En un país donde las desigualdades territoriales siguen marcando el acceso a derechos básicos, la salud visual aparece como una deuda silenciosa que impacta de lleno en la educación y el desarrollo de miles de chicos.

En ese contexto, el Gobierno nacional oficializó la creación de un nuevo programa federal que busca intervenir de manera directa en las poblaciones más postergadas.

El lanzamiento del programa federal “Ver para ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, quedó formalizado mediante la Resolución 117/2026.

La iniciativa estará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y apunta a garantizar el acceso a la salud oftalmológica en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

El objetivo es contribuir al desarrollo integral de chicos escolarizados que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellos que viven en zonas rurales, periurbanas o en regiones con escasa cobertura de servicios públicos.

En términos concretos, el programa propone un abordaje integral que incluye diagnóstico temprano, prevención de patologías visuales y atención oportuna.

La estrategia se apoya en una lógica territorial: en lugar de esperar que los pacientes lleguen a los centros de salud, el Estado busca acercar los recursos a las comunidades.

Para ello, la implementación quedará en manos de la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, que tendrá la responsabilidad de coordinar operativos, realizar relevamientos y articular con provincias y municipios.

Uno de los ejes centrales del programa es el reconocimiento del impacto directo que tienen los problemas de visión en las trayectorias escolares.

Diversos estudios y diagnósticos territoriales muestran que la falta de controles oftalmológicos puede convertirse en un obstáculo silencioso pero determinante para el aprendizaje.

Niños que no ven bien tienen mayores dificultades para seguir las clases, leer o escribir, lo que muchas veces se traduce en bajo rendimiento, repitencia o incluso abandono escolar.

En contextos de vulnerabilidad, estas dificultades se potencian por la falta de recursos y de acceso a profesionales especializados.

El programa “Ver para ser Libres” busca intervenir precisamente en ese punto crítico. Al garantizar la detección temprana de problemas visuales y facilitar el acceso a tratamientos, se apunta a mejorar no solo la salud sino también las oportunidades educativas y de integración social.

Además, la iniciativa reconoce que la desigualdad en el acceso a la salud oftalmológica no es homogénea: afecta con mayor intensidad a comunidades alejadas de los centros urbanos, donde la falta de transporte, infraestructura y servicios médicos limita las posibilidades de atención.

Uno de los aspectos más novedosos del programa es su modalidad de implementación. Según lo establecido en la resolución, se utilizarán dispositivos territoriales móviles para llevar la atención directamente a las comunidades.

Estas unidades permitirán realizar controles oftalmológicos, diagnósticos y acciones de prevención en escuelas y espacios comunitarios, eliminando barreras geográficas y económicas. La estrategia incluye también tareas de concientización sobre el cuidado de la salud visual.

La articulación con provincias, municipios y actores locales será clave para el despliegue del programa. La autoridad de aplicación podrá firmar convenios para coordinar operativos, optimizar recursos y adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada región.

Este enfoque federal busca no solo ampliar la cobertura, sino también fortalecer las redes comunitarias y revalorizar el territorio como espacio de intervención social.

Más allá de la atención médica, el programa se inscribe en una mirada más amplia que vincula la salud con el desarrollo integral. Desde el Gobierno sostienen que mejorar la visión de niños y adolescentes impacta directamente en su calidad de vida, su inclusión social y sus oportunidades futuras.

En este sentido, la iniciativa se alinea con la estrategia del Ministerio de Capital Humano de fortalecer el capital humano del país, entendiendo que la inversión en salud y educación es clave para el desarrollo socioeconómico.

El concepto de desarrollo integral que impulsa el programa abarca múltiples dimensiones: desde el rendimiento escolar hasta la integración cultural y la futura inserción laboral. La salud visual aparece, en este esquema, como una puerta de entrada para garantizar derechos y reducir brechas estructurales.

Comenzó el juicio oral y público contra un médico oftalmólogo de la ciudad de Santa Fe, acusado de haber dañado la visión de una paciente. El bloque acusador pretende penas de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa del profesional sostiene que al culminar el debate deberá ser absuelto.

La jueza Celeste Minniti preside el tribunal, compuesto también por los jueces Leandro Lazzarini y Pablo Ruiz Staiger. Si bien el pedido de pena no es elevado, se conformó un tribunal pluripersonal debido a la complejidad del asunto a resolver.

El fiscal Roberto Apullán acusó al oftalmólogo como autor de “lesiones dolosas graves y gravísimas”, por las que pretende que sea condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Además, presentó tres acusaciones alternativas, dos de las cuales contemplan la pena de 6 años de prisión y la restante, una figura culposa, la reduce a 2 años y 6 meses.

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El querellante Mauricio Frois, cuya acusación está en línea con la acusación principal de la fiscalía, señaló que su representada “quiso mejorar su visión y terminó perdiéndola”. El 13 de diciembre de 2013 “concurrió a la clínica del profesional para tratar un problema que empezaba a presentarse, ocasión que el acusado aprovechó para convencerla de que se solucionaría con una simple intervención quirúrgica, a la cual ella accedió” el 17 de ese mes.

El abogado sostuvo que el oftalmólogo no le comunicó a su clienta, previo a la intervención, cuál era su verdadero estado de salud ni cuáles serían los riesgos, las molestias y los efectos adversos y previsible que implicaba el procedimiento, “impidiendo de esta forma que ella brindara un consentimiento libre, eficaz y justificante ante la peligrosa intervención a la cual se sometía, consistente en la extirpación de los cristalinos de sus dos ojos, como también de sus consecuencias”. Hoy padece de visión subnormal, caracterizada por la pérdida de agudeza y fijación.

Además, “en el postoperatorio fue abandonada a su suerte, en un contexto de suma indiferencia” y luego “el acusado ejerció violencia física, golpeándola en su consultorio cuando ella, luego de un año de calvario y padecimiento, le suplicaba que la atienda adecuadamente”, algo que “repercutió negativamente en su cuadro de salud, produciéndole un importante daño psicológico”.

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El abogado defensor Ignacio Alfonso Garrone consideró que “esto se trata de una verdadera excursión a la pesca”. En primer lugar, señaló que “dista demasiado la acusación formulada en el auto de apertura con el alegato”, una cuestión técnica por la que hizo “reserva de la violación del principio de congruencia, una derivación insoslayable del derecho de defensa”.

“En este caso nos encontramos en presencia de una intervención quirúrgica con fines terapéuticos, una cirugía de cataratas con el fin de mejorar la vista”, explicó el letrado, “toda práctica médica genera un riesgo”. En estos casos el profesional médico “no tiene obligación de garantizar un resultado”.

Además, Alfonso Garrone indicó que la paciente firmó un consentimiento informado. “No sólo existe ese documento, sino que también hay una persona que fue sometida voluntariamente a una operación, no es que se la ató en una cama y se la operó”.

El bloque acusador “no dijo cuáles son los estudios prequirúrgicos que omitió realizar el doctor, que se concretan en el resultado lesivo”. La paciente acudió a la consulta del 12 de diciembre de 2013, “se le realizaron los estudios médicos, y hay una solicitud de autorizaciones del médico a Iapos para cirugía de cataratas”.

También “hay un informe de la cátedra de la UBA donde se señala que el profesional cumplió con la lex artis (los niveles de calidad exigibles a los servicios profesionales) más allá de que los resultados no sean los esperados, y hay un consentimiento informado donde se establecen las consecuencias y las probables afectaciones”.

Por esto, el abogado señaló que al finalizar el debate “se solicitará la invalidez de la acusación y la absolución de culpa y cargo” del oftalmólogo. El juicio continuará la semana del 12 de junio y se prevé que el veredicto sea dado a conocer antes del fin de semana.