Usualmente los santafesinos, en especial parte de los dirigentes políticos locales, dejan en claro que en la provincia de Santa Fe no se verifica con la misma virulencia la “grieta” que divide territorios, alianzas políticas, discursos, visiones ideológicas y hasta el bien del mal, a nivel nacional.

Sin embargo, ese valor local no ha sido suficiente para que el oficialismo y la oposición santafesinos hayan logrado tener una verdadera política de estado en materia de generación de energía eléctrica a cargo de los propios usuarios.

Hace un año, en julio de 2022, El Litoral señalaba que habían perdido estado parlamentario en la Legislatura tres proyectos de ley para dar impulso a los proyectos de quienes ya instalaron o piensan instalar sistemas de generación de electricidad alternativos o más amigables con el medio ambiente en sus domicilios, tanto para cubrir sus propias necesidades como para entregar el sobrante a la red de distribución.

Quedaron como letra muerta un expediente que había aprobado la Cámara de Diputados, impulsado por Clara García, otro que había presentado el entonces senador por Rosario, Marcelo Lewandowski y un tercero de la Casa Gris, con la firma de gobernador Omar Perotti. Se sucedieron las reuniones técnicas durante 2020 y buena parte de 2021 pero en poco tiempo (el año pasado) los tres fueron sucesivamente perdiendo la posibilidad de ser tratados por la extinción de los plazos legislativos.

Y desde entonces ha pasado otro año: es el quinto que se pierde para sumarse a las políticas públicas nacionales que, curiosamente, sí han resistido el paso de los gobiernos de uno a otro signo político y a la dichosa grieta.

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Lógicamente, el expediente de la diputada García originado en la oposición reivindicaba las políticas en favor de los “prosumidores” que se habían puesto en marcha durante la gestión anterior, terminada en diciembre de 2019. Pero que no tuvieron más sustento legal que un decreto, dictado en 2018, que fue reemplazado por otro.

En cambio, el proyecto del oficialista Lewandowski avanzaba con lo que espera el actual gobierno de esas modalidades tecnológicas de generación de energía eléctrica, que tiene altos costos económicos e impulsa su utilización con beneficios tarifarios en las entidades de bien público vinculadas a la ayuda social, las asociaciones intermedias sin fines de lucro, y los clubes en general, más que a los usuarios residenciales (los hogares).

En definitiva, hoy se mantienen los beneficios que poseían los ex prosumidores pero no hay más incentivos para que haya más usuarios generadores que hagan de sus techos una micro generadora mediante brillosos paneles solares.

En medio del debate propio de un proceso electoral, la segunda mitad del año legislativo transcurrirá al cabo de las Paso y de cara a las elecciones generales de gobernador y vice del 10 de septiembre. Cuesta creer que se pueda avanzar en una norma provincial al respecto. Y mientras tanto, quienes se embarcaron en la compra de esos equipos (en general paneles que convierten la energía solar en electricidad) o piensan en esa alternativa, lamentablemente siguen al margen de la Ley Nacional 27.424.

Esa norma tiene una historia a contrapelo de lo que, se supone, son las enemistades de la grieta: se votó a fines de 2017, se reglamentó en 2018 y se hizo operativa en marzo de 2019 al dictarse el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida Renovable, todo durante el gobierno nacional anterior. El actual tomó sobre la base de lo iniciado antes sostiene esas políticas e incluso brinda informes, los “Reportes de Avance” sobre la implementación de la norma, siempre en el ámbito del Ministerio de Economía.

Allí se puede ver que Santa Fe es parte de un grupo minoritario: el de las provincias que no han adherido al régimen de promoción. Ya son 14 los estados subnacionales que se sumaron y quien más ha logrado avances es Córdoba. La Provincia de Buenos Aires se agregó hace un año y sus potencialidades (con el 40% del mercado eléctrico argentino) son enormes. En tan solo un año ya avanzado la mitad de lo que logró la provincia mediterránea en tres.

Para finales del 2022 “el régimen de Generación Distribuida (Ley 27.424) contó con 14 provincias adheridas y 216 Distribuidoras/Cooperativas inscriptas”.

Según el último reporte disponible, de mayo pasdo, hay 649 usuarios generadores (UG) cordobeses, 341 bonaerenses y 90 porteños. Les siguen San Juan, Mendoza y La Pampa con 50, 39 y 30 usuarios que generan energía para sí y que venden sus excedentes al mercado de distribución local.

Según el último dato disponible, son 1.265 los UG que generan unos 23.380 kilovatios/hora. A lo largo de 2022 el programa alcanzó los 1.072 UG con una potencia total instalada de 18.192 kW, que equivalen a la demanda eléctrica anual de 9.804 hogares y representan un total de 11.500 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (tCO2) evitadas (si se compara esa generación verde con la generación térmica que requiere la quema de combustibles derivados del petróleo).

(Por Luis Rodrigo) – Un proyecto de ley con media sanción de Diputados, impulsado por la oposición; otro del propio Senado santafesino que no había logrado avanzar por las divisiones dentro del oficialismo que tiene la mayoría; y un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, que se limitaba a una adhesión a una norma nacional, caducaron en la Cámara alta de la Legislatura por el mero paso del tiempo: todos hablaban de los llamados usuarios-generadores y han pasado al archivo.

Se trata del sector que, además de ser cliente de la Empresa Provincial de la Energía, también la genera. Generalmente, mediante paneles fotovoltaicos.

El servicio de prensa oficial del cuerpo confirmó a El Litoral que los tres expedientes han perdido estado parlamentario y por lo tanto ya no pueden ser tratados por los senadores. Así, se hable de prosumidores como antes lo hacía el gobierno de Miguel Lifschitz o de usuarios generadores como buscaba el proyecto del gobernador Omar Perotti, la cuestión está a nivel legislativo en foja cero.

En septiembre de 2020 El Litoral alertaba sobre el tema bajo el título: “Tres proyectos y ninguna ley” para que Santa Fe también goce de los beneficios otorgados a los usuarios que generan energía, a nivel impositivo, otorgados por el Estado Nacional.

Durante todo aquel año y parte de 2021, hubo reuniones y una labor técnica intensa para hacer compatibles las iniciativas de la diputada socialista Clara García, que había logrado la aprobación de Diputados, y del ex senador provincial Marcelo Lewandowski del justicialismo, hoy senador nacional por Santa Fe, pero no hubo acuerdo político para avanzar.

Lógicamente, el expediente de la diputada García originado en la oposición reivindicaba las políticas en favor de los “prosumidores” que se habían puesto en marcha durante la gestión anterior pero no tuvieron más sustento legal que un decreto, dictado en 2018, que fue reemplazado por otro. En cambio, el proyecto del oficialista Lewandowski avanzaba con lo que espera el actual gobierno de esas modalidades tecnológicas de generación de energía eléctrica, que tiene altos costos económicos e impulsa su utilización con beneficios tarifarios en las entidades de bien público vinculadas a la ayuda social, las asociaciones intermedias sin fines de lucro, y los clubes en general, más que a los usuarios residenciales (los hogares). Hoy se mantienen los beneficios que poseían los ex prosumidores pero no hay más incentivos para que haya más usuarios generadores que hagan de sus techos una micro generadora mediante brillosos paneles solares.

En tanto, el proyecto que podía ser catalogado como “de mínima” era impulsado por la Casa Gris y se dirigía a no dejar pasar la oportunidad de sumar a Santa Fe a la promoción nacional de la llamada “Generación distribuida”. El término pone el acento en lo espacial y en las ventajas de tener sistemas alternativos que sumen megavatios (no hay capacidad de gigavatios) donde el servicio puede tener horarios de demanda críticos. Los funcionarios provinciales esperaban que al menos haya una adhesión a la Ley Nacional 27.424, pero ni para eso alcanzó el diálogo. En definitiva, siempre se trata de contar con la voluntad política necesaria y con ella (como el trabajo para compatibilizar proyectos a nivel técnico está hecho) eventualmente podría avanzarse en poco tiempo.

Las políticas nacionales contempladas por la norma nacional también crean ventajas para que las industrias aprovechen, cuando sus procesos productivos lo permiten, para vender megavatios a las distribuidoras eléctricas. Más aún, las representaciones empresarias santafesinas han pedido a la Legislatura que haya una ley de adhesión santafesina para aprovechar esos estímulos, que se sumarían a los que ya ofrece el gobierno provincial con su asesoramiento en materia de uso racional de la energía.

Córdoba lidera en el país la incorporación de usuarios generadores en la red eléctrica de su empresa distribuidora EPEC. Allí, además de contar con los beneficios fiscales nacionales, existe a nivel provincial un sistema para que los inversores particulares puedan amortizar en 6 o 7 años la adquisición de equipos generadores, tanto para las industrias como para los hogares. Lógicamente, cuanto más cercana a sus valores reales sea la tarifa tanto más rápido el recupero. Recientemente, también la Provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% del mercado eléctrico del país, se ha adherido a la Ley Nacional 27.424 y sus perspectivas para aprovechar esos desarrollos son enormes.