Nicolás Castro, un boxeador profesional de 26 años fue condenado a doce años de prisión efectiva por intentar matar a su pareja en un ataque que incluyó golpes, patadas y mordeduras, además de amenazas de muerte hacia la víctima y su familia. El hecho ocurrió el 28 de julio de 2024, en la localidad de Santa Isabel, luego de una discusión mientras regresaban de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, y la sentencia se resolvió en el marco de un juicio abreviado, con acuerdo de la fiscalía, la defensa y la propia víctima. La jueza Paula Borrello homologó la pena, que incluyó la consideración de tentativa de homicidio calificado (femicidio), violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad, todos en concurso real de delitos.

El violento episodio comenzó cuando Castro ingresó al domicilio de la mujer sin autorización, rompiendo la puerta y manifestando: “No te voy a pegar, te voy a matar… Vine a matarte”. Durante el ataque, la víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza y zona genital, y perdió el conocimiento.

Días después, el 20 de agosto de 2024, el acusado protagonizó un nuevo hecho cuando agredió al oficial de policía Francisco Romero, que junto a otro efectivo había acudido a la vivienda para ejecutar la exclusión del agresor del hogar.

Un hombre de Venado Tuerto, identificado como Lucas N., seguirá detenido al menos 60 días más, acusado de golpear brutalmente a su hijastra en Lavalle al 1.200 en plena vía pública. La resolución fue tomada por el juez Leandro Martín, quien ratificó la prisión preventiva luego de considerar los antecedentes del imputado y la necesidad de proteger a las víctimas.

Lucas N. había cumplido recientemente una condena de tres años por violencia de género contra su pareja, quien también es madre de la víctima actual. La fiscal Débora Valentín se opuso a la liberación del imputado, señalando que representa un riesgo para las víctimas y podría entorpecer la investigación.

Antecedentes y riesgo procesal

En 2023, Lucas N. fue condenado mediante procedimiento abreviado por violencia contra Claudia M., madre de la víctima. La mujer declaró que vivió con miedo durante la relación y consideró prudente que él no pueda ingresar a la ciudad.

Además, el acusado enfrenta otras causas por infracción a la ley 23.737 y registros de violencia hacia otras parejas, lo que refuerza la decisión de mantenerlo detenido. La fiscalía destacó que, de ser condenado en el nuevo proceso, la pena sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo de fuga.

Hechos y pruebas

El ataque ocurrió frente a varios testigos, quienes relataron que el acusado golpeó a la joven y le arrojó su celular al piso. La víctima, identificada como Jazmín, quedó tendida en la calle con sangrado en el oído, siendo asistida por vecinos hasta la llegada del servicio de emergencias.

El 911 recibió tres llamados alertando sobre la agresión, y videos aportados por vecinos muestran la brutalidad del ataque. Testigos relataron el notable estado de angustia de la joven durante todo el hecho.

Resolución judicial

La defensa había solicitado alternativas a la privación de libertad, pero la fiscalía argumentó que ningún otro recurso neutralizaría adecuadamente los riesgos de fuga o presión sobre testigos. Por ello, el juez Martín resolvió mantener la prisión preventiva, asegurando la protección de las víctimas y el normal desarrollo de la investigación.

Un hombre de 40 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por golpear y amenazar a su pareja en su domicilio de la ciudad de Firmat. La causa fue tramitada por la fiscal Ana Belén Stampella, y contó con la defensa del Dr. Carlos Villalba.

Según consta en el expediente, el 28 de noviembre de 2025, durante una discusión en el hogar que compartían, el hombre arrojó a la víctima sobre la cama y le cubrió el rostro con un almohadón mientras le decía “te voy a matar”. La mujer logró escapar hacia la habitación de su hija, momento en que el acusado vociferaba que se suicidaría con un arma de fuego que tenía en su vehículo, generando temor en ambas.

Además, la investigación judicial determinó que, días antes, el agresor había propinado golpes y cabezazos a su pareja, y la amenazó con cortarle los dedos con un hacha que guardaba en el baúl de su automóvil.

El tribunal calificó los hechos como amenazas en dos ocasiones y lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por el contexto de género. La pena fue acompañada por un conjunto de reglas de conducta para el condenado durante tres años: fijar residencia en Firmat, abstenerse de consumir drogas o alcohol en exceso, prohibición absoluta de contacto con la víctima, no portar armas y someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico.

La decisión judicial busca proteger a la víctima y a su hija, y en ese contexto, desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron evitar publicar el nombre y apellido del condenado.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante en la ciudad de Venado Tuerto una jornada de capacitación y abordaje territorial denominada “Herramientas para la Intervención en Situaciones de Violencia por Razones de Género”, destinada a fortalecer las capacidades de los equipos locales y consolidar el trabajo territorial en la prevención y atención de estas situaciones.

El encuentro tuvo como objetivo brindar herramientas tendientes a eliminar las barreras de discriminación y garantizar que la respuesta estatal sea integral, transversal y situada en la realidad de cada localidad. En este sentido, la capacitación estuvo orientada a promover la descentralización de las políticas públicas de género, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio a partir de la construcción de diagnósticos locales mediante el relevamiento de recursos y redes existentes.

Asimismo, durante la jornada se trabajó en el fortalecimiento de los circuitos de abordaje y la articulación interinstitucional, facilitando el acceso a los programas y recursos con los que cuenta la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el propósito de mejorar la respuesta ante situaciones de violencia por razones de género.

Al respecto, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, destacó la importancia de generar estos espacios de formación y encuentro en el territorio, “estas jornadas nos permiten fortalecer el trabajo que se realiza en cada localidad, generando herramientas concretas para que los equipos puedan intervenir de manera integral y articulada ante situaciones de violencia por razones de género. Para nosotros es fundamental acompañar a los equipos locales y garantizar que las políticas públicas lleguen a cada territorio con una mirada situada en la realidad de cada comunidad”.

En esa línea, Travaini remarcó el valor del trabajo en red como herramienta clave para mejorar la respuesta estatal, “el fortalecimiento de las redes locales y la articulación entre instituciones son aspectos centrales para construir respuestas más eficaces y cercanas a las personas que atraviesan situaciones de violencia. Por eso seguimos impulsando estos espacios de capacitación y encuentro que permiten compartir experiencias y consolidar circuitos de intervención”, agregó.

El encuentro estuvo integrado por equipos locales de género de las localidades de Venado Tuerto, Sancti Spíritu, Villa Cañás, Labordeboy, Elortondo, Murphy, Santa Isabel, María Teresa, Hughes, La Chispa y Teodelina.

También participaron coordinadoras y promotoras de los Puntos Violetas de Christophersen, San Gregorio, Carmen, Firmat, Melincué, San Eduardo, Maggiolo, Cañada del Ucle y Chovet, quienes forman parte de la red territorial que impulsa Provincia para garantizar el acceso a derechos y fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia por razones de género.

En un juicio abreviado realizado en la ciudad de Venado Tuerto, Edgardo Studer, de 64 años, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por agredir a su madre de 85 años y a su pareja, en un contexto de violencia de género. El acusado aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que permitió acelerar los tiempos del proceso judicial.

Studer fue imputado por el delito de lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, así como por lesiones leves dolosas. Además, se le sumó una acusación por desobedecer una resolución judicial. La condena se dictó luego de que el acusado reconociera los hechos que se le imputaron durante la audiencia, a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco.

Hechos que derivaron en la condena

La serie de hechos violentos comenzaron el 19 de octubre de 2024, cuando Studer agredió a su pareja, Sonia, en su vivienda de calle Rodolfo Walsh. Tras una discusión, el hombre le propinó a la mujer golpes de puños en la cabeza y el rostro, provocándole una fractura en la nariz y diversas contusiones. La agresión continuó cuando la víctima intentó escapar al patio de la casa, siendo seguida por Studer, quien la golpeó nuevamente, incluso arrojándola contra un tapial y tirándola del cabello hasta que un vecino intervino.

En otro hecho, ocurrido en diciembre de 2023, el hombre agredió a su madre de 85 años, quien en ese momento vivía con él. En esa ocasión, le propinó golpes en el brazo y el ojo derecho. Un segundo ataque tuvo lugar en la misma vivienda de calle Belgrano, donde Studer volvió a agredirla violentamente, causándole lesiones en el cráneo, cortaduras en los antebrazos y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Incumplimiento de la resolución judicial

En mayo de 2024 fue acusado de incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse a su madre y a otras personas, incluida su ex pareja. La resolución había sido emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto, y establecía una restricción de acercamiento a una distancia mínima de 200 metros de las víctimas, además de una orden de abstención de toda forma de violencia física, psicológica y verbal. Pese a la medida cautelar, Studer violó esta disposición, lo que sumó un nuevo cargo en su contra.

La pena solicitada

La fiscalía solicitó una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva en virtud de las agresiones y el incumplimiento de la resolución judicial. La sentencia fue aceptada por el juez, destacándose la gravedad de los hechos, especialmente debido a la relación de parentesco y la violencia de género que subyace en los ataques.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes los datos actualizados sobre hechos violentos contra mujeres por razones de género correspondientes al período 2024-2025. El informe muestra que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en el territorio provincial, la cifra más baja de los últimos catorce años.

El trabajo fue elaborado de manera conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un fenómeno que comienza a visibilizarse

Durante la presentación en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la reducción de los niveles generales de violencia permitió observar con mayor claridad la dimensión específica de la violencia de género.

Según indicó, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se adoptaron políticas orientadas a reducir los hechos de violencia armada en la provincia. “Esa disminución en los indicadores de homicidios y lesiones con armas de fuego también permitió evidenciar con mayor precisión la problemática de la violencia de género dentro del conjunto de hechos violentos”, señaló el funcionario.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, consideró que los datos reflejan una tendencia alentadora, aunque remarcó que el desafío sigue siendo fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.

La funcionaria destacó que actualmente funciona una guardia permanente las 24 horas durante todo el año, que articula las incidencias recibidas a través de las líneas 911 y 144, además del trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones sociales. Ese esquema, sostuvo, permite obtener información inmediata y activar los dispositivos de intervención adecuados en cada caso.

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, subrayó que el informe no solo constituye un registro estadístico sino también una herramienta de gestión. “Nos permite orientar mejor las decisiones públicas, reforzar los dispositivos territoriales y profundizar la articulación entre instituciones para sostener una política pública que acompañe y proteja a las mujeres de la provincia”, afirmó.

Perfil de las víctimas y características de los hechos

La fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani, detalló que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en Santa Fe. De ese total, 18 tuvieron motivaciones vinculadas a razones de género: 16 fueron femicidios y dos transfemicidios.

El informe también muestra una concentración territorial de los casos. El 60 % de los hechos ocurrió en el departamento Rosario y el 40 % en el departamento La Capital.

Las víctimas, en su mayoría, tenían entre 20 y 40 años. En cuanto a los medios utilizados, las armas de fuego continúan siendo el recurso más frecuente, por encima de armas blancas o agresiones físicas.

Cerliani explicó además que, en la mayoría de los casos, existía algún tipo de vínculo entre la víctima y el agresor, y que los hechos se produjeron principalmente en domicilios particulares. “La gran mayoría de los femicidios presentan una relación previa entre víctima y victimario”, indicó.

Menor violencia general, menor violencia contra mujeres

La fiscal también señaló que, en comparación con años anteriores, los períodos 2024 y 2025 muestran una reducción en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según explicó, existe una relación directa entre los niveles generales de violencia social y el impacto que estos contextos tienen sobre mujeres y niñas.

En años de mayor violencia criminal en la provincia -especialmente vinculados a la criminalidad organizada- algunas mujeres resultaron víctimas en hechos ocurridos en espacios públicos y sin vínculo previo con los agresores. En esos casos, explicó la fiscal, las motivaciones de género coexistían con dinámicas propias del delito organizado.

El análisis comparativo permitió observar que en aquellos períodos predominaban hechos cometidos fuera del ámbito doméstico, con autores no identificados o sin relación directa con las víctimas. Cerliani subrayó finalmente que la producción y difusión de estos datos resulta clave para mejorar las estrategias de investigación y persecución penal. De la presentación también participó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó este martes declaraciones sobre al incidente ocurrido este lunes al mediodía en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde un policía que está de licencia por carpeta psiquiátrica, le quitó el arma a una compañera, salió a la calle y se autolesionó con un disparo en la cabeza.

El policía herido fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado. El episodio se suma a casos recientes de aparentes suicidios, como el otro agente de policía hallado el sábado en un descampado de Rosario y el del suboficial preso en Coronda por femicidio el pasado 20 de enero.

Estos casos reactivaron el debate sobre la situación de los efectivos de las fuerzas de seguridad, ya sea de la Policía o del Servicio Penitenciario Provincial, que ya venía siendo objeto de atención por parte de las autoridades.

Precisamente, el ministro formuló declaraciones en Rosario en la mañana de este martes, en la sede la Gobernación, en las que se refirió a las políticas de prevención en salud mental que se llevan a cabo desde la Dirección de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad en coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El gobierno considera que la problemática es "multicausal". Crédito: Archivo El Litoral.

“Hoy tenemos en seguimiento psicológico a 560 empleados policiales en la provincia de Santa Fe. Se avanzó en convenios con las áreas de Salud. Hoy tienen tratamiento sin copago de Iapos. En tratamiento voluntario hay cerca de 460 empleados que han abandonado el tratamiento y esto se evalúa después para ver si mantiene o no el estado policial y de portación de armas”, sintetizó el funcionario.

Cococcioni añadió que “nosotros tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad. En definitiva, son 25 mil policías los que tienen que salir a las calles con un arma en la cintura a cuidar a la gente. Tenemos que ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación".

Consultado al respecto, el ministro aclaró que “la autolesión o la consumación del suicidio son eventos multicausales. No obedecen a la inactivación o no de un protocolo o a una sola circunstancia.

"Hay aspectos personales, que tal vez no son para revelar, pero en cada uno de estos casos hay situaciones particulares, familiares y hasta en algunos casos económicas de los agentes por diversas cuestiones que tienen que ver con la esfera individual, y no son causales generales”, añadió.

Uno de los ejes centrales del análisis del ministro fue el desarraigo. Cococcioni reconoció una “asimetría poblacional fundacional” en la fuerza: gran parte del personal se recluta en el norte de la provincia y termina prestando servicio en el sur, particularmente en Rosario.

“Hay una situación muy difícil de solucionar, que es el desarraigo, la falta de radicación en los lugares de trabajo. El traslado, el tiempo fuera de su casa y los viajes largos no son descanso, forman parte del desgaste”, explicó.

Como respuesta, señaló que en los últimos reclutamientos se avanzó en cupos geográficos, con una distribución 70-30 entre el sur y el centro-norte provincial, para revertir un esquema en el que casi el 80% del personal provenía de solo tres departamentos del norte.

En cualquier caso, aclaró que “nosotros activamos estos protocolos y tenemos más de 500 personas en seguimiento. Es más, hubo personal que obtuvo el alta y fue reincorporado a sus funciones habituales. Lamentablemente, no podemos hacer comparaciones con otras profesiones u otras provincias, porque estos fenómenos no se miden por profesión”, subrayó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe remarcó que desde esa área “cada uno de estos casos es trabajado no solo por el equipo de asistencia al personal del ministerio y de la policía, sino también por el Ministerio de Salud de la provincia para tratar de acompañar en condiciones ideales a la gente para que supere las crisis y pueda reintegrarse a sus funciones”.

“Cuando la superación de situaciones de crisis a veces no es viable, lamentablemente tenemos que tomar medidas en algunos casos como sacar al personal de las tareas habituales para reducir riesgos. Hay que tener en cuenta que los policías son funcionarios a los que el Estado les entrega un arma. Y si hay una crisis subjetiva, el hecho de portar un arma es una circunstancia que agrava el riesgo”, expresó.

El abordaje interministerial de la problemática de salud mental en los agentes de seguridad fue presentado a mediados de 2025 en una jornada desarrollada en la ciudad capital, encabezada por Seguridad, junto a Salud y a Desarrollo Humano, a través del área de Género y Diversidad.

El ciclo "Hablemos de Salud Mental" comenzó entonces una tarea de recorrido por unidades regionales y penales de toda la provincia, en articulación con organismos como los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los Equipos del Sistema de Protección Integral (ESPI), áreas locales de género, el Programa de Atención Psicológica ATE-Iapos, y la Dirección Provincial de Vivienda.

Ignacio Paz, director provincial de Bienestar Policial. Crédito: Archivo El Litoral.

Entre sus líneas de acción incluyen el acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ del sistema policial que atraviesan situaciones de violencia de género.

En una entrevista con El Litoral, Ignacio Paz, Director Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, expuso que “hoy lo que más preocupa es el suicidio porque el final es la letalidad”.

No obstante, aclaró en aquel momento que “también nos preocupa el tema de consumos problemáticos: el Ministerio anunció la realización de narcotest, con lo que es probable que salgan a la luz más casos pero también se van a necesitar recursos humanos. Y nos preocupa el tema de violencia de género porque tiene una afectación directa en la salud mental de quien la padece”.

El funcionario detalló entonces las medidas en curso (además de las mencionadas por Cococcioni, convenios con universidades para completar la formación de los agentes, acuerdos con gimnasios) y también los protocolos de acción establecidos.

“Tenemos un circuito en el cual un compañero o un jefe alerta una ideación suicida de un oficial o de un agente del Servicio Penitenciario; ese alerta le llega a Medicina Legal de la policía o a la oficina correspondiente del Servicio Penitenciario y se convoca a esa persona para hacer un seguimiento monitoreado por Bienestar”, describió.

En ese punto, aseguró que “lo primero que se hace es retirarle el arma de fuego. Observamos que cuando se activan esos protocolos no ocurre ningún caso. Es decir que, cuando sucede, es porque no se llegó a tiempo”.

Un hombre de 36 años fue imputado y quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, acusado de lesiones agravadas y amenazas en un contexto de violencia de género. La víctima es su pareja, una mujer con quien convivía en un domicilio de barrio Malvinas Argentinas de esta ciudad.

La audiencia imputativa se realizó este martes en sede judicial y estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, quien llevó adelante la investigación. El acusado fue identificado como Matías Martín V., domiciliado en calle Almafuerte al 3.100.

Golpes y amenazas

Según la investigación preliminar, el primer hecho ocurrió el viernes 1 de noviembre, cerca del mediodía, en una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 3100. Allí, Matías Martín habría discutido con su pareja por cuestiones familiares, tras lo cual la habría agredido físicamente, propinándole golpes de puño y utilizando un palo de selfie como elemento de ataque. La mujer, identificada como Elizabeth N., sufrió lesiones de carácter leve.

El segundo episodio tuvo lugar al día siguiente, el sábado 2 de noviembre, cuando el acusado, enterado de que había sido denunciado ante la Comisaría de la Mujer, amenazó de muerte a la víctima por medio de otra persona. El mensaje fue directo: “Estoy yendo para tu casa, te voy a matar”.

Calificación penal y prisión preventiva

En base a estos hechos, el fiscal Raposo lo imputó como autor de los delitos de “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género” y “amenazas simples”.

Dada la gravedad de los hechos, la existencia de una denuncia previa y el riesgo procesal, la Justicia dispuso la prisión preventiva sin plazo del imputado.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Marcos David Feltes, de 34 años, a un año y nueve meses de prisión condicional por haber violado reiteradamente una orden de restricción que lo alejaba de su expareja (L.M.), y por haberla agredido físicamente en su propio domicilio.

El fallo fue dictado mediante un procedimiento abreviado, solicitado por la fiscal Florencia Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación, y la defensora pública Silvia Couselo, en representación del imputado.

Los hechos

Según se desprende de la investigación judicial, el primer episodio ocurrió el 24 de junio de 2025, cuando Feltes violó una orden de restricción emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto. Aquel día, el acusado se presentó en el domicilio de su expareja en calle Libertad. Al no encontrarla allí, se dirigió al colegio N° 1.262, donde asiste la hija menor de ambos, y esperó a la mujer para pedirle que lo desbloquee del teléfono con la intención de retomar la relación.

El segundo y más grave hecho ocurrió el 19 de julio de 2025. Feltes ingresó sin autorización al domicilio de L.M., en calle San Martín. Tras una discusión por su negativa a recomponer la pareja, la arrojó sobre la cama, se abalanzó sobre ella y le propinó un golpe de puño en el ojo izquierdo. La agresión le provocó una contusión con hematoma y derrame ocular.

Posteriormente, se dirigió a la cocina, donde se encontraba su hija de 11 años, para impedir que llamara a la policía. Luego de un nuevo forcejeo con su ex pareja, volvió a golpearla para evitar que escapara y pidiera ayuda.

Ambos episodios se produjeron en violación expresa de la orden judicial de prohibición de acercamiento, que establecía un radio de 200 metros respecto de la víctima por un período de 180 días.

La condena y las condiciones impuestas

La Justicia resolvió condenar a Feltes a un año y nueve meses de prisión condicional, es decir, no efectiva, bajo el cumplimiento estricto de siete pautas de conducta durante tres años:

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante la “Jornada de presentación y capacitación sobre el protocolo de dispositivos de alojamiento y abordaje integral para personas en situación de violencia de género”. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la red provincial de alojamiento, unificar criterios de actuación y mejorar la respuesta institucional en todo el territorio.

La actividad, que se desarrolló en la Sala Rodolfo Walsh de la sede del Gobierno de Santa Fe, en Rosario, estuvo dirigida a equipos técnicos y funcionarios de municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil que integran la red provincial de alojamiento.

En este marco, se suscribió un convenio marco de colaboración interjurisdiccional de dispositivos de alojamiento transitorio para personas en situación de violencia por razones de género, rubricado por las provincias de la Región Centro: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. El acuerdo permitirá garantizar una asistencia ágil y efectiva, independientemente de la provincia de origen de la persona que requiera protección.

En ese contexto, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate, señaló: “Hoy firmamos un convenio con las provincias de Entre Ríos y Córdoba, en el marco de la Región Centro, porque la violencia contra las mujeres no reconoce límites ni fronteras administrativas. Es muy importante esta solidaridad entre provincias, en momentos en que en el país crecen la crueldad y la deshumanización. No se trata solo de lograr equilibrios fiscales, que la Provincia alcanzó, sino también un equilibrio social, que no nos deshumanicemos, que tengamos la solidaridad como norte”.

Luego brindó precisiones sobre el protocolo que se va a implementar. “En la provincia de Santa Fe tenemos 16 casas de protección. Esas casas alojan a mujeres que están en grave riesgo de violencia y que no pueden quedarse en su domicilio con sus hijos e hijas. En Entre Ríos y Córdoba existen dispositivos similares. Por eso estamos favoreciendo que, en casos extremos, donde por necesidades de ocupación o porque es necesario alejar a las víctimas, las podamos alojar en esos dispositivos que cada provincia posee”. Explicó además que de las 16 casas de protección, “una es propia de la Provincia, dos están conveniadas con organizaciones de la sociedad civil y el resto con municipios y comunas”.

Por su parte, la subsecretaria de la Región Centro, Claudia Giaccone, remarcó: “Son pasos muy valiosos que se están dando regionalmente. Esta área específica de género ya viene trabajando con muchas actividades, porque en la región trabajamos de forma interdisciplinaria y, a veces, es difícil concretar acciones que redunden en mejoras concretas para la vida de nuestros ciudadanos”. Y añadió que “estamos dando un paso importante, que es darle consistencia a la integración, porque hay una decisión política de nuestros gobernadores, y nuestros equipos tienen que trabajar sobre acciones comunes que generen procesos como estos protocolos, que van a continuar más allá de las gestiones y que nos hacen mucho más fuertes y, sobre todo, más eficaces, porque no superponemos esfuerzos: nos complementamos”.

También estuvieron presentes en el encuentro la directora regional de Mujeres de Entre Ríos, Joaquina Brondi; la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe, Melisa Mazino; y el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Jorge Chemes.

El joven Luciano Ezequiel Mansilla, de 23 años, fue sentenciado a tres años de prisión condicional tras ser hallado responsable de siete hechos de violencia de género cometidos contra su expareja, C.M., en Venado Tuerto.

El fallo fue resultado de un acuerdo presentado por la fiscal Mayra Vuletic, que destacó la gravedad y reiteración de los episodios, todos ocurridos en un contexto de extrema violencia y vulnerabilidad de la víctima, madre de un hijo en común con el agresor.

Los hechos probados

Según se acreditó en la investigación, Mansilla llevó adelante diversos actos de hostigamiento, amenazas y agresiones entre 2023 y 2024. Entre ellos:

La pena y las reglas de conducta

El tribunal dispuso tres años de prisión condicional con una serie de reglas de conducta por cuatro años:

La fiscalía remarcó que los hechos tuvieron un impacto pluriofensivo, afectando no solo la integridad física de la víctima, sino también su salud emocional y psicológica, y dejando en evidencia el desprecio del condenado por las resoluciones judiciales.

Joaquín Fidalgo

“Mi vida quedó pausada en el año 2021… en todos los ámbitos, en lo profesional, en lo social, en lo familiar. Me encerraron en una habitación y me dijeron: 'vas a estar acá hasta que podamos ver si ella miente', sin ninguna prueba”, se lamenta Esteban Ezequiel González, quien debió soportar una verdadera pesadilla a raíz de múltiples denuncias de violencia de género realizadas por su expareja que finalmente fueron desestimadas por la Justicia el mes pasado.

Esteban es suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, es salteño de nacimiento y tiene hoy 32 años. Su historia, su increíble historia sucedió en el sur de la provincia de Santa Fe.

“En el año 2016 comenzamos a convivir con mi pareja, en Venado Tuerto. En 2019 fuimos papás de una beba. Por distintos motivos, nos separamos en 2021. En un principio, todo fue en buenos términos, pero enseguida se convirtió en un horror”, recuerda.

“Fui notando -agrega- que mi hijita estaba descuidada. La mayor parte del día estaba conmigo, pero cuando llegaba luego de estar con la madre su higiene no era la mejor, por ejemplo”.

Esteban asegura que luego de varios intentos infructuosos de hablar con su expareja sobre el tema, decidió acudir al Juzgado de Familia para solicitar la tenencia.

“Eso fue a finales de 2021. Tres semanas después me denunció por primera vez. Por mi reclamo, la notificaron repetidamente para que se presente en audiencia, pero ella no hacía caso y finalmente la declararon en rebeldía. Cada vez que pasaba algo en el juzgado de Familia, ella hacía una nueva denuncia contra mí y los delitos iban escalando. La primera fue por acoso, merodeo, molestias. La segunda ya por hostigamiento y dijo que le había roto la puerta del domicilio, que la había golpeado y que la había amenazado con mi arma de fuego, que la había arrastrado en su casa desde la habitación al comedor, que la golpeé y que le puse un cuchillo en el cuello. A mi pistola reglamentaria no la tenía desde hacía cuatro meses. Quedó en guardia y custodia, en Gendarmería, luego de la primera denuncia de ella”, cuenta Esteban.

El hombre terminó preso y reconoce que no fue peor “gracias” a su abogado, el doctor Ignacio Blanc Codina. “No era una imputación por un delito grave, era una historia de terror. Estábamos hablando de amenazas, lesiones, daño y amenaza calificada por uso de arma de fuego. Todo en contexto de violencia de género. Inmediatamente le pedí a Esteban que me reenvíe todos los mensajes que él tenía con la denunciante, porque supuse que lo iban a detener y el peritaje del teléfono podía demorar de cuatro a seis meses, aún entregando la clave de desbloqueo. Eso fue después del mediodía”, detalló el profesional.

Minutos después, los mensajes comenzaron a llegar al teléfono del defensor. “A mitad de esa misma tarde -añadió Blanco Codina-, Esteban se presentó en una comisaría y quedó detenido. Como suponíamos, secuestraron el celular, pero yo ya tenía todas las conversaciones. Los supuestos hechos denunciados habían sucedido en el transcurso de una semana en donde sólo había mensajes de cariño y amor entre ellos. Es más, días después habían decidido ir juntos de vacaciones a Córdoba. No había absolutamente nada que haga suponer que habían pasado hechos tan brutales como los denunciados. Eso fue clave para demostrarle al juez en la audiencia que la información que traía la fiscalía no tenía sentido. El juez se dio cuenta de que no podía ordenar la prisión preventiva de Esteban, pero por las dudas emitió una medida cautelar por la que le prohibió el ingreso a la ciudad de Venado Tuerto”.

“Estuve detenido tres días, todo un fin de semana, en la Comisaría 2a. En la audiencia, me dieron la libertad, pero me ordenaron retirarme de la ciudad y no volver. Así, mi expareja me alejó de mi hija y desactivó cualquier reclamo de mi parte”, dijo Esteban.

El hombre debió mudarse a Rosario, a 170 kilómetros de su pequeña. Le dieron plazo por 24 horas para fijar domicilio y oficiaron a Gendarmería para solicitar el traslado. “La batalla judicial fue terrible. Por más que yo tenía pruebas, no llegaba a ningún lado. A mediados del año 2023, no se por qué, ella se presentó en la fiscalía y dijo que no quería brindar más declaraciones, que lo que denunció no había pasado así y que quería que yo recupere el vínculo con la nena”, contó.

“Así pude volver a Venado Tuerto a finales de 2023. A mi hija la veía de a ratos, a voluntad de la mamá. En febrero de 2024, como el descuido de mi nena persistía, nuevamente acudí a la Justicia de Familia. Lo último que quería era confrontar con mi expareja. Tenía miedo. Esa es la palabra. Miedo de terminar preso y no poder ver nunca más a mi hijita. Igual, nuevamente arrancaron las denuncias por violencia de género”.

El abogado tomó la palabra e hizo referencia a “dos situaciones” que se dieron ese mes de febrero de 2024. “El 19, Esteban llega a su domicilio de Venado Tuerto y ahí estaba la mujer con la menor de edad. Ella no sabía, pero había una cámara de vigilancia instalada. En el lugar, tuvieron una discusión y en un momento ella hace parar un patrullero que casualmente pasaba. En el acta, los uniformados asentaron que la mujer les dijo que Esteban le había pegado por todos lados con un casco, pero se negó a hacer la denuncia en ese momento”.

Blanc Codina explicó que días después, la mujer sí denunció esa supuesta agresión. “Eso le imputan a Esteban el 13 de marzo de 2024. También lo acusan ese día por otro hecho. La mujer aseguró que el 28 de febrero, mi cliente se acercó a su nuevo domicilio, donde ella convivía con su nueva pareja, y que los hostigó a ambos. Tuvimos un poco de suerte, porque el encuentro del 19 de febrero quedó registrado por la cámara. En el video se puede ver con claridad que no existió golpe alguno. Respecto de la segunda acusación, la misma fiscalía pudo verificar que ese día y a esa hora Esteban estaba prestando servicio en Rosario. Así quedó totalmente demostrado en la audiencia imputativa que las denuncias eran falsas. Lo loco es que recién el 26 de junio de este año, se terminó archivando esa causa”.

Pero todo no quedó ahí. El 5 de junio del año pasado, Esteban fue denunciado por el hombre que actualmente es pareja de su ex. “Este sujeto lo acusa de hostigamiento y de haber tirado removedor de pintura en su auto. Dijo que el auto había quedado afuera de la casa y que amaneció con el daño. El mismo día de la audiencia imputativa, cuando terminó de escuchar la acusación, mi cliente le pregunta al fiscal si puede mostrar una serie de mensajes. Muy cerca de la fecha del presunto incidente, él le había escrito a la mujer porque quería hablar con su hija, pero le respondió que no iba a poder porque a ella se le había caído removedor de pintura en el teléfono y no funcionaba. Entonces quedó claro quién manipuló ese producto en esas fechas".

Desde diciembre del año pasado, Esteban y su exmujer alternan la tenencia de su hija, una semana cada uno. “Afortunadamente, tuve las pruebas para defenderme. En agosto me sobreseyeron definitivamente. Ahora, sigo pidiendo la tenencia, con un régimen de visita para la madre, porque también tiene que ser parte de su vida. Lo que busco es que mi nena, que hoy tiene seis años, pueda crecer con normalidad, que pueda tener una infancia feliz. La relación que tengo con ella es increíble. Nos amamos. Sufrimos un montón. Estas lágrimas no son por lo que me pasó a mí, sino por haber visto cómo todo afectó a mi hija. Es todo lo que tengo, mi familia, mi mundo. Me molesta mucho que la pusieran como trofeo de guerra y se aprovecharan de eso para extorsionarme”, afirmó el hombre.

Las denuncias en su contra le ocasionaron también a Esteban graves inconvenientes profesionales. “En 2021 me sacaron el arma. No tuve ascensos. No pude ocupar cargos. Abrieron sumarios internos, por el lado del Ministerio de Seguridad de la Nación. Todos los procesos terminaron favorables para mí. Recién con el sobreseimiento de agosto pude iniciar el trámite de restitución y ocupar nuevamente mi lugar en la fuerza. Mi vida quedó frenada, en pausa desde 2021”.

Esteban quiere que su caso se conozca porque pretende “que se cumplan las leyes. Todo somos personas. Todos tenemos los mismos derechos, pero en este caso los míos fueron dejados de lado. Presunción de inocencia... nada, debido proceso... nada. La Justicia me castigó sólo por los dichos de mi expareja. Creo que hay muchos papás en mi situación. Mi objetivo es acompañarlos y alentarlos. Que no se den por vencidos. Que van a poder. Si las denuncias son falsas, la verdad sale a la luz tarde o temprano”.

Finalmente, Esteban recomendó buscar profesionales que tengan "empatía". “Tuve suerte. Mi abogado siempre buscó l a verdad y se interesó por el bienestar de mi hija. Los profesionales entienden en general que el sistema es tan cerrado que dicen, ‘vamos a pelear y no vamos a lograr nada. Aceptá lo que te propongan'. No tiene por qué ser así".

El abogado Blanc Codina dejó por último una reflexión: “En lo personal creo que los problemas no son las ‘falsas denuncias’, sino la falta de respuesta eficaz y contundente del Estado para detectar rápido cuándo la denuncia es falsa y actuar en consecuencia. Ese es un tema central. Hay herramientas normativas para abordar, pero lo que no hay es voluntad. Entiendo que la perspectiva de género que se incorporó en la legislación se ha degenerado a partir de la militancia que hicieron operadores judiciales y políticos. No está mal que se milite una corriente doctrinaria. Lo que sí está mal es aplicar la ideología funcionalmente para terminar llevando cada caso concreto a un análisis sesgado y arbitrario, que aplica la ley de manera distinta según si el acusado es hombre o mujer”.

“En este caso, no solo nos defendimos, sino que también acusamos a la mujer por falsa denuncia, porque la fiscalía no iba a hacer nada. Ella ahora está imputada”, concluyó.

El poder judicial condenó a Andrés Damián González, de 37 años, a tres años de prisión de ejecución condicional, tras un juicio abreviado en el que se lo halló responsable de varios episodios de violencia ejercidos contra su ex pareja y también contra familiares.

La sentencia fue dictada a partir de la investigación encabezada por la fiscal Mayra Vuletic, quien presentó pruebas de tres hechos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2025.

Los episodios de violencia contra su ex pareja

Agresión a un familiar

Además, la Justicia probó que en enero de 2024 el acusado atacó a su propio tío, Claudio G., golpeándolo con un fierro en la cabeza y en el cuerpo. La agresión también alcanzó a la pareja del hombre, Sandra, a quien le aplicó patadas. Durante ese episodio dañó con violencia la camioneta de la víctima.

La condena y las reglas de conducta

El fallo estableció que González deberá cumplir con una serie de reglas durante dos años, entre ellas:

Además, como parte del acuerdo, González deberá pagar una reparación económica de un millón de pesos a la víctima.

Un fallo con perspectiva de género

La condena se enmarca en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La fiscalía subrayó que los episodios evidencian un patrón de hostigamiento y violencia física y psicológica contra la víctima.

En el marco de un juicio abreviado, un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva por agredir físicamente a su pareja en diversas ocasiones y golpear a un propietario de supermercado en Venado Tuerto. Los hechos, ocurridos entre finales de 2022 y principios de 2024, fueron calificados como violencia de género y delitos relacionados con el robo.

La fiscal que llevó adelante la investigación fue Andrea Cavallero. El acusado contó con  los servicios de la Defensoría Pública, mientras que el juez Leandro Martín fue quien homologó el acuerdo. 

El caso de violencia de géneroEl 31 de diciembre de 2022, en la plaza España de la ciudad de Venado Tuerto, Ariel Héctor Patricio Rodríguez agredió físicamente a su pareja, Natalia M. Durante una discusión, producto de un forcejeo le provocó contusiones en la región frontal y torácica de la víctima. La disputa se originó cuando la mujer revisaba su celular, lo que desató el enfrentamiento.

Nueva agresión El 3 de enero de 2024, Rodríguez volvió a agredir a Natalia, esta vez en su domicilio de la calle Uruguay. Según la denuncia, el acusado la sujetó por el cuello, la arrojó sobre una cama y comenzó a golpearla en diversas partes del cuerpo. Como resultado, la víctima sufrió hematomas y excoriaciones en su pierna izquierda y brazo derecho. El agresor le recriminó a la mujer que lo había dejado solo, lo que desató el ataque.

Golpes a un comerciante En otro hecho, Rodríguez también agredió a Li S.Y., propietario de un supermercado chino. El 25 de enero de 2024, tras una discusión sobre un robo de mercadería previo, Rodríguez atacó al comerciante con golpes de puño y un palo de escoba roto, provocándole un traumatismo de cráneo. La agresión se produjo en el comercio de la víctima, que había solicitado el pago de la mercancía sustraída.

Último hecho

Finalmente, el 27 de febrero de 2025, el cacuso agredió a su pareja propinándole diversos golpes de puño en distintas partes del cuerpo dejándole una lesión de carácter leve en el brazo izquierdo.

La condenaTras evaluar los diversos hechos, desde la fiscalía en el marco de un acuerdo abreviado consideraron que Rodríguez era autor de lesiones leves dolosas, agravadas por el vínculo y el contexto de género, en concurso real con otras agresiones. Por ello, se determinó una pena total de tres años de prisión efectiva. 

En una audiencia celebrada el último miércoles en el marco de un juico abreviado, el juez Mauricio Clavero, avaló una condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo para Marcos Joel Viltes, de 32 años, domiciliado en calle Cabral al 1300 de Venado Tuerto. La resolución responde a una acumulación de causas por diversos delitos cometidos entre enero de 2022 y junio de 2024.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue representado por la fiscal Mayra Vuletic, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Dra. María C. Tosco, desde la Defensoría Pública. La acusación reunió siete hechos distintos, la mayoría relacionados con violencia de género contra sus exparejas.

Violencia sistemática contra sus parejas

Entre los hechos más graves se enumeran:

El 8 de enero de 2022, en una vivienda de calle Conrado Berti, Viltes agredió físicamente a Ayelén G., destruyó su celular y la amenazó diciendo: “Vos me denunciás y te cago a palos yo o mis amigas”.

El 28 de marzo de 2024, agredió a Agustina B. en el domicilio de su madre, también en calle Conrado Berti. La golpeó en el rostro y la empujó fuera de la vivienda.

El 12 y 27 de junio de 2024, cometió nuevas agresiones físicas hacia Agustina, incluidas golpizas, tirones de cabello y amenazas posesivas como “te quiero solo para mí”.

Ataques a terceros y resistencia a la autoridad

El 2 de junio de 2024, en la vía pública, cuando la policía intentó intervenir durante una agresión a su ex pareja, Viltes pateó un móvil policial, se resistió al arresto e insultó a los efectivos.

El 24 de septiembre de 2024, junto a otros hombres, abordó a un joven en calle Cabral y le robó la moto tras agredir a su cuñado. Horas después fue detenido tras ser vinculado a un reporte al 911 por posibles disparos.

Ese mismo día protagonizó otros dos episodios violentos: arrojó piedras e insultó a una mujer en calle Carelli y amenazó de muerte a un vecino y a su madre.

La calificación legal de los delitos

La sentencia unificó las causas judiciales bajo las siguientes figuras penales:

Lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género (reiteradas veces). Amenazas simples y coactivas. Robo simple. Resistencia a la autoridad.

Viltes fue declarado autor penalmente responsable en concurso real de delitos, lo que llevó al pedido de una pena unificada de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Un hombre de 42 años, cuyas iniciales son DAM, continuará en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se lo investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en perjuicio de un policía en Villa Cañás. Así lo ordenó el camarista Tomás Orso en una audiencia de apelación realizada en Venado Tuerto. El magistrado rechazó alternativas propuestas por la Defensa y avaló el planteo de la Fiscalía.

La fiscal Andrea Cavallero está a cargo de la investigación y es quien representó al MPA ante el juez. En tal sentido, informó que “al imputado se le atribuyó haber atentado contra la vida de un agente de seguridad, así como haber amedrentado a familiares y amigos de una mujer que es su expareja”. A su vez, destacó que “varias de las víctimas fueron escuchadas por el camarista en la audiencia”.

En tanto, la fiscal valoró que “el camarista no solamente ratificó la preventiva, sino que además mantuvo las calificaciones penales, que habían sido cuestionadas por la Defensa”.

Arma de fuego

La funcionaria del MPA indicó que “minutos antes de las 2:00 de la madrugada del sábado 29 de marzo, el hombre investigado fue en una camioneta hasta la casa paterna de su expareja, con la intención de atacarlos a ella y a las personas de su entorno”. Según precisó, “sin la debida autorización legal, el agresor llevaba consigo una escopeta calibre 16 cargada con una munición y tenía otros tres cartuchos en un bolsillo”.

Cavallero relató que “el imputado descendió de su vehículo y apoyó el caño del arma sobre la caja, en posición de disparo”, y agregó que “cuando cuatro policías que habían sido convocados por las víctimas advirtieron lo que sucedía, le pidieron en reiteradas oportunidades que depusiera su actitud”.

“Sin embargo, el investigado hizo caso omiso a la orden de los uniformados y disparó con el fin de matar a un suboficial, lo cual no se concretó porque él logró repeler el proyectil”, especificó.

Amenazas

La fiscal también hizo referencia a que “momentos antes de la tentativa de homicidio, el hombre investigado había ido en busca de su expareja al inmueble en el que residen los padres y el hermano de ella”. Al respecto, puntualizó que “entró por la fuerza y amenazó a su excuñado”, y especificó que “en el marco de la situación violenta, preguntaba con insistencia dónde estaba la mujer”.

“El imputado luego se dirigió a la vivienda de dos allegados a su expareja a los que les mostró las cuatro municiones que tenía en su poder y les aseguró que iba a quitarles la vida a ellos si no aparecía la mujer que estaba buscando”, señaló.

Delitos

Al hombre de iniciales DAM se lo investiga como autor de una tentativa de homicidio calificado (por haber sido cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad y por el uso de arma de fuego), portación indebida de arma de fuego, amenazas y violación de domicilio.

El sábado 3 de agosto de 2024, alrededor de las 5:30 de la madrugada, una violenta escena conmocionó al barrio Norte de la ciudad de Rufino. Frente al bar “El Rata”, Víctor Horacio Méndez, de 43 años, se acercó en motocicleta a su ex pareja, quien fumaba en la vereda del local. Tras increparla con expresiones despectivas, Méndez la empujó con fuerza, provocando que cayera sobre su hombro derecho.

El resultado fue devastador: sufrió la fractura de tres costillas y una triple fractura en el brazo derecho. El agresor se retiró inmediatamente del lugar.

Una historia de violencia previa

Lo más grave del caso es que Méndez ya tenía una prohibición de acercamiento, dictada por el juez Luis Alberto Cignoli el 13 de junio de 2022. La agresión no solo constituyó un delito de lesiones graves dolosas, sino también una violación flagrante de una orden judicial.

Tres años

La causa fue llevada adelante por la fiscal Rafaela Florit del Ministerio Público de la Acusación, y contó con la defensa técnica del abogado Agustín Basso. En una audiencia de partes, el tribunal homologó un acuerdo que fijó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Víctor Méndez.

Durante dos años, el condenado deberá cumplir con una serie de reglas de conducta impuestas por la justicia:

La víctima, manifestó su visto bueno con el acuerdo alcanzado, y decidió no presenciar la audiencia ni brindar declaración ante el tribunal.

Una condena que interpela

La pena condicional tendrá vigencia hasta el 30 de julio de 2029. Si Méndez incumple alguna de las condiciones impuestas, podría perder el beneficio y cumplir prisión efectiva. El caso se suma a la creciente preocupación por los hechos de violencia de género en el sur santafesino, donde la reincidencia y el incumplimiento de medidas judiciales son moneda corriente.

Un joven de 23 años, cuyas iniciales son RJC, fue imputado y quedó en prisión preventiva por 30 días, acusado de cometer varios delitos en un contexto de violencia de género contra su expareja en la ciudad de Rufino. Así lo resolvió la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, durante una audiencia desarrollada este lunes en los tribunales locales.

La fiscal Rafaela Florit, a cargo de la investigación, solicitó la privación de libertad del acusado por considerar que representa un riesgo procesal. “Aunque la Defensa propuso otras medidas, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento. Las alternativas no eran suficientes para mitigar los peligros procesales”, explicó Florit.

Entre los fundamentos para dictar la prisión preventiva, la jueza contempló que RJC también es investigado en otro legajo por hechos delictivos contra la misma mujer. Además, la fiscal remarcó que el imputado “incumplió normas de conducta impuestas previamente y carece de residencia fija, lo que demuestra que es capaz de entorpecer el proceso judicial”.

El hecho por el que fue imputado ocurrió en la madrugada del jueves pasado, cuando RJC se presentó en la casa de su expareja, forzó violentamente la puerta de ingreso y generó destrozos. “La víctima estaba durmiendo, se despertó al escuchar ruidos extraños y fue hasta la cocina, donde se encontró con su expareja, quien tenía en la mano una varilla gruesa de madera”, relató Florit.

Según la reconstrucción fiscal, el agresor le recriminó a la mujer, con violencia verbal, que hubiera iniciado una relación con otra persona. Luego, salió del domicilio y utilizó el mismo palo para destrozar el parabrisas y dañar la óptica delantera del auto de un hombre que se encontraba en la casa.

Florit agregó que, con esta conducta, el joven desobedeció una prohibición judicial de acercamiento y contacto vigente con la víctima.

Entre las medidas probatorias que aún restan, la fiscal mencionó la realización de una entrevista en cámara Gesell a una niña que presenció los hechos. “Por eso se fijó un plazo de 30 días de prisión preventiva”, explicó. Asimismo, destacó que antes del inicio de la audiencia, la víctima fue escuchada por la jueza.

A RJC se le atribuyó la autoría de los delitos de violación de domicilio, daño y desobediencia de un mandato judicial, todos ellos cometidos en un contexto de violencia de género.

En un juicio abreviado homologado este jueves por el juez Mauricio Clavero, Pablo Ezequiel Zurek (36) fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por haber agredido a su pareja, amenazarla y luego participar junto a ella en un robo. La fiscalía a cargo, representada por Damián Casullo y Mayra Vuletic, presentó un acuerdo con amplias pruebas.

Detalles del fallo judicial

Pablo Ezequiel Zurek, albañil de 36 años, con domicilio en Venado Tuerto, fue hallado responsable de múltiples delitos: lesiones leves dolosas (tres hechos), amenazas, robo simple en coautoría, lesiones leves dolosas calificadas por contexto de género y vínculo, amenazas simples y resistencia a la autoridad. 

Zurek fue detenido por orden fiscal el 5 de mayo de 2024 y quedó en prisión preventiva desde el 9 de mayo. Durante el proceso de juicio abreviado, permaneció privado de su libertad por un total de 416 días, hasta la sentencia de este jueves en Venado Tuerto.

Cómputo de la penaCon la homologación del acuerdo, la pena única de cuatro años de prisión efectiva comienza a regir, considerando como tiempo cumplido los 416 días ya transcurridos bajo detención. De este modo, la liberación está estimada para el 5 de mayo de 2028, fecha en que Zurek habrá completado el tiempo legal de condena.

Detalles de caso

El fiscal Damián Casullo detalló que “la mayoría de los hechos estuvieron vinculados a conflictos intrafamiliares. Las víctimas eran su pareja y su suegra, pero el hecho que derivó en su detención fue el robo de una motocicleta. En primer término, se detuvo a su pareja, y tiempo después a Zurek”.

El hombre fue condenado por “golpear a su ex pareja y luego robar en forma conjunta”, añadió el fiscal.

En tanto, a la mujer “se le aplicó una ‘suspensión de procedimiento a prueba’ por el término de dos años, con reglas de conductas. Y se le ofreció una reparación económica a una de las víctimas”, finalizó Damián Casullo. 

La Municipalidad de Casilda, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, rubricó un convenio con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, en el marco del programa de Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Mujer y/o Políticas de Género. Este acuerdo permitirá dotar a la ciudad de mayores recursos técnicos y económicos para abordar con eficacia y cercanía las situaciones de violencia por motivos de género.

Del acto de entrega, junto a la ministra Victoria Tejeda, estuvieron las referentes locales de Desarrollo Social, Cristina Sviser y Patricia Bacalini. “Casilda consolida el compromiso del Estado local con el acompañamiento integral a quienes atraviesan estas problemáticas”, destacaron desde la cartera local.

Asimismo, se continuará trabajando de manera articulada con los distintos niveles, ampliando derechos y garantizando políticas públicas que cuidan, con una mirada territorial, sensible y transformadora.

Estas políticas buscan corregir las desigualdades históricas y estructurales que afectan a las personas según su identidad y expresión de género. No son solo un compromiso institucional, sino una responsabilidad colectiva para reconstruir espacios para que todas las personas puedan vivir con dignidad, respeto y autonomía.