Por Juliano Salierno (El LItoral)

El domingo 29 de junio habrá elecciones generales en la provincia de Santa Fe, en la que se definirán cargos comunales y municipales. Así ocurrirá en Villa Saralegui, una pequeña población del departamento San Cristóbal, que en los últimos años estuvo marcada por hechos de violencia y denuncias por presunta corrupción institucional.

De hecho, los contrincantes para los comicios venideros serán dos:

El primero -Sola- ocupó el cetro del poder comunal durante una década, cuando fue electo por primera vez en diciembre de 2013 por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), hasta su desplazamiento en abril de 2024 cuando el Gobierno provincial decretó la intervención.

El segundo -Piriz-, se encuentra a cargo de la normalización comunal desde entonces y ahora participa en un mano a mano con Sola, bajo el paraguas del oficialismo, con el sello de Unidos Para Cambiar Santa Fe.

El último mandato de Sola quedó trunco el miércoles 3 de abril de 2024, cuando se publicó por Boletín Oficial el decreto 0419.

Ese mismo día Piriz fue puesto al frente de la comuna, en un acto encabezado por dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Ramiro Dallaglio y Horacio Ciancio, y con la presencia del senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig y el diputado Marcelo González.

Previamente, el “caso Saralegui” tuvo su paso por la Legislatura. En el Senado, el representante departamental Michlig, impulsó la sanción de un proyecto de ley disponiendo la fiscalización externa de la gestión Sola.

En la Cámara Alta la intervención se votó el 21 de marzo y la propuesta estuvo basada en “una larga lista de sucesos que (...) desde hace un tiempo vienen poniendo en riesgo el normal funcionamiento y desarrollo institucional del ente local y, en consecuencia, la propia vida en comunidad de los vecinos y vecinas de la localidad”, dice el fundamento del proyecto.

Una semana después, el 27 de marzo de 2024, la Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley la intervención de Villa Saralegui, con 28 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones.

Además del nombramiento de un interventor, la decisión implicó la remoción de la gestión comunal y la convocatoria a elecciones, un proceso que entonces se especuló podría producirse en 6 meses, sin embargo pasaron casi 15.

Tras la sanción de la Ley N° 14.257, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia firmaron el decreto 0419.

Allí se establece "que el interventor desempeñará sus funciones con arreglo a lo establecido por la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Comunas N° 2.439 (t.o.), Ordenanzas Comunales y a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Provincial, al cual rendirá cuentas de su gestión".

El conflicto se remonta casi al inicio de la gestión Sola, cuando tras asumir el primer mandato aumentó en un 100% el impuesto de la tasa por hectárea a los productores del distrito.

Eso, sumado a la falta de rendición de cuentas y la ausencia de mejoras para los productores -por ejemplo en el arreglo de caminos-, derivó en lo que ellos mismos denominaron una “rebelión fiscal”, tensando al extremo las relaciones.

Muestra de ello fue lo ocurrido el 3 de octubre de 2022, cuando Sola fue denunciado por golpear al productor agropecuario Leonardo González Kees, dentro de la comuna, cuando el ganadero fue a reclamarle por haber sacado una tranquera en inmediaciones de su propiedad.

Por ese hecho, el funcionario y su hijo Nicolás irán a juicio el 13, 14 y 19 de agosto. Ambos están acusados por los delitos de “lesiones, daños y amenazas” en perjuicio de González Kees, dueño del establecimiento Los Retoños, que tributa en V. Saralegui y que además es cuñado del diputado nacional José Luis Espert, quien en varias oportunidades se manifestó respecto al asunto.

Y si bien el 10 de septiembre de 2023 Sola volvió a ganar las elecciones con el 46,7% del padrón y el 60,8% de los votos válidos, una serie de episodios de violencia extrema ocurridos en el verano de 2024 terminaron por desbancarlo.

El 7 de marzo de 2024 se produjo el intento de homicidio de Matías Gamboa, quien en 2023 encabezó la lista opositora a Sola y el 1 de marzo había solicitado la intervención de la comuna. El hombre de 42 años fue interceptado en la ruta provincial Nº 2 a la altura del paraje La Petronila, cuando se detuvo al costado del camino a cargar combustible con un bidón.

El agresor, que permanece en prisión preventiva desde entonces, es Rodrigo Nicolás Basigalupo, empleado de la comuna y chofer de Sola. Está acusado por “homicidio en grado de tentativa” -contra Gamboa- y “amenazas” -a un testigo-, ambos “calificados por el empleo de arma de fuego”.

Y si bien se habló de una instigación por parte del jefe comunal, esto aún no ha sido imputado por la fiscalía. Gamboa se salvó de milagro, puesto que recibió tres balazos en el maxilar, el hombro y el costal derecho y logró escapar entre los pastizales del alcance de su agresor.

Lo que siguió fue un derrotero de acusaciones que acorralaron a Sola. El 11 de marzo, González Kess, radicó denuncia policial señalando al presidente comunal de haber ordenado su ejecución a un ex empleado comunal en 2022.

El propio Gamboa, que por entonces era ladero de Sola, habría dicho en un audio de Whatsapp, que lo mismo que le ocurrió a él este año, le había sido encomendado tiempo atrás contra el dueño de Los Retoños.

Por otra parte y a partir del análisis de las cuentas públicas tras la intervención, el 2 de mayo, Gamboa -que tenía un lugar como primera minoría-, reveló que su agresor Basigalupo habría recibido 34 millones de pesos de parte de la comuna en los 6 meses previos a su intento de homicidio. Por este último hecho también hay una investigación abierta en la Fiscalía de San Justo.

Entretanto, entre marzo y abril de 2025 el Tribunal Electoral Provincial (TEP) también tomó cartas en el asunto cuando se formalizaron las dos listas que competirán en los comicios del 29 de junio: Unión Libertad y Progreso (Sola, Farías, Aguirre) y Unidos Para Cambiar Santa Fe (Piriz, Sánchez, Sandoval).

El 20 de marzo el Procurador General ante la Corte, Jorge Barraguirre viajó al pueblo para corroborar por sí mismo la situación de 214 electores observados del padrón de Villa Saralegui. A la semana siguiente firmó un dictamen mediante el cual recomendó la exclusión de 190 votantes.

"Esta Procuración Fiscal Electoral entiende que corresponde -salvo mejor criterio del Tribunal Electoral- observar a los 190 electores de la localidad de Villa Saralegui (departamento San Cristóbal)" detallados en dos apartados del dictamen que firmó Barraguirre.

Finalmente el 9 de abril -previo a las PASO y a la elección de convencionales constituyentes del 13 de abril-, el Tribunal Electoral ordenó excluir del padrón a 197 electores, haciendo lugar al planteo de los apoderados de Unidos para cambiar Santas Fe que los habían impugnado por problemas de residencia, tal como lo exige la ley.

Juliano Salierno (El Litoral)

Un exhaustivo trabajo de quienes tienen a su cargo la intervención de la comuna de Villa Saralegui, en el departamento San Cristóbal, reveló un dato que podría ser calve en la investigación por el intento de homicidio de Matías Jesús Gamboa, ocurrido hace dos meses a manos de un hombre que se presenta como chofer de la comuna y se lo conoce como ladero del desplazado presidente comunal, Walter Sola. En el lapso de seis meses, el particular recibió más de 34 millones de pesos mediante transferencias bancarias de una cuenta oficial de la comuna.

La novedad fue presentada este jueves por el propio Gamboa, ante la Unidad Fiscal San Justo del Ministerio Público de la Acusación, a los fines de que sea incorporada como evidencia nueva para imputar a Sola como presunto “instigador” o “autor intelectual” del intento de homicidio cometido el 6 de marzo último.

El escrito, de apenas una carilla de hoja oficio, lleva el patrocinio del abogado bonaerense Pablo Torres Barthe, quien acompaña a Gamboa y a un grupo de productores agropecuarios de la zona en los reclamos que derivaron en la intervención comunal por parte del gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro.

Allí se denuncian transferencias por más de 34 millones de pesos de la cuenta oficial de la comuna de V. Saralegui, a la cuenta del particular Rodrigo Basigaluppo, quien se encuentra imputado por tentativa de homicidio y amenazas calificadas por el uso de arma y permanece en prisión preventiva a disposición del fiscal Guillermo Persello.

La víctima de aquel ataque homicida, refirió que Basigaluppo se hizo de la friolera de “$ 34.776.120 en el período comprendido entre el 7 de septiembre de 2023 y el 4 de marzo de 2024”, es decir hasta dos días antes del ataque a balazos sufrido por Gamboa.

El dato surge de la reciente intervención ordenada por el gobierno provincial producto de la cual tampoco consta el vínculo laboral entre Basigalupo y la comuna, aunque de hecho oficiaba de “chofer” y mano derecha del expresidente.

“Entiendo que los pagos a Basigaluppo desde la cuenta de la comuna de Villa Saralegui podrían obedecer a que el destituido presidente comunal le pagó para atentar contra mi vida”, acusa Gamboa en su declaración.

Recuerda además que el atentado sufrido se produjo a los pocos días de haber solicitado él mismo la intervención de la comuna, el 1° de marzo último y atribuye al caso un “móvil” basado en la persecución política”.

Cabe señalar que Gamboa fue electo como representante de la primera minoría en las últimas elecciones comunales (en las urnas el ganador fue W. Sola), pero nunca se le permitió asumir el cargo. En ese sentido, señala al ex presidente comunal como presunto “instigador o autor intelectual del intento de homicidio” y pide que se lo impute por ese delito y asimismo se ordene su detención.

La Legislatura santafesina aprobó este miércoles proyectos de relevancia, entre otros, la reforma del Código Procesal Penal, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trata de la mayor modificación realizada al código desde 2007, y su objetivo es darle a la Policía, a fiscales e incluso a los jueces, más herramientas de procedimiento ante el delito. Se trata del decimoquinto mensaje que la Legislatura provincial le aprueba al actual Poder Ejecutivo. Por esa razón, este jueves a la mañana, el ministro de Gobierno e Innovación de la provincia, Fabián Bastia, acompañado por legisladores, hizo una síntesis de lo sancionado el miércoles, que también incluyó la Ley de Gobernanza de Datos y la intervención de Villa Saralegui. En principio valoró “los consensos alcanzados en la Legislatura para acompañar la determinación política” del actual gobierno. Y en lo puntualmente referido al Código Procesal Penal, Bastia destacó que tanto la Cámara de Diputados como la de senadores “nos den nuevas herramientas para las acciones que llevamos adelante contra el delito”. “Esto nos permite concretar medidas, pero además hay una lógica de ordenamiento normativo que nos venimos dando desde que asumimos. Esto además tiene que ver con la coherencia legislativa de las normas que hemos impulsado desde que asumimos el 10 de diciembre”, señaló el ministro, quien estuvo acompañado por los senadores Felipe Michlig y Pablo Verdecchia, y los diputados Silvana Di Stefano, José Corral y Pablo Farías.  Profundizando en torno al Código Procesal Penal, Corral recordó que muchas veces la gente se preguntaba “por qué en un allanamiento no se podía secuestrar una moto que era robada, pero la orden no lo puntualizaba; o por qué un detenido era liberado, dado que los tiempos procesales así lo obligaban y daban poco margen para la investigación, lo que terminaba en eso que se conoce como la puerta giratoria. O por qué no se demolía un lugar que se probaba que era un búnker de drogas. Todo eso y más, de ahora en adelante, una vez promulgada esta reforma, podrá hacerse para acompañar así la voluntad política del actual gobierno”. 

Por su parte, el senador Felipe Michlig se refirió a la intervención de Villa Saralegui, comuna ubicada en el departamento San Cristóbal, que él representa en la Cámara Alta. “En esa localidad se vive una situación de una gravedad institucional insostenible, no solamente por el destrato y el atropello hacia los vecinos”, recordó. En ese sentido agregó “la golpiza que había recibido un productor por ir a reclamar porque habían sacado una alcantarilla y no podía entrar a su campo; por el abuso en el aumento de las tasas de 500%; la falta de presentación de información y balances, a lo que se sumó un ataque a balazos al miembro de minoría del gobierno local, a quien no dejaron asumir. Todo esto nos llevó a presentar un proyecto de ley, por supuesto con la anuencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y ahora hemos logrado la sanción de esta intervención” que se extenderá hasta la normalización institucional y un nuevo llamado a elecciones.  En torno al proyecto de Gobernanza de Datos e Información Pública, también impulsado por el gobernador Pullaro y sancionado el miércoles, destacaron que se trata de una norma que hará más eficiente el trabajo de la gestión estatal, ya que implicará el abandono progresivo del papel en diversos trámites, a cambio de digitalizarlos. Asimismo, se habilita el uso de nuevas tecnologías, y también se acelera el traspaso de datos entre las diferentes áreas de gobierno y mejora la gestión de los trámites de la administración para brindar respuestas más rápidas a la ciudadanía.

(Por Julián Salierno) - El ataque a balazos contra un hombre de 41 años en zona rural del departamento San Cristóbal pasó casi desapercibido de no ser por el posteo en la red social “X” del diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad), quien acusó de “delincuente y chorro” al presidente comunal de Villa Saralegui, en el centro norte provincial.

No es la primera vez que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y hombre cercano al presidente Javier Milei hace públicas sus opiniones respecto de lo que ocurre en la comarca ubicada en el límite entre los departamentos San Justo y San Cristóbal. Ocurre que allí tiene campos su cuñado, que un año y medio atrás fue víctima de una feroz golpiza por parte de Walter Sola, presidente comunal de Villa Saralegui y su hijo Nicolás, que también trabaja para la administración pública.

Pero lo acontecido este jueves 7 de marzo no tiene precedentes y ha alcanzado un punto de violencia inusitado, cuando Matías Gamboa, un hombre de 41 años que en 2023 encabezó la lista opositora en las elecciones comunales, fue interceptado por un hombre que casi sin mediar palabras le efectuó tres disparos a quemarropa cuando transitaba por la ruta provincial Nº 2 a la altura del paraje La Petronila.

Gamboa recibió impactos de bala en la cara, el pecho, el hombro y un brazo. Afortunadamente para él, sigue vivo y consciente; tanto que al momento de ser trasladado al Samco de la ciudad de San Justo, se lo escuchó acusar al jefe político de la villa como el instigador del ataque.

Actualmente se encuentra internado en el hospital Cullen de Santa Fe, donde se recupera de las graves lesiones y con un hilo de voz denuncia públicamente a los medios lo ocurrido. “Quiero pedir justicia por lo que pasó, no puede ser que salga mañana y me mate cualquiera, esperaría algo de la justicia, que haga algo y que esto se viralice”, le dijo en un mensaje de Whatsapp al abogado Pablo Torres Barthe quien le brinda asesoramiento jurídico.

Por el caso se encuentra detenido Rodrigo Nicolás B. (35) un hombre que en la zona se lo vincula como “ladero” y “matón” de Sola, según expresó el abogado Torres Barthe. El acusado fue trasladado este sábado a los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde el fiscal de San Justo, Guillermo Persello, le imputó por los delitos de “homicidio en grado de tentativa” y “amenazas”, ambos calificados por empleo de arma de fuego

En la audiencia, que estuvo a cargo del juez Martín Torres y el imputado contó con la defensa particular del abogado Ignacio Alfonso Garrone, la fiscalía relató que Gamboa viajaba junto a otra persona a bordo de un Chevrolet Aveo gris, cuando al pasar por Petronila se quedaron sin nafta y debieron detener la marcha.

Detrás suyo apareció una camioneta Chevrolet S10 blanca de la cual descendió un hombre armado, que sin miramientos descerrajó tres disparos contra el conductor y amenazó al acompañante diciéndole: “No digas nada porque vas a ligar vos también”.

El episodio criminal ocurrió a las 11 de la mañana del jueves 7 de marzo y en el lugar quedaron las marcas del ataque, puesto que los peritos levantaron los casquillos que quedaron tirados en el camino de tierra.

El próximo martes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la cual se discutirá si el detenido continua tras las rejas o recupera la libertad. Fuentes del caso señalaron que una de las hipótesis prevé la posibilidad de un instigador y para ello fue ordenado el peritaje del teléfono celular del principal investigado.

Consultado por el hecho, el abogado Torres Barthes se remontó a “los días y meses anteriores” al ataque a tiros del que resultó víctima Matías Gamboa.

“En las elecciones pasadas para renovación de autoridades comunales, Gamboa se presentó como candidato de la oposición. Yo personalmente fui a darle una mano con la fiscalización de mesas y el sujeto que le disparó estuvo en la escuela hostigándome, amenazándome y apretándome. Fui con otro chico de 22 años al que se le sentó al lado y le dijo: ‘Acá te mata todo, te puede picar una víbora o te podemos matar nosotros’”, recordó el letrado que representa a un grupo de ruralistas locales -enfrentados a Sola- y al actual damnificado.

“Esa era el clima electoral en la comuna de Saralegui, en Santa Fe, el año pasado”, resaltó el profesional oriundo de Buenos Aires y también cercano al diputado Espert. Dijo que en ese momento “lo tomamos como una cuestión política” y que por eso “no hicimos nada”, pero ahora toma real dimensión de que se trató de una verdadera amenaza de muerte.

“Gamboa perdió las elecciones, pero le correspondía ingresar a la comuna por la ‘minoría’, pero nunca lo dejaron asumir y tampoco lo notificaron, tanto en el Consejo Comunal como en la Junta Controladora de Cuentas” donde a “la lista de Gamboa le correspondía un lugar en cada una”.

Según refiere el profesional “Gamboa intentó asumir y no lo dejaron. Le decían que él nunca se había presentado, cuando nunca lo notificaron”, reiteró. “Motivo por el cual el 1° de marzo, con mi patrocinio se presentó ante la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia para pedir la intervención” de la comuna.

“Esto sucedió el 1 de marzo y 6 días después ocurrió lo del ataque”, relacionó. “Yo estimo que se enteraron de esto y como una de las causales de la intervención de la comuna prevista en la ley es apartar a algún miembro sin motivo alguno, actuaron 01en consecuencia”, denunció.

En los hechos, el Dr. Torres Barthes supo que “le cruzan una camioneta y el empleado y matón de la comuna le disparó 4 tiros a Gamboa” que estaba junto al acompañante que resultó ileso.

“Gamboa no tenía ningún tipo de problema con este hombre”, “se conocían del pueblo” donde “están los familiares de Gamboa y los productores agropecuarios” que desde hace un tiempo mantienen un conflicto legal con la comuna.

“Esto es lineal: si Gamboa pide la intervención el 1, el 7 pasa esto y el agresor tiene vínculos con Sola, tenemos más que claro el móvil y quien pudo ser el instigador”, resaltó.

Por otra parte, el profesional aprovechó para recordar que “desde febrero del año pasado, junto con los productores rurales de la zona hicimos una denuncia contra el presidente comunal Walter Sola, por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, que quedó radicada en la Fiscalía de San Justo” a cargo del Dr. Guillermo Persello.

A propósito, el letrado reclamó medidas para el avance de la causa, entre las que citó “el allanamiento de la comuna, la citación a declarar del presidente y el consejo comunal”.

Como antecedente, el abogado recordó que “en le año 2020 ya había amenazado a un ciudadano de Saralegui por hacer una crítica en redes sociales”. Después, se produjo la golpiza a Leonardo González Kees, titular del establecimiento "Los Retoños" y “fue amenazada otra productora que hizo una denuncia por violencia de género”. “No estamos lamentando la muerte de nadie de milagro”, cerró.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La saga de enfrentamientos entre productores rurales y el presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, sumó un nuevo capítulo al quedar registradas en un informe televisivo acciones intimidatorias de policías santafesinos a un equipo periodístico de Buenos Aires que recorrió la pequeña localidad del departamento San Cristóbal.

La enemistad entre el funcionario y los productores se inició años atrás por el cobro de la tasa por hectárea. La suba desproporcionada y la insuficiente contraprestación del servicio de mantenimiento de caminos, chocaron a su vez con el ostensible crecimiento patrimonial de Sola y su familia.

La situación escaló a tal punto que en octubre de 2022 el productor y vecino Leonardo González Kees fue brutalmente golpeado, dentro de las instalaciones comunales, por el propio Sola y uno de sus hijos. El hecho inmediatamente mereció el repudio de las entidades del sector, así como de figuras políticas de la oposición. En cambio, desde el gobierno santafesino nada se dijo al respecto.

Insólitamente, Solá siguió como si nada al frente de la comuna. Al poco tiempo, incluso, intentó una suba superior a 400% en la Tasa por Hectárea. Esto colmó la paciencia de los propietarios de la zona, que se declararon en “rebelión fiscal” y denunciaron a Sola por malversación de fondos.

Con estos antecedentes, el periodista Luis Gasulla y un equipo del programa La Cornisa visitaron Villa Saralegui para relatar el caso. Durante la recorrida, fueron retenidos por la policía y la secuencia fue emitida este domingo por la noche en el programa, que se emite por el canal La Nación+.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/kMetTDcs_XM”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En el video, se puede ver al oficial requiriendo documentos al equipo periodístico. “¿Qué permiso tienen ustedes para hacer lo que están haciendo?”, se escucha decir al agente.

La respuesta del periodista no se hizo esperar: “Estamos en la vía pública, somos periodistas trabajamos de esto”. Y el agente insistió: “¿A qué te dedicas?” a lo que el comunicador confirmó su profesión.

“Entonces, si vos sos periodista, tenés que estar consciente de que me tenés que dar los datos”, siguió el uniformado. Y amplió: “Yo te voy a sacar los datos completos y de última los voy a trasladar al Comando y vamos a hacer los papeles que tenemos que hacer”.

Atónito, el equipo periodístico le consulta al personal de seguridad por qué eran detenidos en la vía pública. “Recibimos un llamado al Comando de que están volviendo a filmar, durante la mañana estuvieron filmando casas”, aseguró el policía. Ante esa afirmación, el periodista Gasulla explica que estaba buscando al presidente comunal para realizar una entrevista, “¿Es un delito?”, retrucó.

Acto seguido, aparece en escena una pick up y el comunicador le consulta al oficial si es la del Jefe Comunal y el uniformado lo confirma. El oficial insistió con los datos personales del periodista; “¿El apellido de su mamá”?, preguntó el agente ante la sorpresa de Gasulla. “Lo necesito para corroborar su identidad”, contestó el policía.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Un grupo de productores se manifestó contra el aumento del 430 % de la Tasa Vial en el marco de la emergencia agropecuaria, y confirmaron que no pagarán más hasta tanto no se regularice la situación.

“Nuevamente, los productores agropecuarios nos vemos sorprendidos por medidas arbitrarias y desmedidas”, manifestaron en un comunicado. “En momentos en que todas las actividades relacionadas con el campo santafesino -y de gran parte del país- se encuentran severamente afectadas en su capacidad productiva y, por ende, los productores en su posibilidad de hacer frente a los desafíos de seguir adelante con su labor, hay autoridades que se arrogan la potestad indiscutible de imponer cargas adicionales, abusivas y exorbitantes“.

Según expresaron, tal es el caso de lo que ocurre en estos días en esta localidad del departamento San Cristóbal, en donde las autoridades comunales determinaron, “sin justificación alguna”, un aumento excesivo del importe a pagar por la tasa comunal, respecto del año pasado.

Desde la Sociedad Rural de San Justo expresaron su “enérgico rechazo” a la pretensión de hacer recaer sobre el sector agropecuario “los resultados de las erróneas políticas de la gestión estatal y, en tal sentido, enfatizamos en nuestra reprobación a cualquier intención de aumentar impuestos -ya de por sí, excesivos-, así como de crear nuevas cargas, a la vez que reclamamos, en todos los órdenes, por una gestión pública austera, transparente y al servicio de la comunidad, y no al revés”.

En ese sentido, los ruralistas sugirieron a las autoridades políticas y judiciales “que intervengan rápidamente para salvaguardar los derechos que nos asisten como ciudadanos”.

En dicha conferencia, el diputado nacional José Luis Espert sostuvo que llegó a la provincia a acompañar a un grupo de productores agropecuarios “que con mucho coraje y valentía han decidido ejercer su derecho como trabajadores del campo y han decidido pararse de manos contra el Sr. Sola, el que desde hace 10 años no presenta ninguna rendición de cuentas y se ha despachado con un aumento del 430 % de la Tasa Vial a principios de este año cuando en la provincia rige la emergencia agropecuaria”.

Según expresó, el tema es la punta de un iceberg bastante más grande. “El dispensario del pueblo está en pésimas condiciones, lo mismo que la comisaría o los caminos rurales que siguen siendo un desastre en la zona. Por eso mismo, los productores han decidido dejar de pagar hasta tanto la Comuna no empiece a darle respuestas acerca de dónde se están aplicando los recursos, con la gran sospecha que este Sr. Sola es un chorro directamente”.

Espert insistió en que llegó en apoyo de estos productores, “pero si bien me entero del caso por ser la familia de mi esposa la que tiene campo acá, supongo que debe haber montones de estos casos en la provincia y el resto del país. Por eso esta es una excusa para llamar la atención de todos los ciudadanos argentinos para que hagan valer sus derechos de ciudadano para no sentirse esclavos del Estado, y que si no se les rinde cuentas de la plata que ellos pagan a través de impuestos y tasas se tienen que rebelar fiscalmente, porque esto de pagar impuestos es un contrato de correspondencia con el Estado“.

El diputado afirmó que “uno tiene que rebelarse si el Estado no le brinda los servicios que les debería brindar. Mucho más en el caso de las tasas municipales, que no se diluyen en rentas generales. Es una contraprestación con el mantenimiento de los caminos de la zona que son un desastre“.

También sostuvo que va a defender con la misma fuerza a todos quienes se sientan avasallados “por estos que no respetan la república, que no respetan la democracia, y que no respetan que la política le tiene que servir al ciudadano, y no a la inversa, como piensan personajes nefastos como Sola”.