En la continuidad del trabajo de control que lleva adelante el Gobierno de Venado Tuerto, en el mediodía de este miércoles se procedió a la clausura preventiva de un comercio mayorista de alimentos ubicado en Colón al 400.

La medida fue ordenada por el Tribunal de Faltas municipal y trabajaron en el operativo personal de las direcciones de Inspección General y Seguridad Alimentaria, a partir de una denuncia por chocolates en mal estado.

La inspección se realizó durante la mañana de este miércoles y se detectó una gran cantidad de mercadería vencida, otra en mal estado además de vencida, productos con la fecha de vencimiento borrada y otros con doble rótulo de fecha. En el decomiso hay productos alimenticios y también bebidas.

Debido a la gran cantidad de mercadería existente en el local, que cuenta con habilitación municipal, los agentes de Inspección General y Seguridad Alimentaria continuarán con la tarea este jueves.

Las denuncias por problemas de seguridad alimentaria se pueden realizar al 3462-686280.

El Ministerio de Economía de la Nación cancelará a fin de mes el vencimiento de 2.700 millones de dólares previsto para este martes 21 de marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una vez que el directorio del organismo apruebe la cuarta revisión y desembolse 5.300 millones de dólares.

El visto bueno del FMI, cuyo directorio se reunirá a fin de marzo, permitirá que la Argentina reciba un desembolso por alrededor de US$ 5.300 millones tras la aprobación de la cuarta revisión del acuerdo de facilidades extendidas.

Con ese desembolso se pagará el vencimiento de este martes por US$ 2.700 millones, según el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral.

En principio estos vencimientos se iban a cancelar con el giro de divisas que habilitaba la auditoría al 31 de diciembre, pero como la negociación se extendió en el tiempo por la renegociación de metas ambas partes convinieron la prórroga, según indicaron a esta agencia fuentes del Ministerio de Economía.

De esta forma, la Argentina evita distraer de sus reservas un monto que hubiese significado prácticamente vaciar las arcas del Banco Central.

El 7 de abril vencen US$ 1.296 millones, el 14 de abril US$ 648 millones y el 28 de abril US$ 681 millones.

El Gobierno acordó la semana pasada con el FMI una reducción en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 ante el efecto de la sequía sobre las exportaciones, al tiempo que mantuvo sin cambios la meta de déficit fiscal para este año en un 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI).

La decisión forma parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en ingles) de 30 meses de la Argentina, que deberá ser aprobado a fin de mes por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral.

La nueva meta implica llegar a fin de año con una acumulación de aproximadamente US$ 2.000 millones menos, aunque aún no hay precisiones sobre el sendero de acumulación para cada trimestre.

El Gobierno realizará hoy un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$ 1.700 millones, correspondientes a la segunda parte de los vencimientos de septiembre, que se inició ayer con un primer desembolso de US$ 890 millones, con lo que ambos montos sumarán un total de US$ 2.590 millones.

Los pagos serán compensados más adelante a través de un desembolso de US$ 3.885 millones que enviará el FMI, luego de que el Directorio del organismo -en las próximas semanas- apruebe la segunda revisión del acuerdo, que tiene el visto bueno del staff técnico.

El lunes, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, destacó el “avance considerable” para llegar “a un acuerdo a nivel técnico” en la segunda revisión del acuerdo entre las partes, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández en Nueva York.

“Expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el ministro (de Economía, Sergio) Massa, su equipo, y el Banco Central están abordando los desafíos significativos de la Argentina”, señaló Georgieva en una conferencia de prensa.

Desde ahora hasta diciembre -cuando se dará la tercera revisión al acuerdo- están programados una serie de pagos por US$ 2.700 millones, el más cercano el 6 de octubre, cuando habrá que abonar unos US$ 1.250 millones.

Todos los desembolsos deberían poder cubrirse con los casi US$ 3.900 millones que girará el FMI una vez que se apruebe formalmente la revisión del acuerdo.

Si bien no se llegó a cumplir la meta de acumulación de reservas -faltaron poco menos de US$ 300 millones-, el Fondo tomaría en consideración la demora de otros organismos internacionales para enviar fondos programados y que habían sido incluidos en el objetivo acordado.

Puntualmente, se esperaban ingresos por algo más de US$ 1.000 millones, de los que solo se percibieron US$ 127 millones, según informó el BCRA.

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, a través de un comunicado, dio a conocer un aviso a sus asociados y al público en general para divulgar que “el jueves 2 de septiembre, debido a la continuidad de los trabajos para la implementación del nuevo sistema administrativo, no habrá atención al público en la administración de Mitre y Belgrano”.

Asimismo, el texto especifica que “el resto de los servicios técnicos, y la guardia, funcionarán normalmente”.

En cuanto a las facturas del servicio eléctrico con fecha de vencimiento este jueves 2 de septiembre, al igual que ocurrió con las vencidas este miércoles 1, “se cobrarán el viernes, sin ningún tipo de recargo”.

Cabe acotar que, según había anunciado la concesionaria, desde el 1 de septiembre la factura de energía “se emitirá y cobrará mensualmente”.

En consecuencia, al ser la facturación mensual, desde ahora habrá una sola fecha de vencimiento y la desconexión del servicio será recién 45 días después de dicho vencimiento, teniendo en cuenta además que el usuario podrá abonar hasta cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión en cualquiera de las entidades de pago habilitadas.

Cabe recordar, además, que “todos aquellos usuarios que utilizan el servicio de Link y Banelco, deberán ingresar a estos sistemas para actualizar el nuevo código de pago disponible en la nueva factura”.

Débito automático por whatsapp al 3462-413036 (debe ser el titular del suministro)

En la mañana de este miércoles se difundió un comunicado oficial de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) informando que desde el 1 de septiembre la factura de energía “se emitirá y cobrará mensualmente”. También se menciona que, desde entonces, la misma tendrá una única fecha de vencimiento, aunque surgió una serie de malos entendidos respecto a los plazos de pago y de desconexión de servicio, preocupando a autoridades políticas y asociados.

En consecuencia, la concesionaria de Mitre y Belgrano emitió un nuevo comunicado aclaratorio poco antes de las 17, señalando que “ante algunos errores en la interpretación del comunicado emitido por la Cooperativa Eléctrica el día 25 de agosto, se quiere aclarar a los asociados que no es correcto que haya menos margen para pagar la factura. Al ser la facturación mensual, desde el 1 de septiembre habrá una sola fecha de vencimiento y la fecha de desconexión del servicio será 45 días después de ese vencimiento”, especificando que “el usuario podrá abonar hasta cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión”.

Como puede leerse, el párrafo que generó la discreta polémica en la mañana de hoy es el siguiente: “Dispondrá de un único vencimiento, y pasado dicho vencimiento se podrá abonar hasta cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión en cualquiera de las entidades de pago habilitadas”, dando lugar a interpretaciones erróneas, como que la desconexión, según muchos entendieron, operaría a los cinco días del vencimiento.

En cambio, el segundo texto no deja lugar a dudas cuando sentencia que “la fecha de desconexión del servicio será 45 días después de ese vencimiento”, tras lo cual agrega que “el usuario podrá abonar hasta cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión” en cualquiera de las bocas habilitadas.

Cabe reiterar, tras la pertinente aclaración, que “todos aquellos usuarios que utilizan el servicio de Link y Banelco, deberán ingresar a estos sistemas para actualizar el nuevo código de pago disponible en la nueva factura”.

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Después de largos años de desencuentros, Municipalidad y Cooperativa Eléctrica privilegiaron el diálogo en busca de acuerdos.

Si bien en los últimos tiempos existe una mayor predisposición de la Municipalidad (Departamento Ejecutivo y Concejo) y de la Cooperativa de Electricidad para conciliar el nuevo contrato de concesión del servicio, los últimos 15 meses estuvieron condicionados por la pandemia y, sin dudas, conspiraron contra un desarrollo más ágil de las conversaciones, aunque se recurrió también a la virtualidad. Hoy, a cuatro meses del vencimiento del contrato, la sensación es que el tiempo apremia, pero no sería la primera vez. También se debatió contrarreloj en 1999, cuando la CEVT solicitó la prórroga de la concesión por 30 años a partir de su vencimiento (octubre de 2003). Exigía un tratamiento urgente ante los rumores de privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la cual pasaría a manos extranjeras. El Concejo aprobó la extensión hasta el 21 de octubre de 2021, pero enseguida estalló un conflicto con la Intendencia, que pretendía cobrar un canon anticipado, y vetó la ordenanza. El contrapunto se extendió por más de tres años, incluyendo juicios cruzados entre Municipio y Eléctrica, hasta que en 2003 se zanjó con un convenio entre el intendente Scott y la empresa, luego refrendado por el Concejo, que dejó el hueco para que el viejo texto de octubre del ’83 -renovación del contrato original- continuara vigente “en forma transitoria” hasta la redacción de las nuevas cláusulas contractuales. Pero eso nunca se hizo. Y esa transitoriedad se volvió eterna. O casi, porque ahora sí se firmaría la nueva concesión.

Ademar Aznar, presidente de la Cooperativa Eléctrica.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica, Ademar Aznar, dijo a Sur24 que “se viene avanzando en las reuniones entre los asesores técnicos de ambas partes” y que el objetivo es “conciliar un documento único”.

“Sabemos que habrá obstáculos, pero el propósito es respetar la fecha del vencimiento, así que en breve estimamos tener a disposición ese documento final”, auguró Aznar. “Ya hay varios artículos elaborados y acordados”, confió, señalando que “se podría cerrar el núcleo principal del contrato y dejar pendientes los aspectos técnicos que a veces demandan un cierto lapso de evaluación”.

Entre las probables controversias incluyó la titularidad de los bienes, aunque citó que uno de los asesores técnicos del Municipio declaró, basado en la Ley de Cooperativas, que “los bienes son de los asociados”, con independencia de los cambios en la administración de la empresa.

Luego, sobre los controles del poder concedente, aclaró: “Nosotros no rechazamos los controles, pero sí pedimos que se respete la naturaleza de la Cooperativa de Electricidad, que tiene su propia vida interna, con sus asambleas”. Y en cuanto a la tarifa del servicio, ratificó que se trabaja sobre un mecanismo que “ataría la tarifa local a la evolución del precio del Kw-h de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), con un margen que nunca podrá traspasarse”.

Respecto de los servicios anexos, el abogado consideró que “las regulaciones estarán centradas en la distribución de la energía, y en relación con los servicios anexos también se van a establecer pautas, pero no queremos que la empresa pierda su independencia, como sucedería si el concedente estableciera una excesiva injerencia en ese campo”.

Más adelante, Aznar admitió que “no hay margen, tenemos octubre muy cerca y sentimos la obligación de llegar a un acuerdo y presentar un nuevo contrato de concesión a la ciudadanía”.

Cabe acotar que los asesores del poder concedente municipal son Jorge Gurmendi y Matías Castro, mientras que por el sector cooperativo se alistan el gerente de la CEVT, Alberto Corradini; el asesor técnico Fernando Alonso; y el asesor legal Miguel Murtagh.

Germán Casalino, gerente de la Fescoe.

Otro actor relevante es la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe), cuyo gerente Germán Casalino, oriundo de Venado Tuerto, participó el último viernes, junto al asesor legal Pedro Radovan, de la reunión con los ediles en el recinto legislativo.

“Estamos satisfechos con la charla, donde expresamos las particularidades del sistema cooperativo en el marco de la concesión de servicios públicos y, en especial, destaco la apertura de la Intendencia y el Concejo, y su voluntad política de mantener la prestación del servicio eléctrico en manos de una cooperativa, que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad”, subrayó el dirigente.

“Hoy la prioridad es definir un contrato marco entre la Municipalidad y la Cooperativa, donde se acuerden la propiedad de los bienes, la política tarifaria y el control del servicio, entre otros puntos centrales, mientras que podrían posponerse anexos técnicos, como reglamento de suministro, calidad de servicio, régimen de responsabilidades”, enumeró Casalino.

Uno de los puntos neurálgicos es el de las tarifas, y el referente de Fescoe se entusiasmó con la alternativa de evitar fórmulas polinómicas que no siempre reflejan la actualización adecuada, y además implican procesos engorrosos para un marco inflacionario. En cambio, “la opción de vincular la tarifa al precio del Kw-h de la Empresa Provincial de la Energía, como ya lo hacen muchas concesionarias, es un buen instrumento. Se podría tomar ese valor de referencia y fijar que no pueda exceder el 10 por ciento, ni por encima ni por debajo”, graficó, acotando que “hoy es una buena oportunidad porque la Eléctrica tiene tarifas muy parecidas a la EPE”.

En cuanto a la propiedad de los bienes, estimó que debiera ser “un punto de fácil resolución” y acotó que las viejas polémicas respondieron más que nada a conflictos políticos. En busca de simplificar, Casalino planteó que “la infraestructura es de la Cooperativa porque la compró la masa de asociados con sus aportes a través del tiempo. Además, es lo que se denomina un ‘capital hundido’, cuyo único fin es distribuir la energía eléctrica”.

Asimismo, consideró razonable la formación de un ente municipal de control de los servicios públicos, que incluya el eléctrico, pero diferenció entre el servicio objeto de la concesión, y los anexos, como telefonía o Internet, que aunque públicos, son de jurisdicción nacional y en ellos el Municipio no tiene injerencia. Y redondeó: “Estamos en buena situación para cerrar un contrato que colme las expectativas de todas las partes y, sobre todo, de la ciudadanía”.

“En muchos puntos ya hay acuerdos, así como hay otros más conflictivos, como la propiedad de los bienes, que siempre fue un obstáculo para progresar en la elaboración del nuevo contrato, pero confiamos en un consenso beneficioso para todos”, destacó el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini. Tras elogiar la “vocación de diálogo” de todas las partes, destacó que el viernes último el cuerpo legislativo local recibió a la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe) y el martes (por mañana) tendremos otro encuentro para abordar temas específicos”, acotando que la semana próxima recibirán al Centro Comercial. “El objetivo es dialogar con todas las entidades intermedias interesadas en opinar”, expresó. “La idea es seguir avanzando para cerrar el contrato con la CEVT, basados en un núcleo estructural que abarque desde las tarifas hasta los bienes, sin descartar que aspectos técnicos puedan postergarse para una discusión posterior, pero dentro de ciertos plazos”, advirtió.

La concejala opositora Liliana Rostom contó que “hoy nos pasa lo mismo que las otras dos veces que estuvimos cerca de hacer el contrato, ya que la titularidad de los bienes vuelve a ser el problema. Aunque algunos parece que se están convenciendo de lo contrario, yo insisto en que los bienes son de los asociados y no de la Cooperativa”, ratificó, tras lo cual sostuvo que desde la empresa no se incentiva la participación de los socios en las asambleas. “Desde afuera todos cuestionan a la Eléctrica y cuando están en el poder se hacen amigos por la necesidad de inaugurar obras de iluminación y otras mejoras”, reprochó. Y alertó que “hoy el escenario se complica porque estamos entrando en una campaña electoral y el contrato no tiene más prórroga”.

A menos de cuatro meses del vencimiento del contrato de concesión del servicio de distribución de la energía eléctrica en la ciudad, hoy en manos de la Cooperativa Eléctrica, las conversaciones entre el poder concedente y la  concesionaria se intensifican. Y si bien es unánime la voluntad de la Intendencia y el Concejo de continuar el vínculo con la empresa cooperativa de Mitre y Belgrano, y todos destacan el “buen diálogo” de los últimos tiempos, sobre todo a partir de la incorporación de asesores técnicos municipales, subsisten algunas discrepancias que habrá que solucionar en las próximas semanas.

Mientras todo eso ocurre, y el debate por la nueva concesión empieza a ganar espacio en la agenda mediática local, es oportuno recordar que en la actualidad rige un contrato extendido en forma transitoria por la ordenanza 2726/99, sancionada a fines de 1999, aunque con la reforma (en uno de sus artículos) acordada en 2003. Desde entonces se adeuda la redacción de un nuevo contrato que nunca se elaboró. Tanto es así que a menos de 120 días del vencimiento de esa prórroga de 18 años, ahora es imperioso acelerar las negociaciones (ver edición impresa de hoy de Sur24) para acordar un nuevo contrato, al menos en su núcleo principal.

Alberto Turcato, ex concejal y presidente del Colegio de Abogados.

Una figura clave en el proceso de extensión contrarreloj del contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica fue el entonces concejal justicialista Alberto Turcato, quien ahora, más de 21 años después, ante la consulta de Sur24, recuerda las vivencias de esas apremiantesn jornadas: “El 10 de diciembre de 1999 había asumido como concejal y recuerdo que en esos días la Cooperativa Eléctrica ingresó un proyecto solicitando la prórroga de la concesión del servicio por 30 años a partir de su vencimiento, que operaba en octubre de 2003. Alegaban urgencia porque en cuestión de días se aprobaría la privatización de la EPE, incluso el rumor -reconoció- era que pasaría a manos extranjeras. Yo pertenecía a la agrupación ‘12 de Junio’ y luego de un discusión interna decidimos intervenir para que el Municipio no perdiera su poder concedente y se preservara como prestadora una empresa local como la Cooperativa Eléctrica”.

Y continuó: “El bloque radical iba a acompañar el proyecto de la Cooperativa tal cual había ingresado y el Ejecutivo tenía algunas exigencias, como el pago de un canon anticipado y ciertos requisitos técnicos previo a la formación de la Comisión Redactora. Si bien la pretensión del oficialismo no era ilegítima, y hasta se podía juzgar razonable, ante la urgencia yo priorizaba la prórroga de la concesión, pero reformulando las condiciones contractuales, sobre todo en la definición de tarifas e inversiones, y en el control de los servicios anexos. Así fue que ingresó mi proyecto, que proponía 15 años de prórroga, y luego se concilió con la UCR, que acompañó mi iniciativa, otorgando 18 años a partir de octubre de 2003. La comunidad valoró la decisión porque ante la ola privatizadora se priorizaban los intereses locales”, historió el actual presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial.

Luego añadió que dicha prórroga “no era irresponsable, sino que en el artículo 2 de la ordenanza 2726 (aprobada el 29 de diciembre del ’99) se disponía crear una Comisión Redactora para definir el nuevo contrato de concesión, integrada por delegados del Ejecutivo, el Concejo y la Cooperativa, en un plazo de 180 días. Y se hacía constar que la no aceptación por parte de la Cooperativa del nuevo contrato operaría como condición resolutoria de la ordenanza y la concesión otorgada, es decir que si no había nuevo contrato, la 2726 quedaba sin efecto y por ende no existía la prórroga”, detalló Turcato.

Sin embargo, disconforme con la ordenanza, que no contemplaba el suculento canon, la Intendencia la vetó y el Concejo rechazó el veto, por lo que se generó un clima hostil, jamás se formó la Comisión Redactora y se originaron juicios cruzados entre Municipio y Cooperativa. Ese escenario conflictivo se prolongó más de tres años, hasta entrado 2003, cuando ya acechaba el fin de la concesión (fines de octubre), pero el 4 de marzo el intendente Roberto Scott y el presidente de la Eléctrica, Marcelo Cacciurri, suscribieron un acuerdo que abarcaba el desistimiento de pleitos recíprocos; el reconocimiento municipal del derecho de la CEVT al uso gratuito de los bienes del dominio público afectados al servicio concesionado; el compromiso de la Eléctrica de abonar al Municipio la suma de 800 mil pesos; y las bases de un nuevo proyecto de ordenanza, promoviendo la derogación del artículo 2 de la 2726/99 -descripto más arriba- y la integración de una Comisión Redactora que “deberá constituirse a más tardar el 1 de marzo de 2003 (…) y concluirá su cometido a más tardar el 30 de junio de 2003…”.

También acordaron que “el nuevo régimen contractual de la concesión entrará en vigor a partir del día siguiente al de la conclusión del contrato de concesión hoy vigente…”, aclarando que “si a la fecha mencionada en el párrafo anterior no hubiere sido aprobado el nuevo régimen contractual, a partir del vencimiento del plazo originario del actual contrato de concesión permanecerán vigentes, en forma transitoria, todas las condiciones del contrato de concesión celebrado el 28 de octubre de 1983…”.

Estos documentos reflejan que el convenio entre Intendencia y CEVT no incluyó, como en el ’99, la condición resolutoria, sino que se dejó el resquicio para que “en forma transitoria” siguiera en vigencia el precario articulado del ’83, si por alguna causa no se redactaba el nuevo contrato. Sin embargo, ese mismo texto fue refrendado por el Concejo, en forma unánime, a través de la ordenanza 3076 aprobada el 7 de octubre de 2003.

Sin embargo, Turcato aclaró por enésima vez: “Mi voto del ‘99 no fue el que definió la prórroga, lamentablemente, porque de aprobarse la ordenanza originaria se hubiera elaborado un contrato de concesión, dejando sin efecto el de aquel entonces, que no es ni más ni menos que el que rige hoy. Pasaron casi 18 años desde que entró en vigencia la prórroga y en ese lapso hubo cambios en la Intendencia y se sucedieron distintas composiciones legislativas, pero nadie elaboró el nuevo contrato nuevo. Esta es la verdad, lo demás es ignorancia o malicia, así que jamás asumiría una culpa por un voto que, en definitiva, se volvió abstracto, un voto que no fue. Sólo puedo admitir una actitud ingenua cuando aprobé, junto con los otros ediles (Jorge Lagna, Miguel Pedrola, Noemí Rasello, Lisandro Enrico, Delfor Hernández, Esteban Stiepovich, Juan Moscoso y Roberto Meier), un convenio para salvaguardar a la ciudad de juicios millonarios, pero sin insistir en la inclusión de la condición resolutoria que hubiera dejado sin efecto la ordenanza si no se hacía el contrato en un cierto plazo. Claro que nunca supuse que esa transitoriedad se transformaría en una eternidad”, sentenció Alberto Turcato, quien asumió como edil en medio de los ardientes debates por la concesión, a fines de 1999, y completó el mandato un par de meses después de votar, en octubre de 2003, la ordenanza que convalidó el acuerdo entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica, y cuyos ecos aún resuenan.