Un hombre de 44 años, identificado como J. C. N., recibió una pena única de cuatro años y seis meses de prisión por delitos cometidos contra su expareja en San Gregorio y por una condena previa que todavía no había terminado de cumplir.

La sentencia fue dictada por la jueza Lorena Garini durante un juicio abreviado realizado en los tribunales de Rufino. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rafaela Florit, quien representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia.

Por los hechos de este expediente se acordó un año y seis meses de prisión, que se unificó con la pena anterior. Además, la magistrada dispuso la declaración de reincidencia.

El episodio ocurrió el viernes 26 de diciembre de 2025, cuando el condenado ingresó por una ventana a la vivienda de su expareja sin autorización. Dos días antes, la Justicia le había impuesto una prohibición de contacto y acercamiento por situaciones de violencia de género.

La fiscal explicó que el ingreso provocó temor en la mujer porque el hombre previamente la había amenazado con incendiar la casa. Al advertir su presencia, la víctima salió y buscó refugio en un domicilio cercano, desde donde pidió intervención policial.

“Al entrar al domicilio de la mujer, Núñez incumplió deliberadamente una prohibición de contacto y acercamiento que había sido ordenada dos días antes, a raíz de episodios de violencia de género”, precisó Florit.

En el procedimiento abreviado, J. C. N. reconoció su responsabilidad como autor de amenazas, violación de domicilio y desobediencia de un mandato judicial. Junto con su defensa, aceptó la acusación fiscal, la pena unificada y la modalidad del juicio.

La mujer fue informada sobre el avance de la investigación y la sentencia, y manifestó su conformidad con lo resuelto.

Sobre la respuesta policial tras el pedido de ayuda, Florit señaló: “Cuando advirtió la presencia de su expareja, la víctima se fue del lugar y se refugió en una vivienda cercana, desde donde convocó a la policía”. La fiscal agregó que “momentos más tarde, el condenado fue aprehendido”.

A la Cámara de Senadores de Santa Fe ingresó un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial que aspira a producir "un cambio de modelo" en las respuestas de la administración y del Poder Judicial frente a la violencia de género. Entre otros aspectos, impide que los jueces puedan declararse incompetentes frente a denuncias al respecto, y los obliga a actuar de modo urgente.

La iniciativa que comienza a tener estado parlamentario este jueves 15 de octubre, tiene un carácter integral y contiene 89 artículos que buscan dar vuelta un mecanismo que se describe como "reactivo" ante las denuncias por otro "dinámico" y de prevención.

En los fundamentos del texto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, se explica que hoy el modelo es "predominantemente reactivo" y que debe mutar "hacia un sistema integral y dinámico de gestión del riesgo".

Se busca que se apoye en los principios de "tutela judicial efectiva, prevención, actuación oportuna, debida diligencia reforzada, proporcionalidad, no revictimización, mínima afectación de la persona protegida y especial protección de niñas, niños y adolescentes".

Otra característica de la norma en debate es que en todo el mensaje no figura la palabra "derógase", tan común a las reformas. Aquí en cambio se trata de agregar "más herramientas".

Los considerandos y el artículo 82 expresan que "el control del cumplimiento de las decisiones judiciales se mantiene como una responsabilidad estatal y no se traslada a quien requiere protección" y "cada organismo provincial conserva la responsabilidad primaria sobre las materias correspondientes a sus competencias".

Respecto de los magistrados, el 26 crea la "Actuación Urgente" como obligación para los magistrados. Establece que "para cuando resulte necesaria la adopción inmediata de medidas de protección" será "competente para disponerlas cualquier juez que tome conocimiento del caso aun cuando resulte incompetente para continuar interviniendo".

La intervención prevista en este artículo "tiene carácter excepcional y no importa la prórroga de la competencia". Y sigue: "Adoptadas las medidas, el juez remite sin demora las actuaciones al órgano judicial competente, manteniéndose aquellas vigentes hasta su ratificación, modificación, sustitución o cese".

El mensaje fue presentado el mes pasado por el ministro Cococcioni y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Andrea Travaini, quien explicó en una entrevista con El Litoral que "se excluye expresamente la mediación y la conciliación" como formas de resolver los casos.

Para "evitar la fragmentación de la atención estatal, se crea un Registro digital único, que va a estar en el ámbito del Poder Ejecutivo y es interoperable", es decir, que el organismo que reciba a una persona víctima de violencia de género "pueda ingresar y ver qué actuaciones hay sobre ella o sobre el agresor", indicó.

El proyecto, añaden los fundamentos, "incorpora asimismo el principio de mínima carga procesal, de modo que la intervención estatal no reproduzca sobre la persona protegida cargas, reiteraciones o exigencias innecesarias".

“La ausencia de patrocinio letrado -sigue- no impide el acceso al sistema ni la adopción de medidas urgentes; la incompetencia territorial o material tampoco obsta a que cualquier juez que tome conocimiento de una situación urgente adopte las medidas indispensables para neutralizar el riesgo”.

La iniciativa "incorpora además una dimensión material de la protección mediante la creación de un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a solventar necesidades inmediatas directamente vinculadas con la seguridad".

"Traslados, alojamiento transitorio, medidas de seguridad domiciliaria o comunicaciones" se cubrirían con esos recursos de disponibilidad inmediata.

"El proyecto procura, en definitiva, consolidar una política pública que permita anticipar el riesgo en lugar de limitarse a reaccionar frente al daño consumado, integrar las capacidades estatales actualmente distribuidas, individualizar las respuestas, controlar efectivamente las medidas dispuestas y adaptar su intensidad a la evolución concreta de cada situación", dice el mensaje.

Una nueva agresión contra su expareja derivó en una condena de dos años y seis meses de prisión efectiva para un hombre en Firmat. El acusado tenía prohibido acercarse a la mujer, una de las condiciones que le habían fijado al recibir una pena condicional en marzo.

El caso fue investigado por la fiscal Ana Belén Stampella y se resolvió este martes mediante un juicio abreviado. Además de establecer una pena de cumplimiento efectivo, la sentencia lo declaró reincidente.

El antecedente inmediato se remonta a marzo, cuando el hombre acordó tres años de prisión condicional por episodios de violencia contra la misma mujer y delitos contra la propiedad. Esa resolución le permitía permanecer en libertad, sujeto al cumplimiento de las reglas establecidas.

Entre esas obligaciones figuraba la restricción de acercamiento a su expareja. Aproximadamente un mes y medio más tarde, el acusado desobedeció la orden y volvió a atacarla, lo que motivó su detención.

La nueva resolución abarca cuatro hechos por los que se le atribuyeron lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo, violación de domicilio y desobediencia de una orden judicial.

El juicio abreviado concluyó con una pena de cárcel efectiva, tras la investigación por las agresiones y el incumplimiento de la medida que buscaba proteger a la víctima.

El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves un proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, una iniciativa que será enviada a la Legislatura provincial y que busca modificar el abordaje estatal de estas situaciones.

La propuesta fue elaborada de manera conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad y Gobierno e Innovación Pública, y apunta a fortalecer las herramientas de prevención, mejorar la intervención temprana y coordinar las respuestas de los distintos organismos del Estado.

El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki.

Desde el Ejecutivo provincial definieron la iniciativa como “un proyecto osado, fuerte” que busca brindar “una respuesta integral” frente a la violencia por razones de género.

Uno de los principales cambios que plantea el proyecto es la creación de un sistema escalonado para evaluar la gravedad de cada situación.

La propuesta establece cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico, a partir de una valoración inicial y, cuando corresponda, una evaluación integral.

Entre los indicadores que se tendrán en cuenta figuran las amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, episodios de estrangulamiento, incumplimientos de medidas judiciales previas y llamados reiterados al 911.

A partir de esa clasificación, las medidas de protección serán determinadas de acuerdo con la gravedad del caso. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo, más intensas serán las acciones destinadas a proteger a la víctima.

En los casos considerados críticos, el proyecto contempla medidas como el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de tobilleras electrónicas para los agresores.

Durante la presentación, Cococcioni explicó que la iniciativa incorpora herramientas para actuar frente a los incumplimientos de las órdenes judiciales.

En ese sentido, habilita a jueces y juezas a disponer arrestos conminatorios cuando los agresores no respeten las restricciones impuestas.

“A medida que el agresor no cumple, las medidas se vuelven cada vez más duras”, señaló el ministro, quien remarcó que esos incumplimientos quedarán registrados y serán considerados en futuras evaluaciones de riesgo.

El proyecto también prevé la creación de un equipo interdisciplinario especializado, encargado de evaluar situaciones, elaborar informes y acompañar tanto a la Justicia como a otros organismos estatales.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es evitar que las víctimas tengan que realizar trámites que puedan exponerlas nuevamente a situaciones de riesgo.

Cococcioni cuestionó que actualmente una persona que denuncia violencia pueda verse obligada a trasladar documentación a dependencias vinculadas al domicilio o lugar de trabajo del agresor.

“El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales”, afirmó.

El proyecto incorpora además el principio de actuación de oficio, por lo que las denuncias deberán ser recibidas en cualquier comisaría u organismo habilitado y, ante situaciones urgentes, cualquier tribunal podrá intervenir.

También establece que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado.

“A partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar”, sostuvo Cococcioni.

Desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad destacaron que la iniciativa busca dejar atrás un modelo exclusivamente reactivo y avanzar hacia uno basado en la prevención, detección temprana, protección y asistencia.

Andrea Travaini señaló que el proyecto incorpora expresamente la percepción de riesgo de la propia víctima como un elemento a considerar.

“Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla”, afirmó.

Además, la propuesta establece la creación de un registro digital único e interoperable, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, con el objetivo de evitar la fragmentación de información entre organismos.

También contempla un fondo provincial de asistencia urgente para personas protegidas, destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y sus familias.

El proyecto incorpora estrategias territoriales de prevención, orientación, detección temprana y difusión, con participación de municipios y comunas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la intención es generar una respuesta coordinada entre las distintas áreas estatales para intervenir antes de que las situaciones de violencia se agraven.

La iniciativa ahora deberá ser analizada por la Legislatura de Santa Fe, donde comenzará el debate para su tratamiento.

Un hombre de Venado Tuerto fue condenado mediante un procedimiento abreviado por un hecho de violencia de género en el que agredió físicamente a una mujer en un contexto de conflicto familiar. La Justicia impuso una pena de seis meses de prisión efectiva que, tras ser unificada con una condena previa, elevó la sanción total a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución fue acordada entre la Unidad Fiscal de Venado Tuerto del Ministerio Público de la Acusación, representado por Débora Valentín y la Defensora Pública, Gisela Figuera, en el marco de la investigación por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género, y fue homologada por el juez Leandro Martín.

El ataque ocurrió en abril de 2026

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 1 de abril de 2026, cerca de las 14, en una vivienda de la ciudad de Venado Tuerto donde convivían familiares de la víctima y el acusado.

De acuerdo con la investigación, luego de una discusión vinculada a la convivencia doméstica, el hombre habría tomado a la mujer del cuello, ejerciendo presión y provocándole dificultades para respirar. La agresión continuó luego en la vía pública, donde la habría perseguido, derribado y arrastrado por el suelo.

La situación se produjo en presencia de un menor de edad, según consta en la causa judicial.

La calificación penal y la condena

La Fiscalía atribuyó al acusado la responsabilidad como autor del delito de lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género.

En el acuerdo de juicio abreviado, las partes establecieron una pena de seis meses de prisión efectiva.

Además, la acusación solicitó la unificación con una condena anterior dictada en 2023, por la cual el hombre había recibido tres años de prisión de ejecución condicional.

Como resultado de la suma de ambas sanciones, la Justicia determinó una pena única de tres años y seis meses de prisión efectiva.

Un hombre identificado por sus iniciales JAV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por distintos delitos cometidos en un contexto de violencia de género en Hughes, departamento General López.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, durante una audiencia realizada en los tribunales de Melincué, a partir del pedido formulado por la fiscal Susana Pepino, quien está al frente de la investigación.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la magistrada rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y consideró, entre otros aspectos, que todavía resta producir evidencia y que el imputado registra antecedentes penales por hechos similares.

Pepino también remarcó la situación de especial vulnerabilidad de la mujer, quien atraviesa la última etapa de un embarazo, y señaló que un hijo que tiene en común con el acusado habría presenciado los episodios investigados.

El primero de los hechos atribuidos al hombre ocurrió el 25 de febrero, alrededor de las 23, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, agredió físicamente a su expareja dentro de una vivienda en la que también se encontraba el hijo de ambos.

El segundo episodio se produjo el jueves 13 de agosto, cerca de las 20. La acusación sostiene que, luego de una discusión, el investigado golpeó a la mujer en el rostro, nuevamente delante del niño y pese a conocer que ella cursaba un embarazo avanzado.

Además, el hombre tenía vigente una restricción de acercamiento, medida que habría incumplido.

Después de la agresión, la mujer y su hijo se retiraron del domicilio y regresaron pasadas las 22 acompañados por una asistente social que conocía los antecedentes de violencia.

Según relató Pepino, al ingresar nuevamente a la vivienda la víctima fue sorprendida por el imputado, quien la habría intimidado con un palo que tenía un cuchillo atado en uno de sus extremos y también la habría amenazado verbalmente.

Ante la situación, la profesional pidió intervención policial. Cuando arribó un patrullero, el acusado habría arrojado el elemento hacia el móvil y comenzó a correr con la intención de escapar.

La Fiscalía dispuso inmediatamente su detención y el hombre fue finalmente localizado en la misma vivienda. Para ese momento, la mujer y su hijo ya se habían refugiado en otro lugar.

El imputado es investigado como presunto autor de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas calificadas por el uso de arma, resistencia a la autoridad y desobediencia.

La investigación continuará mientras el acusado permanece privado de su libertad de manera preventiva.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

 Un hombre de 24 años cuyas iniciales son JJCG quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que está imputado por golpear y lesionar, amenazar y abusar sexualmente de la mujer que era su pareja en Rufino. Así lo dispuso la jueza Lorena Garini a raíz de un planteo formulado por la fiscal del MPA, Rafaela Florit, en una audiencia llevada a cabo ayer en los tribunales rufinenses.

“Si bien la Defensa del imputado propuso medidas alternativas a la privación cautelar de la libertad, la jueza rechazó el planteo, entendió que había riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento de que el hombre investigado quede en prisión preventiva”, valoró la fiscal.

De acuerdo con lo informado por Florit en la audiencia, el imputado tiene un antecedente penal condenatorio por delitos que también cometió en un contexto de violencia de género en perjuicio de otra mujer con quien mantuvo una relación de pareja.

Por la fuerza

“Los ilícitos que investigamos fueron cometidos hace dos semanas en la vivienda que compartían el imputado y la víctima a raíz de la relación de pareja que tenían”, informó la fiscal del MPA.

Florit relató que “minutos antes de las 6 de la mañana del martes 7, mientras la víctima dormía, el hombre investigado le revisó el teléfono celular”, y agregó que “a raíz de que encontró fotos archivadas de ella con amigos y con su expareja, el imputado comenzó a agredirla verbal y físicamente”.

“A pesar de los insultos y de los golpes que estaba recibiendo, la mujer intentó calmar al imputado, pero él buscó un cuchillo tipo Tramontina y se lo apoyó en el cuerpo mientras la amenazaba de muerte”, subrayó la fiscal. “Además, ese día, el hombre investigado obligó a la mujer a que lo acompañe al campo en el que él trabaja y le recriminó durante todo el día las fotos que ella tenía guardadas en su teléfono”, agregó Florit.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “al día siguiente, el imputado quiso tener relaciones sexuales con la víctima, pero ella se negó”. En tal sentido, añadió que “a él no le importó, utilizó su fuerza para imponerse, desvistió a la mujer y abusó sexualmente de ella”.

“Lo mismo ocurrió dos días después, oportunidad en la que volvió a atentar contra la integridad sexual de su pareja”, remarcó la fiscal.

Denuncia

Luego de lo ocurrido ese viernes 10, la víctima hizo la denuncia que permitió iniciar la investigación de los ilícitos. “La mujer esperó que el imputado se fuera a trabajar para ir a una sede policial donde relató lo que había tenido que padecer”, indicó la fiscal.

Florit explicó que “escuchamos a la víctima y le brindamos contención” y agregó que “el mismo viernes, rápidamente libramos la orden de detención del hombre investigado, solicitamos distintas pericias y tomamos testimonios a personas del entorno de la mujer”.

“Buscamos al imputado en la casa de su madre y en distintos lugares que frecuentaba y, finalmente, se presentó el lunes en la comisaría de Rufino, donde quedó detenido”, finalizó la fiscal.

Calificaciones penales

El imputado es investigado por la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas doblemente calificadas (por ser cometidas contra persona con la que mantuvo una relación de pareja y mediando violencia de género), amenazas calificadas (por el uso de arma) y abuso sexual con acceso carnal.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 48 años, cuyas iniciales son LAL, al que se investiga por haber agredido a dos personas de su entorno en una vivienda ubicada en la localidad de María Teresa).

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Mayra Vuletic e impuesta por la jueza Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos, sostuvo que la pena en expectativa es de prisión de cumplimiento efectivo y planteó que los riesgos procesales estaban latentes”.

Vuletic indicó que “el domingo 12 de este mes a la madrugada, el imputado llevó a cabo su accionar delictivo de forma coordinada con una mujer con la que mantenía una relación”, y precisó que “en la casa en la que residían, agredieron a una pareja que estaba de visita allí”.

“El investigado y su compañera golpearon con los puños y con un palo a una de las víctimas y atacaron con un hacha a la otra”, afirmó la funcionaria del MPA. “Momentos después, el hombre amedrentado se desvaneció en la vía pública y los coautores le aseguraron que lo iban a matar con un arma de fuego”, remarcó.

La fiscal refirió que “el hombre de iniciales LAL también es investigado porque en diciembre del año pasado agredió físicamente a su pareja en un contexto de violencia de género”, y puntualizó que “ese ilícito también fue cometido en el domicilio que compartían”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como coautor de lesiones graves dolosas, lesiones leves dolosas y amenazas coactivas. A su vez, se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género).

En una audiencia presidida por el juez Adrián Godoy, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra formalizó la atribución delictiva contra el investigado. Según detalló la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hombre deberá someterse a un sistema de monitoreo permanente coordinado por la Central de Emergencias 911.

La medida más destacada es la implementación de un dispositivo dual. Esto implica que el imputado debe portar una tobillera electrónica geolocalizada en todo momento, mientras que a su expareja se le hizo entrega de un botón antipánico.

“Se trata de una medida compulsiva que es crucial para mitigar los peligros procesales”, explicó la fiscal Schiappa Pietra, quien remarcó que, si el sistema detecta que el hombre se encuentra a menos de 1.000 metros de la víctima, se activa un protocolo de detención inmediata por parte de agentes policiales.

La investigación sostiene que LMR llevó adelante un plan de amedrentamiento contra la mujer, tanto de forma personal como a través de mensajes de WhatsApp, generando en ella un temor constante. Sin embargo, la violencia no se limitó a su expareja.

De acuerdo a la fiscalía, el imputado también agredió físicamente a un allegado de la mujer tras interceptarlo en la vía pública; intimidó de forma reiterada a la actual pareja de la víctima; y dañó intencionalmente el automóvil de este último, rompiéndole uno de los espejos.

Además del monitoreo electrónico, el juez ordenó a LMR la prohibición absoluta de acercamiento a las víctimas, el pago de una fianza y la entrega de un arma de fuego que poseía legalmente. Asimismo, deberá firmar semanalmente en una comisaría e iniciar un tratamiento para el control de la ira.

Los delitos por los cuales es investigado incluyen lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, amenazas, desobediencia a un mandato judicial y daño. También se le atribuyeron contravenciones por actos turbatorios y molestias.

El expresidente comunal de San Eduardo (2021-2025), Leandro Rinaldi, fue imputado por nueve hechos delictivos durante una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto.

Parte de los episodios investigados se encuentran vinculados a denuncias por presunta violencia de género contra su expareja. Tras permanecer detenido desde el fin de semana, Rinaldi recuperó la libertad mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas.

La resolución judicial incluyó una caución de 3 millones de pesos, prohibiciones de acercamiento, limitaciones para ingresar a determinados sectores de Venado Tuerto y la colocación de un dispositivo electrónico dual.

Los delitos atribuidos

La imputación fue presentada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Florencia Schiappa Pietra. Rinaldi fue asistido por su abogada defensora particular, Ana Regidor.

Fuentes del caso indicaron a Sur24 que durante la audiencia, los nueve hechos fueron calificados provisoriamente como:

La calificación legal es provisoria y podrá modificarse durante el avance de la investigación. En tanto, Rinaldi decidió no prestar declaración en esta instancia del proceso.

Caución de $3 millones

Luego de la formulación de cargos, la Justicia dispuso la libertad del exmandatario comunal bajo estrictas reglas de conducta acordadas entre las partes.

Entre las medidas establecidas se encuentra la obligación de presentar, dentro del plazo fijado, dinero o bienes libres de gravámenes por un valor de $3 millones.

También deberá acreditar semanalmente ante la comisaría de San Eduardo su situación laboral y su arraigo, además de informar previamente al Ministerio Público de la Acusación cualquier modificación de domicilio.

La libertad quedó condicionada, además, a la entrega en dependencias de la Policía de Investigaciones de un arma de fuego de la cual sería legítimo tenedor.

Restricciones de acercamiento

El tribunal ordenó que Rinaldi mantenga una distancia mínima de 1.000 metros respecto de su expareja. También se fijaron restricciones de 300 metros en relación con otras dos personas involucradas en el expediente.

La prohibición alcanza tanto al contacto personal como a cualquier comunicación realizada por medios digitales, telefónicos o a través de terceras personas, salvo las intervenciones que puedan ser autorizadas por el Juzgado de Familia.

Cualquier eventual régimen de comunicación relacionado con la hija que tienen en común deberá concretarse mediante una persona intermediaria y de acuerdo con las disposiciones del fuero de Familia.

Dispositivo dual y botón antipánico

Como parte de las medidas de protección, la Justicia ordenó instalar un dispositivo dual de geolocalización a Rinaldi y entregar el equipo correspondiente a su expareja.

El sistema genera una alerta automática cuando la persona monitoreada ingresa en el radio de exclusión establecido judicialmente.

Además, se dispuso la entrega de un botón antipánico a otra de las personas protegidas por las restricciones.

La implementación de estos mecanismos estará a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

Limitaciones para circular por Venado Tuerto

Hasta que los dispositivos de protección se encuentren instalados, Rinaldi tendrá prohibido ingresar a una amplia zona urbana de Venado Tuerto delimitada por las rutas nacionales 8 y 33 y por el camino que rodea la ciudad entre ambas vías.

La medida también alcanza temporalmente a determinados vehículos vinculados con su entorno. Una vez colocado el dispositivo dual y entregado el botón antipánico, podrán circular nuevamente por el sector, aunque continuarán vigentes las distancias mínimas de acercamiento.

Tratamiento para el control de la ira

Otra de las condiciones impuestas consiste en acreditar, dentro de los diez días hábiles, el inicio de un tratamiento profesional relacionado con el manejo de la ira.

El abordaje podrá realizarse en una institución pública o privada elegida por el imputado.

El incumplimiento de cualquiera de las reglas podría derivar en la revisión de su libertad y en la aplicación de medidas cautelares más severas.

La causa continuará bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación. La imputación no implica una condena y Rinaldi conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.

(Por Agustín Aranda) - La transformación que atraviesa el transporte urbano a partir del arribo de las aplicaciones de viajes urbanos abrió una discusión que excede la competencia entre taxis y estos nuevos servicios. Semanas atrás, y a cuenta de que la Asociación de Mujeres Conductoras (AMC) llevó al Concejo Municipal un proyecto para fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género en los ámbitos vinculados a la prestación de servicios públicos, la inquietud puso de relieve una realidad: que las personas trabajando en las aplicaciones no tienen el requerimiento de este tipo de formación, presentando un potencial peligro para quienes se suben a esos autos.

La alerta y el debate surgió de otra iniciativa que propone que todas las empresas, cooperativas, concesionarias y personas físicas o jurídicas que mantengan vínculos contractuales con la Municipalidad adhieran obligatoriamente al Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública Municipal, una herramienta vigente desde 2020 para las dependencias municipales y que la organización busca extender a quienes trabajan para el Estado local.

Las conductoras proponen capacitaciones obligatorias y periódicas para quienes trasladan pasajeros en Rosario.

Ese expediente fue presentado por la AMC y este año sus representantes expusieron la propuesta ante la comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos del Concejo, donde además plantearon la necesidad de incorporar capacitaciones específicas para quienes se desempeñan en empresas vinculadas al municipio. En esa reunión explicaron que dieron forma al proyecto después de acompañar a una trabajadora de una empresa concesionaria del transporte que atravesó una situación de violencia de género y que, de acuerdo con la organización, no encontró una respuesta institucional inmediata.

Para Stella Maris Ubal, integrante de la Asociación de Mujeres Conductoras, Rosario avanzó al incorporar contenidos de género y diversidad dentro de la formación exigida para obtener la licencia profesional. Sin embargo, considera que el desafío ahora es que esas herramientas no queden limitadas a una instancia inicial. "Es necesario mantener capacitaciones periódicas y de actualización. También evaluar el impacto real de la formación sobre las prácticas cotidianas y fortalecer la aplicación de los protocolos frente a situaciones de violencia, discriminación o acoso", señaló.

Actualmente, la capacitación para conductores profesionales reúne contenidos técnicos —como legislación, movilidad, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios— con módulos vinculados a género, diversidad, discapacidad, infancias y personas mayores.

Según explicó Ubal, esa formación apunta a profesionalizar el servicio y brindar herramientas para actuar ante emergencias, prevenir situaciones de discriminación y ofrecer una atención adecuada a pasajeros con distintas necesidades.

Por ese motivo, la asociación también propone que las capacitaciones sean presenciales, periódicas y verificables, y que acreditar su realización sea un requisito obligatorio en cada renovación de la licencia profesional.

Aunque el proyecto presentado en el Concejo no menciona a Uber ni a DiDi, desde la asociación aprovecharon la oportunidad para hablar de otra preocupación: las exigencias mínimas deberían cumplir todas las personas que trasladan pasajeros a través de estos servicios.

El planteo no se limita a la formación técnica. Para las conductoras organizadas, la capacitación en perspectiva de género constituye una herramienta de prevención que permite reconocer situaciones de violencia o discriminación, actuar de manera adecuada ante episodios de acoso, conocer los canales institucionales de derivación y brindar una atención respetuosa a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la AMC sostienen que esas competencias hoy forman parte de las obligaciones del sistema regulado de taxis, mientras que quienes realizan viajes mediante plataformas que operan por fuera del esquema municipal no están alcanzados por los mismos requisitos de habilitación profesional. En consecuencia, el municipio tampoco puede exigir ni verificar que hayan recibido formación específica para prevenir, detectar o intervenir ante situaciones de violencia por motivos de género.

Mientras el expediente inicial sobre empresas con contrato con la Municipalidad continúa su recorrido legislativo, la discusión abre un interrogante que gana peso en un escenario donde conviven modalidades tradicionales y nuevas formas de contratación de viajes: cómo garantizar condiciones comunes de prevención, actuación y cuidado para quienes trabajan y para quienes utilizan el transporte urbano, más allá de la plataforma desde la que se solicite un viaje.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género concretó la detención de Iván M. de 35 años, en el marco de una causa por lesiones dolosas agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

La investigación, con intervención del Ministerio Público de la Acusación de Rufino, se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. Según consta en las actuaciones, el imputado la habría empujado contra una heladera, golpeado en el rostro y lesionado sus dedos al intentar impedir que abandonara el domicilio.En cumplimiento de la orden de detención dispuesta por la Fiscalía interviniente, el imputado fue trasladado a la sede de la PDI, donde se le notificó la formación de causa y quedó detenido.Por disposición judicial, fue alojado en la Comisaría 3.ª, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

Un hombre de 55 años, identificado por sus iniciales como RHC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por abuso sexual contra una mujer que era su pareja en Rufino.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses, a pedido del fiscal Mauro Menéndez, quien está a cargo de la investigación.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación valoró la resolución judicial y señaló que, “a pesar de que la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido”. Además, explicó que “la privación de la libertad era fundamental para resguardar a la víctima, quien está en una situación de especial vulnerabilidad”.

De acuerdo con la atribución fiscal, el hombre investigado habría agredido sexualmente a su pareja en el marco de una relación atravesada por violencia de género.

Menéndez sostuvo que el vínculo estaba marcado por “maltratos verbales, control, aislamiento, sometimiento psicológico y aprovechamiento de la confianza derivada de la convivencia”, en el marco de una relación de alrededor de dos décadas.

“El hombre investigado cometió el ilícito semanas atrás, en una casa de Rufino en la que estaba circunstancialmente con su pareja”, indicó el fiscal.

Según precisó, ambos se habían separado días antes, pero la mujer le había permitido permanecer en el domicilio hasta que encontrara un lugar para mudarse.

La investigación penal continuará su curso mientras se avanza con las medidas correspondientes. Por el momento, el imputado permanecerá privado de su libertad de manera preventiva, mientras se profundiza la pesquisa por el hecho atribuido.

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de F.G.A., de 21 años, luego de una audiencia imputativa en la que el fiscal Iván Raposo le atribuyó una grave secuencia de violencia contra su expareja durante la madrugada del 20 de junio.

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó en el interior del boliche WESS y continuó luego en la vía pública, por distintos sectores de la ciudad. La víctima, que se encuentra embarazada, habría sido hostigada, empujada, tomada del cabello y golpeada en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles en la zona de la boca y la nariz.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, todo en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la imputación, tras los primeros hechos dentro y fuera del local nocturno, el acusado habría seguido a la víctima junto a otras personas y le habría dirigido amenazas de extrema gravedad, tanto a ella como a un joven que la acompañaba.

La situación escaló cuando la víctima se dirigió a sede policial para realizar la denuncia. Según la Fiscalía, el imputado se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un arma blanca tipo cuchillo y habría intentado agredir a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, también se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del cuchillo en la espalda y haber agredido a otra mujer que intervino durante el episodio.

Preventiva hasta agosto

La prisión preventiva fue dispuesta hasta el 20 de agosto a las 10. Según la resolución, si el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad superior, la medida cautelar se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.

En caso de que no se presente acusación ni se solicite una prórroga, el imputado podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto.

El contexto del boliche WESS

El caso tomó mayor repercusión porque se conoció en paralelo a la clausura preventiva del pub WESS por 30 días hábiles, medida adoptada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto tras evaluar infracciones y distintos episodios de violencia registrados dentro y en las inmediaciones del local nocturno.

Un hombre de 33 años, identificado por sus iniciales como JEC, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por haber cometido distintos delitos contra su expareja en un contexto de violencia de género en la localidad de Hughes, departamento General López.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados desarrollado en los tribunales de Melincué. La investigación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación.

Según informó el fiscal, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024, período en el que el condenado ejerció distintos episodios de violencia contra la víctima.

Cochero indicó que, durante ese lapso, el hombre maltrató verbal y físicamente a su expareja en reiteradas oportunidades y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.

Además, el funcionario del MPA sostuvo que el condenado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y la agredió sexualmente.

A esos hechos se sumó el hostigamiento a través de redes sociales. Según la acusación, el hombre envió mensajes intimidatorios y llegó a amenazar de muerte a la mujer.

En relación con el contexto en el que se produjeron los delitos, Cochero remarcó que el condenado ejercía violencia de género contra la víctima, quien se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por las características del caso.

En el marco del juicio abreviado, el condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, lesiones leves dolosas, amenazas y violación de domicilio, todos cometidos en un contexto de violencia de género.

Junto con su abogado defensor, también aceptó la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos judiciales.

Por disposición de resguardo, la identidad completa del condenado no se publica para evitar la revictimización de la víctima, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en una localidad pequeña del sur santafesino.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Rufino a un hombre de 41 años que era investigado por un presunto hecho de violencia de género, ocurrido en esa ciudad del sur santafesino.

El procedimiento fue realizado por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició a partir de una denuncia realizada por una mujer de 22 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. De acuerdo con las actuaciones, la víctima sufrió golpes en la zona del rostro y la cabeza.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal especializado de la PDI procedió al traslado del investigado, quien fue sometido a las diligencias correspondientes y luego notificado de la causa que se le atribuye.

El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 33 años (del cual se reserva el nombre para evitar la revictimización de la denunciante) de la localidad de Hughes fue condenado a 9 años y seis meses de prisión tras aceptar en un juicio abreviado la responsabilidad por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones y violación de domicilio cometidos contra su ex pareja. La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero.

Crimen y denuncia

La víctima realizó la denuncia el 24 de octubre de 2024, detallando una serie de agresiones físicas y sexuales que habrían ocurrido de manera reiterada durante aproximadamente dos meses.

Según consta en la investigación fiscal, el acusado la habría maltratado golpeándola, mordiéndola, quemándole con un encendedor y profiriéndole amenazas en múltiples oportunidades. En uno de los hechos descriptos, le habría “clavado una lapicera en el pulgar izquierdo”, en otro “propinado un cabezazo que le provocó la ruptura del labio”.

Además, en un hecho que agrava la acusación, el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima en Hughes y, siempre según la imputación, la obligó a mantener relaciones sexuales, lo que fue calificado penalmente como abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio en concurso ideal.

El marco legal de la acusación

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa condujo a la presentación de un procedimiento abreviado, en el cual las partes convinieron la calificación de los hechos y la pena a imponer.

La fiscalía califica los ilícitos como:

Ante ello, el fiscal solicitó una pena de 9 años y seis meses de prisión, la cual fue aceptada y avalada por el tribunal en el marco del juicio abreviado.