La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir este lunes la causa por el vacunatorio vip en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas luego que fuese archivada parcialmente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Los jueces hicieron lugar a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, puesto que el fiscal natural Eduardo Taiano no había apelado la decisión de la jueza de primera instancia.

La jueza había considerado que existieron dos grupos entre los vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. En los primeros se encontraba efectivamente el personal de salud, pero también el personal estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con algún factor de riesgo – comorbilidades-.

Por ello, estableció que en estos casos no existió delito, porque no es algo que esté descripto en el Código Penal.

El archivo parcial de la causa había sido un total de 65 sobre un total de 70 personas vacunadas y, entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios, y funcionarios como el Presidente de la Nación.

“No puede escapar a la más elemental lógica que la existencia -indiscutible- de un orden de prelación en la vacunación, dividido en grupos, obedece a criterios de necesidad, donde está en juego ni más ni menos que el valor vida y que la simultaneidad -que en algún supuesto se menciona- sólo puede estar habilitada por la disponibilidad de vacunas para satisfacer la prelación o en algún caso que estrictamente justifique el apartamiento de este criterio”, sostuvo el Tribunal.

Cuando hubieron más vacunas, allá por fines de 2020 y primeros meses de éste, los camaristas recordaron que desde el Gobierno se priorizó la vacunación para los maestros, para la vuelta a clases presencial que finalmente no sucedió de manera inmediata.

“Pero cuando el recurso fue insuficiente, ningún grupo se habilitó abiertamente. Incluso entre los mayores. Pese a que el límite se estableció en los 60 años, también se jerarquizaron las diversas franjas etarias. Comenzó con los mayores de 80 -aun con personal de la salud pendiente de vacunar- y de ahí avanzó en una afable pendiente que por lustros fue ampliando su alcance (mayores de 75, luego de 70, más tarde de 65 años y así continuó)”, replicaron.

En duros términos, los camaristas cuestionan: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Además, cuestionaron el argumento de la jueza respecto a que el hecho pudo haber sido una cuestión ética, no delictiva. “La cuestión ética si bien tiene su cuota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido”, fue la respuesta de los camaristas.

“La situación ética alegada, en base al análisis aquí efectuado, no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado-siempre es antiética. Aquí se trató de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”, agregaron.

Para los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se debe investigar “qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, o sea los vacunados.

“Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, concluyeron.

“Sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”, determinaron en un duro fallo.

De esta manera, la causa judicial iniciada en enero pasado que tiene como imputados al exministro de Salud Ginés González García, y su sobrino Lisandro Bonelli, exfuncionario de dicha cartera, ahora deberá ser profundizada.

La jueza tenía tan sólo bajo investigación cinco casos pero ahora deberá investigar tal cual le impuso la cámara a los vacunados considerados vip como el presidente Alberto Fernández, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, el diputado Eduardo Valdez, periodistas como Verbitsky y empresarios.

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Pullaro, expresó: “Esperábamos menos generalidades y más precisiones del ministro Roberto Sukerman. Ante los escandalosos vacunatorios VIP en Baigorria y otras localidades, de enorme gravedad, pareciera que para el gobierno los responsables son los directores de los hospitales. Aquí existieron mayores niveles de complicidad, y no aparecen los responsables políticos”.

“Durante las horas de interpelación no logramos conocer cuáles son los mecanismos de control y transparencia en el proceso de vacunación en Santa Fe. En ese sentido le pregunté al ministro cuántos casos y cuántos vacunados VIP fueron descubiertos por los mecanismos de control. No me contestó y nos quedamos sin conocer qué nivel de información tiene el gobierno de Santa Fe”, aseveró Pullaro.

“Es innegable la existencia de vacunatorios VIP en Santa Fe, porque se dan al menos tres condiciones. Por un lado, la intención de una persona de colarse o saltarse la fila; otra es la complicidad de quienes la aplican, y por último la ausencia de controles y mecanismos de transparencia. En Santa Fe se dieron las tres”, sentenció el legislador oriundo de Hughes.

En cuestión de horas adquirió trascendencia mediática el caso de la jefa de la oficina de PAMI Firmat, Julieta Chipoloni, de 29 años de edad, quien viralizó en redes sociales su condición de flamante vacunada contra el Covid-19, a través de una fotografía suya con el carné que otorga el gobierno provincial en la mano. Además, ella misma incorporó al posteo la frase: “Acá están las vacunas”.

Por supuesto que el hecho se replicó de inmediato, generando encendidos contrapuntos entre los que están a favor y en contra de la actitud de la funcionaria, dando lugar a una inmensa “grieta” en las redes. Las primeras reacciones se desataron en la propia ciudad de Firmat, donde surgieron decenas de voces disconformes con la vacunación de una joven de sólo 29 años, al mismo tiempo que todavía hay millones de personas en todo el país que la doblan en edad (algunos de ellos con múltiples factores de riesgo) y ni siquiera accedieron a la primera dosis para la protección contra el coronavirus en medio de la agresiva segunda ola de la pandemia.

Las más ácidas críticas sobre Chipoloni se concentran en su corta edad, pero también en sus vinculaciones políticas familiares, con lo cual la polémica en la ciudad y la región se propagó como regueron de pólvora. Incluso varios de sus detractores volvieron a poner sobre el tapete el resonante episodio del “Vacunatorio VIP” que le costó el puesto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Sin embargo, también se escucharon algunas voces en su defensa, como el hecho de que sería el propio Estado el que determinaría la vacunación de sus agentes, como en el caso de la obra social de los jubilados, aunque no cuenten con la edad necesaria, ni tampoco acrediten factores de riesgo. “Tenemos que cuidarnos para no ser quienes transmitamos el virus”, justificó la funcionaria firmatense. De todos modos, este portal de noticias intentó comunicarse con la protagonista de la polémica, aunque sin éxito hasta el momento de esta publicación.