Gabriel Rossini

El presupuesto nacional para ciencia y tecnología estará en el orden del 0,140% del Producto Interno Bruto, el valor más bajo desde que se registra estos datos a partir del año 1972, mientras que al primer trimestre de este año acumula una caída real del 50,8% desde 2023, de acuerdo con el análisis realizado por los investigadores de epc; las letras iniciales de economía, política y ciencia, que conforman un grupo de investigadores, analistas y consultores con experiencia de gestión en políticas del área y que integra el Centro Iberoamericano de Investigación en CTI.

De esta manera, el financiamiento del sector Ciencia y Técnica está cada vez más lejos de la pauta establecida en la suspendida Ley 27.614, que preveía destinar el 0,520%del PBI para el sector. Por su parte, el presupuesto universitario representaba el 0,718% del PBI en 2023, pero caerá a un mínimo de dos décadas en 2026 hasta el 0,431%. Mientras tanto hay fallos de la justicia que obligan al Estado Nacional a actualizar los fondos que no están siendo cumplidos por el gobierno nacional.

El Conicet Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

De acuerdo con el trabajo difundido por epc, el presupuesto ejecutado de los fondos de Ciencia y Técnica se retrajeron un 1,1% real en el acumulado del primer trimestre 2026 respecto del mismo período del año pasado, que se suma a las caídas del 30,2% de 2024 y del 16,4% de 2025. Respecto de 2023, la ejecución acumulada en lo que va de 2026 se encuentra 37,8% por debajo.

Por otro lado, de acuerdo con las previsiones que realizan para este año, aún con supuestos optimistas, el presupuesto del área caería 15,6% real en el año, declinando un 50,8% real respecto de 2023 y 58,1 puntos vs. el máximo de 2015.

La ejecución presupuestaria del primer trimestre muestra caídas en casi todos los institutos, aunque en distintas proporciones: mientras que el INA (Instituto Nacional del Agua) fue de -45,8%), rl de la CONAE que participa en la Misión Artemis a la luna de -33,2%) y la Agencia IDI (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) -20,4%); el del Inta se retrajo -12,3%), CONICET -7,1% y el INTI -6,5%.

El informe señala que el gasto en programas específicos de Defensa (Sostén Logístico Antártico) presenta un alza estacional, al igual que CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica (+4,4%), debido a erogaciones en el desarrollo del RA-10, un reactor multipropósito destinado a la salud, la ciencia, la tecnología y la industria, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza.

La UTN Rafaela.

Respecto de los salarios del personal que trabaja en los organismos de Ciencia y Técnica, el informe concluye que continuó el proceso de deterioro del poder adquisitivo que va de -39,5% CIC-CPA y Becas del CONICET; -33,2% en Universidades Nacionales y -31,0% SINEP) desde noviembre de 2023.

Medido por provincia, la ejecución del presupuesto nacional de Ciencia y Técnica cae de manera muy asimétrica. Con el promedio nacional en 37,8% de retracción entre el primer trimestre de 2026 contra el mismo período de 2026, las provincias más afectadas son Neuquén (-63,0%), La Rioja (-57,7%) y Santa Cruz (-55,3%), mientras que las menos cayeron fueron Río Negro (-31-1%), Chubut 32,1% y Mendoza -33,2%. En el caso de Santa Fe la pérdida es de -38%, tres décimas menos que el promedio nacional.

Mariela Goy

Luego del paro de cinco días realizado el 16 de marzo, la conflictividad en el sistema universitario suma un nuevo capítulo con una nueva semana marcada por paros y protestas en todo el país. Gremios docentes anunciaron medidas de fuerza desde este lunes 30 de marzo y durante los días martes 31 y miércoles 1 de abril (lo que se suma a los feriados de jueves y viernes), en reclamo de recomposición salarial, apertura de paritarias y cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En tanto, los trabajadores no docentes harán un paro de 24 horas el martes 31 de marzo.

Las medidas de fuerza continuarán en abril con nuevas jornadas de paro y acciones de visibilización, mientras los gremios advierten que el conflicto podría escalar si no hay respuestas oficiales en materia salarial y presupuestaria. En paralelo, ya se analiza la posibilidad de una nueva marcha federal universitaria, en un contexto de creciente tensión en el sistema público de educación superior.

Desde el gremio local Adul, de los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (adherido a Conadu Histórica a nivel nacional) confirmaron la convocatoria al paro nacional y advirtieron que "no hay respuestas, no hay convocatoria a paritarias, no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario", al tiempo que señalaron que la política del Gobierno "tiene un solo objetivo: profundizar la crisis salarial de docentes y no docentes".

En ese sentido, remarcaron que "la deuda con nuestros salarios ya supera el 51%" y sostuvieron que "cuando se desfinancia la universidad pública se recorta el futuro, se achica la ciencia y se precariza la docencia".

Los estudiantes universitarios de la UNL deberán consultar con sus profesores si dictan clases o adhieren a la medida. Al igual que el paro anterior, se verán afectadas también las escuelas pre-universitarias: jardín de infantes, primaria y secundaria de la UNL, la Escuela Industrial Superior y la Escuela Granja de Esperanza.

Los gremios acompañan las medidas con acciones de visibilización. En este caso, el sindicato de los no docentes en Ciudad Universitaria y en ruta 168 el pasado viernes. Foto: Flavio Raina

El escenario se da en línea con el diagnóstico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que advirtió en su plenario del viernes pasado que los salarios universitarios perdieron un 32% de su poder adquisitivo desde fines de 2023, ubicándose en "su nivel más bajo de los últimos 23 años". El organismo también alertó que la caída equivale a la pérdida de más de 7 salarios y que el deterioro general del sistema responde a un recorte presupuestario "crítico" y "sin precedentes".

En tanto, los trabajadores no docentes nucleados en Apul (alineada a nivel nacional con Fatun) tiene la modalidad de paros de 24 horas por semana. El próximo es el martes 31, y más adelante los días 8, 17 y 23 de abril.

Además, al igual que la docencia vienen realizando jornadas de visibilización con distintas actividades. El viernes pasado llevaron adelante una protesta con demoras del tránsito en ruta 168, a la altura de Ciudad Universitaria, para hacer entrega de volantes a los automovilistas que circulaban por el lugar.

"Estamos en una jornada de protesta en defensa de la universidad pública y la educación", señaló el dirigente Rubén Núñez, en oportunidad de la medida. Y reclamó "la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario, salarios dignos y la apertura inmediata de paritarias".

Además, el dirigente indicó que las medidas forman parte de un plan de acción conjunto con federaciones nacionales, el CIN y el movimiento estudiantil, que incluye paros, asambleas y nuevas movilizaciones.

Por su parte, la Federación Gremial Docente de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) lanzó un paro de cinco días distribuido en tres semanas: 30, 31 de marzo, 1 de abril y luego 8 y 17 de abril. Su secretario general a nivel nacional, Ricardo Mozzi, advirtió que la situación es insostenible: "Enseñar no debiese ser un sacrificio" y alertó sobre "un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía".

También cuestionó los aumentos otorgados por el Ejecutivo, al calificarlos como "ajustes unilaterales por debajo de la inflación", y aseguró que "hemos cobrado casi 9 salarios menos de los que hubiésemos percibido si los ajustes hubiesen seguido el ritmo inflacionario".

El conflicto se agrava por la falta de aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), que establece la recomposición de los salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. De haberse implementado en su totalidad, los ingresos del sector habrían logrado recuperar gran parte de la pérdida sufrida.

En este escenario, los gremios insisten en la reapertura de paritarias y cuestionan el incumplimiento de la norma, que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y que actualmente se encuentra judicializada. Luego de no lograr su derogación, el Gobierno presentó un nuevo proyecto que introduce modificaciones al esquema vigente. Contempla aumentos escalonados que totalizan apenas un 12,3%, muy por debajo de lo necesario para revertir la caída del poder adquisitivo.

Mariela Goy

En un contexto complejo -con nuevos paros que se avecinan-, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) renovó sus autoridades este viernes durante el 95° plenario realizado en La Pampa y eligió como presidente al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. En paralelo, el organismo -que nuclea a los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas- emitió dos declaraciones: una en la que se manifiesta en "máxima alerta" por la situación de la ciencia, y otra en la que advierte que la situación presupuestaria en el sistema universitario nacional "es crítica".

Durante el plenario también se designó como vicepresidente al rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres. Asimismo, se renovaron autoridades de comisiones internas: en ese esquema, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, fue electa presidenta de la Comisión de Acreditación del CIN, un espacio clave para la evaluación y mejora de la calidad universitaria.

Tras la votación, Bartolacci asumió con un discurso atravesado por la preocupación por el momento que atraviesan las universidades. "Se nos viene un año bravo donde va a haber que trabajar mucho", advirtió a sus pares, en el encuentro que duró dos días y que fue transmitido por YouTube. Visiblemente emocionado, dijo que asumir el cargo es "un honor" que cumplirá "con responsabilidad".

En ese marco, sostuvo que el sistema universitario enfrenta "uno de los momentos más delicados desde la recuperación de la democracia", con trabajadores que perciben salarios "que son una miseria" y en un contexto de "destrato sistemático e injusto".

El nuevo titular del CIN remarcó, sin embargo, que el sostenimiento del sistema fue posible gracias a la articulación interna y el respaldo social. "Acá parece que pudieron con todo, pero con lo único que no se pudo aún es con el sistema universitario nacional", subrayó, y atribuyó esa resistencia "a la inteligencia de autoridades y de las comunidades universitarias y de los gremios, a la unidad que supimos custodiar y al abrazo solidario de la sociedad argentina".

El CIN aseguró que los salarios del sector tuvieron "una pérdida del orden del 32%". Foto: Gentileza CIN

Como hoja de ruta, Bartolacci planteó tres ejes que sintetizó en una consigna: "reclamar, reformar y resguardar, todo junto, todo al mismo tiempo y todo con la misma fuerza". En ese sentido, reclamó recomposición salarial, mayor presupuesto y mejores condiciones para el funcionamiento universitario, pero también insistió en la necesidad de transformar el sistema. "La universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas en un mundo que cambia vertiginosamente", afirmó, en línea con el espíritu reformista histórico.

Por esta razón, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva: "Tenemos un desafío generacional extraordinario: sostener en pie la universidad pública y la ciencia de la Nación hasta el próximo ciclo. Es una responsabilidad tan enorme que no hay derecho a fallar".

Laura Tarabella, rectora de la UNL, ocupará la Comisión de Acreditación del CIN Crédito: Guillermo Di Salvatore

El CIN advirtió, en otra declaración publicada este viernes, que la situación presupuestaria del sistema universitario nacional es "crítica" y atraviesa "todas las dimensiones de los asuntos universitarios". Según detalló, las transferencias a las universidades registran una caída real acumulada "del 45,6% entre 2023 y 2026", lo que representa "una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento" del sistema.

En materia salarial, el organismo señaló que el deterioro del poder adquisitivo es "igualmente relevante". Mientras los salarios aumentaron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica "una pérdida del orden del 32%". En términos concretos, el CIN indicó que esa caída equivale "a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales" y ubicó a los haberes universitarios en "su nivel más bajo de los últimos 23 años".

El informe también remarcó que el poder adquisitivo de los gastos de funcionamiento no superó "en ningún mes" el 64% del nivel de enero de 2023 y que actualmente se ubica "en torno al 40%", lo que implica haber perdido el equivalente a "casi 9 meses de transferencias" en comparación con el promedio previo.

Finalmente, el CIN advirtió que el ajuste impacta en áreas clave del sistema científico y universitario. Las partidas para ciencia y técnica se redujeron a un 38% de los niveles de 2023, las de extensión a apenas "1,02%", y las Becas Progresar a cerca del 26%, mientras que otras líneas vinculadas a infraestructura y acompañamiento estudiantil quedaron "en el 0%". En este contexto, subrayó que el recorte no solo afecta a las universidades, sino también a "líneas presupuestarias centrales para sostener el funcionamiento del sistema".

Este jueves y viernes, los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas se reunieron en La Pampa. Foto: Gentileza CIN

El CIN, junto a la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), publicaron -tras la primera sesión del jueves 26- una dura declaración en que la manifiestan su "extrema preocupación" y "máxima alerta" ante "la situación crítica y sin precedentes que atraviesa el sistema científico tecnológico del país".

En ese marco, los organismos pusieron el foco en el impacto del desfinanciamiento sobre universidades e institutos de investigación, donde se desarrolla la mayor parte de la producción científica del país. El documento advierte que la falta de recursos "compromete proyectos estratégicos, infraestructura, becas y carreras de posgrado", además de profundizar "la emigración de jóvenes investigadores por la falta de oportunidades y salarios adecuados".

"El sistema científico tecnológico nacional se vuelve incapaz de atraer y retener a sus jóvenes talentos -aseguran-, quienes se ven forzados a emigrar en busca de condiciones laborales y profesionales que hoy no encuentran en la Argentina. Esta pérdida no solo empobrece el presente: erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de las y los investigadores más creativos, productivos y con mayor proyección".

Por esto, el CIN y la Raicyt exhortan a las autoridades nacionales a garantizar los niveles de financiamiento indispensables para preservar la continuidad del sistema científico tecnológico y asegurar el pleno funcionamiento de las universidades públicas y los institutos de investigación.

El Congreso Nacional aprobó de manera definitiva la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), una norma que busca asegurar la continuidad del sistema universitario público, garantizar la actualización presupuestaria y establecer un mecanismo de recomposición salarial para los trabajadores del sector.

La sanción se dio luego de que el Senado confirmara por dos tercios la decisión de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional, y enviara la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La ley tiene como objetivo central “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

Entre sus puntos más destacados, establece la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de definir partidas presupuestarias específicas dentro del programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, para fortalecer la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

El texto promueve una mirada integral del sistema universitario: desde el acceso y la permanencia del estudiantado, hasta la mejora de las condiciones laborales del personal docente y no docente.

También impulsa la expansión de la oferta académica en función de las necesidades del desarrollo regional y nacional, y el fortalecimiento de los vínculos entre las universidades y las comunidades locales.

En este sentido, la norma prevé que el Estado nacional deberá destinar recursos para consolidar las distintas funciones universitarias —docencia, investigación y extensión—, mejorar la infraestructura y equipamiento, promover la formación continua del personal, y asegurar programas de bienestar estudiantil y becas para los sectores sociales más desfavorecidos.

Uno de los aspectos más relevantes de la Ley 27.795 es la recomposición presupuestaria para el año 2024 y la actualización bimestral automática durante 2025. Según lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá ajustar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Esta actualización se aplicará a las actividades vinculadas al funcionamiento universitario, los hospitales universitarios, la ciencia y la técnica, y la extensión.

A la par, la ley dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción, en un porcentaje no inferior al índice de inflación del mismo período. Dicho aumento deberá ser remunerativo y bonificable, y tendrá efecto a partir del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.

Además, el Ejecutivo estará obligado a convocar a la paritaria nacional universitaria dentro del mes siguiente a la sanción, con reuniones periódicas que no podrán espaciarse más de tres meses. En cada tramo de negociación, los incrementos salariales deberán garantizar una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC.

Este mecanismo busca recomponer los ingresos del personal universitario frente al deterioro provocado por la inflación y asegurar un esquema de actualización continua que brinde previsibilidad al sector.

Otro eje de la ley es la recomposición de los programas de becas —como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería— según la variación del IPC desde diciembre de 2023. También se establece un incremento progresivo del número de beneficiarios, en función del crecimiento de la matrícula de las instituciones públicas.

De esta forma, el Estado deberá garantizar que las becas acompañen el costo de vida y permitan sostener el acceso a la educación superior gratuita.

En materia científica, la ley obliga al Poder Ejecutivo a destinar una partida especial durante el año en curso para regularizar los ingresos a la carrera de investigador y otorgar becas tanto a ingresantes como a investigadores posdoctorales.

Este punto apunta a evitar la paralización de los programas de investigación en las universidades públicas y fortalecer el vínculo con el sistema científico nacional.

Por otro lado, se incorpora la realización de auditorías externas al sistema universitario a través de la Auditoría General de la Nación, que deberá controlar la gestión administrativa y remitir los informes al Congreso. El propósito de esta medida es reforzar la transparencia en el uso de los fondos públicos y asegurar un seguimiento efectivo del cumplimiento de la ley.

En su artículo 9°, la norma establece que la financiación de estas medidas no afectará la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro nacional destinados a las provincias. En cambio, el Poder Ejecutivo podrá utilizar incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios.

Este detalle fue clave para destrabar el consenso político en el Congreso, al evitar que el financiamiento universitario compita con los recursos provinciales. La ley, por lo tanto, define una vía específica de actualización presupuestaria que no impacta en el reparto de fondos entre Nación y provincias.

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación rechazó dos nuevos vetos del presidente Javier Milei. Se trató, en esta oportunidad, de las leyes derogadas sobre Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia Pediátrica. Con la mayoría especial requerida, quedaron firmes y ahora pasan al Ejecutivo para su promulgación definitiva.

La ratificación de ambos proyectos fueron tratados en la sesión ordinaria que tuvo lugar este jueves desde las 10 y fue conducida durante buena parte por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta Victoria Villarruel, en el marco de nuevas movilizaciones por parte de ambos sectores involucrados en las afueras del recinto.

Luego de un debate que se extendió por unas siete horas, fueron aprobados los rechazos a los vetos, mediante más de los dos tercios necesarios para tal fin. En el caso de los fondos para Universidades la votación resultó en 58 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones. La Emergencia en Salud Pediátrica con énfasis en la situación del Hospital Garrahan se saldó con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

La votación por la insistencia del Financiamiento Universitario resultó en 58 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones

Las normas habían sido aprobadas en una maratónica sesión el pasado 22 de agosto; luego, el 10 de septiembre, el Presidente de la Nación las vetó en su totalidad, según se publicó en el Boletín Oficial en los Decretos 647/25 y 651/2025. Con la votación de este jueves, el Congreso insistió de forma definitiva sobre ambas leyes, luego de que el último 17 de septiembre fueran aprobadas por Diputados con 174 votos afirmativos en Universidades y 181 en Pediatría.

Ahora, en conformidad con el artículo 83 de la Constitución, el Ejecutivo deberá promulgar las leyes. El antecedente inmediato es el caso de la Emergencia en Discapacidad. Tras la insistencia, el Gobierno oficializó la norma, pero en el decreto determinó que la aplicación quedaba en suspenso hasta que el Congreso especifique el financiamiento. La situación motivó fuertes críticas, nuevas movilizaciones y despertó distintas iniciativas al interior del Parlamento para presionar por su inmediata ejecución.

La insistencia de la Emergencia en Salud Pediátrica con énfasis en la situación del Hospital Garrahan se saldó con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

El Financiamiento para las Universidades Nacionales establece la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante 2024 y una adecuación por IPC para el ejercicio 2025, además de asegurar una recomposición de salarios docentes y no docentes, convocatorias paritarias cada tres meses y aumentos mensuales no inferiores a la inflación medida por el Indec.

En tanto, la ley que declara la Emergencia en Salud Pediátrica establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales especializados, como el Garrahan, garantizando insumos, infraestructura, tecnología, medicamentos y personal médico. También incluye una recomposición salarial y la exención de Ganancias para quienes cumplan funciones críticas o guardias.

La habilitación del tratamiento fue aprobadas con 62 votos afirmativos en el expediente que comunica la insistencia sobre Emergencia Pediátrica y con 61 el debate sobre el Financiamiento Universitario.

En las exposiciones, una de las voces en defensa del veto fue de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. La senadora del PRO fue crítica de la insistencia, esencialmente de los fondos destinados a las universidades: "No estamos discutiendo el abandono escolar, en Córdoba hay 150 mil adolescentes que están fuera de la secundaria. Hay una relación entre la falla en la educación y la pobreza".

La senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, fue de las pocas que defendió el veto a las Universidades.

En la vereda opuesta a la discusión sobre las universidades se expresó a continuación la entrerriana Stefanía Cora (UxP) destacó la movilidad social ascendente de las universidades: "En cada una de nuestras provincias sabemos que contar con una universidad pública es una posibilidad de desarrollo para la provincia, es la articulación con el sector productivo y es la posibilidad del desarrollo asociado a la movilidad social ascendente".

Luego, la jujeña Carolina Moisés resaltó la atención del Garrahan para justificar su apoyo a la Emergencia Pediátrica: "El Garrahan es un hospital de alta complejidad y hay que tener en cuenta esto al analizar los números, no se lo puede comparar con un hospital común. Atiende a más de 600 mil pacientes por año, con 560 camas de internación y 120 de terapia intensiva", señaló la integrante de Convicción Federal.

Por su parte, Martín Lousteau ató la necesidad de las dos leyes en un mismo planteo en el que criticó el proyecto de país del gobierno: "Si no hay universidades, tampoco va a haber médicos en el futuro. Hay que atender las necesidades, privilegiando lo importante, gestionando con transparencia y planificando", sostuvo el legislador de la Unión Cívica Radical.

Lousteau ató la necesidad de las dos leyes en un mismo planteo.

En un sentido similar se expresó el correntino Carlos Espínola, criticando la línea política del Gobierno: "Por supuesto que nosotros creemos en el equilibrio fiscal, pero tenemos una diferencia con el Gobierno: creemos también en el equilibrio social, y eso se logra con consensos y con gestión”, advirtió el integrante de Unidad Federal.

De forma más enfática apuntó contradicciones en las políticas nacionales inauguró Eduardo Vischi las exposiciones de los jefes de bloque: "La educación es la base para el crecimiento y desarrollo de un país, sin embargo no figura en la ley de Bases y Puntos de Partida en la que el Gobierno fundamentó sus políticas", expresó el correntino Vischi. Asimismo resaltó la necesidad de legislar en favor de la salud pública: "Existe una emergencia pediátrica y si no rechazamos el veto vamos a encontrar a la salud en un detrimento permanente", sostuvo titular del bloque de la UCR.

José Mayans se expresó de forma enfática contra las políticas libertarias.

Por parte del jefe de bloque del peronismo, José Mayans, remarcó enfáticamente la oposición a las políticas libertarias: "Las bases de la justicia social y del crecimiento de una sociedad son la salud y la educación. El pueblo necesita un Estado con alta responsabilidad, la educación pública es fundamental en todos sus niveles", sostuvo el formoseño.

Por último, en representación del bloque libertario, Ezequiel Atauche esbozó una defensa del veto del presidente Milei, sobre todo enfocado en los fondos para la educación superior: "No queremos que las universidades sean usinas de financiamiento político: se financian campañas y hay ejemplos actuales. Estamos tocando cajas políticas. La política se financia en las universidades y he ahí la base de las ineficiencias en las universidades", señaló el jujeño jefe de bloque de LLA.

Luego de la insistencia de los vetos, el Senado avanzó con otros temas que estaban previstos en agenda y los que fueron incorporados al comienzo de la sesión. En primer lugar, dio media sanción al proyecto que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía por 61 votos afirmativos, girado a Diputados.

Más adelante, se aprobó un proyecto para evitar la subasta de la histórica sede del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", iniciativa del senador radical Pablo Blanco, que declara la sede como "Lugar Histórico Nacional y estratégico, no enajenable". La iniciativa fue habilitada sobre tablas con más de dos tercios de los votos y recibió un total de 56 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, correspondientes a los libertarios Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia y Juan Carlos Pagotto.

A continuación, la Cámara alta aprobó con el voto favorable de 65 senadores, uno en contra y dos abstenciones una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica con fondos para el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales.

La oposición logró articular la mayoría especial requerida para insistir con ambas leyes, superando ampliamente el umbral de dos tercios de los votos exigido por la Constitución para anular un veto presidencial.

La sesión, cargada de tensión, marcó la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires. Ambas iniciativas ahora pasan al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

Luego de un acuerdo entre los jefes de bloques se decidió que el debate sea unificado y luego la votación se realice por separado de forma continuada. Tras las exposiciones, la primera en ser votada fue la Emergencia Pediátrica con 181 votos a favor y 60 en contra.

Acto seguido, la Cámara baja rechazó el veto con fondos para Universidades con 174 votos a favor, 62 votos en contra y 2 abstenciones, logrando lo que no había podido el año pasado con una ley similar.

La oposición abrió el recinto de Diputados con la intención de dar el puntapié inicial para sostener dos leyes vetadas. El quórum de 132 legisladores se conformó con la presencia de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda, Innovación Federal, algunos radicales y del PRO.

Al alcanzar el número, el titular de la Cámara, Martín Menem, no estaba presente en el recinto para dar inicio, por lo que rápidamente la vicepresidenta primera del cuerpo Cecilia Moreau, se subió a la presidencia y pronunció la fórmula que establece el inicio de sesión.

Fue modificada la modalidad del debate parlamentario a los fines de acortar los tiempos de la sesión. Foto: HCDN.

En labor parlamentaria, se había acordado la modalidad del debate en pos de reducir los tiempos de debate. Pero apenas iniciada la sesión, el jefe de bloque de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto, mocionó para votar inmediatamente y sin debate las dos leyes vetadas. Ante esto, Menem propuso un cuarto intermedio de cinco minutos con los jefes de bloque para definir cómo seguir. La discusión se terminó por saldar con el retiro de la moción, habilitando el debate conjunto de los temas y luego votando por separado.

El debate de las dos insistencias quedó habilitado con los dos tercios, con apoyo de un puñado de legisladores de Pro: Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, José Núñez y Germana Figueroa Casas.

Al inicio de la sesión, juró Facundo Prades en reemplazo del santacruceño Sergio Acevedo que presentó su renuncia. Foto: HCDN.

Ausentes estuvieron legisladores con los que el oficialismo esperaba revertir un resultado adverso: el entrerriano Francisco Morchio, aliado a Rogelio Frigerio; los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, referenciados con Alfredo Cornejo; y el chaqueño Gerardo Cipolini, cercano a Leandro Zdero.

Antes del inicio de la discusión, el jefe de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, intentó contener la ofensiva opositora. Propuso que los aumentos en el Presupuesto 2026 se apliquen antes: en el último trimestre de 2025, es decir, a partir de octubre. Sin embargo, Danya Tavela (Democracia para Siempre) advirtió que la propuesta era insuficiente y remarcó que no resolvía la pérdida que padecieron las universidades y sus docentes desde diciembre de 2023.

El santafesino Mario Barletta fue de los primeros en tomar la palabra, adelantando el rechazo al veto al financiamiento universitario, llamando a devolver “de algún modo lo que la universidad les posibilitó”. “Debemos discutir en profundidad la educación en Argentina para construir un país de hombres y mujeres libres. Es nuestra responsabilidad y obligación”, sostuvo el exintendente de la ciudad de Santa Fe y exrector de la UNL.

Más adelante se expresó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, justificando la insistencia con las leyes que vetó Milei. Pese a manifestar su adhesión a algunas de las políticas del gobierno como el equilibrio fiscal, en su discurso marcó las diferencias que cerró con fuerte frase: "El mercado ya sabe que el equilibrio fiscal es prioridad, no hace falta sacrificar a los niños".

De Loredo tomó distancia de las políticas de ajuste fiscal pese a coincidir en la necesidad del equilibrio.

Luego, Pichetto anticipó el voto en contra de los vetos presidenciales de su bloque y, en su exposición, destacó la actitud del Congreso: “si este Congreso no hubiera tenido la sensibilidad, la responsabilidad, para abordar las demandas sociales, indudablemente iba a entrar en un proceso de crisis terminal el sistema universitario y un estandarte de la salud pública como el Garrahan".

Silvia Lospennato, diputada nacional del PRO, adelantó el voto por la insistencia argumentando que “para hablar de responsabilidad o irresponsabilidad fiscal, primero hay que cumplir con la Constitución". En ese sentido, apuntó a la falta de Ley de Presupuesto durante los dos años del gobierno libertario: "Esa es la primera violación a la ley de administración financiera que debiera preocuparnos a todos”.

El santafesino Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, hizo un llamado a enfrentar "la motosierra salvaje" al exponer en contra de los vetos del Gobierno de Javier Milei al financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia pediátrica con fondos para el Hospital Garrahan. "Para defender todo esto no alcanza con nosotros solos, necesitamos construir mayorías y darle al pueblo argentino un proyecto nacional superador al que gobierna", planteó.

El santafesino Germán Martínez pidió "construir mayorías" para enfrentar "la motosierra salvaje".

La diputada del PRO Silvana Giudici dejó en claro su voto para sostener los vetos y apuntó contra el Congreso señalando que "están preocupados armando portaviones llenos de misiles para darle a la base de flotación del Gobierno". Y concluyó con un tiro por elevación a Cristina Kirchner: "al Gobierno le pusieron un tic tac desde San José 1111".

Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, criticó al kirchnerismo sobre el que aseguró que cuando fue gobierno no cumplió con el financiamiento educativo. "Ustedes mismos no lo cumplieron. Yo sé que lo saben", comentó. "Mantenemos la misma receta, pero con otro cocinero para solucionar los problemas. Eso nos trajo hasta acá. La receta es el gasto irresponsable que no se sabe de dónde sale el financiamiento y eso generó más pobreza", expresó el liberario.

Por Mariela Goy

En rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento de la educación universitaria y la de emergencia en salud, se preparan dos acciones en la ciudad de Santa Fe en consonancia con las protestas que se llevarán adelante a nivel nacional.

Este martes 16 de septiembre, a las 20 horas, se realizará un "apagón nacional" contra los vetos en salud y educación bajo la consigna "Sin Educación, sin Salud y sin Ciencia no hay desarrollo para el país". La convocatoria invita a todas las instituciones a apagar las luces de sus edificios y a la ciudadanía a sumarse desde sus hogares durante cinco minutos.

También este martes, a las 10, en el Rectorado, las autoridades de las dos universidades públicas santafesinas -UNL y UTN-, junto a los gremios de ambas facultades y la comunidad estudiantil, ofrecerán una conferencia de prensa para anunciar estas acciones que buscan visibilizar las decisiones nacionales que atentan contra la universidad pública, la salud y la ciencia.

La protesta continuará el miércoles 17 de septiembre con la Marcha Federal Universitaria, que a nivel nacional es organizada de manera conjunta con la comunidad del Hospital Garrahan. La concentración en Santa Fe será a las 17 horas, en avenida de los Siete Jefes y bulevar Gálvez, mientras que el gremio de la docencia universitaria, convoca una hora antes en el mismo lugar, además de anunciar que ese día habrá paro docente.

De allí partirá la movilización hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se desarrollará el acto central desde las 18 horas. El mismo incluirá la entonación del Himno Nacional y la lectura de un documento unificado elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

La marcha está prevista para coincidir con el tratamiento en el Congreso del rechazo a los vetos presidenciales en educación y salud, y convoca a toda la ciudadanía a acompañar el reclamo bajo el lema: "La educación no es un gasto, es una inversión en soberanía y desarrollo para un futuro sustentable".

Las consignas que guiarán la jornada son claras: "No al veto. Sí a la universidad pública. Sí a la salud pública". Los organizadores convocaron a toda la ciudadanía a sumarse portando banderas argentinas como símbolo de unidad.

Ante veto del Presidente de la Nación a la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) dispuesto la semana pasada, el Consejo Superior de la UNL aprobó una resolución en adhesión a la Marcha Federal.

El texto aprobado por unanimidad en la sesión del día 11 de septiembre recuerda entre sus fundamentos que la ley en cuestión "fue debatida, votada y sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar el sostenimiento de la educación pública".

Asimismo, la resolución aprobada sostiene que el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo, enmarcado en la continuidad de una gestión que por segundo año consecutivo administra el país sin una Ley de Presupuesto Nacional, "constituye un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación" y que sin presupuesto, "no hay plan, no hay previsibilidad y no hay cómo exigir una rendición de cuentas. Es una decisión política que promueve el desorden institucional y el ajuste discrecional".

Por último, el Consejo Superior expresó que el veto deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno nacional: "Negar la recomposición salarial que termine con la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes; rechazar la actualización de becas estudiantiles como el Progresar y Manuel Belgrano y frenar la inversión en ciencia, tecnología e infraestructura universitaria".

 Por Mariela Goy

El presidente Javier Milei vetó de manera total la Ley de Financiamiento Universitario que, entre otros puntos, prevé una recomposición salarial para docentes y no docentes. La decisión, oficializada en la tarde del miércoles a través del Decreto 647/2025, desató la inmediata reacción del sector universitario. "La situación de la universidad se agrava día a día" y "sin un presupuesto nacional aprobado para 2026, no podrá seguir funcionando", advirtió Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En tanto, los sectores gremiales convocaron, tal cual lo venían advirtiendo, a un paro nacional para este viernes 12 y a una nueva marcha federal universitaria el día que el Congreso discuta el veto.

El proyecto había sido aprobado el 21 de agosto en Diputados con 158 votos a favor, 75 negativos y 5 abstenciones, pero sin alcanzar los dos tercios. Establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación, además de la convocatoria a paritarias y el refuerzo de becas.

La Casa Rosada rechazó la norma por considerar que implica un costo fiscal "superior a un billón de pesos" y que no se especificaron fuentes de financiamiento "concretas y suficientes". "Este gasto sin respaldo real sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables", argumentó el Gobierno en los considerandos del veto.

La comunidad académica respondió de inmediato con medidas que ya había anticipado cuando el veto era aún una amenaza. Desde la Conadu Histórica, gremio madre del local Adul, anunciaron la adhesión al paro docente y no docente de este viernes en todas las universidades nacionales, junto con actividades de visibilización en cada provincia.

Además, confirmaron que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los gremios y federaciones estudiantiles, ya convocó a la tercera Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. "Si hay veto, hay marcha", se venía repitiendo desde hace un tiempo atrás.

Consultado por El Litoral, Mammarella manifestó su descontento con el veto. "Sin dudas que uno se siente decepcionado, porque cuando se mira los argumentos, el propio decreto reconoce el atraso salarial. Al mismo tiempo que sale una inflación del 1,9% mensual, se asigna un 1,3% mensual para docentes y no docentes. Además, el Gobierno paga 3,9% de interés en licitaciones de Lecaps. Con lo que cuestan 6 meses de intereses de esas operaciones, se financiaría este proyecto", calculó el rector.

Según advirtió, la situación dentro de las casas de estudio "se agrava día a día" y remarcó que "todo esto ocurre porque no hay ley de presupuesto. Es condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de nuestras actividades académicas, de investigación y extensión", afirmó, al tiempo que añadió: "Hoy los recursos están, el tema es la asignación. Si no hay prioridad en la asignación, pasa lo que estamos viendo con discapacidad, con salud y con la universidad".

El Poder Ejecutivo remitió el veto al Congreso, que deberá decidir si lo rechaza o lo ratifica. Para revertirlo, la oposición necesitará los dos tercios de los votos en ambas cámaras, una mayoría difícil de alcanzar. Una sesión especial podría realizarse el próximo miércoles.

Mientras tanto, la conflictividad crece: al paro universitario de este viernes, que sería el número 26 en lo que va del año.

El Gobierno de Javier Milei vetó el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado en la tarde-noche de este miércoles en el Boletín Oficial, y representa un rechazo total a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

El reclamo por más fondos para las universidades públicas se hizo sentir en todo el país el pasado 2 de octubre. Créditos: Archivo / Manuel Fabatía.

La decisión del Poder Ejecutivo se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y la oposición parlamentaria que había impulsado la norma. Se estimaba que tras la ratificación del veto se produzcan nuevas manifestaciones de parte de las universidades ante los recortes presupuestarios para con el sector educativo del nivel superior.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.

Decreto 647/2025

El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

Universidades de todo el país, como en Santa Fe también ocurrió, se manifestaron reclamando fondos de funcionamiento. Crédito: Archivo / Fernando Nicola.

Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:

Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.

Garantizar la formación continua.

Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.

Incrementar recursos para tecnología digital.

Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.

Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.

Promover la función de extensión universitaria.

Desarrollar la función de investigación.

Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.

Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.

Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, en el marco de la extensa sesión especial llevada adelante en la tarde de este miércoles, el proyecto de ley que otorga fondos actualizados a las universidades nacionales.

La votación en general resultó aprobada por amplia mayoría: 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Sin embargo, considerando que hubo 19 ausentes, no se logró alcanzar la mayoría especial para la que se requieren los dos tercios de los presentes. Fue tan solo por un voto, un dato a considerar ante un probable veto.

La iniciativa, que será girada al Senado para que sea tratada a partir de las próximas semanas, fue impulsado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica.

Así resultó la votación general.

Tiene características similares al que fue aprobado y luego vetada por el presidente Javier Milei en 2024. El actual fue redactado por los rectores que integran el CIN. Propone elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI para gastos de funcionamiento y salarios. También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

En la votación en particular, los artículos del 1 al 4 que resultaron aprobados con 158 votos a favor 74 en contra y 2 abstenciones; el artículo 5 con 141 afirmativos, 83 negativos y 9 abstenciones; y del 6 al 9 con 158 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

La oposición logró el quórum entrado el mediodía, cuando 131 diputados nacionales se sentaron en sus bancas. A los integrantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, se le sumaron siete integrantes del bloque radical. Luego bajaron legisladores de La Libertad Avanza, el Pro y de partidos provinciales para discutir las iniciativas en el recinto.

El inicio de la sesión estuvo marcado por un minuto de silencio en homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, la excampeona mundial de boxeo fallecida antes de poder asumir como convencional constituyente en Santa Fe.

Luego, se decidió retirar del orden del día el proyecto que declara la Emergencia en Bahía Blanca, vetado por el presidente semanas atrás, tras una moción de la diputada del PRO Silvana Giudici.

Posteriormente se dio paso al proyecto que otorga fondos a universidades. La diputada Blanca Osuna, de Unión por la Patria, fue quien inició formalmente el debate apuntando contra el Gobierno nacional, sobre quien dijo que "no quiere reconocer que la universidad es una institución amada por los argentinos, como los hospitales públicos. Son emblemas institucionales del rol del Estado y cómo se conectan con derechos que deben ser cumplidos".

La diputada entrerriana expresó que "hoy nos convocamos en su auxilio y la necesidad de financiamiento, que inexplicablemente este Gobierno ha incumplido" y señaló que en Argentina hay casi 3 millones de estudiantes universitarios que buscan mejorar y "fortalecer la Patria".

Luego defendió el proyecto el diputado de UxP y secretario general de la CTA, Hugo Yasky: "Tenemos en la Argentina una larga cultura de construir justicia social, igualdad de acceso al conocimiento y eso es lo que venimos a defender hoy", sostuvo Yasky en su exposición en el Congreso, y también destacó la importancia de mejorar los salarios docentes y de los empleados públicos.

Danya Tavela, exsecretario de Políticas Universitarias, justificó la necesidad de la ley en virtud del recorte que atraviesan las casas de altos estudios nacionales. Foto: HCDN.

Fue el turno después de la diputada por Democracia para Siempre, Danya Tavela justificó la necesidad de la ley en función del recorte presupuestario que atraviesan las casas de estudio. “Estamos asistiendo a un ajuste histórico”, señaló la exsecretario de Políticas Universitarias, y advirtió que la mitad del personal docente y no docente se encuentra por debajo de la línea de pobreza. También criticó el deterioro del sistema científico-tecnológico y el bajo monto de las becas estudiantiles, que actualmente rondan los 35.000 pesos.

Ricardo López Murphy, por su parte, cuestionó el pedido de mayor financiamiento a las universidades al afirmar el Congreso no puede promover gastos sin especificar la fuente de financiamiento, pero lo hizo atribuyendo el origen de la discusión a otra situación irregular que promueve el propio gobierno: la prórroga del presupuesto nacional. “La forma de resolver esto es tener un presupuesto para evitar esta sucesión de desmesuras”, sostuvo el diputado de Republicanos Unidos.

Luego fue el turno de la intervención del diputado nacional del PRO, Alejandro Finocchiaro, quien oficia como presidente de la Comisión de Educación, que manifestó su rechazo al proyecto de ley de financiamiento de la educación universitaria. En el medio, pidió una interrupción Miguel Pichetto, jefe de bancada de Encuentro Federal, quien le recriminó su gestión durante la presidencia de Mauricio Macri: “A mí me extraña mucho porque Finocchiaro fue ministro de Educación de un gobierno que, medianamente, a los grandes centros universitarios, en términos generales, les mantuvo un flujo de recursos universitarios, no así como el gobierno anterior que fue muy superior (en alusión al gobierno de Cristina Kirchner), en niveles razonables y nunca el Congreso tuvo necesidad de debatirlo”.

Desde el PRO, Alejandro Finocchiaro criticó al kirchnerismo, y luego fue cuestionado por Miguel Pichetto por su gestión al frente del Ministerio de Educación durante la presidencia de Mauricio Macri. Foto: HCDN.

Más adelante, el diputado Juan Brügge de Encuentro Federal cuestionó el modo en que se distribuyen los fondos a los hospitales universitarios, como el Hospital de Clínicas de Córdoba y el Uncuyo, en Mendoza. "El Gobierno ha tenido un tratamiento discriminatorio en esto y por eso hemos hecho un pedido de informes y le vamos a pedir al jefe de Gabinete de Ministros que explique porqué le dio un aumento en el presupuesto a los hospitales universitarios de la Capital Federal y no al resto de los hospitales del interior del país", remarcó.

En defensa del gobierno habló por la bancada de La Libertad Avanza Santiago Santurio, quien cargó duramente contra el kirchnerismo reprochando el desmanejo económico aplicado durante sus gobiernos. "Si al costo lo llamamos inversión, parece que no hay que pagarlo. Yo entiendo, en Unión por la Patria piensan que la gente es tonta, entonces dejan de llamarse 'Frente de Todos' se llaman 'Fuerza Patria', lo sacan a Alberto Fernández y parece que todo cambió, que ahora el gobierno de mierda que hicieron ahora es una propuesta brillante para la ciudadanía", lanzó.

Mientras se llevaba a cabo la sesión, afuera del recinto sucedía otro miércoles con conflicto en las calles porteñas.

Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

En las inmediaciones del Congreso, organizaciones que reúnen a jubilados, universitarios, trabajadores del Garrahan y otras agrupaciones se concentraron para expresar diferentes reclamos.

A su vez, la policía aplicó un importante operativo en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. En varios momentos las fuerzas avanzaron sobre los manifestantes y periodistas que cubrían la protesta mediante el uso de gas pimienta y carros hidrantes quedando registrado en imágenes de los reporteros gráficos.

Mariela Goy

Las universidades vuelven al ruedo en un nuevo intento por garantizar su presupuesto. Este miércoles la comunidad universitaria y científica del país presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Financiamiento para la Educación Universitaria. La iniciativa fue acompañada de una concentración en Buenos Aires. También en la explanada del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se congregaron autoridades, gremios y estudiantes que destacaron la urgencia de recursos estables y suficientes para la educación superior.

El proyecto de ley fue elaborado de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (que reúne a los gremios) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con el aporte de todos los sectores universitarios. El objetivo central es garantizar un financiamiento previsible, progresivo y protegido legalmente para las universidades públicas, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario y pérdida de poder adquisitivo.

"Desde la UNL estamos acompañando el acto que se está haciendo en la Plaza de los dos Congresos, donde se está entregando este proyecto de ley a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados", señaló el rector de la UNL, Enrique Mammarella, durante la convocatoria local.

Los participantes de la concentración en Santa Fe hacían flamear banderas argentinas y recibían el apoyo con bocinazos de los conductores que pasaban por bulevar Pellegrini 2750. Hubo conferencia de prensa, pero no acto. Sólo una foto final de los manifestantes encolumnados detrás del estandarte que decía "Universidad pública y gratuita. Por una Ley de Financiamiento Universitario".

La nueva propuesta llega tras el veto presidencial, en 2024, de una ley similar aprobada por el Congreso. Aquella norma había sido impulsada luego de masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública. "Es volver a tratar de que, como el año pasado conseguimos una ley que luego fue vetada, este año empezamos a trabajar antes, con un nuevo proyecto que contemple la posibilidad de que el Congreso no solo lo vuelvar a aprobar, sino que lo pueda sostener", expresó Mammarella.

El proyecto se basa en tres ejes principales: recomposición, adecuación y previsibilidad. "El proyecto tiene una parte de recomposición, otra de adecuación del presupuesto con miras a 2026 y, fundamentalmente, una ley de financiamiento para que de aquí en adelante se destinen de forma automática fondos a la educación superior", explicó Mammarella.

El texto establece una senda de aumento gradual del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031-actualmente ronda el 0,5%-. Además, busca garantizar cada año el piso de recursos básicos para el funcionamiento de las universidades, crear un fondo de $ 10.000 millones para carreras estratégicas, y ampliar progresivamente el financiamiento de becas estudiantiles.

También contempla una recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

"Hoy estamos con presupuestos pasados, reconducidos, para pensar la universidad del futuro -alertó el rector-. Esto genera demasiados problemas. Por un lado lo salarial, por otro lado la posibilidad de que los estudiantes sigan dentro de las aulas universitarias debido a que no se cuentan con las becas en cantidad suficiente y en dinero suficiente, y fundamentalmente también el funcionamiento universitario tiene que ver con obras de infraestructura, con equipamiento".

Y añadió: "Hoy nuestro país, por ejemplo, está en un grave ataque de ciberseguridad. Y todo esto significa recursos, dinero. No es solamente dar clases: es proteger los datos, trabajar en nueva infraestructura, en tecnología.

En Santa Fe, la comunidad universitaria unió su apoyo. Desde Apul (del personal no docente de la UNL), Guillermo Russo expresó que "estamos en una situación extrema. Como trabajadores nucleados en la única federación, Fatun, acompañamos esta iniciativa porque trabajamos todos los días con la comunidad universitaria para lograr la aprobación de esta ley".

A su lado, Lucio Eizenach, miembro del gremio Apul y consejero directivo de la UNL, explicó que "el posicionamiento nuestro es claro. Vamos a insistir con una ley en puntos que nos parecen clave para el sistema universitario y que va más allá del tema salarial, sino también con las becas, la extensión en territorio, la ciencia, la tecnología en vinculación con el sector privado. En todas esas tareas hay un personal docente pero también un personal no docente que acompaña".

Asimismo, indicó que "la pérdida salarial del personal universitario es terrible: llevamos más del 60% acumulado en este año y medio, con lo cual una ley que nos proteja es sumamente necesaria".

En tanto, Roberto Longo, presidente de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), aseguró: "Acompañamos en consenso entre todos los representantes estudiantiles, entendiendo que los principales afectados por la falta de financiamiento somos los estudiantes".

Mariela Goy

El Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó este jueves en conferencia de prensa la convocatoria al paro de 48 horas para los días lunes 17 y martes 18 de marzo. Además, los referentes de las federaciones docentes y no docentes que lo conforman, se sumaron al "repudio" por los hechos de este miércoles frente al Congreso Nacional.

Cabe destacar que el pasado lunes 10 y el próximo 17 son las fechas previstas por calendario para el comienzo del cursado de las distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La medida afecta también a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe.

La medida se lanza en demanda de aumentos salariales y actualización del presupuesto universitario. Sostienen que en los dos primeros meses del año, los docentes universitarios no solo no recuperaron nada de lo perdido en 2024 sino que volvieron a perder con la inflación.

"Tras suspender en los hechos la negociación salarial, el 1,5% para enero y del 1,2% para el mes de febrero impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante el año 2024", aseguran desde un comunicado.

Advierte que sin ley de presupuesto para el 2025, las universidades quedan otro año más "sin un horizonte presupuestario claro" y, con ello, considera que "se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, el funcionamiento básico de las universidades".

La dirigencia sindical universitaria llamó también a realizar actividades de visibilización y la unidad de todos los sectores.

Durante el 2024, el sector universitario protagonizó marchas federales y paros en todo el país por el ajuste presupuestario en el nivel superior. Hubo dos movilizaciones multitudinarias en defensa de la universidad pública: la primera del 23 de abril y la segunda del 2 de octubre. Después vinieron las tomas de facultades que se realizaron en varios puntos del país.

Luego, el centro del debate lo ocupó la disputa entre el Gobierno y la UBA por las auditorías universitarias y, más adelante, con la novedad de que los extranjeros tendrán que pagar sus estudios superiores, cuestiones que eclipsaron -pero no resolvieron- los reclamos de la comunidad universitaria y científica.

Por Mariela Goy

Este jueves 5, se llevará a cabo un nuevo paro del gremio de la docencia universitaria. En muchas casas de estudios, los estudiantes deberán estar atentos a si sus profesores adhieren o no a la medida de fuerza, principalmente, si tiene exámenes, dado que la mayoría de las facultades terminó las clases el 29 de noviembre.

En esta ocasión, el reclamo es en convergencia con la jornada federal de lucha convocada por las dos Centrales (CTA) y otras organizaciones sindicales y sociales en todo el país, bajo el lema "por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía".

Ese día también habrá movilizaciones en Santa Fe, que en el caso de la docencia universitaria se concentrará a las 9.30 en la Plaza de las Palomas para marchar hacia boulevard y Rivadavia.

La jornada es "para ponerle un freno a las políticas neoliberales que impone el Gobierno y para defender la Soberanía Nacional que es la capacidad de nuestro pueblo para decidir sobre el destino económico, político y social", dice el documento de la central convocante.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno Nacional dispondrá "el fin de la gratuidad a los extranjeros en el sistema de Salud Pública".

En esta serie de modificaciones del régimen migratorio, también se determinó que las universidades nacionales podrán "cobrar aranceles" a todos aquellos que no tengan nacionalidad argentina.

"El objetivo de las medidas es avanzar por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar", aseguró.

Por otra parte, Adorni indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, como mejor consideren.

"Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos", remarcó.

"Esto implica, desde ya, no solo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina por desgracia", expresó Adorni.

Mauro L. Muñoz

El conflicto universitario no da tregua. Los funcionarios nacionales encabezados por el propio presidente Javier Milei continúan emitiendo fuertes declaraciones contra el sector. Los estudiantes continúan la seguidilla de debates, asambleas, clases públicas y tomas de facultades en todo el país. Y los docentes y no docentes universitarios concretarán una nueva jornada con medidas de fuerza este jueves. En el medio, la SIGEN define los primeros pasos para avanzar con auditorías sobre las casas de altos estudios.

Los gremios de trabajadores de las Universidades Nacionales llevará a cabo la medida de fuerza anunciada días atrás para este jueves 17 de octubre, lanzada en reclamo por mejoras salariales tras el aval legislativo al veto presidencial. "El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario", expresaron en un comunicado.

Asimismo, el Frente Sindical Universitario anunció a un nuevo paro con actividades de visibilización para la próxima semana. Tras el Plenario de Secretarías Generales del gremio, realizado este último martes, decidieron profundizar el plan de lucha, exigiendo recomposición salarial y mayor presupuesto.

La medida de fuerza abarcará del lunes 21 al sábado 26 de octubre e incluirá distintas acciones. “Ratificamos la necesidad de mantener y fortalecer la unidad de los sectores que integran la comunidad universitaria para enfrentar el plan de ajuste y destrucción de la Universidad Pública que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei”, indicaron.

En paralelo, la reacción del movimiento estudiantil se debate entre tomar o no las casas de altos estudios. Los sectores más radicalizados pugnan por radicalizar las medidas, mientras que las agrupaciones moderadas optan por realizar acciones que visibilicen hacia afuera de los claustros los argumentos de la discusión.

Bajo el lema "La universidad se defiende con aulas abiertas", la Federación Universitaria del Litoral (FUL) que representa a las distintas agrupaciones estudiantiles, propuso como medidas de acción una serie de actividades para los próximos días como "clases abiertas y públicas”, “intervenciones visuales en las Unidades Académicas", y otras como un Festival por la Universidad Pública, feria de emprendedores, bandas en vivo, recorridos abiertos a la comunidad y visitas guiadas. Además, convocó a una charla abierta a la comunidad este jueves 17 a las 19 en el salón de la Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe (San Lorenzo 1985) para informar junto a autoridades universitarias sobre las "Problemáticas actuales de la educación".

En tanto, durante la noche de este miércoles, jóvenes de distintas unidades académicas se reunieron en la puerta del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral para consensuar en una asamblea interestamental los pasos a seguir. Estaba previsto que para este jueves, en ocasión del paro de docentes y no docentes, se realicen en distintos puntos de la ciudad (Bulevar, Av. Alem, la peatonal, Ciudad Universitaria) una serie de manifestaciones públicas para dar a conocer los reclamos como clases públicas, volanteadas, ruidazos, entre otras.

Mientras tanto, el gobierno acelera el plan de auditoría a las universidades públicas, bajo la inspección de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego del dictamen del Procurador Rodolfo Barra, revirtiendo una decisión del 2022 que dejaba los controles solo en manos de las propias casas de estudios y de la Auditoría General de la Nación, organismo que depende del Congreso.

Miguel Blanco, director de la SIGEN, salió a explicar este miércoles cuál es el plan que se encuentra definiendo el Ejecutivo para llevar adelante las auditorías a las universidades nacionales. En diálogo con medios nacionales, el funcionario dijo cuáles serán las primeras casas de estudio y estimó cuándo podrían estar los primeros resultados.

"La Sigen ya había auditado en el pasado hasta el dictamen de 2022. Ahora, estamos rearmando el equipo para retomar esas tareas, enfocándonos principalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades", dijo Blanco.

El funcionario destacó que, aunque algunas universidades habían solicitado auditorías de manera voluntaria, como la Universidad Nacional de La Matanza, el nuevo programa de auditorías será más abarcador y riguroso.

Blanco señaló que el criterio de prioridad en sus auditorías será empezar por las casas de altos estudios con mayores recursos. “En el caso de la UBA, habrá que comenzar por las facultades que reciben mayores montos de fondos y convenios, dado que cada facultad gestiona su parte del presupuesto de manera independiente”, señaló, anticipando que la magnitud de la Universidad de Buenos Aires requerirá una planificación con mayor detalle.

Dijo además que el control se enfocará en verificar tanto los recursos que provienen del presupuesto nacional como aquellos que surgen de los convenios que las universidades firman con otras reparticiones del Estado: “Ambos tipos de recursos serán auditados, especialmente en lo que refiere a cómo se utilizan y si las universidades subcontratan servicios en lugar de realizarlos con sus propios recursos, algo que ya ha sucedido en algunos casos”.

Asimismo, aventuró que los resultados de las primeras auditorías: "dentro de dos meses podríamos emitir informes parciales", dijo, aunque advirtió que "dependerá del volumen de trabajo y a partir de cuándo podríamos comenzar el trabajo".

En el marco del debate sobre el veto al financiamiento universitario firmado por el presidente Javier Milei, surgen algunas preguntas inquietantes: ¿Cómo es posible que un número significativo de graduados de universidades públicas se oponga al financiamiento de las mismas instituciones que los formaron? ¿Cuánto puede resquebrajarse su identidad universitaria? La respuesta rápida y poco reflexiva podría ser que apoyan el programa de gobierno y ya. Posiblemente algunas de estas personas sí, otras no, el resto realmente no lo sabemos. Lo que sí es que esa respuesta no llena el vacío de análisis en torno a una observable desafiliación universitaria.

Primero, no lo llena porque es una paradoja: existen personas recibidas en universidades públicas, con el atributo diferencial de un título de grado, sumado al orgullo que eso le significó a su familia, y que aun así no encuentran en la universidad pública un emblema que los interpele. Segundo, porque no podemos reducir la lectura a una cuestión de actitudes, que puede llegar a existir en alguna medida, pero que solo subsume las presunciones ideológicas: la realidad material, tarde o temprano, subordina toda presunción ideológica.

Y en tercer lugar, no se trata particularmente de los sectores sociales más vulnerables que padecen algún tipo de exclusión simbólica en el marco de sus interrumpidas trayectorias universitarias. Son las clases medias aspiracionales, que llegan a las universidades con todos los capitales incorporados, lo que les posibilita un recorrido académico relativamente exitoso: obtener el título de grado. ¿Existe realidad más material que esa?

En "La cultura en plural" (1974), el filósofo francés Michel de Certeau estudia la crisis estructural que enfrenta la universidad, como consecuencia no deseada de la masificación de su reclutamiento. El autor describe una tensión entre una cultura elitista heredada y la demanda de una educación accesible a las masas. Ese conflicto de paradigmas fragmenta a la institución en dos posicionamientos. Por un lado, están quienes buscan preservar el carácter prestigioso de la universidad en defensa de un proceso de selección con mayor exigencia académica. Por otro lado, están aquellos que defienden la masificación universitaria, como alegato por una cultura pluralista que resulta de la mezcla y la apertura al diálogo.

En los dos casos arquetípicos, la consecuencia es una posible desconexión entre los objetivos de la enseñanza universitaria y la realidad material de la sociedad. Ahora bien, Certeau se posiciona desde el segundo modelo, ya que critica que la universidad -como sistema y tejido institucional- no reconfigure sus políticas educativas hacia la masificación. En su lugar, dice este autor, "se termina pareciendo más a un filtro selectivo que un dispositivo de producción cultural inclusiva".

No obstante lo anterior, el propio Certeau alerta que "la masificación universitaria trae aparejado el debilitamiento de sus mecanismos de identificación académica y universitaria". Es decir, se agrandan las puertas de ingreso, proliferan políticas educativas de inclusión social, se diversifican los programas y estipendios de estudio superior, pero no se fortalece el arraigo institucional, la interpelación subjetiva e identitaria con la universidad.

Cabe mencionar el trabajo de Tabaré Fernández y Virginia Trevignani, junto a otros autores de Uruguay, Argentina y Brasil, titulado "Perfil de ingreso, puntos de bifurcación en la trayectoria y desafiliación en el ingreso a la universidad" (2022), en el que estudian el impacto de la masificación y democratización de la educación superior en universidades de los tres países mencionados. Resultado de un enfoque comparativo, el trabajo da cuenta de las viejas desigualdades asociadas al capital cultural y social de los estudiantes -como lo son la clase social o el género- al lado de un conjunto de nuevas desigualdades relacionadas con factores como la edad, la localización geográfica y la condición laboral.

La tesis central es que la masificación del acceso no ha sido suficiente para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema, lo que implica que persisten profundas desigualdades en cuanto a la continuidad y éxito académico. En contra de toda idea de ajuste en las políticas educativas, esto plantea la necesidad de una segunda generación de políticas de democratización que aborden no solo el acceso, sino también las condiciones de permanencia, enfocándose especialmente en los estudiantes no tradicionales, aquellos que enfrentan más obstáculos para completar sus estudios.

Ahora bien, el vínculo de este trabajo con la mencionada desafiliación de los graduados de la universidad pública es claro: la masificación corrió en paralelo a un debilitamiento de la relación institucional entre el estudiante y la universidad. Lo que no solo dejó como resultado la multiplicidad de fracasos universitarios sino también un debilitamiento de la identificación de aquellos que salen con un título bajo el brazo. De manera tal que se ven obstaculizados los mecanismos que tenderían a fomentar el sentido de pertenencia y compromiso -cultural y político- con la universidad pública.

Si pensamos por agregación y no por recorte, deberíamos tener en cuenta también la evidente individualización de la experiencia educativa reflejada en esas trayectorias discontinuas y fragmentadas. De un tiempo a esta parte, las trayectorias académicas respondieron más a exigencias personales y laborales que a un sentido de responsabilidad social o de pertenencia institucional. En este sentido, las universidades públicas no quedaron ajenas a las lógicas liberales que tienden a secularizar la experiencia del individuo y sus instituciones reguladoras.

Se ha individualizado la perspectiva formativa a un punto tal que los individuos no se sienten completamente parte de sus instituciones educativas. Es común escuchar "Yo me recibí", "Yo gané la beca doctoral", "Mi director de tesis" y un montón de otras formas de circunscribir narrativamente la acción individual ocultando la correlación de fuerzas, así como los capitales sociales y culturales que encauzan una trayectoria académica. En este punto, se invisibiliza la perspectiva de sistema, solo hay logros individuales conducidos por el afán racional de mérito y éxito.

Esta perspectiva basada en la competencia individual y el mérito personal genera una estructura que otorga distinción solo a unos pocos y excluye a quienes no se ajustan a los parámetros de éxito definidos. En algún punto de bifurcación de su trayectoria educativa, muchos graduados se perciben fuera de la comunidad académica en términos de pertenencia y reconocimiento. Esto puede conducir a una visión de la educación como una mercancía y no como un derecho adquirido, lo que ayuda a entender por qué algunos defienden la arancelización de la educación superior.

El desafío consiste en replantear la forma en que se concibe la experiencia universitaria, en la abierta promoción de valores colectivos y un sentido de comunidad universitaria. No basta con señalar contradicciones o incongruencias. Es necesario exponer cómo el propio sistema universitario, bajo el paradigma de la masificación, ha construido los cimientos de su propia crisis al no arraigar, con éxito, valores colectivos. La postura de rechazo al financiamiento público podría ser un síntoma de este fenómeno: una generación que ve en la universidad pública un instrumento de formación al servicio de su individualidad y no como una conquista social.

(*) Sociólogo, docente universitario, investigador y ensayista.

"Los chorros están en peligro". Con esa frase, ofensiva hacia los rectores de las Universidades Nacionales, celebró el presidente Javier Milei que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcionará como órgano auditor de las casas de altos estudios.

Lo hizo al exponer en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 del Banco Central de la República Argentina, organizadas por el BCRA en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner).

"Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro", dijo Milei en su disertación que duró alrededor de una hora y media, en el que se refirió también a reclamos hacia la política económica que lleva adelante su gobierno como el cepo cambiario.

El presidente subrayó en su discurso el compromiso que su gestión mantiene con el "déficit cero" y, en esa línea, defendió sus dos vetos: el del aumento para jubilados y el de financiamiento a las universidades. "Vamos a resistir todo lo que haya que resistir", sostuvo.

Insistió luego con que si tiene que "vetar a los jubilados y a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras" lo va a hacer, al advertir que su "compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable".

"No vine para cuidar mi imagen, vine para arreglar los problemas de Argentina", expresó el mandatario, que dijo que debió "defender el equilibrio fiscal cuando los populistas nos querían romper las cuentas públicas".

Más adelante, el mandatario se refirió al interrogante sobre la salida del cepo al dólar y repitió que no sabe cuando se concretará, ya que "va a depender de la decisión de los agentes".

"¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios... va a depender de la decisión de los agentes. Cuando a inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé", cerró.

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En la primera fila siguieron su mensaje el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su novia Amalia "Yuyito" González y otros funcionarios.

Al iniciar su exposición, Milei sostuvo que "una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la tasa de inflación" en el país "en el inicio de diciembre", antes de que asumiera su mandato.

"La inflación diaria estaba en el 1%, y si lo anualizaban implicaba que venía viajando al 3.700%", dijo el Presidente, quien además agregó: "La brecha era del 200 por ciento (cuando asumió), yo no devalué, la devaluación ya estaba ahí y solo era una cuestión de sincerar".

Mauro L. Muñoz

En medio de la disputa presupuestaria, el gobierno de Javier Milei emitió un dictamen que habilita a que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) vuelva a ser el ente auditor de las Universidades Nacionales, revirtiendo una resolución tomada en el 2022 durante la gestión de Alberto Fernández.

La medida llega en un contexto de creciente tensión con el sector educativo, abierto luego de que el Congreso respalde el veto presidencial a la ley de Financiamiento, que derivó en una serie de paros docentes y tomas de facultades por parte de alumnos en las casas de altos estudios de todo el país.

La decisión fue oficializada tras la firma del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra. El dictamen fundamenta que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las Universidades, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia consagrados en la Constitución Nacional y reglamentados en la Ley de Educación Superior.

La resolución fue informada a la secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Allí se indica que el objetivo es garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos asignados a las instituciones educativas nacionales del nivel superior. Y señala que la decisión se tomó en respuesta a la solicitud elevada por los legisladores del PRO y el MID, en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.

Este nuevo dictamen revierte la resolución precedente, con fecha del 28 de noviembre de 2022, firmada por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, durante el gobierno de Alberto Fernández, en la que investía a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano dependiente del Congreso, con la capacidad auditora sobre las casas de estudios superiores.

De todas formas, el antecedente más cercano respecto al rol de la SIGEN sobre las auditorías a las Universidades Nacionales tuvo lugar durante el último mes de noviembre de 2023, con la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación, cuyo titular era en aquel momento Jaime Peczyk, con la Sindicatura General de la Nación para promover los controles internos, a los que cada casa de estudio quedaba habilitada a adherir en forma optativa, tendientes a mejorar la administración en el uso de los bienes y recursos.

Hasta el momento, el rendimiento de gastos de las Universidades Nacionales funciona bajo un doble sistema de auditorías, Por un lado, las internas que se realizan de forma permanentes mediante las Unidades de Auditorías Internas (cuyos miembros son designados por los Consejos Superiores integrados por profesores, alumnos, graduados y no docentes), complementados con los procesos de auditoría externa bajo la órbita del Congreso Nacional mediante la AGN (actualmente presidida por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández) abarcando aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Con el dictamen, la Sindicatura General de la Nación (entidad que depende del Presidente de la Nación) volvería a estar habilitada a realizar auditorías, otorgándole así funciones en éste ámbito al Ejecutivo Nacional.

Al margen de las interpretaciones jurídicas, el dictamen de la Procuración se produjo en medio de un fuerte clima de protestas en el sector universitario, con tomas de facultades en distintas universidades del país y con un segundo paro nacional de docentes y no docentes como consecuencia al respaldo de Diputados al veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

En este contexto, el presidente Javier Milei vertió nuevas críticas en duros términos durante este martes a las universidades, en particular sobre las autoridades de las casas de estudios a los que acusó de "favorecer el robo" al "no dejar que se controlen sus gastos". "¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública. No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes", dijo entrevistado en canal América por Antonio Laje.

En la misma línea, el vocero presidencial apuntó contra los rectores por las tomas de las universidades. “Las tomas de las universidades son temas que hoy son internos de cada una de las facultades. La responsabilidad es de cada uno de los rectores”, remarcó Adorni este martes en su habitual conferencia de prensa.

Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles debaten en asambleas la continuidad del plan de lucha "en defensa de la educación pública". A lo largo de todo el país, los universitarios debaten en asambleas por las tomas de facultades y acciones de reclamos que no impliquen el cese del cursado.

El secretario de la Federación Universitaria Argentina, Agustín Romero, enumeró las opciones que se encuentran analizando contra el recorte de la administración libertaria. "Pueden ser ruidazos, cacerolazos educativos, clases públicas en los diferentes horarios, y empezar a plantear interfacultades para unir todas las luchas, todas las facultades en un mismo plan de lucha para preparar una nueva marcha educativa”, enumeró.

En ese marco, hay tomas de facultades vigentes, en algunas de las cuales se produjeron grescas entre facciones libertarias con organizaciones de la oposición. Tal fue el caso en la Universidad Nacional de Quilmes, donde un grupo en respaldo al gobierno de Javier Milei intentaron interrumpir una asamblea, tras lo cual fueron agredidos y utilizaron gas pimienta para defenderse, causando serios inconvenientes entre todos los presentes.

Dictamen para que la SIGEN ...

Mauro L. Muñoz

En la antesala de la sesión que Diputados realizará este miércoles para tratar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento, los rectores de las universidades nacionales que funcionan en Santa Fe publicaron una carta abierta dirigida a los diputados nacionales que representan a la provincia para que insistan con la norma que actualiza fondos para solventar el normal funcionamiento de la educación superior en el país.

Durante la mañana, se publicó la misiva con la firma de los rectores Enrique Mammarella, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); y Rubén Ascúa, de la Universidad Nacional de Rafaela (UnRaf). Por la tarde, hicieron lo propio los decanos de las cinco Facultades Regionales que la Universidad Tecnológica Nacional despliega en la Provincia, inclusive la Facultad Regional de Venado Tuerto.

En el escrito, las máximas autoridades universitarias santafesinas insistieron en la necesidad de rechazar el veto presidencial a la norma que busca garantizar el financiamiento de la educación superior. Además, advirtieron que lo que está en debate es “la continuidad del sistema universitario y científico”.

"Tras la conmovedora manifestación en todo el país y luego del veto del Sr. Presidente de la Nación Javier Milei a la Ley (Decreto 879/2024) les solicitamos a legisladores nacionales por la Provincia de Santa Fe su acompañamiento para que la Cámara de Diputados de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario", comienza la nota.

En ese sentido, los rectores remarcaron lo que fue el lema central de la Marcha Federal: que la norma como "un pedido de auxilio" frente a "la imposibilidad de encontrar respuestas" en el gobierno. "Es una ley razonable que resuelve el problema salarial y presupuestario y lo hace responsablemente sin comprometer fiscalmente al Estado y cuidando la economía del país", agregan.

Resaltaron, luego, el rol de las casas de altos estudios como "una posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta". Y señalan que "es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico”.

Destacaron "el compromiso de legisladores" que acompañaron "las gestiones que las Universidades realizamos para solucionar todos los problema que atravesamos" y pidieron "especialmente a quienes se han formado en nuestras Universidades Públicas" que en el tratamiento del veto en el Congreso "resguarden para las próximas generaciones el mismo derecho que permitió a las nuestras ser profesionales”.

Por su parte, los decanos de las cinco Facultades de la UTN en la Provincia pidieron a los 19 diputados y diputadas nacionales por Santa Fe "acompañamiento para que se ratifique la Ley de Financiamiento en la Cámara de Diputados de la Nación".

El mensaje lleva la firma de los decanos Brian Moschen, de UTN Reconquista; Eduardo Donnet, de UTN Santa Fe; Jorge Aníbal Rena, de UTN Venado Tuerto; Oscar David, de UTN Rafaela; y Rubén Fernando Ciccarelli, de UTN Rosario.

"La promulgación de esta norma es indispensable para empezar a revertir la crisis del sistema universitario. En las universidades radica la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales de nuestro país", afirmaron las autoridades de la casa tecnológica.

La Cámara de Diputados de la Nación cuenta con 19 legisladores que representan a la Provincia de Santa Fe. Diez de ellos adelantaron que votarán por insistir con la Ley de Financiamiento. Ocho expresaron su acompañamiento al veto del presidente Javier Milei. Y una legisladora del PRO todavía no definió su posición.

De los 10 diputados nacionales que se presume ratificarán el rechazo al veto de Milei, 6 son integrantes del bloque de Unión por la Patria: Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli. El listado lo completan los legisladores de la Unión Cívica Radical: Mario Barletta y Melina Giorgi. Y también los socialistas, que integran Encuentro Federal, Esteban Paulón y Mónica Fein.

En tanto, de los 9 diputados santafesinos que se expresaron por la negativa a la Ley de Financiamiento, 3 son integrantes de bancada de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Rocío Bonacci, que harán causa común con la Casa Rosada y votarán en favor del veto presidencial a la ley.

En el debate de este miércoles, las miradas en el poroteo de votos están puestas en la decisión que adopte la bancada del PRO. Pese a la posición que fijó el bloque a favor del veto presidencial, siguen las dudas respecto a la decisión individual que tomen algunos de sus integrantes.

De Santa Fe, son 6 los diputados que integran la bancada amarilla. Se trata de los legisladores Gabriel Chumpitaz, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y José Núñez. Casi la totalidad adelantó que votarán a favor del veto de Milei, pero Figueroa Casas expresó que no tiene definido su voto y que privilegiará su posición individual hasta la sesión.

Analía De Luca

El conflicto entre el gobierno nacional y el sector universitario se agudiza con la reciente decisión comunicada por el Ministerio de Capital Humano de otorgar un aumento del 6,8% en los salarios del personal docente y no docente de las Universidades Nacionales.

Esta medida, que incluye un 5,8% adicional al 1% previamente establecido, se llevará a cabo a pesar del rechazo de los gremios y se presenta como el mayor incremento acumulado hasta ahora dentro del Estado Nacional.

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La cartera justifica esta acción argumentando que busca equiparar los salarios universitarios a los niveles del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y activar la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas en la escala docente.

El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas.

Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente.

Sin embargo, esta medida se encuentra en el marco de un clima de creciente tensión política, dado que Milei también anunció su intención de vetar el reciente proyecto aprobado por el Congreso para aumentar el gasto público destinado a las universidades.

Días atrás, el presidente argentino enfatizó que el veto responde a la necesidad de asegurar un equilibrio fiscal y criticó a los legisladores por lo que él considera "populismo demagógico". Subrayó que el debate sobre el financiamiento universitario debe realizarse en el contexto del Presupuesto Nacional 2025 y no mediante iniciativas que comprometan la estabilidad económica del país.

Además, el presidente dirigió críticas directas hacia figuras de la oposición, como Cristina Kirchner y Sergio Massa, quienes, según él, han formado un "frente de izquierda populista" en defensa de los privilegios de la clase política.

"Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático ni ante los proyectos de ley irresponsables", afirmó Milei entonces, reafirmando su compromiso de reducir el déficit fiscal y recuperar la prosperidad económica.