La Cámara de Diputados de la provincia dio este jueves media sanción al proyecto que establece el Juicio por Jurados en Santa Fe y la iniciativa pasó al Senado para su tratamiento. “Estamos dando un paso importante en la democratización de nuestro sistema de justicia, acercando a la sociedad a uno de los poderes del Estado y fortaleciendo la participación ciudadana”, afirmó la diputada Rosana Bellatti. El proyecto -impulsado por el Ejecutivo provincial- dispone la integración del juicio por jurados para causas penales con 12 miembros titulares y 2 suplentes, que serán sorteados y recibirán una paga de medio jus diario. Además, se establece que el panel debe garantizar la paridad de género.

Respecto del veredicto, el jurado podrá determinar que un acusado es "no culpable", "no culpable por razón de inimputabilidad" y "culpable", y debe ser por decisión unánime del jurado. En caso de no arribar a la unanimidad, se contempla una mayoría agravada de diez votos.“La participación enriquece a todas las instituciones, la justicia va a mejorar y los actores actuales del Poder Judicial deberán hacer una mejor tarea para demostrar a los ciudadanos lo que se está juzgando. Es una herramienta novedosa para Santa Fe, pero que ya se viene aplicando en otras 11 provincias del país con excelentes resultados”, finalizó Bellatti. El juicio por jurados es un mandato establecido por la Constitución Nacional de 1853, y contemplado en diferentes artículos de la Constitución Provincial y del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020 fueron condenados este lunes.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi recibieron la pena de prisión perpetua.

Por su parte, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión.

El fallo de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia se dio a conocer en el Tribunal Oral de Dolores donde se realizó el debate oral por el crimen entre el 2 y el 26 de enero últimos.

La audiencia comenzó a las 13.17, cuando el secretario del tribunal Federico Omar Marasco inició la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. Antes, el abogado defensor de los rugbiers pidió que los ocho acusados puedan escuchar la sentencia de pie, lo que fue autorizado por el tribunal.

Seis minutos después, se escuchó la pena máxima para cinco de los acusados y las otras tres condenas para los partícipes secundarios.

Tras escuchar el veredicto condenatorio y el monto de la pena, Máximo Thomsen se descompensó, lo que obligó al tribunal a interrumpir la lectura durante cinco minutos y desalojar la sala de audiencias.

El fallo de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia se dio a conocer en el Tribunal Oral de Dolores donde se realizó el debate oral por el crimen entre el 2 y el 26 de enero últimos.

Los jueces pidieron que se investigue a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo, dos de los rugbiers que no llegaron a juicio oral, por los delitos de falso testimonio, tal como había sido solicitado por la fiscalía.

Apenas finalizada la audiencia, los rugbiers fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal 6 de Dolores, a la espera que se resuelva si son nuevamente alojados en la cárcel de La Plata.

Los padres de Fernando Báez Sosa llegaron minutos antes de las 12 horas a Dolores para escuchar la lectura de la sentencia del juicio que se le sigue en esa ciudad bonaerense.

A paso lento y con el afecto de decenas de vecinos que gritaban “perpetua” para los acusados y “Justicia”, Silvino Báez y Graciela Sosa ingresaron a la confitería de un hotel cercano al edificio de los tribunales, donde entre otros, se abrazaron con Ramón Dupuy, el abuelo del niño Lucio que fue asesinado en Santa Rosa y que llegó minutos antes para acompañarlos.

Sin hacer declaraciones y tomados del brazo, Silvino y Graciela aguardarán al equipo de abogados que conduce Fernando Burlando para dirigirse a los tribunales, donde a partir de las 13 comenzará la lectura de la sentencia.

Para acompañar a Graciela y Silvino, dos tíos de la víctima viajaron desde Paraguay. Ambos pidieron para este lunes una sentencia “ejemplar” y aseguraron que esperan que los ocho imputados por el crimen del joven estudiante de abogacía “sean condenados a perpetua” porque “todos son culpables”.

Inocencio Sosa, hermano de Graciela, declaró que “las expectativas son que se haga justicia, una justicia ejemplar que implica prisión perpetua”.

Respecto a cómo esperaban el veredicto su hermana Graciela y su cuñado Silvino, el tío de Fernando comentó: “Están con mucho nerviosismo y ansiedad, esperando que se haga justicia para que Fernando pueda descansar en paz”.

El Tribunal de Audiencia de La Pampa dará a conocer este jueves el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, cometido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, en el que los jueces determinarán la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez; ambas acusadas y detenidas por el asesinato.

En la audiencia donde los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si ambas son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante” no estarán presentes las acusadas.

La pena no se dará a conocer este mismo jueves, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.

Crimen de Lucio Dupuy: convocaron a una movilización para el día del veredicto

En caso de que el Tribunal valorara las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia. También deberá definir si aceptan la calificación de “crimen de odio” por razones de género, planteado por el abogado querellante, José Mario Aguerrido.

Si bien en Santa Rosa es usual que los veredictos se den a conocer por escrito, en este caso se dispuso leerlo en la audiencia, a la que fueron convocadas las partes y a la que tendrá acceso la prensa. Comenzará a las 12.

Desde la mañana temprano, los familiares paternos de Lucio convocaron a una marcha en reclamo de justicia que se desarrollará en cercanías del palacio de justicia, que se encuentra totalmente vallado.

Caso Lucio Dupuy: denunciaron por mal desempeño a la jueza que le entregó la tenencia a la madre

Las acusadas permanecerán alojadas en el Centro de Detención de la provincia de San Luis a la espera de la resolución del juicio.

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

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A Páez, en tanto, el MPF le imputa el “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.

Los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa reciben este miércoles la visita de sus familiares antes de conocer el veredicto del juicio el próximo lunes.

Será en la Unidad 6 de Dolores donde están alojados desde el 1° de enero pasado y para estar en cercanía de los tribunales donde se los viene juzgando desde ese momento. Están detenidos temporalmente hasta que finalice el proceso el próximo 6 de febrero, cuando se conocerá si son o no condenados a prisión perpetua tal cual lo pidió la fiscalía y la querella, representante de los papás de Fernando.

Todos los miércoles de enero los rugbiers recibieron la visita de sus familias en el penal ubicado a unas diez cuadras de los tribunales. Hacia allí también fue varias veces su abogado, Hugo Tomei, para planificar el desarrollo del juicio y hasta el día previo a lo que fue la declaración indagatoria de la mayoría de los imputados, el 18 de enero pasado.

Previo a estar alojados en Dolores, los ocho implicados por el crimen venían con prisión preventiva alojados en el penal de Melchor Romero y aún no está confirmado si luego de un eventual veredicto condenatorio, volverán a ese lugar o se les destinará otro lugar de detención.

El lugar de detención es un asunto que mantiene en vilo al Servicio Penitenciario Bonaerense pues los ocho permanecen aislados del resto de la población carcelaria ante el temor de que sean agredidos. A tal punto que no sólo están en un lugar aislado, sino que el poco tiempo de aire libre que se les concede también lo hacen solos.

En el penal de Dolores también permanecen aislados y hace poco hubo un operativo donde se les secuestró los celulares a Blas Cinalli y Enzo Comelli, a raíz de un supuesto uso indebido porque habrían interactuado con cuentas de la red social Instagram que los apoyan ante la llegada del veredicto.

Los celulares en la cárcel fueron otorgados durante la pandemia y para que los detenidos no pierdan el contacto con sus familiares, pero el uso de las redes sociales les está prohibido, y ante la sospecha es que se les quitó sus equipos.

Una ONG de los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2020, la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa otorgó la tenencia del menor a su madre, y a la pareja de esta, quienes actualmente están detenidas por el crimen del niño, a la espera de que el próximo jueves un tribunal de juicio resuelva si son o no culpables, informaron fuentes judiciales.

La acusación daría inicio a una investigación formal sobre la culpabilidad de la denunciada, junto a los demás funcionarios dependientes que, sin tomar los recaudos socio-ambientales, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte.

La denuncia penal fue ingresada por la Fundación “Más Vida” en la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa. Una vez que se inicie la investigación formal —explicaron en un comunicado— “podrá determinarse la culpabilidad de la magistrada denunciada, junto al resto de los funcionarios intervinientes que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.

“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso….”, lamentó Raúl Magnasco, presidente de la fundación denunciante.

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Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, dé un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.

Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en diálogo con Radio Mitre.

Además, el abuelo del niño de 5 años aseguró que desde el asesinato de Lucio, Pérez Ballester nunca se comunicó con la familia para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.

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Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas a la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.

El próximo jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

La pena no se dará a conocer ese día, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua. En caso de que el Tribunal valorará las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

El Tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa confirmó este jueves que el veredicto será el lunes 6 de febrero, donde se conocerá el fallo para los ocho imputados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.

María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, confirmó, tras las “ultimas palabras” de los acusados, que ese día se conocerán la sentencia a las 13.

Llanto y pedido de disculpas de los rugbiers acusados por el crimen de Báez Sosa

Tanto la Fiscalía, como la querella y la defensa afirmaron estar de acuerdo con la decisión del Tribunal.

La decisión fue anunciada este jueves, luego de que finalizara la etapa de alegatos en el proceso judicial que tiene como imputados a los ocho rugbiers que atacaron al joven a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell hace tres años.

Antes de eso, los ocho rugbiers pidieron “disculpas” a la familia de la víctima, manifestaron estar “arrepentidos” del hecho, indicaron que “no hubo ningún plan de matar” y aseguraron que lamentan “la muerte de un joven de su misma edad”, al decir sus “últimas palabras” en el juicio que se les sigue en la ciudad de Dolores.

Luego de que la fiscalía y la querella solicitaran prisión perpetua para los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, este jueves la defensa encabezó la segunda jornada de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Allí, el letrado Hugo Tomei pidió la abolición de los imputados porque afirmó que el delito no está probado.

Hacia el cierre del juicio, se le concedió la palabra a los ocho rugbiers imputados. En la oportunidad, y a su turno, Máximo Thomsen se quebró al hablar ante el tribunal. “Quiero pedir perdón a las familias y a las personas afectadas. Me lastima muchísimo porque es un chico de nuestra edad. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás”, comenzó y en llanto siguió: “Estoy muy arrepentido. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

“Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por todo lo que pasó. Es muy triste, no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”, dijo Blas Cinalli.

Matias Benicelli manifestó: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Nunca tuve ninguna intención de matar a nadie”.

Y, finalizando, Ciro Pertossi declaró: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, perdón a la familia”.

Tras las últimas palabras de los imputados, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores fijó la fecha de lectura del veredicto para el próximo 6 de febrero.

La Confederación General del Trabajo rechazó esta tarde el fallo donde se condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por “supuestos delitos” contra la administración pública.

“Este vergonzoso veredicto se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas donde no se ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno, sino meras opiniones de los jueces y fiscales de la causa. En días donde la connivencia entre autoridades y operadores del Poder Judicial y el poder mediático fue definitivamente demostrada a partir de las revelaciones que surgieron del viaje a Lago Escondido, resulta fundamental señalar que esta decisión no es más que una mancha más en la historia de la Justicia argentina”.

Y agrega: “Esta Confederación General del Trabajo repite una vez más que los actos de gobierno no son judiciables, y solo el pueblo a través del voto decidirá el destino de sus representantes políticos”.

Un importante operativo de seguridad se montó en los tribunales de Comodoro Py, a la espera del veredicto contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por el que la fiscalía pidió la pena de 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita.

Personal de distintos departamentos de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, dispuso un despliegue de personal en la zona y la colocación de vallados para evitar incidentes.

En ese sentido, se espera la llegada de grupos de militantes y de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales para respaldar a la vicepresidenta, que escuchará el veredicto (inocente o culpable, y en este último caso cuántos años de pena) del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.

Los uniformados dispusieron un triple vallado por los alrededores de Comodoro Py, por lo que estará prácticamente blindado, con unas 300 vallas. Habrá alrededor de 200 efectivos desplegados por la zona.

De esa forma, los magistrados y los trabajadores judiciales ingresarán al edificio por la parte trasera.

También se dispuso la presencia de personal de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal y de Bomberos de la fuerza. Lo que restaba por definirse era si se iban a cortar o no las calles de las adyacencias de los tribunales.

Martínez, quien estuvo en pareja siete meses con Úrsula, está acusado por homicidio agravado. Semanas atrás tanto la fiscalía como la querella reclamaron que sea condenado a prisión perpetua.

Comienza el juicio por el femicidio de Úrsula Bahillo

El joven llega detenido al juicio, pues el mismo 8 de febrero en que se sospecha mató a Ursula fue aprehendido. En su defensa, dijo que la joven de 18 años primero lo agredió a él con un cuchillo de cocina, y que él para defenderse la atacó. Ella recibió 15 puñaladas.

El hecho ocurrió cuando la pareja había roto su relación, luego que ella lo denunciara reiteradas veces por amenazas y violencia de género. Incluso, el mismo día del crimen, a él se le había notificado de la imposición de una restricción perimetral que días previos había violado al acercarse a ella en Rojas.

En sus respectivos alegatos, el fiscal Sergio Terrón y el querellante Emilio Basso, representante de la familia de la joven, rechazaron la versión del acusado y ambos coincidieron en pedir la pena de prisión perpetua.

La fiscalía le recordó que en cuatro ocasiones Martínez violó  las restricciones perimetrales que le había impuesto la Justicia ante las denuncias de Úrsula.

Es que el 15 de enero último la llamó varias veces, el 5 de febrero también y hasta le mandó 79 mensajes, mientras que el 6 y7 de ese mes la interceptó en las calles de Rojas.

“No tuve intención de hacerle daño, fue un momento desesperado”, dijo en su indagatoria ante el Tribunal donde comenzó a ser juzgado.

#niunamenos: marcha en Santa Fe por el femicidio de Úrsula Bahillo

“Sentí mi vida en peligro”, señaló Martínez, tratando de argumentar que, presuntamente, actuó en defensa propia, y ante ello, el fiscal de juicio Sergio Terrón le preguntó qué pasó que Úrsula terminó apuñalada 15 veces: “No recuerdo haberla apuñalado”, contestó.

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Antes de conocer la decisión del Tribunal de Juicio de Salta -que dictaría sentencia el próximo viernes- hoy se llevará a cabo de una audiencia muy importante para el proceso. Se trata del último día de debate previo a los alegatos finales y la lectura del fallo, en el que se suman más pruebas claves: la reproducción de nuevos audios ofrecidos por la fiscalía de juicio y la posible declaración de Gonzalo Isaac Farfán, uno de los tres coimputados por abuso sexual.

Según indicaron fuentes con acceso a la causa, no hay certeza de que el acusado vaya a hablar hoy frente a los jueces pese a que el Ministerio Público Fiscal salteño comunicó oficialmente que lo hará. “Farfán viene amagando hace bastante con declarar. El problema es que él ya declaró por escrito ante la Fiscalía y esa declaración lo está complicando porque se está contradiciendo con la declaración de Silvio Rodríguez, el tercer imputado en la causa”, estima una fuente del caso desde los tribunales salteños.

En ese sentido, explicaron que al declarar oralmente, modificando sus dichos, “queda en duda su relato”. Sin embargo hay expectativa porque hoy será la última oportunidad que tiene el acusado de dar su versión.

A tono con las audiencias durante todo el juicio, la de hoy no será menos explosiva. Es que además de la probable declaración de Farfán, imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Rodríguez y Teruel, en perjuicio de una joven de 19 años de la que habrían abusado en 2014, durante la jornada el fiscal Federido Obeid expondrá los audios que hacen falta y que comprometerían a los acusados.

“Corresponden a dos celulares secuestrados, de los cuales se extrajeron mensajes y grabaciones. Son los teléfonos de Farfán y Rodríguez”, señaló la fuente judicial.

De esta manera concluirá la etapa del debate propiamente dicho. De acuerdo con lo que adelantaron desde el MPF, mañana martes no habrá ninguna audiencia y sólo restarían los alegatos de las partes involucradas del jueves próximo y la lectura del fallo, estipulada para el viernes. Sin embargo, admiten desde el tribunal salteño, es probable que el veredicto se conozca la semana que viene.

Según dijeron, los jueces que intervienen en el proceso, Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah, podrían tomarse algunos días para decidir el futuro de los imputados dada la cantidad de prueba producida en el debate, donde además se suma la acusación contra el hijo del músico de Los Nocheros por presuntamente haber violado a una nena de 10 años.

Los alegatos estarán conformados por el fiscal Obeid, dos querellantes y tres defensas. Se espera una hora por cada alegato aproximadamente. La jornada del jueves podría durar al menos 8 horas.

Las expectativas por una condena elevada contra Teruel -el más complicado de los tres- son altas, de acuerdo con lo que resaltaron desde la sede judicial salteña. Si bien las querellas y la fiscalía deben ponerse de acuerdo en el pedido de pena, los posibles montos van desde los 8 a los 20 años.

La confianza en una pena ejemplar se basa los elementos aportados durante la instrucción y el debate. En esa líneas, destacan los audios comprometedores, las declaraciones contradictorias entre Rodríguez y Farfán y las pericias psicológicas en la que queda expuesto que presentan niveles de inmadurez y que no controlaría sus impulsos sexuales. También se evaluarán los testimonios de las víctimas que manifestaron un profundo sufrimiento tras los hechos vividos. Teruel, por otra parte, tiene una tercera denuncia por abuso en la justicia de Menores.

En la audiencia del jueves pasado el hijo de Mario Teruel declaró por primera vez en el juicio. Frente a los jueces, Marco Lautaro reconoció haber abusado de la nena de 10 años pero negó que violó a la joven de 19 en el 2014.

Aseguró que se trató de una relación “consentida” y que “paró cuando ella le dijo basta”.

“Reconocí los hechos desde el primer instante ante la fiscalía. Es lo que sale en los audios y lo que le reconocí a mis viejos y a la psicóloga, con todo el dolor del mundo”, expresó Teruel, al referirse a los abusos cometidos en perjuicio de la víctima menor de edad.

Luego, el acusado aseguró: “Lamento mucho lo que hice. Estoy arrepentido por lo que fui en ese momento. Sé quién soy ahora y quién no quiero ser el día de mañana. Mi intención siempre fue remediar algo que hice y estuvo mal”.

Las repercusiones a sus dichos no se hicieron esperar. Fuentes judiciales del caso explicaron a este medio que su estrategia consiste en admitir los hechos para luego minimizarlos. “En el primer caso asumió y dijo ‘no pero yo era menor’ y en el segundo asume pero dice ‘fue consentido’”, resumieron.

Hay audios incorporados a la causa en los que quedaría expuesta la supuesta estrategia. Allí, por ejemplo, Teruel le dijo a otro de los imputados que trataran de minimizar los hechos.

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