Una investigación judicial que comenzó por un robo calificado en la localidad de Sancti Spiritu derivó en el desbaratamiento de una presunta actividad de narcomenudeo en Venado Tuerto.

El fiscal Iván Raposo imputó a Micaela Ayelén B. (ex pareja del narco Matías Alvarez), de 26 años, quien fue detenida tras permanecer prófuga luego del hecho delictivo en el que habría participado junto a su pareja, Agustín B.

Según la investigación, la identificación de la joven se logró a partir de tareas de análisis fílmico y de la declaración del propio Agustín en audiencia judicial.

Allanamiento clave en Venado TuertoLa detención se concretó mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Deán Funes al 1000, donde además se produjo un hallazgo que cambió el eje de la causa.

En el lugar, los efectivos secuestraron:

Para la fiscalía, estos elementos resultan compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Vínculos con una red de microtráficoA partir del procedimiento, los investigadores profundizaron las tareas de análisis criminal y detectaron que la joven no actuaría de manera aislada.

En ese marco, fue vinculada con Cintia Lorena Z., señalada como una figura relevante dentro de una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona.

Los indicios recolectados ubican a Micaela Ayelén B. dentro de ese entramado, con participación en la comercialización de droga.

Imputación y medida cautelarEn la audiencia imputativa, el Ministerio Público de la Acusación le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora.

El juez interviniente dispuso la prisión preventiva de la joven mientras avanza la investigación, que no descarta nuevas medidas y posibles detenciones.

Una mujer de 30 años fue condenada en Venado Tuerto a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación estuvo a cargo del fiscal especializado en microtráfico, Iván Gastón Raposo, y se resolvió mediante un procedimiento abreviado. En ese marco, la imputada, Joana Ríos, reconoció su responsabilidad penal por los hechos investigados.

La defensa fue ejercida por el abogado Mauro Blanco, quien acordó con la Fiscalía los términos de la condena.

Allanamiento y secuestro de droga

El hecho central de la investigación se remonta al 17 de octubre de 2025, cuando personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Obispo Rossi al 500.

Durante el procedimiento se incautaron:

De acuerdo con la acusación, la cantidad de sustancia secuestrada y los elementos hallados permitieron establecer que la droga estaba destinada a su comercialización.

Venta bajo modalidad “delivery”

Uno de los aspectos relevantes de la causa fue la incorporación de pruebas fílmicas obtenidas durante la investigación. Según detalló la Fiscalía, los registros muestran a la imputada realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

Las operaciones se concretaban bajo la modalidad de “delivery”, utilizando una motocicleta, en distintos puntos de la ciudad durante los días 3, 4 y 9 de septiembre, en horas de la tarde.

Calificación legal y condena

El hecho fue encuadrado en la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, prevista en la Ley 23.737.

En función de la evidencia reunida y el acuerdo entre las partes, la Justicia dispuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarla autora penalmente responsable del delito.

Este lunes por la mañana, en el Juzgado Federal de Venado Tuerto comenzó un juicio oral y público contra cuatro personas acusadas de infringir la Ley 23.737. Se trata de una causa por comercio agravado de estupefacientes, que incluye además, en uno de los casos, el cargo de cultivo y siembra de plantas destinadas a la producción de drogas.

Imágenes clave y denuncia municipal

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia realizada por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Venado Tuerto. El área municipal había remitido a la entonces Fiscalía Federal imágenes del sistema de videovigilancia donde se observaría una transacción presuntamente vinculada a la venta de estupefacientes.

Según consta en el expediente, en las grabaciones se identificó a una persona en la esquina de Rivadavia y San Martín que se dirigía hacia un vehículo estacionado, donde se habría producido un intercambio de dinero por sustancias. Luego del hecho, el sospechoso abandonó el lugar en otro automóvil.

Tribunal, fiscales y defensas

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, conformado por los jueces Osvaldo Facciano, Mariano Gambacorta y Eugenio Martínez. El Ministerio Público Fiscal está representado por el auxiliar Mariano Barabani.

En tanto, las defensas están a cargo de la Defensoría Oficial —representada por los abogados Julio Agnoli y Julieta Espósito— y del defensor particular Oni Visley Mura.

Avance de la causa y allanamientos

Con el avance de la pesquisa, se incorporó una segunda causa conexa —identificada como “NN Castelli 2700”— también iniciada por una denuncia del municipio en relación a maniobras compatibles con la venta de drogas.

Las diligencias judiciales permitieron establecer la participación de los imputados en las actividades ilícitas. En el marco de los allanamientos ordenados por el juez interviniente, se procedió al secuestro de estupefacientes y otros elementos considerados de interés para la causa.

El proceso judicial

La audiencia se desarrolla en la sala del Juzgado Federal de Venado Tuerto. Se prevé la declaración de testigos, la producción de prueba documental y pericial, y los alegatos de las partes.

Dos personas fueron condenadas por la venta de droga al menudeo en Venado Tuerto. Se trata de Valentín Lucio Vivas y Sasha Ailín Maldonado, quienes tienen 22 y 21 años, respectivamente.

A Vivas se le impuso una pena de seis años de prisión y se lo inhabilitó por diez años para conducir vehículos, ya que además del hecho de microtráfico cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por otro lado, Maldonado recibió una pena a cuatro años de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses.

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal. En tanto, el fiscal Damián Cassullo llevó adelante la investigación.

En una moto

Cassullo señaló que “el sábado 1 de marzo de este año, alrededor de las 3:00 de la madrugada, los condenados circulaban a bordo de una motocicleta cuando agentes policiales que estaban haciendo un patrullaje preventivo les ordenaron que frenaran la marcha”. Al respecto, añadió que “intentaron evadir a la fuerza de seguridad, pero momentos después fueron interceptados en la esquina de Francia y 25 de Mayo”.

Al ser requisados “por los uniformados, Maldonado tenía en su poder envoltorios de nylon que contenían cocaína, dinero en efectivo y dos celulares”, precisó el fiscal. “Las dosis de material estupefaciente estaban destinadas a la venta al menudeo”, especificó.

Siniestro vial

En relación al homicidio culposo, el funcionario del MPA detalló que la persona que falleció era una mujer identificada como Martina Ailén León.

Casullo puntualizó que “el domingo 30 de julio de 2023 aproximadamente a las 7:00 de la mañana, Vivas transportaba a la víctima por Venado Tuerto en una moto que él conducía mientras tenía alcohol en sangre”, y agregó que “actuó de manera imprudente, negligente y antireglamentaria”. Según remarcó, “en la avenida Santa Fe, el condenado provocó un siniestro vial al intentar pasar por delante de un automóvil que cruzaba por calle Pueyrredón”.

El fiscal indicó que “como consecuencia de la colisión, León fue proyectada por encima del auto y cayó al suelo”. En tal sentido, manifestó que “ella sufrió un fuerte golpe en la cabeza que causó su muerte en el acto”.

Responsabilidad penal

Tanto Vivas como Maldonado reconocieron su responsabilidad penal como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad. Por su parte, el condenado además admitió la autoría de homicidio culposo.

En ambos casos, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, cada una de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

A instancias del fiscal Iván Raposo, la jueza resolvió ordenar la prisión preventiva de un joven y otorgar la prisión domiciliaria a una mujer en estado de lactancia, tras una audiencia imputativa realizada este jueves en los tribunales venadenses. Ambos están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de un allanamiento que permitió secuestrar drogas, dinero, municiones y otros elementos vinculados con el hecho ilícito.

Qué ocurrió y quiénes están involucrados

El fiscal Iván Raposo imputó formalmente a Nahiara P. (27 años) y a Ezequiel D. V. (24 años), ambos residentes de Venado Tuerto, por su presunta participación como coautores en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La pareja llegó a la audiencia en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia del intendente municipal, Leonel Chiarella.

El hecho investigado se remonta al 12 de agosto de 2025, cuando se realizó un allanamiento en su domicilio (ubicado en calle Dimmer al 300) donde se incautaron 810.350 pesos, 61,4 gramos de cocaína, plantas de marihuana, una balanza de precisión con rastros de cocaína, tres teléfonos celulares, abonos orgánicos y fertilizantes, focos de luz, recortes, tijeras, un encendedor, envoltorios de marihuana y municiones de armas de fuego: 44 cartuchos calibre 9×19 y tres calibre 357. Todo esto, junto a registros fílmicos de maniobras típicas de venta, avaló la hipótesis de comercialización.

Dónde actuaban y puestos de venta públicos

Las investigaciones, que incluyeron filmaciones e inteligencia de campo, apuntan a que la pareja operaba en espacios públicos de Venado Tuerto, principalmente en la Plaza del Inmigrante (zona de Azcuénaga y Aufranc, en barrio San Vicente) muy cerca de un establecimiento educativo. Este dato resulta especialmente sensible al considerarse el entorno donde se habrían desarrollado las actividades ilícitas.

Audiencia imputativa y medidas cautelares

Durante la audiencia, el fiscal Raposo expuso la prueba colectada y la tipificación de la conducta. La magistrada, resolvió que el joven quede bajo prisión preventiva, mientras que la mujer fue beneficiada con prisión domiciliaria, en virtud de su condición de madre lactante

Fundamentos de la resolución judicial

La decisión judicial se sostiene en los indicios contundentes de comercialización (cantidad de droga y dinero incautado, medios técnicos, registros fílmicos) y el riesgo procesal que representaría la libertad del imputado. La medida diferida para la mujer refleja una consideración del Estado respecto a su condición materna, intentando equilibrar la protección familiar con la prosecución de la causa.

Durante un operativo de rutina realizado por la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, fue aprehendido un hombre acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El procedimiento tuvo lugar el jueves 1 de agosto en la plazoleta 26 de Abril, ubicada en la intersección de Av. Casey y Mitre.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto fue sorprendido en plena vía pública mientras realizaba maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. Ante esta situación, los agentes procedieron a identificarlo y a realizar un cacheo preventivo, hallando entre sus prendas varios envoltorios con marihuana.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención al Ministerio Público de la Acusación, donde la fiscal de turno, Dra. Florencia Schiappapietra, ordenó el secuestro del material estupefaciente y del teléfono celular del implicado, además de disponer su traslado a la Comisaría 2ª de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Desde la fuerza federal destacaron que este tipo de acciones se enmarcan en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de “prevenir delitos y continuar con la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo”.

Cuatro personas fueron detenidas en Venado Tuerto acusadas de vender droga bajo la modalidad “delivery” en el barrio Rivadavia, utilizando menores de edad. La investigación se originó a partir de una denuncia realizada por el intendente Leonel Chiarella y derivó en una causa que incluyó cinco allanamientos simultáneos.

El propio mandatario dio a conocer el nombre de los detenidos: “Natalia Amaya, Javier ‘Beco’ Orellano, Leonel ‘Leito’ Andrada y Sofía Enea”. El operativo fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la dirección del fiscal Iván Raposo y con intervención del juez Leandro Martín.

Consultado al respecto el intendente Leonel Chiarella recordó que la investigación comenzó con una denuncia que presentaron desde el Gobierno municipal junto al funcionario del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli.

“Cuando el Estado actúa con decisión, la Justicia avanza y la Policía investiga, los resultados llegan. Este es el camino: enfrentar al delito con firmeza, sin mirar para otro lado”, señaló al respecto Chiarella.

Luego, el mandatario remarcó: “Vamos a seguir trabajando para que los vecinos vivan con tranquilidad. No hay lugar para el narcotráfico en Venado Tuerto”.

Durante los procedimientos se secuestraron 16 teléfonos celulares, $1.305.410 en efectivo, marihuana, cocaína fraccionada, una balanza de precisión, recortes de nylon, cartuchos, un reloj inteligente y un picador.

Los detenidos fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de menores de edad, y quedaron bajo prisión preventiva sin plazo.

Tras el posteo realizado en las redes sociales, donde confirmó el desmantelamiento de una banda narco-criminal que traía droga desde La Matanza para abastecer distintos puntos de venta en el sur santafesino, el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella brindó más detalles de la investigación a través de la cual lograron la detención de cinco personas, entre ellas Diego Torancio y Nahir Cervera que están sindicados como líderes de la organización.  

Según explicó el propio mandatario, se trató de una investigación de gran alcance, ya que operaba con base en el conurbano bonaerense y extendía su accionar en Venado Tuerto y otras localidades de la región. A partir de una serie de allanamientos, en un trabajo coordinado Justicia Federal, fuerzas de seguridad, fiscales y autoridades municipales, no sólo se logró detener a los supuestos involucrados, se secuestraron evidencias importantes y hasta se destruyeron dos búnkers que funcionaban en el barrio Villa Moisés, en la zona sur venadense. 

“En Venado hay una decisión política firme: enfrentar al narcotráfico con nombre y apellido. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace tiempo”, sostuvo Chiarella.

La semana pasada se concretaron 14 allanamientos simultáneos: 13 en territorio santafesino —la mayoría en Venado Tuerto— y uno en el conurbano bonaerense, específicamente en La Matanza, donde la banda tenía su epicentro. En total, participaron más de 60 efectivos y se logró la detención de varias personas, además del secuestro de droga, armas de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos clave para el funcionamiento de la red.

“La droga era traída desde Buenos Aires y distribuida en Venado por personas a las cuales veníamos denunciando hace tiempo. Ellos eran los nexos directos de la organización en nuestra ciudad”, explicó el intendente.

Según Chiarella, dos de los detenidos, integraban la estructura de una banda liderada por Maximiliano Ríos, alias “El Guacho Maxi”, actualmente detenido en una cárcel federal de máxima seguridad. “Muchos de los responsables de este tipo de delitos están hoy presos. Son los peces gordos del narcotráfico”, señaló Chiarella.

También fue detenido Lucas Torancio, hermano de Diego Torancio, y otros integrantes menores de la organización. Todos están sujetos a proceso judicial, pero su detención representa un paso fundamental para cortar el circuito delictivo.

Chiarella fue enfático al rechazar la idea de que “solo se atrapa a perejiles”. “No hay ningún perejil acá. Todos forman parte de una misma estructura que destruye familias y genera violencia. Desde los que traen la droga, hasta los que la venden en la esquina. Todos saben lo que hacen y deben rendir cuentas por eso”, dijo.

El mandatario recordó que la venta de drogas está directamente vinculada con otros delitos, como robos, violencia armada, y la descomposición del tejido social. “Por eso no subestimamos a nadie. Cada paso que damos en esta lucha es importante”, afirmó.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Federal, contó con intervenciones telefónicas, análisis de movimientos financieros y seguimientos en el terreno. “Imaginate la magnitud del trabajo: se llegó hasta La Matanza, con pruebas sólidas. No fue algo improvisado. Es el resultado de años de denuncias, vigilancia y trabajo articulado entre municipio, justicia y fuerzas federales”, enfatizó el intendente.

Según detalló, la causa aún está en desarrollo, y no se descartan nuevas detenciones ni la apertura de otras causas conexas a partir de los datos extraídos de los teléfonos celulares incautados.

En relación a los derribos de viviendas utilizadas como puntos de venta, Chiarella defendió la decisión judicial: “Muchos de esos lugares están marcados por el delito. Cuando se intenta reinsertar una familia trabajadora, muchas veces son atacadas por los mismos narcos que antes vivían allí. Se han visto casos de amenazas, disparos y violencia extrema”.

“No podemos exponer a los vecinos a ese riesgo. Por eso la Justicia determina el derrumbe de esos espacios. Es una señal clara: ahí no se vuelve a vender droga. Ahí empieza algo nuevo”, remarcó.

Incluso recordó que en algunas viviendas usurpadas para la venta de droga, tras las detenciones, los consumidores seguían yendo a comprar, lo que obligó a colocar carteles como “Aquí ya no se vende droga”.

El pasado 22 de mayo, la Policía de Investigaciones de la Unidad de Microtráfico llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto. La investigación fue encabezada por el fiscal Iván Raposo y culminó con la detención de seis personas, de las cuales cinco fueron imputadas y quedaron bajo prisión preventiva por orden del juez Mauricio Clavero en una audiencia que se llevó adelante en la tarde de este lunes. 

Las tareas investigativas incluyeron filmaciones y seguimientos a distintos domicilios sospechados de funcionar como puntos de venta de drogas. Las pruebas reunidas derivaron en allanamientos, donde se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La audiencia duró cinco horas, entre las 13.15 y las 17.30,  donde declararon todos los imputados. 

Además, desde Fiscalía se destaca “ el trabajo de la División Microtráfico de la Circunscripción 3, su actividad investigativa y posterior para la realización de este trabajo y los respectivos secuestros”.  

Detalles de los implicados

Juan Manuel S.

Fue detenido en una vivienda ubicada en calle Pavón al 1800. Según la investigación, se lo observó realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. En el operativo se secuestraron 15,3 gramos de marihuana y un teléfono celular. El fiscal lo imputó como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Victoria C. y Brian J.

Los fueron hallados en una casa de calle Marenghini al 300. Allí se incautaron 22,1 gramos de marihuana en envoltorios, una planta de cannabis, frascos con más droga, 22 blisters de pastillas, un cigarrillo armado, celulares y elementos de corte. Según la investigación, Victoria sería quien organizaba las maniobras de venta en esa zona de la ciudad. También fueron imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, una tercera persona que había sido detenida, quedó en libertad, al comprobarse que se encontraba en el lugar circunstanciamente. 

Joaquín M. y Micaela V. 

Fueron detenidos en otro allanamiento en calle Pavón al 1800 (vereda impar). En esa vivienda se hallaron 213,6 gramos de marihuana, 15 envoltorios de cocaína, seis celulares, dos balanzas de precisión, una contadora de billetes, una réplica de arma de fuego y $378.000 en efectivo. Ambos enfrentan cargos como coautores del mismo delito.

Medidas judiciales

El juez Clavero hizo lugar al pedido del fiscal Raposo y dictó la prisión preventiva ordinaria para los cinco imputados, medida que regirá mientras se avanza con la etapa investigativa y hasta que se celebre el juicio oral.

En la madrugada del viernes 21, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevó a cabo una serie de allanamientos en Venado Tuerto, resultando en la detención de cuatro personas acusadas de comercializar estupefacientes. Los operativos, dirigidos por el fiscal Iván Raposo, forman parte de una investigación en curso sobre microtráfico en la región.

Detalles de los allanamientos 

El primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Camarero al 1.300. En este domicilio fueron aprehendidos Miguel Ángel O. y Marisol Eva M. Durante la inspección, se incautaron 0,2 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión, $75.000 en efectivo y dos plantas de cannabis con un peso total de 4 kilogramos. Estos elementos sugieren la existencia de actividades de venta de drogas en el lugar.​

El segundo operativo tuvo lugar en calle Camarero al 1.500, donde fueron detenidas Débora Natali A. y Agustina Milagros A. En esta residencia, las autoridades confiscaron 10 gramos de cocaína distribuidos en dos envoltorios, una balanza de precisión, cuadernos con anotaciones de clientes y $152.790 en efectivo. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el inmueble funcionaba como punto de venta de estupefacientes.​

Imputaciones y marco legal

Los cuatro detenidos enfrentan cargos por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", según lo establecido en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737, en concordancia con el artículo 45 del Código Penal Argentino. Esta calificación legal podría derivar en penas de prisión significativas para los implicados.​

En la jornada del martes, el juez Leandro Martín ordenó la prisión preventiva de Saha M. y Lucio Valentín V., acusados de comercializar cocaína en Venado Tuerto. La investigación, liderada por el fiscal Damián Cassullo, se inició el 1 de marzo cuando la policía detuvo a los sospechosos en la intersección de 25 de Mayo y Francia. Durante la requisa, se encontró cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de cocaína. La pena por este delito oscila entre 4 y 15 años de prisión.​

Detalles del operativo

El 1 de marzo, personal del Comando Radioeléctrico intentó identificar a los ocupantes de una motocicleta Honda Titan 150 negra sin patente. Los sospechosos intentaron evadir el control, pero fueron interceptados en la esquina de 25 de Mayo y Francia. El conductor no tenía documentación del vehículo, y la acompañante llevaba bolsas con cocaína fraccionada para la venta. También se incautaron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Las pruebas realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que la sustancia era cocaína.​

Proceso judicial y antecedentes

Tras la detención, el fiscal en turno ordenó la aprehensión de los sospechosos y solicitó las audiencias imputativas y de prisión preventiva, que se llevaron a cabo el 4 de marzo. El juez Leandro Martín consideró acreditada la probabilidad de la comisión del delito y los riesgos procesales, por lo que dictó la prisión preventiva. Fuentes judiciales informaron que el conductor de la motocicleta había estado involucrado en un accidente fatal años atrás en la intersección de Av. Santa Fe y Pellegrini, causa por la que espera juicio oral.

Marco legal y declaraciones oficiales

Estas acciones se enmarcan en la Ley Provincial 14.239, que otorga a la provincia la competencia para investigar y sancionar delitos de "microtráfico" con el objetivo de proteger la salud pública. El fiscal Cassullo expresó satisfacción por la resolución y destacó la importancia de estas investigaciones para combatir la venta de sustancias prohibidas que afectan a la comunidad.​

En el marco de una investigación por venta de estupefacientes en Rufino, agentes encubiertos de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo tareas de campo que derivaron en dos allanamientos. Como resultado, se logró el secuestro de marihuana, cocaína, elementos de fraccionamiento y anotaciones de interés para la causa.

El operativo fue realizado por la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, con apoyo de la División Apoyo Operativo Táctico Rosario, bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Circunscripción Judicial N°3, Unidad Fiscal Venado Tuerto.

En el procedimiento, fue detenido un hombre identificado como R.M.G, de 29 años, señalado como responsable de la venta de drogas en la localidad. La justicia ordenó su traslado a la Comisaría 3ª de la Policía de Santa Fe.

El punto de venta desmantelado funcionaba en inmediaciones de un establecimiento educativo, lo que incrementaba la preocupación de la comunidad.

La Policía Federal Argentina reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, en línea con los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Este jueves se efectuó en la sala Intendente Garnier del Palacio Municipal la primera apertura del año de los Buzones de la Vida, recolectándose 47 sobres con denuncias sobre venta de drogas y/o trata de personas.

La secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, explicó que los buzones son una herramienta confiable, porque se tiene respuestas con investigaciones que se inician a través de este instrumento y terminan con allanamientos y/o personas detenidas.

Sobre la cantidad de sobres que se recolectan en cada buzón, la funcionaria aclaró que “todos tuvieron denuncias, pero el primer lugar fue para el que se encuentra emplazado en el Palacio Municipal, igual no siempre las posibles denuncias son propias de la zona donde está ubicado, los vecinos saben que hay ocho buzones colocados en diferentes puntos de la ciudad”.

Asimismo, Rocha recordó que “es una herramienta segura porque es anónimo, y transparente, porque a través de la prensa se puede ver el procedimiento desde la apertura de cada buzón, cuando se sacan los sobres, se cuentan, se colocan todos en un sobre grande y se labran las actas correspondientes. Además, contamos con la presencia de representantes de Fiscalía Federal que participan del acto y se llevan directamente esos sobres”, detalló.

Con respecto a la cantidad de posibles denuncias en cada apertura, la secretaria de Control Urbano dijo que “no varía mucho, ronda en un promedio entre 40 y 50, lo que hay que ver es el tema del contenido que, charlando con una de las fiscales presentes, me comentó que también han recibido denuncias sobre trata de personas”.

Más adelante, Rocha comentó que “lo que percibimos es que la población se apropió de este instrumento, por eso lo seguimos sosteniendo en el tiempo, y la sistematizamos, porque cada dos meses los abrimos”.  

Junto a la funcionaria, participaron del acto de apertura el director de Vecinales, Facundo Rebasti; los concejales Carlos Jordán, Verónica Ruiz, Florencia Di Pizzio y Micaela Meinero; la Fiscal Penal Federal Coadyuvante, Daniela Ghiorzi; y la auxiliar de la Fiscalía Federal, Rocío Soledad Estrada,

Los Buzones de la Vida están instalados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), Terminal de Ómnibus (CTD), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

Quedó detenido en prisión preventiva Fabricio P., alias el “Sapito” tras un allanamiento realizado en una vivienda de calle Matheu al 200 de Venado Tuerto. En una audiencia que se llevó adelante en los tribunales en la jornada del lunes la fiscal Mayra Vuletic presentó las pruebas colectadas para llevar adelante la imputación, y posteriormente solicitó que el acusado no recupere la libertad, recibiendo el aval de la jueza Paula Borrello.

Historia del caso

El martes 28 de enero, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto, la División Unidad Operativa Federal de la ciudad, llevó a cabo un allanamiento que resultó en el secuestro de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones relevantes para la causa.

La investigación, iniciada bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, se centró en un individuo identificado como Fabricio P. alias "Sapito", quien presuntamente se dedicaba a la venta de estupefacientes, movilizándose en un automóvil y una motocicleta por las calles de la ciudad.

El punto de venta operaba bajo la modalidad de "delivery" en una de las zonas más concurridas de Venado Tuerto, conocida por su actividad comercial y deportiva.

Quedaron en prisión preventiva cuatro personas que son investigadas por actividades vinculadas a la venta de drogas en la localidad de Berabevú (departamento Caseros). Se trata de dos hombres de 19 y 21 años, cuyas respectivas iniciales son AS y DAS; el padre de ambos, quien tiene 50 años y sus iniciales son MGS; y una mujer de 32 años e iniciales GMP.

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Aldo Baravalle, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Melincué.

El fiscal que está a cargo de la investigación y pidió las preventivas es Julián Cochero, quien valoró que “aunque la Defensa se opuso en todos los casos, el magistrado hizo lugar a lo que solicitamos desde el MPA”.

Por el tipo de delito que se les atribuyó a los imputados, la investigación se enmarca en el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General.

Cocaína

Cochero indicó que “los tres hombres y la mujer imputados fueron detenidos por haber llevado adelante prácticas vinculadas a la venta de estupefacientes al menudeo en una casa cercana a una cancha de fútbol que frecuentan niños, niñas y adolescentes”.

El fiscal precisó que “en un allanamiento que se realizó el mes pasado en calle Simón de Iriondo al 900, agentes policiales secuestraron 33,3 gramos de cocaína distribuidos en nueve envoltorios termosellados y un trozo compacto”. Asimismo, señaló que “encontraron dos balanzas de precisión, una de las cuáles tenía vestigos de droga, y una libreta con anotaciones en la que se discriminan gramos, pagos y ganancias”. A su vez, detalló que “en la vivienda también había recortes de nailon y otros elementos utilizados para fraccionar estupefacientes”.

“Además, los uniformados secuestraron ocho teléfonos celulares, tres aparatos tipo handy, una notebook y 214.000 pesos”, enumeró.

Denuncia

El fiscal informó que “la investigación se inició a partir de una denuncia radicada por el presidente comunal de Beravebú, quien expresó que diferentes vecinos de la localidad le manifestaron su preocupación por las conductas ilegales de los imputados”. En tanto, sostuvo que “el mandatario aportó al legajo videos tomados desde un teléfono celular a las cámaras de monitoreo de la comuna local”, y expuso que “en las filmaciones se observan maniobras típicas de microtráfico”.

Delito

A cada una de las cuatro personas investigadas se le atribuyó la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Giró y Franco Carbone, encabezó este martes la inactivación de dos inmuebles en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a comienzos de la gestión de gobierno de Maximiliano Pullaro. 

Durante el procedimiento, que se llevó adelante en los domicilios de las calles Bello 3936 y Oria 4055, Cococcioni aseguró que “son lugares muy emblemáticos desde el punto de vista de la seguridad porque algunos de los grupos que gestionaba estos puntos de venta ocasionaron balaceras, heridos de armas de fuego e incluso fue un lugar que tuvo actividad comandada desde la cárcel de Piñero hasta hace un año” y explicó que se trataba de lugares “vinculados a Hernán ‘Lichi’ Romero -jefe del clan Romero- que habían sido allanados en varias oportunidades, siendo viejos puntos de venta, pero que seguía funcionando, produciendo una degradación del entorno en la convivencia con los vecinos por los hechos violentos y la circulación de violencia que era permanente”.

Por otra parte, el ministro anunció que “en los próximos días iremos a la Legislatura a fundamentar una tercera opción de inactivación de estos lugares, proponiendo directamente la ocupación positiva del lugar con actividades estatales o sociales como forma de impedir que vuelvan a apropiarse los delincuentes de un lugar inactivado” y rememoró que durante este año se inactivaron “36 puestos de venta de estupefacientes en toda la provincia, de los cuales 27 fueron en Rosario”.

Seguidamente, el fiscal Diego Giró, hizo un repaso de la investigación por la que se llegó a la inactivación de estos búnkers, afirmando que fue por “llamados de vecinos que daban cuenta de venta de estupefacientes en estos lugares. A raíz de eso se coordinó con la PDI una investigación que comenzó en agosto y se pudo constatar las ventas de estupefacientes de manera constante” y agregó que el domicilio de calle Oria 4055 “se usaba como lugar de acopio y habían montado una carpa enfrente para vender en la calle. Luego se llevaron a cabo diversos allanamientos, se secuestró material estupefaciente, se detuvo a personas que estaban en el lugar y eso derivó en el pedido de inactivación con bloqueo de aberturas”.

Por último, el funcionario del MPA se refirió a la zona, asegurando que “históricamente estuvo vinculada a la banda de ‘Lichi’ Romero, quien está preso como jefe de una asociación ilícita y por delitos conexos y estos búnkeres fueron usados por personas mayores de edad que pertenecían a esta banda, quienes hoy están detenidos tras diversos allanamientos realizados en las últimas dos semanas”.

Este tipo de operativos de inactivación y derribo de bunkers que se da en el marco de la ley de Microtráfico comenzó a principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales. Se trata de una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa.

También se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.

Un hombre de 31 años, Carlos M., fue imputado por amenazas calificada, resistencia, atentado a la autoridad y venta de estupefacientes, en el marco de una audiencia que se llevó adelante en los tribunales venadenses en la jornada del miércoles. Además, desde el poder judicial se definió la prisión preventiva ordinaria sin plazo.

A cargo de la investigación se encuentra la fiscal Mayra Vuletic, mientras que el juez de la Investigación Preliminar Preparatoria es Mauricio Clavero.

Historia reciente

Todo comenzó en la noche del sábado en inmediaciones de calles Edison y Valdez cuando una mujer se comunicó con el 911 para denunciar a su vecino quien la amenazó con un arma de fuego.

A la llegada de los uniformados Carlos M. se puso violento. Al momento que lo iban a detener, golpeó y lesionó a dos policías trabándose en lucha, y posteriormente abolló un móvil oficial. 

Una vez que los agentes lograron controlar la situación, la vecina contó que la discusión comenzó porque el hombre se dedica a la venta de estupefacientes. 

Posteriormente las autoridades llevaron adelante un allanamiento en el domicilio del acusado donde incautaron envoltorios con 30 gramos de estupefacientes, entre cocaína y marihuana, y 300.000 pesos en efectivo. 

La sede Fiscal de Venado Tuerto (antes Fiscalía Federal), a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Daniela Ghiorzi imputó en horas de la mañana de este viernes a tres personas sospechadas de haber secuestrado a una mujer para cobrar una deuda por drogas de su hermano.

Se trata de un hecho ocurrido la semana pasada, cuando la víctima fue secuestrada de su casa y trasladada, primero en moto y luego subida a un auto hasta un domicilio de calles España y Huhn, donde la golpearon y continuaron amenazando para que entregue droga, dinero y armas. 

En ese domicilio, luego del allanamiento, se encontraron armas, municiones y droga. 

La audiencia de este viernes fue encabezada por el Juez Federal de Garantías, Dr. Aurelio Cuello Murua, y durante la misma se dictó la prisión preventiva a los tres imputados, Araceli P., Julián G. y Raíl G., quienes fueron asistidos por la Defensora Pública, Cindi Bertola. 

Personal de la Policía Federal de Venado Tuerto, llevó a cabo este miércoles la detención de dos mujeres sobre las cuales pesaba una orden de captura por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita.

Según informaron desde las fuerzas de seguridad, la división Unidad Operativa de Policía Federal de Venado Tuerto, implantó una estricta vigilancia en las inmediaciones de los domicilios de las mujeres V.H y N.L, las cuales se encontraban imputadas como parte de una asociación ilícita encabezada por Mauro Nahuel Novelino, dedicada a la comisión de distintos delitos; entre ellos, comercio de estupefacientes, coacciones agravadas, acopio de armas, piezas y municiones, tenencias ilegítimas de armas, tendientes principalmente a obtener financiamiento y control del tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto y otras ciudades.

Una vez que las femeninas salieron de su domicilio, fueron interceptadas e identificadas por el personal policial. Comprobada su identidad, se procedió a la detención y traslados al local de la unidad para, posteriormente, ser trasladadas al complejo penitenciario Federal de Ezeiza. donde quedaran alojadas a disposición de la secretaría Penal del Juzgado Federal de Venado Tuerto.

En la mañana de este sábado, la División Unidad Operativa Federal de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, realizó un allanamiento por Infracción a la Ley 23.737 (estupefaciente), en la localidad de María Teresa. 

El allanamiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en la calle Italia al 700, donde se procedió a la detención de un sujeto mayor de edad, quien era investigado por venta de estupefaciente. 

Las pesquisas venían realizando tareas de recolección de pruebas y en la fecha el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, y a requerimiento de la fiscalía, a cargo de Andrés Montefeltro, emitió la orden de allanamiento. 

En la vivienda se secuestró gran cantidad de cogollos, semillas y plantas de marihuana, fraccionado listo para la venta, balanzas, dinero en efectivo, dinero de moneda estadounidense y un vehículo, quedando detenido un hombre mayor de edad, a disposición del magistrado.