Desde el Municipio de Firmat se impulsan nuevas acciones orientadas a la erradicación de las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, liderada por el equipo de Firmat Joven, busca generar conciencia y herramientas en distintos espacios sociales y deportivos donde se detectan situaciones de riesgo.

La campaña, bajo el lema “Este club toma partido por infancias libres de violencias”, incluye la distribución de cartelería y folletería en encuentros deportivos, con el objetivo de involucrar a clubes locales, ligas y entidades de la región en un trabajo articulado con el Estado.

Capacitaciones y participación comunitariaGina Di Giuni, coordinadora de Firmat Joven, explicó que el año pasado comenzaron con charlas y capacitaciones destinadas a profesores y dirigentes deportivos. “Ahora estamos reforzando el mensaje con presencia visual en los partidos. Queremos que los espacios donde se desarrollan las infancias sean seguros y libres de cualquier tipo de violencia”, señaló.

Intervención en escuelas y eventos nocturnosPor su parte, la secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini, remarcó que el trabajo no se limita al ámbito deportivo: “Estamos presentes también en las tres escuelas secundarias, abordando la prevención de consumos problemáticos, violencias y adicciones”. Además, destacó la tarea preventiva que se realiza en fiestas y eventos nocturnos, donde asiste gran cantidad de jóvenes.

Se promulgó la Ley 27.709 conocida como Ley Lucio. La misma fue impulsada tras el asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años, en La Pampa. A través de esta norma se busca prevenir las violencias y abusos en la infancia.

La reglamentación se efectuó con la publicación del Decreto 253/2023 en la última edición del Boletín Oficial, con la firma de Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

La Ley Lucio establece capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en derechos de los niñas, niños y adolescentes, para “personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

“Podrán también ser destinatarios del citado plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley”, aclara la normativa.

Teniendo en cuenta distintas variables socioeconómicas, “los contenidos del Plan Federal de Capacitación” deben ser elaborados” en el plazo de seis meses desde su publicación en el boletín oficial de la presente ley, en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF)”.

Con la presencia en el recinto del abuelo del niño, Ramón Dupuy, el Senado había convertido en ley el proyecto el pasado 13 de abril, por unanimidad. La iniciativa, además, tenía media sanción de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.

Lucio fue asesinado el viernes 26 de noviembre de 2021. Lo mataron a golpes. Sin embargo, entre el 15 de diciembre de 2020 y el 23 de marzo de 2021, el niño ingresó cinco veces a distintos centros de salud de La Pampa para ser atendido por golpes, fracturas y traumatismos.

El día del crimen, su madrastra salió a las 21.26 horas con el cuerpo del nene en andas de su domicilio de Allan Kardec 2385 (en Santa Rosa, la capital pampeana) buscando auxilio. Unos vecinos y una enfermera le hicieron RCP. Y después lo llevaron a un hospital. Allí un médico certificó la muerte a las 21.45 horas.

La autopsia reveló que lo mataron a golpes. Le estalló el hígado. Le pegaron con un palo y después tenía la marca de una pisada: era la suela de la zapatilla que tenía de Abigail Páez. También le pegaron una trompada: tenía los nudillos marcados en el rostro. Los golpes en la cabeza le provocaron la inflamación del cerebro.

En el cuello tenía quemaduras hechas con un cigarrillo o la punta de un sahumerio, reveló la sentencia del caso.

Los chats entre la madre y la novia revelaron que desde diciembre de 2020 las mujeres maltratan a Lucio, cuando tenía 4 años y medio. Lo golpeaban, y lo castigaban con penitencias que eran como torturas.

En esos chats ambas admiten que querían que “desaparezca”: mientras la madre se quejaba de los golpes que Páez le daba a Lucio, la novia le reprochaba que la madre lo quería matar.

Una ONG de los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2020, la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa otorgó la tenencia del menor a su madre, y a la pareja de esta, quienes actualmente están detenidas por el crimen del niño, a la espera de que el próximo jueves un tribunal de juicio resuelva si son o no culpables, informaron fuentes judiciales.

La acusación daría inicio a una investigación formal sobre la culpabilidad de la denunciada, junto a los demás funcionarios dependientes que, sin tomar los recaudos socio-ambientales, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte.

La denuncia penal fue ingresada por la Fundación “Más Vida” en la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa. Una vez que se inicie la investigación formal —explicaron en un comunicado— “podrá determinarse la culpabilidad de la magistrada denunciada, junto al resto de los funcionarios intervinientes que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.

“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso….”, lamentó Raúl Magnasco, presidente de la fundación denunciante.

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Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, dé un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.

Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en diálogo con Radio Mitre.

Además, el abuelo del niño de 5 años aseguró que desde el asesinato de Lucio, Pérez Ballester nunca se comunicó con la familia para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.

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Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas a la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.

El próximo jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

La pena no se dará a conocer ese día, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua. En caso de que el Tribunal valorará las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.