El régimen talibán ha dado un paso definitivo en la desarticulación de los derechos civiles en Afganistán. Tras meses de decretos aislados que limitaban el acceso a la educación y el trabajo, la reciente entrada en vigor de un nuevo Código Penal ha formalizado lo que organismos internacionales califican como un "apartheid de género".

La normativa no solo elimina las protecciones básicas contra la violencia doméstica, sino que autoriza explícitamente el uso de la fuerza física contra las mujeres bajo criterios de "obediencia".

Este nuevo marco legal sustituye por completo las leyes de protección que se habían gestado durante las últimas dos décadas. El texto, que carece de una estructura jurídica moderna, se presenta como una serie de directrices que otorgan a los hombres —padres, esposos y hermanos— la autoridad para "corregir" el comportamiento femenino mediante el castigo físico.

Uno de los puntos más críticos de la reforma es la desaparición del delito de violencia intrafamiliar. Bajo el nuevo código, los actos de agresión dentro del hogar ya no son perseguibles por el Estado, siempre que el agresor alegue una justificación moral o religiosa. Esto deja a millones de mujeres afganas en un estado de vulnerabilidad absoluta, sin refugios legales ni posibilidad de denuncia.

Expertos en derechos humanos señalan que el código utiliza un lenguaje ambiguo que permite a los jueces interpretar cualquier acto de autonomía femenina (como salir a la calle sin un acompañante masculino o trabajar sin permiso) como una falta grave que amerita castigos que van desde azotes públicos hasta la reclusión domiciliaria forzada.

El impacto de esta ley se ve agravado por la estructura del sistema judicial talibán. Al haber eliminado la presencia de abogadas, juezas y fiscales, las mujeres afganas se enfrentan a tribunales compuestos exclusivamente por clérigos que aplican interpretaciones extremistas de la ley.

Impunidad total: No existen mecanismos para que una mujer denuncie abusos físicos o sexuales sin riesgo de ser acusada ella misma de "adulterio" o "conducta inmoral".

Poder discrecional: El código otorga a los agentes de la "Policía de la Moral" la potestad de castigar en el acto cualquier infracción estética o de comportamiento en la vía pública.

Con esta normativa, Afganistán se consolida como el único país del mundo donde la violencia contra la mujer es, de facto, una política de Estado protegida por la ley. La ONU y diversas ONGs han manifestado que este código penal es la pieza final de un engranaje diseñado para borrar a la mujer de la vida pública.

Mientras la comunidad internacional debate posibles sanciones, la realidad en las calles de Kabul y otras provincias es de un silencio impuesto por el terror. El nuevo código no busca solo castigar el crimen, sino rediseñar la estructura social afgana sobre la base de la sumisión femenina absoluta.

Un sistema que alerta a la Policía y a la víctima cuando el agresor rompe la restricción impuesta por la Justicia, es la principal característica de las tobilleras duales adquiridas por el Gobierno Provincial para prevenir hechos de violencia de género. 

Tal como ocurriera este pasado martes en la ciudad de Santa Fe, ahora la presentación se trasladó a Rosario. En la oportunidad, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, brindaron detalles a la prensa en la Estación Policial Sudoeste, ubicada en avenida Sabattini y Crespo.

Además de mostrar el funcionamiento de los dispositivos, en la actividad se realizó un seguimiento de geolocalización a través de operadores de la sección de Monitoreo de la Central de Emergencias 911. Estuvieron presentes las secretarias de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani; y de Asuntos Penales, Lucía Masneri; y el director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito.

Polito explicó que “es una herramienta tecnológica que consiste en dos dispositivos, dispositivos duales, uno sobre el agresor y otro que va a tener la víctima. Lo importante de este sistema es que la responsabilidad va a estar en cabeza del agresor, quien va a llevar la tobillera 24 horas y de manera permanente”.

El funcionario señaló que “esto es un cambio paradigma en el cumplimiento y en la prevención de las situaciones de violencia de género, porque ya no es más la víctima la que se tiene que encargar de tener la batería en condiciones, de llevar y de ver al agresor y tener que estar mirando si aprieta o no la alerta. Quien tiene la responsabilidad de tener la tobillera en uso, de tener el rastreador en condiciones, es el agresor. Si no lo hace, podría caer un incumplimiento”, relató.

El funcionario agregó que “la víctima va a tener conocimiento porque en el rastreador, que es muy similar a un teléfono celular, le va a saltar la alerta de proximidad y ahí se va a estar comunicando el 911 para indicarle y mantener su resguardo”.

“En principio son 200 tobilleras o dispositivos duales, pero ayer el gobernador Pullaro indicó en la presentación que, si la demanda en sí lo ameritaba, podría haber más inversión en este sentido”, completó.

Orciani, por su parte, celebró la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro con este anuncio. “Es una decisión política que implica un altísimo nivel presupuestario, que permite contar a la Provincia de Santa Fe con una nueva herramienta para combatir este flagelo que afecta a toda la República Argentina”.

En este sentido, afirmó que “empezamos a fortalecer un sistema de seguridad pública, a robustecer lo que comenzó en diciembre del año 2023 para que la Provincia de Santa Fe sea la provincia con mayor nivel de inversión en todo concepto, pero puntualmente en materia de justicia y seguridad, y de esta manera podamos redundar en que sea la provincia más segura de todo el país”.

Masneri, en tanto, se sumó al aclarar que “no se trata simplemente de entregar un dispositivo y que ahí termina la intervención. Significa un seguimiento, una revisión, un reanálisis; y, por supuesto, que los incumplimientos tengan una consecuencia efectiva”.

Para la adquisición de las tobilleras y equipos de monitoreo, el Gobierno de Santa Fe invirtió más de 1.2 millón de dólares, siendo la principal diferencia, con otros dispositivos, que ahora la responsabilidad va a estar en el agresor. 

En cuanto al funcionamiento, se especificó que los dispositivos constan de una tobillera electrónica y un rastreador que va a portar el agresor denunciado por violencia de género. Y por otro lado la víctima va a tener, un rastreador que tiene las características similares a un teléfono celular que le va a estar informando en el caso de que ella esté en su domicilio o que esté yendo a algún lugar fuera de su domicilio si el agresor está cerca y permitirá tomar medidas que resguarden su integridad física.

Los dispositivos funcionan con el uso de la tecnología global satelital (GPS) y el monitoreo permanente por parte de la Central de Emergencias 911.

Por Nancy Balza

En el año 2013 fue sancionada la ley 27.039 por la que se creó la línea de atención telefónica 144, destinada a brindar contención, asesoramiento e información a mujeres y LGBTI+ que se encuentren en situaciones de violencia por razones de género. Desde entonces se recibieron más de 900 mil comunicaciones que llegan desde todo el país durante las 24 horas, todos los días del año. El total de intervenciones realizadas en casos de violencia por motivos de género ascendió a 319.168 en estos diez años.

La estadística, difundida este domingo en razón del aniversario de su creación, revela que un 95,5 % de las víctimas que se comunicó a la Línea 144 dijo sufrir violencia psicológica, el 70,4 % refirió haber atravesado una situación de violencia física, el 40,2 % corresponde a la modalidad de violencia simbólica, un 30,4 % afirma haber estado en situación de violencia económica y el 10,1 % manifestó haber sufrido hechos de violencia sexual.

Cabe señalar que sobre la misma persona pueden recaer varias formas de violencia.

En cuanto a la vinculación de la víctima con el agresor, las cifras indican que en el 42,8 % de los casos se trató de la pareja actual y en el 39 % de una ex pareja.

Un dato que revela el material difundido pro el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es que durante la pandemia por Covid-19 y, más concretamente, durante los primeros ocho meses del período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el promedio diario de comunicaciones aumentó un 18 % con respecto al período anterior.

A partir de enero del 2020 se puso en marcha un proceso de optimización y modernización que incluyó la contratación de personal especializado; la implementación de un plan de formación permanente y la creación de un equipo de salud mental para las personas encargadas de atender la línea, junto con la adecuación tecnológica, modernización de la infraestructura y adquisición de equipamiento; la confección de guías y protocolos con pautas para la atención y asesoramiento de situaciones de violencia de género, tal cual revela la información oficial.

Sin embargo, un hito importante en este período es la articulación con otros servicios gratuitos que están en distintas órbitas estatales.

Se trata de las líneas 137 (violencia familiar y sexual, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos); 102 (atención especializada sobre derechos de NNyA, Ministerio de Desarrollo Social); 145 (trata y/o explotación de personas, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos); 134 (violencia de género al interior de fuerzas de seguridad y desapariciones de personas, Ministerio de Seguridad); 0800 violencia institucional (Ministerio de Derechos Humanos de la Nación) y 141 (consumo problemático, SEDRONAR).

La diputada provincial Silvia Ciancio, presentó este lunes un proyecto en la cámara Baja santafesina para declarar su “enérgico repudio y profunda preocupación” por los hechos de violencia contra las mujeres ocurridos el sábado 18 de septiembre en el departamento General López. Fueron dos violentos hechos contra mujeres en menos de 24 horas, que dejaron como saldo a una mujer muerta y a otra internada en estado reservado.

“Otra vez la violencia contra las mujeres, que a pesar del grito colectivo de ‘Ni una menos’, parece no cesar. En menos de 24 horas en el sur de Santa Fe ocurrieron dos hechos de violencia gravísimos. Primero un femicidio y esta vez con el agravante de que el asesino es un personal de las fuerzas de seguridad. Un policía que debe velar por nuestro cuidado”, dijo en primer lugar.

El violento asesinato de Claudia González en manos de su ex pareja ocurrió sobre ruta 90 entre Chapuy y Elortondo, donde fue interceptada por el asesino que se estima disparó 9 veces, terminando con su vida. Esto ocurrió en presencia de quien era pareja de la joven fallecida y de dos policías compañeros del agresor.

Horas más tarde, se produjo una tentativa de femicidio en la localidad de Hughes. La ex pareja de una mujer la interceptó por la calle y le dio varias puñaladas, encontrándose hospitalizada en estado reservado.

“Nos duele a todos y todas. Resulta necesario alzar nuestras voces para que de una vez por todas las mujeres podamos vivir libres y sin miedos. Es urgente que se implementen políticas públicas que garanticen derechos de las mujeres y empezar de una vez y para siempre a deconstruir los mandatos machistas que nos posicionan en lugar de objeto, al punto tal de creer que pueden eliminarnos”, remarcó Ciancio.

En este sentido, aclaró: “Es indispensable que esta Cámara exprese su repudio y preocupación a tan aberrantes hechos que terminaron con la vida de una joven de 29 años, dejando sin su mamá a un niño de 8 y en grave estado de salud a otra mujer. Digamos nunca más a hechos como estos”.