En la jornada de este viernes 24, personal del Departamento Operativo de Investigación (D.O.I.) de la PDI Región III Melincué, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante un exitoso procedimiento contra la comercialización de drogas en la localidad de Carreras.

La medida judicial fue el resultado de diversas tareas investigativas llevadas a cabo por el personal de Microtráfico de Venado Tuerto. Con la orden de allanamiento correspondiente y la colaboración del Grupo de Irrupción del Comando Radioeléctrico (CRE) de Venado Tuerto y personal de la Subcomisaría Primera de la URVIII, los efectivos ingresaron en un domicilio ubicado en la calle Funes al 600.

En el lugar, la policía identificó al principal morador, un hombre de 29 años cuyas iniciales son W. A. E.. Al realizar la requisa del inmueble, el personal actuante obtuvo un resultado positivo, logrando el secuestro de un teléfono celular y de 3,222 kilogramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana.

A raíz de este hallazgo, el fiscal interviniente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, el Dr. Iván Raposo, dispuso la aprehensión inmediata de W. A. E. El sujeto fue notificado de la formación de una causa bajo la carátula de “Tenencia simple de estupefacientes”.

En el marco de un procedimiento abreviado, la Justicia homologó la condena contra Gian Damián Rolón por delitos vinculados al narcomenudeo y la tenencia ilegal de armas. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, con la participación de la defensa técnica del imputado.

Rolón fue condenado como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de armas de fuego de uso civil, en concurso real, recibiendo una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de una multa.

El allanamiento El hecho central de la causa se remonta al 10 de octubre de 2025, cuando personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Independencia al 700 de la localidad de Elortondo.

En el lugar, los agentes secuestraron un envoltorio con cocaína, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes y otros elementos que, según la Fiscalía, resultan compatibles con la preparación y fraccionamiento de droga para su comercialización.

Ventas bajo la modalidad deliveryLa investigación incluyó además tareas de vigilancia y análisis de registros fílmicos. Según se indicó, el joven habría sido captado junto a su pareja realizando maniobras de venta de estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, utilizando un vehículo particular.

Estos movimientos se habrían concretado en distintos puntos de la localidad, lo que reforzó la hipótesis de comercialización sostenida en el tiempo.

Armas sin autorizaciónDurante el procedimiento también se incautaron armas de fuego: una escopeta calibre 12/70 con cartuchos y una pistola calibre 22 con numeración adulterada, además de municiones. Todo el material era poseído sin la correspondiente autorización legal.

Este hallazgo derivó en una imputación adicional, que se sumó a la causa por estupefacientes.

Una denuncia que inició la investigaciónEl caso tuvo su origen en una denuncia anónima realizada el 21 de agosto de 2025 a través del “Buzón de la Vida”. En ella, vecinos alertaban sobre un movimiento constante de personas y motocicletas en el domicilio investigado, con presuntas maniobras de intercambio de droga a distintas horas del día.

A partir de ese dato, se desplegaron tareas investigativas que culminaron con el allanamiento y la posterior imputación del joven.

Un procedimiento policial realizado en la madrugada de este domingo en Venado Tuerto permitió el secuestro de estupefacientes y dinero en efectivo, tras la interceptación de un vehículo que había intentado evadir a la policía.

El hecho se inició cuando personal del Comando Radioeléctrico detectó un Chevrolet Prisma que evitó la presencia policial, lo que motivó un seguimiento controlado que finalizó en la intersección de Lisandro de la Torre y Azcoaga.

Al detener la marcha del vehículo, en el que circulaban cuatro personas, los efectivos realizaron una requisa que derivó en el secuestro de presunta marihuana y una suma de dinero en efectivo.

Ante esta situación, se dio intervención al área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), que continuó con las actuaciones correspondientes.

Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 2da, donde se dio conocimiento a la Fiscalía en turno. Como resultado, se dispuso la formación de causa por infracción a la Ley 23.737 para uno de los ocupantes.

En tanto, los otros tres individuos recuperaron la libertad sin imputación. Además, se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares y la posterior restitución del automóvil.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Joaquín David Miranda, de 22 años, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Mauro Blanco.

Miranda, nacido el 24 de diciembre de 2002 en Venado Tuerto, tenía domicilio en una vivienda ubicada en calle Pavón al 1890, inmueble que funcionaba como punto de venta de drogas y que posteriormente fue demolido en el marco de las políticas de combate al narcomenudeo.

La investigación y el allanamiento

Según la investigación judicial, el domicilio estaba bajo vigilancia debido a maniobras reiteradas de comercialización de estupefacientes que habían sido documentadas durante las tareas de seguimiento.

El 22 de mayo de 2025, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) – Unidad de Microtráfico realizó un allanamiento en la vivienda. En el lugar se encontraban Miranda y una mujer identificada como Micaela Florencia V.

Durante el procedimiento se secuestraron numerosos elementos vinculados a la actividad de narcomenudeo, entre ellos:

Para los investigadores, la cantidad de droga y los elementos incautados permiten inferir claramente que los estupefacientes estaban destinados a la venta al menudeo.

La pena y el delito imputado

A partir del acuerdo entre la fiscalía y la defensa, Miranda fue condenado por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en Argentina.

El tribunal homologó el acuerdo y estableció una pena de cuatro años de prisión efectiva, además de la multa económica fijada en unidades fiscales.

Un búnker que terminó demolido

La vivienda de calle Pavón al 1890, señalada como punto de venta de drogas en el barrio, fue derribada posteriormente como parte de las acciones impulsadas para desarticular lugares utilizados para el narcomenudeo en la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca evitar que los inmuebles vuelvan a ser utilizados para la comercialización ilegal de estupefacientes.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en las últimas semanas en el marco de la ley de microtráfico, tras una serie de allanamientos que derivaron en la detención de líderes narcos y el desmantelamiento de búnkers de venta de droga.

“Estamos avanzando muy firmes en la denuncia, en derrumbar y terminar con estos aguantaderos que le hacen tanto daño a la sociedad”, manifestó el mandatario local, quien destacó especialmente la tarea del fiscal Iván Raposo, a cargo de las investigaciones.

Chiarella afirmó que continuará trabajando en conjunto con la senadora Leticia Di Gregorio y el delegado del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli, para presentar nuevas denuncias. “El objetivo es que los vecinos puedan vivir tranquilos”, remarcó.

El intendente valoró que en los últimos años se diera la detención de Nahuel Novelino, Matías Álvarez y Maximiliano “Wacho” Ríos, señalados como líderes de las principales organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes en la ciudad.

Además, por otro lado, se refirió puntualmente a un procedimiento llevado a cabo en una vivienda de calle República Irlanda al 1.500, donde fueron arrestados dos individuos identificados como Alvizo y Castro. Según explicó, “vendían droga a menores” y el lugar era un “aguantadero donde pasaban muchas cosas más que la venta de droga”.

“Ese búnker hay que derrumbarlo. A fines de 2022 hubo un crimen en ese lugar, y eso es lo que genera la droga: intranquilidad, miedo, encierro. Los vecinos ya no pueden salir a la vereda”, lamentó.

Presencia territorial

Chiarella también contó que visita personalmente las zonas conflictivas. “He pasado por esos lugares. Voy a observar, a sacar fotos, a registrar lo que pasa para que la Justicia tenga herramientas para actuar”, explicó.

En ese sentido, valoró el accionar del Ministerio Público de la Acusación y de los jueces. “Cuando se pide la prisión preventiva, no miran para el costado. Eso es lo que necesitamos: una Justicia comprometida con la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Nuevas denuncias

El intendente señaló que las denuncias parten muchas veces de los propios vecinos, que se acercan con datos sobre puntos de venta. “Nosotros presentamos esa información al fiscal Raposo y se avanza con allanamientos que están dando resultados todas las semanas”, destacó.

Asimismo, hizo referencia a la estructura criminal detrás de la banda del “Wacho Maxi”: “Toda su familia estaba involucrada. Hasta la madre se encargaba del lavado de dinero y las transferencias. Esas organizaciones son las que atacamos, y esos grandes vendedores hoy están presos”, aseguró.

 “Vamos a seguir firmes”

Finalmente, Chiarella afirmó que estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Esta lucha es posible porque hay una decisión política clara. Vamos a seguir con esta actitud para devolverles la tranquilidad a los vecinos”, concluyó.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio ha radicado una nueva denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por presuntos puntos de venta de estupefacientes en un sector de la ciudad de Venado Tuerto.La denuncia está dirigida al  Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto y señala que ha llegado a la senadora y su equipo,  datos que incriminarían a un domicilio específico de la ciudad, donde "se cometerían el delito tipificados en los art. 5 inc. C de la ley 23.737", relata.

Di Gregorio también menciona en el documento que se le ha informado que en la vivienda "los moradores molestarían a los vecinos con hechos violentos y amenazas".  Además, se indica que el lugar "sería un lugar donde se daría frecuente relación con el delito y que habría estado investigado en reiteradas oportunidades".La senadora solicita formalmente al MPA "la investigación de estos presuntos ilícitos que se me han hecho conocer".Como parte de las diligencias, también propone "se libre allanamiento a los domicilios mencionados".

En sus declaraciones públicas, Leticia Di Gregorio enfatizó que, junto a su equipo, "seguimos trabajando para señalar, con nombre y apellido, a quienes alteran la paz y la convivencia en nuestros barrios".

Destacando que este trabajo "se suma a las denuncias recientes que ya han arrojado resultados positivos, demostrando que actuar con responsabilidad y decisión rinde frutos y mejora la seguridad de nuestros vecinos".Cabe recordar, que a fines de octubre una denuncia de la senadora dio como resultado allanamientos en Venado Tuerto y Wheelwright, que culminaron con varios detenidos por venta de estupefacientes y el secuestro de drogas, dinero, teléfonos y un arma de fuego.

En la tarde del jueves, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Pavón al 500, en la ciudad de Venado Tuerto. El procedimiento se enmarca en una investigación que lleva adelante el fiscal Iván Raposo, orientada a desbaratar la venta de drogas al menudeo.

En el domicilio se encontraban seis personas, todas requisadas por los agentes. Cuatro de ellas fueron liberadas al no estar vinculadas con la causa, mientras que dos quedaron detenidas: Matías R., de 34 años, y Alejandra T., de 48 años.

Qué secuestró la policía

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:

Según la investigación, estos elementos evidencian que la droga estaba destinada a la comercialización.

Tanto Matías R. como Alejandra T., domiciliados en Pavón al 500, se le formó causa como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los investigadores sostienen que la organización utilizaba los contactos registrados en las anotaciones para promocionar y coordinar las ventas de droga.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía avanza en el análisis de los elementos secuestrados.

La iniciativa ha generado gran repercusión en la ciudad, al recibir denuncias anónimas de considerable importancia durante las primeras aperturas. Sin embargo, durante la reciente apertura de julio, no se encontró información relevante.

De acuerdo con las autoridades municipales encargadas de manejar con el debido cuidado y confidencialidad este tipo de situaciones tan delicadas, “en esta ocasión, no se hallaron sobres con denuncias dentro de los Buzones de la Vida. El único hallazgo fue un billete de 1.000 pesos, sin información significativa”, declaró la vocera.

Los Buzones de la Vida son espacios anónimos ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, que permiten visibilizar problemáticas graves que afectan a personas en situaciones extremas, donde la vida misma puede estar en riesgo. Estos buzones, que se mantienen activos, ofrecen una vía de expresión y ayuda para aquellos que necesiten asistencia urgente, siempre con las medidas de seguridad necesarias que estas situaciones requieren.

La apertura realizada en la tercera semana de julio no arrojó novedades importantes. La Municipalidad de Rufino aprovechó la ocasión para recordar a la comunidad la existencia de estos puntos de denuncia anónima, destinados a informar sobre delitos como la venta de drogas o la trata de personas. Hasta la fecha, se han realizado diez aperturas, y el martes 22 de julio se realizó una más, consolidando el compromiso con esta práctica.

Los Buzones de la Vida se encuentran en lugares clave de la ciudad: el Centro Cultural Municipal, la Iglesia Santísima Trinidad, el Club Belgrano y el Centro de Salud Marta Frigerio. Estos puntos están disponibles de manera permanente y accesible para quien necesite utilizarlos. La apertura de los buzones se realiza regularmente cada dos meses, siendo la próxima programación para el martes 2 de septiembre de 2025.

Dos personas fueron detenidas en Santa Isabel en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas 23.737, luego de una investigación que se inició por una denuncia pública difundida en redes sociales sobre presuntas maniobras de venta de estupefacientes en la localidad.

La investigación fue impulsada por la División Microtráfico de la Región 3 de la Policía de Investigaciones (PDI), con intervención del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto. A partir de las publicaciones, se elaboró un informe que derivó en la apertura formal de una causa penal.

Con el avance de las tareas de inteligencia criminal, se logró reunir evidencia que permitió solicitar dos órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron el jueves 20 de junio en dos domicilios ubicados en San Martín al 1800 y Güemes al 1100, ambos en cercanías del Club Deportivo Juventud Unida, en el barrio centro de Santa Isabel.

Durante los operativos, personal de la PDI detuvo a una mujer de 27 años y a un joven de 19, a quienes se les secuestraron elementos que refuerzan las sospechas de comercialización de estupefacientes.

En los allanamientos se incautaron 57,3 gramos de marihuana fraccionada, una balanza digital, siete teléfonos celulares, recortes de nylon, bandas elásticas, una pipa, una “tuca”, fertilizantes líquidos, abono y la suma de $294.450 en efectivo.

Por disposición del fiscal Raposo, ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial, permanecen incomunicados y fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación continúa bajo la órbita de la justicia federal.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este jueves una serie de allanamientos en Venado Tuerto vinculados a una investigación por microtráfico. Los procedimientos, ordenados por el fiscal Iván Raposo, se desarrollaron en tres viviendas ubicadas en calles Pavón al 1.800 y Marenguini al 300.

Detenciones y secuestrosDurante los operativos, las fuerzas de seguridad aprehendieron a siete personas: Joaquín M., Micaela V., Juan S., Brian J., Ulises R., Victoria C. y Maximiliano G. Además, se incautaron diversos elementos relacionados con la venta ilegal de drogas, entre ellos:

Apoyo y seguimiento judicialPara garantizar la efectividad y seguridad de los procedimientos, se contó con la colaboración del Comando Radioeléctrico de la URVIII. Tras las detenciones, las siete personas fueron trasladadas a sede policial y puestas a disposición de la justicia, tal como dispuso el fiscal interviniente.

El presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, hizo una nueva exposición ante sede policial para denunciar nuevamente a sujetos que fueron señalados por los vecinos como vendedores de estupefaciente. “No podemos ni debemos normalizar la situación”, esgrimió el jefe comunal que ya hecho este tipo de denuncias.

Sin bien, varias personas denunciadas por el presidente comunal “terminaron presas, algunas aún lo están y otras ya en libertad volvieron a las andadas como si nada”, mencionó Goyechea en redes junto al documento de la denuncia.

En su relato, el presidente comunal explicó que personalmente ve “domicilios con gran circulación de consumidores a toda hora, recibimos información de personas con problemas de consumos problemáticos que están en tratamiento, también de vecinos cansados de la impunidad, de profesionales de la salud que la pelean todos los días, etc, etc, etc y más etcéteras, con ese sustento me presenté a realizar la denuncia”, sostuvo.

Agregando que “vamos a estar muy activos hasta borrarles las carcajadas, ya hemos visto a varios con lagrimones cuando se les termina la joda con las manos esposadas en la espalda”, advirtió.

Asimismo, manifestó que “si hay personas que tienen problemas de consumo estamos y estaremos presentes con varias herramientas,  con el grupo Enlaces, con profesionales capacitados para ayudar pero si venden, tengan o no problemas de consumos, vamos a ir hasta el hueso para que no sigan complicando nuestra comunidad”, cerró. 

Quedaron en prisión preventiva un hombre de 21 años y una mujer de 33 que son investigados por actividades vinculadas a la venta de drogas en la localidad de Santa Isabel (departamento General López).

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Martín, en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto.

El fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó las preventivas ante el magistrado es Iván Raposo.

El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal y el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal.

Plantas de marihuana

Raposo indicó que “el hombre y la mujer investigados, cuyas respectivas iniciales son MP y LD, mantienen una relación de pareja y comercializaban estupefacientes en una vivienda ubicada en calle Hipólito Irigoyen, entre Chubut y Entre Ríos, en la localidad de Santa Isabel”.

“Durante la madrugada del viernes pasado, se concretó un allanamiento en el inmueble, donde se encontraron un arma de fuego, tipo pistolón, y tres plantas de marihuana de alrededor de 1,50 metros que pertenecían a los investigados”, especificó el funcionario del MPA.

Asimismo, señaló que “minutos más tarde, se allanó también un domicilio cercano, ubicado en calle Sarmiento, entre Chubut y Entre Ríos, donde los imputados fueron detenidos”. Afirmó que “allí se les secuestraron 153.270 pesos en efectivo, un cuaderno con anotaciones relativas al negocio ilícito, una pistola calibre 22 y municiones”, y precisó que “ninguno de los dos estaba autorizado a tener armas de fuego en su poder”.

“Los elementos hallados por la fuerza de seguridad llevan a presumir inequívocamente que la pareja se dedicaba a la venta de drogas al menudeo”, resaltó.

Denuncia

En cuando al origen de la investigación, Raposo destacó que “la denuncia fue radicada en Venado Tuerto por el presidente comunal de Santa Isabel, quien aportó información recabada por diferentes equipos técnicos de la gestión de la comuna, así como por vecinos que habían expresado su preocupación por las conductas delictivas”.

Delitos

Tanto el hombre como la mujer imputados son investigados por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la tenencia indebida de armas de fuego de uso civil.

Al igual que viene sucediendo en varias localidades del sur santafesino, Sancti Spiritu acaba de colocar tres Buzones de la Vida para que los vecinos puedan denunciar, de manera anónima, delitos vinculados con la venta de drogas y la trata de personas.

Esta herramienta para la lucha contra la inseguridad, ya está disponible en tres espacios accesibles para la ciudadanía: la Comuna, el Hospital y el Juzgado de Paz.

“Los buzones ya están en funcionamiento y listos para recibir los datos que puedan aportar los vecinos”, expresó el presidente comunal de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti, considerando que aquellas personas que tienen que padecer situaciones vinculadas con estos delitos o que cuenten con información precisa, la puede brindar, con el objetivo de mejorar la seguridad. 

“Muchos vecinos nos dicen sobre movimientos que tienen en sus barrios o en espacios públicos. Esas descripciones sin duda serán parte de las denuncias que se recibirán y permitirán que las autoridades judiciales cumplan con las investigaciones. Esta es la mejor herramienta que le podemos dar para que llegue directo a la justicia”, exclamó. 

Asimismo, indicó: “El tema venta de droga y delincuencia empieza a preocuparnos en nuestra localidad, por eso tomamos la decisión, junto a todo el equipo de la Comuna, de poner en marcha este programa”.

Vincenti afirmó que en Sancti Spiritu “son tres los que se dedican a la venta de droga y los tenemos identificados”, pero se requieren elementos suficientes para que la justicia pueda actuar y “mejorar considerablemente la situación”.

 Desde la Comuna, a su vez, recordaron que están trabajando junto a la Provincia en la instalación de cámaras de seguridad para prevenir hechos delictivos o, de cometerse, tener la posibilidad de resolverlo. 

“A través del programa Incluir, compramos 32 cámaras que ya se están instalando. De este modo, tendremos todos los ingresos monitoreados, incluso con lectores de patentes”, indicó.  

“El último robo que tuvimos fue hace un par de semanas cuando se llevaron una moto, que afortunadamente se encontró en Rufino. Vemos que la mayoría de los hechos se registran son cometidos por gente de afuera. Tener las cámaras y la central de monitoreo nos ayudará en el control de los ingresos y las calles del pueblo”, enfatizó. 

Por último, anunció que se colocará mejor iluminación en los ingresos, a partir de fondos del plan Vínculos para mejorar la iluminación de los accesos.   

Cuatro personas fueron imputadas en el marco de un legajo en el que se las investiga por actividades vinculadas a la venta de droga en Venado Tuerto. Se trata de dos mujeres y dos hombres que tienen entre 23 y 43 años.Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Eduardo Lago ante la jueza Paula Borrello, en una audiencia que se desarrolló en la mañana de este lunes en los tribunales venadenses.La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal llevadas a cabo por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Lago indicó que "las cuatro personas investigadas fueron detenidas en allanamientos que se concretaron el viernes pasado en viviendas lindantes, ubicadas en Junín al 2.800, en Venado Tuerto", y aclaró que "pertenecen a un mismo grupo familiar"."En uno de los domicilios, las fuerzas de seguridad secuestraron 1,3 gramos de cocaína", expuso el fiscal. "Por otro lado, en total se hallaron 2.401 gramos de marihuana –en uno de los inmuebles había 2.196 gramos y en otro, 205", especificó. 

Según remarcó, "es claro que el objetivo delictivo era la comercialización minorista de drogas, ya que también se encontraron balanzas de precisión, numerosos envoltorios para distribuir los estupefacientes y 638.770 pesos en efectivo". A su vez, precisó que "a los imputados se les secuestraron 12 teléfonos celulares y una notebook".

A las cuatro personas investigadas se les endilgó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares está programada para el próximo miércoles, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venado Tuerto. En relación a ello, el fiscal Lago adelantó que solicitará que tanto las dos mujeres como los dos hombres imputados transiten el proceso judicial en prisión preventiva. 

Con autorización judicial, este viernes por la mañana, el Gobierno de la Provincia derribó otros dos puestos de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico. 

En uno de los operativos, encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, tuvo lugar en calle Anchorena al 1500 de barrio Tablada, donde estaba instalado el primer espacio de venta de drogas que se dispuso derribar. Las tareas estuvieron vinculadas a una resolución judicial dictada esta semana, que autorizó la demolición de siete inmuebles en total relacionados a la banda investigada por los homicidios de cuatro trabajadores en marzo pasado.

Acompañado en el lugar por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Adrián Spelta, el ministro Cococcioni informó que “se inició una tanda de inactivaciones coercitivas de puntos de venta de estupefacientes. Van a ser un total de siete lugares, algunos de ellos contiguos y otros en algunos puntos de la cercanía, pertenecientes todos o vinculados a la actividad ilícita de un grupo de personas, vinculados no solo al tráfico de estupefacientes, sino a algunos de los homicidios de alta connotación social que han tenido lugar hace casi dos meses”.

Asimismo, Cococcioni manifestó que “se consiguieron las órdenes judiciales de demolición e inactivación y con la supervisión de los fiscales que vinieron a cumplimentar la medida en persona, y procederemos a inactivar físicamente mayormente mediante el derribo” y agregó que “los siete búnkeres estarían vinculados a la banda en la que participa o lidera el grupo del delincuente conocido como Chucky Monedita”.

Por su parte, el fiscal Saldutti, destacó que “este lugar en particular, en relación a los hechos que se ventilaron en audiencia la semana pasada, era un lugar donde se reunían los distintos miembros del grupo que cometió varios de los hechos y en particular fue donde estaban reunidos antes de dirigirse a cometer el hecho del primer taxista asesinado, el del 5 de marzo” y resaltó que “por todas las causas están detenidos los autores materiales y el grupo de instigadores y particularmente en este lugar se diligenciaron allanamientos donde fueron aprendidas algunas de estas personas”.

Finalmente, el fiscal Carbone aseguró que “los vecinos celebran este tipo de medidas, además del impacto real que tiene en el barrio para las personas que sufren la presencia de los narcos. Lo que es novedoso es el derribo de la instalación por esta normativa inédita en la provincia. Ahora estamos acompañados por esta normativa y por el Poder Ejecutivo provincial que nos agiliza estas cuestiones para poder solucionar de alguna manera, la vida a las personas que viven acá”.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina elaboró un informe que pone el foco sobre la percepción de la venta de drogas en los barrios, en el narcomenudeo, y el consumo. El documento busca sumar elementos a un debate público creciente y pretende aportar un diagnóstico de la problemática.

De acuerdo al Observatorio, “los datos recabados revelan una situación generalizada que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, la cual se ve agravada por la falta de políticas públicas efectivas y la normalización del consumo”. “Las causas del consumo son multifactoriales, incluyendo la búsqueda de identidad, expresión cultural o alivio temporal ante el estrés, la ansiedad o la depresión; causando un fuerte daño no solo en el individuo consumidor, sino en toda la familia”, detalla.

Al mismo tiempo, el estudio “destaca la importancia de abordar con urgencia este complejo problema desde dos ángulos: la oferta y la demanda, para poder lograr soluciones adecuadas”. De acuerdo al informe, se observa un aumento sostenido de la venta de drogas en los barrios en los últimos años.

Esta situación solo ocurre en el 18,7% de los hogares de CABA en el año 2023, pero sucede en el 35,6% de los hogares del conurbano bonaerense. Por otro lado, la ausencia de vigilancia policial incrementa el riesgo de venta a un 41,5%.

No obstante, en barrios que perciben presencia de vigilancia policial, el número se reduce a un 25,6%.

La percepción de venta de drogas sube al 62% en villas de emergencia y al 70,5% en barrios de viviendas sociales. Los resultados, para el equipo técnico que realizó el trabajo, muestran un aumento en la percepción de venta y/o tráfico de drogas, conforme aumenta la vulnerabilidad socioeconómica.

En hogares de clase media alta, este riesgo es del 15,4% , mientras que alcanza a la mitad de los hogares del nivel socioeconómico muy bajo (47,4%). Esto no significa que no exista un problema en estratos más altos, sino que es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.

La universidad, asimismo, presentó los datos desagregados por los principales aglomerados urbanos del país. El problema aparece con mayor prevalencia en los barrios con baja vigilancia policial del conurbano (43,6%) y del Gran Rosario (41,4%).

Este riesgo también aumenta en niveles socioeconómicos más bajos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38%).

“A raíz de una escasa evidencia empírica por parte del Estado, es fundamental contar con información que identifique los grupos vulnerables y los factores que perpetúan este problema que representa una grave amenaza para la sociedad, tanto en salud pública como en seguridad”, destaca la UCA en el análisis.

“Como sociedad nos encontramos ante un grave problema que debe ser atendido de manera prioritaria: la drogadicción y el riesgo de convertirnos en un “narcoestado””, advierte el informe y agrega: “La agenda pública ha marcado una preocupación en torno al consumo problemático de sustancias, el cual representa una situación fundamental de salud pública y de seguridad en la sociedad, frente a la ausencia comprometida y eficaz del Estado”, agrega.

“Esta problemática aparece en el marco de una crisis socioeconómica, de aumento del trabajo informal y frente a la debilidad o ausencia tanto de políticas preventivas hacia el consumo, como represivas hacia el narcomenudeo y el tráfico de drogas. En un contexto de marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental -cuando no complicidad- con acciones de intervención que pongan un límite al flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo -tres diferentes dimensiones de un mismo problema-”, señala.

En diciembre último, el Observatorio presentó los resultados socioeconómicos de las últimas dos décadas. Según la última medición de la UCA, la pobreza se ubicó en el 44,7% en tercer trimestre del año, una cifra similar a la del 2020 y la más alta desde 2006, 41,2 por ciento. Desde una óptica multidimensional, la universidad concluyó que 67% de la población al menos sufre una carencia.

“Nos enfrentamos así una epidemia que preocupa y debe ser atendida de manera urgente, al afectar principalmente a la población joven y económicamente activa, destruyendo la base productiva de la Nación; además de afectar a todo el grupo familiar, y no solo al enfermo”, reflexiona el paper.

Y cierra: “No obstante, vemos cómo la sociedad realiza acciones que perpetúan e incrementan el uso de sustancias, como la altísima rentabilidad del negocio de las drogas, los medios de difusión que lo presentan como algo inocuo y el marketing positivo en una sociedad de consumo que privilegia éxitos rápidos y la drogadicción como un estimulante para alcanzar el éxito u olvidar el fracaso. Esto conduce a la normalización del consumo de sustancias en la sociedad, dificultando cada vez más la lucha contra esta problemática”.

La flamante senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación contra personas que se dedican a la venta de estupefacientes en una vivienda de Venado Tuerto.

Según publicó en redes sociales la legisladora, se trataría de un caso de “microtráfico”, enmarcado en la ley aprobada recientemente, donde la justicia provincial puede combatir al narcomenudeo. 

Di Gregorio sostuvo que “a lo largo de estos años, desde nuestro equipo hemos denunciado con nombre y apellido a aquellos que perturban el orden social mediante la venta de drogas”, destacando que “en su rol como senador, @lisandroenrico , junto al intendente @leonelchiarella , ha sido constante en la labor de representar a los vecinos que sufren estas situaciones”, por lo tanto, “continuaremos por este camino, buscando llevar paz y tranquilidad a cada uno de ellos”, indicó.

Tanto Enrico como Chiarella fueron víctimas de amenazas como consecuencias de las denuncias realizadas. Algunas de ellas siguen en investigación con causas abiertas, otras ya recibieron sentencia, pudiéndose comprobar que en su mayoría los amedrentamientos se organizaban desde las cárceles. 

Como senadora, “me comprometo a hacer llegar cada denuncia, asumiendo la responsabilidad de hacerlo con nombre, apellido y domicilio, con el objetivo de impulsar las investigaciones”, destacó, agregando que “hoy, gracias a la sanción de la nueva ley 14.239 sobre ‘microtráfico, en la cual hemos trabajado durante mucho tiempo, podemos solicitar a la justicia provincial que intervenga en estos casos”.

Por último, aseguró que “seguiremos trabajando para llevar la tranquilidad que cada uno de los vecinos de la ciudad, el departamento y la provincia merecen”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en una tarea coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo otro operativo para derribar puestos de venta de drogas, en el marco de la nueva Ley de Microtráfico, en la ciudad de Rosario. 

En primer lugar, se derribó el puesto de venta de drogas de Necochea y Pasaje Ivanowsky. Según la investigación, pertenecía a un narco apodado “Chuqui Monedita”. Luego, fue el turno de un puesto ubicado en Felipe Moré al 600 bis que, según la causa que tramita el fiscal Franco Carbone, pertenece al clan del narco Francisco “Fran” Riquelme. En ambos casos, se realizó el derribe y se inutilizaron los inmuebles. Posteriormente, también en inmediaciones de Moré, se procedió a la inutilización de otro puesto de venta.

Estos operativos se llevan adelante mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira detalló cómo funcionan estos lugares: “Los búnkers tienen una lógica de trabajo que no es permanente, se ocupan temporariamente para la venta. Los elementos probatorios están en la causa. Y no hay una presencia constante de personas en los puntos de venta. Los identificamos como búnker para que la gente lo comprenda, pero funcionaban como puntos de venta. Los búnkers tenían, en los años 2013 o 2014, otra infraestructura mucho más rígida, un local cerrado con una ventanita para la venta. Estas son viviendas usurpadas que se destinan temporariamente para la venta”, especificó.

Luego, el funcionario dio detalles de cómo se llega a este procedimiento: “Hay una sentencia de la jueza que se ha posado en los elementos probatorios presentados por el fiscal, donde se ha constatado que hay usurpación y están todas las medidas precautorias tomadas por la Justicia para que se lleve adelante esta medida”. A continuación, informó que hubo un allanamiento previo en el que surgieron “las pruebas que ha presentado el fiscal en la causa” y recordó que este “es un lugar simbólico, icónico, en la lucha contra de los vecinos, hace años, en esta cuestión”.

La fiscal Vanina Servidio Pozzi presentó un recurso de apelación para solicitar que se revise en segunda instancia una resolución mediante la cual se ordenó remitir a la Justicia Federal tres legajos en los que se investiga a cuatro personas que cometieron delitos en Firmat (departamento General López).

A uno de los investigados -de iniciales MEA-, y a una mujer -cuyas iniciales son MAB-, se les endilgó la participación necesaria en el homicidio de Érica Tamara Ávalos. A su vez, ese hombre es investigado por extorsiones cometidas junto con otros dos imputados -de iniciales IGM y EJR, respectivamente-, y por amenazas coactivas.

Quien es investigado en los tres legajos además amedrentó a la fiscal en una audiencia desarrollada de forma remota en mayo de este año. En relación a ese hecho ilícito, se creó un cuarto legajo que está a cargo del fiscal Eduardo Lago.

Investigaciones diferentes

La incompetencia provincial fue planteada por la Defensa de los imputados y convalidada por la jueza Mariana Vidal.

“Si bien los imputados están involucrados en la comercialización de estupefacientes, les atribuimos delitos comunes que deben ser abordados por la Justicia Provincial”, sostuvo Servidio Pozzi. Al respecto, recordó que “la determinación de la naturaleza federal de una causa debe ser realizada por razones excepcionales que no están presentes en este caso”.

La fiscal explicó que “desde hace meses, el hombre de iniciales MEA es investigado por ambos fueros en relación a hechos diferentes”. En tal sentido, puntualizó que “desde la Unidad Fiscal Firmat llevamos a cabo un intercambio de información y acciones coordinadas con la Justicia Federal”, y ejemplificó el trabajo conjunto con “una serie de allanamientos realizados en abril que fueron fructíferos para ambas partes”. A su vez, manifestó que “el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación nunca solicitó intervenir en nuestro legajo”.

Por otro lado, Servidio Pozzi afirmó que “desde el MPA reconocemos que generalmente el narcotráfico propicia la comisión de delitos comunes, pero no por ello debemos enviar todas las investigaciones de este tipo al fuero federal”.

Homicidio

Servidio Pozzi indicó que “el investigado determinó e instigó a otros dos hombres a matar a Ávalos, mujer con la que él mantenía un conflicto interpersonal”.

El homicidio fue el miércoles 28 de diciembre del año pasado a las 3:30 de la madrugada en la vía pública en Firmat. La fiscal relató que “desde una motocicleta que pertenece a la imputada -quien es la pareja de MEA-, los atacantes se acercaron a la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon 17 veces con un arma de fuego”. A causa de la agresión, Ávalos falleció tres días después.

Extorsiones

La representante del MPA planteó que “entre el miércoles 9 de noviembre y el día del homicidio de Ávalos, los tres hombres investigados extorsionaron en reiteradas oportunidades a un hombre y una mujer a los que conocían previamente”.

“Mediante comunicaciones telefónicas, los investigados les exigieron a las víctimas entregas de entre 100.000 y 500.000 pesos a cambio de no sufrir la muerte de allegados ni daños materiales”, precisó Servidio Pozzi. “A partir de la conducta delictiva, se apoderaron ilegítimamente de 100.000”, aclaró.

Amenaza

La fiscal mencionó que “al imputado de iniciales MEA también se le atribuyó haber amenazado telefónicamente a un hombre al que le ordenó matar a una persona”. Especificó que “le dijo que si no cumplía con lo encomendado, su madre, su padre y su hijo iban a morir”, y agregó que “durante la intimidación, le brindó datos precisos acerca de dónde estaban cada uno de sus familiares en ese momento”.

Delitos

Al hombre de iniciales MEA y a la imputada se les endilgó la participación necesaria en el delito de homicidio calificado (por ensañamiento y por el uso de arma de fuego). Además, a los tres hombres se los investiga por la coautoría de extorsión -en un caso consumado y en otro, en grado de tentativa. A su vez, MEA está imputado como autor de amenazas coactivas.

*Foto ilustativa

El Ministerio de Salud de Entre Ríos dispuso la expulsión del Estado del enfermero Esteban Joel Pérez, quien fue condenado en 2019 por comercializar drogas en su casa y en el hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano, donde se desempeñaba.

El 12 de noviembre de 2019 el enfermero acordó en un juicio abreviado cumplir seis años de prisión efectiva por la actividad delictiva que desplegaba en su casa y en el centro asistencial. La sentencia la firmó el juez de Garantías Emir Gabriel Artero. El hombre cumple su condena en la Unidad Penal N° 8 de Federal.

Dos detenidos de Coronda, sorprendidos con dos kilos de droga en Sauce Viejo

Ahora, a través del Boletín Oficial, se conoció el decreto N° 4399 mediante el cual se dio por finalizado el sumario abierto en 2019 y se dispuso la cesantía del agente narco. El enfermero condenado por vender marihuana y cocaína en el nosocomio fue encontrado incurso en las causales de cesantía por la violación de las prohibiciones previstas la Ley N° 9.755, Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia de Entre Ríos.

“Se encuentra acreditado en las actuaciones penales que el agente Pérez comercializaba sustancias estupefacientes (cannabis sativa- marihuana y cocaína) en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio de la entrega de éstas y como contraprestación sumas de dinero, realizaba estas actividades en el Hospital Público General Francisco Ramírez de la ciudad de San José de Feliciano, cuando se desempeñaba en la guardia como enfermero de dicho nosocomio, como también en su vivienda”, argumenta el decreto de cesantía, entre otros párrafos.