(Por Gustavo Capeletti) - El último informe de la sindicatura en el concurso preventivo de Algodonera Avellaneda SA, presentado en julio de 2025, describe una situación crítica de la histórica firma textil del norte santafesino, propiedad de Vicentin SAIC. La empresa enfrenta un deterioro financiero creciente, fuertes deudas posconcursales y la paralización total de su producción.

Hoy por hoy, la producción está detenida y la planta ubicada en el Parque Industrial de Reconquista se encuentra sin actividad. El detalle elaborado por los síndicos dio cuenta que se incumplieron contratos de desmote con la Unión Agrícola de Avellaneda y Buyatti.

La hilandería está paralizada por exceso de stock en los clientes. En julio todavía se produjeron 253.938 kilos de hilos y 99.309 kilos de telas, pero actualmente no hay movimiento en la línea productiva, reseñaron.

La facturación de julio fue de $2.684 millones, pero la tendencia es decreciente desde abril. Al mismo tiempo, el pasivo posconcursal sigue en aumento: deudas con proveedores, AFIP, seguridad social y, especialmente, con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde los saldos impagos superan los $ 989 millones hasta julio. “La empresa descuenta unilateralmente un 25 % de las facturas de energía, lo que profundizó la deuda”, tabuló el cuadro demostrativo de la evolución obligaciones a pagar.

El impacto comienza a sentirse con fuerza en el nivel de puestos de trabajo. En los últimos meses, la compañía redujo personal: 41 empleados fueron dados de baja entre junio y julio (7 por fin de prueba, 14 despidos sin causa y 20 por falta o disminución de trabajo). La deuda en concepto de indemnizaciones asciende a $ 274 millones. En tanto, el 22 de agosto la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis, que contempla suspensiones, reducción de jornadas y retiros voluntarios, buscando reducir costos laborales.

El informe de la sindicatura advierte que la situación es “muy delicada” y reclama a la compañía un plan de acción concreto para enfrentar la crisis. Señala que incluso con el repunte de la facturación sería inviable sostener las deudas acumuladas sin medidas estructurales ni financiamiento externo.

El análisis de los indicadores financieros de la empresa realizado por encargo del juez del concurso de acreedores Fabián Lorenzini da una idea cabal de la creciente inviabilidad de la textil, que se acerca peligrosamente a su quiebra.

En cuanto a “liquidez ácida”, por cada $ 1 de deuda a corto plazo, la empresa solo dispone de 0,009 centavos en efectivo y equivalentes inmediatos; con relación a “liquidez corriente”, por cada $ 1 de deuda corriente, la empresa solo tiene $ 0,60 de activos corrientes; otro de los puntos abordados es el de endeudamiento -mide como total del pasivo / patrimonio neto-. En este ítem, al ser el patrimonio neto negativo (- $ 1.436.607,93 ), el índice resulta negativo y refleja “patrimonio neto deficitario; con respecto a “solvencia”, en julio de 2025 arrojó un valor de 0,60, cuando en diciembre 2024 era 1,50. “”El total de activo circulante no alcanza para pagar las deudas”, pusieron sobre aviso al juez los encargados de confeccionar el cuadro situacional.

En este contexto de crisis, el ministro de Trabajo de la provincial, Roald “Coco” Báscolo mantuvo reuniones el viernes estuvimos con delegados y mandos medios de Algodonera Avellaneda, y este lunes con el juez Lorenzini, con la intención de explorar soluciones viables al cuello de botella que se cierne sobre la empresa

“Lo de Vicentin era un problema importante, pero no tenía la magnitud que hoy tiene el contexto nacional para la Algodonera Avellaneda. Ese, para mí, es el principal problema”, comparó el funcionario, para encuadrar luego que “está la hipoteca del Banco Nación, que ya liberó la orden de ejecución, y eso se puede solucionar; está el tema de que se fueron los fasones, y también se puede solucionar; el hecho de que no haya fondos para comprar materia prima también tiene salida. Nada es fácil, claro, porque todo se enmarca en un concurso”.

Báscolo no dudó en apuntar que “el problema de fondo es el contexto nacional: no hay consumo y existe una competencia desleal de las importaciones. Entonces, aun consiguiendo capital de trabajo, nuevos fasones o incluso un comprador para la empresa, la situación es crítica. Particularmente golpea a la parte de hilandería y textiles; en cambio, el resto de la cadena -la desmotadora o la siembra de algodón- todavía resiste y sigue siendo competitiva”.

El titular de la cartera laboral hizo referencia a hechos relevantes ocurridos en los últimos días: “El jueves se presentó el informe de la sindicatura, que es lapidario respecto de la situación financiera; el viernes tuvimos una reunión con delegados gremiales y algunos trabajadores, en la que se habló tanto del contexto nacional como de la situación específica de la empresa. Allí remarqué que, más allá de la versión empresarial, el informe de la sindicatura es un documento contable elaborado por profesionales designados por el juez, y por lo tanto es un diagnóstico oficial”.

En esa línea, relató que ese mismo viernes el juez envió una orden a la empresa para que presente un plan de crisis en un plazo de cinco días. “Probablemente se extienda un poco más, pero en breve vamos a incorporarnos en ese proceso para evaluar alternativas. Ese plan debe definir qué hará la empresa en los próximos doce meses: si incorporará fasones, socios, o si venderá algunos activos. Todo requiere la autorización del juez, de la sindicatura, del comité de acreedores y también la resolución de las cautelares penales del caso Vicentin, que avanza bien”.

Más adelante, fijó el objetivo claro que tiene el gobierno provincial: “Garantizar la continuidad de la producción y preservar las fuentes laborales. La quiebra es una posibilidad, sí, pero debemos evitarla porque, aunque en esa instancia los trabajadores tienen prioridad de cobro, el valor de una empresa en marcha es cinco veces mayor al de una empresa paralizada”.

Por último, insistió con que “hoy todo se reduce al contexto nacional: conseguir socios o capital de trabajo en un escenario normal sería viable, incluso vendiendo activos no productivos como oficinas en Buenos Aires. Pero en este panorama, aunque logremos financiar fibra, terminamos con hilos y telas apilados en un depósito sin poder vender, y con sueldos que no se pueden pagar con mercadería. Eso fue lo que pasó con la Unión Agrícola de Avellaneda y Buyatti, que después de seis meses de acumular producción sin salida decidieron retirarse. Julio fue un mes crítico, en el que se notó con fuerza la caída de la producción”.

Por Gustavo Capeletti (El LItoral)

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista resolvió habilitar la feria judicial a pedido del interventor Guillermo Nudemberg, en el marco del concurso preventivo de Vicentin SAIC. La medida fue dispuesta este lunes por el juez Fabián Lorenzini con el objetivo de dar continuidad al proceso de salvataje de la empresa en crisis.

En el expediente principal ya se había ordenado la apertura del período de concurrencia, con la inscripción de 11 interesados en participar del salvataje empresario: ACA, Grassi SA, Molinos Agro, Bunge SA, Viterra Argentina, LDC Argentina, Unión Agrícola de Avellaneda, Atilio Marotte, Yabitel SA, Barbero Cereales SAU y Bioenergías Agropecuarias.

El magistrado norteño fundamentó su resolución en el alto número de oferentes inscriptos, que demuestra interés real en el proceso; la necesidad de garantizar celeridad y previsibilidad en el trámite; la situación crítica de la concursada; y la obligación de respetar los principios de seguridad jurídica y economía procesal.

Del mismo modo,anticipó que, al evaluar las propuestas, se considerarán los parámetros de abusividad y fraude a la ley establecidos en el art. 52 de la LCQ, y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, además de lo decidido previamente en el expediente “Vicentín SAIC s/ impugnación a la propuesta de acuerdo preventivo”.

En tanto, dijo que se fijaron reglas obligatorias de actuación para todos los interesados, con el objetivo de evitar dilaciones innecesarias y favorecer a quienes acrediten interés serio y capacidad técnico-económica suficiente.

La sentencia judicial que determine el valor definitivo de las acciones representativas del capital social de la empresa será dictada dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo de observaciones y "las decisiones adoptadas en este marco tendrán carácter inapelable”, aseguró.

Lorenzini dejó en claro que los interesados en adquirir los activos y acciones de Vicentin SAIC deberán presentar un escrito en el expediente judicial manifestando su voluntad de participar y aceptando expresamente las condiciones establecidas por el juzgado, y depositar $1.100 millones (mil cien millones de pesos) per cápita en efectivo como garantía de “seriedad de la oferta".

Asimismo, impuso un lapso para realizar el depósito de 3 días corridos desde la notificación de la resolución judicial, y no concedió plazos de gracia ni la admisión de seguros de caución. El plazo final para cumplir con estos requisitos vence el lunes 14 de julio de 2025 a las 12:30. “Quienes no cumplan serán excluidos sin recurso” del proceso de salvataje, advirtió.

El 25% del monto depositado será retenido para cubrir gastos del proceso judicial, incluyendo publicaciones de edictos y otros costos procesales. El 75% restante será reintegrado a quienes no resulten adjudicatarios, una vez finalizado el procedimiento.

Los fondos serán colocados en un plazo fijo renovable automáticamente cada 30 días hasta el momento de restitución, incluyendo los intereses devengados.

De esta manera, desde el juzgado a cargo del concurso preventivo se reafirmó el compromiso con la celeridad procesal, la transparencia y la seguridad jurídica, con el objetivo de garantizar una salida razonable para el default privado más importante de la historia argentina.

Por Gustavo Capeletti (El Litoral)

En una decisión clave para el futuro del grupo Vicentin SAIC, el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Avellaneda, a cargo del juez Dr. Fabián Lorenzini, resolvió este 27 de junio de 2025 abrir un nuevo pre-registro de oferentes en el marco del proceso de cram down o salvataje empresarial.

La medida se produce luego de que la Cámara de Apelaciones de Rafaela confirmara el rechazo a la homologación del acuerdo preventivo presentado por la empresa en concurso, lo que habilitó la posibilidad de que terceros interesados formulen una propuesta de reestructuración para evitar la quiebra.

El magistrado hizo mención al extenso tiempo que ha trascurrido desde la resolución que dispuso la apertura del período de concurrencia (Resolución del 15/09/2023), y fundamentó su decisorio en “la crítica situación de la caja de la empresa, conforme fuera informado por los interventores, la proximidad del vencimiento de los contratos de fasón, los plazos naturales de los ciclos de cosecha y siembra, la necesidad de mantener en funcionamiento el complejo industrial”.

Asimismo, consideró los apremiantes montos referidos a deuda posconcursal y la proximidad de la feria judicial para “de manera inmediata tornar operativo los plazos judiciales correspondientes a reencausar el proceso de salvataje”, de acuerdo de la Ley de Concursos y Quiebras.

El pre-registro de oferentes estará abierto del 30 de junio al 4 de julio de 2025, sin necesidad de presentar garantías económicas en esta instancia inicial. Sin embargo, la inscripción será requisito excluyente para participar luego en el período de concurrencia propiamente dicho.

Los interesados deberán presentarse formalmente en el expediente judicial, acompañando documentación legal y societaria, poderes, constitución de domicilio procesal y boletas de iniciación.

El tribunal evaluará más adelante la posibilidad de convocar a una audiencia con los inscriptos para “garantizar el acceso equitativo a información contable y establecer los requisitos definitivos de postulación, el monto de mantenimiento de oferta y los plazos de evaluación, observaciones, audiencias e incluso de votación”, conforme al procedimiento previsto en la legislación.

El juzgado dejó abierta la posibilidad de convocar a una audiencia con los interesados que se inscriban en el pre-registro, para que estos puedan informar qué documentación contable requieren consultar. El objetivo de esta instancia es garantizar igualdad de condiciones y trato entre todos los potenciales oferentes que pretendan presentar una propuesta de reestructuración para Vicentin SAIC.

Una vez concluida esa etapa, el tribunal avanzará con la definición de los plazos procesales siguientes, que incluyen la inscripción definitiva, con pago o depósito del canon correspondiente; la designación del evaluador independiente; la presentación de la valuación del grupo empresario; el plazo para formular observaciones; una audiencia informativa; y la determinación del plazo para la obtención de mayorías (necesarias para validar la propuesta).

El juez Lorenzini aclaró que todos estos pasos podrán ser modulados o ajustados según lo requieran las circunstancias del proceso y conforme a lo establecido en la Ley de Concursos y Quiebras, que regula los mecanismos de salvataje empresario.

El tribunal justificó la urgencia de esta medida en la "crítica situación de caja" de la empresa, los plazos agrícolas del ciclo de siembra y cosecha, la proximidad de la feria judicial, la necesidad de mantener el funcionamiento del complejo industrial, y los montos pendientes de deuda posconcursal.

Desde la apertura del período de salvataje -dispuesto el 15 de septiembre de 2023-, el proceso ha estado marcado por múltiples impugnaciones, idas y vueltas judiciales, y una fuerte tensión entre los acreedores, la empresa, los trabajadores y la justicia.

Guido Javier Ferullo, apoderado de la concursada Vicentin SAIC, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Torricelli, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra la sentencia por la que el máximo tribunal de la provincia -el 18 de febrero pasado- anuló la sentencia que homologaba el acuerdo de la empresa con los acreedores.

Tras dictaminar inconstitucional el fallo de la Cámara de Reconquista que homologaba el acuerdo, la Corte ordenó una nueva revisión del caso (lo debería hacer la Cámara de Rafaela). Lo hizo por considerar que la homologación del acuerdo -consentido por 62% de los acreedores que representan el 72% del capital defaulteado de US$ 1573 millones- violó el principio de igualdad, según el reclamo de Commodities SA.

La incertidumbre que esta situación jurídica plantea, prorroga el enorme interrogante que se abre sobre el futuro de la empresa que emplea a 1200 trabajadores en forma directa y que posee parte de la planta de Renova en Timbúes, planta y puerto en San Lorenzo, planta en Ricardone, 100% del paquete accionario de Renopack S.A. y el 34% del paquete accionario de Patagonia Bioenergía S.A., además de una planta en Avellaneda.

La trascendencia del caso es de especial importancia en la provincia. Hasta su presentación en Concurso preventivo el 10 de febrero de 2020, con estos activos, Vicentin tenía el 24 % de la molienda de girasol y 21 % de soja que se producía en el país; actualmente su participación cayó a un 10 % y 15 %, respectivamente, pero según sus directivos su actividad estuvo por encima del promedio nacional gracias a los contratos de fazon.

La Corte santafesina no tiene plazos para definir si acepta el REF, aunque los antecedentes otorgan baja probabilidad a esa chance. De ser rechazado el recurso, Vicentin tendría una opción para ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son caminos que sin embargo no despejan incógnitas de supervivencia inmediata de la empresa.

Durante una audiencia citada el viernes por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini (ya no tiene parte en el caso), quedó en claro que Viterra, Bunge y ACA -denominados inversores estratégicos- se comprometieron a sostener su potencial inversión en la propuesta concursal por 6 meses, supeditada a la homologación del acuerdo.

Allí, Daniel Succi, secretario de los Aceiteros de San Lorenzo, pidió la intervención de la empresa. Roald Báscolo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, siguió con atención las deliberaciones de tres horas, que por su extemporaneidad carecieron de efectos conducentes o consecuencias jurídicas.

Vicentin aún no logra ratificar nuevos contratos de fazon, mediante los cuales procesa en sus plantas los granos de terceros. Sin ellos, la empresa argumenta que no podrá cumplir con una nómina salarial que por mes insume unos $4 mil millones.

Una nueva deuda posconcursal precipitaría la quiebra de la empresa (así lo ordena la ley), escenario que no parece conveniente para ninguna de las partes. Este fin de semana es decisivo para que -tal vez los inversores estratégicos- hagan un aporte para pagar salarios y sostener la actividad, que espera la llegada de la nueva cosecha de soja para revitalizarse con nuevos fazones.

Cabe recordar que Cima Investments, bajo la firma de Esteban Nofal (un inversor financiero) compró las acreencias defaulteadas por Vicentin a bancos internacionales; su inversión podría esfumarse si Vicentin deja de existir.

Mariano Grassi (Commodities) insistió durante la audiencia en la alternativa del cramdown -por la cual terceros ajenos al expediente concursal podrían proponer una salida- pero esa instancia no está abierta en el presente judicial del caso.

¿Abrirá la Cámara de Rafaela esa posibilidad? El tribunal espera que la Corte santafesina le remita el expediente, si es que rechaza el REF.

En Vicentin entienden que el eventual planteo en queja ante la CSJN tendría efectos suspensivos (la Cámara de Rafaela no podría proceder), interpretación que promete abrir un nuevo incidente ante quienes buscan una alternativa de cramdown al acuerdo concursal rechazado.

Eso, o un acuerdo entre enemigos íntimos, en una pulseada de trascendencia para la economía santafesina.

- Doctor, sinceramente no sé qué hacer.

- Cuénteme despacio.

- Me van a c****, nos van a c****.

- Usted ya entregó el cereal y no le pagaron… ¿y no le dijeron cuándo le pagan?

- Eso siempre es así, lo que pasa que dicen que por el momento no van a pagar.

……

- ¿Qué están viendo….que se fue todo de las manos… que Macri los c****?

El diálogo no es ficticio, ocurrió en mi estudio en diciembre del año 2019. El cliente quedó en volver a la semana, nunca volvió. Dos años después, con varios ex directivos de Vicentin ya imputados penalmente, me llamó por teléfono. Debió mudarse de provincia él, su mujer y sus dos hijos, de 9 y 7 años.

La Corte santafesina ha fulminado la resolución de la Cámara Civil de Reconquista que había aprobado la propuesta de Vicentin de "no pago" de la deuda concursal; dicha medida puede catalogarse como una verdadera medida de higiene jurídica. Los ministros de la Corte han evidenciado rotundamente lo que venimos afirmando desde estas columnas hace casi cinco años.

No me refiero a la trama delictual, al bestialismo estafatorio de Vicentin; me refiero a la parcialidad de la justicia en Reconquista, siempre a favor de Vicentin y en contra de quien se ponga en contra, me refiero a la lesión cuantitativa y cualitativa a la entretela productiva, y sobre todo a cómo Vicentin intento perpetuar la estafa a través del concurso de acreedores.

Además, el fallo de Corte ha consolidado una postura de coherencia institucional de la Justicia santafesina. La colosal tarea del fiscal Miguel Moreno y todo su equipo en la investigación penal siempre trató de ser aplacada, acallada por los "operadores judiciales" de Vicentin en Reconquista, los de afuera y los de adentro del tribunal, incluso aquellos que se excusaron de entender formalmente en la causa pero siguieron operando en las "alturas", aprovechando los vuelos privados para obtener alguna disidencia.

Y también hubo operaciones mediáticas, verdaderos intentos de amedrentamiento a abogados, acreedores y operadores judiciales; pues bien, todo eso terminó. Queda ahora ver cuál será la tesitura de Vicentin; intentará torpemente un recurso ante la Corte Nacional (inviable por cierto) o acelerará que la Cámara de Rafaela abra el Crown down, el salvataje de lo que queda de la empresa.

Varios kilómetros al sur la investigación penal entra en el tobogán, si bien no se ha cerrado y seguramente quede algún estertor pendiente, entra en una faz decisiva. Prontamente se hará la audiencia preparatoria del juicio oral y público que quizás sea sobre fines de este año, o seguro a comienzos del que viene.

Lo importante ahora es la salvaguarda de lo que queda del alicaído patrimonio de Vicentin y agotar la investigación penal actual, no sin ponderar que aún queda el capítulo de todas las empresas controladas y vinculadas a Vicentin.

En Santa Fe hay justicia imparcial e independiente, aunque muchas veces me agarre la cabeza por algunas resoluciones, sigo creyendo eso. Y sigo creyendo que cuanto más problemática es la situación más virtuosa tiene que ser la salida.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular la homologación del acuerdo preventivo de la agroexportadora Vicentin S.A.I.C., al considerar que la propuesta vulnera el principio de igualdad entre los acreedores.

El fallo, que revoca la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, obliga a reabrir el proceso concursal y pone en duda el futuro financiero de la empresa.

El máximo tribunal provincial declaró "procedente" el recurso de inconstitucionalidad que había presentado la empresa Commodities S.A. del grupo Grassi contra la homologación del Concurso de Vicentin S.A.I.C. y, en consecuencia, anuló la sentencia dictada por la Cámara de Reconquista.

Asimismo, resolvió "remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda, a fines de que dicte nuevo pronunciamiento, conforme a las pautas sentadas en este nuevo fallo". Se trata, para el caso, de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

El fallo lleva la firma del presidente Roberto Falistocco, y los ministros Daniel Aníbal Erbetta, Rafael Francisco Gutiérrez, Eduardo Guillermo Spuler, y María Angélica Gastaldi, en disidencia.

En 2020, Vicentin se presentó en concurso preventivo tras declarar una cesación de pagos, afectando a cientos de acreedores, entre ellos entidades bancarias y productores agropecuarios. En marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones homologó un acuerdo que establecía pagos diferenciados según el tipo de acreedor, lo que generó impugnaciones por parte de Commodities S.A. y otros afectados.

El tribunal provincial consideró que el acuerdo aprobado por la Cámara de Apelaciones presentaba irregularidades en la distribución de los pagos. Según el fallo, la propuesta de Vicentin establecía condiciones desiguales, ya que los acreedores más pequeños recibirían el 100% de sus créditos en un solo pago, mientras que otros tendrían quitas de hasta el 80% y plazos de espera de hasta 12 años.

Los jueces destacaron que la falta de categorización de los acreedores y la ausencia de un plan de reorganización empresarial generaban un perjuicio indebido a ciertos sectores. Además, criticaron la falta de garantías en los mecanismos de pago y la incertidumbre sobre el levantamiento de medidas cautelares en sede penal, que podrían afectar la liquidez de la empresa.

Con esta decisión, se reabre el proceso concursal y se abre la puerta a un nuevo período de negociaciones o a la posibilidad de un salvataje (cramdown). Esto es que, si bien Vicentin puede mejorar la oferta a sus acreedores, también deberá competir en pie de igualdad con un tercero que, eventualmente, pueda presentar una propuesta superadora y quedarse con la administración del holding.

En particular, la Corte Suprema instó a realizar una nueva evaluación que garantice un trato equitativo para todos los acreedores y preserve la viabilidad económica de la empresa. Así, el expediente quedará en manos de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

La empresa Vicentin solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la homologación del acuerdo concursal para normalizar la actividad en sus plantas industriales. Lo hizo a través de un petitorio presentado por Guido Ferullo, apoderado de la empresa, con el patrocinio de los doctores Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Toricelli.

La Corte tiene en sus manos un recurso de queja presentado por Commodities SA, cuya prolongación -a criterio de la empresa- podría afectar los intereses de todos los acreedores y de los trabajadores, además de los fiscos nacional y provincial.

"El recurso de queja bajo análisis se fundamenta en la hipotética abusividad de la propuesta de Vicentin, bajo el argumento de que el 30% del valor de repago de la propuesta concursal afecta garantías constitucionales".

Recuerda el escritorio que la sociedad de Bolsa CIMA (CFS Advisors), el acreedor Grassi y el abogado Salvatierra compraron las acreencias de bancos internacionales sobre Vicentin, a 11 centavos por cada dólar de deuda defaulteada.

"Vale decir que las mismas personas humanas titulares de la sociedad Commodities SA y Grassi SA que solicitan al Tribunal Superior que rechacen la homologación por abusividad, adquieren aproximadamente el 40% del pasivo de Vicentin pagando un tercio de la propuesta concursal".

Por lo que la empresa alega que su propuesta está por encima del valor de mercado, a instancias del precio cobrado por los bancos.

Vicentin explica en su escrito que en los 27 meses desde el acuerdo con los acreedores en los términos requeridos por la Ley de Concursos y Quiebra, la empresa "perdió US$47,4 millones de capital de trabajo", compuesto por pérdidas y cancelaciones de pasivos privilegiados, más gastos concursales. Además abonó sueldos, salarios y contribuciones patronales por unos US$106,3 millones.

Recuerda más adelante que la empresa solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis (pagó al día hasta el aguinaldo de diciembre, no así el total de gratificaciones paritarias vencidas al 10 de enero), en tanto que el gremio de Aceiteros paralizó actividades.

Eso afectó el ingreso de semillas a las plantas, que operan a fazón, es decir por encargo de terceros que dejaron de remitir sus cargas ante la incertidumbre.

"Sin contratos de fazón, considerando la situación descripta, la Sociedad no dispone de fondos para sostener el pago de sus obligaciones, entre los cuales se encuentran incluidos los salarios de toda la nómina".

Concluye el escrito: "es evidente que para poder continuar con la sostenibilidad de Sociedad, la cual vierte su consecuente sostenibilidad para la provincia y la región, se necesita únicamente previsibilidad que permita que Vicentin sea viable"

"Lamentablemente, y a pesar de los enormes esfuerzos realizados por todos los actores involucrados y comprometidos con el desarrollo del polo productivo, en esta situación Vicentin no puede garantizar la continuidad de la actividad".

Cabe recordar que el director independiente de Vicentin, Estanislao Bougain, venía advirtiendo sobre la falta de granos y caja para seguir operando. El directivo le dijo a El Litoral que, con loa homologación del acuerdo, se despejaría el traspaso del 90% de la empresa a Aca, Viterra y Bunge, lo que permitiría la continuidad de las plantas y los puestos de trabajo.

El pago del 25% del bono de las paritarias de los aceiteros distendió en las últimas horas la medida de fuerza que paralizaba a las plantas de Vicentin. Pero la empresa ha advertido que la desconfianza de quienes le entregan girasol para procesar a fasón (hoy ingresa un tercio de los 450 camiones que llegaban antes del paro) pone en riesgo el recurso para operar en febrero y pagar sueldos.

Estanislao Bougain, director independiente de la concursada Vicentin Saic, no dudó ante la consulta: "no tenemos plata y si dejamos de trabajar tampoco vamos a tener para pagar los sueldos".

Hubo la semana pasada una conciliación obligatoria luego de que Vicentin no pagara el bono a sus empleados, lo que detuvo la tarea en las plantas de Ricardone, San Lorenzo y Avellaneda. "Fue acordado en unas paritarias de las que la empresa no participó y que no fue homologada". Bougain señaló sin embargo que "la reacción del sindicato fue un bloqueo a las plantas.

"O no ven o no creen lo que contamos, o lo miran de una manera apasionada con conclusiones que se dan la cabeza contra la realidad. Venimos diciendo hace tres meses que nos estamos quedando sin recursos, que están limitados porque trabajamos únicamente a fasón".

Bougain recordó que "no compramos ni vendemos granos, sino que simplemente prestamos un servicio con un precio de mercado que hace bastante tiempo es inferior a nuestros costos".

El directivo lamentó que el gremio rechazara de plano el procedimiento preventivo de crisis, que le hubiera posibilitado a la empresa contar con recursos para pagar salarios sin las cargas sociales. "El sindicato simplemente rechazó toda posibilidad", afirmó.

"No creo que haya una intencionalidad del sindicato de conducirnos a una situación de insolvencia", señaló Bougain tras la pregunta. Y comentó: "Una de las hipótesis que estamos manejando es que ni los sindicatos ni los principales actores creen que nosotros no tenemos fondos".

A lo mejor están especulando con que es una medida de presión para la Corte y a los propios sindicatos para obtener la homologación. Es algo que rechazamos categóricamente", sostuvo.

Planteó que la razonabilidad de las partes debe reponer la llegada normal del girasol, que garantice el trabajo el próximo mes y permita alcanzar a la campaña de soja, cuyo grano entraría desde fines de marzo. Bougain insistió en que la única salida es "la buena administración, trabajar, juntar los fondos y seguir pagando. Si no alcanza más, se detiene la rueda".

Ante lo que calificó de "pensamiento mágico", Bougain ratificó que "no tenemos más plata; hay cuentas por cobrar que no nos pagan", mencionó, en referencia a un acuerdo con Friar frenado en la justicia y problemas financieros de Renopack.

Dijo que "en el nodo norte la situación es dramática" porque incluso la paralización perjudica a otras industrias que trabajan a partir del vapor de las calderas de Vicentin. "Vamos a una catástrofe colectiva... que es evitable", sostuvo.

"La Corte está mirándose a sí misma y nos está arrastrando a una posición irreversible; es inexplicable la pérdida de tiempo. Se tomaron 8 meses una vez y ahora vamos por otros dos meses y medio; como que Vicentin no fuera una empresa viva de la que dependen los trabajadores".

Bougain respondió así cuando se le preguntó sobre el estado del expediente. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista resolvió homologar la propuesta de rescate presentada por Vicentin el 6 de marzo, pero la Corte santafesina admitió revisar un recurso de inconstitucionalidad planteado por un acreedor, la empresa Grassi de Rosario.

En cuanto a la posición de Aca, Virterra y Bunge (los inversores que comprarían Vicentin si se homologa el acuerdo) Bougain dijo que "nos ratifican su apoyo permanente pero hay que entender que están condicionados a la homologación. Quieren terminar este negocio pero hasta que no se lo podamos dar, el problema es nuestro".

El directivo agradeció en especial a Bunge, que derivó parte de sus granos para que los procese la empresa concursada. "Sin eso no hubiésemos podido sobrevivir", concluyó.

El cramdown "no existe"

Respecto de Cima, el grupo inversor que compró a los bancos internacionales la deuda que con ellos tenía Vicentin por casi US$450 millones, Bougain señaló que "es un acreedor por otro.

"Es cierto que el grupo Grassi (vinculado a Cima) con esto adquiere una relevancia que no tenía y pasa a ser el acreedor más importante; estamos abiertos a hablar con ellos".

Pero advirtió que hay "una paradoja. No entiendo cómo podrían beneficiarse; el cramdown existe jurídicamente pero no existe en el concurso. Supongamos que se va a abrir el 1 de febrero… ¿quién va a pagar los sueldos? ¿El grupo Cima? Nosotros no vamos a tener la plata para pagar. Un cramdown tiene que conseguir la conformidad de los defaulteados".

Incluso especuló Bougain: "¿Qué le pasaría al grupo Cima? Hicieron la inversión y tendrían que ir a verificar a una quiebra la plata que pusieron… pusieron dólares y van a cobrar pesos. No tiene sentido que hagan eso".

Recordó que según trascendidos, pagaron 11 centavos por dólar de deuda de Vicentin a los bancos, y "tienen una propuesta que paga 20 centavos inmediatamente y 10 centavos más en 12 años" en la homologación.

Al recordársele que Nofal afirma tener un plan B, expuso que "yo no lo veo. La única salida que veo es la homologación. ¿O le voy a decir a la gente que venga a trabajar gratis mientras dura el cramdown? Eso se termina inmediatamente; Grassi nunca hizo una propuesta, pero a esta altura no va a tener ocasión de presentarla porque no resistimos el proceso.

"Vendrán los síndicos a administrar la quiebra, eventualmente, pararán las cosas, algún día sacaran a la venta algo y por ahí es barato comprar en ese momento. Esa es la mala sangre de todos los acreedores y el principal de ellos es el grupo Cima. Y es la mala sangre de todos los trabajadores porque es garantía de que se quedan sin trabajo".

"Si no logramos la homologación vamos a plantar bandera. Es el fin", afirmó Esteban Bougain.

La empresa Vicentin solicitó a las autoridades del ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe la conciliación obligatoria “con el fin de obtener un plazo de tiempo para encontrar colectivamente un punto de equilibrio que satisfaga a todas las partes”.

La empresa afronta una medida de fuerza por tiempo indeterminado dispuesto por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, que paraliza las plantas de San Lorenzo y Riocardone.

El bono impago fue acordado en paritarias y equivale a un sueldo extra, pagadero en dos cuotas. La primera vencía el 10 de enero y un mes más tarde el otro 50%. La empresa, en medio de un prolongado concurso de acreedores y de un irresuelto pedido de procedimiento preventivo de crisis, no cumplió con la primer vencimiento

“Ante el delicado momento que enfrenta la sociedad, luego de nuestro comunicado del sábado 11 que apelaba a la máxima responsabilidad de todas las partes intervinientes, la reacción de los sindicatos SOEA y Federación, ha sido extender el cese de actividades por tiempo indeterminado”, señala un comunicado de Vicentin.

Añade que la empresa “no ha decidido dejar de pagar la Gratificación Extraordinaria No Remunerativa, lo que sucede -como hemos anticipado en reiteradas ocasiones- es que la sociedad no cuenta con los recursos para poder hacerlo.

“Se realizaron sendas reuniones con ambos Sindicatos, ofreciendo la empresa el pago de la primer mitad de la Gratificación en dos pagos el 21 de enero y el 5 de febrero, con el producido de las cobranzas por servicios prestados en las quincenas de enero”.

Tras el rechazo sindical, la empresa recordó que “la única forma que tenemos de regularizar la situación es continuar trabajando para poder cobrar los contratos de fazón vigentes. Si no trabajamos, no cobraremos los fazones y no podremos pagar las próximas remuneraciones regularmente.

“Hacemos un llamado una vez más a la máxima responsabilidad de cada uno. No hay salidas individuales, la salida es entre todos”, concluye Vicentin.

La huelga nacional de los trabajadores aceiteros entró en su segundo día, intensificando las complicaciones en la zona portuaria del sur santafesino. El corte total en la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de San Lorenzo, continúa afectando el tránsito y generando largas filas de camiones en las rutas cercanas. 

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo mantienen la medida de fuerza en reclamo de un salario que garantice condiciones dignas de vida, mientras las cámaras empresariales insisten en la necesidad de levantar la huelga y retomar las negociaciones.

En un nuevo comunicado, los sindicatos aceiteros acusan a las cámaras patronales de querer hacer pagar a los trabajadores por la devaluación que buscan del gobierno nacional. "Se negaron a presentar una propuesta de aumento salarial que permita satisfacer las 9 necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional", afirmaron desde la FTCIODyARA y el SOEA. "Llegamos a esta huelga porque las patronales presentaron una propuesta que es una provocación", agregaron.

#Actualizamos🚚 Por paro de aceiteros, PSV realiza ordenamiento de tránsito en:▪️RN 34 y A012 ▪️AU ROS-SFE KM 14 #SanLorenzo y KM 30 #VillaLaRibera▪️RP 10 ingreso a #Andino▪️RP 91 y RN 11 ✅ Tránsito liviano circula con normalidad. Respetar indicaciones.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) volvieron a emitir un comunicado en el que insisten en la necesidad de que los sindicatos levanten la medida urgentemente. "La industria ya hizo un gran esfuerzo para pagar un 77% de aumento, y ha ofrecido al día de hoy un 12% de aumento ahora y 5% en septiembre", destacaron. Además, señalaron que la medida de fuerza afecta el derecho al trabajo de miles de transportistas y causa molestias innecesarias a los vecinos de las comunas y municipios donde están radicadas las plantas y terminales portuarias.

Los puertos afectados por el paro de aceiteros hasta nuevo aviso incluyen Vicentin, Bunge PGSM, Renova, Bunge Ramallo, Cofco PGSM, Bunge San, Cofco Timbues, Jeronimo, Molinos SL, LDC Lagos, Cargill Quebracho, LDC Timbues, Cargill Alvear y Terminal 6.

La situación se mantiene tensa, mientras ambas partes buscan una resolución al conflicto que permita reanudar las actividades normales en la región.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de la AFIP, que en 2007 había “recalculado” de oficio el impuesto a las Ganancias que debía pagar la firma Vicentin SAIC. Le había impuesto multas además de reclamarle el pago de un diferencial.

El Fisco entendió que la empresa había utilizado erróneamente la base de cálculo del gravamen, con relación a exportaciones de productos agrícolas a empresas independientes, residentes y no residentes en países de baja o nula tributación.

Por unanimidad, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el Tribunal consideró que la interpretación de la Afip no se ajustaba a la ley de impuesto a las ganancias.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, ya había fallado a favor de la empresa, pero el organismo fiscal - representado por María Alejandra Repila, con el patrocinio letrado de Alberto Iraola- recurrió en queja a la Corte.

El monto que “de oficio” fijó la Afip fue, para el ejercicio 2001, de $ 476.334,03 en concepto de impuestos, $731.887.23 por intereses, y $952.668,06 por multa; y para el ejercicio 2002, de $14.898.848,43 (por ajuste de quebrantos). La Afip evaluó los contratos cuestionados a precios FOB fijados por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del día de la operación respectiva, en el marco del régimen de productos agrícolas previsto en la ley 21.453.

La justicia interpretó, tanto en Cámara como en la Corte, que según la ley de impuesto a las Ganancias que regía al momento de los hechos, el Fisco no estaba autorizado para tomar como referencia esos precios de exportación al precio mayorista (de destino u origen), siempre y cuando el exportador pudiese demostrar que los precios pactados eran por libre competencia.

La Corte avaló la decisión de la Cámara, que en base a la prueba en el expediente, concluyó que las operaciones efectuadas se ajustaron a las condiciones normales de mercado. El máximo tribunal confirmó la sentencia de la Cámara y dejó sin efecto el ajuste fiscal

La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar a la apelación interpuesta por la firma Algodonera Avellaneda -con sede en Reconquista- y ordenó a la AFIP suspender la aplicación del cobro del Anticipo Extraordinario de Ganancias por el plazo de 6 meses.

La empresa norteña -integrante del conglomerado industrial de Vicentin SAIC- había solicitado la medida cautelar en base a que la actividad que desarrolla se vio influenciada negativamente por el marco internacional y las “contingencias climáticas y económicas de nuestro país”, entre otros, a la vez que expuso que al cierre del ejercicio 2022 el patrimonio neto de la empresa fue negativo a causa de los quebrantos.

En el mismo plano argumentativo, AA señaló que las pérdidas que la empresa presentó en los ejercicios 2021 y 2020 generaron un “déficit de patrimonio neto”, lo que importó que “la empresa se encontrare en una situación de disolución por pérdida de capital social", situación que se repitió en el ejercicio 2022 y desnudó la situación de zozobra que afronta la textil.

En cuanto a la demanda de la Administración Federal Ingreso Públicos, la textil manifestó que su situación actual -y su exposición frente al Anticipo Extraordinario- puntualiza que los principales indicadores en función del balance 2022 demuestran que “Algodonera Avellaneda SA no posee fondos para hacer frente a su pasivo, menos aún detraer parte de sus exiguos ingresos para afrontar el pago del Anticipo Extraordinario por $ 328.374.718,29”.

Adelantó en el mismo tono que, de acuerdo a la certificación contable correspondiente al período fiscal 2023, se “proyecta un resultado negativo incrementándose el multimillonario quebranto que la empresa traslada”, al tiempo que aseguró que el pago del tributo reclamado por el organismo recaudador “comprometería seriamente la continuidad de la actividad de la empresa, y con ello la subsistencia de 592 fuentes de trabajo”.

AA insistió ante el Tribunal cimero con que se encuentra en “causal de disolución por pérdida del capital social” y que “registra capital de trabajo negativo” por lo que no puede hacer frente a su pago en un marco de “situación económica y financiera crítica”, que no obtendrá resultados operativos positivos en el período fiscal 2023.

Para los camaristas, mereció ponderación la particular situación que atraviesa la empresa ya que “se advierte también que figura en Estado 5 -irrecuperable- en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina”.

Los jueces de segunda instancia adosaron a su fallo los planteos enunciados por AA referentes a que, por efecto de las condiciones climáticas adversas, ha visto reducida su capacidad de generación de fondos, debiendo administrar los recursos disponibles para pagar sueldos y mantener los activos hasta la nueva campaña que se iniciará con la siembra a fin de año, con perspectivas más favorables siempre que las condiciones climáticas e internacionales acompañen.

Y razonaron que “resulta reveladora la preocupación expresada por un grupo de empleados de la empresa, quienes solicitaron intervención en carácter de ‘Amigos del Tribunal’ en razón de que, ante la inminencia de la ejecución fiscal respectiva, advierten comprometida la continuidad de la empresa, por ende, de sus puestos de trabajo y fuentes de ingresos familiares”.

En su resolución el juez natural de la causa menciona que la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Laboral de Reconquista, otorgó el cambio de efecto solicitado por la sociedad concursada con respecto a la apelación concedida el 20/9/2023 en este expediente concursal.

Agrega Loerenzini que como consecuencia de que el tribunal de alzada emitió su resolución, el período de concurrencia o cramdown dictada por su Juzgado, se encuentra suspendida en todos sus efectos.

En tal sentido, el juez sostiene que durante este período de transición, para preservar la continuidad operativa de la empresa, con el involucramiento de los órganos y auxiliares concursales, sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores naturales de la persona jurídica, la sindicatura deberá continuar realizando en forma periódica los controles de mercaderías y vigilando la existencia de liquidez en la caja de la concursada.

En consecuencia pide a la sindicatura y la intervención que de manera conjunta y coordinada, se expidan acerca del control de la mercadería propiedad de terceros en instalaciones de Vicentín SAIC que surja de la Información de AFIP, RUCA y todos los registros exigidos por los entes de control. Lorenzini considera que es fundamental que estén al día y que se controlen con los stocks físicos.

Además el magistrado solicitó esta semana el control de la adecuada registración de todas las cartas de porte y su respectivo registro. Pide que se entregue un análisis detallado del estado de todas las contingencias declaradas en las Mesas Técnicas y su evolución judicial hasta la actualidad. En ese mismo sentido, el juez civil y comercial de Reconquista pide que se realice una cuantificación monetaria, al menos en forma estimativa.

Lorenzini insistió con la necesidad de tener un análisis de la liquidez de la empresa, donde se debe de desglosar y explicar cuál fue la pérdida registrada en la caja de la empresa durante el año 2023.

Pone especial atención en su requerimiento el juez de Reconquista en la justificación económica o financiera de las pérdidas. Demanda un análisis y una explicación de los rubros "Cuentas por Cobrar" y "Otros Créditos" y su posible liquidez inmediata.

Lorenzini además solicita una explicación detallada sobre cuál es el punto de inflexión que la sociedad concursada podría enfrentar, “aclarando factores de aceleración o desaceleración, como así también circunstancias podrían incidir en un mayor flujo de fondos futuros que permita despejar este riesgo”, subraya.

Sin lugar a dudas la empresa ha estado manifestando y poniendo como fuente de ingresos los contratos a fasón, en referencia a esto el juez demanda explicación de los contratos de fasón celebrados y en etapa de tratativas preliminares, discriminados por unidades de negocios, tipo de mercaderías, volumen de las mismas y monto económico de dichos contratos.

Finalmente encomienda a la sindicatura y a la Intervención que presenten copias de dichos informes al Directorio de la Sociedad Concursada, a los Accionistas de la misma, al Segundo Comité de Control y a los trabajadores de la sociedad, tanto sindicados como fuera de convenio, procurando los mecanismos adecuados para la divulgación de dicha información relevante. Emplaza a ambos organismos a realizar el informe requerido en un plazo de 5 días hábiles judiciales.

Por Rocío Benítez

A las 7.30 horas, se realizó la concentración de autonvocados, por el fallo del juez de la causa Vicentín.

También estuvieron presentes, acompañando a los empleados, representantes políticos como el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, y el senador departamental, Orfilio Marcón.

Bety presente allí con la imagen de la virgen expresó que luchan "por la fuente de trabajo, por la salud de la Argentina, por la propiedad privada".

"Está en riesgo la fuente de trabajo, es nuestra responsabilidad acompañar a los empleados", dijo Chacho Marcón.

González Braidot: "Ayer a la tarde nos avisaron los trabajadores de la necesidad que tenían de expresarse. Hoy no hay seguridad de lo que va a ocurrir. Son 250 puestos de trabajo directo que están en peligro. Como comunidad estamos preocupados".

El magistrado detalló su decisorio dentro de la Ley de Concursos Argentina. Fue a través de un documento elaborado con detallar "coloquialmente las disposiciones legales”.

“No constituye un dictamen, ni resulta vinculante o de valor legal”, aclaró el juez Fabián Lorenzini al pie del documento dado a conocer en el mediodía de este lunes, con el cual apuntó a explicar su decisión del viernes pasado en la que rechazó la propuesta de pago de la concursada Vicentin SAIC y abrió el período de concurrencia.

En no más de una carilla, el titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista hizo docencia de manera “coloquial” acerca de la Ley de Concursos que “prevé la posibilidad de que una persona humana o una sociedad, pueda acudir a solicitar la apertura de su concurso cuando se encuentra en imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos a sus acreedores, entre otros supuestos legales”. Una vez abierto el concurso se protege a la empresa como generadora de riqueza, prosperidad y fuentes de trabajo (sin confundirla con los dueños o empresarios, cuando se trate de personas diferentes), añadió.

Al respecto, coligió que ello significa que se activan una serie de “protecciones legales” que duran mientras renegocia con los acreedores y reestructura sus deudas, a lo que denominó “proceso de empresa en crisis”. Así, por ejemplo, se “suspenden los intereses de las deudas contraídas antes de la fecha de la apertura del concurso, se pueden continuar algunos contratos esenciales o fundamentales para que la empresa siga operando, se protege las cuentas bancarias esenciales” para que no quede excluida del sistema financiero, etc., enumeró.

Lorenzini prosiguió con su exposición al precisar que luego de la apertura del concurso, en adelante se desarrollan varias etapas trascendentes: nombramiento de los síndicos, control de la empresa, presentación de los acreedores, verificaciones, traba de medidas cautelares concursales para evitar actos de disposición, sentencia de verificación que establece quienes son aceptados como acreedores legítimos, entre otros actos trascendentes.

En dicho esquema, la empresa en crisis o el deudor (si es una persona física) tiene un periodo de exclusividad para “arreglar” su situación, con acciones tales como “formular propuestas a los acreedores, justamente porque se trata de permitir que cuenten con la tranquilidad y el tiempo necesario para reprogramar su actividad y sortear la crisis”, con la ayuda legal que establece este proceso que agrupa a todos los acreedores y deudas.

Concentración tras el fallo del juez de la causa Vicentin.

El funcionario citó tres cuestiones que pueden ocurrir luego de ese período de exclusividad: a) que se llegue a un acuerdo y se apruebe el mismo judicialmente (homologación), en cuyo caso la empresa o concursada deberán cumplir lo pactado y seguirán trabajando; b) que no se llegue a un acuerdo y se declare la quiebra que implica que todos los bienes deben venderse para pagar las deudas, respetando ciertas prioridades legales (cobran en primer lugar los trabajadores y los gastos del proceso y después todos los demás); c) que se abra un proceso de concurrencia (solamente para el caso de sociedades por acciones, SRL, cooperativas y otras que están expresamente indicadas en el art. 48 de la ley de concursos argentina).

Este período de concurrencia es “opuesto al de exclusividad”, es decir que cualquiera puede presentarse (cumpliendo ciertas pautas) con la intención de lograr el acuerdo que el deudor o empresa en crisis no pudo conseguir, comparó el juez concursal, y dijo que “se entiende como un mecanismo que intenta evitar la desaparición de una empresa como generadora de actividad y trabajo”.

Historió enseguida que hasta el año 2002, la apertura del período de concurrencia (también llamado “cramdown” por asociación con la legislación de bancarrotas de Estados Unidos) significaba el desplazamiento definitivo del dueño o empresario original. Pero, luego de la reforma que se introdujo en ese momento, los “dueños originales continúan en carrera y pueden competir abiertamente con cualquier otro interesado oferente. Solamente pierden esa exclusividad, pero no implica desplazamiento. Por lo tanto, siguen al frente de su empresa y pueden volver a ofrecer alternativas a sus acreedores”, acotó.

Sobre el período de concurrencia, caracterizó que “dura hasta que se logre valuar las acciones que deben transferirse, negociar con los acreedores y presentar esos acuerdos en el expediente”, siempre con las pautas y los plazos que establece el mencionado art. 48 de la ley. “Igualmente, en determinados casos por sentencia fundamentada, se podrían flexibilizar o modular razonablemente esos términos legales para evitar un fracaso del proceso por un exceso formal”, ilustró

Para concluir, enunció en modo condicional que, si ese proceso fracasa por no lograrse las mayorías necesarias por parte de ninguno de los interesados en la compra de las acciones y lograr la reestructuración de la deuda, finalmente “se debe declarar la quiebra y comenzarse la liquidación”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de la firma La Clementina S.A., respecto de la competencia de la justicia de Reconquista para entender en el concurso de Vicentín SAIC. El máximo tribunal ratificó así la actuación del juez Fabián Lorenzini.

La oficina de prensa del máximo tribunal recordó que Vicentín había solicitado la formación de su concurso preventivo ante los tribunales del norte santafesino, que el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 2 resultó sorteado y que se declaró expresamente competente para tramitar el proceso.

La Clementina S.A. una acopiadora y semillera con base en San Jorge y sucursales en Rosario, Las Varillas y San Francisco- invocó su carácter de acreedora de la concursada y cuestionó la competencia del juez. Siempre con resultados adversos, su pedido atravesó todas las instancias, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad.

"El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito efectuado. Notifíquese y, oportunamente, archívese", señala el fallo del Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Ya son 330 los trabajadores de Vicentin -en el nodo norte- que pidieron al juez federal Ricardo Alcides Mianovich que ampare a la empresa para que la Afip no le cobre un "anticipo de ganancias". Los empleados vienen apurando a su vez a Fabián Lorenzini para que termine de homologar el acuerdo alcanzado por la empresa con las mayorías -exigidas por ley- de sus acreedores.

La semana pasada unos 160 empleados le enviaron a Mianocich un escrito, al que se sumaron ahora otros 170 trabajadores cuyos salarios -sus puestos de trabajo- están en juego.

Cabe recordar que el 20 de Julio pasado, la Afip dispuso por Resolución General 5391/2023, un pago a cuenta de Ganancias sobre grandes contribuyentes. Los empleados de la empresa le recordaron a la justicia federal que Vicnetin tiene saldo impositivo negativo en el ejercicio -tal como está certificado en sede judicial- y que la imposición del fisco "incrementará los quebrantos".

Unos 160 trabajadores de la firma Vicentin en el norte de Santa Fe, pidieron a la justicia federal que ampare a la empresa para que la Afip no le cobre un "anticipo de ganancias", en el contexto de un ejercicio en rojo. Y advirtieron al juez provincial del concurso que, sin la homologación del acuerdo alcanzado con los acreedores, corren riesgo de quedarse sin la fuente de trabajo.

El 20 de Julio pasado, la Afip dispuso por Resolución General 5391/2023, un pago a cuenta de Ganancias sobre grandes contribuyentes. Los empleados de la empresa le recordaron a la justicia federal que Vicnetin tiene saldo impositivo negativo en el ejercicio -tal como está certificado en sede judicial- y que la imposición del fisco "incrementará los quebrantos".

Al presentarse como "amigos del tribunal", los trabajadores reclaman " que se haga lugar a la medida cautelar pedida por Vicentín S.A.I.C. y ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos que, como consecuencia de suspender la ejecutoriedad del acto administrativo mediante el cual se rechazó el ejercicio de la opción de reducción del 'Anticipo Extraordinario' (Resolución 5391/2023), se abstenga de promover ejecución fiscal, y a trabar cualquier tipo de medidas cautelares sobre las cuentas bancarias y/o financieras y/o bienes de cambio de la empresa, por el plazo de 6 meses".

Más adelante señalaron que "se encuentra en juego la continuidad de nuestras fuentes de trabajo, que son -en la gran mayoría de los casos- la única fuente de sustento de nuestras familias (articulo 14 bis, 3° párrafo, de la Constitución Nacional). Resulta innegable, entonces, que tenemos derecho a que nuestros argumentos sean escuchados".

Reseñan los empleados que la firma no solo "no tiene caja" para el pago, sino que la Afip podría embargar las cuentas con las que se pagan los salarios e incluso se precipitaría un pedido de quiebra de la firma, por tratarse de una deuda "pos concursal".

Una de las sedes de la empresa.

Por otra parte los trabajadores se presentaron ante el juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de la empresa, para expresarse como "interesados legítimamente en una resolución favorable para todos los implicados en este proceso concursal".

Manifestaron la "más profunda convicción de que la homologación del acuerdo concursal propuesto por nuestro empleador y aceptado ampliamente por las mayorías de ley, es la mejor alternativa existente" y "la más favorable para nosotros"

Advirtieron que "estamos en conocimiento de que la empresa no dispone de ingresos seguros, ya que como consecuencia de la sequía, se complica la continuidad de los fazones y esto llevaría a la posibilidad de no contar con nuestros haberes, lo que para nuestras familias representaría una situación muy grave.

"La Homologación brindará seguridad laboral por al menos 18 meses a la gran mayoría de los trabajadores de Avellaneda ya que durante ese tiempo nuestros ingresos estarían garantizados por las tres empresas ofertantes y el Complejo Vicentin Avellaneda, que actualmente se está manteniendo mediante la celebración de contratos de fazón, contaría con tiempo para incorporar nuevas oportunidades y, para el caso de que la empresa prescinda de algún compañero, este perciba íntegramente la indemnización que legalmente le corresponde".

El juez penal de primera instancia de Rosario, Héctor Núñez Cartelle, tiene cinco días -desde el pasado miércoles- para definir si continúan en funciones los síndicos concursales en el expediente de Vicentin, Ernesto Norberto García, Diego Oscar Telesco y Carlos Julio Amut. El lunes empieza el receso judicial de dos semanas, por lo que la definición podría trasladarse hasta entonces.

A fin de mes cierra el plazo para la evaluación de la propuesta de pago de la empresa -en donde tiene actuación la sindicatura- dispuesto por Fabián Lorenzini en el marco del concurso que se lleva adelante en su despacho del Juzgado N°2 de primera instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista.

El martes Núñez Carterlle llevó adelante una audiencia a pedido del fiscal Moreno, a los fines de hacer cesar la actividad de los síndicos. El querellante Grassi-Commodities había solicitado la semana pasada que requiera la medida.

Según pudo saber El Litoral, el juez penal rosarino manifestó que resolverá por escrito dentro del plazo de ley -5 días-.

Participaron de la audiencia, entre otros -además del Fiscal y la defensa- los abogados Gustavo Feldman y Viviana Cosentino por Commodities SA, en tanto que sus pares Jorge Resegue y Guillermo Jorge lo hicieron por los bancos International Finance Corporation (IFC), brazo comercial del Banco Mundial y Nederlandse Financierings- Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO). Ellos son -al mismo tiempo- querellantes en la causa penal que se lleva adelante en Rosario y acreedores en el expediente de Reconquista, donde no quieren más dilaciones a la resolución del concurso.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la AFIP en el marco de una causa iniciada por la empresa Vicentin S.A.I.C. La firma presentó una acción para que la AFIP no le cobre créditos impositivos referidos a los períodos fiscales 5/2014 a 5/2017, por más de 105 millones de pesos.

El 28 de junio de 2021, la Cámara Federal de Resistencia confirmó la medida cautelar que ordenó a la AFIP abstenerse de cobrar de manera compulsiva los créditos impositivos cuestionados. También, de trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la empresa y/o de sus directores con motivo de dicha presunta deuda, y de abstenerse de desconocer o impugnar la existencia y virtualidad de la transferencia a otro contribuyente del crédito fiscal cedido.

La AFIP apeló la decisión que otorgó la medida cautelar. Llegado el caso hasta la Corte, el Máximo Tribunal desestimó el planteo porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, sino contra una medida cautelar.

La concursada empresa Vicentin Saic analiza por estas horas si interpone algún tipo de acción cuestionando la validez de parte de las actuaciones de quien, hasta aquí, se ha presentado como uno de sus principales acreedores granarios: la firma rosarina Commodities SA.

La empresa del sur santafesino reclamó en su momento un quebranto que estimó en unos $3.200 millones a valores de noviembre de 2020 por granos que había entregado a Vicentin, que quedaron “atrapados” luego de que la empresa con sede en Avellaneda presentara -el 10 de febrero de 2020- el pedido de apertura del concurso de acreedores.

Commodities hizo presentaciones en el marco del concurso que lleva adelante el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. Incluso solicitó el “avocamiento” de la Corte al considerar fraudulenta la propuesta de pago a los acreedores por parte de Vicentin, lo que derivó en un decreto del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, el 16 de junio pasado, que suspendió el proceso concursal.

Según fuentes de la empresa Vicentin, Commodities SA cedió a sus accionistas -durante el ejercicio contable que finalizó el 31 de octubre de 2020- sus derechos y acciones emergentes del crédito ante la concursada. Sin embargo la firma rosarina siguió actuando en el marco del expediente concursal. Y fue con posterioridad a esa fecha que pidió la intervención del máximo tribunal santafesino.

Cabe recordar que por estas horas se aguarda un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre el avocamiento o la devolución -simple o condicionada- del expediente al juez de Reconquista.

El procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, aconsejó al máximo tribunal santafesino rechazar el pedido de avocamiento efectuado por una empresa de Rosario y devolver el expediente del concurso de Vicentin al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini.

El dictamen no obliga al tribunal que preside Rafael Gutiérrez, que a su vez tampoco tiene un plazo procesal predeterminado para proceder. Barraguirre entiende que la Corte es un tribunal constitucional que no debe convertirse en un juez de comercio.

La empresa Commodities, acreedora de Vicentin, no formó parte de las mayorías que avalaron la propuesta de pago en el marco del concurso de acreedores a cargo del juez Lorenzini. Y pidió el avocamiento de la Corte, que le solicitó el expediente al magistrado de Reconquista y aún debe definir si concede la medida.

“No se ha planteado ninguna cuestión de competencia que esta Corte deba resolver”, indica. Señala que el avocamiento es una figura del derecho administrativo y sugiere que avocarse a la causa supondría alterar la estructura institucional de la Justicia santafesina.

“Esta Corte es un tribunal constitucional: esto significa caracterizarlo como un tribunal de derecho. Avocarse significaría, nada menos, que transformarlo en un tribunal de hecho y derecho como lo son los juzgados de comercio”.

Advierte el doctor Barraguirre que también “es imposible” el per saltum, no sólo porque se perdería la voz del “juez natural” de la causa sino porque la figura exige como condición que haya una decisión de los tribunales de primera instancia, que todavía no se produjo. Tampoco advierte el procurador que exista “extraordinaria gravedad” que explique quitarle el expediente al juez Lorenzini.

De todas maneras Barraguirre señala medidas que reforzarían puntos de vista que tiene que tener el concurso. Propone la intervención del ministerio público extrapenal, con los fiscales no transferidos al MPA.

También plantea sobre la comisión que en la Legislatura sigue el caso Vicentin, que “los representantes del Pueblo, deberían contar con un canal institucional con el proceso. No para ralentizarlo, complicarlo o volverlo ineficaz, sino con el simple propósito de ampliar el pool deliberativo e incorporar un punto de vista al proceso -incluso en paridad de condiciones con el resto de los participantes- que eventualmente puede ilustrar a los tomadores de decisión”.

Expone que si el juez de comercio es la autoridad para reestructurar los pasivos, eso no puede quedar sujeto a que un juez penal tenga la última palabra. Refiere así a la supuesta violación de una medida cautelar de un expediente penal, que impedía vender parte del patrimonio de Vicentin, operación contemplada en el concurso como eventual fondeo para parte de pago a los concursados.

“En las actuaciones penales el bien ofrecido (parte de la planta de Renova en el sur provincial) está cautelado a los fines de ese otro proceso. Si bien puede haber una propuesta condicional que finalmente se apruebe, otra cosa radicalmente distinta es que la propuesta concordataria quede sometida a la última palabra de un juez no comercial -en este caso penal- ya que ello implicaría la pérdida de la autoridad judicial competente que es la del primero”, expone Barraguirre.

“Un segundo cuidado que se deberá tener es lo atinente la concentración del mercado y el historial de quienes aparecen postulándose para la adquisición de los bienes ofrecidos de y por la concursada”, señala Barraguirre en referencia a los inversores estratégicos: Bunge, Viterra y ACA.

Confianza o hartazgo

Recuerda Barraguirre que el Poder Judicial “debe ser una fábrica de confianza” que no se basa en el poder coercitivo ni en las virtudes intelectuales de los magistrados, sino en las institucionales que deben ser “fuente de legitimación”..

Advierte “la profunda aflicción que siente la comunidad a la que pretendemos servir, agobiada hasta el hartazgo por una sucesión casi infinita de hechos que demuelen su esperanza de imaginar y vivir un futuro próspero y justo porque no tienen el tratamiento sensato y decente que se espera”.

“Un tercer cuidado fundamental está dado en relación a la propuesta de pago: tal como está formulada, podría implicar la violación del principio de igualdad de trato en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener el pago del ciento por ciento de su acreencia mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior”, advierte Barraguirre.

El fin de semana el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, planteó la necesidad de “repensar la estructura del sector alimentario” y volvió a la carga contra Vicentín al afirmar: “se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté”.

En la entrevista a un medio capitalino, el mandatario también se explayó sobre otras cuestiones como las críticas a la Corte Suprema de Justicia y la idea de impulsar un área de gobierno dedicada a la “economía popular”.  También atacó al empresariado, acusándolo de ser una causa de la inflación. “Hay empresarios que ganan demasiado y eso hace que la gente padezca”, dijo.

Al referirse a “repensar la estructura del sector alimentario”, reavivó la idea de intervenir Vicentín. “En su momento descarté entrar en Vicentin, pero ahora se abre un nuevo escenario y es posible. Tener una empresa del Estado que ordene el sector, como lo es YPF (en hidrocarburos y combustibles) no es un tema menor”.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), respondieron al funcionario con un comunicado que titularon “Un mensaje al Presidente”, que se trascribe a continuación:

Las declaraciones del Presidente de la República en un medio nacional, sus particulares dichos sobre aspectos de política futura y el sospechoso silencio sobre los temas centrales de la realidad cotidiana, nos asombran, nos preocupan y nos dejan la sensación extendida que vamos sin rumbo y que quienes gobiernan nos tratan como seres no pensantes y que no vemos el oscuro tiempo que transitamos.

Sumidos en una inflación sin freno, aún en la risueña guerra que le declarara el primer mandatario, sin perspectiva real de su descenso, con brecha cambiaria cada vez más grande, sin crédito externo, con emisión descontrolada, gasto publico creciente, con paritarias que nunca alcanzan, cientos de productores, transportistas y ciudadanos penando por un poco de gasoil, el Presidente nos habla de reformas judiciales, de Corte Suprema de decenas de miembros, de política internacional, con pretensión de protagonista, todas frases vacías, que se chocan con el presente que abraza a todos los argentinos.

En ese marco de ausencia de plan de gobierno, sin gestión, ni rumbo, reaparece como una letanía la idea de tener una empresa testigo en el comercio de granos, no conforme con toda la intervención que han instaurado solo para sembrar desconfianza y para quitar valor al productor, ahora se anuncia otro dislate.

Intentaron un mamarracho con la empresa Vicentin, tenemos patente la conferencia de prensa en que anunciaron la idea de apropiarse de ella y ahora pretenden más de lo mismo.

Precios cuidados, cupos para exportar, fideicomisos, permisos, cortes para consumo interno, desacoples, son solo muestras de un constante fracaso, que sin embargo vuelve como idea novedosa, esta vez en palabras del Presidente.

Por el contrario, si respetamos la propiedad privada, la independencia de la Justicia, la libertad de trabajar, producir y vender, el respeto a la ley, a la constitución, la institucionalidad y valores de la República, si hablamos menos y hacemos más, si nos decimos la verdad, si vamos hacia una economía moderna, globalizada, si hacemos lo que hacen los países exitosos, seguramente no haría falta presumir un optimismo que nadie ve, que nadie siente y no se encuentra en el ánimo de la gente.

Respetuosamente le decimos al Sr. Presidente, que vea al país real, al de todos los días, al que vive la gente, no la política, entonces esperamos tenga respuestas, no del país que imaginan o le cuentan, sino el que transitamos con pesar en estos tiempos inciertos.