Por María José Valdéz y María José Ramón(El Litoral)

En una decisión que busca dar respuesta a una problemática que crece en toda la provincia, el Gobierno de Santa Fe presentó este lunes una nueva aplicación gratuita destinada a prevenir el acceso de menores a plataformas de apuestas ilegales, contenidos violentos y sitios web no autorizados. La herramienta fue desarrollada en conjunto por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y la Lotería de Santa Fe.

La presentación oficial se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, quienes remarcaron que la medida apunta a ofrecer una herramienta concreta a las familias frente a una preocupación que atraviesa a toda la comunidad.

Durante el acto, Di Lena advirtió que la ludopatía en menores dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en una realidad cotidiana. Recordó que, al asumir la gestión, uno de los primeros diagnósticos fue el crecimiento sostenido de las apuestas online entre adolescentes y la facilidad con la que los chicos acceden a plataformas ilegales desde sus propios teléfonos.

“Nos chocamos con esta realidad de frente”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó que la provincia ya logró el bloqueo judicial de 385 páginas clandestinas. Sin embargo, explicó que el problema persiste porque esos sitios cambian rápidamente de dominio y vuelven a operar casi de inmediato.

Según detalló, datos de UNICEF indicaron que durante el último año uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años apostó al menos una vez. A nivel local, agregó, relevamientos propios mostraron porcentajes aún más altos en determinadas ciudades santafesinas.

La principal novedad de la aplicación es que modifica por completo la lógica tradicional del control parental. En lugar de bloquear manualmente páginas o aplicaciones consideradas peligrosas, el sistema parte desde un esquema cerrado y seguro.

Es decir, el dispositivo del menor queda configurado para acceder únicamente a los contenidos previamente habilitados por sus padres o tutores. De esta manera, se evita que las familias tengan que identificar una por una las miles de páginas de apuestas, violencia o contenido adulto que circulan en internet.

Di Lena explicó que esa fue la clave del desarrollo tecnológico: “era imposible para un padre cargar todas las páginas que no quiere que su hijo vea”. Por eso, la app invierte el criterio: bloquea todo y habilita solo aquello que la familia considera adecuado.

La herramienta funciona a través de dos aplicaciones complementarias. Una está destinada a los adultos responsables, desde donde se administran permisos, perfiles y accesos; la otra transforma el teléfono del menor en un entorno protegido, sin posibilidad de utilizar navegadores externos o descargar aplicaciones por fuera de la autorización parental.

En uno de los pasajes centrales del anuncio, Pullaro vinculó el lanzamiento con el reciente episodio ocurrido en San Cristóbal, donde amenazas de tiroteo en una escuela generaron fuerte conmoción social.

El gobernador sostuvo que ese hecho terminó de acelerar la decisión política de avanzar con una herramienta que permitiera a los padres conocer mejor qué hacen sus hijos en internet, con quién interactúan y qué tipo de contenidos consumen.

“Antes nuestros hijos se encontraban en la canchita del barrio; hoy gran parte de esa socialización sucede frente al celular”, expresó, al introducir el concepto de “barrio digital”.

Para el mandatario, allí radica uno de los principales desafíos actuales: comprender que la vida social de niños y adolescentes transcurre en buena medida en plataformas, redes y videojuegos, y que el Estado debe acompañar a las familias con herramientas modernas.

Pullaro explicó que la aplicación parte de una base de 400 páginas web y 200 apps habilitadas, vinculadas a usos considerados seguros, aunque aclaró que cada familia podrá restringir aún más esos accesos o sumar nuevas autorizaciones según sus propios criterios.

“No se trata de prohibir la tecnología, sino de construir un entorno mucho más seguro”, enfatizó.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la problemática no se limita a las apuestas ilegales. También busca prevenir la exposición a contenidos violentos, discursos de odio, sexualización temprana y situaciones de riesgo en redes sociales.

La expectativa oficial es que la aplicación llegue a los más de 900 mil estudiantes que integran el sistema educativo santafesino y a las familias de toda la provincia, con especial foco en la prevención temprana.

La herramienta ya puede descargarse de manera gratuita para Android y iOS y forma parte de una estrategia más amplia que incluirá campañas en escuelas, clubes e instituciones para promover el uso responsable de la tecnología.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados, votó un proyecto de ley de la justicialista Celia Arena orientada a dar una respuesta concreta frente a la violencia digital en el ámbito escolar. La llamada ley Ema parte de una premisa central: "lo virtual es real".

Las situaciones que ocurren en redes sociales, grupos o plataformas digitales no quedan aisladas, sino que impactan directamente en la vida cotidiana de chicos y chicas, en las escuelas y en sus familias. La ley Ema busca reconocer esta realidad y actuar en consecuencia.

El nombre de la futura ley homenajea a Ema Bondaruk, una adolescente de 16 años, de la provincia de Buenos Aires, que se quitó la vida en agosto de 2024 tras la difusión no consentida de material íntimo en su entorno escolar.

El proyecto votado en Santa Fe establece la necesidad de que el Estado provincial brinde herramientas, formación y guías de intervención para abordar situaciones de violencia digital, acompañando a las instituciones educativas sin sobrecargarlas, pero sí fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a problemáticas que ya están presentes en las aulas.

La iniciativa reconoce el recorrido y el compromiso de familiares y organizaciones que impulsaron esta agenda a nivel federal, entre ellas la mamá de Ema, Laura Sánchez, junto a espacios como Faro Digital, el Colectivo Ley Olimpia y Defensoras Digitales. "Su trabajo ha sido clave para visibilizar una problemática muchas veces minimizada y transformarla en una causa colectiva", marcó Arena al fundamentar el proyecto en el recinto.

En esa línea, destaca la importancia de nombrar la violencia digital como tal, entendiendo que ponerle nombre es el primer paso para dejar de invisibilizarla y comenzar a construir respuestas públicas efectivas.

La futura norma Ema retoma, además, el espíritu de otras normativas como la Ley Micaela, al plantear que frente a violencias estructurales el Estado debe formarse, revisar sus prácticas y estar a la altura de los desafíos actuales.

"Que el dolor no quede encerrado en una historia íntima, sino que se transforme en memoria, lucha y horizonte compartido", expresó la diputada. A través del proyecto aprobado, propone convertir una ausencia en una política pública capaz de prevenir, acompañar y reparar.

El proyecto también recibió adhesiones, aportes y comentarios de instituciones y actores clave, como Aldeas Infantiles SOS Argentina, los Colegios de Psicología de la 1ª y 2ª circunscripción de Santa Fe, y los Colegios de Abogados de ambas circunscripciones. Estas contribuciones fortalecieron la propuesta, incorporando miradas profesionales y territoriales para construir una respuesta más integral frente a la violencia digital.

"La media sanción representa un paso fundamental para que la provincia cuente con herramientas concretas frente a la violencia digital y para que ninguna familia vuelva a sentirse sola ante estas situaciones", marcó la justicialista.

"Esta ley nace de una convicción: el Estado no puede llegar tarde. Las escuelas no pueden estar solas. Hay violencias que necesitan ser nombradas para poder ser enfrentadas. El texto votado es el resultado de un camino colectivo. De escuchar, de aprender y de trabajar junto a familias, organizaciones y profesionales que hace tiempo vienen poniendo este tema sobre la mesa", le dijo a El Litoral.

El texto aprobado parte de crear el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo - Ley Ema -, con la finalidad de promover entornos digitales seguros y libres de violencias para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y comunidades educativas de todos los niveles del sistema educativo santafesino.

El objeto definido es establecer políticas públicas, acciones y herramientas que promuevan y fortalezcan el derecho a la educación digital libre de violencias, garantizando entornos seguros, alfabetización digital responsable y formación crítica sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación – TIC -, conforme a los principios de igualdad real, perspectiva de género y derechos humanos.

El sistema alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Provincia, en sus distintos niveles y modalidades, e involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y personal no docente, con especial atención en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Entre las finalidades definidas está la de elaborar e implementar políticas públicas activas para la prevención y el abordaje integral de la violencia digital; brindar lineamientos pedagógicos y herramientas a docentes y equipos de orientación escolar; incorporar en los programas curriculares contenidos de ciudadanía digital, consentimiento y privacidad; impulsar lineamientos orientativos y de articulación interinstitucional para que los establecimientos educativos puedan abordar de manera adecuada situaciones derivadas del uso de entornos digitales; y, fomentar la participación activa de centros de estudiantes, familias y comunidades educativas como agentes de prevención y promotores de derechos digitales.

Se entiende por violencia digital toda conducta, acción u omisión cometida, instigada o agravada mediante el uso de tecnologías digitales, con el objeto de causar daño físico, psicológico, sexual, económico o moral, tanto en el ámbito público como privado.

Se incluyen, entre otras, la obtención, difusión o reproducción no consentida de imágenes íntimas o de desnudez; acoso, hostigamiento, extorsión, control o espionaje digital; suplantación de identidad o difusión no autorizada de datos personales; discursos de odio, misoginia o discriminación en entornos virtuales; manipulación o creación de contenidos mediante inteligencia artificial generativa; y, cualquier forma de violencia digital reconocida en la Ley Nacional Nº 27.736 - Ley Olimpia- y normas concordantes.

Una de las escasas actividades anunciadas para esta semana en la Cámara de Diputados es la convocatoria a un plenario de tres comisiones para avanzar en el análisis del proyecto votado por el Senado sobre la futura ley orgánica de Municipios.

Este jueves, desde las 11, en el recinto de la Cámara Baja, sesionarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Gobiernos

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Grooming -que se conmemora cada 13 de noviembre-, el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Agencia de Investigación de Trata de Personas y Violencia de Género, llevó adelante en Santa Fe la Jornada “Conectá con Seguridad”, orientada a promover la prevención y la sensibilización sobre los delitos digitales contra niñas, niños y adolescentes.

La actividad, realizada en El Molino Fábrica Cultural, reunió a estudiantes de distintos niveles educativos, docentes, madres, padres, integrantes de las fuerzas de seguridad y personal de los ministerios de Salud y de Educación. A lo largo de la jornada participaron en talleres de reflexión y en espacios de formación para conocer más sobre el delito de grooming.

El director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, explicó que “el grooming es el acoso que ejercen personas adultas a través de estrategias de captación en redes sociales u otros medios de comunicación digital, con el fin de ganarse la confianza del menor, vulnerar su intimidad y su voluntad”. Añadió que, una vez conquistada esa confianza, “mediante el chantaje, la extorsión o el hostigamiento buscan cometer delitos de índole sexual”.

Galfrascoli advirtió, además, que “el grooming muchas veces es el primer paso para cometer delitos aún más graves, vinculados a la producción, distribución o tenencia de material de abuso sexual infantil, que luego circula en redes de pornografía internacional”.

Sobre el objetivo de la jornada, señaló que “pretendemos concienciar y difundir qué es el grooming, para que cada persona y cada familia cuenten con herramientas que les permitan detectarlo y denunciarlo”. Recordó también que este delito está penado por el Código Penal Argentino, con una condena de hasta cuatro años de prisión.

La coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, detalló que “en los talleres se explican las distintas maneras en que los chicos pueden ser captados, a través de métodos que, por su inmadurez, los vuelven vulnerables frente al delito de grooming”.

Respecto a los modos de captación en redes sociales, Carrizo explicó que “los agresores suelen hacerse pasar por personas del mismo sexo o de la misma edad, utilizando perfiles falsos para generar un vínculo de amistad”. Subrayó que este tipo de iniciativas “son fundamentales para abordar un delito que nos atraviesa y exige una respuesta urgente”.

Durante la jornada se desarrollaron las siguientes actividades:

* Para niños y adolescentes: “Huellas digitales: ¿Quién ve lo que publicás?”; “Superhéroes digitales (juego de postas sobre privacidad y contraseñas)”; “Amistades virtuales: ¿aliados o riesgo?”, y “Ciberactivismo: creando contenido seguro (TikTok/Reels)”.* Para adultos: conversatorio “Grooming: señales de alerta y cómo activar el protocolo de auxilio” (Ley 26.904).* Para padres y docentes: charla-taller “Parentalidad digital: herramientas prácticas para el acompañamiento”.* Espacio permanente: “¿Cómo denunciar?”, con un simulador para cargar denuncias en la app 137.

(Por Rodrigo Agostini) - La convivencia humana es un delicado equilibrio sostenido por valores compartidos, emociones personales y el entorno social en el que habitamos. En un mundo cada vez más interconectado, donde las interacciones trascienden lo físico, la construcción de una ciudadanía respetuosa enfrenta desafíos sin precedentes. La violencia, en cualquiera de sus formas, emerge como un síntoma de desigualdades estructurales, emocionales y culturales, amplificadas por la hiperconexión digital. Reflexionar sobre cómo educar para la empatía, fortalecer los vínculos sociales y garantizar oportunidades equitativas es esencial para construir una sociedad más justa y resiliente.

La violencia física, que ha sido históricamente el centro de atención en debates sociales y académicos, representa un acto tangible y visible que deja marcas inmediatas en las víctimas. Golpes, agresiones y enfrentamientos tienen un impacto innegable en la salud física y mental, y su frecuencia continúa siendo alarmante en muchas comunidades. Sin embargo, la violencia no se limita al daño físico; las palabras también tienen un poder destructivo. La violencia verbal, muchas veces ignorada o subestimada, puede ser tan perjudicial como la física, dejando cicatrices emocionales que afectan profundamente la autoestima y las relaciones interpersonales. Las humillaciones, insultos y comentarios despectivos son armas que lastiman desde dentro, debilitando a las personas y socavando su confianza.

En la era digital, estas formas tradicionales de violencia han encontrado nuevos canales de expresión, menos evidentes, pero igual de perjudiciales. Las redes sociales, que en teoría fueron diseñadas para conectar a las personas, han dado lugar a dinámicas de hostilidad que amplifican las desigualdades y el sufrimiento emocional. Uno de los fenómenos más preocupantes en este contexto es el de los haters, individuos que, escudados en el anonimato que permiten estas plataformas, se dedican a atacar, deshumanizar y ridiculizar a otros. Los haters son un síntoma claro de cómo la desconexión emocional y la impunidad digital han transformado el espacio virtual en un terreno fértil para la violencia.

Los ataques de los haters no son incidentes aislados. Estas agresiones suelen estar cargadas de racismo, sexismo, clasismo o cualquier otro tipo de prejuicio que alimenta el odio. En un mundo hiperconectado, un comentario malintencionado puede viralizarse rápidamente, amplificando el daño hacia las víctimas y creando un efecto de contagio que fomenta una espiral de violencia colectiva. Este tipo de comportamientos no solo afecta a los directamente implicados, sino que también moldea las normas sociales, normalizando la agresión y deshumanización como parte del discurso público.

El impacto de esta violencia digital es devastador. Las víctimas enfrentan niveles elevados de ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. La exposición constante al rechazo y la hostilidad digital afecta el bienestar emocional, limitando su capacidad para participar plenamente en la vida social. Este problema es particularmente grave en adolescentes y jóvenes, quienes están en una etapa crucial de formación de su identidad y autoestima. En este sentido, el daño no se limita a las víctimas individuales: las dinámicas de odio y exclusión digital debilitan la cohesión social, erosionan la confianza mutua y profundizan las divisiones en la sociedad.

Para abordar esta problemática, es necesario reconocer que la violencia, en cualquiera de sus formas, no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de desigualdades más profundas. Las brechas económicas, sociales y culturales generan condiciones que perpetúan la hostilidad y el conflicto. La educación, tanto formal como informal, tiene un papel crucial en la construcción de una sociedad basada en el respeto y la empatía. En palabras de Martha Nussbaum, cultivar emociones pro-sociales como la compasión y la solidaridad es fundamental para fortalecer la democracia y las relaciones humanas.

Educar en valores, sin embargo, no puede limitarse a enseñar conceptos abstractos. Es fundamental que las personas comprendan cómo sus acciones, tanto en el espacio físico como en el digital, tienen un impacto directo en la vida de los demás. Esto implica enseñar habilidades como la resolución de conflictos, la comunicación efectiva y el manejo de las emociones. En un mundo donde las redes sociales amplifican tanto las conexiones como las críticas, es imprescindible fomentar una ciudadanía digital responsable, que utilice estas herramientas como espacios para el diálogo, el aprendizaje y la colaboración, en lugar de perpetuar dinámicas de exclusión y violencia.

La resiliencia emocional es una de las habilidades más necesarias para enfrentar estos desafíos. Daniel Goleman, en su trabajo sobre inteligencia emocional, destaca que la capacidad de manejar las emociones y responder de manera constructiva a los desafíos no solo mejora la calidad de vida individual, sino que también contribuye a la cohesión social. Enseñar a los jóvenes a manejar el rechazo, las críticas y los conflictos es tan importante como instruirlos en matemáticas o literatura. Sin embargo, esta resiliencia no puede construirse en un vacío. Requiere entornos que valoren la diversidad, promuevan el respeto mutuo y ofrezcan modelos positivos de comportamiento.

En este contexto, las redes sociales pueden transformarse en herramientas poderosas para el cambio, si se utilizan con propósito y responsabilidad. Movimientos sociales como Black Lives Matter o Ni Una Menos han demostrado el potencial de estas plataformas para movilizar a millones de personas en torno a causas justas. Estos ejemplos nos muestran que, cuando se usan para construir, las redes sociales pueden ser aliadas en la lucha por la igualdad y el respeto. Sin embargo, esto requiere un compromiso colectivo para regular y moderar el contenido, promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad en el espacio digital.

La construcción de una sociedad más justa y resiliente no puede recaer únicamente en las instituciones educativas o las familias. Es un esfuerzo colectivo que implica a todos los actores sociales, desde las empresas tecnológicas hasta los gobiernos y las organizaciones comunitarias. Como dijo Paulo Freire: "La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo". Esta transformación requiere no solo una reflexión profunda sobre los valores que queremos promover, sino también acciones concretas que fortalezcan el tejido social.

En este camino, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Ya sea enseñando a los jóvenes a utilizar las redes sociales de manera responsable, promoviendo políticas públicas que reduzcan las desigualdades estructurales o simplemente eligiendo nuestras palabras con cuidado en las interacciones diarias, todos podemos contribuir a construir una sociedad basada en la empatía, la igualdad y el respeto.

La violencia, en cualquiera de sus formas, es un recordatorio de las fallas en nuestra convivencia, pero también una oportunidad para reflexionar y actuar. Como señaló Martin Luther King Jr.: "La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; solo el amor puede hacer eso". La clave está en no perder de vista que, aunque el cambio es un proceso lento y complejo, cada paso cuenta en el camino hacia un futuro más justo y humano.

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y la Defensoría del Pueblo, presentó un proyecto de Ley para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencia digital y mediática en la Legislatura provincial.La iniciativa se basa en la Ley nacional N° 27.736 (Ley Olimpia), promulgada en 2023 y modificatoria de la ley nacional N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Además, busca ampliar la Ley Provincial Nº 13.348 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”.

La presentación se realizó en el hall de la Legislatura, y estuvieron la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la secretaria de Mujeres, género y diversidad, Alicia Tate; el Defensor del Pueblo, Jorge Henn; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

Durante la presentación se emitió un video de salutación de Fernanda “Chachi” Telesco, una superviviente de la violencia digital y a quien esta normativa busca reparar con la resignificación de su historia. 

Durante la actividad y al respecto, la ministra Tejeda indicó que “venimos a la Legislatura a presentar este proyecto de ley que hemos construido junto con la Defensoría del Pueblo, pero que está abierto para todos los y las que quieran enriquecerlo”.  

“Tenemos la orden de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro de abordar todos los temas, en este caso, lo que es la violencia digital y lo que implica. Por eso era necesario poder estar presente, informando, comunicando cómo estamos trabajando, y ahora esperando ansiosos que pueda ser tratado”, sostuvo Tejeda.

A su turno la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad agregó: “Es un primer paso importantísimo para proteger a las posibles víctimas de los delitos digitales. Tenemos el triste antecedente de que el primer caso de violencia digital se cometió contra una mujer joven, contra “Chachi” Telesco, que sucedió hace 17 años y que debido a la falta de normativa y de jurisprudencia, ni siquiera en la Justicia pudo obtener una reparación. Este proyecto apunta fundamentalmente a la prevención. Reparar es llegar tarde”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Jorge Henn sostuvo que “las redes significan hoy un espacio de oportunidades, pero también un espacio donde se producen acciones disvaliosas que no están contempladas en el Código Penal, ni tampoco en los códigos de convivencia. Frente a este hecho es necesario la implementación de normativas que visibilicen el hostigamiento digital relacionado con una víctima mujer. Festejamos este proyecto, este trabajo conjunto porque de alguna forma, implica poner el acento en la prevención, pero también en que se prevean algunas figuras en el Código de Convivencia”.

Por último el presidente previsional del Senador, Felipe Michlig, indicó que “es una alegría que podamos tener este proyecto de ley para trabajar en una normativa de contención, pero por sobre todo de prevención, concientización, que también preserve derechos y asegure derechos. Vamos a poner todo de nosotros para que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados convierta en ley esta iniciativa”.

La normativa contempla una serie de reformas al Código de Convivencia que incluye la tipificación como contravención de distintos tipos de violencia digital, tales como el hostigamiento digital, la vigilancia electrónica no consentida, la sextorsión, el ciberacoso, la suplantación de identidad, entre otros. También el desarrollo de un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible para contener, informar y asesorar sobre recursos para la prevención del acoso y violencia digital.Se estipula además el desarrollo de un protocolo específico para el abordaje de las situaciones de violencia digital cuando las víctimas sean niñas, niños y/o adolescentes. A su vez, se plantea la incorporación de la temática de Violencia Digital y ciberseguridad en los contenidos curriculares escolares, ya que para lograr un cambio cultural es fundamental trabajar desde las infancias. Y el desarrollo de un curso virtual y gratuito para consumidores de servicios y productos digitales, orientado a la prevención de la violencia digital.

El proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocido como Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo, tendrá su tratamiento final el martes, ya que fue incluido en la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados.

La iniciativa lleva el nombre de la activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, ya fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso, pero vuelve a Diputados por una cuestión técnica.

Florencia Zerda, abogada y presidenta de Género y TIC (Gentic), explicó a Télam que "lo que tiene que modificarse es la omisión de una frase que es 'participación política' dentro del artículo cuatro de la ley. Fue un error técnico, así que esperamos que este martes salga".

El proyecto presentado originalmente por la diputada Mónica Macha (FdT) fue impulsado por la propia Olimpia, que estuvo la semana pasada en Argentina y participó de la sesión en el Senado que dio su aprobación, junto a sobrevivientes argentinas de violencia en entornos digitales.

La Cámara de Diputados de la Nación.

La iniciativa incorpora la violencia digital como una modalidad de la violencia por motivos de género y aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

Además incluye la alfabetización digital a modo preventivo de estas violencias y el asesoramiento a las víctimas.

"Una vez que salga, esperemos que esto ayude también a presionar a que se empieza a tratar en la Comisión de Legislación Penal, a cargo de la diputada María Luján Rey (PRO), el proyecto de Ley Belén que complementa la Ley Olimpia, porque sino no va a poder tener plena aplicación", destacó Zerda.

El otro anteproyecto al que se refiere la abogada busca incluir como delito al Código Penal la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, la extorsión y los deepfake (video, imagen o audio que imita la apariencia y el sonido de una persona generada por Inteligencia Artificial).

Esta iniciativa es en honor a Belén San Román, una joven policía bonaerense de 25 años que se suicidó luego que un hombre con quien se relacionaba online difundiera un video íntimo sin su consentimiento.

En México, Olimpia logró que 32 estados de su país tengan ley, propuestas similares se debaten en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia y Estados Unidos.

El martes sería el turno de Argentina.