El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, puso en funciones este jueves al director General de Policía, Danilo Villlán, como nuevo jefe de la Unidad Regional II – departamento Rosario; y a Ramón Morales, como coordinador de Actividades Operativas de la URII.

El acto se llevó a cabo en la sede de la URII en la ciudad de Rosario, y fue encabezado por el secretario de Seguridad, Omar Pereira, quien señaló que la medida tiene que ver con “la dinámica propia de las rotaciones y designaciones de jefes. La UR II constituye un elemento de atención especial debido a que es el centro de la actividad operativa de la provincia, donde el diseño del Plan de Seguridad tiene su epicentro y su desarrollo principal”.

Por este motivo, “la elección de cada jefe revista una atención especial por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad; y la selección de Villán tiene que ver con esta impronta, además de su experiencia en la fuerza. La expectativa es continuar y consolidar los logros alcanzados con este Plan de Seguridad”.

Por último, Pereira precisó que la designación de Morales se debe a “la complejidad que la actividad operativa ha alcanzado en Rosario y el departamento, y nos vimos en la necesidad de instalar esta figura, de manera que sea un colaborador directo del jefe de Unidad Regional, en la articulación y coordinación de todos los elementos operativos, como las agrupaciones Cuerpos y Orden Público”.

El director General de Policía, Danilo Villán, tiene 54 años y nació en Intiyaco, departamento Vera. Es agente retirado y reincorporado a fines de 2023 para cumplir funciones en la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe.

Formó parte del Cuerpo Guardia Infantería de UR II, División Personal, sumariante de Comisaría 7ma de UR II, Comando Radioeléctrico de UR II (jefe de tercio y subjefe), subjefe Comisaría 14ta (UR II), jefe Comisaría 9na (UR II), jefe de Infantería de UR II (2015), subdirector y director de PAT (2018), subjefe UR II (2019), jefe interino y confirmado de UR II (2020), y Policía Vial (2020).

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo y José Luis Caterina, brindaron detalles de los allanamientos llevados adelante este lunes, en el marco de una investigación de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional y de la Subsecretaría de Control Policial por malversación de caudales públicos en el área de combustible de la Unidad Regional II (Rosario) de la Policía de Santa Fe.Cococcioni detalló que, con el objetivo de “colaborar y garantizar la eficacia, se decidió preservar la investigación para detectar el ilícito. Fue una investigación de 10 meses y, por parte del Ministerio, casi un año tomando medidas para detectar malas prácticas, imponiendo directivas y protocolos para hacer más eficientes los controles en la carga de combustible. Muchos de estos controles fueron incumplidos. Con el aumento de la flota policial en calle, esto se complejizó, y la maniobra adquirió un volumen mayor”.

“Quiero reconocer a las autoridades del MPA, porque ha sido una investigación muy prolija y seria, que apoyamos completamente. Más allá de la magnitud económica, estamos hablando de una maniobra en red entre varias secciones policiales, tendiente a lucrar con algo tan sensible para nosotros como es la seguridad pública”.A continuación, el ministro anunció que “la URII, mientras hablamos, está siendo intervenida. En este momento, el secretario de Seguridad Pública está poniendo en funciones al interventor, el director general retirado -ahora reincorporado al servicio activo- Claudio Romano. La intervención durará tres meses, con posibilidad de extensión si fuera necesario”.

Agregó que “al mismo tiempo, se encomienda una auditoría integral de gestión logística y administrativa, con énfasis en el área de movilidad y los controles de carga de combustible. Y, sin prejuzgar responsabilidades, el jefe de la Unidad Regional queda desplazado y es puesto a disposición del Jefe de Policía para que se evalúen sus funciones. Además, diferentes jefes y numerarios quedan a disponibilidad a partir del día de la fecha”.Por último, Cococcioni subrayó que “siempre hemos dado a la Policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos. Valoramos y destacamos el aumento del patrullaje y la operatividad, porque no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”.

“Debemos garantizar que cada peso que los contribuyentes destinan a seguridad sea efectivamente utilizado para ese fin, y no desviado de su objetivo. La necesidad de ejemplaridad en la función pública suma gravedad a la situación. La posición del Gobierno de la Provincia es inamovible en nuestro compromiso con la seguridad y contra la corrupción institucional”, concluyó.

Por su parte, Merlo precisó que “se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad aún está en curso. El objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero. Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible. Hay 17 personas detenidas, de las cuales 4 son civiles y 13, policías”, concluyó.Finalmente, Caterina, a cargo de la investigación, señaló que “todo se inicia con una denuncia anónima enviada por correo postal a esta Fiscalía. La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible. Hay una estación de servicio en particular, y sus propietarios, seriamente comprometidos. La mayoría de los efectivos policiales detenidos son jerárquicos de la URII; no están involucrados ni el jefe ni el subjefe. Además, se han secuestrado en domicilios particulares alrededor de 300 tarjetas Visa Flota, que deberían estar en poder de cada chofer de móvil para la carga de combustible”.También estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; y el subsecretario de Control Policial, Lucas Covacich.

Con el argumento de brindar "un mayor respaldo" a la institución policial atento a "la especial situación social y laboral" a la que se enfrenta, el jefe de la Policía provincial dispuso que todo agente que esté imputado en una investigación podrá contar con el asesoramiento de los letrados de las diferentes Unidades Regionales. Según consta en la resolución del 19 de junio firmada por el comisario Luis Maldonado, "todo personal policial imputado en un proceso penal o contravencional", podrá solicitar "asesoramiento integral" a los abogados de la institución, respecto de "las consecuencias administrativas de la causa judicial en la que se encuentra involucrado".

La propia resolución advierte que por decreto del Poder Ejecutivo (Nro. 461/14), existe una "incompatibilidad expresa" para que el personal profesional de la institución pueda intervenir asesorando a policías imputados en procesos penales y contravencionales; es por ello que los agentes involucrados deben designar un abogado particular. Pero según el jefe de Policía, eso "no impide que cada órgano de asesoramiento letrado de las Unidades Regionales brinde asesoramiento" sobre las consecuencias administrativas que puedan derivar de dichos procesos judiciales. De esa forma, se plantea, el funcionario policial investigado "tendrá un conocimiento global del proceso judicial y de la situación administrativa".

Según consigna la resolución, tal solicitud deberá efectuarse "de forma personal o mediante un representante legal con facultades suficientes, ante el órgano jurídico correspondiente".

En el segundo artículo de la resolución se dispone que el profesional jurídico de la repartición policial que lleve a cabo el asesoramiento del policía imputado, "deberá excusarse para intervenir en las actuaciones administrativas que se le sigan al agente imputado, a los fines de evitar futuras nulidades. Los letrados a los que podrá apelar el personal policial investigado serán tanto aquellos que se desempeñen en las Unidades Regionales, como en las Direcciones y demás Unidades de Organización que integren la Policía de la provincia.

En los considerandos de la resolución, se repara en que la delincuencia en la provincia "ha aumentado en el número de hechos cometidos, pero también en la gravedad de los delitos que se cometen", así como en "alta peligrosidad de quienes delinquen". Ello, plantea el escrito, "obliga a contar con una policía capacitada y respaldada en el ejercicio de sus funciones, a fin de sentirse resguardada a la hora de tener que afrontar las diferentes situaciones que en su trabajo cotidiano se les pueda presentar".

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

En la misma línea, se acota que en ocasiones, "en pos de cumplir la misión de mantener el orden público y prevenir el delito, el personal policial puede resultar inmerso en una investigación penal, donde se determine si su actuación se encuentra dentro del marco legal y de las competencias que le son propias según la ley".

El ultimo párrafo sostiene que la decisión de garantizar el asesoramiento en cuestión responde, como se planteó inicialmente, "a la especial situación social y laboral actual a la que se enfrenta el funcionario policial, que hace merecedora de un mayor respaldo en su labor por parte del Estado y la institución policial, inmiscuyéndose en dichos procesos a fin del acompañamiento debido".

Desde hace poco más de dos semanas, el comisario Daniel Acosta, se convirtió en el nuevo jefe de la Unidad Regional VIII de Policía, secundado por el subjefe Oscar Romero. Ambos cuentan con una amplia trayectoria al frente de otras regionales de la provincia de Santa Fe, entre ellas Rosario. Durante estos dos semanas, las autoridades de la fuerza de seguridad recorrieron varias localidades del departamento General López, manteniendo reuniones con presidentes comunales e intendentes, para poder presentarse y brindar detalles de su modalidad de trabajo.

“Tenemos una Unidad Regional bastante grande, el departamento General López es muy extenso, pero ya lo estamos recorriendo y coordinado acciones”, comentó en diálogo con Sur24 Acosta, destacando la “comunión” que hay entre las diferentes fuerzas, ya sea comisarías, Comando Radioeléctrico (CRE), PAT, Gendarmería, Policía Federal, Patrulla Vial, Guardia Rural Los Pumas y demás. “El trabajo de todos, sumado al aporte de los Municipios y Comunas hace interesante, y mucho más rápida, la resolución de problemas”, indicó.

En este sentido también comentó que “somos conscientes que no podemos resolver todo, el delito cero no existe, pero cuando se aborda el problema en conjunto entre todos los actores se logran resultados”.

Una de las dificultades que existe en la URVIII y que se repite en el resto de las regionales es la falta de personal y de móviles. “Los recursos humanos son escasos, cortos, por eso estamos muy contentos con la apertura de la nueva Escuela de Policía en Murphy, con 175 cadetes en este momento que están cursando. Va a llevar un tiempo engrosar las filas de la Policía, pero poco a poco esto va a ir dando su fruto, permitiéndonos sumar todos los años efectivos”, expresó. Y añadió: “Estamos esperando el arribo de móviles nuevos que estaría llegando en los próximos días, según nos informaron de provincia”.

Acosta a su vez reconoció que cada región de la provincia presenta diferentes modalidades delictivas y que aquí, en el sur profundo, los hechos más frecuentes están relacionados con el robo de bicicletas, motos e ingresos a viviendas. “Sabemos que la gente no quiere escuchar estadísticas, sobre todo los que sufrieron un delito, pero nosotros nos tenemos que guiar por esos números que se conforman con las denuncias que hagan los vecinos, por eso le pedimos a todos los que son víctimas de algún hecho que radiquen la denuncia correspondiente, porque eso nos va a aportar indicadores, el famoso mapa del delito, para ir diseñando estrategias de abordaje y de patrullaje”, enfatizó.

Otro aporte ciudadano importante para la Policía es el llamado y la denuncia al 911. “El vecino es el que reconoce la zona, el que sabe cuando hay movimientos o personas extrañas, pero ayudan mucho para resolver problemas e incluso puede evitarse situaciones más graves por nuestra presencia en el lugar”, señaló, resaltando que, por su seguridad, el vecino puede solicitar que la policía no lo entreviste o no se haga presente en su domicilio, por cuestiones de seguridad, evitando que se sepa quien brinda la información.

Por último y haciendo referencia al pedido que les hizo el ministro de Seguridad Jorge Lagna, es de “trabajo y eso es lo que estamos haciendo, trayendo también un poco de nuestra experiencia a la zona”, sentenció.