández en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto.

El fiscal Damián Cassullo está a cargo de la investigación de los hechos ilícitos e informó que “la medida cautelar ratificada había sido impuesta por la jueza de primera instancia Paula Borrello” y agregó que “el recurso de apelación fue presentado por la Defensa del imputado”.

En relación a lo resuelto, el funcionario del MPA planteó que “lo confirmación de la prisión preventiva fortalece la posición de la Fiscalía”, y destacó que “la camarista sostuvo que hay elementos que acreditan la imputación que realizamos y evaluó los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio”.

Además, el fiscal contó que “ambas magistradas consideraron parámetros relativos a la peligrosidad procesal del imputado”, y precisó que “hicieron hincapié en su actitud posterior a las estafas y a las causas que lo llevaron a delinquir”.

Cassullo señaló que “el hombre investigado, cuyas iniciales son MGT, llevó a cabo su accionar delictivo por lo menos cinco veces entre enero del año pasado y junio de este año”. En tal sentido, remarcó que “se valió de la estructura de una empresa de venta de viviendas industriales de la que es titular y máximo responsable”.

El fiscal aseguró que “el imputado defraudó a personas que le entregaron dinero y automóviles sin recibir ningún tipo de contraprestación”, y aclaró que “las víctimas le dieron sus pertenencias como adelantos de pago de inmuebles”. Según subrayó, “con su conducta ilícita perjudicó a ciudadanos que persiguen el noble objetivo de tener su propia casa”.

Asimismo, afirmó que “el hombre investigado aparentó solvencia económica y financiera mediante actos públicos y relaciones comerciales”. Al respecto, puntualizó que “a través de diferentes redes sociales y con publicidades estáticas y móviles en las calles de Venado Tuerto, ofertó viviendas que sabía que no iba a poder otorgar”.

“Tras incumplir contratos suscritos, el imputado cesó de forma intempestiva la actividad comercial de la empresa y abandonó la ciudad”, narró Cassullo. No obstante, “el miércoles 18 de agosto de este año, fue localizado en la localidad formoseña de Laguna Blanca y aprehendido por personal policial”, valoró.

El funcionario del MPA detalló que “al hombre investigado se le atribuye la autoría de los delitos de estafa, estelionato y defraudación”.