"Que los sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia o adolescencia debamos hacer público nuestro padecimiento exponiendo un dolor íntimo revela la magnitud de este crimen. La revictimización a la que somos sometidos por la falta de justicia es realmente demoledora". Con estas palabras, la psicoanalista Sonia Almada, titular y fundadora de la ONG Aralma de Argentina, encabezó un planteo de distintas organizaciones de la sociedad civil para reclamara al Congreso de la Nación la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual sufridos en la infancia o la adolescencia.

Junto a las organizaciones CRIN de Reino Unido y la Red de Sobrevivientes de Hispanoamérica en Ecuador, los miembros de Aralma plantearon la problemática en un encuentro en el que participó Juan Pedro Aleart, periodista y sobreviviente que hizo público su padecimiento en el programa de televisión que conduce en Rosario.

Al inicio del encuentro, la Lic. Almada, especialista en la temática, dejó sentado que estas agresiones "afectan el desarrollo de cada bebé, niño, niña o adolescente con secuelas muchas veces para toda la vida. Es un trauma complejo y difícil de superar que hipoteca la vida de quienes fuimos víctimas y hoy somos sobrevivientes. Estamos ante un severo problema de salud pública que debemos resolver ya".

Sobre lo que ocurre en Argentina, Almada asegura que "no hay campañas de prevención, no existe la capacitación adecuada y el acceso a la Justicia es muy complejo, no se le cree ni a las víctimas infantiles ni a los adultos. La prescripción es una barrera infranqueable. La justicia es reparación para nosotros. Es una enorme deuda pendiente con la víctimas de ayer y de hoy. Debe resolverse ahora. Estamos cansados de que cada vez que un caso se mediatiza, las víctimas sean instrumentalizadas, que la sociedad se horrorice y a los pocos días se olvide mientras los pederastas siguen libres. Exijamos a diputados y diputadas que debatan los proyectos de ley".

A su turno, Víctor Sande Aneiros, responsable de la relación con las redes de sobrevivientes de Latinoamérica para Child Rights International Network (CRIN) con sede en Londres expresó que "como organización encargada de la defensa de los derechos de la niñez, una de las barreras que hemos visto que enfrentan los sobrevivientes cuando se sienten listos para denunciar a sus agresores es que ya no pueden hacer las denuncias porque su caso ha prescripto. Los sistemas judiciales debieran responder mejorando el acceso a la Justicia para víctimas y sobrevivientes y la forma más eficaz es eliminando la prescripción penal del delito".

En Argentina se han logrado ampliar los plazos de prescripción, pero no eliminarla. A nivel regional, han avanzado en esta línea países como El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y México pero "Argentina se está quedando atrás. Una reforma legal que elimine los plazos constituiría un reequilibrio en favor de las víctimas porque significa la posibilidad de investigación y enjuiciamiento cuando una víctima esté lista para denunciar a su agresor".

Por su parte, la socióloga Sara Oviedo Fierro, miembro del Comité de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 2013 a 2017; actual representante de la red de redes de sobrevivientes de violencia sexual de Hispanoamérica y de la Red de sobrevivientes de Ecuador, mencionó que si bien ha habido avances en algunos derechos respecto "de la vida que tenían los niños a lo largo de la historia, en violencia sexual no se ha cambiado tanto. No solo la falta de imprescriptibilidad está expresando este hecho sino además una cultura que es muy fuerte y que justifica en nombre de la lealtad familiar hace que no se evidencien las violaciones en los hogares".

Agregó que "no se nombra. Es un drama familiar que se arma en la intimidad para que no salga de ahí e impida a que se comiencen a tratar abiertamente en la sociedad". Fue contundente y dijo que testimonios como los de "Juan Pedro deberían tocar el corazón de los miembros de las instancias que correspondan para tomar las medidas necesarias. Hay fallas en el sistema de administración de justicia. Quisiera alertar sobre la gran deuda. Como Argentina podemos dar los informes al Comité pero no estamos cumpliendo con este tipo de situaciones".

Finalmente, el periodista Juan Pedro Aleart hizo un repaso de su situación y cómo es la actualidad del proceso judicial que le toca atravesar.

"A mis 13 años advertí a mis padres de lo que estaba sucediendo de la forma que pude, y no hicieron nada, los abusos continuaron". Cuando finalmente realizó la denuncia penal contra su progenitor "la fiscal se demoró por la prescripción, pero al final lo hizo", y avanzó en la instrucción.

En relación a su tío también en 2021 dio un paso más. "Me costó muchísimo, primero hacer conscientes los abusos y denunciarlo penalmente. Hay pruebas. El fiscal decidió imputarlo pero en la audiencia los jueces me respondieron que 'todo es creíble y fundado pero está prescripto' y no podían avanzar con la investigación".

Agregó que "los abogados defensores apelaron a la prescripción y al juicio por la verdad, que significa o la impunidad absoluta, o sacarla barata". Tal como lo ha repetido en otras ocasiones, "la prescripción es el refugio de los abusadores. El Estado me da la misma respuesta que me dieron mis padres a los 13 años. El Estado me responde haciendo nada. Lo que estamos pidiendo es que nos dejen entrar a la cancha a jugar el partido en igualdad de condiciones. Es como darle el partido ganado al abusador sin siquiera tener que entrar a la cancha", dijo.

En nuestro país, hasta 2011 el abuso sexual era tratado como cualquier otro delito, es decir, prescribía en el término de doce años. Con la reforma conocida como Ley Piazza (N° 26.705) ese tiempo empezó a correr desde la mayoría de edad de la víctima.

Luego, la reforma de 2015 (la Ley N° 27.206) estableció que la prescripción se toma desde el momento de la denuncia o desde que se ratifica. Pero como esa ley no es retroactiva, quienes fueron víctimas de violencia sexual antes de 2015 quedan afuera de esas reformas, como el caso de Aleart.

Cabe remarcar que Aralma y su Movimiento A Nuestro Tiempo, a través de la legisladora cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, presentaron un proyecto de ley de imprescriptibilidad, que se encuentra vigente en la Cámara de Diputados de la Nación.

También plantearon la creación de una comisión investigadora independiente de la verdad y la reparación que investigue y visibilice los crímenes desde 1930 hasta la actualidad. Una iniciativa de ese tenor fue presentada en la Legislatura santafesina por la diputada Claudia Balagué. "Estás medidas no solo garantizarán que los culpables enfrenten las consecuencias de sus acciones, sino que también enviará un mensaje claro de que la sociedad no tolerará la impunidad frente a estos crímenes", sostuvieron desde la organización.

Condenaron a un hombre a 10 años de prisión por haber abusado de su sobrina -cuando ella era adolescente- en un hotel de San José del Rincón. Se trata de Manuel Alejandro Pérez, de 36 años, quien además fue sobreseído de otras dos acusaciones similares debido a que los jueces consideraron que están prescriptos.

La sentencia fue dispuesta por un tribunal compuesto por los jueces Cecilia Labanca -presidenta-, Jorge Patrizi y Pablo Ruiz Staiger, en un juicio oral que finalizó este jueves por la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Le impusieron 10 años de prisión tras considerarlo autor de "abuso sexual con acceso carnal".

Por otro lado, el tribunal decidió sobreseerlo por la prescripción de la acción penal en relación a abusos sexuales con acceso carnal que, de acuerdo con la atribución delictiva, cometió en perjuicio de otras dos integrantes de su entorno familiar.

La fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1, Alejandra Del Río Ayala, estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, informó que "esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para analizar por qué los magistrados resolvieron de la forma en la que lo hicieron".

La fiscal indicó que "el condenado vulneró la integridad sexual de la hija de su hermana en una fecha comprendida entre septiembre y octubre de 2015, cuando ella transitaba la escuela secundaria".

"Pérez trasladó a su sobrina hasta un hotel de Rincón con la excusa de conversar sobre sus problemas de conducta", y agregó que "le dijo que iban a encontrarse con una amiga de él". Sin embargo, remarcó que "una vez allí, la agredió sexualmente".

"Dadas las circunstancias del abuso y la relación entre la víctima y el atacante, el abuso tuvo entidad suficiente para generar consecuencias en la salud física y psicológica de la sobrina del condenado", aseguró Del Río Ayala.

En cuanto al origen de la investigación, la funcionaria del MPA sostuvo que "en el marco de diligencias que llevamos a cabo a partir de la denuncia de otras conductas delictivas, una prima de la víctima mencionó lo que sabía sobre el hecho ilícito".

En tal sentido, valoró que "por entonces la joven que fue abusada ya era mayor de edad y, tras ser convocada por la fiscalía, contó en una entrevista lo sucedido".

La actividad formativa concitó el interés de los arquitectos locales.

El Colegio de Arquitectos de Santa Fe firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para instrumentar la capacitación del personal del colegio y los integrantes de las mesas directivas de las sedes Venado Tuerto, Casilda y Rosario en la atención de situaciones de violencia sexual y discriminación basadas en el género, adhiriendo, de esta manera a lo dispuesto por la Ley Nacional N°27.499 conocida como “Ley Micaela” En ese marco, este miércoles, se hicieron presentes en la sede del Colegio de Arquitectos, Distrito 3, Venado Tuerto, Mariangeles Camusso, Carla Millán y Celina Grasso, integrantes del Área de Genero y Sexualidad de la UNR, quienes se reunieron con los directivos y personal de la entidad para elaborar un primer diagnóstico de situación que derivará en un programa de capacitación virtual dividido en varios módulos de instrucción y un trabajo final evaluativo con el que se podrá designar un referente en cada distrito que esté a cargo de atender las situaciones que enmarca la normativa. “Este proceso de formación y preparación tiene como objetivo favorecer la incorporación del enfoque de género y diversidad, dentro del Colegio de Arquitectos, que permitan brindar herramientas e identificar las violencias por motivos de género, atender estas situaciones cuando se presenten y elaborar estrategias tendientes a su erradicación” indicaron desde la entidad colegiada local

La ley N° 27499, conocida como “Ley Micaela”, es una normativa promulgada el 10 de enero de 2019 que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. La sanción de la normativa fue resultado de la movilización social tras este femicidio y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género