Los perros Rufus y Lupo, integrantes de la Sección Canes de la Unidad Regional VIII de la Policía de Santa Fe, desempeñaron un papel crucial en la investigación que culminó con la condena de Juan José Ángel Domínguez por homicidio en la localidad de Santa Isabel.

El proceso judicial, llevado a cabo en el Tribunal de Juicio Oral Pluripersonal de Venado Tuerto, se basó en pruebas determinantes que confirmaron la presencia del acusado en el lugar del crimen de Federico Landriel ocurrido el 29 de mayo de 2020. 

Rufus y Lupo, gracias a su entrenamiento especializado y certificaciones internacionales, demostraron habilidades excepcionales para rastrear evidencias clave, marcando la importancia del uso de perros policías en investigaciones complejas.

Al día siguiente del crimen, bajo la guía de sus entrenadores, oficiales de la Policía de Santa Fe, Rufus y Lupo rastrearon una prenda del acusado desde el sitio del hecho, en calle Francia, recorriendo intersecciones y áreas rurales de Santa Isabel, hasta alcanzar puntos que confirmaron la presencia del imputado. La precisión y eficacia de los rastros seguidos por los canes resultaron fundamentales para establecer vínculos claros entre el acusado y el delito. En consecuencia, el Tribunal, presidido por el Dr. Adrián F. Godoy e integrado por los Dres. Aldo Emilio Baravalle y Leandro Maximiliano Martín, consideró irrefutables los indicios aportados por la Sección Canes.

Este caso destaca la extraordinaria colaboración entre los canes y los oficiales de la Policía de Santa Fe que los entrenan, subrayando cómo el trabajo en equipo y el entrenamiento especializado pueden ser decisivos en la búsqueda de justicia estableciendo un nuevo precedente en el uso de recursos especializados para resolver casos criminales complejos.

Este jueves se viralizaron varios audios alarmantes con el común denominador de asaltos a estudiantes del nivel primario y secundario de escuelas venadenses, tanto en el traslado en bicicleta de los mismos, como en el ingreso a los establecimientos. 

Con el correr de las horas se conocieron mayores detalles de los distintos hechos y, aunque no todos habían sido denunciados, la propia Unidad Regional VIII de Policía dio crédito a las versiones circulantes con la divulgación de un comunicado en el que solicita a la comunidad que “en virtud de los hechos de inseguridad acaecidos en horario de ingreso a los colegios de la ciudad, por favor se comuniquen de forma inmediata con la Central de Emergencias 911, ante cualquier hecho de inseguridad o actitud sospechosa. La colaboración y compromiso de todos ayuda a mejorar el trabajo policial diario”.

Hasta el momento, los casos que se dieron a conocer serían tres; en primer lugar, en el ingreso al Colegio Sagrado Corazón -minutos antes de abrirse las puertas-, dos delincuentes que se trasladaban en motocicleta les robaron los teléfonos celulares a dos alumnas de primer año, en tanto que, en ese mismo horario, otro escolar era interceptado camino al colegio, por avenida 3 de Febrero, sufriendo en este caso el robo de la bicicleta y el celular.  

Otro de los lamentables sucesos acaecidos esta mañana fue relatado a FM Jota por la madre de un adelescente que, a las 6.45, en inmediaciones de Estrugamou y Avellaneda, fue encerrado por dos motociclistas que se cruzaron a su paso -iba en bicicleta- y, tras amedrentarlo “con un arma de fuego” le robaron el teléfono móvil.

La preocupación en la ciudad se incrementó, lógicamente, porque en los audios viralizados se hacía referencia a “asaltos a mano armada”, en algunos casos con arma de fuego y en otros con arma blanca, y en horas de la tarde se aguardaba que esas versiones se plasmaran en denuncias en sede policial o en Fiscalía.

Además de la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y, bajo sus órdenes, de las fuerzas policiales habilitadas, el intendente Leonel Chiarella tomó contacto con las víctimas y sus familiares para expresarles su solidaridad y, sobre todo, comprometerse a gestionar ante los organismos competentes un pronto esclarecimiento de los hechos y, a la par, la implementación -con vistas a la semana entrante- de operativos de prevención para evitar nuevos ataques a escolares. 

Este jueves, el caso del jefe de la Unidad Regional VIII de la Policía provincial, Francisco Fernández, acusado y detenido en una causa con múltiples carátulas (hurto calamitoso, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado), sumó un nuevo capítulo en el marco de la audiencia cautelar, donde el fiscal Eduardo Lago pidió la prisión preventiva ordinaria y el juez Leandro Martín la denegó; no obstante, ordenó una caución real por un millón de pesos, en efectivo o con la garantía de un bien inmueble, y hasta tanto la misma sea presentada, Fernández seguirá detenido en la Alcaidía de Melincué. 

Además, Martín le prohibió al uniformado el uso del arma reglamentaria, le vedó el ingreso al departamento General López (apenas recupere la libertad) mientras se desarrolle el enjuiciamiento, a la vez que le impuso presentarse cada 15 días en una comisaría de Rosario, y le prohibió el acercamiento a cualquier persona interviniente en el caso, tanto los ya citados a declarar, como los que aún no lo hicieron. 

Cabe recordar que el episodio que dio origen a esta resonante causa se produjo la noche del domingo último, en el Km 362 de la ruta nacional 8, donde el joven Federico Tracaneli, oriundo de María Teresa, murió como consecuencia del choque de la motocicleta que tripulaba contra un automóvil.

Poco después arribó al escenario de la tragedia el jefe regional Francisco Fernández, quien, según declararon los testigos, tomó en el lugar una cifra cercana a los 400 mil pesos que eran propiedad del malogrado motociclista, y luego no habría incluido en el informe de los elementos hallados en la investigación del hecho.

El fiscal Eduardo Lago, a cargo de la investigación, manifestó tras la audiencia cautelar: “El juez consideró que la evidencia reunida hasta el momento es suficiente para acreditar la materialidad del ilícito y la probabilidad de que el jefe policial haya sido el autor -con el grado de certeza que demanda esta etapa procesal”.

En tal sentido, el funcionario del MPA solicitó la prisión preventiva del uniformado. Sin embargo, el fiscal explico que “el magistrado no hizo lugar a nuestro pedido y fundamentó su decisión en que el mínimo de la pena en expectativa prevista para los delitos endilgados es de ejecución condicional”.

“Por otra parte, el juez contempló que el policía no tiene antecedentes penales condenatorios y destacó que el accionar investigado tendrá un evidente impacto negativo en la carrera policial del imputado”, señaló el fiscal.

El abogado penalista Fernando Baiguera, ante la consulta de Sur24, ilustró que la figura del hurto calamitoso se encuentra contemplada en el artículo N° 163 inciso 2º del Código Penal Argentino, siendo un agravante de la figura del hurto simple. 

“Esta figura de hurto calamitoso tiene la particularidad de que requiere que el delito sea cometido en ocasión y aprovechamiento de las facilidades resultantes de una calamidad o desgracia que esté viviendo la víctima, como pueden ser, por ejemplo, las producidas por inundaciones, incendios, terremotos, accidentes de tránsito, entre otras”, explicó el profesional. 

“En el caso de un incendio, por ejemplo, la víctima estará ocupada tratando de defender sus bienes de la acción del fuego, y si un delincuente aprovechara esa situación para hurtarle sus pertenencias, incurriría precisamente en la figura de hurto calamitoso”, dimensionó.

“El tipo penal requiere la presencia de un escenario de desgracia para la víctima, generando en ella una situación de menor defensa y la actitud del autor del hecho de aprovecharse ilegítimamente del patrimonio de ésta en ese momento, violentando elementales deberes de solidaridad humana”, expresó Baiguera y agregó, para más datos, que el artículo 163 bis del Código Penal establece que “la pena aumentará cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario”.

El encuentro se concretó a raíz de las gestiones de Maximino ante el ministro de Seguridad, Jorge Lagna y se realizó en el despacho del mandatario local, donde estuvieron presentes a su vez el secretario general y de Control, Gabriel Grivarello, el coordinador General, José Pellegrini, el jefe de la Unidad Regional VIII, Daniel Acosta, el jefe de Unidad Operativa, Anselmo Roca, el subjefe de la Unidad Regional VIII, Oscar Romero y el Coordinador Regional del Ministerio de Seguridad provincial Sergio Maidana. 

“Ante la situación que por estos días vive nuestra localidad, más allá del todo el trabajo que se viene realizando en materia de prevención y colaboración con las fuerzas de seguridad y la justicia, el gobierno de Firmat redobla su compromiso para seguir realizando todas las gestiones que sean necesarias ante el Gobierno Provincial para aumentar el patrullaje y la presencia de móviles policiales”, sostuvieron desde el Municipio.  

En los próximos días, autoridades locales y provinciales se volverán a reunir para analizar los avances de las gestiones realizadas.