Después de más de dos años de controversias, llegó a su fin el litigio judicial entre la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y la compañía de telefonía IPTEL, con la homologación del convenio entre partes que, el 17 de agosto, refrendó el Juzgado en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación Judicial de Venado Tuerto.

Cabe recordar que la UCU había entablado una demanda, en noviembre de 2020, contra la prestadora de servicios telefónicos e Internet en relación con el cargo de “facturación y cobranza”, a su criterio en forma ilegal, impuesto a sus clientes.

El acuerdo transaccional incluye la derogación de dicho rubro por parte de IPTEL a partir de la fecha de la firma del acuerdo, y, además, la empresa se compromete a efectuar el correspondiente reintegro a los consumidores que hayan pagado dicho cargo durante el período de septiembre de 2017 a julio de 2021.

Si bien, en un primer momento, la demandada ensayó argumentos de defensa, según consta en la resolución judicial firmada por la jueza María Celeste Rosso, “luego de una serie de conversaciones iniciadas con finalidad conciliatoria, es interés de las partes llegar a una solución integral de lo debatido en el proceso con el objetivo de poner fin al estado de incertidumbre en torno al tema”.

“Cuando detectamos que se estaba incluyendo un ítem en concepto de ‘facturación y cobranza’, que no está permitido, se inició una demanda colectiva a los efectos de que, en primer lugar, la empresa cese en ese cobro -cosa que ocurrió hace bastante tiempo- y, en segundo lugar, se reintegrara la sumatoria de esos $39 mensuales por cliente, que puede parecer un valor insignificante, pero en total significa más de ocho millones y medio de pesos”, dimensionó el abogado y referente de la UCU en Venado Tuerto, José María Cónzoli.   

“El monto global, y por todo el período sujeto a reintegro, asciende a la suma de $8.525.283, denominada en adelante ‘el reintegro’, y será abonado por IPTEL a todo su universo de abonados (vigentes y no vigentes), conforme los plazos, condiciones y modalidades de reintegro que se detallan en el presente acuerdo”, establece el convenio, el cual incorpora diferentes modalidades para clientes conectados y no conectados a la firma del acuerdo, y se detallan los plazos y condiciones (notas de crédito y acreditación bancaria, entre otras alternativas) para su ejecución.

Asimismo, se establece un derecho de exclusión para los miembros del grupo representado por la UCU, es decir que, con sólo declararlo, el usuario puede desvincularse de la solución general proporcionada por el acuerdo.

En dicho acuerdo, con homologación judicial, se contemplaron medidas de publicidad (los avisos se incluyeron en las ediciones impresas de Sur24 del 28 de agosto y 4 de septiembre) para informar a los consumidores sobre el acuerdo y sus derechos, donde consta el siguiente texto: “A los fines de conocer las modalidades, plazos y montos a reintegrarse, los consumidores podrán ingresar a la página web de UCU, como de IPTEL, o bien contactarse por los diferentes canales a disposición, digitales y/o presenciales, a fin de interiorizarse de la información detallada y medios para ejercer su opción de reintegro”.

Además, Cónzoli informó que, en caso de existir un remanente -dinero no reclamado por los damnificados-, será donado al Centro de Educación Física N° 54 con la finalidad específica de contribuir a la construcción de la cancha de hockey de césped sintético del organismo provincial, como ya sucedió en beneficio del Hospital Gutiérrez, cuando el penalizado había sido un supermercado céntrico.

La tarjeta de crédito de un supermercado nacional, con boca de expendio en Venado Tuerto, deberá abonar 32.000.000 de pesos a clientes por el cobro indebido de “gastos de gestión”.

La noticia se conoció tras un fallo del 22 de junio del poder judicial de nuestra ciudad.

La empresa TDM, que presta servicios a La Anónima, fue obligada mediante un acuerdo a implementar distintos mecanismos de devolución de los fondos.

Se trata de una demanda colectiva impulsada desde la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), desde donde mostraron su satisfacción por el desenlace.

“Luego de años de trabajo, nuestra asociación arribó a un acuerdo con la empresa Tarjeta del Mar S.A. el que fue homologado por la justicia. El 1° de noviembre de 2016 UCU promovió una demanda contra TDM con el objeto de que cesara en el cobro del cargo de gestión de cobranza y reintegrara el dinero cobrado con causa en tal concepto”, detallaron desde la ONG.

El trámite se realizó ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de Segunda Nominación de Venado Tuerto. Y fue homologado en el mes de junio de 2022, siendo el primero de su estilo en este ámbito judicial.

Entre los puntos más destacados del convenio se determina que “TDM ha ofrecido una bonificación para los consumidores involucrados cuyo monto resulta razonable en este contexto y estadio procesal del expediente por la suma de $ 32.000.000”.

A esto se suma que “parte de ese dinero se acreditará a favor de los clientes activos mediante acreditación automática en la cuenta de tarjeta de crédito. En cambio, los clientes no activos podrán recibir la bonificación mediante una solicitud en cualquier sucursal de RAPIPAGO (www.rapipago.com.ar)”.

Por otro lado, “TDM se compromete a dejar de cobrar el cargo en cuestión, quedando solamente la posibilidad de trasladar a los consumidores mínimos costos relacionados con ciertas cuestiones básicas indispensable para advertir al consumidor acerca de la mora”.

Además, “las gestiones realizadas y su monto, deberá ajustarse exclusivamente al costo de cada una conforme valores de mercado y no podrá significar ningún tipo de ganancia para TDM, deberán ser informadas al deudor en detalle, en la oportunidad de realizar el pago de tal concepto”.

Por último, define que “cualquier otro gasto que la empresa realice tendiente a comunicar o intimar a sus clientes deudores, corresponderá por cuenta y orden de la empresa, no pudiendo ser trasladado a los consumidores”.

Desde Usuarios y Consumidores Unidos aseguraron estar “muy satisfechos, por que traerá una mejora sensible en la situación de los deudores morosos de la empresa”.

Si bien este mediodía la presidenta del Concejo Municipal, Emilce Cufre, ratificó a Sur24 que el viernes 29 del corriente se aprobará en sesión legislativa la ordenanza del nuevo contrato de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica, por el término de 20 años, con la Cooperativa de Electricidad, en la recta final se encontraron con la fuerte oposición de algunas instituciones representativas de la comunidad, como el caso de la Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior (Cricex) y el Parque Industrial “La Victoria”, que plantearon objeciones en conjunto. Y a dicho pronunciamiento se sumó en la mañana de este jueves el de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), patrocinado por el abogado José María Cónzoli, quien en primer lugar, en nueva notificación al Concejo Municipal, recordó “que en fecha 24-09-21 (8 hs.) se ingresó por secretaría un requerimiento de intervención de las ONG en defensa de los derechos de los consumidores de nuestra ciudad (UCU y Lideco), en el contrato de concesión a celebrarse entre la Municipalidad de Venado Tuerto y la Cooperativa de Electricidad de Servicios Anexos de Venado Tuerto”.

A continuación expresó el máximo referente regional de la UCU que “en fecha 18-10-21 remiten al suscripto copia del borrador del mencionado, esperando aún se convoque a los fines de escuchar y debatir propuestas inherentes a los derechos de nuestros representados que entiendo deben incorporarse al mismo, contempladas en Ley 24.240 y nuestra Carta Magna, entre las que podemos mencionar el derecho a información (facturación clara, detallada  y precisa), protocolo para corte de suministro, tarifa diferenciada para consumidores hipervulnerables, obligatoriedad y reglamentación de la audiencia pública ante aumento de la tarifa”.

Más adelante, agregó Cónzoli: “Creo oportuno señalar que ha ingresado recientemente a la Legislatura de nuestra provincia de Santa Fe el anteproyecto del Código Provincial de implementación de los derechos de las consumidores y los consumidores, realizado por comisión de reconocidos especialistas en la materia, como Aidilio Fabiano, Marcelo Quaglia, Susana Gueiler, Gonzalo Sozzo, Lorena Bianchi, Carlos Hernández y María Betania Albrech, a quienes podrán realizar consulta técnica con el fin de dar respuestas equilibradas, que contemplen los diferentes intereses en juego y que se desarrollen los derechos fundamentales”.

“Es un contrato que tiene prevista una vigencia por veinte años de un servicio esencial, siendo indispensable la adecuación del mismo a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de los que la Argentina es parte, en particular las Declaraciones y Convenciones relativas a Derechos Humanos, La Ley N° 24.240, el Código Civil y Comercial y las leyes especiales que regulan aspectos particulares de las relaciones de consumo”, completó.

Las entidades representativas del sector productivo (Cricex y Copain) habían centrado sus observaciones en dos aspectos centrales: la exclusividad que se otorga a la concesionaria en la generación de energía y la falta de precisiones en los anexos que acompañan al marco contractual general. En este sentido, el presidente de la cooperativa administradora del complejo fabril de ruta 8, Jorge Alvarez, reveló que “lo que más conversamos (en la reunión sostenida con los concejales) es que el contrato hace referencia a cuatro anexos y ahora van a ser cinco; pero estos anexos no están y nosotros entendemos que sin el acuerdo de éstos no es aconsejable avanzar con el contrato, entendiendo que estos anexos son el corazón del contrato”. Y amplió: “Incluso hay anexos que son estrictamente necesarios para el inicio del contrato; uno de ellos habla de la tarifa inicial y diríamos que sería imposible que la Cooperativa pudiera emitir facturas apenas esté el contrato aprobado si no está avalada la tarifa inicial”.