En una votación dividida, la Cámara Baja dio sanción definitiva al nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe. El proyecto aprobado surgió del consenso entre diferentes diputadas, diputados y senadores que habían presentado oportunamente iniciativas en este sentido. Uno de ellos es el diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez, quien en su alocución en el recinto ratificó que el Código Procesal Penal Juvenil fue uno de sus primeros proyectos presentados en febrero de 2020.

“Me parece muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con las santafesinas y santafesinos de dictar un Código como este. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema. A lo largo de toda mi vida he trabajado incansablemente en la construcción de consensos, sobre todo cuando uno va teniendo más experiencia para saber el camino qué hay que recorrer para poder avanzar, entendiendo que el diálogo es fundamental sobre todo cuando este diálogo está fundado en la buena fe y entendiendo también que todos tenemos una parte de la verdad pero que no somos dueños de ella y que la construcción de esos avances se realiza a partir de resignar algunas convicciones para lograr dar respuesta a una ciudadanía que la exige con legítimo derecho”, expresó en su discurso.

Además, manifestó que “Yo creo que esta Cámara ha avanzado enormemente en lo que es el sistema de enjuiciamiento penal, que es un reclamo legítimo de la ciudadanía en función de una realidad social que nos supera. Así, con la búsqueda de consensos logramos la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos un actor completamente olvidado del proceso penal, así también logramos la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego , y avanzamos con la prisión preventiva para quien viole una perimetral. Logramos sancionar leyes que tuvieron como meta mejorar el sistema de enjuiciamiento penal con la finalidad de hacerlo más eficiente y acorde a las necesidades de una sociedad santafesina que está hastiada de convivir con la violencia y muchas veces con la impunidad, y eso nos tiene que enorgullecer como cuerpo legislativo porque lo peor que podemos hacer quienes tenemos la responsabilidad de ser dirigentes es dejar que las cosas sigan transcurriendo sin intentar generar los cambios que nos ayuden a vivir en una sociedad más pacificada”.

Más adelante, y en referencia a las voces en contra del proyecto que se escucharon en la Cámara, Martínez sentenció: “A mí me ha tocado en estos años llevar adelante la tarea de coordinar el Observatorio de Víctimas de delitos y sus familiares y una de las personas con la que trabajamos fue Graciela Brondino, que por la ausencia de un Código de Procesamiento Penal Juvenil no tuvo la posibilidad de convertirse en querellante en la causa del asesinato de su hija donde el imputado era menor de edad, y que por la falta de legislación en ese sentido tuvo que luchar muchísimo hasta que un juez escuchó su reclamo. Entiendo que no haya unanimidad en este proyecto, cada una de las legisladoras y legisladores tiene el derecho y la potestad de pensar diferente y eso es una de las enormes ventajas de vivir en democracia y de tener representantes que piensen y opinen según su ideología pero sinceramente creo que muchos aquí se expresan más por ideología que por convicción. Este nuevo Código aplica solo en aquellos casos donde las penas sean mayores a dos años. No estamos hablando de delitos menores, lesiones leves, hurtos, amenazas, daño, etc. Ellos no están contemplados como delitos que pueden imputarse a un menor por lo tanto yo creo que es muy importante establecer que no estamos hablando de la totalidad del universo de las y los jóvenes. Y tengamos en cuenta que que estamos discutiendo un Código Procesal Penal , y que este Código no viene ni pretende venir a resolver todas las cuestiones pendientes que tiene la democracia y el Estado con la minoridad, y sería irracional imaginar que un Código de Procedimiento Penal pueda dar respuesta a esas situaciones. Pero esto no inhabilita a que debamos rendir cuentas a la sociedad que eso espera, y avanzar en esta normativa.”

“Acá hay una atribución de responsabilidad al menor que viola la ley penal y este proyecto está constituido sobre la base de tres elementos. Primero, la franja etaria a la que pertenece el presunto autor, segundo, el tipo de delito cometido, y tercero el monto de la pena, por tanto la criminalización de las infancias y adolescencias de la que hablaron los diputados preopinantes no es un concepto que se pueda sostener. La no punibilidad no existe como un elemento que evite garantizar el derecho a la verdad. Por eso el desarrollo de un proceso penal que establezca la responsabilidad y esta ley fija que se dé respuesta a un derecho humano del cual todos sabemos que es necesario preservar, que es el derecho a la verdad. Esto también es parte de la responsabilidad de esta legislación por tanto yo personalmente estoy de acuerdo con la posibilidad de que en el caso que un menor no punible cometa un delito grave en el que ha habido daños irreparables en las personas, las víctimas tengan la posibilidad de tener acceso a ese derecho a la verdad, lo cual no significa que el menor sea punible y que tenga que cumplir efectivamente condena pero sí que la víctima o la familia de la víctima pueda conocer efectivamente lo que ha sucedido.

Y terminó su alocución afirmando: “En lo que respecta concretamente al rol más importante que me ha tocado en esta Cámara que es el de representar la voz de las víctimas de delitos y sus familias quiero señalar que esta ley que hoy aprobamos le ha dado una enorme participación a ellas, y por tanto este Código Procesal Penal Juvenil le garantiza a las víctimas y sus familiares que aunque el imputado sea menor de edad se le garanticen todos los derechos que están expresados en la Ley 14181 de Víctimas de delitos y sus familiares”.

El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles, en el Salón Blanco de la sede del Gobierno de Rosario, la firma del decreto de reglamentación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, en el marco del “Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad”, en conmemoración del fallecimiento de Marianela Brondino, que ocurrió el 3 de mayo de 2010, como consecuencia de un acto delictivo en la ciudad de Santa Fe.

En la oportunidad, el gobernador manifestó que “es un paso importante tener una ley, reglamentarla, haber podido trabajar con cada una de las organizaciones de familiares y tener la posibilidad que, dentro del proceso, las victimas tengan un rol importante, un rol protagónico”.

Asimismo, dirigiéndose a los familiares y víctimas de la inseguridad, Perotti destacó: “Quiero ser agradecido con cada uno de ustedes por haber transformado ese dolor en un aporte para toda la comunidad”.

Perotti y Javkin encabezaron el acto junto a familiares y víctimas de delitos.

Y se comprometió a continuar trabajando “para que la ley tenga visibilidad, cumplimiento y se vaya capacitando a cada uno de los organismos que tienen que intervenir en el análisis y en la atención de las víctimas”.

Sobre el final, explicó que “es clave, dentro del mismo Estado, tener la posibilidad de capacitar, para que cada uno pueda ponerse en el lugar del otro en la atención, el trato, en los procedimientos a llevar adelante y lógicamente la vinculación con el Ministerio Público de la Acusación y todas las instancias judiciales. Nos queda un trabajo de implementación muy importante y necesario para darle permanencia, visibilidad y real cumplimiento a la ley”.

En la actividad estuvieron presentes familiares y víctimas de la inseguridad, entre ellos Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, la joven asesinada en Berabevú, quienes participaron en la elaboración de la ley que, entre otros puntos, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de víctimas para todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la creación de la Defensoría de Víctimas.

Enrico sobre la nueva ley de derechos de víctimas: “Votamos la ley más importante de Santa Fe de este año”

Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena, remarcó que “esto, que es un hecho administrativo, tiene una carga muy fuerte, porque indica una política de estado que pone a las víctimas de la inseguridad en el centro de atención del Estado y es muy importante que lo hayamos construido juntos”.

Y resaltó: “Todos los ministerios tienen un rol y nosotros aprovechamos esta ley para crear un Concejo Interministerial que será el que pondrá en cuestión cada una de las demandas que vayan surgiendo del otro punto, que contiene el decreto, que es la creación de una mesa pública comunitaria, una mesa de diálogo donde las víctimas estén representadas”.

Finalmente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que “creo que no se toma cabal dimensión del logro, y lo quiero premiar, porque este es el acto que no debería nunca suceder. Pero, a la vez, en toda sociedad existe la necesidad del estado de reparar derechos de víctimas. Quienes nos formamos en el tema sabemos el cambio sustancial de este paradigma, porque durante muchísimo tiempo la víctima no era parte del proceso”.

La Ley Provincial Nº14181 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos fue sancionada por la Legislatura Provincial en diciembre de 2022. La finalidad de la misma es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito; asegurar el asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley Nacional N°27.372 de Personas Víctimas de Delitos; y establecer y adaptar normas procedimentales para permitir el efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas.

Según la nueva ley, la actuación de las autoridades responderá a principios como la rápida intervención; enfoque diferencial, mediante el cual las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán atendiendo al grado de vulnerabilidad de la misma; efectiva participación de la víctima en el proceso; no revictimización; transversalidad; y un abordaje integral e interdisciplinario en la asistencia y acompañamiento a la víctima, entre otros.

Para hacer efectivos estos principios, la ley establece la capacitación en perspectiva de víctimas para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la creación de la Defensoría de Víctimas, en la órbita del Poder Judicial.

También participaron del acto la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Seguridad, Claudio Brilloni; de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, entre otros.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, envió a la Legislatura santafesina la ampliación del temario de asuntos a considerar en sesiones extraordinarias, de tres proyectos solicitados por las Asociaciones de Víctimas del Delito y sus familiares.

En ese sentido, una de las iniciativas planteadas por el Observatorio de Víctimas de Delitos, que integra la Junta Provincial de Seguridad por decisión del gobernador Perotti a través del Dec. 1337/22 y creado por la Resolución N° 1342/2020 de la Cámara de Diputados, requiere la modificación del Artículo 221 del Código Procesal Penal, “estableciendo que si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva”. El mismo, ya cuenta con la media sanción de la Cámara Baja y ahora se encuentra en el Senado.

Además, se habilita el debate de otro proyecto que está relacionado con el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que refiere al robo de cables del tendido eléctrico y de telefonía en la vía pública. Cabe señalar que el mismo obtuvo sanción de Diputados y se encuentra en el Senado.

Por último, se propone la incorporación del Artículo 221 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, sobre la prisión preventiva “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de violencia de género”.

Cabe destacar que las propuestas a debatir fueron pedidas por las organizaciones mencionadas y definidas como resultado de las acciones consensuadas en el ámbito de la Junta Provincial de Seguridad, celebrada la pasada semana, de la que el Observatorio también integra.

El senador Lisandro Enrico informó sobre el avance en la Legislatura provincial de la primera ley provincial de derechos y garantías de víctimas de delitos penales. El proyecto que es autoría del diputado Oscar “Cachi” Martínez está siendo enriquecido en el Senado para ampliar los derechos y la participación de la víctima en las causas penales y permitir una “perspectiva de víctimas” en el funcionamiento de la Justicia. 

“Cuando se produce un delito la parte afectada es la víctima que debe recibir adecuada participación y escucha de parte del Estado en la causa penal; por eso es importante jerarquizarla y darle un mayor lugar e importancia en la causa judicial”, sostuvo el Senador Enrico. 

Asimismo, el senador remarcó que lo importante es que se vayan consolidando derechos que sean respetados por el estado para permitir en primer lugar la posibilidad de que la víctima de un delito sea escuchada por el juez o por el fiscal sobre su afectación por ser víctima de un delito y que la información le llegue de manera clara y entendible. 

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se halla en estudio de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores que preside Lisandro Enrico, y recibe los aportes del gobierno provincial, representantes del Colegio de Jueces, del Ministerio Público de la Acusación, las Asociaciones de Víctimas y de diferentes legisladores de ambas cámaras legislativas. 

El senador Enrico haciendo referencia el nuevo paradigma que desde la ley se pretende plasmar, remarcó que es una decisión concorde de la dirigencia política santafesina de dar una participación, escucha y atención a las víctimas de delitos sobre todo después de que en 2017 se aprobara la ley 23.372 de derechos de víctimas a nivel nacional. 

La capacitación en perspectiva de víctimas se incorpora como una formación para los funcionarios de todos los poderes del Estado pero especialmente dirigidas al Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad. “Es importante que se vaya tomando mayor idea de los derechos de las víctimas de delitos y que no solo son las víctimas de los delitos de géneros las que deben ser protegidas sino también aquellas que sufren robos, entraderas, estafas etc.”, aclaró el legislador santafesino. 

Por otra parte, Enrico comentó que para reforzar el empoderamiento de las víctimas en esta nueva etapa se prevé la creación de la primera Defensoría de Victimas a nivel provincial; organismo con autonomía funcional y financiera dentro del Poder Judicial que debe velar por el respeto de los derechos y garantías de las víctimas en los procesos penales, función principal que desempeñará un funcionario elegido por el Poder Ejecutivo y Legislativo.  

Los nuevos derechos de las víctimas que la Legislatura va buscando también se van a ver reflejados en el procedimiento penal, es decir, en las leyes que regulan el funcionamiento de la justicia ante un delito. Además de sumar nuevos derechos para las víctimas como la preservación de la identidad y la posibilidad que  la víctima pueda declarar desde su domicilio por medios virtuales surgen modificaciones que se verán reflejadas en los procesos penales inclusive en materia de menores de edad en conflicto con la ley penal. 

El senador Enrico al respecto agregó: “Los mayores cambios se dan en la participación y la escucha de la víctima de parte de las autoridades judiciales. El derecho a ser escuchado por el fiscal o por el juez en la primera audiencia y más importante que es la audiencia imputativa es un paso adelante que no tiene precedentes en ninguna provincia”. 

Esto implicaría un cambio enorme ya que hasta el momento los sujetos escuchados son el fiscal, el defensor y el acusado, pero ahora aparece la víctima en un rol más activo. Este cambio es el que estaría llevando más trabajo a los legisladores y que lo vienen acordando con los actores de la justicia. 

Por lo demás el proyecto viene avanzando y es intención de ambas Cámaras Legislativas convertirlo en ley y paralelamente revisándolo con el gobierno que delegó esa tarea en la Secretaría de Justicia que también tuvo una participación preponderante a través de la Dirección de Víctimas. 

Por: Mario Cáffaro

Este jueves, organizaciones de familiares de víctimas de delito de la ciudad de Rosario se reúnen con el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, y con cuatro comisiones del cuerpo intentando obtener una respuesta favorable al planteo de tener una ley que  establezca “los principios rectores que deben observar los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado y auxiliares de justicia en relación con las personas que hayan sido víctimas de delitos”. 

La Cámara trabaja el tema en base a sendos proyectos de Oscar Martínez (Ciento por Ciento Santafesino) y de Pablo Farías (PS) que fueron fusionados y dictaminados por la comisión de Derechos y Garantías. El expediente tiene tratamiento preferencial para la próxima sesión -sin fecha aún- y las organizaciones de la sociedad civil trabajan en el respaldo al texto.  

Esta semana la Cámara de Diputados no realiza la reunión plenaria pero funcionaron la mayoría de las comisiones para dictaminar temas. Las organizaciones rosarinas además de Farías tienen agendadas reuniones con las tres comisiones que aún deben dictaminar el asunto: Presupuesto y Hacienda;  Asuntos Constitucionales y Seguridad. 

El universo a comprender en la norma como víctima es la persona ofendida directamente por el delito. “En los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos, se considera víctima al cónyuge, conviviente, padres, adoptante, hijos, hermanos, tutores o guardadores, curadores o, en su caso, el o los apoyos designados”, dice. 

El objetivo de la norma es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en la Ley nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372. 

El tema además fue discutido en cinco jornadas realizadas meses atrás en las cinco sedes de los colegios de abogados de la provincia a los que Martínez pidió el apoyo para discutir el tema. 

“En nuestra provincia, se manifiesta de manera imperiosa y urgente, contar con la aprobación de legislación provincial en materia de reconocimiento y tutela de los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos” dijo Farías. Para Martínez “la víctima es el nuevo sujeto y paradigma del proceso penal” e instó a trabajar en apoyo de ellos con herramientas legales. En el ordenamiento se prevé incluso la figura de un  Defensor de las Víctimas con la finalidad de ordenar la tarea que viene realizando varios organismos del Estado. 

El dictamen tiene un largo capítulo estableciendo los derechos de las víctimas y el último sobre la actuación del defensor de víctimas.  

JUSTICIALISTAS 

El bloque de diputados del Frente de Todos votará en forma dividida en la sesión conjunta de ambas cámaras legislativos para remover al director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain. Los diputados Leandro Busatto, Ricardo Olivera, Matilde Bruera y Lucila De Ponti se opondrán al dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos. En tanto, Luis Rubeo apoyará ese dictamen mientras que Paola Bravo estará ausente por un problema de salud. 

En tanto, Oscar Martínez (Ciento por Ciento Santafesino) y Cesira Arcando (Fe) que integran el interbloque oficialista han mantenido en reserva su voto.