La Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) será sede el próximo lunes de un conversatorio académico destinado a analizar el proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el Gobierno nacional. El encuentro se propone como un espacio de diálogo plural sobre la iniciativa que plantea derogar la actual Ley de Educación Nacional vigente desde 2006.

Gisela Muñoz García, secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF, explicó a CyD Litoral que la intención es "instalar un diálogo plural, académico y riguroso" sobre el tratamiento de este proyecto que atraviesa a toda la sociedad.

El conversatorio contará con la participación de tres referentes en políticas públicas y educación: la Dra. Claudia Balagué (exministra de Educación de la provincia), el Dr. Carlos Cantero y el Dr. Adolfo Stubrin.

La jornada se estructurará sobre ejes centrales que incluyen:

"Es una clase abierta para nuestros estudiantes, pero también para el público en general e instituciones interesadas", detalló Muñoz García. Los asistentes podrán participar en una instancia de preguntas hacia los disertantes para profundizar en el análisis de los artículos propuestos por el Ejecutivo nacional.

Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde se dicta la carrera de Ciencias de la Educación, señalaron que la función de la universidad es impulsar estos espacios de pensamiento.

"La preocupación principal es instalar el diálogo; es fundamental invitar y ser el espacio propicio para estas conversaciones en un ámbito respetuoso y con un tratamiento serio sobre el proyecto", subrayó la secretaria académica.

Los estudiantes de la carrera ya trabajan el texto de la ley dentro de las diferentes cátedras, por lo que el lunes buscarán integrar esos conocimientos con las exposiciones de los especialistas invitados.

Por Mariela Goy

El plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido de manera extraordinaria este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales para exigir la aplicación inmediata de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, promulgada pero suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional.

El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, señaló que "el gobierno solo debía cumplir la ley, y optó por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, que niega con artilugios lo que la ley dispone".

Bartolacci consideró que la suspensión de la norma "viola de manera directa la división de poderes" y recordó que el sistema universitario "ha sido muy responsable y serio priorizando siempre los caminos institucionales". En ese marco, confirmó que "corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley".

Consultado sobre la estrategia jurídica que se adoptará, precisó que "la intención es avanzar con un amparo, con la dinámica que definan los equipos técnicos a cargo de la presentación que se realizará en los próximos días". Y agregó: "La decisión del CIN fue recurrir, todo el sistema universitario junto, a la justicia, manteniendo la coherencia y la firmeza en la defensa de la universidad pública".

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, al ser consultado sobre las implicancias de que una ley no se cumpla, fue categórico: "Claramente, el gobierno debe cumplir las normas para garantizar la seguridad, la justicia, la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. No es posible pensar en políticas públicas coherentes y transparentes si no se respeta la ley".

Sobre el impacto particular en la Universidad Nacional del Litoral, detalló a El Litoral que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento "es clave por tres motivos: uno para adecuar el presupuesto al efecto de la inflación desde enero de 2024 hasta ahora, pero también para asegurar los recursos para cerrar el año en lo que respecta a gastos de funcionamiento, a becas y salarios. Lo otro fundamental es que esto cambia la base de lo que tienen que ser la ley de presupuesto nacional 2026 que integre las prioridades que tiene el gobierno con las del Congreso y que todos sepamos con los recursos que contamos y necesitamos".

Además de la acción judicial, el CIN acordó elevar al Congreso Nacional una solicitud para que el presupuesto 2026 contemple como base los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando así la sostenibilidad del sistema público.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en su 5ta Reunión Ordinaria de 2025 -realizada este jueves-, adhirió en todos sus términos al comunicado del CIN del pasado 10 de octubre, que respalda el reclamo por la ejecución plena de la Ley 27.795.

En un pronunciamiento institucional, el Consejo Superior de la UTN advirtió que la suspensión de la norma "profundiza la emergencia económica y presupuestaria del sistema universitario argentino" y destacó que su no aplicación impide actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios docentes y no docentes.

La institución señaló que el desfinanciamiento afecta con especial dureza a la UTN, por la naturaleza tecnológica de sus carreras, que requieren inversiones constantes en equipamiento e infraestructura. "La falta de recomposición salarial afecta la retención de personal calificado y compromete la calidad académica e investigativa", alertó la universidad tecnológica.

Finalmente, el Consejo Superior de la UTN avaló las gestiones de su rector ante la Mesa Nacional de Rectores del CIN y reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, inclusiva y gratuita.

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación se dispone a rechazar este jueves los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Desde las 10 de la mañana, la Cámara Alta se reunirá con el objetivo de reinstaurar la vigencia de dos leyes que habían sido sancionadas con apoyo transversal, pero que el titular del Ejecutivo decidió vetar parcialmente en las últimas semanas.

El rechazo a esos vetos se define por dos tercios de los votos. La oposición, según el conteo previo, cuenta con los números asegurados. Mientras que el oficialismo no tiene respaldo suficiente ni siquiera entre los bloques dialoguistas que lo han acompañado en tramos de la agenda legislativa del año.

Con el termómetro de agosto todavía fresco, cuando Diputados aprobó la insistencia con 174 votos afirmativos en Universidades y 181 en Pediatría, el panorama para La Libertad Avanza se presenta adverso, sin margen de maniobra para tejer alianzas como en otros debates, que lo obligaría a promulgar leyes que no comparte por su intromisión en el terreno fiscal.

El antecedente similar más cercano es el de la Emergencia en Discapacidad, que quedó firme tras la insistencia de las dos Cámaras el pasado 20 de agosto. Sin embargo, el Gobierno decidió promulgar la ley pero condicionándola a que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Este procedimiento desembocó en que desde la oposición estudien la posibilidad de interpelar y avanzar eventualmente con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La primera de las leyes en juego busca garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La norma -que fue vetada por segunda vez por Milei, ya lo había hecho el año pasado- establecía una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante 2024 y una adecuación por IPC para el ejercicio 2025, además de asegurar una recomposición de salarios docentes y no docentes, convocatorias paritarias cada tres meses y aumentos mensuales no inferiores a la inflación medida por el Indec.

La iniciativa había nacido al calor de la masiva movilización universitaria de abril, cuando rectores, docentes, estudiantes y trabajadores de las casas de altos estudios colmaron la Plaza de Mayo y ciudades de todo el país en defensa del sistema universitario público.

Desde entonces, la discusión escaló en la agenda parlamentaria. El texto finalmente aprobado fue una versión consensuada entre los bloques de la oposición tradicional, el peronismo y sectores federales. El veto presidencial no logró alterar ese equilibrio. Por el contrario, reforzó el compromiso de quienes venían sosteniendo posiciones moderadas.

El veto fue tratado el pasado 17 de septiembre en la Cámara de Diputados, logrando con amplitud la mayoría especial necesaria para la insistencia. Al mismo tiempo en que era tratado el veto, se llevó a cabo una nueva Marcha Federal que reunió una multitud de personas en distintos puntos del país.

La otra ley vetada por el Ejecutivo y pronta a ser restituida por el Legislativo es la que declara la emergencia en salud pediátrica. El texto establece la asignación prioritaria de recursos para hospitales especializados, garantizando insumos, infraestructura, tecnología, medicamentos y personal médico. También incluye una recomposición salarial y la exención de Ganancias para quienes cumplan funciones críticas o guardias.

La ley, aprobada por abrumadora mayoría, fue promovida con el Hospital Garrahan como referencia nacional. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal de poco más de $65.000 millones entre julio y diciembre. Para los bloques impulsores, se trata de una inversión impostergable.

Al igual que en el caso universitario, el veto presidencial generó reacciones en cadena: el colectivo médico, las asociaciones científicas y los propios trabajadores del Garrahan se pronunciaron en contra de la decisión oficial con múltiples manifestaciones. Y en Diputados recibió incluso más votos a favor que la norma para las Universidades.

Con una posición envalentonada, el bloque de Unión por la Patria busca incorporar un tema adicional al orden del día el rechazo a la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), dispuesta por el Decreto 695/2025.

Para que el tema se debata este jueves, deberá ser incorporado con dos tercios de los votos, ya que no figura en el plan de Labor Parlamentaria.

El proyecto, firmado por José Mayans y otros 24 senadores, propone declarar al sector nuclear como estratégico para el desarrollo nacional y blindar la participación estatal en la generación de energía atómica.

Además de los vetos y la posible discusión sobre Nucleoeléctrica, el Senado tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales de contenido impositivo.

En paralelo, se buscará avanzar con la media sanción del proyecto de ley que institucionaliza el sistema de Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir la desaparición de menores de forma urgente y coordinada entre organismos.

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados tratará este miércoles los vetos de Javier Milei a la ley de presupuestos universitarios y a la emergencia en pediatría con fondos para el Hospital Garrahan, mientras en las afueras del Congreso se espera una masiva movilización.

La sesión fue citada para las 13 con temario amplio. En los hechos, los movimientos ya empezaron con distintas estrategias: el oficialismo intenta fijar el tercio que le permita dejar firme el veto, mientras que la oposición busca garantizar los votos que le permitan insistir con las leyes.

El procedimiento no deja margen para interpretaciones: para insistir y dejar firmes ambas leyes, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos de los presentes. Si lo logra, las normas pasarán al Senado, que también deberá alcanzar los dos tercios para convertir en letra viva lo que la Casa Rosada decidió vetar.

Del otro lado, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados sólo necesitan asegurarse un tercio de los votos para sostener los vetos. El número depende directamente de las presencias: cuanto más lleno esté el recinto, más alto es el umbral opositor y, a la vez, más grande debe ser el bloque de contención oficialista.

Los antecedentes recientes ofrecen una brújula. En el caso de Universidades, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Según el conteo opositor, faltó apenas un voto para llegar a los dos tercios sobre los presentes de aquella jornada. En Garrahan, el resultado fue todavía más cómodo: 159 afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, con margen sobre el umbral de los dos tercios.

La premisa del oficialismo es que con dos o tres sillas vacías y abstenciones estratégicas se alcanzaría a defender los vetos, manteniendo el tercio original. Mientras que la oposición apuesta a consolidar los mismos votos más alguna recuperación de ausentes y dos o tres abstenciones convertidas en afirmativas para la insistencia en el financiamiento a las Universidades y el Garrahan.

En el poroteo se cuela el antecedente de la insistencia sobre ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el mandatario, que logró 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones en Diputados. Distinta suerte corrió el aumento a jubilaciones, que no logró los dos tercios que necesitaba para dar vuelta la decisión del presidente Javier Milei, con 160 votos a favor, 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes. Mientras que se optó por levantar la sesión antes del tratamiento del veto a la prórroga de la moratoria de Anses.

El poroteo opositor tiene un primer casillero claro: los cinco abstencionistas de la votación original de Universidades. Allí aparecen legisladores del PRO (con diferentes grados de cercanía al Gobierno), un republicano liberal y figuras que, por aquella fecha, aún orbitaban en espacios en reconfiguración. El segundo casillero es el de los ausentes (hubo alrededor de 18), entre los que se cuentan cuatro misioneros alineados a Carlos Rovira, dirigentes del MID y referentes provinciales que responden a Torres, Cornejo y Orrego.

Con este panorama, el foco vuelve a posarse sobre legisladores que responden a gobernadores con alianzas con la Rosada. En las votaciones originales, Mendoza (Cornejo), Chubut (Torres), Misiones (Rovira) y San Juan (Orrego) aportaron ausencias y abstenciones. También hubo movimientos internos en el MID, en Coherencia (el novel bloque de exlibertarios) y en fragmentos del PRO donde conviven halcones oficialistas y dialoguistas federales.

En el caso de los 19 diputados nacionales por Santa Fe, estuvo repartido el voto en las votaciones originales.

A favor del financiamiento universitario votaron Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli (Unión por la Patria); Roberto Mirabella (Defensores de Santa Fe); Mónica Fein y Esteban Paulón; Mario Barletta (Unidos); y Melina Giorgi (Democracia para Siempre).

En contra del Financiamiento Universitario lo hicieron Rocío Bonacci, Romina Diez y Nicolás Mayoraz (LLA); y, desde el PRO Luciano Laspina, José Núñez, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni. Mientras que Germana Figueroa Casas (PRO) eligió abstenerse y Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad) estuvo ausente.

En cuanto a los fondos para el Garrahan votaron afirmativamente los mismos diez legisladores. Pero en contra votaron, además de los tres libertarios, Figueroa Casas y Chumpitaz, junto con Bongiovanni y Núñez; en tanto que Laspina se ausentó en esa votación.

Con ese historial, las miradas se posan sobre los casilleros que no votaron alineados como Figueroa Casas, que se abstuvo en Universidades y votó en contra en Garrahan; y Chumpitaz que estuvo ausente en la primera votación de Universidades y se expresó en contra en Garrahan.

El resto de la delegación muestra posiciones consistentes con su alineamiento nacional o provincial y no exhibe, hasta ahora, señales públicas de cambio. En todo caso, el dato político a seguir es el equilibrio que buscará Pullaro entre su agenda de Provincias Unidas (con reclamos explícitos en financiamiento universitario y sanitario) y la convivencia con sectores del PRO que acompañaron los vetos o se ausentaron.

En paralelo al tratamiento, se espera una gran movilización en las afueras del Congreso. Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizarán la tercera Marcha Federal para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La concentración en Santa Fe será a las 17 horas, en avenida de los Siete Jefes y bulevar Gálvez, mientras que el gremio de la docencia universitaria, convoca una hora antes en el mismo lugar, además de anunciar que ese día habrá paro docente.

De allí partirá la movilización hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se desarrollará el acto central desde las 18 horas. El mismo incluirá la entonación del Himno Nacional y la lectura de un documento unificado elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

La comunidad universitaria de Venado Tuerto se suma esta semana a las jornadas de protesta que se desarrollan en todo el país en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento para las universidades. 

En este marco, las universidades nacionales ratificaron un plan de lucha que incluye clases públicas, marchas federales y distintas acciones simbólicas para visibilizar la crisis presupuestaria. Venado Tuerto no es la excepción: docentes, no docentes, estudiantes y gremios locales se preparan para participar activamente.

Liliana Benítez, delegada no docente en la UTN y representante de la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional, confirmó que el primer paso será un apagón simbólico este martes 16 de septiembre a las 20 horas en la sede de Laprida 651.

“A las 20 invitamos a la comunidad a sumarse. Vamos a apagar las luces de la facultad y salir a la vereda como inicio de este proceso de reclamo al veto presidencial”, explicó.

Según la dirigente, la idea es dar visibilidad a la problemática en un gesto simple pero contundente, en el que no sólo participará el personal universitario, sino también vecinos que se acerquen a acompañar.

La agenda continuará el miércoles 17 con la tercera marcha nacional universitaria, que tendrá su correlato en Venado Tuerto.

“Desde las 17.30 vamos a comenzar con una clase pública, luego habrá un micrófono abierto y finalmente una movilización por las calles de la ciudad”, detalló Benítez.

La clase, servirá como punto de encuentro entre docentes, alumnos y la sociedad en general. Posteriormente, el micrófono abierto permitirá que diversos sectores expresen su postura frente al veto: jubilados, trabajadores de la salud pediátrica, organizaciones sociales y gremios locales ya confirmaron su presencia.

Uno de los ejes centrales es la situación crítica del personal no docente, que según Benítez atraviesa un deterioro inédito: “El sector no docente está con los sueldos por debajo de la línea de pobreza. Hemos perdido un 44% del poder adquisitivo, es como haber perdido seis sueldos en un año”, advirtió.

El reclamo es claro: convocatoria urgente a paritarias y recomposición salarial. Sin embargo, la negociación está trabada: “El gobierno no se sienta en la mesa de diálogo. Todo se maneja de manera unilateral”, señaló.

La ley vetada también contemplaba actualización de becas estudiantiles y la creación de un fondo para impulsar carreras estratégicas, claves para el desarrollo regional.

Ante los cuestionamientos sobre supuestas falencias en el control de los gastos universitarios, la delegada fue contundente: “Es mentira que no se auditan las universidades. El 90% de los gastos son salarios registrados y el resto corresponde a funcionamiento. Tenemos auditorías internas, externas y evaluaciones permanentes”, afirmó.

Además, recordó que cada pago de servicios, cada factura y cada compra deben ser rendidos y aprobados: “La universidad es uno de los sectores más públicos y controlados que existen”, remarcó.

El escenario nacional repercute directamente en la sede local. Benítez destacó que, lejos de disminuir, la matrícula se mantiene firme: “Cuando hay crisis económica muchos alumnos que estaban en Rosario vuelven porque es más accesible estudiar acá. La matrícula se sostiene y los jóvenes encuentran en Venado Tuerto una opción cercana y de calidad”, explicó.

No obstante, reconoció que el congelamiento de partidas desde 2023 y el aumento de tarifas ponen a la institución contra las cuerdas: “Estamos al límite. Cuidamos cada gasto de luz, calefacción o limpieza, pero los aumentos de servicios nos asfixian”, advirtió.

Otro dato alarmante es la creciente renuncia de docentes universitarios a nivel nacional. “Hay muchísimas renuncias porque los sueldos son muy bajos. Muchos buscan sostenerse con otras actividades y dejan la docencia”, lamentó Benítez.

Ese escenario, de continuar, podría comprometer la continuidad de carreras y el nivel académico que caracteriza a la universidad pública argentina.

“La Universidad Pública es ascenso social. No podemos ir en contra de lo que produce el país: excelencia académica, investigación y formación de profesionales. No en vano tenemos premios Nobel y doctorados reconocidos internacionalmente”, subrayó.

Mariela Goy

Los docentes universitarios definieron un mes completo con medidas, comenzando con un paro de una semana y cese total de actividades, del 11 al 17 de agosto. El plan de lucha es por el reclamo de recomposición de los salarios de la docencia de las universidades nacionales.

La definición se tomó en el congreso extraordinario de Conadu Histórica -del pasado 5 de agosto- que resolvió las medidas de fuerzas para el nuevo tramo académico. De esa federación depende el sindicato de docentes de la UNL (Adul), por lo que se verán afectadas las actividades en la casa de estudios local.

Luego, desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre, se continuará con paros de 48 horas todas las semanas, en días rotativos, promoviendo la unidad de acción con el resto de las entidades gremiales. Asimismo, impulsará la realización de una Marcha Federal Universitaria, propiciando la definición de una fecha, que sería dentro de la primera quincena de septiembre.

Tal como viene denunciando esta federación, "desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva. Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia".

Además, sostiene que se agudiza el vaciamiento de las universidades, tal como expresa el comunicado del CIN que denuncia "unas 10 mil renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, mientras las obras sociales caminan a la quiebra, las cajas jubilatorias se licúan y se pone en riesgo la continuidad del ciclo académico 2025 y la vida de la propia universidad", señala en un comunicado.

Por este motivo, el gremio nacional llama a "unidad" docente, no docente, estudiantil y de toda la comunidad, con el fin de "defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional".

La tensión entre los gremios universitarios y el gobierno nacional se profundizó luego del anuncio de incrementos salariales para el personal docente del sector.

De "forma unilateral", el Gobierno nacional presentó una oferta de aumento del 7,3 % en cuotas hasta diciembre. Sin embargo, la propuesta salarial fue rechazada por insuficiente -por ejemplo, por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun)- ante una inflación que erosiona el salario real.

De acuerdo con lo informado por esa federación, los incrementos establecidos son del 1,3% para junio, julio y agosto; del 1,2% para septiembre; y del 1,1% para octubre y noviembre. Sin embargo, advirtieron que los montos correspondientes a los primeros tres meses se liquidarán recién junto al salario de agosto, lo que implicará una pérdida aún mayor del poder adquisitivo.

Referentes sindicales calificaron los aumentos como "insuficientes" y advirtieron que el deterioro de los salarios ya alcanzó niveles críticos. En respuesta al rechazo gremial, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, se expresó en redes sociales con ironía: "El extraño caso de los sindicatos que rechazan aumentos...", escribió, en alusión directa a la postura asumida por los docentes universitarios.

Mauro L. Muñoz

Minutos después de las 12, con 136 diputados sentados en sus bancas y quórum holgado, comenzó este miércoles la sesión especial con amplio temario, en el que se destacaba el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan. A poco de llegar a las 17, Martín Menem dio por terminado el debate intempestivamente.

Ambas iniciativas fueron rechazadas para el tratamiento sobre tablas, al no alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes necesarios. Sin embargo, la oposición logró emplazar a las comisiones para buscar emitir la próxima semana dictámenes.

Otro tema que estaba en el orden del día, era la iniciativa para tratar una iniciativa que busca poner límites a los DNU. Además, un régimen de promoción de la salud cerebral, proyectos de ayuda fiscal a las PyMEs, retenciones agropecuarias, juicio por jurados y modificaciones a los husos horarios.

Con esta amplitud y rango temático, se especulaba con que la sesión pudiese extenderse por más de 24 horas. Sin embargo, la sesión tuvo un abrupto final luego de una larga discusión sobre el reglamento parlamentario.

El fallo de la justicia de Estados Unidos contra el Estado argentino por la expropiación de YPF se metió en el inicio de la sesión. Todo comenzó la cuestión de privilegio del diputado del Damián Arabia, quien apuntó contra Axel Kicillof, pero le siguió también un legislador libertario, con más críticas al kirchnerismo.

Más adelante, el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) se hizo eco de las agresiones e insultos del presidente Javier Milei contra los periodistas a través de sus redes sociales y pidió la remoción de la diputada Orozco de la comisión de Libertad de Expresión.

Luego, la diputada de Unión por la Patria Luana Volnovich realizó una cuestión de privilegio por las detenciones a militantes K tras la vandalización con caca a la casa del diputado Espert. "Es persecución política", dijo y amplió que Argentina no se respeta "un Estado de derecho".

Después de tres horas de cuestiones de privilegios en los que hubo pases de facturas y chicanas por temas varios, el cuerpo procedió a tratar los expedientes que conformaban el temario del día.

El primer eje fueron los proyectos para incrementar el financiamiento de las universidades nacionales. Con 142 votos afirmativos, 90 negativos y 3 abstenciones, Diputados rechazó el tratamiento en el recinto.

A continuación, la entrerriana Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, planteó la moción para emplazar al plenario de las comisiones de Educación, y Presupuesto y Hacienda el próximo martes 8 de julio a las 16 para tratar los siete proyectos de ley puestos a consideración sobre este tema. La moción resultó aprobada con 161 votos afirmativos, 68 en contra y 0 abstenciones.

Luego, siguió la emergencia de la salud pediátrica y la declaración del Hospital Garrahan como referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad.

La Cámara baja también votó por rechazo por 146 votos afirmativos, 85 negativos y 1 abstención, ya que las iniciativas tampoco tenía despacho de comisión y necesitaba los dos tercios de los votos.

En el mismo sentido, se votó afirmativamente el emplazamiento para el próximo 8 de julio a las 12 a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, a la de Acción Social y Salud, que preside Pablo Yedlin, y a la de Familia Niñez y Juventudes, que preside Roxana Reyes, para intentar tener dictamen y avanzar en el proyecto en una próxima sesión.

La moción planteada por el tucumano Yedlin se aprobó con 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones. A quienes votaron en contra el primer emplazamiento, se sumaron el santafesino Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad y el neuquino Pablo Cervi de Liga del Interior.

La sesión derivó transcurrió luego en un largo discurrir de interpretaciones del reglamento de labor parlamentaria, ante la moción del diputado Maximiliano Ferraro (CC-Ari) para modificar el funcionamiento de la comisión investigadora $Libra.

Esto es el kirchnerismo. pic.twitter.com/AObvDZtICp

Avanzó durante media hora entre chicanas los cruces entre oficialistas aliados y opositores. Pero la sesión se terminó de desmadrar cuando Cecilia Moreau (UxP) apuntó contra La Libertad Avanza, acusándolos de “meterse la Constitución Nacional en el culo”.

Las respuestas de los libertarios por fuera del uso de la palabra, desde la bancada de Unión por la Patria se levantaron de sus para increpar al diputado José Luis Espert, apuntado a lo largo de toda la jornada por "bloquear los debates en la comisión de Presupuesto, que preside", según la oposición.

Intempestivamente, sin encontrar consenso para continuar con el plan de labor parlamentaria acordado en la previa de la sesión, el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por finalizado el debate argumentando falta de quórum.

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que nuclea a las casas de altos estudios de todo el país, manifestó su "profunda preocupación por la parálisis casi total" de todos los programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y "la ausencia de una política para la ciencia, la innovación y el desarrollo del país".

En un documento difundido en los últimos días, el CIN alerta, en definitiva, "sobre la grave situación del sistema científico del país".

El pronunciamiento va en línea con un documento reciente suscripto por más de 150 integrantes de la Junta de Calificación y Promoción del Conicet, donde piden el cumplimiento de la ley 27.614 de financiamiento del sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y, a los planteos realizados por referentes de todo el país en la última reunión de comisión de la Cámara de Diputados.

"En Argentina, más del 70 % de la producción científica se origina en el sistema universitario nacional y la totalidad de la formación doctoral de nuestros profesionales está a cargo de nuestras instituciones, que además contribuyen a financiar la mayoría de sus trabajos de investigación. Esta realidad posiciona a las universidades no solo como espacios de enseñanza, sino como motores fundamentales de la innovación, el desarrollo tecnológico y el avance del conocimiento", explican las universidades.

En ese contexto, realizan un punteo sobre las medidas que confirman "el desfinanciamiento de la ciencia":

"La crisis del sistema científico es grave y profunda. La falta de recursos para la investigación no solo limita la capacidad de las universidades para generar avances científicos, sino que, también, debilita la formación profesional. Laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadoras e investigadores y la fuga de talentos son algunas de las consecuencias inmediatas de este recorte en el financiamiento" advierten las universidades, en coincidencia con los conceptos vertidos en distintos medios por otros referentes de ese ámbito. "A largo plazo, esto repercute en la capacidad del país para competir internacionalmente, desarrollar tecnología propia y responder a desafíos globales con soluciones innovadoras".

"Recortar el apoyo a la ciencia es condenar a la nación a la dependencia tecnológica y a la pérdida de talento humano", sostiene el CIN, en tanto advierte que "lejos de impulsar un plan estratégico para el desarrollo del país, la gestión actual parece enfocada en desacreditar el trabajo de personas científicas y académicas a través de campañas mediáticas, ignorando el impacto directo que esto tiene en la formación profesional, la fuga de cerebros, la innovación tecnológica y el crecimiento económico".

Los decanos/as de las cuatro principales facultades de Derecho instaladas en la provincia de Santa Fe se pronunciaron por repensar el texto de la Constitución de Santa Fe "con el objeto de adaptarse a los tiempos actuales, reflejar los avances del derecho en los últimos 60 años y proyectar una Provincia comprometida con valores como la democracia, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, órganos de control y la transparencia en la gestión pública".

La postura está contenida en un documento presentado en las instalaciones del Club del Orden y que lleva las firmas de Claudia Levin (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNL), Zully Degano (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica local); Hernán Botta,(Facultad de Derecho de UNR) y Luis María Caterina (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA en Rosario).

La declaración se firmó el día en que se conmemoraron los 41 años de la vuelta a la democracia con la elección de 1983, respaldó la reforma constitución de la Nación de 1994 y termina instando a discutir una reforma provincial de la Carta Magna.

El texto comienza señalando que "en el marco de la celebración por los 30 años de la Reforma a la Constitución Nacional llevada a cabo en nuestra Provincia, reivindicamos una vez más la importancia de dicha reforma, que sin dudas representó un progreso significativo para el país, al constitucionalizar tratados de derechos humanos, incorporar nuevos derechos y garantías, y establecer instituciones que fortalecen el sistema democrático, tales como el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Auditoría General" .

Enseguida acotan que "como mujeres y hombres de derecho con responsabilidades institucionales en la formación de las y los profesionales del futuro, así como en nuestro compromiso hacia la sociedad santafesina, no podemos menos que expresar nuestra inquietud respecto a la necesidad de adecuar y repensar nuestra propia Constitución provincial con el objeto de adaptarse a los tiempos actuales, reflejar los avances del derecho en los últimos 60 años y proyectar una Provincia comprometida con valores como la democracia, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, órganos de control y la transparencia en la gestión pública".

Por último, las autoridades universitarias reafirmaron "el compromiso de trabajar conjuntamente, compartiendo esfuerzos para optimizar resultados en la construcción de conocimiento al servicio de la sociedad".

Las universidades vuelven a parar el jueves 17, profundizando el conflicto con el Gobierno, tras la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció la medida de fuerza para todo el país. En primer lugar, declararon una semana de lucha, que comenzará el lunes. El martes confirmaron que se reunirán con centros de estudiantes y el Consejo Interuniversitario Nacional para “sostener la unidad del frente universitario y acordar un marco de acción programático”. Y el jueves habrá un cese de actividades por 24 horas.

“Por otra parte, se considera fundamental una acción de federalización del conflicto universitario por regiones: en la construcción de la federalización de una marcha universitaria”, propusieron a través de un comunicado firmado por varios sindicatos del gremio docente.

A su vez, las agrupaciones estudiantiles continuaban en algunas universidades con las tomas facultades. Mientras, desarrollan asambleas para definir las medidas de reclamo contra el gobierno nacional con clases abiertas, ruidazos e intervenciones públicas.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una advertencia a los rectores de las universidades al responsabilizarlos de "cualquier case que pase" en el marco de las protestas de estudiantes y docentes en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el marco de tomas de facultades, clases públicas y protestas luego de que el Gobierno lograra blindar el rechazo de la ley, el funcionario que depende de la ministra Sandra Pettovello expresó: "Desde el Ministerio de Capital Humano nos vamos a entrometer en el tema, vamos a defender a los alumnos y docentes que quieran dar clase".

En declaraciones con el canal Todo Noticias, especificó: "Los responsables de cualquier cosa que pase son los funcionarios públicos a cargo, en este caso los rectores, no pueden desaparecer y desentenderse del problema. No pueden dejar que estos grupos extremistas tomen el control".

Álvarez precisó que el rector es una autoridad ejecutiva de una universidad que fue electo a través de comicios democráticos y que debe responder penalmente de lo que en su jurisdicción ocurra.

Sus dichos tienen lugar en paralelo a la toma de más de 35 universidades en todo el país que fueron cede del parto total convocado por docentes y no docentes universitarios en un nuevo reclamo salarial. Además, van en sintonía con lo expresado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien definió que "tomar una universidad es un delito".

Asimismo, se expresó en solidaridad con "la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes" que quieren que la entidad educativa esté "funcionando".

"Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio", sostuvo el portavoz, a la vez que indicó: "El espacio para discutir los fondos universitarios es el Presupuesto 2025. Ese es el marco".

Por Alejandro Venzatti

La Cámara de Diputados de la Nación sesionó este miércoles y respaldó el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento universitario. Los votos afirmativos acompañaban la insistencia de la ley mientras que los negativos apoyaban el veto. Hubo 5 abstenciones y 8 ausencias. Así votaron los santafesinos.

Tal como se veía venir, los diputados santafesinos del PRO y del oficialismo acompañaron el veto mientras que los que forman parte de la UCR, Unión por la Patria y Encuentro Federal, optaron por insistir con la ley, hecho que no sucedió.

El voto de la diputada Germana Figueroa Casas era el que se mantenía en duda hasta este martes cuando los rectores santafesinos le pidieron a los 19 legisladores de la provincia que no apoyaran el veto. Finalmente, la diputada optó por rechazar la ley. Los demás votos estaban “anticipados”.

Cabe destacar, que en la sesión de este miércoles, los votos afirmativos o “a favor” eran para insistir con la ley de Financiamiento Universitario mientras que, los votos negativos o “en contra” apoyaban el veto presidencial a dicha ley.

De los 10 representantes de Santa Fe que rechazaron el veto, 6 son integrantes del bloque de Unión por la Patria: Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli. El listado lo completan los legisladores de la Unión Cívica Radical Mario Barletta y Melina Giorgi, y los socialistas, que integran Encuentro Federal: Esteban Paulón y Mónica Fein.

Germán Martínez, jefe del bloque, manifestó en Diputados: "Mientras que al conocimiento y a la inteligencia con mayúsculas que brinda la universidad pública se le cortan los fondos, a la inteligencia con minúsculas, la de los espías, la conducida por Santiago Caputo y sus seguidores, que tenía un crédito inicial del año 2024 de 65 mil millones de pesos, tendrá el año que viene 350 mil millones de pesos". "Estamos discutiendo algo más grande que si me llevo bien o me llevo mal con un rector de una universidad", agregó.

"Me importa muy poco el mote que me pongan por la votación que haga. Yo voto pensando en la gente. Se busca dividir la sociedad para plantear una grieta entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza", sostuvo por su parte Mario Barletta luego de la votación.

A su turno, en el debate, Mónica Fein expresó que "como socialistas, estamos convencidos que la Universidad pública es el camino del progreso social y del ascenso social, como también el camino de la real libertad". "Venimos a reafirmar nuestro compromiso de financiamiento con la misma", sentenció.

Por su parte, de los 9 diputados santafesinos que acompañaron el veto, 3 son integrantes de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Rocío Bonacci. Los seis restantes representan al PRO: Gabriel Chumpitaz, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y José Núñez.

"En el PRO estamos convencidos de que no podemos resolver los problemas del país repitiendo los mismos errores que nos llevaron a esta crisis. No se puede mejorar la educación ni ninguna política pública si volvemos a quebrar al Estado Nacional", publicó el partido en su cuenta de X luego de la sesión.

Se abstuvieron en la votación de este miércoles, los diputados Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, del partido Innovación Federal y el radical Pablo Cervi. Todos habían apoyado en agosto la ley de Financiamiento Universitario.

La catamarqueña Fernanda Ávila, el chubutense Jorge Ávila, la cordobesa Alejandra Torres, el formoseño Fernando Carbajal, el oriundo de Tierra del Fuego Héctor Stefani, los bonaerense Oscar Zago y Ricardo López Murphy fueron los ausentes en la sesión de este miércoles. Por su parte, la salteña Yolanda Vega, estuvo en el debate pero se retiró poco antes de la votación por una descompensación, según explicaron desde el bloque que representa. 

Por Analía De Luca

Según un comunicado oficial emitido este 2 de octubre de 2024, el Presidente Javier Milei ha tomado una decisión firme: vetará el reciente proyecto aprobado por el Congreso que propone un aumento del gasto público destinado a las Universidades Nacionales.

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Este veto no solo responde a preocupaciones sobre el equilibrio fiscal, sino que también se inscribe dentro de un marco más amplio de responsabilidad económica que el Gobierno busca promover.

En en texto, Milei subrayó la importancia de que los legisladores comprendan que la era del "populismo demagógico" con los recursos de los contribuyentes ha llegado a su fin. En su visión, el debate sobre el financiamiento de las universidades debe tener lugar en el contexto del Presupuesto Nacional 2025, y no a través de iniciativas que comprometan la estabilidad económica del país.

El comunicado también reveló una crítica directa hacia varios líderes de la oposición, entre ellos Cristina Kirchner, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, quienes, según el Presidente, se han alineado en un nuevo "frente de izquierda populista". Esta unión, según Milei, busca obstruir el plan económico de su administración y defender los privilegios de la clase política.

El Presidente reafirmó su compromiso con las Universidades Nacionales y con la lucha por alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica. “Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático ni ante los proyectos de ley irresponsables”, enfatizó.

En un momento histórico que demanda decisiones difíciles, el mensaje de Milei es claro: la administración actual busca romper con un modelo económico que, en su opinión, ha empobrecido al país durante un siglo, y está decidida a restaurar la grandeza de Argentina.

Ciudad de Buenos Aires, 2 de octubre de 2024.- La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal.

Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025.

El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica.

En relación con la manifestación política del día de la fecha, el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martin Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política.

Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez.

Mariela Goy

La docencia universitaria anunció un nuevo paro de 48 horas para esta semana -miércoles 11 y jueves 12- en reclamo de mejoras salariales, apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y en convergencia con la jornada de lucha por la movilidad jubilatoria.

El plenario de Conadu Histórica -que en Santa Fe tiene como gremio de base a Adul- resolvió el miércoles 11 sumarse a la concentración frente al Congreso de la Nación junto con organizaciones sociales y las centrales sindicales "en el reclamo de que la Cámara de Diputados rechace el veto firmado por el presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria". En ese sentido, también se ratificó el "enérgico rechazo a la represión contra los jubilados".

Por otra parte, el jueves 12, el Senado dará tratamiento a la Ley de Financiamiento Universitario que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja. "La Federación se mantiene en estado de alerta -para coordinar las acciones necesarias- ante el ya anunciado veto presidencial a esta legislación que permitiría salir del ahogo salarial y fija un piso de solución a la grave situación presupuestaria que atraviesa la universidad pública y sus trabajadores/as", sostiene Conadu Histórica en un comunicado. Según se informó desde Adul, ese día también habrá una concentración en la Plaza de los Dos Congresos.

El pasado jueves 5, al no tratarse el proyecto en el Senado, la docencia universitaria llevó a cabo un paro, el cual se anunció a última hora del día anterior. Antes, hubo una medida de fuerza de 48 horas el 20 y 21 de agosto por reclamo salarial, las que se suman a las numerosas huelgas realizadas en el primer semestre del año.

Desde Conadu Histórica sostienen que el costo de la normativa es mínimo comparado con el impacto en el presupuesto nacional. "La Ley de Financiamiento Universitario cuesta 0,14% del PBI. Con solo lo que se bajó el Impuesto PAIS se pagaba todo el presupuesto universitario. Ese logro que dice haber tenido el presidente lo va a invertir en pago de deuda y represión y no en investigación, ciencia y desarrollo nacional autónomo y salarios para los docentes", dijeron.

También el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante un acuerdo plenario a fines de agosto, otorgó apoyo formal y solicitó la aprobación del Senado y la posterior promulgación por parte del Ejecutivo de la ley de financiamiento universitario. Entienden que el costo total de la puesta en marcha de esa ley es un 0,14% del PBI y es menos del 10% del acumulado que ha tenido como superávit primario el Gobierno nacional en estos primeros 7 meses.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo publicó un comunicado desde sus redes sociales oficiales denunciando que agentes de la Policía Federal impidieron el ingreso de trabajadores a su Universidad Nacional (UNMa), por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y del interventor designado por el Ejecutivo, Eduardo Maurizzio.

En el texto, las autoridades de la institución aseveran que “el funcionario de Milei” cierra la Universidad y “le prohíbe el ingreso a los trabajadores” a través de la Policía.

NO A LA POLICIA EN LA SEDE DE LA UNMACompartimos el comunicado de @PrensaMadresy repudiamos esta medida del gobierno de Milei que viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a lxs trabajadores de la @unma_oficial #NiUnPasoAtrás pic.twitter.com/BRufCL8pVl

“Es urgente que toda la comunidad universitaria de la UNMa se acerque a la sede de Defensa. La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se defiende”, expresaron.

Por su parte, estudiantes y empleados pidieron que el comunicado “circule” porque “hay compañeros que quedaron dentro del edificio” y que están actuando con “impunidad total”, en sintonía con “el régimen fascista que gobierna la Argentina”.

Para las Madres de Plaza de Mayo, esta medida llevada a cabo por el oficialismo “viola la autonomía universitaria” y “pretende criminalizar a los trabajadores” de la institución.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Gustavo Pons, vicerrector académico de la UNMa, aseveró que “están haciendo la denuncia ante el Poder Judicial”.

“Convocamos a toda la comunidad de la UNMa, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos a movilizarse a Defensa 119 y poner freno a este atropello. Pará la mano, Milei. Si sos tan vivo, metete con las Madres, interventor Maurizzio. Ni un paso atrás!”, concluyeron.

En un encuentro realizado este lunes en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, los senadores nacionales por Santa Fe, convocados por los rectores de las universidades públicas con asiento en la provincia, manifestaron su compromiso de acompañar la ley de financiamiento universitario que está en debate en el Congreso.

De la reunión participaron el rector de la UNL, Enrique Mammarella; de la UNR, Franco Bartolacci; de la UNRAF, Rubén Ascua; y los senadores nacionales por Santa Fe, Eduardo Galaretto, Carolina Losada y Marcelo Lewandowski.

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el jueves pasado se votó por dos tercios su tratamiento de preferencia en el Senado, por lo que se espera se incorpore al tratamiento en la próxima sesión.

Durante la reunión, los rectores expusieron las dificultades que atraviesa el sistema universitario y se pusieron a disposición para aportar información a los legisladores que pudiera resultar relevante para el tratamiento de la ley. En este sentido, el rector Enrique Mammarella indicó que “el proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá actualizar, conforme la inflación informada por el INDEC, tanto los salarios como los recursos destinados al funcionamiento. Además, contempla un mecanismo de recomposición salarial del desfasaje producido entre los incrementos otorgados y la inflación acumulada entre noviembre y julio de este año”.

“Necesitamos con celeridad que el Senado convierta en ley el proyecto que tiene media sanción en Diputados. Como está planteado, este proyecto de ley resuelve el conjunto de los problemas que atravesamos, otorgando previsibilidad presupuestaria y una solución a la angustiante situación salarial que viven docentes y nodocentes universitarios”, señaló Bartolacci, quien agradeció “la rápida respuesta de los senadores a la convocatoria y su compromiso de acompañar positivamente el proyecto cuando se trate en el Senado”.

Bartolacci, Mammarella y Ascúa destacaron que la situación salarial “es la más crítica de los últimos cuarenta años. Alrededor del 50 por ciento de docentes y nodocentes perciben un salario por debajo de la línea de pobreza e incluso en las categorías más bajas, al no haberse modificado la garantía salarial, no se han percibido aumentos desde noviembre del año pasado. Del mismo modo que hemos indicado que no hay Universidad posible sin recursos para garantizar su funcionamiento básico, tampoco la hay sin salarios dignos para quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a los futuros profesionales del país”.

Los senadores Lewandowski, Losada y Galaretto expresaron su compromiso de acompañar el proyecto y afirmaron que los tres representantes de la Provincia de Santa Fe van a brindar su voto afirmativo para que este proyecto se convierta en ley. "Nuestro compromiso es público, y queríamos en esta reunión con los rectores, ratificar nuestra posición. La Universidad Pública Argentina es una institución estratégica para el presente y el futuro del país y debe ser priorizada por la Nación”, indicaron Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

De igual modo, Marcelo Lewandowski valoró la potencia del sistema universitario y argumentó que el mismo es un sello distintivo de la Argentina. "Es fundamental que las universidades nacionales sigan funcionando como es debido. Seguro que hay cosas que mejorar y está bueno continuar trabajando en eso, pero lo que no se puede hacer es pensar que mantener una universidad es un gasto y no una inversión para el futuro de nuestro país".

Este avance en la legislación representaría un paso fundamental para asegurar a las universidades nacionales los recursos mínimos e indispensables para funcionar y continuar desempeñando su rol esencial en la formación de profesionales, la investigación científica y la extensión universitaria, pilares fundamentales para el desarrollo del país.

"Es una muy buena noticia recibir de los senadores nacionales el apoyo a este proyecto y esperamos que en el corto plazo podamos tener efectivamente su aprobación. La situación es realmente muy preocupante, y esperamos respuestas que permitan garantizar el normal desarrollo de nuestras instituciones", indicaron los Rectores, que además informaron que encuentros de igual tenor concretarán sus pares en cada una de las provincias, en la previa de una nueva reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional que se realizará jueves y viernes de esta semana en La Pampa, donde evaluarán la situación y definirán las estrategias futuras.

Por Claudia Cabrera

Tras medio año de reclamos, continúa el conflicto con las universidades. La Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró ayer la emergencia salarial y los gremios creen que el segundo cuatrimestre podría no comenzar.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial debido a una caída de más del 40% en el poder adquisitivo de sus trabajadores. El vicerrector Emiliano Yacobitti calificó la situación como “gravísima” y advirtió “Lo que está pasando es muy triste porque el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la Universidad perdió el 42% en los últimos 6 meses. Ya estamos hablando de salarios que no eran buenos”, durante una entrevista en El Destape Radio.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las 57 universidades nacionales, también alertó sobre la complicada situación que enfrentan todas las universidades nacionales para el segundo cuatrimestre.

El conflicto comenzó con la prórroga del presupuesto de 2023 a 2024, acordada entre los entonces candidatos a presidentes Javier Milei y Sergio Massa en septiembre del año pasado. Esta prórroga asignó el mismo presupuesto nominal que el año anterior, aunque la inflación fue del 211.4 % en 2023 y un 51.6 % acumulado a marzo de 2024, lo que resultó en una caída presupuestaria en términos reales del 72.4 %.

El 23 de abril se realizó una movilización multitudinaria en Capital Federal y en distintas ciudades del país. En un intento de frenarla, el Gobierno anunció un aumento adicional en gastos de funcionamiento y una partida extraordinaria para los hospitales, que se concretó el lunes siguiente. Sin embargo, el aumento depositado ($21.888 millones) representa solo el 3.4 % del presupuesto actual.

En efecto, la UBA declaró la emergencia salarial para todos sus trabajadores, incluidos los profesionales de la salud y los vinculados a la investigación y extensión universitaria. La decisión fue respaldada por los gremios docentes y no docentes.

El presidente, en su discurso del Pacto de Mayo el 8 de julio a vísperas del Día de la Independencia, criticó duramente al sistema universitario nacional, acusándolo de estar desconectado de las necesidades económicas del país. Milei abogó por priorizar otras áreas del sistema educativo y reducir la oferta universitaria, proponiendo carreras más cortas y aranceladas.

En el Congreso, un proyecto de ley para declarar la "emergencia presupuestaria" de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario está estancado. Mientras tanto, los gremios, como CONADU, planean nuevas movilizaciones y acciones, incluyendo la posible no apertura del segundo cuatrimestre y una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.

El viernes pasado, la diputada de la UCR Danya Tavela presentó un proyecto de ley para declarar la "emergencia presupuestaria" de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario y para recomponer los salarios por la inflación acumulada desde el 1 de enero de 2024. Sin embargo, los distintos sectores del radicalismo no logran un acuerdo, lo que ha llevado a un estancamiento en el Congreso.

Las negociaciones paritarias están empantanadas. El Consejo Universitario Nacional señaló al diario Página 12 que el resto de las universidades enfrentan panoramas iguales o peores al de la UBA. "Todas están con pronóstico complicado para el segundo cuatrimestre", destacaron.

La semana pasada, hubo un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulado "Sin salarios dignos no hay universidad". Allí volvieron a reclamar la "urgente recomposición salarial para las y los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas".

"La sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública, la universidad y la ciencia deben tener para la Nación. Ese rol solo puede ser asumido si se jerarquiza la cuestión educativa como política pública y, consecuentemente, se prioriza la inversión presupuestaria que garantice su normal funcionamiento", destacaron.

El conflicto universitario no está solucionado. Un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC-CONADU) detalla el impacto del “ataque del Gobierno” a las universidades nacionales. Los salarios de bolsillo de más de la mitad de los cargos docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza. El congelamiento de la garantía salarial afecta a quienes trabajan en las categorías auxiliares y con menor antigüedad. La situación se agrava para muchos docentes del nivel preuniversitario que han dejado de cobrar el adicional por FONID.

#FrenteSindicalUniversitrio🔵SIN SALARIOS DIGNOS NO HAY UNIVERSIDADRectores y representantes de todas las federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles del país se reunieron en el CIN.#ParitariaUniversitaria #UniversidadesNacionales🔗https://t.co/tOYBFIjJVH pic.twitter.com/XJXhLNERbJ

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU se reunió el 8 de julio y analizó la situación de las universidades públicas. En consenso, resolvió que los sindicatos de base de la Federación realicen asambleas y consultas con sus bases para considerar la propuesta de no iniciar el segundo cuatrimestre y realizar un paro de 72 horas en la segunda semana de agosto, otra medida similar en la cuarta semana, y otras acciones de debate y visibilización. Esto culminará en una nueva gran Marcha Federal Universitaria en la primera quincena de septiembre.

Por David Flier

A punto de terminar el secundario, la mayoría de los jóvenes quiere estudiar y/o trabajar. Sin embargo, muchos de ellos no logran sus objetivos. El 85 % de los estudiantes del último año del colegio dice que planea seguir estudiando y el 65 % dice que quiere trabajar. Pero al comparar estas expectativas con lo que ocurre entre los jóvenes de 19 a 25 años que terminaron la secundaria, se encuentra que solo 4 de cada 10 (38 %) estudian y 4 de cada 10 (38 %) trabajan.

Estos datos surgen del informe “Educación y trabajo: expectativa y realidad de jóvenes en Argentina”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. La medición de las expectativas se basa en cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2022, mientras que la evaluación de las trayectorias educativas y laborales fueron extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares de 2023.

Según el informe:

El 33 % de los alumnos del último año de secundaria planea solo estudiar.

El 52 % estudiar y trabajar.

El 12 % solo trabajar.

El 3 % tiene otros proyectos.

En total, el 85 % planea estudiar y el 65% trabajar.

Sin embargo, al analizar en qué andan los jóvenes que tienen entre 19 y 25, el informe destaca:

Solo el 74 % terminó la escuela secundaria.

Un 25 % de jóvenes se dedica solo a estudiar.

Un 13 % trabaja y estudia.

Un 25 % solo trabaja.

Un 12 % no trabaja ni estudia.

“A pesar de las dificultades, en el decil más pobre, el 72 % de los estudiantes de último año de secundaria aspira a seguir estudios superiores. Comparando con el decil más rico, un porcentaje similar busca combinar estudios con trabajo, acorde con la tendencia global. Sin embargo, la realidad de los jóvenes de 19 a 25 años con secundario completo en ambos extremos de la distribución es muy diferente”, analizó Soledad Giardili, profesora e investigadora de la Universidad de Edimburgo, citada en el informe.

Entre los jóvenes del decil más alto, son más los que logran concretar sus expectativas: el 51 % se dedica a estudiar (el 27 % solo estudiar y el 24 % también trabaja), mientras que el 68 % trabaja (41 % solo trabaja, y 27 % trabaja y estudia en el nivel superior). En cambio, en los sectores más bajos, el porcentaje de quienes siguen estudiando disminuye a 21 % (el 19 % solo estudia y el 2 % también trabaja), mientras que un 12 % solo trabaja.

Guillermina Laguzzi, especialista en Educación y Trabajo de la Organización de Estados Iberoamericanos, aseguró en el informe: “Sabemos que la inserción laboral es un problema, pero este estudio brinda datos concretos que suman una variable más: el problema de la inserción se potencia entre los jóvenes de sectores socioeconómicos bajos. ¿Cómo se explican estas diferencias? Hay que prestar atención al peso diferencial que tiene la secundaria a la hora de acceder a empleos de calidad en jóvenes”.

La incidencia del poder adquisitivo de una familia en la trayectoria educativa de los hijos es un factor ya documentado en otros informes. Por ejemplo, “Desigualdad educativa en el nivel superior”, también de Argentinos por la Educación, que señala que solo el 12,4 % del decil más bajo cursa estudios universitarios, contra un 46 % del decil más rico.

También en el 2022 se publicó el informe “Desempeño escolar y pobreza”, que, indica que entre quienes se encuentran en el nivel socioeconómico más bajo solo el 14 % obtuvo resultados satisfactorios en pruebas Aprender.

Uno de los aspectos que destacan los expertos citados en el informe es la necesidad de facilitar la inserción laboral de jóvenes universitarios.

“Dado que la combinación de trabajo y estudio a nivel superior es cada vez más prevalente, resulta lógico reconsiderar el papel de la integración de pasantías y prácticas laborales remuneradas en los programas académicos para mitigar estas desigualdades y satisfacer las expectativas de todos los estudiantes”, destacó Giardili.

Por su parte, Mario Oporto, exministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires y académico asociado de Argentinos por la Educación, señaló: “El sistema educativo tiene que pensar profundamente en dispositivos y organizaciones institucionales que contemplen a quienes trabajan mientras cursan el nivel medio y superior. Una formación profesional de alta calidad postsecundaria, como alternativa a la educación universitaria o terciaria no universitaria, es un proyecto a seguir desarrollando”.

Docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales de todo el país comenzarán este martes una nueva semana de protestas en reclamo de "salarios dignos". Serán tres días en los que no habrá paro sino actividades de "visibilización" del conflicto. Además, concentrarán frente al Palacio Pizzurno, sede de la secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La medida es impulsada por el Frente Sindical Universitario, que componen a nivel nacional los gremios docentes Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, UDA, Ctera y los no docentes nucleados en Fatun.

Las jornadas nacionales de protesta se extenderán los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de junio, además de la manifestación el martes a las 12. La visibilización del reclamo se realizará mediante clases públicas, asambleas, radios abiertas y volanteadas.

En un comunicado, señalaron que las medidas se realizan "ante la ausencia total de respuestas por parte del gobierno nacional" con el objetivo de "insistir en la necesidad de que se convoque de manera urgente a la paritaria salarial". Y manifestaron que "sin salarios dignos la universidad no funciona".

Entre los argumentos ubican la "decisión del Gobierno Nacional de dilatar una respuesta para la gran crisis salarial". En tanto que señalaron que no alcanza con el aumento otorgado a las casas de altos estudios para gastos de funcionamiento "(el 10 % del presupuesto total) porque falta la recuperación del salario de los docentes y los no docentes y las becas que permitan al estudiantado mantenerse en la universidad y graduarse".

Luego de la masiva marcha en reclamo por el presupuesto universitario, el gobierno del presidente Javier Milei logró un acuerdo con los rectores para aumentar en un 270% las partidas para gastos de funcionamiento destinadas a las casas de altos estudios. Sin embargo, no resolvió el conflicto respecto a los salarios docentes y no docentes.

El último incremento salarial otorgado a los trabajadores universitarios fue del 4%, en un mes en el que la medición inflacionaria fue del 4,2 por lo que quedó por debajo de la inflación. Mientras que desde diciembre, los salarios de los aumentaron un 61,4% mientras que el índice de inflación fue del 83.3%.

La última oferta del Gobierno nacional a los gremios universitarios fue de un 9% para mayo, que se sumaba al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril que había sido acordado bajo la administración de gobierno anterior.

El 28 de mayo sucedió el último encuentro paritario, que estuvo encabezada por la ministra Sandra Petovello, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Sin embargo no hubo una nueva propuesta y la respuesta fue "que el tema iba a ser trasladado al Ministerio de Economía", de acuerdo a lo que indicaron los gremios tras la reunión.

En este marco es que los gremios universitarios exigen la reapertura de paritarias. Para visibilizar este reclamo, vienen realizando medidas de fuerza bajo diversas modalidades de protesta, con clases abiertas, volanteadas, y hasta marcha de antorchas en defensa de la educación pública.

“El conflicto universitario nacional sigue abierto, por la decisión del gobierno de aumentar sólo el 10% del presupuesto universitario correspondiente a los gastos de funcionamiento y congelando el 90% restante que corresponde a los salarios de quienes trabajamos en las universidades”, explicaron.

Días atrás, los rectores de las universidades nacionales salieron a manifestar la “profunda preocupación" ante la "imposibilidad de encontrar acuerdos en el ámbito paritario nacional que permitan atender la necesaria y urgente recomposición del salario de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes de las universidades”.

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó el “total apoyo" al "justo reclamo" de los trabajadores del sector. Y pidieron “voluntad y decisión por parte del Gobierno nacional para invertir los fondos que permitan revertir la pérdida del poder adquisitivo del salario en el marco del proceso inflacionario”.

Asimismo, las autoridades del nivel universitario manifestaron que mantiene vigente el "estado de alerta frente a la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario”.

“No hay educación de excelencia sin salarios dignos, por lo que resulta indispensable una respuesta urgente que no lesione el enorme esfuerzo que nuestras comunidades han realizado a lo largo de este primer semestre para garantizar condiciones que permitan el normal funcionamiento de nuestras universidades”, indicaron en respaldo al reclamo de los trabajadores universitarios.

En contraposición, los rectores resaltaron que el Gobierno confirmó la asignación del 270% para gastos de funcionamiento de junio a diciembre de 2024. Al mismo tiempo, informaron que se iniciaron reuniones técnicas con la secretaría de Educación para la elaboración del Presupuesto Universitario 2025.

Este martes, la Cámara de Diputados de la Nación resolvió en una sesión especial emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto para que se reúnan a fin de dictaminar sobre los proyectos de financiamiento de las universidades públicas nacionales y de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Por 152 votos afirmativos y 81 negativos, los diputados aprobaron que se emplace a las comisiones de Presupuesto y Educación para que emitan dictamen sobre el proyecto para las universidades en la reunión convocada para este jueves 23 a las 14 (mismo día del paro nacional docente). Mientras que otra reunión plenaria fue emplazada para el martes 28 a las 15 horas para dictaminar sobre el FONID.

La sesión, que fue presidida por el titular de la Cámara baja Martín Menem, estuvo marcada por un fuerte cruce entre el presidente de la comisión de Educación y diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, y el cordobés jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo.

Es que hasta última hora del lunes se había especulado con la posibilidad de que el radicalismo levantara el pedido de sesión especial, luego de que Finocchiaro confirmara su intención de convocar a un plenario de comisiones junto a Presupuesto y Hacienda, con la intención de dictaminar.

Mientras, el bloque conducido por De Loredo estuvo en contacto durante toda la jornada con los rectores de las distintas universidades públicas para monitorear el estado de las conversaciones con el Gobierno, para ver si se encontraba alguna solución inmediata y efectiva a la actualización del presupuesto universitario para este año.

Pese al anuncio del portavoz presidencial, Manuel Adorni, el bloque conducido por De Loredo decidió mantener la sesión y bajar al recinto.

Finocchiaro acusó a De Loredo de faltar a su palabra y hacerle el juego al kirchnerismo al convocar a la sesión especial en el recinto de la Cámara baja con el objetivo de "lavar sus culpas" con sectores universitarios.

El ex ministro de Educación le recordó al cordobés que había sido muy criticado por los rectores radicales por haber dejado sin quórum la sesión convocada el 24 de abril por Unión por la Patria con el mismo propósito. "Llegamos a esta sesión porque quién sabe qué culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto", fulminó Finocchiaro.

El titular de la comisión de Educación calificó la sesión como "desprolija" y "ridícula" porque "hay cuestiones incluidas en el temario que ya han sido resueltas por el Gobierno nacional en el día de ayer y se van a instrumentar el día lunes".

"Además de que el Gobierno ya arregló esto está convocada una sesión conjunta de las comisiones de Educación y Presupuesto para el día jueves 23 con el objetivo de dictaminar sobre estos temas.

Según dijo Finocchiaro "es una sesión ridícula" porque "se le está dando la oportunidad al kirchnerismo de mostrar cuánto le importa la educación cuando el jueves que viene su brazo sindical educativo va a dejar sin clases a todos los chicos de nuestros país".

"Le pregunté a De Loredo si esto era así, y su respuesta fue ‘sí, Ale’", reveló. "Es decir que el diputado De Loredo faltó a su palabra. Para mí es muy importante la palabra empeñada en la política", arremetió.

A modo de réplica, De Loredo aseguró que su par del PRO no tuvo "una actitud honorable". "No veo en las palabras de Finocchiaro de ninguna manera una actitud honorable. No le piden tanto al diputado Finocchiaro. Veo una actitud de otras características. Falta absolutamente a la verdad en sus términos", indicó.

Segundos después, el jefe del bloque radical aprovechó para desquitarse contra el diputado del PRO: "Soy un férreo defensor del gobierno que me tocó integrar, el de Mauricio Macri, Tenia un rumbo absolutamente acertado, le faltó tiempo. Ha llegado la hora de que haga pública una de las autocríticas más importantes que ha tenido ese Gobierno por haberlo integrado que es el bajo nivel de su ministro de Educación, que queda claramente expresado por la carencia de educación".

Más tarde aprovechó para justificar la razón por la cual insistió con la sesión pese a que el Gobierno ya había anunciado un acuerdo con los rectores de las universidades nacionales. "Estamos acá por una cuestión de tiempo, porque el tiempo está pasando y las soluciones no están llegando. Venimos a esta sesión a construir una mayoría agravada persuadiendo a los diputados de que no queda más tiempo", argumentó el cordobés.

"También fuimos agraviados cuando le dimos tiempo a ustedes. Ha pasado un mes de una de las marchas más relevantes de la cual creo que el Gobierno ha tomado nota", continuó De Loredo.

Todavía con los ecos de los reclamos por el aumento unilateral que el Gobierno concedió a la UBA, la Cámara de Diputados de la Nación fue convocada este martes a una sesión especial para tratar proyectos educativos, entre los que se encuentra la actualización de partidas presupuestarias para todas las universidades del país.

Por medio de un comunicado, el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) informó la solicitud de la sesión especial para el martes 21, a las 14. El pedido se elevó el pasado viernes con la firma de los 34 integrantes de la bancada radical en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano en el que informaba que "el financiamiento de las universidades públicas está garantizado".

La convocatoria de la UCR tiene un amplio temario con proyectos, que llegarán al recinto sin despacho de comisión, impulsados también por los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de Innovación Federal.

Algunos de los temas listados en la convocatoria son la declaración de la emergencia educativa, la declaración de la emergencia presupuestaria en el nivel superior de educación, la tarifa diferencial de gas y electricidad para universidades y terciarios.

Además, el bloque de Unión por la Patria informó que impulsará una iniciativa por las cual buscará reestablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), uno de los principales reclamos que los gremios docentes señalan de cara al paro educativo anunciado para este jueves 23.

La convocatoria a tratar el presupuesto universitario se enmarca en la polémica decisión que se dio a conocer el pasado miércoles sobre el aumento exclusiva en las partidas de funcionamiento para la Universidad de Buenos Aires por parte del Ministerio de Capital Humano, que fue calificada como "discriminatorio" por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores de las casas de altos estudios de todo el país.

El bloque de la UCR expuso esta situación: "El reciente aumento de un 270 % sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias. En ese contexto, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas", sostuvieron en el comunicado publicado en redes sociales.

#UniversidadesLos diputados radicales pedimos sesión especial para el martes próximo, para garantizar el financiamiento de todas las universidades. pic.twitter.com/aA7P1OsWi3

De parte de la cartera que conduce Sandra Pettovello se mencionó en el comunicado difundido el viernes por la noche un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR por medio del cual "el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país".

El presupuesto universitario tuvo un primer capítulo en la Cámara baja luego de la multitudinaria marcha universitaria del pasado 23 de abril, cuando también fue convocada una sesión especial que finalmente quedó trunca tras no alcanzar el quórum requerido para sesionar debido a la ausencia en el recinto de una parte del bloque radical, incluido su titular De Loredo.

En ese sentido se expresó este lunes la diputada de UxP de Blanca Osuna, quien en diálogo con la radio AM 750 apuntó contra las "actitudes ambivalentes" de la UCR en Diputados. "La verdad es que nosotros hemos tenido una convocatoria realizada por la UCR, que no dio quórum a su propia convocatoria hace dos meses", dijo.

La agenda educativa en la Cámara baja tuvo continuidad durante las últimas semanas en la Comisión de Educación, que preside el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro. Hubo encuentros para avanzar con proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo. Fueron invitados a exponer docentes, estudiantes y rectores; incluso, el pasado martes expuso el Secretario de Educación, Carlos Torrendell. Sin embargo, ante la falta de avances concretos para poder alcanzar dictamen es que avanzó un nuevo pedido de sesión especial de los diputados radicales.

Paro docente

En el medio del conflicto por el presupuesto, los docentes universitarios y trabajadores nodocentes del nivel superior lanzaron una nueva medida de fuerza para este jueves 23 frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector.