Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género concretó la detención de Iván M. de 35 años, en el marco de una causa por lesiones dolosas agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

La investigación, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rufino, se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. Según consta en las actuaciones, el imputado la habría empujado contra una heladera, golpeado en el rostro y lesionado sus dedos al intentar impedir que abandonara el domicilio.En cumplimiento de la orden de detención dispuesta por la Fiscalía interviniente, el imputado fue trasladado a la sede de la PDI, donde se le notificó la formación de causa y quedó detenido.Por disposición judicial, fue alojado en la Comisaría 3.ª, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

Un hombre de 55 años, identificado por sus iniciales como RHC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por abuso sexual contra una mujer que era su pareja en Rufino.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses, a pedido del fiscal Mauro Menéndez, quien está a cargo de la investigación.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación valoró la resolución judicial y señaló que, “a pesar de que la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido”. Además, explicó que “la privación de la libertad era fundamental para resguardar a la víctima, quien está en una situación de especial vulnerabilidad”.

De acuerdo con la atribución fiscal, el hombre investigado habría agredido sexualmente a su pareja en el marco de una relación atravesada por violencia de género.

Menéndez sostuvo que el vínculo estaba marcado por “maltratos verbales, control, aislamiento, sometimiento psicológico y aprovechamiento de la confianza derivada de la convivencia”, en el marco de una relación de alrededor de dos décadas.

“El hombre investigado cometió el ilícito semanas atrás, en una casa de Rufino en la que estaba circunstancialmente con su pareja”, indicó el fiscal.

Según precisó, ambos se habían separado días antes, pero la mujer le había permitido permanecer en el domicilio hasta que encontrara un lugar para mudarse.

La investigación penal continuará su curso mientras se avanza con las medidas correspondientes. Por el momento, el imputado permanecerá privado de su libertad de manera preventiva, mientras se profundiza la pesquisa por el hecho atribuido.

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de F.G.A., de 21 años, luego de una audiencia imputativa en la que el fiscal Iván Raposo le atribuyó una grave secuencia de violencia contra su expareja durante la madrugada del 20 de junio.

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó en el interior del boliche WESS y continuó luego en la vía pública, por distintos sectores de la ciudad. La víctima, que se encuentra embarazada, habría sido hostigada, empujada, tomada del cabello y golpeada en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles en la zona de la boca y la nariz.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, todo en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la imputación, tras los primeros hechos dentro y fuera del local nocturno, el acusado habría seguido a la víctima junto a otras personas y le habría dirigido amenazas de extrema gravedad, tanto a ella como a un joven que la acompañaba.

La situación escaló cuando la víctima se dirigió a sede policial para realizar la denuncia. Según la Fiscalía, el imputado se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un arma blanca tipo cuchillo y habría intentado agredir a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, también se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del cuchillo en la espalda y haber agredido a otra mujer que intervino durante el episodio.

Preventiva hasta agosto

La prisión preventiva fue dispuesta hasta el 20 de agosto a las 10. Según la resolución, si el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad superior, la medida cautelar se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.

En caso de que no se presente acusación ni se solicite una prórroga, el imputado podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto.

El contexto del boliche WESS

El caso tomó mayor repercusión porque se conoció en paralelo a la clausura preventiva del pub WESS por 30 días hábiles, medida adoptada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto tras evaluar infracciones y distintos episodios de violencia registrados dentro y en las inmediaciones del local nocturno.

Un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales como JEC, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por haber cometido distintos delitos contra su expareja en un contexto de violencia de género en la localidad de Hughes, departamento General López.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados desarrollado en los tribunales de Melincué. La investigación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación.

Según informó el fiscal, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024, período en el que el condenado ejerció distintos episodios de violencia contra la víctima.

Cochero indicó que, durante ese lapso, el hombre maltrató verbal y físicamente a su expareja en reiteradas oportunidades y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.

Además, el funcionario del MPA sostuvo que el condenado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la agredió sexualmente.

A esos hechos se sumó el hostigamiento a través de redes sociales. Según la acusación, el hombre envió mensajes intimidatorios y llegó a amenazar de muerte a la mujer.

En relación con el contexto en el que se produjeron los delitos, Cochero remarcó que el condenado ejercía violencia de género contra la víctima, quien se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por las características del caso.

En el marco del juicio abreviado, el condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, lesiones leves dolosas, amenazas y violación de domicilio, todos cometidos en un contexto de violencia de género.

Junto con su abogado defensor, también aceptó la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.

Por disposición de resguardo, la identidad completa del condenado no se publica para evitar la revictimización de la víctima, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en una localidad pequeña del sur santafesino.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Rufino a un hombre de 41 años que era investigado por un presunto hecho de violencia de género, ocurrido en esa ciudad del sur santafesino.

El procedimiento fue realizado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició a partir de una denuncia realizada por una mujer de 22 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. De acuerdo con las actuaciones, la víctima sufrió golpes en la zona del rostro y la cabeza.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal especializado de la PDI procedió al traslado del investigado, quien fue sometido a las diligencias correspondientes y luego notificado de la causa que se le atribuye.

El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 33 años (del cual se reserva el nombre para evitar la revictimización de la denunciante) de la localidad de Hughes fue condenado a 9 años y seis meses de prisión tras aceptar en un juicio abreviado la responsabilidad por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones y violación de domicilio cometidos contra su ex pareja. La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero.

Crimen y denuncia

La víctima realizó la denuncia el 24 de octubre de 2024, detallando una serie de agresiones físicas y sexuales que habrían ocurrido de manera reiterada durante aproximadamente dos meses.

Según consta en la investigación fiscal, el acusado la habría maltratado golpeándola, mordiéndola, quemándole con un encendedor y profiriéndole amenazas en múltiples oportunidades. En uno de los hechos descriptos, le habría “clavado una lapicera en el pulgar izquierdo”, en otro “propinado un cabezazo que le provocó la ruptura del labio”.

Además, en un hecho que agrava la acusación, el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima en Hughes y, siempre según la imputación, la obligó a mantener relaciones sexuales, lo que fue calificado penalmente como abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio en concurso ideal.

El marco legal de la acusación

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa condujo a la presentación de un procedimiento abreviado, en el cual las partes convinieron la calificación de los hechos y la pena a imponer.

La fiscalía califica los ilícitos como:

Ante ello, el fiscal solicitó una pena de 9 años y seis meses de prisión, la cual fue aceptada y avalada por el tribunal en el marco del juicio abreviado.

Un hombre de 50 años, identificado por sus iniciales WDC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una agresión cometida contra una mujer que era su pareja en la ciudad de Rufino, departamento General López.

La medida fue resuelta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses. El pedido había sido formulado por el fiscal Mauro Menéndez, quien está a cargo de la investigación.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación valoró la decisión judicial y señaló que, “aunque la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento”.

Según precisó Menéndez, el hecho investigado ocurrió el domingo 31 de mayo, alrededor de las 23:30, cuando el imputado llegó alcoholizado a la vivienda en la que convivía con la víctima y sus cuatro hijos menores de edad.

En ese contexto, el hombre mantuvo una discusión con la mujer y luego la golpeó en el rostro, provocándole una fractura de tabique nasal.

El fiscal indicó que, tras la agresión, la víctima pudo comunicarse con una familiar, quien la acompañó a un centro médico. Posteriormente, también realizó la denuncia correspondiente.

Al imputado se le atribuyó la autoría del delito de lesiones graves calificadas, por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía un vínculo de pareja y contra una mujer en un contexto de violencia de género.

La investigación continuará bajo la órbita del fiscal Menéndez, mientras el acusado permanecerá privado de la libertad en forma preventiva.

Personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones llevó adelante la detención de un hombre en la localidad de Rufino, en el marco de una causa por lesiones dolosas graves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

La investigación de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino, se inició tras la denuncia de una mujer de 33 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja, quien le habría propinado un golpe de puño en el rostro, provocándole fractura de tabique nasal.

En relación al hecho, W. D. C., de 50 años, se presentó de manera espontánea en sede policial, donde fue aprehendido por personal actuante. Tras consulta con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal de turno Dr. Menéndez dispuso la formación de causa y que el involucrado quede alojado en calidad de detenido.

Interviene la Fiscalía del MPA de Rufino. La defensa pública quedó a cargo del Dr. Pablo Domínguez.

Un joven de Villa Cañás fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional en el marco de un procedimiento abreviado, luego de aceptar su responsabilidad en una serie de hechos vinculados con amenazas, lesiones, daños, violación de domicilio, desobediencia a la autoridad y violencia de género.

Se trata de Mauro Nicolás Gallego, de 32 años, oriundo de Venado Tuerto y domiciliado en Villa Cañás. La pena fue acordada entre la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Débora Valentín, la defensora pública Antonela Dalzotto y el propio acusado.

Al no registrar antecedentes penales, la sanción fue fijada bajo la modalidad condicional. Esto significa que no será alojado en una unidad penitenciaria, aunque deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta. En caso de incumplirlas, su situación judicial podría agravarse.

Episodios de violencia

La investigación reunió distintos hechos ocurridos en Villa Cañás. Según el expediente, el primero de los episodios se registró el 9 de noviembre de 2024, cuando el acusado pasó en moto frente al domicilio de una ex pareja y la amenazó a los gritos, junto a su actual pareja y sus hijos.

Otro de los hechos atribuidos ocurrió el 21 de noviembre de 2025, en una vivienda ubicada en la zona de calles 49 y 62. Allí, de acuerdo con la acusación fiscal, Gallego agredió físicamente a otra ex pareja cuando la mujer intentaba retirarse del lugar junto a una bebé.

La víctima sufrió golpes en las costillas, en el rostro y otras lesiones consideradas leves. La fiscalía sostuvo que el ataque se dio en un contexto de violencia de género y que el acusado llegó a impedirle salir de la vivienda.

Desobediencia

El expediente también incluyó episodios posteriores en los que el acusado habría incumplido medidas dispuestas por el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Villa Cañás.

Una de esas situaciones ocurrió el 6 de diciembre de 2025, cuando el hombre se acercó a su ex pareja en una plaza de la ciudad, pese a tener vigente una prohibición de contacto violento u hostil. Según la acusación, la insultó, la tomó del brazo y le escupió el rostro.

Ese mismo día, durante la madrugada, también se le atribuyó haber roto el vidrio de una ventana trasera de la vivienda de la mujer. Para la fiscalía, esa conducta constituyó un nuevo incumplimiento de las restricciones judiciales vigentes.

Días después, el 20 de diciembre de 2025, Gallego volvió a ser señalado por ingresar sin autorización al domicilio de la misma ex pareja. Según el expediente, entró en estado violento y agresivo mientras buscaba a la mujer por distintos ambientes de la casa.

Agresiones a familiares

La causa sumó además un grave episodio ocurrido el 7 de febrero de 2026, alrededor de la medianoche, en una vivienda de calle 46 Bis al 600 de Villa Cañás.

De acuerdo con la acusación, el joven ingresó violentamente a la casa donde se encontraban su madre, la pareja de ella y otros familiares. Allí provocó daños, amenazó de muerte a los presentes y agredió físicamente a varias personas.

Como consecuencia de ese ataque, dos víctimas sufrieron lesiones leves y una tercera resultó con lesiones graves. La fiscalía también le atribuyó haber exhibido un cuchillo en la vía pública en actitud intimidatoria.

Esa misma madrugada, cerca de la 1.30, el acusado fue vinculado con otro hecho de violación de domicilio y daños, tras ingresar sin autorización a una vivienda ubicada en la intersección de calles 49 y 62 bis, mediante la rotura de una puerta y vidrios de una ventana.

Calificación legal

Los hechos fueron encuadrados como amenazas simples y calificadas, lesiones leves dolosas, lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones graves dolosas agravadas por violencia de género, desobediencia a la autoridad, violación de domicilio y daños.

Para definir la pena, se valoraron como agravantes la reiteración de los hechos, el vínculo con algunas de las víctimas, el contexto de violencia de género y el daño causado al entorno familiar.

Como atenuante, se tuvo en cuenta que Gallego no registraba antecedentes penales.

Reglas de conducta

Durante tres años, el condenado deberá fijar domicilio en la localidad de Santa Isabel e informar cualquier cambio a la Fiscalía y a la Oficina de Gestión Judicial.

También deberá abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos.

Además, tendrá prohibido acercarse o contactar por cualquier medio a las víctimas mencionadas en el expediente. Tampoco podrá hostigarlas mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

Otra de las obligaciones impuestas es la prohibición de portar o tener armas de cualquier tipo.

Nicolás Castro, un boxeador profesional de 26 años fue condenado a doce años de prisión efectiva por intentar matar a su pareja en un ataque que incluyó golpes, patadas y mordeduras, además de amenazas de muerte hacia la víctima y su familia. El hecho ocurrió el 28 de julio de 2024, en la localidad de Santa Isabel, luego de una discusión mientras regresaban de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, y la sentencia se resolvió en el marco de un juicio abreviado, con acuerdo de la fiscalía, la defensa y la propia víctima. La jueza Paula Borrello homologó la pena, que incluyó la consideración de tentativa de homicidio calificado (femicidio), violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad, todos en concurso real de delitos.

El violento episodio comenzó cuando Castro ingresó al domicilio de la mujer sin autorización, rompiendo la puerta y manifestando: “No te voy a pegar, te voy a matar… Vine a matarte”. Durante el ataque, la víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza y zona genital, y perdió el conocimiento.

Días después, el 20 de agosto de 2024, el acusado protagonizó un nuevo hecho cuando agredió al oficial de policía Francisco Romero, que junto a otro efectivo había acudido a la vivienda para ejecutar la exclusión del agresor del hogar.

Un hombre de Venado Tuerto, identificado como Lucas N., seguirá detenido al menos 60 días más, acusado de golpear brutalmente a su hijastra en Lavalle al 1.200 en plena vía pública. La resolución fue tomada por el juez Leandro Martín, quien ratificó la prisión preventiva luego de considerar los antecedentes del imputado y la necesidad de proteger a las víctimas.

Lucas N. había cumplido recientemente una condena de tres años por violencia de género contra su pareja, quien también es madre de la víctima actual. La fiscal Débora Valentín se opuso a la liberación del imputado, señalando que representa un riesgo para las víctimas y podría entorpecer la investigación.

Antecedentes y riesgo procesal

En 2023, Lucas N. fue condenado mediante procedimiento abreviado por violencia contra Claudia M., madre de la víctima. La mujer declaró que vivió con miedo durante la relación y consideró prudente que él no pueda ingresar a la ciudad.

Además, el acusado enfrenta otras causas por infracción a la ley 23.737 y registros de violencia hacia otras parejas, lo que refuerza la decisión de mantenerlo detenido. La fiscalía destacó que, de ser condenado en el nuevo proceso, la pena sería de cumplimiento efectivo, lo que aumenta el riesgo de fuga.

Hechos y pruebas

El ataque ocurrió frente a varios testigos, quienes relataron que el acusado golpeó a la joven y le arrojó su celular al piso. La víctima, identificada como Jazmín, quedó tendida en la calle con sangrado en el oído, siendo asistida por vecinos hasta la llegada del servicio de emergencias.

El 911 recibió tres llamados alertando sobre la agresión, y videos aportados por vecinos muestran la brutalidad del ataque. Testigos relataron el notable estado de angustia de la joven durante todo el hecho.

Resolución judicial

La defensa había solicitado alternativas a la privación de libertad, pero la fiscalía argumentó que ningún otro recurso neutralizaría adecuadamente los riesgos de fuga o presión sobre testigos. Por ello, el juez Martín resolvió mantener la prisión preventiva, asegurando la protección de las víctimas y el normal desarrollo de la investigación.

Un hombre de 40 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por golpear y amenazar a su pareja en su domicilio de la ciudad de Firmat. La causa fue tramitada por la fiscal Ana Belén Stampella, y contó con la defensa del Dr. Carlos Villalba.

Según consta en el expediente, el 28 de noviembre de 2025, durante una discusión en el hogar que compartían, el hombre arrojó a la víctima sobre la cama y le cubrió el rostro con un almohadón mientras le decía “te voy a matar”. La mujer logró escapar hacia la habitación de su hija, momento en que el acusado vociferaba que se suicidaría con un arma de fuego que tenía en su vehículo, generando temor en ambas.

Además, la investigación judicial determinó que, días antes, el agresor había propinado golpes y cabezazos a su pareja, y la amenazó con cortarle los dedos con un hacha que guardaba en el baúl de su automóvil.

El tribunal calificó los hechos como amenazas en dos ocasiones y lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por el contexto de género. La pena fue acompañada por un conjunto de reglas de conducta para el condenado durante tres años: fijar residencia en Firmat, abstenerse de consumir drogas o alcohol en exceso, prohibición absoluta de contacto con la víctima, no portar armas y someterse a tratamiento psicológico o psiquiátrico.

La decisión judicial busca proteger a la víctima y a su hija, y en ese contexto, desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron evitar publicar el nombre y apellido del condenado.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante en la ciudad de Venado Tuerto una jornada de capacitación y abordaje territorial denominada “Herramientas para la Intervención en Situaciones de Violencia por Razones de Género”, destinada a fortalecer las capacidades de los equipos locales y consolidar el trabajo territorial en la prevención y atención de estas situaciones.

El encuentro tuvo como objetivo brindar herramientas tendientes a eliminar las barreras de discriminación y garantizar que la respuesta estatal sea integral, transversal y situada en la realidad de cada localidad. En este sentido, la capacitación estuvo orientada a promover la descentralización de las políticas públicas de género, fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio a partir de la construcción de diagnósticos locales mediante el relevamiento de recursos y redes existentes.

Asimismo, durante la jornada se trabajó en el fortalecimiento de los circuitos de abordaje y la articulación interinstitucional, facilitando el acceso a los programas y recursos con los que cuenta la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el propósito de mejorar la respuesta ante situaciones de violencia por razones de género.

Al respecto, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, destacó la importancia de generar estos espacios de formación y encuentro en el territorio, “estas jornadas nos permiten fortalecer el trabajo que se realiza en cada localidad, generando herramientas concretas para que los equipos puedan intervenir de manera integral y articulada ante situaciones de violencia por razones de género. Para nosotros es fundamental acompañar a los equipos locales y garantizar que las políticas públicas lleguen a cada territorio con una mirada situada en la realidad de cada comunidad”.

En esa línea, Travaini remarcó el valor del trabajo en red como herramienta clave para mejorar la respuesta estatal, “el fortalecimiento de las redes locales y la articulación entre instituciones son aspectos centrales para construir respuestas más eficaces y cercanas a las personas que atraviesan situaciones de violencia. Por eso seguimos impulsando estos espacios de capacitación y encuentro que permiten compartir experiencias y consolidar circuitos de intervención”, agregó.

El encuentro estuvo integrado por equipos locales de género de las localidades de Venado Tuerto, Sancti Spíritu, Villa Cañás, Labordeboy, Elortondo, Murphy, Santa Isabel, María Teresa, Hughes, La Chispa y Teodelina.

También participaron coordinadoras y promotoras de los Puntos Violetas de Christophersen, San Gregorio, Carmen, Firmat, Melincué, San Eduardo, Maggiolo, Cañada del Ucle y Chovet, quienes forman parte de la red territorial que impulsa Provincia para garantizar el acceso a derechos y fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia por razones de género.

En un juicio abreviado realizado en la ciudad de Venado Tuerto, Edgardo Studer, de 64 años, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por agredir a su madre de 85 años y a su pareja, en un contexto de violencia de género. El acusado aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que permitió acelerar los tiempos del proceso judicial.

Studer fue imputado por el delito de lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, así como por lesiones leves dolosas. Además, se le sumó una acusación por desobedecer una resolución judicial. La condena se dictó luego de que el acusado reconociera los hechos que se le imputaron durante la audiencia, a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco.

Hechos que derivaron en la condena

La serie de hechos violentos comenzaron el 19 de octubre de 2024, cuando Studer agredió a su pareja, Sonia, en su vivienda de calle Rodolfo Walsh. Tras una discusión, el hombre le propinó a la mujer golpes de puños en la cabeza y el rostro, provocándole una fractura en la nariz y diversas contusiones. La agresión continuó cuando la víctima intentó escapar al patio de la casa, siendo seguida por Studer, quien la golpeó nuevamente, incluso arrojándola contra un tapial y tirándola del cabello hasta que un vecino intervino.

En otro hecho, ocurrido en diciembre de 2023, el hombre agredió a su madre de 85 años, quien en ese momento vivía con él. En esa ocasión, le propinó golpes en el brazo y el ojo derecho. Un segundo ataque tuvo lugar en la misma vivienda de calle Belgrano, donde Studer volvió a agredirla violentamente, causándole lesiones en el cráneo, cortaduras en los antebrazos y contusiones en diversas partes del cuerpo.

Incumplimiento de la resolución judicial

En mayo de 2024 fue acusado de incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse a su madre y a otras personas, incluida su ex pareja. La resolución había sido emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto, y establecía una restricción de acercamiento a una distancia mínima de 200 metros de las víctimas, además de una orden de abstención de toda forma de violencia física, psicológica y verbal. Pese a la medida cautelar, Studer violó esta disposición, lo que sumó un nuevo cargo en su contra.

La pena solicitada

La fiscalía solicitó una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva en virtud de las agresiones y el incumplimiento de la resolución judicial. La sentencia fue aceptada por el juez, destacándose la gravedad de los hechos, especialmente debido a la relación de parentesco y la violencia de género que subyace en los ataques.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes los datos actualizados sobre hechos violentos contra mujeres por razones de género correspondientes al período 2024-2025. El informe muestra que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en el territorio provincial, la cifra más baja de los últimos catorce años.

El trabajo fue elaborado de manera conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un fenómeno que comienza a visibilizarse

Durante la presentación en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la reducción de los niveles generales de violencia permitió observar con mayor claridad la dimensión específica de la violencia de género.

Según indicó, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se adoptaron políticas orientadas a reducir los hechos de violencia armada en la provincia. “Esa disminución en los indicadores de homicidios y lesiones con armas de fuego también permitió evidenciar con mayor precisión la problemática de la violencia de género dentro del conjunto de hechos violentos”, señaló el funcionario.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, consideró que los datos reflejan una tendencia alentadora, aunque remarcó que el desafío sigue siendo fortalecer la prevención y la atención a las víctimas.

La funcionaria destacó que actualmente funciona una guardia permanente las 24 horas durante todo el año, que articula las incidencias recibidas a través de las líneas 911 y 144, además del trabajo coordinado con gobiernos locales y organizaciones sociales. Ese esquema, sostuvo, permite obtener información inmediata y activar los dispositivos de intervención adecuados en cada caso.

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, subrayó que el informe no solo constituye un registro estadístico sino también una herramienta de gestión. “Nos permite orientar mejor las decisiones públicas, reforzar los dispositivos territoriales y profundizar la articulación entre instituciones para sostener una política pública que acompañe y proteja a las mujeres de la provincia”, afirmó.

Perfil de las víctimas y características de los hechos

La fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani, detalló que durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en Santa Fe. De ese total, 18 tuvieron motivaciones vinculadas a razones de género: 16 fueron femicidios y dos transfemicidios.

El informe también muestra una concentración territorial de los casos. El 60 % de los hechos ocurrió en el departamento Rosario y el 40 % en el departamento La Capital.

Las víctimas, en su mayoría, tenían entre 20 y 40 años. En cuanto a los medios utilizados, las armas de fuego continúan siendo el recurso más frecuente, por encima de armas blancas o agresiones físicas.

Cerliani explicó además que, en la mayoría de los casos, existía algún tipo de vínculo entre la víctima y el agresor, y que los hechos se produjeron principalmente en domicilios particulares. “La gran mayoría de los femicidios presentan una relación previa entre víctima y victimario”, indicó.

Menor violencia general, menor violencia contra mujeres

La fiscal también señaló que, en comparación con años anteriores, los períodos 2024 y 2025 muestran una reducción en la cantidad de muertes violentas de mujeres. Según explicó, existe una relación directa entre los niveles generales de violencia social y el impacto que estos contextos tienen sobre mujeres y niñas.

En años de mayor violencia criminal en la provincia -especialmente vinculados a la criminalidad organizada- algunas mujeres resultaron víctimas en hechos ocurridos en espacios públicos y sin vínculo previo con los agresores. En esos casos, explicó la fiscal, las motivaciones de género coexistían con dinámicas propias del delito organizado.

El análisis comparativo permitió observar que en aquellos períodos predominaban hechos cometidos fuera del ámbito doméstico, con autores no identificados o sin relación directa con las víctimas. Cerliani subrayó finalmente que la producción y difusión de estos datos resulta clave para mejorar las estrategias de investigación y persecución penal. De la presentación también participó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó este martes declaraciones sobre al incidente ocurrido este lunes al mediodía en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde un policía que está de licencia por carpeta psiquiátrica, le quitó el arma a una compañera, salió a la calle y se autolesionó con un disparo en la cabeza.

El policía herido fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado. El episodio se suma a casos recientes de aparentes suicidios, como el otro agente de policía hallado el sábado en un descampado de Rosario y el del suboficial preso en Coronda por femicidio el pasado 20 de enero.

Estos casos reactivaron el debate sobre la situación de los efectivos de las fuerzas de seguridad, ya sea de la Policía o del Servicio Penitenciario Provincial, que ya venía siendo objeto de atención por parte de las autoridades.

Precisamente, el ministro formuló declaraciones en Rosario en la mañana de este martes, en la sede la Gobernación, en las que se refirió a las políticas de prevención en salud mental que se llevan a cabo desde la Dirección de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad en coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El gobierno considera que la problemática es "multicausal". Crédito: Archivo El Litoral.

“Hoy tenemos en seguimiento psicológico a 560 empleados policiales en la provincia de Santa Fe. Se avanzó en convenios con las áreas de Salud. Hoy tienen tratamiento sin copago de Iapos. En tratamiento voluntario hay cerca de 460 empleados que han abandonado el tratamiento y esto se evalúa después para ver si mantiene o no el estado policial y de portación de armas”, sintetizó el funcionario.

Cococcioni añadió que “nosotros tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad. En definitiva, son 25 mil policías los que tienen que salir a las calles con un arma en la cintura a cuidar a la gente. Tenemos que ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación".

Consultado al respecto, el ministro aclaró que “la autolesión o la consumación del suicidio son eventos multicausales. No obedecen a la inactivación o no de un protocolo o a una sola circunstancia.

"Hay aspectos personales, que tal vez no son para revelar, pero en cada uno de estos casos hay situaciones particulares, familiares y hasta en algunos casos económicas de los agentes por diversas cuestiones que tienen que ver con la esfera individual, y no son causales generales”, añadió.

Uno de los ejes centrales del análisis del ministro fue el desarraigo. Cococcioni reconoció una “asimetría poblacional fundacional” en la fuerza: gran parte del personal se recluta en el norte de la provincia y termina prestando servicio en el sur, particularmente en Rosario.

“Hay una situación muy difícil de solucionar, que es el desarraigo, la falta de radicación en los lugares de trabajo. El traslado, el tiempo fuera de su casa y los viajes largos no son descanso, forman parte del desgaste”, explicó.

Como respuesta, señaló que en los últimos reclutamientos se avanzó en cupos geográficos, con una distribución 70-30 entre el sur y el centro-norte provincial, para revertir un esquema en el que casi el 80% del personal provenía de solo tres departamentos del norte.

En cualquier caso, aclaró que “nosotros activamos estos protocolos y tenemos más de 500 personas en seguimiento. Es más, hubo personal que obtuvo el alta y fue reincorporado a sus funciones habituales. Lamentablemente, no podemos hacer comparaciones con otras profesiones u otras provincias, porque estos fenómenos no se miden por profesión”, subrayó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe remarcó que desde esa área “cada uno de estos casos es trabajado no solo por el equipo de asistencia al personal del ministerio y de la policía, sino también por el Ministerio de Salud de la provincia para tratar de acompañar en condiciones ideales a la gente para que supere las crisis y pueda reintegrarse a sus funciones”.

“Cuando la superación de situaciones de crisis a veces no es viable, lamentablemente tenemos que tomar medidas en algunos casos como sacar al personal de las tareas habituales para reducir riesgos. Hay que tener en cuenta que los policías son funcionarios a los que el Estado les entrega un arma. Y si hay una crisis subjetiva, el hecho de portar un arma es una circunstancia que agrava el riesgo”, expresó.

El abordaje interministerial de la problemática de salud mental en los agentes de seguridad fue presentado a mediados de 2025 en una jornada desarrollada en la ciudad capital, encabezada por Seguridad, junto a Salud y a Desarrollo Humano, a través del área de Género y Diversidad.

El ciclo "Hablemos de Salud Mental" comenzó entonces una tarea de recorrido por unidades regionales y penales de toda la provincia, en articulación con organismos como los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los Equipos del Sistema de Protección Integral (ESPI), áreas locales de género, el Programa de Atención Psicológica ATE-Iapos, y la Dirección Provincial de Vivienda.

Ignacio Paz, director provincial de Bienestar Policial. Crédito: Archivo El Litoral.

Entre sus líneas de acción incluyen el acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ del sistema policial que atraviesan situaciones de violencia de género.

En una entrevista con El Litoral, Ignacio Paz, Director Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, expuso que “hoy lo que más preocupa es el suicidio porque el final es la letalidad”.

No obstante, aclaró en aquel momento que “también nos preocupa el tema de consumos problemáticos: el Ministerio anunció la realización de narcotest, con lo que es probable que salgan a la luz más casos pero también se van a necesitar recursos humanos. Y nos preocupa el tema de violencia de género porque tiene una afectación directa en la salud mental de quien la padece”.

El funcionario detalló entonces las medidas en curso (además de las mencionadas por Cococcioni, convenios con universidades para completar la formación de los agentes, acuerdos con gimnasios) y también los protocolos de acción establecidos.

“Tenemos un circuito en el cual un compañero o un jefe alerta una ideación suicida de un oficial o de un agente del Servicio Penitenciario; ese alerta le llega a Medicina Legal de la policía o a la oficina correspondiente del Servicio Penitenciario y se convoca a esa persona para hacer un seguimiento monitoreado por Bienestar”, describió.

En ese punto, aseguró que “lo primero que se hace es retirarle el arma de fuego. Observamos que cuando se activan esos protocolos no ocurre ningún caso. Es decir que, cuando sucede, es porque no se llegó a tiempo”.

Un hombre de 36 años fue imputado y quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, acusado de lesiones agravadas y amenazas en un contexto de violencia de género. La víctima es su pareja, una mujer con quien convivía en un domicilio de barrio Malvinas Argentinas de esta ciudad.

La audiencia imputativa se realizó este martes en sede judicial y estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, quien llevó adelante la investigación. El acusado fue identificado como Matías Martín V., domiciliado en calle Almafuerte al 3.100.

Golpes y amenazas

Según la investigación preliminar, el primer hecho ocurrió el viernes 1 de noviembre, cerca del mediodía, en una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 3100. Allí, Matías Martín habría discutido con su pareja por cuestiones familiares, tras lo cual la habría agredido físicamente, propinándole golpes de puño y utilizando un palo de selfie como elemento de ataque. La mujer, identificada como Elizabeth N., sufrió lesiones de carácter leve.

El segundo episodio tuvo lugar al día siguiente, el sábado 2 de noviembre, cuando el acusado, enterado de que había sido denunciado ante la Comisaría de la Mujer, amenazó de muerte a la víctima por medio de otra persona. El mensaje fue directo: “Estoy yendo para tu casa, te voy a matar”.

Calificación penal y prisión preventiva

En base a estos hechos, el fiscal Raposo lo imputó como autor de los delitos de “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género” y “amenazas simples”.

Dada la gravedad de los hechos, la existencia de una denuncia previa y el riesgo procesal, la Justicia dispuso la prisión preventiva sin plazo del imputado.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Marcos David Feltes, de 34 años, a un año y nueve meses de prisión condicional por haber violado reiteradamente una orden de restricción que lo alejaba de su expareja (L.M.), y por haberla agredido físicamente en su propio domicilio.

El fallo fue dictado mediante un procedimiento abreviado, solicitado por la fiscal Florencia Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación, y la defensora pública Silvia Couselo, en representación del imputado.

Los hechos

Según se desprende de la investigación judicial, el primer episodio ocurrió el 24 de junio de 2025, cuando Feltes violó una orden de restricción emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto. Aquel día, el acusado se presentó en el domicilio de su expareja en calle Libertad. Al no encontrarla allí, se dirigió al colegio N° 1.262, donde asiste la hija menor de ambos, y esperó a la mujer para pedirle que lo desbloquee del teléfono con la intención de retomar la relación.

El segundo y más grave hecho ocurrió el 19 de julio de 2025. Feltes ingresó sin autorización al domicilio de L.M., en calle San Martín. Tras una discusión por su negativa a recomponer la pareja, la arrojó sobre la cama, se abalanzó sobre ella y le propinó un golpe de puño en el ojo izquierdo. La agresión le provocó una contusión con hematoma y derrame ocular.

Posteriormente, se dirigió a la cocina, donde se encontraba su hija de 11 años, para impedir que llamara a la policía. Luego de un nuevo forcejeo con su ex pareja, volvió a golpearla para evitar que escapara y pidiera ayuda.

Ambos episodios se produjeron en violación expresa de la orden judicial de prohibición de acercamiento, que establecía un radio de 200 metros respecto de la víctima por un período de 180 días.

La condena y las condiciones impuestas

La Justicia resolvió condenar a Feltes a un año y nueve meses de prisión condicional, es decir, no efectiva, bajo el cumplimiento estricto de siete pautas de conducta durante tres años:

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante la “Jornada de presentación y capacitación sobre el protocolo de dispositivos de alojamiento y abordaje integral para personas en situación de violencia de género”. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la red provincial de alojamiento, unificar criterios de actuación y mejorar la respuesta institucional en todo el territorio.

La actividad, que se desarrolló en la Sala Rodolfo Walsh de la sede del Gobierno de Santa Fe, en Rosario, estuvo dirigida a equipos técnicos y funcionarios de municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil que integran la red provincial de alojamiento.

En este marco, se suscribió un convenio marco de colaboración interjurisdiccional de dispositivos de alojamiento transitorio para personas en situación de violencia por razones de género, rubricado por las provincias de la Región Centro: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. El acuerdo permitirá garantizar una asistencia ágil y efectiva, independientemente de la provincia de origen de la persona que requiera protección.

En ese contexto, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate, señaló: “Hoy firmamos un convenio con las provincias de Entre Ríos y Córdoba, en el marco de la Región Centro, porque la violencia contra las mujeres no reconoce límites ni fronteras administrativas. Es muy importante esta solidaridad entre provincias, en momentos en que en el país crecen la crueldad y la deshumanización. No se trata solo de lograr equilibrios fiscales, que la Provincia alcanzó, sino también un equilibrio social, que no nos deshumanicemos, que tengamos la solidaridad como norte”.

Luego brindó precisiones sobre el protocolo que se va a implementar. “En la provincia de Santa Fe tenemos 16 casas de protección. Esas casas alojan a mujeres que están en grave riesgo de violencia y que no pueden quedarse en su domicilio con sus hijos e hijas. En Entre Ríos y Córdoba existen dispositivos similares. Por eso estamos favoreciendo que, en casos extremos, donde por necesidades de ocupación o porque es necesario alejar a las víctimas, las podamos alojar en esos dispositivos que cada provincia posee”. Explicó además que de las 16 casas de protección, “una es propia de la Provincia, dos están conveniadas con organizaciones de la sociedad civil y el resto con municipios y comunas”.

Por su parte, la subsecretaria de la Región Centro, Claudia Giaccone, remarcó: “Son pasos muy valiosos que se están dando regionalmente. Esta área específica de género ya viene trabajando con muchas actividades, porque en la región trabajamos de forma interdisciplinaria y, a veces, es difícil concretar acciones que redunden en mejoras concretas para la vida de nuestros ciudadanos”. Y añadió que “estamos dando un paso importante, que es darle consistencia a la integración, porque hay una decisión política de nuestros gobernadores, y nuestros equipos tienen que trabajar sobre acciones comunes que generen procesos como estos protocolos, que van a continuar más allá de las gestiones y que nos hacen mucho más fuertes y, sobre todo, más eficaces, porque no superponemos esfuerzos: nos complementamos”.

También estuvieron presentes en el encuentro la directora regional de Mujeres de Entre Ríos, Joaquina Brondi; la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe, Melisa Mazino; y el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Jorge Chemes.