La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

 Un hombre de 24 años cuyas iniciales son JJCG quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que está imputado por golpear y lesionar, amenazar y abusar sexualmente de la mujer que era su pareja en Rufino. Así lo dispuso la jueza Lorena Garini a raíz de un planteo formulado por la fiscal del MPA, Rafaela Florit, en una audiencia llevada a cabo ayer en los tribunales rufinenses.

“Si bien la Defensa del imputado propuso medidas alternativas a la privación cautelar de la libertad, la jueza rechazó el planteo, entendió que había riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento de que el hombre investigado quede en prisión preventiva”, valoró la fiscal.

De acuerdo con lo informado por Florit en la audiencia, el imputado tiene un antecedente penal condenatorio por delitos que también cometió en un contexto de violencia de género en perjuicio de otra mujer con quien mantuvo una relación de pareja.

Por la fuerza

“Los ilícitos que investigamos fueron cometidos hace dos semanas en la vivienda que compartían el imputado y la víctima a raíz de la relación de pareja que tenían”, informó la fiscal del MPA.

Florit relató que “minutos antes de las 6 de la mañana del martes 7, mientras la víctima dormía, el hombre investigado le revisó el teléfono celular”, y agregó que “a raíz de que encontró fotos archivadas de ella con amigos y con su expareja, el imputado comenzó a agredirla verbal y físicamente”.

“A pesar de los insultos y de los golpes que estaba recibiendo, la mujer intentó calmar al imputado, pero él buscó un cuchillo tipo Tramontina y se lo apoyó en el cuerpo mientras la amenazaba de muerte”, subrayó la fiscal. “Además, ese día, el hombre investigado obligó a la mujer a que lo acompañe al campo en el que él trabaja y le recriminó durante todo el día las fotos que ella tenía guardadas en su teléfono”, agregó Florit.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “al día siguiente, el imputado quiso tener relaciones sexuales con la víctima, pero ella se negó”. En tal sentido, añadió que “a él no le importó, utilizó su fuerza para imponerse, desvistió a la mujer y abusó sexualmente de ella”.

“Lo mismo ocurrió dos días después, oportunidad en la que volvió a atentar contra la integridad sexual de su pareja”, remarcó la fiscal.

Denuncia

Luego de lo ocurrido ese viernes 10, la víctima hizo la denuncia que permitió iniciar la investigación de los ilícitos. “La mujer esperó que el imputado se fuera a trabajar para ir a una sede policial donde relató lo que había tenido que padecer”, indicó la fiscal.

Florit explicó que “escuchamos a la víctima y le brindamos contención” y agregó que “el mismo viernes, rápidamente libramos la orden de detención del hombre investigado, solicitamos distintas pericias y tomamos testimonios a personas del entorno de la mujer”.

“Buscamos al imputado en la casa de su madre y en distintos lugares que frecuentaba y, finalmente, se presentó el lunes en la comisaría de Rufino, donde quedó detenido”, finalizó la fiscal.

Calificaciones penales

El imputado es investigado por la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas doblemente calificadas (por ser cometidas contra persona con la que mantuvo una relación de pareja y mediando violencia de género), amenazas calificadas (por el uso de arma) y abuso sexual con acceso carnal.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 48 años, cuyas iniciales son LAL, al que se investiga por haber agredido a dos personas de su entorno en una vivienda ubicada en la localidad de María Teresa).

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Mayra Vuletic e impuesta por la jueza Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos, sostuvo que la pena en expectativa es de prisión de cumplimiento efectivo y planteó que los riesgos procesales estaban latentes”.

Vuletic indicó que “el domingo 12 de este mes a la madrugada, el imputado llevó a cabo su accionar delictivo de forma coordinada con una mujer con la que mantenía una relación”, y precisó que “en la casa en la que residían, agredieron a una pareja que estaba de visita allí”.

“El investigado y su compañera golpearon con los puños y con un palo a una de las víctimas y atacaron con un hacha a la otra”, afirmó la funcionaria del MPA. “Momentos después, el hombre amedrentado se desvaneció en la vía pública y los coautores le aseguraron que lo iban a matar con un arma de fuego”, remarcó.

La fiscal refirió que “el hombre de iniciales LAL también es investigado porque en diciembre del año pasado agredió físicamente a su pareja en un contexto de violencia de género”, y puntualizó que “ese ilícito también fue cometido en el domicilio que compartían”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como coautor de lesiones graves dolosas, lesiones leves dolosas y amenazas coactivas. A su vez, se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género).

En una audiencia presidida por el juez Adrián Godoy, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra formalizó la atribución delictiva contra el investigado. Según detalló la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hombre deberá someterse a un sistema de monitoreo permanente coordinado por la Central de Emergencias 911.

La medida más destacada es la implementación de un dispositivo dual. Esto implica que el imputado debe portar una tobillera electrónica geolocalizada en todo momento, mientras que a su expareja se le hizo entrega de un botón antipánico.

“Se trata de una medida compulsiva que es crucial para mitigar los peligros procesales”, explicó la fiscal Schiappa Pietra, quien remarcó que, si el sistema detecta que el hombre se encuentra a menos de 1.000 metros de la víctima, se activa un protocolo de detención inmediata por parte de agentes policiales.

La investigación sostiene que LMR llevó adelante un plan de amedrentamiento contra la mujer, tanto de forma personal como a través de mensajes de WhatsApp, generando en ella un temor constante. Sin embargo, la violencia no se limitó a su expareja.

De acuerdo a la fiscalía, el imputado también agredió físicamente a un allegado de la mujer tras interceptarlo en la vía pública; intimidó de forma reiterada a la actual pareja de la víctima; y dañó intencionalmente el automóvil de este último, rompiéndole uno de los espejos.

Además del monitoreo electrónico, el juez ordenó a LMR la prohibición absoluta de acercamiento a las víctimas, el pago de una fianza y la entrega de un arma de fuego que poseía legalmente. Asimismo, deberá firmar semanalmente en una comisaría e iniciar un tratamiento para el control de la ira.

Los delitos por los cuales es investigado incluyen lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, amenazas, desobediencia a un mandato judicial y daño. También se le atribuyeron contravenciones por actos turbatorios y molestias.

El expresidente comunal de San Eduardo (2021-2025), Leandro Rinaldi, fue imputado por nueve hechos delictivos durante una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto.

Parte de los episodios investigados se encuentran vinculados a denuncias por presunta violencia de género contra su expareja. Tras permanecer detenido desde el fin de semana, Rinaldi recuperó la libertad mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas.

La resolución judicial incluyó una caución de 3 millones de pesos, prohibiciones de acercamiento, limitaciones para ingresar a determinados sectores de Venado Tuerto y la colocación de un dispositivo electrónico dual.

Los delitos atribuidos

La imputación fue presentada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Florencia Schiappa Pietra. Rinaldi fue asistido por su abogada defensora particular, Ana Regidor.

Fuentes del caso indicaron a Sur24 que durante la audiencia, los nueve hechos fueron calificados provisoriamente como:

La calificación legal es provisoria y podrá modificarse durante el avance de la investigación. En tanto, Rinaldi decidió no prestar declaración en esta instancia del proceso.

Caución de $3 millones

Luego de la formulación de cargos, la Justicia dispuso la libertad del exmandatario comunal bajo estrictas reglas de conducta acordadas entre las partes.

Entre las medidas establecidas se encuentra la obligación de presentar, dentro del plazo fijado, dinero o bienes libres de gravámenes por un valor de $3 millones.

También deberá acreditar semanalmente ante la comisaría de San Eduardo su situación laboral y su arraigo, además de informar previamente al Ministerio Público de la Acusación cualquier modificación de domicilio.

La libertad quedó condicionada, además, a la entrega en dependencias de la Policía de Investigaciones de un arma de fuego de la cual sería legítimo tenedor.

Restricciones de acercamiento

El tribunal ordenó que Rinaldi mantenga una distancia mínima de 1.000 metros respecto de su expareja. También se fijaron restricciones de 300 metros en relación con otras dos personas involucradas en el expediente.

La prohibición alcanza tanto al contacto personal como a cualquier comunicación realizada por medios digitales, telefónicos o a través de terceras personas, salvo las intervenciones que puedan ser autorizadas por el Juzgado de Familia.

Cualquier eventual régimen de comunicación relacionado con la hija que tienen en común deberá concretarse mediante una persona intermediaria y de acuerdo con las disposiciones del fuero de Familia.

Dispositivo dual y botón antipánico

Como parte de las medidas de protección, la Justicia ordenó instalar un dispositivo dual de geolocalización a Rinaldi y entregar el equipo correspondiente a su expareja.

El sistema genera una alerta automática cuando la persona monitoreada ingresa en el radio de exclusión establecido judicialmente.

Además, se dispuso la entrega de un botón antipánico a otra de las personas protegidas por las restricciones.

La implementación de estos mecanismos estará a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

Limitaciones para circular por Venado Tuerto

Hasta que los dispositivos de protección se encuentren instalados, Rinaldi tendrá prohibido ingresar a una amplia zona urbana de Venado Tuerto delimitada por las rutas nacionales 8 y 33 y por el camino que rodea la ciudad entre ambas vías.

La medida también alcanza temporalmente a determinados vehículos vinculados con su entorno. Una vez colocado el dispositivo dual y entregado el botón antipánico, podrán circular nuevamente por el sector, aunque continuarán vigentes las distancias mínimas de acercamiento.

Tratamiento para el control de la ira

Otra de las condiciones impuestas consiste en acreditar, dentro de los diez días hábiles, el inicio de un tratamiento profesional relacionado con el manejo de la ira.

El abordaje podrá realizarse en una institución pública o privada elegida por el imputado.

El incumplimiento de cualquiera de las reglas podría derivar en la revisión de su libertad y en la aplicación de medidas cautelares más severas.

La causa continuará bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación. La imputación no implica una condena y Rinaldi conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.

(Por Agustín Aranda) - La transformación que atraviesa el transporte urbano a partir del arribo de las aplicaciones de viajes urbanos abrió una discusión que excede la competencia entre taxis y estos nuevos servicios. Semanas atrás, y a cuenta de que la Asociación de Mujeres Conductoras (AMC) llevó al Concejo Municipal un proyecto para fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género en los ámbitos vinculados a la prestación de servicios públicos, la inquietud puso de relieve una realidad: que las personas trabajando en las aplicaciones no tienen el requerimiento de este tipo de formación, presentando un potencial peligro para quienes se suben a esos autos.

La alerta y el debate surgió de otra iniciativa que propone que todas las empresas, cooperativas, concesionarias y personas físicas o jurídicas que mantengan vínculos contractuales con la Municipalidad adhieran obligatoriamente al Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública Municipal, una herramienta vigente desde 2020 para las dependencias municipales y que la organización busca extender a quienes trabajan para el Estado local.

Las conductoras proponen capacitaciones obligatorias y periódicas para quienes trasladan pasajeros en Rosario.

Ese expediente fue presentado por la AMC y este año sus representantes expusieron la propuesta ante la comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos del Concejo, donde además plantearon la necesidad de incorporar capacitaciones específicas para quienes se desempeñan en empresas vinculadas al municipio. En esa reunión explicaron que dieron forma al proyecto después de acompañar a una trabajadora de una empresa concesionaria del transporte que atravesó una situación de violencia de género y que, de acuerdo con la organización, no encontró una respuesta institucional inmediata.

Para Stella Maris Ubal, integrante de la Asociación de Mujeres Conductoras, Rosario avanzó al incorporar contenidos de género y diversidad dentro de la formación exigida para obtener la licencia profesional. Sin embargo, considera que el desafío ahora es que esas herramientas no queden limitadas a una instancia inicial. "Es necesario mantener capacitaciones periódicas y de actualización. También evaluar el impacto real de la formación sobre las prácticas cotidianas y fortalecer la aplicación de los protocolos frente a situaciones de violencia, discriminación o acoso", señaló.

Actualmente, la capacitación para conductores profesionales reúne contenidos técnicos —como legislación, movilidad, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios— con módulos vinculados a género, diversidad, discapacidad, infancias y personas mayores.

Según explicó Ubal, esa formación apunta a profesionalizar el servicio y brindar herramientas para actuar ante emergencias, prevenir situaciones de discriminación y ofrecer una atención adecuada a pasajeros con distintas necesidades.

Por ese motivo, la asociación también propone que las capacitaciones sean presenciales, periódicas y verificables, y que acreditar su realización sea un requisito obligatorio en cada renovación de la licencia profesional.

Aunque el proyecto presentado en el Concejo no menciona a Uber ni a DiDi, desde la asociación aprovecharon la oportunidad para hablar de otra preocupación: las exigencias mínimas deberían cumplir todas las personas que trasladan pasajeros a través de estos servicios.

El planteo no se limita a la formación técnica. Para las conductoras organizadas, la capacitación en perspectiva de género constituye una herramienta de prevención que permite reconocer situaciones de violencia o discriminación, actuar de manera adecuada ante episodios de acoso, conocer los canales institucionales de derivación y brindar una atención respetuosa a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la AMC sostienen que esas competencias hoy forman parte de las obligaciones del sistema regulado de taxis, mientras que quienes realizan viajes mediante plataformas que operan por fuera del esquema municipal no están alcanzados por los mismos requisitos de habilitación profesional. En consecuencia, el municipio tampoco puede exigir ni verificar que hayan recibido formación específica para prevenir, detectar o intervenir ante situaciones de violencia por motivos de género.

Mientras el expediente inicial sobre empresas con contrato con la Municipalidad continúa su recorrido legislativo, la discusión abre un interrogante que gana peso en un escenario donde conviven modalidades tradicionales y nuevas formas de contratación de viajes: cómo garantizar condiciones comunes de prevención, actuación y cuidado para quienes trabajan y para quienes utilizan el transporte urbano, más allá de la plataforma desde la que se solicite un viaje.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género concretó la detención de Iván M. de 35 años, en el marco de una causa por lesiones dolosas agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

La investigación, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rufino, se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. Según consta en las actuaciones, el imputado la habría empujado contra una heladera, golpeado en el rostro y lesionado sus dedos al intentar impedir que abandonara el domicilio.En cumplimiento de la orden de detención dispuesta por la Fiscalía interviniente, el imputado fue trasladado a la sede de la PDI, donde se le notificó la formación de causa y quedó detenido.Por disposición judicial, fue alojado en la Comisaría 3.ª, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

Un hombre de 55 años, identificado por sus iniciales como RHC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por abuso sexual contra una mujer que era su pareja en Rufino.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses, a pedido del fiscal Mauro Menéndez, quien está a cargo de la investigación.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación valoró la resolución judicial y señaló que, “a pesar de que la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido”. Además, explicó que “la privación de la libertad era fundamental para resguardar a la víctima, quien está en una situación de especial vulnerabilidad”.

De acuerdo con la atribución fiscal, el hombre investigado habría agredido sexualmente a su pareja en el marco de una relación atravesada por violencia de género.

Menéndez sostuvo que el vínculo estaba marcado por “maltratos verbales, control, aislamiento, sometimiento psicológico y aprovechamiento de la confianza derivada de la convivencia”, en el marco de una relación de alrededor de dos décadas.

“El hombre investigado cometió el ilícito semanas atrás, en una casa de Rufino en la que estaba circunstancialmente con su pareja”, indicó el fiscal.

Según precisó, ambos se habían separado días antes, pero la mujer le había permitido permanecer en el domicilio hasta que encontrara un lugar para mudarse.

La investigación penal continuará su curso mientras se avanza con las medidas correspondientes. Por el momento, el imputado permanecerá privado de su libertad de manera preventiva, mientras se profundiza la pesquisa por el hecho atribuido.

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de F.G.A., de 21 años, luego de una audiencia imputativa en la que el fiscal Iván Raposo le atribuyó una grave secuencia de violencia contra su expareja durante la madrugada del 20 de junio.

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó en el interior del boliche WESS y continuó luego en la vía pública, por distintos sectores de la ciudad. La víctima, que se encuentra embarazada, habría sido hostigada, empujada, tomada del cabello y golpeada en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles en la zona de la boca y la nariz.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, todo en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la imputación, tras los primeros hechos dentro y fuera del local nocturno, el acusado habría seguido a la víctima junto a otras personas y le habría dirigido amenazas de extrema gravedad, tanto a ella como a un joven que la acompañaba.

La situación escaló cuando la víctima se dirigió a sede policial para realizar la denuncia. Según la Fiscalía, el imputado se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un arma blanca tipo cuchillo y habría intentado agredir a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, también se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del cuchillo en la espalda y haber agredido a otra mujer que intervino durante el episodio.

Preventiva hasta agosto

La prisión preventiva fue dispuesta hasta el 20 de agosto a las 10. Según la resolución, si el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad superior, la medida cautelar se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.

En caso de que no se presente acusación ni se solicite una prórroga, el imputado podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto.

El contexto del boliche WESS

El caso tomó mayor repercusión porque se conoció en paralelo a la clausura preventiva del pub WESS por 30 días hábiles, medida adoptada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto tras evaluar infracciones y distintos episodios de violencia registrados dentro y en las inmediaciones del local nocturno.

Un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales como JEC, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por haber cometido distintos delitos contra su expareja en un contexto de violencia de género en la localidad de Hughes, departamento General López.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados desarrollado en los tribunales de Melincué. La investigación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación.

Según informó el fiscal, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024, período en el que el condenado ejerció distintos episodios de violencia contra la víctima.

Cochero indicó que, durante ese lapso, el hombre maltrató verbal y físicamente a su expareja en reiteradas oportunidades y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.

Además, el funcionario del MPA sostuvo que el condenado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la agredió sexualmente.

A esos hechos se sumó el hostigamiento a través de redes sociales. Según la acusación, el hombre envió mensajes intimidatorios y llegó a amenazar de muerte a la mujer.

En relación con el contexto en el que se produjeron los delitos, Cochero remarcó que el condenado ejercía violencia de género contra la víctima, quien se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por las características del caso.

En el marco del juicio abreviado, el condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, lesiones leves dolosas, amenazas y violación de domicilio, todos cometidos en un contexto de violencia de género.

Junto con su abogado defensor, también aceptó la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.

Por disposición de resguardo, la identidad completa del condenado no se publica para evitar la revictimización de la víctima, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en una localidad pequeña del sur santafesino.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Rufino a un hombre de 41 años que era investigado por un presunto hecho de violencia de género, ocurrido en esa ciudad del sur santafesino.

El procedimiento fue realizado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició a partir de una denuncia realizada por una mujer de 22 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. De acuerdo con las actuaciones, la víctima sufrió golpes en la zona del rostro y la cabeza.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal especializado de la PDI procedió al traslado del investigado, quien fue sometido a las diligencias correspondientes y luego notificado de la causa que se le atribuye.

El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 33 años (del cual se reserva el nombre para evitar la revictimización de la denunciante) de la localidad de Hughes fue condenado a 9 años y seis meses de prisión tras aceptar en un juicio abreviado la responsabilidad por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones y violación de domicilio cometidos contra su ex pareja. La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero.

Crimen y denuncia

La víctima realizó la denuncia el 24 de octubre de 2024, detallando una serie de agresiones físicas y sexuales que habrían ocurrido de manera reiterada durante aproximadamente dos meses.

Según consta en la investigación fiscal, el acusado la habría maltratado golpeándola, mordiéndola, quemándole con un encendedor y profiriéndole amenazas en múltiples oportunidades. En uno de los hechos descriptos, le habría “clavado una lapicera en el pulgar izquierdo”, en otro “propinado un cabezazo que le provocó la ruptura del labio”.

Además, en un hecho que agrava la acusación, el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima en Hughes y, siempre según la imputación, la obligó a mantener relaciones sexuales, lo que fue calificado penalmente como abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio en concurso ideal.

El marco legal de la acusación

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa condujo a la presentación de un procedimiento abreviado, en el cual las partes convinieron la calificación de los hechos y la pena a imponer.

La fiscalía califica los ilícitos como:

Ante ello, el fiscal solicitó una pena de 9 años y seis meses de prisión, la cual fue aceptada y avalada por el tribunal en el marco del juicio abreviado.

Un hombre de 50 años, identificado por sus iniciales WDC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una agresión cometida contra una mujer que era su pareja en la ciudad de Rufino, departamento General López.

La medida fue resuelta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses. El pedido había sido formulado por el fiscal Mauro Menéndez, quien está a cargo de la investigación.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación valoró la decisión judicial y señaló que, “aunque la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento”.

Según precisó Menéndez, el hecho investigado ocurrió el domingo 31 de mayo, alrededor de las 23:30, cuando el imputado llegó alcoholizado a la vivienda en la que convivía con la víctima y sus cuatro hijos menores de edad.

En ese contexto, el hombre mantuvo una discusión con la mujer y luego la golpeó en el rostro, provocándole una fractura de tabique nasal.

El fiscal indicó que, tras la agresión, la víctima pudo comunicarse con una familiar, quien la acompañó a un centro médico. Posteriormente, también realizó la denuncia correspondiente.

Al imputado se le atribuyó la autoría del delito de lesiones graves calificadas, por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía un vínculo de pareja y contra una mujer en un contexto de violencia de género.

La investigación continuará bajo la órbita del fiscal Menéndez, mientras el acusado permanecerá privado de la libertad en forma preventiva.

Personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones llevó adelante la detención de un hombre en la localidad de Rufino, en el marco de una causa por lesiones dolosas graves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

La investigación de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino, se inició tras la denuncia de una mujer de 33 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja, quien le habría propinado un golpe de puño en el rostro, provocándole fractura de tabique nasal.

En relación al hecho, W. D. C., de 50 años, se presentó de manera espontánea en sede policial, donde fue aprehendido por personal actuante. Tras consulta con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal de turno Dr. Menéndez dispuso la formación de causa y que el involucrado quede alojado en calidad de detenido.

Interviene la Fiscalía del MPA de Rufino. La defensa pública quedó a cargo del Dr. Pablo Domínguez.

Un joven de Villa Cañás fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional en el marco de un procedimiento abreviado, luego de aceptar su responsabilidad en una serie de hechos vinculados con amenazas, lesiones, daños, violación de domicilio, desobediencia a la autoridad y violencia de género.

Se trata de Mauro Nicolás Gallego, de 32 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Villa Cañás. La pena fue acordada entre la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Débora Valentín, la defensora pública Antonela Dalzotto y el propio acusado.

Al no registrar antecedentes penales, la sanción fue fijada bajo la modalidad condicional. Esto significa que no será alojado en una unidad penitenciaria, aunque deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta. En caso de incumplirlas, su situación judicial podría agravarse.

Episodios de violencia

La investigación reunió distintos hechos ocurridos en Villa Cañás. Según el expediente, el primero de los episodios se registró el 9 de noviembre de 2024, cuando el acusado pasó en moto frente al domicilio de una ex pareja y la amenazó a los gritos, junto a su actual pareja y sus hijos.

Otro de los hechos atribuidos ocurrió el 21 de noviembre de 2025, en una vivienda ubicada en la zona de calles 49 y 62. Allí, de acuerdo con la acusación fiscal, Gallego agredió físicamente a otra ex pareja cuando la mujer intentaba retirarse del lugar junto a una bebé.

La víctima sufrió golpes en las costillas, en el rostro y otras lesiones consideradas leves. La fiscalía sostuvo que el ataque se dio en un contexto de violencia de género y que el acusado llegó a impedirle salir de la vivienda.

Desobediencia

El expediente también incluyó episodios posteriores en los que el acusado habría incumplido medidas dispuestas por el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Villa Cañás.

Una de esas situaciones ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando el hombre se acercó a su ex pareja en una plaza de la ciudad, pese a tener vigente una prohibición de contacto violento u hostil. Según la acusación, la insultó, la tomó del brazo y le escupió el rostro.

Ese mismo día, durante la madrugada, también se le atribuyó haber roto el vidrio de una ventana trasera de la vivienda de la mujer. Para la fiscalía, esa conducta constituyó un nuevo incumplimiento de las restricciones judiciales vigentes.

Días después, el 20 de diciembre de 2025, Gallego volvió a ser señalado por ingresar sin autorización al domicilio de la misma ex pareja. Según el expediente, entró en estado violento y agresivo mientras buscaba a la mujer por distintos ambientes de la casa.

Agresiones a familiares

La causa sumó además un grave episodio ocurrido el 7 de febrero de 2026, alrededor de la medianoche, en una vivienda de calle 46 Bis al 600 de Villa Cañás.

De acuerdo con la acusación, el joven ingresó violentamente a la casa donde se encontraban su madre, la pareja de ella y otros familiares. Allí provocó daños, amenazó de muerte a los presentes y agredió físicamente a varias personas.

Como consecuencia de ese ataque, dos víctimas sufrieron lesiones leves y una tercera resultó con lesiones graves. La fiscalía también le atribuyó haber exhibido un cuchillo en la vía pública en actitud intimidatoria.

Esa misma madrugada, cerca de la 1.30, el acusado fue vinculado con otro hecho de violación de domicilio y daños, tras ingresar sin autorización a una vivienda ubicada en la intersección de calles 49 y 62 bis, mediante la rotura de una puerta y vidrios de una ventana.

Calificación legal

Los hechos fueron encuadrados como amenazas simples y calificadas, lesiones leves dolosas, lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones graves dolosas agravadas por violencia de género, desobediencia a la autoridad, violación de domicilio y daños.

Para definir la pena, se valoraron como agravantes la reiteración de los hechos, el vínculo con algunas de las víctimas, el contexto de violencia de género y el daño causado al entorno familiar.

Como atenuante, se tuvo en cuenta que Gallego no registraba antecedentes penales.

Reglas de conducta

Durante tres años, el condenado deberá fijar domicilio en la localidad de Santa Isabel e informar cualquier cambio a la Fiscalía y a la Oficina de Gestión Judicial.

También deberá abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos.

Además, tendrá prohibido acercarse o contactar por cualquier medio a las víctimas mencionadas en el expediente. Tampoco podrá hostigarlas mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

Otra de las obligaciones impuestas es la prohibición de portar o tener armas de cualquier tipo.

Nicolás Castro, un boxeador profesional de 26 años fue condenado a doce años de prisión efectiva por intentar matar a su pareja en un ataque que incluyó golpes, patadas y mordeduras, además de amenazas de muerte hacia la víctima y su familia. El hecho ocurrió el 28 de julio de 2024, en la localidad de Santa Isabel, luego de una discusión mientras regresaban de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, y la sentencia se resolvió en el marco de un juicio abreviado, con acuerdo de la fiscalía, la defensa y la propia víctima. La jueza Paula Borrello homologó la pena, que incluyó la consideración de tentativa de homicidio calificado (femicidio), violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad, todos en concurso real de delitos.

El violento episodio comenzó cuando Castro ingresó al domicilio de la mujer sin autorización, rompiendo la puerta y manifestando: “No te voy a pegar, te voy a matar… Vine a matarte”. Durante el ataque, la víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza y zona genital, y perdió el conocimiento.

Días después, el 20 de agosto de 2024, el acusado protagonizó un nuevo hecho cuando agredió al oficial de policía Francisco Romero, que junto a otro efectivo había acudido a la vivienda para ejecutar la exclusión del agresor del hogar.

Un hombre de Venado Tuerto, identificado como Lucas N., seguirá detenido al menos 60 días más, acusado de golpear brutalmente a su hijastra en Lavalle al 1.200 en plena vía pública. La resolución fue tomada por el juez Leandro Martín, quien ratificó la prisión preventiva luego de considerar los antecedentes del imputado y la necesidad de proteger a las víctimas.

Lucas N. había cumplido recientemente una condena de tres años por violencia de género contra su pareja, quien también es madre de la víctima actual. La fiscal Débora Valentín se opuso a la liberación del imputado, señalando que representa un riesgo para las víctimas y podría entorpecer la investigación.

Antecedentes y riesgo procesal

En 2023, Lucas N. fue condenado mediante procedimiento abreviado por violencia contra Claudia M., madre de la víctima. La mujer declaró que vivió con miedo durante la relación y consideró prudente que él no pueda ingresar a la ciudad.

Además, el acusado enfrenta otras causas por infracción a la ley 23.737 y registros de violencia hacia otras parejas, lo que refuerza la decisión de mantenerlo detenido. La fiscalía destacó que, de ser condenado en el nuevo proceso, la pena sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo de fuga.

Hechos y pruebas

El ataque ocurrió frente a varios testigos, quienes relataron que el acusado golpeó a la joven y le arrojó su celular al piso. La víctima, identificada como Jazmín, quedó tendida en la calle con sangrado en el oído, siendo asistida por vecinos hasta la llegada del servicio de emergencias.

El 911 recibió tres llamados alertando sobre la agresión, y videos aportados por vecinos muestran la brutalidad del ataque. Testigos relataron el notable estado de angustia de la joven durante todo el hecho.

Resolución judicial

La defensa había solicitado alternativas a la privación de libertad, pero la fiscalía argumentó que ningún otro recurso neutralizaría adecuadamente los riesgos de fuga o presión sobre testigos. Por ello, el juez Martín resolvió mantener la prisión preventiva, asegurando la protección de las víctimas y el normal desarrollo de la investigación.

Un hombre de 40 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por golpear y amenazar a su pareja en su domicilio de la ciudad de Firmat. La causa fue tramitada por la fiscal Ana Belén Stampella, y contó con la defensa del Dr. Carlos Villalba.

Según consta en el expediente, el 28 de noviembre de 2025, durante una discusión en el hogar que compartían, el hombre arrojó a la víctima sobre la cama y le cubrió el rostro con un almohadón mientras le decía “te voy a matar”. La mujer logró escapar hacia la habitación de su hija, momento en que el acusado vociferaba que se suicidaría con un arma de fuego que tenía en su vehículo, generando temor en ambas.

Además, la investigación judicial determinó que, días antes, el agresor había propinado golpes y cabezazos a su pareja, y la amenazó con cortarle los dedos con un hacha que guardaba en el baúl de su automóvil.

El tribunal calificó los hechos como amenazas en dos ocasiones y lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por el contexto de género. La pena fue acompañada por un conjunto de reglas de conducta para el condenado durante tres años: fijar residencia en Firmat, abstenerse de consumir drogas o alcohol en exceso, prohibición absoluta de contacto con la víctima, no portar armas y someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico.

La decisión judicial busca proteger a la víctima y a su hija, y en ese contexto, desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron evitar publicar el nombre y apellido del condenado.