La alimentación durante la jornada laboral, lejos de ser una práctica universal y garantizada, se ha convertido en un reflejo de las desigualdades estructurales y la pérdida de poder adquisitivo en la Argentina. Así lo revela el informe "La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina", elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) en colaboración con Edenred, empresa con más de 50 años de trayectoria en desarrollo de soluciones que promueven el acceso a la alimentación durante la jornada laboral, contribuyendo al bienestar del trabajador y dinamizando la economía formal.

El estudio, basado en una encuesta nacional a 1171 trabajadores asalariados formales, expone un panorama crítico: solo el 16,5% de la fuerza laboral está libre de privaciones alimentarias. El 83,5% restante enfrenta algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por restringir la cantidad de comida o por resignar su calidad nutricional debido a motivos económicos.

El dato más preocupante es que el 61,1% de los asalariados admite haber tenido que saltearse alguna comida durante su jornada por falta de recursos (un 46,7% de forma ocasional y un 14,4% de manera regular). La situación es aún más dramática entre los más jóvenes: el 70,7% de los trabajadores de 18 a 29 años omite comidas, un ajuste forzado por los salarios iniciales más bajos.

A esto se suma que el 78,5% de los trabajadores ha tenido que optar por alimentos menos nutritivos y más económicos para poder comer. De este grupo, uno de cada cuatro (24,6%) ya lo incorporó como una práctica habitual.

"Esta cifra pone de manifiesto que, para la mayoría de la fuerza laboral, los ingresos no logran cubrir los costos de alimentación durante la jornada, obligándolos a sacrificar su bienestar nutricional como mecanismo de ajuste frente al costo de vida actual", advierte Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe.

En términos concretos, almorzar en el trabajo implica un fuerte desembolso: el 43,9% de los trabajadores gasta entre $5.001 y $10.000 diarios, y un 20% supera los $10.000, lo que convierte la comida en un "costo operativo" que presiona sobre el salario real.

Ante este escenario, la demanda de un cambio es contundente. El 80,4% de los asalariados se manifiesta a favor de recibir un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección. El apoyo es casi unánime entre quienes más lo necesitan: los trabajadores de la construcción (90,1%), los jóvenes (84,9%) y, de manera especialmente significativa, aquellos que ya sufren las dos caras de la vulnerabilidad (saltear comidas y comer mal) reclaman este beneficio en un 91,5% de los casos.

Además, la expectativa de mejora en la salud es alta. Un 58,7% de los trabajadores espera mejoras significativas en su bienestar si recibiera este tipo de ayuda, una percepción que se eleva entre mujeres, jóvenes y empleados del sector público, donde las condiciones actuales son más precarias.

“Los resultados de este estudio confirman que la alimentación durante la jornada laboral es una preocupación estructural para los trabajadores argentinos. Antes de pensar en soluciones, desde Edenred quisimos medir con rigurosidad qué estaba ocurriendo y escuchar la voz de quienes viven esta realidad todos los días. Que 8 de cada 10 asalariados manifieste querer un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección, no es solo un dato: es una señal clara de que existe una demanda concreta, transversal y urgente”, explica Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred.

El informe muestra que la posibilidad de acceder a una comida digna no es homogénea. Casi uno de cada cuatro trabajadores (22,6%) no come nada durante su jornada laboral, una ausencia que se concentra en el sector público, las pequeñas empresas y, de manera específica, en el Noreste argentino (NEA), donde la mitad de los trabajadores (50,1%) declara no hacerlo.

La infraestructura básica en el trabajo es un factor determinante. Entre quienes no tienen acceso a recursos como heladera o microondas, el salteo de comidas asciende al 72,0%. En cambio, recibir un aporte del empleador actúa como un escudo protector, reduciendo la incidencia al 43,9%.

Sin embargo, el acceso a estos beneficios es regresivo. Actualmente, el 55,6% de los asalariados no recibe ningún tipo de contribución de su empleador para comer. El apoyo económico es más habitual entre los salarios altos, mientras que la falta de cobertura es persistente en los de menores ingresos. Por ejemplo, el 41,8% de los trabajadores que ganan hasta $800.000 califica su dieta como poco saludable, una cifra que se reduce al 23,8% entre quienes superan los $2.000.000.

El informe concluye que la alimentación laboral es un "nudo crítico" que vincula la economía, la salud y la equidad. La comida no es un gasto, sino una inversión estratégica en capital humano y salud pública.

"Mejorar la alimentación laboral es, en definitiva, mejorar la calidad del trabajo y, por extensión, la salud colectiva. Los datos advierten la necesidad de un cambio de paradigma: dejar de ver la comida laboral como un beneficio discrecional para entenderla como un pilar del bienestar y la productividad", concluye el estudio.

Acerca del estudio: El informe se basa en la "Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025)", realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) en el marco de un convenio con Edenred. La muestra es representativa a nivel nacional de trabajadores asalariados del sector formal.

Por Nancy Balza

Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina, IA tiene un significado diferente del que predomina en estos días: lejos de la tecnología, alude a la Inseguridad Alimentaria y hacia ese concepto, los agravantes y sus efectos, apunta el último informe elaborado por el instituto que depende de la Universidad Católica Argentina.

Una de las principales conclusiones, luego de analizar el período 2010-2024, es que el año pasado se alcanzó el pico de 35,5% de IA mientras que la forma severa fue del 16,5%. "En síntesis, hacia finales del período analizado, cerca de 4,3 millones de NNyA enfrentan dificultades para acceder adecuadamente a los alimentos, y aproximadamente la mitad de ellos lo hace en condiciones severas ".

Valentina González Sisto es autora, junto a Ianina Tuñón de "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", coordinado por Agustín Salvia. Ya en el título se anticipa gran parte del contenido, porque el análisis ofrece datos concretos en períodos de tiempo y años puntuales: 2018, 2020 (en contexto de pandemia por Covid) y 2024, pero también evalúa los determinantes que predisponen o agravan este escenario desde el año 2010.

El documento de la UCA, presentado por sus autores junto a referentes de la temática, afirma que la inseguridad alimentaria (IA) en la infancia es un problema estructural agravado por crisis coyunturales. "Entre 2010 y 2024, la IA infantil en la Argentina mostró una tendencia sostenida al alza, con picos en 2018, 2020 y 2024. En el último año, el 35,5% de niños/as y adolescentes (NNyA) atravesó IA, y el 16,5% IA severa".

Hay determinantes estructurales que agravan el panorama, como la pobreza, el empleo precario y desempleo, la pertenencia a un estrato social bajo, a hogares monoparentales y numerosos. Pero de todas estas variables, el empleo/desempleo es decisivo y la monoparentalidad se mantiene como un factor de riesgo a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijos (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) funcionan como efecto protector frente a la IA, pero no son suficientes frente a factores estructurales, entre los que se destaca, una vez más, la falta de empleo.

Si se analiza el período 2022-2024, solo el 44,5% se mantuvo libre de inseguridad alimentaria.

La IA se define como "la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas". Puede manifestarse de forma leve (preocupación por no contar con alimentos por problemas económicos), moderada (reducción en cantidad o calidad de la dieta de la familia y en particular de los adultos) o severa (privación en la ingesta y en particular en los niños/as). Así lo define la UCA en base a autores y organismos internacionales.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), la IA tiene consecuencias especialmente graves: "la falta de acceso adecuado a alimentos impacta de manera crítica en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar. En etapas tempranas, puede derivar tanto en desnutrición crónica como en malnutrición por exceso (asociada a dietas hipercalóricas y pobres en nutrientes esenciales que afecta también a sectores de mayores recursos), dos formas de privación que, aunque distintas, comparten efectos adversos de difícil reversión y que pueden ser duraderos.

Más allá de los años en que se registran picos de IA, el análisis aborda tres ciclos: entre 2010 y 2017, entre 2017 y 2020 y entre ese año y 2024. "Hacia finales del período analizado, cerca de 4,3 millones de NNyA enfrentan dificultades para acceder adecuadamente a los alimentos, y aproximadamente la mitad de ellos lo hace en condiciones severas".

A partir de 2018, se registra una escalada generalizada en la IA que, con algunas oscilaciones, se sostiene hasta el final del período analizado, dejando cifras superiores a las de 2010 en hogares monoparentales y biparentales que en 2020 presentan un pico inusual de IA, muy posiblemente asociado a los efectos de la pandemia.

Los niveles socioeconómicos bajo y medio presentan tasas elevadas de IA, que alcanzan picos del 66% y 36% respectivamente en los años más críticos. A partir de 2018 se registra un incremento generalizado, con un impacto del deterioro económico que resulta particularmente agudo en los niveles más bajos, los cuales no logran retornar a los valores observados al inicio de la década del 2010.

Un dato a tener en cuenta: hay una fuerte asociación entre la inestabilidad laboral de los adultos y el acceso limitado a una alimentación adecuada. En el extremo opuesto, los hogares con empleo pleno muestran los niveles más bajos de IA durante todo el período analizado. Sin embargo, "estos se mantienen en torno al 10%, lo que sugiere que incluso en contextos de empleo formal o estable, existen sectores que enfrentan dificultades estructurales para garantizar condiciones de vida adecuadas".

En cuanto a la AUH, aunque "no fue concebida originalmente para focalizar en la población infantil con hambre, sino como una política de ingreso para hijos/as de trabajadores informales, su amplia cobertura permite suponer que podría estar funcionando indirectamente como una herramienta de contención o prevención frente a situaciones de IA", concluye el informe.

La escolarización es otro factor que colabora con un menor impacto de IA, ya que "suele estar asociada al acceso a comedores escolares y otros recursos del sistema educativo, así como a una mayor integración social y contacto con redes de contención y cuidado".

El informe del Observatorio Social concluye con siete recomendaciones con anclaje en políticas públicas. En primer lugar, propone fortalecer la inclusión laboral como política central de lucha contra la inseguridad alimentaria: "resulta indispensable promover el acceso a empleo digno, con ingresos estables y protección social, como base de cualquier estrategia estructural para erradicar la IA".

Luego, sostener y revalorizar los programas de transferencia de ingresos como herramientas de contención, como son la AUH y la Tarjeta Alimentar. "Su continuidad, ampliación y actualización en términos reales son fundamentales para garantizar un piso de protección alimentaria en los hogares más vulnerables".

En tercer lugar, pide avanzar hacia sistemas de protección social integrales e intersectoriales: "es imprescindible promover un enfoque de desarrollo infantil temprano que contemple la alimentación como parte de un derecho más amplio a la salud integral". En cuarta instancia, dispone priorizar a los hogares con mayor exposición estructural al riesgo alimentario, tales como los monoparentales, numerosos o en situación de pobreza crónica.

Otra propuesta es reforzar el rol de la escuela como espacio protector y de acceso a la alimentación: "la ampliación de programas de alimentación escolar y estrategias para evitar la deserción educativa son clave".

También establece el diseño de políticas públicas con enfoque territorial y federal, para abordar las coyunturas locales, "contemplando variables como costo de vida, acceso a alimentos frescos y organización comunitaria".

El último punto incorpora la perspectiva de derechos y sostenibilidad alimentaria y concluye en una definición: "la alimentación adecuada debe ser garantizada como derecho humano fundamental".

Por Belén Fedullo

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) elaboró un informe que analiza los datos del Indec que dan cuenta de que la pobreza infantil a fines de 2024 cayó al 52,8 por ciento en el país. Si bien sigue siendo muy alta, la reducción fue de 15 puntos porcentuales con respecto al pico registrado en el primer semestre de ese año, cuando alcanzó el 67,3 por ciento.

La última cifra, que en el promedio nacional sigue por encima del 50 por ciento, se ubica a la vez 8 puntos porcentuales por debajo de la pobreza infantil que había bajo la presidencia de Alberto Fernández. A pesar de la mejora, desde la UCA advirtieron que será difícil que el índice continúe bajando si no hay un incremento de los ingresos familiares.

El trabajo deja en evidencia, al mismo tiempo, el fuerte contraste que sigue habiendo entre las diferentes realidades que coexisten en el país. Mientras el último dato de pobreza infantil indica que en la Ciudad de Buenos Aires el índice es del 27,1 por ciento (el más bajo de Argentina), en Concordia trepa al 75 por ciento (el más alto).

La investigación de la UCA, a cargo de Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, parte de la base de que la pobreza infantil siempre es más alta que la pobreza en los adultos: esta última se ubica en la última medición en 32,8 por ciento, contra el 52,8 que afecta a los menores de edad.

Entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 la pobreza infantil aumentó de forma generalizada, en todo el territorio nacional: prácticamente todos los lugares del país relevados empeoraron y el indicador nacional subió del 56,6% al 67,3%. “Este deterioro se produjo en un contexto de crisis macroeconómica profunda, marcada por la aceleración inflacionaria y la caída del poder adquisitivo de los ingresos laborales”, dice el informe.

Y agrega: “Si bien durante el primer semestre de 2024 se registraron importantes aumentos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) -con subas del 100% en enero, 27% en marzo y 41% en junio-, y también en la Tarjeta Alimentar, estos refuerzos mejoraron la cobertura de la canasta básica pero no lograron revertir el impacto de la crisis sobre los hogares con niñas y niños. La mejora en la AUH fue significativa en relación al último trimestre de 2023, pero aún insuficiente para contener el avance de la pobreza infantil”.

El informe detalla que “por un lado, el GBA, Viedma, Gran San Luis, Gran Córdoba y Rawson presentan mejoras sustantivas, culminando el período con niveles de pobreza relativos menores que los del principio. Por su parte, Gran Catamarca, La Rioja, Posadas, Formosa, Gran Paraná y Gran Salta suben en el ranking de pobreza, con deterioros muy marcados en Formosa, que comienza 2023 en el puesto 25 y finaliza el 2024 en el puesto 8, La Rioja, que pasa del puesto 17 al 5 y Gran Salta que pasa del 28 al 13”.

Consultada sobre si la tendencia de descenso generalizado de la pobreza infantil que se observa en el segundo semestre de 2024, con respecto al primero de ese mismo año, puede ser una señal de que el país avance hacia un esquema menos partido y desigual de cara al futuro, Tuñón respondió con cierto optimismo pero a la vez dejó una advertencia.

“La tendencia positiva es probable que persista en el marco de la merma de la inflación y la actualización de las transferencias como la AUH. Pero la incidencia de pobreza es tan elevada que estos factores serán insuficientes por sí solos para alcanzar una merma por debajo del 38/40 por ciento más estructural a nivel de la infancia. Se va a requerir de trabajo para los adultos del sector informal de la economía con mejores salarios y mejor calidad de empleos”, concluyó.

Por Mauro L. Muñoz

Que al terminar el primer año del gobierno de Javier Milei haya habido menos pobres es cierto, aunque también lo es que haya aumentado la pobreza. Así lo considera la UCA en un informe que contrasta con el INDEC, incorporando variables socioeconómicas al dato por ingreso.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 38,1% de la población se encontraba en situación de pobreza al terminar 2024. El número representa una caída del 14,8% respecto al primer semestre de Javier Milei, y del 3,6% al final de la gestión de Alberto Fernández, cuando había alcanzado el 41,7%.

A simple vista, la reducción de números tan sensibles marcan un éxito en la gestión. Sin embargo, el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), pone la lupa sobre esas cifras: la baja, señalan, puede estar sobreestimada al calcular solo una variable.

“Deudas sociales en lista de espera” es el título del documento en el que, tras la difusión de los números oficiales, la ODSA plantea una pregunta retórica para poner en perspectiva la aparente paradoja estadística: "¿Mejora real o ficción estadística?".

“Si bien los resultados muestran una tendencia real, cabe relativizarlos”, responde el documento. “Hay razones para sostener que se está sobrestimando la caída de la pobreza en un contexto de cambios significativos en el sistema de precios que no se refleja en una mayor capacidad de consumo de los hogares pobres”, agrega.

La medición que realiza el Observatorio de la UCA se basa en el enfoque de pobreza multidimensional. Al incorporar variables como acceso a alimentación, salud, vivienda, educación y empleo, el estudio muestra un aumento de la pobreza estructural durante el segundo semestre de 2024.

En números, la pobreza multidimensional pasó de 39,8% a 41,6% interanual, según el documento en el que se advierte, además, que más de la mitad de niños y adolescentes (53,4%) vive en hogares pobres. “Se observa una acentuación de privaciones estructurales entre los hogares sometidos a la pobreza por ingresos”, afirma.

Plantea, también, que hay un “piso estructural” de pobreza crónica que ningún gobierno ha logrado quebrar desde la crisis de 2018-2019. “Entre 30 y 35% de personas sobreviven en hogares pobres, y un 6% en hogares indigentes, cuyos ingresos mensuales no cubren una canasta básica de alimentos”, puntualiza el documento.

A esto se suman privaciones persistentes en salud, educación, vivienda, saneamiento y seguridad alimentaria. “Uno de cada tres ciudadanos está privado de derechos sociales elementales”, resumen los investigadores. “La pobreza de desarrollo humano se agrava cuando se combinan ingresos insuficientes con carencias estructurales”, agregan.

El informe contextualiza el análisis en el marco del programa económico implementado por el gobierno de Javier Milei en el primer año de gestión. “En el primer trimestre del año, la pobreza creció interanualmente de 38,7% a 54,9%, al mismo tiempo que la indigencia pasó de 8,9% a 20,3%”, advierte el ODSA, poniendo el foco en la devaluación de diciembre de 2023.

Luego, destaca que en el segundo trimestre del año pasado se verificó una baja, atribuida principalmente a la desaceleración de precios y la estabilización macroeconómica, pero también por el aumento de las asignaciones sociales (como AUH y Tarjeta Alimentar), que en algunos meses superaron la inflación.

De todas formas, los técnicos del Observatorio de la UCA advierten que se trató de una recuperación parcial. “Aunque los índices de pobreza estimados por ingresos hayan alcanzado niveles similares a un año atrás, esto no implica que los hogares hayan recuperado los niveles de consumo que existían previo al ajuste”, remarca el informe.

Uno de los elementos en los que se apoya para explicar el contraste son las subas en servicios y gastos fijos: “el aumento diferencial de los servicios públicos ha incrementado el peso de los gastos fijos por sobre los variables de los hogares. Las mejoras en el ingreso familiar real no implican necesariamente más y mejores consumos corrientes”.

Es decir que, aun cuando algunos hogares lograron recuperar ingresos por encima de la línea de pobreza, no consiguieron mejorar las condiciones materiales de vida. Y destacan que la clave está en la caída en el consumo durante el segundo semestre del año: "La evolución de los precios de las canastas que sirven de parámetro para medir la pobreza viene retrayéndose aún más que el índice general de precios".

El estudio también advierte sobre la profundización de las brechas entre estratos sociales y territoriales. “El actual nuevo punto de partida o ‘regreso a cuando ya estábamos mal’ no es homogéneo al interior de la estructura social ni de la geografía urbana”, subraya. La tasa de pobreza en algunos aglomerados urbanos supera el 60%, mientras que en otros está por debajo del 25%.

La estratificación social se refleja, además, en las posibilidades reales de movilidad: “La dinámica económico-ocupacional tiende no sólo a reproducir, sino también a agravar las brechas de productividad, remuneraciones y bienestar. La insuficiente demanda de buenos empleos hace imposible que los sectores pobres y las medias bajas accedan a un mejor sendero de progreso social”.

“El crecimiento, sin inclusión social, aunque logre bajar la pobreza por ingresos, no significa un efectivo desarrollo humano con igualdad de oportunidades”, concluye el informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina sobre los déficits estructurales que no mide el ingreso.

Según un estudio, un 16% de la población activa santafesina está sobreendeudada, es decir, tiene por lo menos tres meses de atraso en el pago de sus deudas. Los datos surgen de un proyecto de investigación realizado por docentes de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), y cuyas conclusiones se publicaron en el artículo "La problemática social del sobreendeudamiento. Un análisis circunstanciado de la provincia de Santa Fe", de la editorial Juris.

El proyecto de investigación, liderado por los doctores, Alexis Marega y Victoria Petean, docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Reconquista de la UCSF, junto a dos alumnas becarias, se planteó como objetivo conocer y analizar en términos cuantitativos, la cantidad de ciudadanos santafesinos que están sobreendeudados, lo cual arrojó datos interesantes.

El equipo se abocó en primera instancia a definir qué es lo que entiende el Derecho como sobreendeudamiento. Al no existir un concepto uniforme, siguieron la teoría según la cual se entiende el sobreendeudamiento como la situación en que las personas, los consumidores, no pueden pagar sus deudas con un nivel de atraso de tres meses.

Con los datos de la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, pero sabiendo que no cuenta con registros por provincia, los investigadores debieron recurrir al análisis de informes estadísticos para poder determinar qué porcentaje de la población santafesina estaba sobreendeudada.

"Tomamos los datos de los dos bancos públicos, el Municipal de Rosario y el de Santa Fe, cuya relevancia es muy importante porque son las entidades en los que cobran los empleados públicos. A esto le sumamos las deudas del sistema no financiero, como mutuales y asociaciones que brindan préstamos de dinero, y que también informan al Banco Central. Y además, tomamos las cinco mutuales más grandes que tiene la provincia de Santa Fe en términos de préstamos y de clientes", detalló Marega.

Los números que reflejan los resultados dan cuenta que el 16% de la población activa santafesina, personas que se encuentran trabajando, está sobreendeudada, es decir, registra por lo menos tres meses de atraso en el pago de sus deudas financieras y no financieras, registradas en el Banco Central.

A este dato no menor, se le deben sumar los números de los créditos y préstamos que se realizan y que no quedan registrados en ningún sistema estatal, es decir, que "se realizan en negro como comúnmente se los menciona".

"Puede ser el préstamo que hace un amigo o alguna entidad que se financia por sí misma y que no está registrada como entidad financiera. Ese el grueso de la deuda que tienen los consumidores, porque cuando empiezan a ser excluidos del sistema formal, recurren a estos sistemas informales de crédito. Estimamos que casi el 50% de la deuda total que hay entre los deudores, pertenecen al sistema no financiero y no formal. Entonces ese 16% que mencionamos se puede duplicar fácilmente si considerásemos estos números negros de crédito", aclara el docente e investigador. En números concretos, suma alrededor de 350 mil ciudadanos santafesinos con mora de más de 3 meses. Un dato revelador.

Otra alerta que dispararon estos datos tiene que ver con los resultados de una investigación realizada a principio de año por la UNL y la Defensoría del Pueblo en la que se estudió en qué gasta la población santafesina. "Lo que se demostró es que el mayor gasto de los santafesinos es en medicamentos, alimentos, salud, obras sociales, educación. Básicamente, el ciudadano santafesino se está endeudando para poder vivir", puntualizó Marega.

En ese sentido, el equipo realizó un cálculo sobre la cantidad de quiebras iniciadas por los consumidores y qué herramientas tiene la justicia para poder afrontar este fenómeno social. "Según los datos brindados por la oficina de estadísticas del Poder Judicial, entre el 2019 y el 2023, el 98% de las quiebras presentadas en la provincia corresponden a quiebras de consumidores. Es decir: de cada 100 quiebras, 98, son de personas que han recurrido a la justicia para decir, 'no pudo afrontar el pago de mis deudas y decido quebrar'".

A modo de conclusión, la investigación plantea el fenómeno del sobredeudamiento como un problema social. Para fundamentar esto, el equipo recurrió a diferentes investigaciones hechas con anterioridad, no solo en Argentina, sino en Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile de cómo el sobreendeudamiento de un ciudadano acarrea otros problemas: en su salud, en las relaciones sociales, públicas, familiares.

"Es un problema social que no solo involucra al deudor con los acreedores a quienes debe, sino que hay todo un juego de intereses de la comunidad misma y que también afectan al estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, que tiene que dar respuestas concretas y efectivas, entendiendo que la protección de un ciudadano, de un consumidor es una protección de un sujeto vulnerable, es una protección convencional y establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Entonces, es necesario que el Estado en todos sus niveles y con todos sus organismos brinde soluciones concretas a estas cuestiones", expresó el docente.

No se trata de una problemática propia de Santa Fe. "De hecho, los niveles de endeudamiento nacional están casi 2,3 puntos por encima del endeudamiento de la provincia de Santa Fe y se da en todo el mundo. Sucede que los países de América Latina, incluido Argentina, están bastante atrasados y tienen poco desarrollo legislativo sobre esa cuestión. Además, se suma que, en países como el nuestro, los problemas sociales y económicos, el sobreendeudamiento lo sufren especialmente las clases trabajadoras, las menos pudientes. Entonces, es una problemática que hace necesaria tenerla en cuenta y empezar a buscar soluciones efectivas".

Ante esta realidad, los investigadores sostienen como una "de las soluciones posibles, la educación de los consumidores. Darles herramientas sobre la toma de créditos responsables, controlar la publicidad engañosa y saber que la facilidad de acceso al crédito, incluso en personas que no tienen posibilidad de pagarlo es también responsabilidad del acreedor que lo otorga sabiendo que el riesgo de recupero es extremadamente alto. Es un problema multicausal, entonces el abordaje tiene que ser sistémico Y esos son los pasos que nosotros estamos llevando adelante en la investigación", concluye Marega.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina elaboró un informe que pone el foco sobre la percepción de la venta de drogas en los barrios, en el narcomenudeo, y el consumo. El documento busca sumar elementos a un debate público creciente y pretende aportar un diagnóstico de la problemática.

De acuerdo al Observatorio, “los datos recabados revelan una situación generalizada que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, la cual se ve agravada por la falta de políticas públicas efectivas y la normalización del consumo”. “Las causas del consumo son multifactoriales, incluyendo la búsqueda de identidad, expresión cultural o alivio temporal ante el estrés, la ansiedad o la depresión; causando un fuerte daño no solo en el individuo consumidor, sino en toda la familia”, detalla.

Al mismo tiempo, el estudio “destaca la importancia de abordar con urgencia este complejo problema desde dos ángulos: la oferta y la demanda, para poder lograr soluciones adecuadas”. De acuerdo al informe, se observa un aumento sostenido de la venta de drogas en los barrios en los últimos años.

Esta situación solo ocurre en el 18,7% de los hogares de CABA en el año 2023, pero sucede en el 35,6% de los hogares del conurbano bonaerense. Por otro lado, la ausencia de vigilancia policial incrementa el riesgo de venta a un 41,5%.

No obstante, en barrios que perciben presencia de vigilancia policial, el número se reduce a un 25,6%.

La percepción de venta de drogas sube al 62% en villas de emergencia y al 70,5% en barrios de viviendas sociales. Los resultados, para el equipo técnico que realizó el trabajo, muestran un aumento en la percepción de venta y/o tráfico de drogas, conforme aumenta la vulnerabilidad socioeconómica.

En hogares de clase media alta, este riesgo es del 15,4% , mientras que alcanza a la mitad de los hogares del nivel socioeconómico muy bajo (47,4%). Esto no significa que no exista un problema en estratos más altos, sino que es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.

La universidad, asimismo, presentó los datos desagregados por los principales aglomerados urbanos del país. El problema aparece con mayor prevalencia en los barrios con baja vigilancia policial del conurbano (43,6%) y del Gran Rosario (41,4%).

Este riesgo también aumenta en niveles socioeconómicos más bajos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38%).

“A raíz de una escasa evidencia empírica por parte del Estado, es fundamental contar con información que identifique los grupos vulnerables y los factores que perpetúan este problema que representa una grave amenaza para la sociedad, tanto en salud pública como en seguridad”, destaca la UCA en el análisis.

“Como sociedad nos encontramos ante un grave problema que debe ser atendido de manera prioritaria: la drogadicción y el riesgo de convertirnos en un “narcoestado””, advierte el informe y agrega: “La agenda pública ha marcado una preocupación en torno al consumo problemático de sustancias, el cual representa una situación fundamental de salud pública y de seguridad en la sociedad, frente a la ausencia comprometida y eficaz del Estado”, agrega.

“Esta problemática aparece en el marco de una crisis socioeconómica, de aumento del trabajo informal y frente a la debilidad o ausencia tanto de políticas preventivas hacia el consumo, como represivas hacia el narcomenudeo y el tráfico de drogas. En un contexto de marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental -cuando no complicidad- con acciones de intervención que pongan un límite al flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo -tres diferentes dimensiones de un mismo problema-”, señala.

En diciembre último, el Observatorio presentó los resultados socioeconómicos de las últimas dos décadas. Según la última medición de la UCA, la pobreza se ubicó en el 44,7% en tercer trimestre del año, una cifra similar a la del 2020 y la más alta desde 2006, 41,2 por ciento. Desde una óptica multidimensional, la universidad concluyó que 67% de la población al menos sufre una carencia.

“Nos enfrentamos así una epidemia que preocupa y debe ser atendida de manera urgente, al afectar principalmente a la población joven y económicamente activa, destruyendo la base productiva de la Nación; además de afectar a todo el grupo familiar, y no solo al enfermo”, reflexiona el paper.

Y cierra: “No obstante, vemos cómo la sociedad realiza acciones que perpetúan e incrementan el uso de sustancias, como la altísima rentabilidad del negocio de las drogas, los medios de difusión que lo presentan como algo inocuo y el marketing positivo en una sociedad de consumo que privilegia éxitos rápidos y la drogadicción como un estimulante para alcanzar el éxito u olvidar el fracaso. Esto conduce a la normalización del consumo de sustancias en la sociedad, dificultando cada vez más la lucha contra esta problemática”.

La pobreza multidimensional urbana en el país ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes, de acuerdo con el informe dado a conocer por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Asimismo, la indigencia alcanzó al 9,6% y la calidad de empleo cayó a los niveles más bajo de la serie que el ODSA mide desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%).

Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó que para 2024 "se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años", en un contexto que, como anticipó el presidente electo Javier Milei, coexistirán "una dinámica de alta inflación con el estancamiento económico".

"Estamos en presencia de una crisis que marca un fin de ciclo, gobierne quien gobierne", sentenció en una rueda de prensa, en referencia a las dos décadas iniciadas en la "posconvertibilidad" en el que "se apostó más al equilibrio social fomentando el consumo que al crecimiento económico priorizando la inversión".

La síntesis de ese proceso fue "un comienzo que fue próspero, a lo que le siguió un período de estancamiento y finalmente entró en franca decadencia", señaló y aseguró que "si esto sigue así, aumentarán los pobres a costa de una reducción de las clases medias".

Sobre sus expectativas acerca del futuro gobierno de Milei, advirtió que en el corto plazo habrá "un ajuste en los precios relativos" que incidirá negativamente en los niveles de pobreza e indigencia, mientras que en el mediano y largo plazo "no se sabe a dónde va a llegar, pero si es exitoso tiene la potencialidad de crecimiento".

Salvia sostuvo que "en el proceso, habrá una puja distributiva muy importante y los sectores más vulnerables deberán ser cuidados".

"Hay un consenso que algo se está haciendo muy mal y hay que cambiarlo", aseguró y precisó que "si esto sigue así, habrá un aumento de nuevos pobres por descenso de clase medias bajas, pobreza más estructural y mayor dependencia de los pobres extremos y las clases bajas de la asistencia pública".

Por otra parte, el ODSA espera un "desarrollo de estructuras defensivas por parte de las clases medias empresarias", además de un "crecimiento del trabajo informal y de la economía social de subsistencia con mayor autoexplotación familiar y deterioro de la salud, la educación, el hábitat, la seguridad y el acceso a la Justicia de los sectores pobres".

"Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible", acotó e indicó que "durante los últimos 23 años el crecimiento promedio per cápita apenas fue del 0,73% anual, claramente deficitario para atender deudas sociales históricas".

El resultado de ese bajo crecimiento es que "ciclo tras ciclo la sociedad argentina viene acumulando una pobreza estructural, crónica y persistente, con brechas de desigualdad que ponen barreras a los acuerdos sociales y políticos", manifestó Salvia.

Además, destacó la contención que representa la asistencia social y financiera para evitar un incremento aún mayor de los índices de pobreza e indigencia.

"La pregunta no debe ser por qué hay tanta pobreza sino por qué no ha sido superior, en un contexto de alta inflación y precariedad en el empleo", agregó.

Qué pasa si se quita la asistencia

Al respecto, el ODSA presentó un ejercicio de simulación en el que estiman a cuánto ascenderían la pobreza y la indigencia sin algunas de las asistencias estatales: la tasa observada de 9,6% para la indigencia treparía al 17,1% sin la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas, al 20,1% si además se excluyeran las pensiones no contributivas y al 11,3% sin bonos extraordinarios, en tanto el 44,7% de pobreza ascendería al 47,9%, 49,1% y 46,6%, respectivamente.

"El 35,9% de los hogares recibió alguna asistencia social en 2023, esto representa alrededor del 46,7% de las personas dentro del universo analizado", precisó el Observatorio, que subrayó que "la asistencia social adquiere mayor relevancia en los estratos más bajos, con déficits educativos, en condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria, así como en el conjunto de unidades domésticas con presencia de niños y niñas".

A diferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mide la pobreza por ingresos, la medición del ODSA comprende seis dimensiones: alimentación y salud, vivienda digna, acceso educativos, acceso a servicios básicos, acceso a un medio ambiente saludable y empleo y seguridad social.

Por César Rodríguez

Cuatro de cada diez argentinos es pobre, el nivel más alto desde el 2006, según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina).

El índice de pobreza en la Argentina alcanza al 38,9% de la población, una tasa similar a la observada en 2006, es decir, 17 años atrás.

Por otra parte, se refuerza una tendencia preocupante: la tasa de pobreza es más alta en la franja etaria hasta 17 años, en el 61,6%, un nivel que proyecta una muy elevado piso de pobreza para los próximos años.

El estudio detectó que a partir del 2013 la tasa de pobreza fue en crecimiento a la par del aumento del gasto social del Gobierno en relación al PBI. Eso significa que en la última década más personas quedaron fuera del acceso de bienes y servicios básicos a pesar de la expansión del gasto público para atender sus necesidades.

En 2013 un 25,3% de la población se encontraba debajo del umbral de pobreza en la Argentina y el gasto social representaba el 12,5% del PBI. Una década después, con un gasto social que aumentó al 17% del PBI, la pobreza impacta en casi el 40% de la población.

La pobreza treparía al 50% sin la asignación por hijo y otros planes sociales, de acuerdo con las estimaciones de la UCA. La Tasa de Indigencia -ingreso insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos-, que alcanzaba el 8,1% de la población a fines de 2022 según los datos oficiales, crecería al 19,6% si no se contemplara el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), otros programas, ni la percepción de pensiones no contributivas.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina define la pobreza como "privaciones económicas injustas que afectan el desarrollo de las capacidades humanas en diferentes dimensiones de la vida social".

"Es tan importante identificar la complejidad de las deudas sociales como comprender las causas múltiples que las explican. Esto no con un fin de denuncia, sino para poder superar las barreras estructurales que limitan el desarrollo humano integral en nuestra sociedad. Una mirada de las privaciones que vaya más allá de los ingresos monetarios contribuye en este sentido", agregó el reporte.

Con una inflación que no para de crecer, y luego de la devaluación del 22% activada por el Gobierno el lunes posterior a las PASO, se espera que el número de pobres que el INDEC dará a conocer el próximo 27 de septiembre, con datos al cierre del primer semestre de este año, aumentará.

La última información publicada por el INDEC muestra que la pobreza fue de 39,2% y la indigencia de 8,1% en los últimos seis meses del año pasado. De 9.908.229 hogares pertenecientes a 31 aglomerados urbanos, 2.928.152 hogares se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, los cuales incluyen a 11.465.599 personas. De ese total, 614.043 hogares se encuentran bajo la línea de la indigencia, que corresponde a 2.356.435 personas indigentes.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Según el último informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país. Hay 18 millones de personas pobres y 3,3 millones de indigentes. El director del observatorio Agustín Salvia alerta: “Estamos ante la tercera generación de pobres en el país”.

La pobreza es un problema que el país arrastra desde hace poco más de cuatro décadas. Esto ha provocado que más de un tercio de los hogares no tenga capacidad de consumo, además de las fallas económicas estructurales del sistema económico-productivo que existen.

En este marco de desigualdades estructurales de larga data, el informe confirma que existe una persistencia en los niveles de indigencia y pobreza durante el período analizado (2010-2022). Por otro lado la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el año 2020 profundizó aún más el deterioro que se venía ya exhibiendo en las capacidades monetarias de los hogares.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

“Actualmente, bajo el escenario de postpandemia, la recuperación económica, el aumento de la ocupación, la caída del desempleo y los refuerzos en la asistencia social lograron atenuar o incluso revertir la tendencia creciente de los indicadores de indigencia y pobreza. En un escenario crecientemente inflacionario, con evolución de las prestaciones y remuneraciones nominales por debajo del incremento de la canasta básica, no se evidencia un crecimiento exponencial de la indigencia y pobreza por ingresos”, explica el informe.

La UCA arrojó en su análisis que el 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país. Mientras que el año pasado el porcentaje de pobreza fue de 42,4%.

Por otro lado, el estudio da cuenta de un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 2022. El reporte señala, además, que entre julio y octubre de este año el 5,7% de los hogares y 8,1% de las personas eran indigentes.

Otro punto del informe analiza la proporción de hogares perceptores de programas sociales. En este aspecto se puede ver una tendencia ascendente a lo largo del período de 2010-2022, dando cuenta -cada vez más- del papel del Estado para satisfacer necesidades básicas de los hogares y la población.

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

El incremento de hogares cubiertos por políticas de asistencia se acentuó en el contexto de crisis Covid-19, cuando se implementaron mecanismos compensatorio, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar y refuerzos en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios.

Estas medidas se incorporaron a las políticas de transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias ya existentes incrementando de manera significativa la proporción de hogares con acceso a algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria directa durante el ASPO-DISPO del año 2020.

De acuerdo con los resultados del informe “Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusión social. Argentina Urbana 2010-2022”, la tasa de empleo subió del 58,8% registrado en 2021 a 64,3 % este año. Solo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23,0% sometida a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación. Al mismo tiempo, el 28,0% contaba con un empleo regular, pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia y sin afiliación al sistema de seguridad social.

Además en 2021 la tasa de desocupación fue de 9,1%. Hubo una posterior reactivación que generó este año que la desocupación disminuyera al 8,7%. Entre otros datos, recolectado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA entre julio y octubre de 2022, se señala también que aproximadamente un 50% de la población activa no posee un empleo con plenos derechos laborales.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]