Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación rechazó dos nuevos vetos del presidente Javier Milei. Se trató, en esta oportunidad, de las leyes derogadas sobre Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia Pediátrica. Con la mayoría especial requerida, quedaron firmes y ahora pasan al Ejecutivo para su promulgación definitiva.

La ratificación de ambos proyectos fueron tratados en la sesión ordinaria que tuvo lugar este jueves desde las 10 y fue conducida durante buena parte por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta Victoria Villarruel, en el marco de nuevas movilizaciones por parte de ambos sectores involucrados en las afueras del recinto.

Luego de un debate que se extendió por unas siete horas, fueron aprobados los rechazos a los vetos, mediante más de los dos tercios necesarios para tal fin. En el caso de los fondos para Universidades la votación resultó en 58 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. La Emergencia en Salud Pediátrica con énfasis en la situación del Hospital Garrahan se saldó con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

La votación por la insistencia del Financiamiento Universitario resultó en 58 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones

Las normas habían sido aprobadas en una maratónica sesión el pasado 22 de agosto; luego, el 10 de septiembre, el Presidente de la Nación las vetó en su totalidad, según se publicó en el Boletín Oficial en los Decretos 647/25 y 651/2025. Con la votación de este jueves, el Congreso insistió de forma definitiva sobre ambas leyes, luego de que el último 17 de septiembre fueran aprobadas por Diputados con 174 votos afirmativos en Universidades y 181 en Pediatría.

Ahora, en conformidad con el artículo 83 de la Constitución, el Ejecutivo deberá promulgar las leyes. El antecedente inmediato es el caso de la Emergencia en Discapacidad. Tras la insistencia, el Gobierno oficializó la norma, pero en el decreto determinó que la aplicación quedaba en suspenso hasta que el Congreso especifique el financiamiento. La situación motivó fuertes críticas, nuevas movilizaciones y despertó distintas iniciativas al interior del Parlamento para presionar por su inmediata ejecución.

La insistencia de la Emergencia en Salud Pediátrica con énfasis en la situación del Hospital Garrahan se saldó con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

El Financiamiento para las Universidades Nacionales establece la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante 2024 y una adecuación por IPC para el ejercicio 2025, además de asegurar una recomposición de salarios docentes y no docentes, convocatorias paritarias cada tres meses y aumentos mensuales no inferiores a la inflación medida por el Indec.

En tanto, la ley que declara la Emergencia en Salud Pediátrica establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales especializados, como el Garrahan, garantizando insumos, infraestructura, tecnología, medicamentos y personal médico. También incluye una recomposición salarial y la exención de Ganancias para quienes cumplan funciones críticas o guardias.

La habilitación del tratamiento fue aprobadas con 62 votos afirmativos en el expediente que comunica la insistencia sobre Emergencia Pediátrica y con 61 el debate sobre el Financiamiento Universitario.

En las exposiciones, una de las voces en defensa del veto fue de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. La senadora del PRO fue crítica de la insistencia, esencialmente de los fondos destinados a las universidades: "No estamos discutiendo el abandono escolar, en Córdoba hay 150 mil adolescentes que están fuera de la secundaria. Hay una relación entre la falla en la educación y la pobreza".

La senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, fue de las pocas que defendió el veto a las Universidades.

En la vereda opuesta a la discusión sobre las universidades se expresó a continuación la entrerriana Stefanía Cora (UxP) destacó la movilidad social ascendente de las universidades: "En cada una de nuestras provincias sabemos que contar con una universidad pública es una posibilidad de desarrollo para la provincia, es la articulación con el sector productivo y es la posibilidad del desarrollo asociado a la movilidad social ascendente".

Luego, la jujeña Carolina Moisés resaltó la atención del Garrahan para justificar su apoyo a la Emergencia Pediátrica: "El Garrahan es un hospital de alta complejidad y hay que tener en cuenta esto al analizar los números, no se lo puede comparar con un hospital común. Atiende a más de 600 mil pacientes por año, con 560 camas de internación y 120 de terapia intensiva", señaló la integrante de Convicción Federal.

Por su parte, Martín Lousteau ató la necesidad de las dos leyes en un mismo planteo en el que criticó el proyecto de país del gobierno: "Si no hay universidades, tampoco va a haber médicos en el futuro. Hay que atender las necesidades, privilegiando lo importante, gestionando con transparencia y planificando", sostuvo el legislador de la Unión Cívica Radical.

Lousteau ató la necesidad de las dos leyes en un mismo planteo.

En un sentido similar se expresó el correntino Carlos Espínola, criticando la línea política del Gobierno: "Por supuesto que nosotros creemos en el equilibrio fiscal, pero tenemos una diferencia con el Gobierno: creemos también en el equilibrio social, y eso se logra con consensos y con gestión”, advirtió el integrante de Unidad Federal.

De forma más enfática apuntó contradicciones en las políticas nacionales inauguró Eduardo Vischi las exposiciones de los jefes de bloque: "La educación es la base para el crecimiento y desarrollo de un país, sin embargo no figura en la ley de Bases y Puntos de Partida en la que el Gobierno fundamentó sus políticas", expresó el correntino Vischi. Asimismo resaltó la necesidad de legislar en favor de la salud pública: "Existe una emergencia pediátrica y si no rechazamos el veto vamos a encontrar a la salud en un detrimento permanente", sostuvo titular del bloque de la UCR.

José Mayans se expresó de forma enfática contra las políticas libertarias.

Por parte del jefe de bloque del peronismo, José Mayans, remarcó enfáticamente la oposición a las políticas libertarias: "Las bases de la justicia social y del crecimiento de una sociedad son la salud y la educación. El pueblo necesita un Estado con alta responsabilidad, la educación pública es fundamental en todos sus niveles", sostuvo el formoseño.

Por último, en representación del bloque libertario, Ezequiel Atauche esbozó una defensa del veto del presidente Milei, sobre todo enfocado en los fondos para la educación superior: "No queremos que las universidades sean usinas de financiamiento político: se financian campañas y hay ejemplos actuales. Estamos tocando cajas políticas. La política se financia en las universidades y he ahí la base de las ineficiencias en las universidades", señaló el jujeño jefe de bloque de LLA.

Luego de la insistencia de los vetos, el Senado avanzó con otros temas que estaban previstos en agenda y los que fueron incorporados al comienzo de la sesión. En primer lugar, dio media sanción al proyecto que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía por 61 votos afirmativos, girado a Diputados.

Más adelante, se aprobó un proyecto para evitar la subasta de la histórica sede del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", iniciativa del senador radical Pablo Blanco, que declara la sede como "Lugar Histórico Nacional y estratégico, no enajenable". La iniciativa fue habilitada sobre tablas con más de dos tercios de los votos y recibió un total de 56 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, correspondientes a los libertarios Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia y Juan Carlos Pagotto.

A continuación, la Cámara alta aprobó con el voto favorable de 65 senadores, uno en contra y dos abstenciones una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación se dispone a rechazar este jueves los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Desde las 10 de la mañana, la Cámara Alta se reunirá con el objetivo de reinstaurar la vigencia de dos leyes que habían sido sancionadas con apoyo transversal, pero que el titular del Ejecutivo decidió vetar parcialmente en las últimas semanas.

El rechazo a esos vetos se define por dos tercios de los votos. La oposición, según el conteo previo, cuenta con los números asegurados. Mientras que el oficialismo no tiene respaldo suficiente ni siquiera entre los bloques dialoguistas que lo han acompañado en tramos de la agenda legislativa del año.

Con el termómetro de agosto todavía fresco, cuando Diputados aprobó la insistencia con 174 votos afirmativos en Universidades y 181 en Pediatría, el panorama para La Libertad Avanza se presenta adverso, sin margen de maniobra para tejer alianzas como en otros debates, que lo obligaría a promulgar leyes que no comparte por su intromisión en el terreno fiscal.

El antecedente similar más cercano es el de la Emergencia en Discapacidad, que quedó firme tras la insistencia de las dos Cámaras el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el Gobierno decidió promulgar la ley pero condicionándola a que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Este procedimiento desembocó en que desde la oposición estudien la posibilidad de interpelar y avanzar eventualmente con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La primera de las leyes en juego busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La norma -que fue vetada por segunda vez por Milei, ya lo había hecho el año pasado- establecía una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante 2024 y una adecuación por IPC para el ejercicio 2025, además de asegurar una recomposición de salarios docentes y no docentes, convocatorias paritarias cada tres meses y aumentos mensuales no inferiores a la inflación medida por el Indec.

La iniciativa había nacido al calor de la masiva movilización universitaria de abril, cuando rectores, docentes, estudiantes y trabajadores de las casas de altos estudios colmaron la Plaza de Mayo y ciudades de todo el país en defensa del sistema universitario público.

Desde entonces, la discusión escaló en la agenda parlamentaria. El texto finalmente aprobado fue una versión consensuada entre los bloques de la oposición tradicional, el peronismo y sectores federales. El veto presidencial no logró alterar ese equilibrio. Por el contrario, reforzó el compromiso de quienes venían sosteniendo posiciones moderadas.

El veto fue tratado el pasado 17 de septiembre en la Cámara de Diputados, logrando con amplitud la mayoría especial necesaria para la insistencia. Al mismo tiempo en que era tratado el veto, se llevó a cabo una nueva Marcha Federal que reunió una multitud de personas en distintos puntos del país.

La otra ley vetada por el Ejecutivo y pronta a ser restituida por el Legislativo es la que declara la emergencia en salud pediátrica. El texto establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales especializados, garantizando insumos, infraestructura, tecnología, medicamentos y personal médico. También incluye una recomposición salarial y la exención de Ganancias para quienes cumplan funciones críticas o guardias.

La ley, aprobada por abrumadora mayoría, fue promovida con el Hospital Garrahan como referencia nacional. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de poco más de $65.000 millones entre julio y diciembre. Para los bloques impulsores, se trata de una inversión impostergable.

Al igual que en el caso universitario, el veto presidencial generó reacciones en cadena: el colectivo médico, las asociaciones científicas y los propios trabajadores del Garrahan se pronunciaron en contra de la decisión oficial con múltiples manifestaciones. Y en Diputados recibió incluso más votos a favor que la norma para las Universidades.

Con una posición envalentonada, el bloque de Unión por la Patria busca incorporar un tema adicional al orden del día el rechazo a la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), dispuesta por el Decreto 695/2025.

Para que el tema se debata este jueves, deberá ser incorporado con dos tercios de los votos, ya que no figura en el plan de Labor Parlamentaria.

El proyecto, firmado por José Mayans y otros 24 senadores, propone declarar al sector nuclear como estratégico para el desarrollo nacional y blindar la participación estatal en la generación de energía atómica.

Además de los vetos y la posible discusión sobre Nucleoeléctrica, el Senado tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales de contenido impositivo.

En paralelo, se buscará avanzar con la media sanción del proyecto de ley que institucionaliza el sistema de Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir la desaparición de menores de forma urgente y coordinada entre organismos.

(Por Mauro Muñoz) - El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la ley que modifica el régimen de distribución de los Fondos de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias.

La norma, impulsada por los gobernadores, había sido sancionada por el Congreso el pasado 20 de agosto y luego vetada por el presidente Javier Milei el pasado jueves, a través del Decreto 652/25.

Para insistir con la ley mayoría especial conformada por los dos tercios de los presentes, tal como lo indica el artículo n° 83 de la Constitución Nacional. La votación se saldó con 59 votos a favor de la insistencia, 6 en rechazo y 3 abstenciones.

La norma fue insistida por amplia mayoría.

De esta manera, la Cámara de origen insistió y giró a Diputados la Ley Nº 27.794, que busca automatizar la distribución del fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender "desequilibrios financieros y situaciones de emergencia".

El veto llegó al recinto luego de que el oficialismo lleve adelante una serie de negociaciones intentando recomponer relaciones con los gobernadores, pero donde no logró avances sustanciales, por lo que el clima parlamentario se mantiene desfavorable para la Casa Rosada, tras sufrir un doble revés este jueves en Diputados con el rechazo al veto de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

La iniciativa había recibido la media sanción en la Cámara alta el pasado 11 de julio con el voto positivo de un total de 56 legisladores y solo un voto en contra. La semana pasada el Ejecutivo publicó el veto total, desoyendo el reclamo de los mandatarios provinciales, quienes vienen impulsando pedidos de mayor asistencia económica ante el retiro del gobierno nacional de asuntos de su órbita, como el financiamiento de obras públicas y reparaciones de las trazas viales.

En aquella oportunidad, el proyecto había recibido el apoyo de senadores de todos los bloques, con excepción del cordobés Luis Juez (PRO), mientras que el grueso de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) no estuvo presente en la votación ya que había optado por abandonar el recinto a mitad de la sesión, cuando ya se habían aprobado una serie de proyectos adversos en materia fiscal como el aumento de jubilaciones, prórroga de la moratoria, emergencia en discapacidad y fondos para Bahía Blanca.

Uno por uno, así votaron los senadores en la insistencia de la ley de reparto de los ATN.

En la votación de este jueves, ahora para insistir con la ley de modificación de ATN tras el vero presidencial, la votación arrojó una suma superior en votos afirmativos, ya que se sumaros tres a los de la sanción original. 59 votos a favor

La oposición mantuvo su bloque, recuperó tres radicales ausentes de la primera vuelta: el bonaerense Maximiliano Abad, la entrerriana Stella Maris Olalla de Moreira y el chaqueño Víctor Zimmermann.

En tanto que a favor del veto, esta vez, votaron los seis integrantes de La Libertad Avanza: Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Ivana Arrascaeta, Bruno Olivera Luceno, Juan Carlos Pagotto y Vilma Bedía. Además, se mantuvo en contra del proyecto el cordobés Luis Juez y se sumaron la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni (Alianza la Libertad Avanza).

Las abstenciones esta vez corrieron por parte del entrerriano Alfredo De Ángeli, que en la votación del proyecto se había expresado a favor; y de los mendocinos del radicalismo Rodolfo Suárez y Mariana Juri que habían estado ausentes en la media sanción.

Después del "7 a 0" que asestó el Senado nacional al gobierno de Javier Milei el 22 de agosto, cuando convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, además de rechazar los decretos sobre el INTA, INTI, Vialidad, el Banco de Datos Genéticos e institutos culturales, se espera otro revés para el oficialismo este jueves.

Para las 11 está convocada la sesión ordinaria de la Cámara alta en la que figura, como primer tema, el rechazo al veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los proyectos impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA, es decir, por la totalidad de los representantes territoriales.

La ley obtuvo media sanción por amplia mayoría en el Senado el 10 de julio, salió aprobada de Diputados el 20 de agosto, y el gobierno nacional publicó el veto total el 12 de septiembre, luego de anticipar una convocatoria a una mesa federal con gobernadores "afines" de cara a la etapa que se abrió tras la derrota electoral en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron el viernes en Río Cuarto

Menos de una semana después, el tema vuelve al Senado, esta vez con la intención opositora de reunir los dos tercios que permitan rechazar el veto. Si se logra este objetivo, el asunto deberá cosechar la misma proporción de votos en Diputados para que la ley quede vigente.

Como se dijo, el presidente Milei vetó en su totalidad la Ley 27.794, que disponía que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyeran de manera automática entre las provincias bajo el mismo esquema que la coparticipación federal. La decisión fue oficializada a través del decreto 652 el 12 de septiembre, el mismo día en que los gobernadores de Provincias Unidas se reunían en Río Cuarto (Córdoba) para plantarse como alternativa "al mileismo y al kirchnerismo".

Allí los mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Jujuy (Chubut estuvo presente de manera remota y Santa Cruz no llegó a asistir a la cita) y el ex gobernador Juan Schiaretti cuestionaron la decisión del oficialismo de retacear estos fondos y adelantaron que iban a insistir con la ley.

En los argumentos del veto, se expresa que el proyecto sancionado por el Congreso "altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y priva al Estado nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros".

SE plasma allí que el Gobierno defiende el carácter extraordinario de los ATN, creados por la Ley 23.548, al señalar que "constituyen un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas", como la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 o las recientes emergencias hídricas, económicas y alimentarias que afectaron a distintas jurisdicciones en 2024 y 2025. Precisamente, en los últimos días, cuatro provincias, entre ellas Santa Fe, recibieron ATN. En el caso del territorio gobernado por Maximiliano Pullaro, para atender la emergencia por las lluvias.

En ese sentido, el decreto aclara que los ATN no forman parte de la masa coparticipable sino que son un fondo "complementario del régimen automático de coparticipación, destinado a preservar el equilibrio federal frente a contingencias excepcionales".

La Casa Rosada sostuvo que "lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, el carácter no automático de tales fondos responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación".

Entre los argumentos más fuertes, se advirtió que "el vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales".

El texto también alude a la necesidad de un debate más amplio sobre el sistema de coparticipación, e invoca el Pacto de Mayo (firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán por la mayoría de los gobernadores). Allí, argumenta, se incluyó como una de sus cláusulas centrales la rediscusión integral del régimen de coparticipación federal de impuestos.

Finalmente, el Gobierno justificó la medida como un acto de responsabilidad institucional: "Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional haga uso de todos los medios constitucionales habilitados para evitar la entrada en vigencia de un proyecto de ley cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias".

Por ahora todo es expectativa en el Congreso, que este miércoles tenía una agenda cargadísima con el rechazo a dos vetos y el jueves, podría rechazar otra disposición presidencial.

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados tratará este miércoles los vetos de Javier Milei a la ley de presupuestos universitarios y a la emergencia en pediatría con fondos para el Hospital Garrahan, mientras en las afueras del Congreso se espera una masiva movilización.

La sesión fue citada para las 13 con temario amplio. En los hechos, los movimientos ya empezaron con distintas estrategias: el oficialismo intenta fijar el tercio que le permita dejar firme el veto, mientras que la oposición busca garantizar los votos que le permitan insistir con las leyes.

El procedimiento no deja margen para interpretaciones: para insistir y dejar firmes ambas leyes, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos de los presentes. Si lo logra, las normas pasarán al Senado, que también deberá alcanzar los dos tercios para convertir en letra viva lo que la Casa Rosada decidió vetar.

Del otro lado, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados sólo necesitan asegurarse un tercio de los votos para sostener los vetos. El número depende directamente de las presencias: cuanto más lleno esté el recinto, más alto es el umbral opositor y, a la vez, más grande debe ser el bloque de contención oficialista.

Los antecedentes recientes ofrecen una brújula. En el caso de Universidades, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Según el conteo opositor, faltó apenas un voto para llegar a los dos tercios sobre los presentes de aquella jornada. En Garrahan, el resultado fue todavía más cómodo: 159 afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, con margen sobre el umbral de los dos tercios.

La premisa del oficialismo es que con dos o tres sillas vacías y abstenciones estratégicas se alcanzaría a defender los vetos, manteniendo el tercio original. Mientras que la oposición apuesta a consolidar los mismos votos más alguna recuperación de ausentes y dos o tres abstenciones convertidas en afirmativas para la insistencia en el financiamiento a las Universidades y el Garrahan.

En el poroteo se cuela el antecedente de la insistencia sobre ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el mandatario, que logró 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones en Diputados. Distinta suerte corrió el aumento a jubilaciones, que no logró los dos tercios que necesitaba para dar vuelta la decisión del presidente Javier Milei, con 160 votos a favor, 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes. Mientras que se optó por levantar la sesión antes del tratamiento del veto a la prórroga de la moratoria de Anses.

El poroteo opositor tiene un primer casillero claro: los cinco abstencionistas de la votación original de Universidades. Allí aparecen legisladores del PRO (con diferentes grados de cercanía al Gobierno), un republicano liberal y figuras que, por aquella fecha, aún orbitaban en espacios en reconfiguración. El segundo casillero es el de los ausentes (hubo alrededor de 18), entre los que se cuentan cuatro misioneros alineados a Carlos Rovira, dirigentes del MID y referentes provinciales que responden a Torres, Cornejo y Orrego.

Con este panorama, el foco vuelve a posarse sobre legisladores que responden a gobernadores con alianzas con la Rosada. En las votaciones originales, Mendoza (Cornejo), Chubut (Torres), Misiones (Rovira) y San Juan (Orrego) aportaron ausencias y abstenciones. También hubo movimientos internos en el MID, en Coherencia (el novel bloque de exlibertarios) y en fragmentos del PRO donde conviven halcones oficialistas y dialoguistas federales.

En el caso de los 19 diputados nacionales por Santa Fe, estuvo repartido el voto en las votaciones originales.

A favor del financiamiento universitario votaron Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria); Roberto Mirabella (Defensores de Santa Fe); Mónica Fein y Esteban Paulón; Mario Barletta (Unidos); y Melina Giorgi (Democracia para Siempre).

En contra del Financiamiento Universitario lo hicieron Rocío Bonacci, Romina Diez y Nicolás Mayoraz (LLA); y, desde el PRO Luciano Laspina, José Núñez, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni. Mientras que Germana Figueroa Casas (PRO) eligió abstenerse y Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad) estuvo ausente.

En cuanto a los fondos para el Garrahan votaron afirmativamente los mismos diez legisladores. Pero en contra votaron, además de los tres libertarios, Figueroa Casas y Chumpitaz, junto con Bongiovanni y Núñez; en tanto que Laspina se ausentó en esa votación.

Con ese historial, las miradas se posan sobre los casilleros que no votaron alineados como Figueroa Casas, que se abstuvo en Universidades y votó en contra en Garrahan; y Chumpitaz que estuvo ausente en la primera votación de Universidades y se expresó en contra en Garrahan.

El resto de la delegación muestra posiciones consistentes con su alineamiento nacional o provincial y no exhibe, hasta ahora, señales públicas de cambio. En todo caso, el dato político a seguir es el equilibrio que buscará Pullaro entre su agenda de Provincias Unidas (con reclamos explícitos en financiamiento universitario y sanitario) y la convivencia con sectores del PRO que acompañaron los vetos o se ausentaron.

En paralelo al tratamiento, se espera una gran movilización en las afueras del Congreso. Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizarán la tercera Marcha Federal para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La concentración en Santa Fe será a las 17 horas, en avenida de los Siete Jefes y bulevar Gálvez, mientras que el gremio de la docencia universitaria, convoca una hora antes en el mismo lugar, además de anunciar que ese día habrá paro docente.

De allí partirá la movilización hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se desarrollará el acto central desde las 18 horas. El mismo incluirá la entonación del Himno Nacional y la lectura de un documento unificado elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

A esta altura, hablar de semana clave ya es una redundancia. Todas las semanas son claves desde hace meses para el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los mercados y, especialmente, la gente de a pie, que sigue en vilo los vaivenes de la economía micro, de entrecasa, mientras la gestión presidencial insiste en poner el foco en la macro: equilibrio fiscal a rajatablas, pero ¿a qué costo?

Este lunes a las 21 se espera el mensaje grabado del presidente Javier Milei que, en cadena nacional, anunciará el envío del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para el año 2026, luego de sostener una gestión económica compleja con una ley reconducida por dos años consecutivos: toda una novedad, aún para la Argentina.

Para el miércoles, la oposición ampliada en Diputados tiene un pedido de sesión especial a fin de llevar al recinto una agenda bien cargada, que incluye el rechazo a los vetos a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica (Ley Garrahan) y al financiamiento universitario.

Por todo ello se espera una masiva concentración fuera del Congreso, que reunirá a estos sectores y se sumará a la ya habitual, y cada vez más poblada, marcha de los jubilados.

La sesión del miércoles fue pedida por los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal. Si prospera, se aguardan varias horas de debate sobre una amplia lista de temas, todos incómodos (otro lugar común a estas alturas) para el gobierno de Javier Milei. El Presidente está lanzado de lleno a la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras intenta digerir la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria obtuvo un contundente triunfo.

Hay una tercera ley que el mandatario nacional vetó en apenas dos días: la que establece nuevas reglas para la distribución de los ATN que fue impulsada y presentada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA. Desde el sector lanzado con el nombre de Provincias Unidas (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego, Chubut y Corrientes) ya anticiparon su posición a favor de insistir con la ley, mientras se posicionan como una alternativa política al mileísmo para octubre y, a más largo plazo, para 2027. También se presentan como una opción al kirchnerismo, según dejaron en claro el viernes en Río Cuarto.

Es interesante seguir de cerca la posición que adoptarán los gobernadores que tienen en el Congreso la extensión de sus ideales y políticas: con un gobierno nacional empecinado en retacear fondos y paralizar obras en las provincias en pos del "déficit cero", puede ocurrir que los apoyos de antes se conviertan en rechazos en el futuro inmediato. Volviendo a la reunión de Provincias Unidas en Río Cuarto, se planteó seriamente la casi nula incidencia que significaba en el PBI la emergencia pediátrica, en tanto nadie refutó la importancia de las universidades públicas en el desarrollo del país y como garantía de ascenso social.

En una suerte de ajedrez en el que la gestión de Milei busca a toda costa preservar a la dama ("el Jefe", en realidad), las piezas se van moviendo con cuidado: el gobierno nacional convocó a una mesa federal sin mostrar el menú del convite que, hasta el momento, no llegó de manera formal. Solo hubo encuentros del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, con los gobernadores de Entre Ríos, Chaco y Mendoza, aliados a La Libertad Avanza. El resto espera, pero también prepara su propio repertorio de demandas. Algo dejaron en claro: no van a aceptar una reunión para la foto.

Mientras tanto, Provincias Unidas ya anticipa agenda en otros territorios: el 30 de septiembre en Chubut, el 9 de octubre en Jujuy y el 15 de octubre en Ciudad de Buenos Aires. Y no descarta sumar a más gobernadores a sus filas.

La derrota electoral en Buenos Aires no fue el único revés reciente para el gobierno nacional. El Senado confirmó hace poco más de una semana y por una amplísima mayoría la ley de Emergencia en Discapacidad que debería comenzar a regir en los próximos días.

¿Habrá un anuncio al respecto en la cadena nacional de este lunes? Por el momento no trascendieron detalles del discurso que será grabado durante la tarde en Casa Rosada.

Sí está previsto que en Diputados se impulsen proyectos con pedidos de informes verbales: dos contra Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; y uno contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relacionadas con la investigación que se sigue sobre supuestas irregularidades en torno a las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Así lo anticipa el sitio especializado Parlamentario.com, que suma a esta agenda el pedido de emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para dictaminar sobre la modificación a la Ley 26.122 de marco regulatorio a los decretos de necesidad y urgencia. Habrá más emplazamientos, un recurso que se volvió frecuente ante la falta de convocatoria a comisiones lideradas por el oficialismo en temas claves. En este caso apunta a la creación de la comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado para lo que se pedirá una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento.

Si prosperan los pedidos de la oposición, habrá más emplazamientos:, varios competen a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, por la ley de emergencia en el sistema de ciencia y técnica; ley de Alzheimer; y planes de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

Todo esto mientras sigue adelante el trabajo de la Comisión Investigadora del caso $Libra, otro tema sensible para el gobierno de Javier Milei. Todo indica que por delante quedan varias semanas cruciales, una vez más, para el gobierno nacional, las provincias, los mercados y para la gente de a pie.

El Senado de la Nación aprobó la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad para rechazar el veto de Javier Milei, en medio del escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese marco el senador por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, anunció la presentación de un proyecto que, entre otros puntos, pide la suspensión de las auditorías y la restitución de las pensiones quitadas. Además recordó otras iniciativas propuestas desde el año pasado.

Desde hace varios meses el legislador viene trabajando en conjunto con los sectores de la discapacidad. En ese marco explicó: "Esta semana presentamos un proyecto de resolución solicitando la suspensión inmediata de las auditorías que ese organismo viene realizando respecto a las pensiones no contributivas. Además, ante las irregularidades que se están dando, pedimos la restitución de la totalidad de las pensiones que hayan sido quitadas". "Hemos presentado muchos proyectos desde el año pasado: la suspensión de las auditorías, citamos al Ministro de Salud y al Director Ejecutivo de ANDIS, presentamos un proyecto para la creación de la comisión de discapacidad aquí en el Senado, hemos pedido la nómina completa de las personas con discapacidad", citó el legislador.

Proyecto de resolución

"Hace varios meses que venimos escuchando la problemática y la gran lucha vienen dando fundamentalmente los familiares de las personas con discapacidad ante el ajuste inhumano que les aplicó el gobierno nacional. Por eso, si piensan que el Estado solamente tiene que hablar de números, y no de las personas, no deberían estar en política, deberían estar al frente de una empresa manejando un balance, pero acá lo que se cuenta son las personas y estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, cuando se habla solamente de números y además se miente con los números, es mucho más grave", sostuvo.

En ese marco, Lewandowski ratificó su compromiso y sostuvo: "Acá hay crueldad por dónde se lo mire, ya ni hablo de la falta de empatía porque no se puede hablar de motosierra en el lugar de donde estamos hablando". "Meses atrás citamos en el Senado al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministro de Salud para que expliquen el estado de la situación. Nunca vinieron ni brindaron ningún tipo de explicación", resaltó.

Por último el legislador santafesino sostuvo: "Al ex titular de ANDIS, Spagnuolo, lo eyectaron del cargo por los audios que se escucharon, audios de coima justamente en ese lugar, que refiere a las personas con discapacidad". Y afirmó que con el ajuste y estos audios es evidente que "desde el gobierno nacional no solamente generaron la motosierra sino también una aspiradora de recursos del Estado".

Mauro L. Muñoz

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación trató los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y de aumentos a las jubilaciones.

La primera iniciativa recibió la insistencia de parte de los legisladores. En tanto que la segunda norma no alcanzó los dos tercios necesarios para su rechazo por lo que fue ratificado el veto presidencial.

Santa Fe, con su peso de 19 bancas, repartió sus votos durante la maratónica sesión: los votos de los representantes provinciales se dividieron entre la oposición al gobierno y el apoyo al oficialismo.

La votación sobre la insistencia de la ley de discapacidad fue la que mostró mayor contundencia opositora. A nivel nacional, 172 diputados se pronunciaron por la afirmativa, 73 por la negativa y 2 se abstuvieron. Se alcanzó la mayoría especial requerida y el rechazo al veto presidencial pasó ahora al Senado.

En el caso de los legisladores santafesinos, la votación fue de doce voluntades que se inclinaron por insistir en la norma, seis que lo hicieron por respaldar al Ejecutivo y una legisladora que estuvo ausente.

La oposición logró insistir con la emergencia en discapacidad.

Los respaldos provinieron de un arco político amplio. Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli sumaron sus avales a la ley. A ellos se les agregó Roberto Mirabella, enrolado en el espacio Defendamos Santa Fe, mientras que desde Futuro y Libertad sorprendió la adhesión de Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, que en este tema se desmarcaron del oficialismo. También acompañaron Melina Giorgi, de Democracia para Siempre, y los dos referentes del socialismo santafesino en Hacemos Federal, Mónica Fein y Esteban Paulón. El radical Mario Barletta, integrante del bloque Unidos, completó la lista de quienes rechazaron la postura presidencial.

En el otro extremo, la defensa del veto quedó en manos de los tres representantes de La Libertad Avanza en la provincia: Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci. A ellos se sumó Alejandro Bongiovanni, de Futuro y Libertad, que dejó expuesta la diferencia con sus compañeros de bancada. El PRO también aportó su cuota de respaldo a Milei, con los votos negativos de Luciano Laspina y José Núñez.

Por su parte, Germana Figueroa Casas, también del PRO, se ausentó de la votación.

El segundo capítulo del día fue aún más áspero. Tras cinco horas de debate, la Cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la ley previsional, que incluía un aumento del 7,2% en los haberes, la actualización del bono extraordinario a 110 mil pesos y la obligación de la ANSES de transferir fondos a las provincias con cajas no transferidas.

El resultado nacional fue ajustado: 160 votos afirmativos contra 83 negativos y 6 abstenciones. La oposición quedó a tan solo seis voluntades de lograr los dos tercios y forzar la promulgación de la norma.

El oficialismo logró blindar el veto a los aumentos jubilatorios.

En Santa Fe, los números reflejaron un escenario mucho más parejo: diez legisladores votaron por rechazar el veto y nueve se pronunciaron en defensa de la decisión presidencial.

Los apoyos a la oposición volvieron a reunir a los cinco diputados de Unión por la Patria: Martínez, Carignano, Giuliano, Mastaler y Toniolli. A ellos se les sumaron Mirabella, desde Defendamos Santa Fe; Giorgi, desde Democracia para Siempre; y los socialistas Fein y Paulón, de Hacemos Federal. Una vez más, el radical Mario Barletta acompañó esa postura y completó el grupo de diez santafesinos que votaron por los jubilados.

En la otra vereda, el oficialismo logró blindarse con mayor firmeza. Chumpitaz y Razzini, que habían roto filas en discapacidad, esta vez se alinearon detrás de la Casa Rosada y se opusieron a la ley. A ellos se les agregó Alejandro Bongiovanni, reforzando la idea de que Futuro y Libertad quedó partido en dos mitades con estrategias diferentes según el tema. El PRO aportó cuatro voluntades negativas: Laspina, Núñez, Figueroa Casas y el propio Bongiovanni, que actúa como socio político de ese sector. La Libertad Avanza cerró filas con Mayoraz, Diez y Bonacci, consolidando el bloque duro del mileísmo en la provincia.

La Justicia Federal le propinó un revés al gobierno nacional al declarar la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal de Campana, responde a una acción de amparo y, si bien sus efectos se limitan al caso particular, establece un importante precedente judicial.

La decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793.

De la decisión se desprende que, tal como lo señaló la periodista Vanesa Petrillo al difundir el fallo, aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general, aunque sienta precedente contra el decreto presidencial.

La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa.

Amparo a favor: La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N.

Orden a la obra social: El fallo ordena que se comunique a la obra social de dos menores (B.N. e Y.N.) para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.

Costas a cargo del Estado: El juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.

Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.

El presidente Javier Milei firmó el veto total al proyecto que había sido aprobado por el Congreso y que contemplaba un incremento del 7,2 % en las jubilaciones mínimas, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad. La decisión se anunció formalmente mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes.

Se anunció formalmente mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes.

Según el Gobierno, la ley sancionada no especificaba el origen de los fondos necesarios para financiar el aumento de jubilaciones y las prestaciones en discapacidad. El decreto destaca que la iniciativa implicaría un gasto adicional de aproximadamente 1,02 % del PBI en 2024 y 1,64 % en 2025, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.

La Casa Rosada calificó la medida como un acto de “demagogia populista” que comprometía el equilibrio financiero logrado mediante rigurosas políticas de ajuste.

A pesar de haber obtenido amplia mayoría en ambas cámaras, los bloques opositores enfrentan ahora el desafío de conseguir dos tercios de los votos para rechazar el veto y convertir la ley en definitiva.

Algunos aliados dentro del oficialismo, como Miguel Ángel Pichetto y Oscar Zago, ya alertaron sobre la dificultad de sostener el veto sin renegociación política con gobernadores y partidos minoritarios.

El presidente Javier Milei firmó el veto total. Crédito: Reuters.

Desde la oposición se destaca que, si bien el proyecto proponía un ajuste moderado (7,2 %), representaba una reparación necesaria ante la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, estimada en más del 45 % desde 2017, y frente al creciente ajuste sobre servicios de salud y medicamentos.

Miles cuestionan la coherencia del discurso oficial: “dicen que no hay plata, pero destinas millones a gastos reservados, mientras vetan aumentos modestos que aliviarían a los jubilados”.

El Congreso podría insistir nuevamente en la norma, pero necesita lograr el quorum calificado para que el veto sea derogado. Hasta ahora, hay actores del oficialismo que reconocen que la mayoría opositora no se mantiene firme y tendría dificultades para sumar votos suficientes.

Por su parte, el Ejecutivo inició un acercamiento con sectores del PRO y gobernadores provinciales para evitar que se repita la votación original.

En caso de que el veto sea superado, la ley se convertiría en instrumento legal; de lo contrario, el Ejecutivo insiste con su disponibilidad a judicializar el trámite e incluso a cuestionar la constitucionalidad de la norma.

La medida se enmarca en el esquema de austeridad implementado desde diciembre de 2023, que permitió alcanzar el primer superávit fiscal desde 2008, con recortes en gasto público, despidos, reducción de subsidios y ajustes en sectores sensibles como salud, educación y ciencia.

El veto total de Milei a la ley que preveía aumentos previsionales y declaraba la emergencia en discapacidad instala una nueva etapa de tensión entre Ejecutivo, Legislativo y ciudadanos.

La pulseada en el Congreso decidirá si la reclamación social se convierte en política pública o se mantiene bloqueada bajo la bandera del superávit fiscal. La judicialización anunciada por el Presidente añade otro capítulo imprevisible al conflicto institucional.

El gobierno nacional recepcionó este lunes los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado el 10 de Julio pasado recién fueron girados este lunes al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los 10 días para que el Gobierno pueda vetar esas iniciativas como anunció el jefe de Estado Javier Milei.

Tras su sanción las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, y este trámite recién se terminó de cumplir hoy, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2 por ciento de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años, y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.

El Gobierno puede vetar en forma total o parcial los proyectos y luego debe girarlos al Congreso que podrán insistir con la sanción original de las leyes aprobadas, pero para eso debe reunir el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión, ya que, si el oficialismo reúne un tercio queda confirmada la resolución gubernamental.

La única posibilidad que tiene el Gobierno para mantener los vetos es conseguir ese tercio en la Cámara de Diputados ya que en el Senado la votación superó ampliamente los dos tercios en el caso del aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia de discapacidad.

La ley sobre la moratoria no juntará los dos tercios ya que en diputados apenas triunfo por 111 contra 100 y 15 abstenciones, pero sí puede conseguir esa mayoría agravada en la ley sobre aumento de las jubilaciones por el 7,2%.

El proyecto de aumento de las jubilaciones fue sancionado 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, pero para eso debe conseguir mas voluntades ya que, si están la misma cantidad de votos, necesitará 146 votos.

El proyecto para garantizar un aumento de las pensiones y las prestaciones por discapacidad se votó con 143 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, con lo cual, si está la misma de cantidad de legisladores presentes, necesitará 144 votos.

De este modo, el Gobierno tendrá esta ventana de 15 días para poder realizar negociar con algunos gobernadores de los bloques dialoguistas o algún peronista, para poder tratar de blindar los vetos, aunque, en una etapa electoral, parece más complicado que los mandatarios provinciales quieran respaldar estas medidas.

Al respecto se manifestó el presidente del bloque de Diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien dijo que "al Poder Ejecutivo le va a resultar difícil sostener el veto”.

“La propuesta que hizo el Congreso es razonable, como el aumento a los jubilados que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste”, expresó Pichetto en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

El diputado sostuvo que en el caso de las jubilaciones “hay que buscar otras alternativas de financiamiento” por parte del Estado, porque hay “casi 7 millones de personas que han perdido fuertemente” en sus haberes, y por eso con la recomposición que aprobó “el Congreso ha sido razonable y responsable”.

Explicó que los jubilados son “un sector al que se lo ha utilizado en el esquema más duro del ajuste para lograr un supuesto orden fiscal”, por lo que el Congreso abordó un tema “que el Gobierno no está mirando con atención y con detenimiento y que incluso hasta puede lesionar su expectativa electoral”.

“La mirada fiscal está bien, pero la propuesta que hace el Congreso es razonable, como en el caso del aumento a los jubilados, que vienen de una pérdida del poder adquisitivo muy significativa y que han sido la víctima principal del ajuste”, agregó.

Además del tema de los jubilados, PIchetto destacó la ley que declara la emergencia en el sector de la discapacidad, en la que hay una cuestión de sensibilidad humana a la que ningún argentino de bien puede estar ajeno”, y enfatizó: “A mí me parece que al Gobierno le va a resultar difícil sostener el veto” que anunciaron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Este miércoles 16, desde las 16 horas, los jubilados y jubiladas autoconvocados de Venado Tuerto se reunirán en la plaza San Martín, en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano, para llevar adelante su cuarta marcha en defensa de los derechos de los jubilados y en protesta por la situación económica que atraviesan. 

“Estamos muy atareados en la organización, pero con la esperanza de una muy buena respuesta de la comunidad, si es que las condiciones del tiempo lo permiten”, comentó Silvia Vázquez, una de las organizadoras del acto. “Queremos aclarar que esta convocatoria no responde a intereses político-partidarios. Es una invitación abierta a toda la comunidad, a los jubilados, pero también a sus familias, amigos y a los vecinos que se ven afectados por esta situación”, añadió.

“Nos está pasando a todos. Los jubilados, los docentes, el personal de salud, los obreros, todos estamos viviendo la misma realidad de lucha”, señaló Vázquez. “La situación es muy compleja. Todos estamos atravesando un sistema que nos está precarizando. Ya no solo es una cuestión económica, sino una cuestión moral, de dignidad. ¿Cómo puede ser que quienes trabajamos toda la vida no tengamos una vejez digna?”, interrogó.

Enseguida, la dirigente social hizo un llamado enfático a la solidaridad, "no solo a los jubilados, sino a toda la comunidad. Es una invitación a la reflexión. A entender que si no nos unimos, esta problemática solo va a empeorar”, avisó.

A pesar de las dificultades, expresó que la movilización tiene el objetivo de visibilizar un reclamo común. “No estamos aislados, Venado Tuerto forma parte de una red de ciudades que están levantando la voz. Queremos demostrar que esta problemática nos afecta a todos, ya sea directa o indirectamente”, indicó.

Cabe señalar que la convocatoria de este miércoles también se enmarca en una serie de protestas que se están llevando a cabo a nivel nacional, como respuesta a las amenazas de veto del presidente Javier Milei sobre las recientes leyes que sancionó el Senado de la Nación en beneficio de los jubilados. “A pesar de la amenaza de veto presidencial, nosotros seguimos firmes en nuestro reclamo. No podemos quedarnos callados. Este es un tema que toca de cerca a todos, sobre todo a los que más dieron por este país, como son nuestros jubilados”, expresó la referente.

“Es cierto que un solo acto no cambiará la política nacional, pero lo que buscamos es visibilizar nuestra situación, que todos vean que no estamos solos. Es una lucha que nos involucra a todos y que no podemos dejar pasar desapercibida. La sociedad necesita ver la realidad que vivimos. Necesitamos hacer ruido, que nos escuchen, que se den cuenta de que la situación no da para más”, agregó.

Silvia también reflexionó sobre la contradicción de algunas políticas gubernamentales. “Nos dicen que la economía está mejorando, y nos muestran el superávit fiscal, pero ¿a qué costo? Esos números se construyen con el sacrificio de los más débiles, y no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a eso. No puede ser que se logre un superávit a costa de la dignidad de miles de jubilados, que no somos ninguna casta, pero sí somos los que sufrimos los mayores recortes”, explicó desde el sentido común.

La convocatoria está abierta a todos, sin distinción, y se invita especialmente a los políticos locales a unirse a la protesta. "No es solo por los jubilados, es por todos", ratificó Silvia Vázquez. 

En la manifestación, todos los participantes se podrán expresar libremente, e incluso contarán con un micrófono abierto para compartir sus pensamientos y demandas.

En Casa de Gobierno hay amplia satisfacción con el nivel de adhesión que registraron los tres candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia y dejaron en claro que, ahora, la definición está en manos de la Legislatura.

"Estamos muy satisfechos, creemos que los tres candidatos van a lograr amplio consenso entre senadores y diputados" le dijo a El Litoral el ministro de Gobierno, Fabián Bastia quien firmó junto al gobernador Maximiliano Pullaro el mensaje N° 5.135 donde piden acuerdo para la designación de Jorge Camilo Baclini, Margarita Elsa Zabalza y Rubén Luis Weder para integrar la Corte provincial.

Hoy son dos las vacantes en el Alto Tribunal y desde el 2 de abril serán tres por la ya anunciada salida de María Angélica Gastaldi.

La Legislatura se encuentra en receso parlamentario hasta el 31 de enero, no obstante lo cual la Comisión de Acuerdos abrirá los pliegos este jueves y fijará el cronograma de tratamiento donde prevé que la Asamblea Legislativa se realice el 13 de febrero o el 20 de ese mes.

Tendrá 30 días para considerar el nombramiento del trío, pero a partir del 3 de febrero cuando se reanude el período de Extraordinarias.

Los pliegos llegaron este miércoles a media mañana, a la mesa de Entradas de la Cámara de Senadores con cajas de documentación con los antecedentes de los tres candidatos, las variadas notas de adhesión recibidas y dos objeciones a la figura de Jorge Baclini.

Más allá de ellas, Baclini presentó más de mil carillas con antecedentes de su tarea jurídica tanto en el Poder Judicial como en la academia.

En cuanto a las objeciones una fue presentada por una vecina de Santa Fe y la otra de un abogado rosarino.

En el primer caso le objeta no haber intervenido en una disputa de vecindario entre ella y un fiscal provincial, y en el caso del segundo la objeción es una contratación de elementos técnicos para la tarea del Ministerio Público de la Acusación de la cual fue fiscal general. "Esa operación no fue objetada por ningún órgano de control", se señaló tanto en Casa Gris como en el MPA.

"La Legislatura tiene todo, antecedentes, apoyos y adhesiones y ahora deberá resolver. Para el Ejecutivo, la tarea está terminada" señaló Bastia.

Los doce integrantes de la Comisión de Acuerdos deberán leer los antecedentes y resolver si escuchan a los objetores o bien se dan hecho con las presentaciones. Los tres candidatos también serán citados por la Comisión para la entrevista que prevé el reglamento interno.

Acuerdos es hoy presidida por el senador Raúl Gramajo (Unite - 9 de Julio) e integrada por los también senadores Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), Orfilio Marcón (UCR-Gral. Obligado) y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo).

En tanto, en Diputados son ocho los integrantes: Lionella Cattalini (PS) (vicepresidenta), Silvana Di Stefano (UCR), Astrid Hummel (PRO), Gisel Mahmud (PS), Ariel Bermúdez (CREO), Antonio Bonfatti (PS), Marcos Corach (PJ) y Emiliano Peralta (Somos Vida).

Varios de ellos podrían no estar este jueves debido a que se encuentran de vacaciones aunque fueron anoticiados de todos los plazos que se dará la comisión.

Por Mario Cáffaro

En comunicación a las cámaras legislativas y publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo observó parcialmente la sanción de tres leyes que no quedarán operativas hasta tanto la Legislatura se pronuncie sobre si acepta o no los vetos y en dos casos los textos alternativos propuestos.

Son tres normas sancionadas en la última semana de noviembre y que refieren a la ley que apunta a proteger a los trabajadores de deliverys; una ley para prevenir y sancionar prácticas de violencia y acoso laboral y un tercero sobre la inserción y estabilidad laboral de personas jóvenes sin cuidados parentales.

El tratamiento de los vetos no fue incluido en el período Extraordinario que ya cerró el Poder Legislativo por este año y que se retomará en febrero. En caso de no habilitarse los temas, recién desde mayo podrán ser considerados por las dos cámaras.

Ley N° 14362: crea un programa de monitoreo informático permanente tendiente a garantizar la seguridad de los trabajadores independientes que presten servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles.

En este caso, el veto fue aplicado a dos artículos pero con textos alternativos "para modificaciones tendientes al mejor cumplimiento de la manda legislativa y, sobre todo, que resulten acordes a la política de seguridad que se encuentra implementando el gobierno provincial".

Los artículos observados son el 1 y el 2. En el primer caso, la observación es para ampliar los sistemas de geolocalización y no solo limitarlo al GPS. La propuesta es que el artículo quede redactado que el control se hará "mediante sistemas de posicionamiento global (GPS) y/o cualquier otro sistema que garantice la geolocalización".

El objetivo es que el Poder Ejecutivo pueda determinar cuál es la mejor herramienta tecnológica que permita cumplir con el objetivo planteado por el legislador, "El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) determinan que no podamos atarnos a una sola respuesta de abordaje sino que es permitente dejar abierto el modo de dar respuesta a la problemática a lo que determine el Poder Ejecutivo, a través de las áreas tecnológicas correspondientes, acerca de cuál es la mejor solución posible", se señala en los fundamentos.

El otro artículo observado es el que dispone que sea autoridad de aplicación del Ministerio de Justicia y Seguridad. Para el Ejecutivo hay varias áreas interviniendo por lo que postula que sea el Poder Ejecutivo en la reglamentación el que determine el área de incumbencia.

Ley N° 14371: marco normativo que tiene por objeto prevenir, detectar, erradicar y sancionar las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

La norma dispone objetivos; personas destinatarias; ámbito de aplicación; autoridad de aplicación y sus funciones; obligaciones de las personas empleadores ; normas sobre prevención de las violencias en el ámbito laboral; creación de un equipo de abordaje integral de violencias; normas sobre procedimiento de intervención en casos de violencia -donde se incluye la aprobación de un protocolo integral de actuación para la prevención, detección y erradicación de violencias en el mundo del trabajo; pautas sobre sanciones; creación de un registro y disposiciones sobre certificación de empresas.

En los fundamentos, el Ejecutivo explica que Fiscalía de Estado recomendó el veto parcial de la norma en lo tocante a las sanciones, debido a que se "pretende establecer un régimen administrativo sancionatorio sin especificar las conductas punibles ni las penas correlativas estableciendo un régimen sancionatorio genérico e indeterminado".

Cuestiona que el alcance "es tan ambiguo que no permite determinar con la precisión que el principio de legalidad exige las conductas susceptibles de sanción". Así, el objetivo es directamente vetar el capítulo sobre sanciones sin disponer texto alternativo.

Ley N° 14376: busca favorecer la inserción y estabilidad laboral de personas jóvenes sin cuidados parentales. En este caso existe un veto con texto alternativo que deberá validar la Legislatura.

En su desarrollo, el texto ley identifica las personas beneficiarias; individualiza la autoridad de aplicación y funciones; establece pautas guiadas por el principio de progresividad para el acceso al empleo público a personas que egresen del Programa de Fortalecimiento de Autonomía Progresiva; contempla pautas para registro e inscripción de empleadores y se reconocen beneficios; y prevé que tales beneficios son compatibles con los regulados en la Ley N° 27364 de Creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.

En este caso, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda sugirió no incluir en el artículo 2° (que refiere a que no exista posibilidad de iniciar proceso adoptivo) debido a que "la resolución de las medidas de protección excepcionales no implica únicamente la declaración de adoptabilidad, sino que existen supuestos de sugerencia de guarda o tutela para el adolescente.

La inclusión debe ser para todos aquellos adolescentes sin cuidados parentales con resolución definitiva como única condición, con independencia de haber estado en procesos adoptivos o guarda, tutela, autonomía progresiva u otra modalidad o programa".

La redacción propuesta en el texto alternativo es que serán personas beneficiarias, "adolescentes que al momento de cumplir 18 años se encontraran sin cuidados parentales por haberse dispuesto una medida de protección excepcional de derechos en el marco de la ley 12967 y la misma se encontrara con una resolución definitiva".

La Cámara de Diputados sancionó sendas leyes ampliando a cinco miembros titulares y otros tantos suplentes a las comunas de Villa Amelia (dpto Rosario) y de Guadalupe Norte (General Obligado). Son proyectos originados en los senadores de esos departamentos, Ciro Seisas y Orfilio Marcón. En ambas leyes se determina que El Poder Ejecutivo deberá aplicar la norma en la primera convocatoria a elecciones ordinarias que realice a efectos de ampliar el número de miembros de la comuna. El decreto N° 2656 convocado a elecciones el año venidero, en ambos casos contempla la elección de tres miembros titulares. Los legisladores harán gestiones para que se aplique la norma en el año venidero.

El gobierno nacional prepara un agasajo para los gobernadores peronistas y los independientes que brindaron su apoyo para consolidar el blindaje del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y espera recibirlos el próximo lunes en la Quinta de Olivos.

Al igual que con los "87 héroes" que votaron en favor del veto a la actualización de jubilaciones, en esta oportunidad el presidente Javier Milei busca premiar, pero también acercarse a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), los peronistas y de bloques provinciales que garantizaron un nuevo triunfo legislativo del oficialismo.

Lo cierto es que desde el Poder Ejecutivo se está organizando la posibilidad de celebrar un nuevo asado a la residencia presidencial, a la canasta, pero más reducido que el anterior, para este lunes a las 21.

"Por ahora, está confirmado", garantiza una fuente de Gobierno.

La idea de Milei es recibir a los mandatarios provinciales y acercar posturas de cara a la agenda venidera, luego de su exposición en el Coloquio IDEA en Mar del Plata, en compañía de su círculo más intimo compuesto.

Se espera la presencia en la cena de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; del asesor presidencial, Santiago Caputo; del vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Se trata además de un sector apuntado por la ex presidenta Cristina Kirchner, quien el jueves, en el marco del Día de la Lealtad, expuso a los mandatarios provinciales al asegurar que en diálogo con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, le confesaron que estaban más cerca de la administración libertaria que de la actual conductora del espacio que compite por la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

"¿Se entiende qué quiero decir cuando sostengo que hay que enderezar y ordenar el peronismo?", planteó.

Los agradecimientos configuran la excusa perfecta para consolidar un encuentro con los gobernadores abiertos al diálogo, en las vísperas del debate por el Presupuesto 2025, que permita contrarrestar la debilidad legislativa de los libertarios.

Con la invitación cursada, desde las provincias todavía no confirman la asistencia de los mandatarios.

El Gobierno logró consolidar el segundo veto presidencial con ayuda de la oposición dialoguista y el respaldo de los gobernadores, lo que le permitió conquistar un rechazo de 85 diputados a la Ley de Financiamiento Universitario, cinco abstenciones y ocho ausentes.

Saénz garantizó la ausencia de Yolanda Vega de Innovación Federal aunque los otros tres representantes respaldaron la ley que ampliaba el presupuesto universitario.

Por su parte, Passalaqcua aportó la abstención de los cuatro misioneros (Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruíz, Daniel Vancsik) lo que facilitó los números para el oficialismo.

El catamarqueño Jalil aportó que la legisladora Fernanda Ávila no bajara al recinto a la hora de votar, y siguiera la nomina desde su despacho en el Congreso.

Por último, el tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los primeros alineados del libertario, se jugó el pleno con el rechazo de Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández al proyecto impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR).

Para el ministro de Economía de Santa Fe, "es lamentable" la situación derivada de la confirmación del veto a la Ley Nacional de Financiamiento Universitario. Consultado por El Litoral, Pablo Olivares tomó la situación nacional para trazar una equivalencia -y sobre esa base, marcar los contrastes- respecto de lo que sucede, desde su punto de vista, a nivel provincial. La novedad parlamentaria se conocía en el mismo momento en el que se abrían las puertas del Ministerio de Trabajo, después de que estuviese reunida la paritaria docente.

La situación local fue tomada como ejemplo por Olivares para opinar sobre lo que terminaba de suceder a nivel nacional. El funcionario dejó en claro que "no es objetable" el mecanismo que echó por tierra la ley, pero cuestionó las implicancias que ello tendrá en la práctica.

"El tema fue dirimido mediante un mecanismo constitucional; es facultad del Poder Ejecutivo nacional vetar, se han expresado las mayorías en el Congreso y los números son legítimos. Desde el punto de vista legal, no hay nada que objetar; pero desde el punto de vista político, sí porque es lamentable la situación a la que se llega", sostuvo el ministro.

Aclaró el ministro que no era su intención "aprovechar" la situación para hacer comparaciones o trazar paralelismos, pero sí marcó "contrastes" entre la situación nacional y lo que sucede en Santa Fe.

"Fíjense el contraste en el que estamos -sostuvo-; hoy (aludía, así, a la negociación paritaria con el sector docente que acaba de finalizar) estamos discutiendo que la provincia le ha aumentado todos los meses los salarios a sus trabajadores, al compás de la inflación. Así, se van a terminar incrementando los sueldos en el mismo nivel inflacionario con el que va a cerrar el año 2024. Y mientras esto pasa en Santa Fe, a nivel nacional, la discusión se genera porque no se le permite a los docentes universitarios tener una actualización salarial digna y se les cercena a las universidades, los mecanismos de financiamiento. Entonces -reiteró-, es un contraste muy fuerte. Y ésa creo que es la gran diferencia: por un lado, administrar el Estado con eficiencia y arreglándose con lo propio; y por el otro, la motosierra".

A su criterio, se ha planteado "un caso típico" que permite contrastar un modelo que "se sustenta en la eficiencia y en la austeridad, pero cuidando el poder adquisitivo de los trabajadores y la inversión en educación"; y un modelo que "entiende la educación de otra manera, donde a la hora de asignar recursos, los posterga; y donde a la hora de respetar la autonomía de la universidad, tampoco la tiene en cuenta. Creo que son dos modelos -volvió a decir- en los que se está viendo ese contraste: el esquema de tener un estado equilibrado basado en la eficiencia, versus un modelo también para obtener equilibrio, pero cortando con una motosierra en pedazos el Estado", sentenció.

Consultado acerca de la posibilidad esbozada en algún momento respecto un traspaso de las universidades a las provincias, Olivares dijo que "esa hipótesis no aparece ni siquiera entre las posiciones oficiales". De todos modos, consideró que antes de ingresar a dicho debate, "debe explorarse la cuestión de su constitucional", y sugirió "no vapulear una institución que está plasmada en la propia Constitución como es la autonomía universitaria".

Por Alejandro Venzatti

La Cámara de Diputados de la Nación sesionó este miércoles y respaldó el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento universitario. Los votos afirmativos acompañaban la insistencia de la ley mientras que los negativos apoyaban el veto. Hubo 5 abstenciones y 8 ausencias. Así votaron los santafesinos.

Tal como se veía venir, los diputados santafesinos del PRO y del oficialismo acompañaron el veto mientras que los que forman parte de la UCR, Unión por la Patria y Encuentro Federal, optaron por insistir con la ley, hecho que no sucedió.

El voto de la diputada Germana Figueroa Casas era el que se mantenía en duda hasta este martes cuando los rectores santafesinos le pidieron a los 19 legisladores de la provincia que no apoyaran el veto. Finalmente, la diputada optó por rechazar la ley. Los demás votos estaban “anticipados”.

Cabe destacar, que en la sesión de este miércoles, los votos afirmativos o “a favor” eran para insistir con la ley de Financiamiento Universitario mientras que, los votos negativos o “en contra” apoyaban el veto presidencial a dicha ley.

De los 10 representantes de Santa Fe que rechazaron el veto, 6 son integrantes del bloque de Unión por la Patria: Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli. El listado lo completan los legisladores de la Unión Cívica Radical Mario Barletta y Melina Giorgi, y los socialistas, que integran Encuentro Federal: Esteban Paulón y Mónica Fein.

Germán Martínez, jefe del bloque, manifestó en Diputados: "Mientras que al conocimiento y a la inteligencia con mayúsculas que brinda la universidad pública se le cortan los fondos, a la inteligencia con minúsculas, la de los espías, la conducida por Santiago Caputo y sus seguidores, que tenía un crédito inicial del año 2024 de 65 mil millones de pesos, tendrá el año que viene 350 mil millones de pesos". "Estamos discutiendo algo más grande que si me llevo bien o me llevo mal con un rector de una universidad", agregó.

"Me importa muy poco el mote que me pongan por la votación que haga. Yo voto pensando en la gente. Se busca dividir la sociedad para plantear una grieta entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza", sostuvo por su parte Mario Barletta luego de la votación.

A su turno, en el debate, Mónica Fein expresó que "como socialistas, estamos convencidos que la Universidad pública es el camino del progreso social y del ascenso social, como también el camino de la real libertad". "Venimos a reafirmar nuestro compromiso de financiamiento con la misma", sentenció.

Por su parte, de los 9 diputados santafesinos que acompañaron el veto, 3 son integrantes de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Rocío Bonacci. Los seis restantes representan al PRO: Gabriel Chumpitaz, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y José Núñez.

"En el PRO estamos convencidos de que no podemos resolver los problemas del país repitiendo los mismos errores que nos llevaron a esta crisis. No se puede mejorar la educación ni ninguna política pública si volvemos a quebrar al Estado Nacional", publicó el partido en su cuenta de X luego de la sesión.

Se abstuvieron en la votación de este miércoles, los diputados Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, del partido Innovación Federal y el radical Pablo Cervi. Todos habían apoyado en agosto la ley de Financiamiento Universitario.

La catamarqueña Fernanda Ávila, el chubutense Jorge Ávila, la cordobesa Alejandra Torres, el formoseño Fernando Carbajal, el oriundo de Tierra del Fuego Héctor Stefani, los bonaerense Oscar Zago y Ricardo López Murphy fueron los ausentes en la sesión de este miércoles. Por su parte, la salteña Yolanda Vega, estuvo en el debate pero se retiró poco antes de la votación por una descompensación, según explicaron desde el bloque que representa. 

El veto total que dispuso el gobierno de Javier Milei a la flamante ley de financiamiento universitario tendrá su siguiente capítulo el miércoles desde las 11, si se oficializa la convocatoria a sesión especial pedida por un amplio número de diputados y diputadas de la Nación.

En realidad, fueron tres pedidos: el primero del radicalismo; el segundo de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, y el tercero de Unión por la Patria: todos coinciden en día y hora de la cita legislativa y en el objetivo, que no es otro que sostener la vigencia de la ley.

El decreto 879/24, que plasma el veto presidencial, fue publicado en el Boletín Oficial el jueves último, un día después de la masiva marcha federal que convocó el Consejo Interuniversitario Nacional, docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina y reunió a un amplio sector social y a un espectro político variado, que integró bajo la misma consigna de defensa de la educación pública a sectores del radicalismo, de la Coalición Cívica, el peronismo, la Izquierda y una facción del PRO, por mencionar algunos.

Conocido el rechazo total a la ley, que ya había sido anticipado varias veces por el gobierno nacional, bloques de la oposición, aún de la llamada "dialoguista", presentaron un pedido ante la Presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, para sesionar y rechazar el veto, siempre que se reúnan los votos necesarios.

Será un día después de que la comisión de Presupuesto y Hacienda de la misma cámara comience a discutir la "hoja de ruta" de Gastos y Recursos para 2025. El proyecto de Presupuesto que presentó el Ejecutivo enarbola, como premisa principal, la consigna del "déficit cero", argumento que el gobierno expuso para vetar la actualización jubilatoria hace poco más de un mes y que ahora sostiene para tomar la misma decisión en relación con las universidades públicas.

El tratamiento del Presupuesto promete debate en varios capítulos y también en el relativo a educación, teniendo en cuenta que, en aplicación de la Ley de Bases, suspende la Ley de Financiamiento Educativo, y de Ciencia y Técnica.

A la reunión de comisión, prevista para el martes a las 14, fueron invitados el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas y funcionarios del Ministerio de Economía, mientras que no sería de la partida el titular de la cartera económica, Luis Caputo.

Volviendo al veto de Milei y a las universidades, puertas afuera del Congreso ya arrancó el "poroteo", término que alude al conteo informal de las voluntades que podrían acompañar la medida oficial o insistir con la ley. El gobierno espera atar, a la tropa propia de La Libertad Avanza, el acompañamiento de aliados del PRO, algunos radicales (sobre todo los cinco que lo acompañaron en el veto anterior. Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi y José Federico Tournier) y referentes de otras agrupaciones, tal como ocurrió con la ley de movilidad jubilatoria.

Sin embargo, todo indica que esta vez no se repetiría la ecuación y que los "87 héroes" que posibilitaron la ratificación de aquel veto y compartieron, días después, un asado en Olivos, no utilizarían el mismo criterio.

Un integrante del PRO, Álvaro González, protagonizó varias entrevistas en los últimos días en las que dejó en claro que va a votar por la insistencia de la ley. "El Parlamento no funciona como escudo protector, funciona con la mayoría", dijo el legislador, que va por su tercer mandato, luego de recordar que en la conformación actual del Congreso "nadie tiene mayoría propia para sacar una ley" y que, por esa razón, es necesario dialogar con otra fuerza política.

Diálogo ya existe entre el ex presidente Mauricio Macri y referentes del gobierno libertario para limar asperezas, pero, se especula, para conocer cómo actuará en el recinto el bloque que responde a su línea política. La reunión de los 38 integrantes de la bancada del PRO, que lidera Cristian Ritondo, está prevista para el martes próximo a las 18. Será horas antes de la sesión y buscará definir una postura frente al veto, por un lado, pero también ante una comunidad que marchó, por segunda vez, de manera masiva en todo el país en reclamo de fondos y sueldos dignos.

En simultáneo, los rectores de las universidades públicas anticiparon la idea de reunirse con los legisladores nacionales de sus respectivas provincias, para insistir en la necesidad de rechazar el veto.

Como se dijo, el "poroteo" se materializa fuera del recinto y se nutre, por estos días, de fotos grupales, reuniones y declaraciones. Como la del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien volvió sobre el principal argumento del gobierno y sostuvo que "nadie puede gastar más de lo que entra", a la vez que no descartó el camino de la judicialización que podría emprender Milei si el Congreso ratifica la ley.

O como las palabras de Lourdes Arrieta, ex LLA y actual FE, quien dijo tener "media mano levantada" para votar contra el veto presidencial.

Con ausencias confirmadas (Oscar Zago, por ejemplo, que estará en un viaje ya previsto), otras que se podrían producir el mismo día de la sesión, regresos fugaces como el de Lilia Lemoine desde Ucrania solo para estar en el recinto y sumar su voto a favor del veto, y definiciones que sigan madurando en las próximas horas, la sesión del miércoles se anticipa como de alto voltaje. Será así dentro y fuera del recinto, donde se anticipa que habrá movilización por partida doble: de quienes exigen una recomposición de fondos universitarios, y de los jubilados que desde hace semanas vienen marchando a sol y a sombra por una actualización de sus magros ingresos.

El presidente Javier Milei se mostró activo en las redes sociales luego de oficializar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, tras la masiva marcha en todo el país en reproche a las medidas de recorte presupuestario contra la educación pública superior.

El mandatario apeló a esa herramienta en respuesta a las críticas de la oposición y del periodismo un día después de la multitudinaria movilización en todo el país en rechazo del veto a la ley de financiamiento universitario.

Al mediodía, el presidente almorzó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que tiene a su cargo la negociación con las casas de altos estudios, en medio del ajuste en el gasto educativo.

Con ambos funcionarios se tomó una foto que luego posteó en su cuenta de Instagram, dando a entender el respaldo a su gestión.

“Hoy almorzamos con el presi @JMilei en el @MinCapHum_Ar acompañados por el profe @AleCiroAlvarez”, escribió Pettovello en su cuenta de la red social X, donde reposteó la imagen.

Luego, siguió con una serie de mensajes en su cuenta de X reivindicando políticas de su gobierno. Allí, apuntó contra periodistas, el kirchnerismo, el senador de la UCR, Martín Lousteau, y el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En la red X, el mandatario utilizó una cita apócrifa de Marco Aurelio para cuestionar fuerte nuevamente al periodismo: "La opinión de 10.000 hombres no tiene ningún valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema", fue la frase que difundió, atribuyéndosela al ex emperador romano.

Sobre esa cita, Milei escribió: "¿Entenderán esto la gran mayoría de los periodistas que suelen opinar con pretensión de sabiduría de temas de los que no tienen ni la más mínima idea?. En el fondo son como un gran océano pero de un centímetro de profundidad. La estrella es la noticia no la opinión del ignorante", añadió.

También replicó un video de periodistas que vinculó al kirchnerismo y que se había difundido hace unos meses, cuando el dólar blue había escalado a casi los 1.500 pesos. "Lindo recordar este momento en que los periodistas en el video festejaban la suba del dólar augurando la caída del gobierno... por suerte como los kukas que son no saben un pomo de economía y el video los deja en total off-side frente a la sociedad", sostuvo el jefe de Estado.

Antes, había deslizado una crítica al senador y jefe de la bancada de la UCR, Martín Lousteau. Fue al repostear un video en medio de la marcha universitaria filmado por el influencer libertario Mariano Pérez, en el que denunciaba haber sido agredido por uno de los custodios de Lousteau, mientras intentaba entrevistar al senador nacional. “Democrático y tolerante el Guga”, aseveró el mandatario.

Aquí el siniestro mentiroso (quien era acompañado por tremedo séquito de periodistas) tratando de meter miedo con la evolución del dólar cuya proyección a precios de hoy sería equivalente a $ 7.000 ...Por suerte no llegó ni llegará a ser Presidente... y su séquito...CIAO! https://t.co/6lzrxGkFDV

Por otro lado, también apuntó contra Rodríguez Larreta, al compartir un video del ex alcalde porteño del año pasado, cuando en una entrevista televisiva dijo que si Milei ganaba la presidencia el dólar iba a trepar a los "3.500 pesos".

"Aquí el siniestro mentiroso (quien era acompañado por tremendo séquito de periodistas) tratando de meter miedo con la evolución del dólar cuya proyección a precios de hoy sería equivalente a $7.000 . Por suerte no llegó ni llegará a ser Presidente... y su séquito... ¡ciao!", expresó Milei.

Durante la jornada, el Presidente también hizo una gran cantidad de retuits de mensajes de dirigentes oficialistas y usuarios de X alineados al espacio libertario y que destacaban la baja de la cotización del dólar blue y las recientes declaraciones de Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, sobre una "incipiente" recuperación de la economía y de los salarios en Argentina.

La economía empieza a dar buenas noticias en materia de inflación, nivel de actividad y salarios reales, por lo que caerá la pobreza y la indigencia. Imagino que el collage opositor y los periodistas liberticidas afines estarán muy enfadados con estas noticias...VLLC...!!! https://t.co/1CPImG3YIs

Sobre esto último, el propio Presidente escribió: "La economía empieza a dar buenas noticias en materia de inflación, nivel de actividad y salarios reales, por lo que caerá la pobreza y la indigencia. Imagino que el collage opositor y los periodistas liberticidas afines estarán muy enfadados con estas noticias...VLLC...!!!".

Además reprodujo notas periodísticas que informaron sobre una posible visita a la Argentina para fin de mes del magnate de origen sudafricano y dueño de la empresa Tesla, Elon Musk, con quien Milei se reunió viarias veces en sus recientes viajes a Estados Unidos en búsqueda de inversiones.

(Por Mauro L. Muñoz) - La disputa entre el gobierno y las universidades se agudizó en cercanía de la nueva marcha federal, convocada para este miércoles en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso para recomponer fondos para la educación pública superior en la Argentina, frente a la política de ajuste fiscal que implementa la administración libertaria que comanda Javier Milei.

Ante la proximidad de la movilización, el gobierno presentó una oferta de aumento salarial a docentes y no docentes de las Universidades Nacionales. Sin embargo, los gremios rechazaron de forma tajante la propuesta y ratificaron la participación en la marcha federal de este 2 de octubre en todo el país.

La oferta consistió en un 6,8% de incremento para el mes de octubre, equiparando un punto por encima el aumento de los empleados de la administración central enrolados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Torrendell y Álvarez encabezaron la reunión con los gremios. En Capital Humano señalaron la oferta como "histórica". Desde la ConaduH la definieron como un intento de "manipulación frente a una marcha que va a ser grande".

Fue presentada a los gremios por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con la intención de aplacar la intensidad de la manifestación y el nivel de adhesión a una movilización que se prevé alto como lo fue la del pasado mes de abril.

Sin embargo, la convocatoria provocó el efecto contrario en los gremios, que expresaron que fue "un intento de manipulación frente a una marcha que va a ser grande", con una oferta "insuficiente" y que no hay "garantías" a la demanda de restitución que ubican en torno al 50% desde diciembre a esta parte.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano apuntó duramente contra los gremios y afirmó que el rechazo "va en detrimento del propio sector que dicen representar". Y agregó que la negativa "muestra la resistencia a aceptar las mejoras que surgen del diálogo y el consenso, apostando en cambio por la confrontación".

A través de un comunicado, la cartera de la que depende la secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias, calificó el ofrecimiento de "histórico" y dijo que el rechazo "deja en evidencia los verdaderos intereses de quienes se oponen a una mejora concreta de los ingresos".

Las críticas del gobierno no solo involucraron a los gremios, sino que los funcionarios también apuntaron contra los rectores de las casas de altos estudios.

La marcha convocada para este miércoles se proyecta como una de las mayores protestas contra el gobierno de Javier Milei, reeditando la gran adhesión social que tuvo la movilización de abril pasado en defensa de la educación pública.

La ministra Sandra Pettovello ya había agitado las aguas del conflicto con las Universidades previo al cruce con los docentes a través de un comunicado en el que hizo un cuestionamiento sobre la situación presupuestaria de las Universidades Nacionales.

En el escrito que la funcionaria compartió en sus redes sociales, había expresado que el Ejecutivo realizó "un incremento de un 270 por ciento en los gastos de funcionamiento", con “especial atención” a los hospitales universitarios, remarcando que el monto mayoritario fue destinado a la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo rector y vicerrector, Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, encabezan los reclamos contra las políticas educativas libertarias.

A su vez, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, criticó la dependencia en el financiamiento que tienen las Universidades Nacionales al disertar en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires: "Las universidades tienen que tener sus propios recursos para tener dinámicas de libertad. La universidad se vuelve esclava cuando depende de pedir recursos al Congreso", señaló.

Asimismo, durante este fin de semana, acusó de "inventar alumnos" a las universidades para cobrar fondos de parte del gobierno nacional: “Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia. Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos. Y luego los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”, manifestó en una entrevista radial que no cayó nada bien entre los rectores de las casas de altos estudios.

Ante la acusación, quien recogió el guante fue el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, salió a rechazar estas acusaciones y arremetió contra el funcionario por su "desconocimiento" del sistema universitario.

"La verdad que se hace un poco difícil opinar sobre conceptos que al menos tienen confusión, imprecisión, error. Yo creo que a diez meses de gestión del secretario de Educación ya es grave el desconocimiento que tienen sobre el sistema universitario público de educación superior", sostuvo Moriñigo entrevistado por Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Víctor Moriñigo habla en la conferencia conjunta entre rectores, docentes, no docentes y estudiantes convocando a la marcha federal universitaria.

Para explicar por qué no se pueden "inventar alumnos", el presidente del CIN indicó que "las universidades reciben su presupuesto por una inercia histórica de hace 40 años, en donde la cantidad de alumnos no manda a la hora de la situación económico-financiera por parte del Estado".

Detalló además que la controversia surgió a partir de una modificación en la ley de educación en 2015, cuando se cambió la consideración sobre el concepto de "alumno regular". Dijo que, hasta entonces, un alumno era considerado regular si aprobaba al menos dos materias al año. Tras la reforma, se otorgó a cada universidad la potestad de definir sus propios criterios.

"Lo que dice el gobierno es que, analizando la base de datos, surge que hay un 38% de alumnos que no registran actividad alguna con la universidad", expresó el rector. Sin embargo, aclaró que esto puede deberse a múltiples factores: "Los chicos por cuestiones de vocación ingresan, rinden mal, no les va bien, tienen problemas con la secundaria; son un montón de problemas que seguramente tenemos que mejorar".

No hay alumnos que no existen en las universidades como dice el Gobierno, están debidamente documentados en el Ministerio de Capital Humano. Además, el presupuesto no se calcula por la cantidad de estudiantes. pic.twitter.com/Wr4G8gzr1A

También salió a rebatir esa acusación la diputada y ex secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, explicando cómo se contabilizan los estudiantes en el sistema universitario: "La información está en el Ministerio de Capital Humano. Es producida por el SIU Guaraní", señaló en sus redes sociales.

De esta manera, la legisladora radical y ex funcionaria durante el gobierno de Mauricio Macri, le respondió al secretario de Educación, Carlos Torrendel: "Desde el Gobierno de Cambiemos es nominal (con nombre y apellido). ¿Las declaraciones de casi 800.000 son inventadas?", se preguntó, y agregó: "Este mismo sistema recoge las materias rendidas y lo publica la Secretaría de Educación en su anuario estadístico".