El miércoles 26 de junio ingresará en el Concejo Municipal de Venado Tuerto un proyecto de ordenanza impulsado por la concejal oficialista María Verónica Ruiz con el propósito de crear un Programa integral de abordaje de la problemática de ludopatía infanto-juvenil, bajo el lema “Cuando apostás, perdés”. 

Además, establece que la iniciativa -sería girada al plenario de concejales, “se hará efectiva por medio de talleres, dispositivos de abordaje en instituciones educativas y eventos públicos, charlas, y todos aquellos medios que se evalúen pertinentes para el abordaje de los ejes de esta ordenanza”, a la vez que se promueve la “asociación colaborativa” con la Región VII de Educación.

También se propone la adhesión de la ciudad de Venado Tuerto al Día Internacional del Juego Responsable, el cual se conmemora cada 17 de febrero.

Previo a la presentación de este proyecto de ordenanza, la edil de Primero Venado había impulsado en Sarmiento y Alem otras iniciativas en igual sentido: Comunicación al Departamento Ejecutivo sugiriendo actividades y dispositivos de concientización y difusión, poniendo el tema en agenda para empezar a trabajar en conjunto; Resolución solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación, la aprobación del proyecto de ley presentado en diciembre último, que impulsa la creación de un Plan nacional de prevención de la ludopatía online en el ámbito educativo; Resolución solicitando a la Legislatura de Santa Fe la inclusión de los datos biométricos como requisito para el acceso a los sitios de juego online; Resolución solicitando al Ministerio de Educación provincial que bloquee el acceso (ID) a los sitios de juego online en las redes de wifi de colegios públicos, sugiriendo lo mismo para los privados (aprobado por unanimidad el 5 de junio en el Concejo venadense).

Los ejes del Programa, que se planea estructurar bajo la órbita de la Dirección Municipal de Juventudes, son los siguientes: Concientización y difusión masiva de información focalizada y específica para cada grupo etario, que brinde las herramientas necesarias para prevenir el abuso y adicción respecto del juego en línea; Contemplar a la ludopatía infanto-juvenil como un consumo problemático, a los fines de un mejor y más preciso trabajo en la materia; Abordaje integral y multisectorial de la problemática; Articulación colaborativa con organizaciones locales especializadas en la prevención y tratamiento de la ludopatía, clubes e instituciones intermedias; Divulgación por multiplicidad de medios de los alcances de la presente ordenanza; Fomento de la escucha activa, el diálogo y la comprensión, otorgamiento de herramientas para las familias de quienes presentan conductas ludópatas, fomentando su abordaje, detección y prevención desde el ámbito hogareño; y Búsqueda de toma de conciencia respecto de la importancia de identificar las situaciones de abuso del juego y las apuestas, con el objeto de intervenir con la mayor celeridad posible.

En diálogo con Sur24, la autora del proyecto definió la ludopatía infanto-juvenil como “una enfermedad, un consumo problemático, donde hay un fracaso crónico y progresivo a rechazar el impulso a jugar online y apostar dinero por parte de los niños y adolescentes". 

"Ya se conocen casos a partir de los 9 años, en edad de escuela primaria. Incluso hay datos asombrosos a nivel mundial, por ejemplo, que los ludópatas infantes juveniles duplican en número a los ludópatas adultos. Entonces, es el momento de empezar a trabajar, sin demoras. Si bien la problemática no es nueva, se agravó en los últimos años, sobre todo con la pandemia, en paralelo al mayor acceso de los chicos a las billeteras virtuales y la proliferación de las casas de apuestas que sólo exigen unos pocos datos que los chicos obtienen con facilidad”, aseguró Ruiz, acotando que muchas veces los menores apelan al escaneo del DNI del padre o la madre para acceder a los sitios de apuestas. 

Tras insistir en que no es un tema para subestimar, estableció que “la ludopatía infanto-juvenil es la adicción del siglo XXI, así como lo fue la droga en el siglo XX; sigue exactamente el mismo camino: el uso, el abuso y la dependencia. Por eso debemos actuar con anticipación, evitando llegar a la etapa de la enfermedad, donde ya es indispensable el tratamiento por parte de psicólogos y/o psiquiatras. Claro que es muy importante el apoyo de la escuela y el seguimiento muy atento de la familia para visibilizar la amenaza, porque la ludopatía no está en el radar de la mayoría, como sí lo está el bullying”, comparó. 

Según la médica pediatra, “las conductas ludópatas se han comenzado a manifestar de modo preocupante en nuestros jóvenes, quienes desarrollan adicción al juego, contrayendo deudas o bien llegando a perder todo su dinero, y presentan impactos negativos en su salud, tanto física como psíquica”, y a continuación mencionó algunos síntomas frecuentes que permiten identificar la presencia de complejidades vinculadas a la ludopatía, tales como irritabilidad y preocupación frente a la abstinencia de juego; mentiras relacionadas con el tiempo dedicado a las apuestas o el dinero utilizado; falta de dominio sobre el tiempo dedicado al juego; y un comportamiento revanchista y compulsivo, con el fin de "recuperar" el dinero perdido.

“Hoy, el tema está instalado en la agenda pública, tanto nacional y provincial, como municipal, y Venado Tuerto es un ejemplo de ello”, destacó Ruiz, satisfecha por el acompañamiento al proyecto. Y agregó: “Somos conscientes de que la lucha no es fácil, porque detrás se mueven intereses económicos inmensos y, además, por el bombardeo publicitario permanente sobre los chicos mediante influencers, streamers y tiktokers con millones de seguidores, además de figuras de los deportes más populares y hasta selecciones de fútbol de primera línea que publicitan estos sitios de juego”.

“Combatir el juego online ilegal también es pensar en nuestros jóvenes y su educación, incluso muchas de estas transacciones fueron detectadas por las redes de internet de las escuelas”, señaló la jefa del bloque de diputados provinciales santafesinos de la Unión Cívica Radical (UCR), Silvana Di Stefano.

La temática también tuvo eco en el Encuentro Nacional de legisladoras y legisladores, del cual la dirigente santafesina fue parte y se desarrolló bajo el lema “Las Infancias y Adolescencias en Argentina: situación actual y desafíos inmediatos”.

“Es un tema que nos preocupa, principalmente por las consecuencias nocivas y en ocasiones dramáticas que el juego online provoca en los adolescentes y sus familias”, lamentó Di Stefano.

“Muchos jóvenes santafesinos acceden a plataformas legales a través de transferencias de dinero en billeteras virtuales. Por esta razón es que sugerimos que se tomen medidas para evitar el ingreso de menores de edad al universo del juego y evitar la proliferación de casinos online clandestinos”, enfatizó la diputada.

En Venado Tuerto se encuentra una de las sedes de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), que en los últimos días adquirió repercusión mediática nacional por el inicio de una acción judicial (demanda colectiva) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra una de las empresas de apuestas online que operan en el país, por la “promoción de bonos” y “regalos dirigidos a nuevos usuarios”.

“La demanda busca el cese definitivo de este tipo de publicidades que incitan al juego compulsivo y ponen en riesgo la salud y economía de miles de personas, especialmente jóvenes y sectores vulnerables”, explicó el referente local José María Cónzoli.

“Además de la prohibición de estos anuncios ilícitos, desde UCU reclamamos la imposición de una multa ejemplar en concepto de daños punitivos y la difusión de una campaña informativa sobre los peligros del juego patológico y los servicios de ayuda disponibles”, añadió.

También señaló el abogado que estas prácticas publicitarias violan el artículo 1101 del Código Civil y Comercial, que prohíbe las comunicaciones comerciales que induzcan a comportamientos perjudiciales para la salud de los consumidores. “Los bonos de bienvenida y promociones para nuevos apostadores crean una falsa sensación de ganancias fáciles y rápidas, cuando en realidad esconden términos y condiciones abusivas que obligan a apostar mucho dinero en poco tiempo, exponiendo al usuario a un alto riesgo de adicción”, enfatizó.

“Lejos de promover el juego responsable, estos anuncios buscan deliberadamente captar cada vez más apostadores, sin importar las consecuencias dañinas que el juego compulsivo puede tener en sus vidas y las de su entorno”, indicó.

Con esta acción, la primera de su tipo en el país, UCU busca sentar un precedente sobre la responsabilidad social y legal de las empresas que lucran con el juego online. En un contexto de creciente expansión de esta industria, advierten que resulta urgente establecer límites claros a las estrategias publicitarias que ponen en riesgo la salud pública.

“Desde UCU seguiremos trabajando incansablemente para proteger los derechos de los consumidores y usuarios frente a toda publicidad engañosa o abusiva. El caso que cobró tanta notoriedad en los últimos días es un paso importante en esa lucha, pero sabemos que queda mucho por hacer para construir un mercado más justo, seguro y transparente para todos”, sostuvo Cónzoli.

A raíz de una presentación realizada por la  asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) dirigida a la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, este miércoles desde la concesionaria difundieron su decisión de modificar parte de su facturación. Aunque desde UCU responden que la medida tomada afecta a los usuarios que no tienen acceso a la digitalización.

En la intimación enviada por José María Conzoli, representante legal de la ONG con sede en Venado Tuerto, solicitaban la quita del cobro "ilegítimo y abusivo" del apartado “recargo correo” que representaba la suma de 1.100 pesos en la factura de energía eléctrica.

"El cobro de tal concepto resulta abusivo, ilegítimo y arbitrario, carente de todosustento legal alguno, violatorio del principio de gratuidad de la información.

Esto es así por cuanto la información referente a la facturación debe serbrindada por la empresa en cumplimiento del art. 4 de la Ley de Defensa delconsumidor, de manera gratuita", describe el texto enviado a la empresa y que surgió a partir de diversos reclamos de vecinos.

Y agrega que "el Artículo 42 de la Constitución Nacional establece el derecho del usuario/consumidor al acceso a una información adecuada y veraz.

En toda transacción existe un costo que la proveedora debe afrontar a fin decumplir con el deber de información, el cual es de su exclusivo cargo, en miras de mantener el equilibro entre las partes, siendo ésta quien tiene mayor capacidad económica y organizativa".

En este sentido, explican: "El derecho constitucional de gratuidad de la información es exigible durante todo el iter contractual, tanto en su etapa previa, como en el curso de ejecución.En este sentido lo ha resuelto el Juzg. Civ. y Com. N°4 Sec N° 7 ExpedienteNº 82938 (RGE=10489/09), de Mar del Plata, en los autos ASOCIACIÓN CIVIL DEUSUARIOS BANCARIOS C/ AMX ARGENTINA S.A S, en sentencia de fecha 16de septiembre de 2009, en la cual resolvió la ilegalidad del cambio de modificación contractual consistente en la imposición a partir del 08 de Junio de 2009 de un costo de servicio de $10 final por la impresión y remisión de la facturación periódica a sus clientes. En esta línea, se pronuncia en el fallo sobre la gratuidad del derecho de información que: “En tal sentido se ha sostenido que la información tiene a proteger el consentimiento a prestar y una vez formalizado el contrato, debe coadyuvar a la utilización del producto o servicio (Lopez Cabana, Roberto M, «La información al consumidor. Régimen constitucional legal y reglamentario» en en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 8, pág. 250/2, Edit. Rubinzal- Culizoni).

Asimismo en la facturación se consigna "Capitalización Inv de Bienes de Uso" y "Capitalización Rem LBT" con montos variables sin especificar el motivo de laimputación y su cuantificación".

Tras lo expuesto, desde UCU intimó a la CEVT a que en el término de 48 horas de recibida la presente (presentada el 10 de mayo), pidieron:

"1) Procedan a cesar en el cobro del cargo impugnado; 2) En consecuenciaprocedan a reintegrar la totalidad de las sumas cobradas por dicha causa desde el momento en que se inició su cobro, sumas que deberán abonarse en efectivo, lo que se solicita más los intereses correspondientes; 3) En virtud del derecho deinformación que les asiste a los clientes, se intima a vuestra empresa a que informe en qué consiste el concepto impugnado; fecha en que se habría iniciado su cobro y modalidad en que se habría llevado a cabo, en tal sentido deberá acompañar copia del contrato o solicitud que suscriben los clientes desde el inicio del cobro del cargo, todo ello en cumplimiento del deber de información que debe garantizar vuestra empresa respecto de la información de facturación y cobranza; 4) Se extienda detalle de la totalidad de las sumas debitadas por los conceptos impugnados desde el momento de su primer débito al día de contestación del informe."

Cabe destacar que desde la asociación civil se le envió comunicación sobre este tema al intendente Leonel Chiarella y al Concejo municipal, que en la última sesión citó a las dos entidades de defensa al consumidor locales (Lideco y UCU), aunque desde Usuarios y Consumidores aún no han recibido invitación.

Este miércoles, desde la Cooperativa Eléctrica, comunicaron mediante su página oficial que “en razón de un requerimiento formulado por la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) respecto a la metodología empleada para el caso de solicitudes de reparto de las facturas por consumos eléctricos en domicilios distintos a los del suministro, se les informa que a partir de esta comunicación se suspenderá el envío de las mismas y el respectivo cobro por dicho reparto, por lo que las facturas se enviarán al domicilio de consumo”, detallan. 

Y explican que “como alternativa a esta situación, la adhesión a la factura digital para tales suministros, la descarga de la factura por nuestra página Web (cevt.ar) y/o concurrir a partir del día 10 de junio de 2024 a la sede de la Cooperativa (calle Mitre y Belgrano) a formalizar la documentación necesaria para continuar con el servicio de envío a otro domicilio”.

En contacto con el medio, el Dr. Conzoli opinó respecto a la comunicación oficial señalando que ahora “la preocupación es por los adultos mayores que tienen acceso a la digitalización, con lo cual ese cobro lo debe absorber la cooperativa”, entendiendo que muchos usuarios necesitan el envío de la factura física sin el cobro de este artículo.

Y contó que se está trabajando con la justicie para el reintegro de los 1.100 pesos cobrados con antelación.

El 15 de junio de 2021, una sorpresiva y no autorizada transacción bancaria alteró la tranquilidad de D.N.D. en la ciudad de Venado Tuerto, quien descubrió que la suma de $80,000 había sido sustraída de su cuenta sueldo. Inmediatamente después de notar el faltante, contactó a la identidad bancaria donde cobra sus haberes por medio de su línea 0810 y procedió a enviar un correo electrónico para informar sobre el incidente.

Sin obtener una respuesta satisfactoria tras presentarse personalmente en la sucursal al día siguiente, D.N.D., con el asesoramiento legal del representante de Usuarios y Consumidores Unidos de Venado Tuerto (UCU), el doctor José María Conzoli, decidió iniciar acciones legales. El objetivo era declarar nula la transferencia realizada sin su consentimiento y buscar reparación por daños morales y punitivos. 

Vigilancia y reparación 

“El caso avanzó a la justicia y D.N.D. logró obtener una sentencia favorable en primera instancia, un veredicto que posteriormente fue apelado por la entidad bancaria. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones desestimó los agravios presentados por la entidad bancaria y confirmó la decisión inicial, reforzando la posición de D.N.D.”, informaron desde la ONG.

El dato es que hoy, D.N.D., está a punto de recibir una compensación superior a los $2 millones, marcando un precedente importante en la protección de los derechos del consumidor frente a errores o actos ilícitos de instituciones financieras. 

“Este caso no solo subraya la importancia de la vigilancia sobre las transacciones bancarias por parte de los ciudadanos sino que también demuestra el poder de la justicia para corregir los agravios y ofrecer un resarcimiento justo. Desde nuestro despacho, estamos listos para asesorar y acompañar a aquellos que enfrenten situaciones similares y necesiten defender sus derechos ante el sistema financiero”, remarcaron desde la ONG.

El último fin de semana, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el 25º Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, con la organización del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), siendo declarado de interés provincial por el gobernador Omar Perotti.

En el marco del 30° aniversario de la Ley N° 24.240 de Defensa al Consumidor, sobresalieron disertaciones por parte de destacados especialistas en materia de derechos de los consumidores y los nuevos avances en materia de contratos digitales, inteligencia artificial y rol de las redes sociales, entre otros tópicos de interés.

En Venado Tuerto, la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) es una de las más activas, junto a la Liga del Consumidor (Lideco), en la defensa de los derechos de los consumidores, y el referente local de UCU, José María Cónzoli, fue uno de los participantes de la actividad desarrollada el viernes 22 y sábado 23 de septiembre en Rosario. “La mayoría de los disertantes y ponentes coincidieron en alertar sobre la vulnerabilidad del consumidor, a pesar de los avances en materia legislativa. Aún hoy existe una gran desprotección, que se manifiesta sobre todo en la franja de adultos mayores a partir de la implementación de las plataformas digitales, tanto en entidades financieras como en empresas de servicios, sin la mediación de personas físicas para la atención”, resumió el congresal.

“Tenemos gran parte de la población que está totalmente desplazada en cuanto a sus derechos en estas áreas de servicios, y obligada a acudir a familiares o allegados para cumplir con sus gestiones, y esa ayuda no siempre es posible”, dijo el abogado. Y, en este sentido, agregó que “es muy importante que los derechos de los consumidores se divulguen por todos los medios para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, asegurando un trato digno”. 

“Ante la denuncia, algunos casos se judicializan y otros se solucionan por la vía administrativa, por lo cual es indispensable que el funcionamiento de las oficinas públicas, por ejemplo, en los municipios, se optimice en los próximos tiempos en beneficio de los consumidores. También es importante el trabajo de las áreas provinciales correspondientes para la aplicación de las multas”, subrayó Cónzoli.

Sin embargo, admitió que las denuncias que se elevan son una minoría, que estimó en menos del 10 por ciento, y consideró que “aún siguen sorprendiendo las resoluciones judiciales avalando a los clientes en episodios de estafas bancarias, porque son muy pocas las que llegan a esas instancias de resolución, más que nada porque el usuario de esos servicios no es consciente de sus derechos y entonces no los hace valer”, razonó el referente de UCU. “Son muchísimos los casos que se escuchan en los distintos ámbitos y muy pocas las denuncias que se concretan”, aseguró, dando como ejemplo que hay personas que terminaron pagando, en onerosas cuotas mensuales, un crédito que tramitaron y usufructuaron terceros a través de su cuenta. 

“Hay casos alarmantes, en el país y en nuestra región en particular, que obligan a extremar las prevenciones y diagramar campañas de difusión para que los usuarios conozcan los riesgos a los que están expuestos”, enfatizó, “sobre todo como consecuencia de las plataformas digitales, de las cuales deben hacerse cargo las entidades financieras que impusieron estas modalidades, las cuales, por otra parte, les generan un gran ahorro económico en la prestación de los servicios”.

“La Ley de Defensa al Consumidor cumplió 30 años y tiene rango constitucional a través del artículo 42, pero a veces estas normativas se desconocen en la comunidad y tampoco se sostiene una política de Estado aplicada por los sucesivos gobiernos. No obstante -reconoció-, hay avances, como la gratuidad y la oralidad, que dieron lugar a un sistema más inclusivo y ágil. En Venado Tuerto, por ejemplo, está dando buenos resultados en primera instancia, con un trato directo entre el justiciable y el juez”.

Más adelante, José María Cónzoli sostuvo que “la repercusión mediática de algunos casos ayuda a que la población se entere de que, ante una situación semejante, puede hacer valer sus derechos” y acotó que otro fenómeno llamativo es que “muchos festejan las resoluciones judiciales favorables a los usuarios, interpretando que las sanciones a entidades financieras transgresoras son pequeños actos de justicia que se aplican a uno de los sectores más beneficiados del país en cuanto a la rentabilidad de sus negocios, más allá de los contextos”. 

Como dato adicional, destacó el dirigente venadense que en las organizaciones de defensa del consumidor se están recibiendo reiteradas quejas de inclusiones caprichosas en registros como el Veraz y el del Banco Central de la República Argentina (BCRA), “que van desde la categoría de morosidad hasta la de incobrabilidad, abarcando a usuarios que jamás gestionaron un crédito, o que ya lo saldaron, y esto es muy injusto y perjudicial porque impide el acceso a nuevos créditos, por ejemplo”, acotando que dicha situación puede enmendarse a través de una instancia administrativa o bien con una acción de habeas data.