El Gobierno de Santa Fe abrió este viernes los sobres de la licitación para la construcción de seis módulos en la Unidad Penitenciaria Nº 15, que se emplazará en el Complejo Penitenciario Piñero. El acto fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y contó con la presentación de 19 ofertas, lo que evidenció un marcado interés del sector privado en una obra estratégica para el sistema penitenciario provincial.

La inversión prevista ronda los 126.800 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 480 días. La UP N.º 15 se desarrollará en un predio de 80 hectáreas ubicado entre las rutas AO12 y 14, donde también avanza la construcción del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), conocido como “El Infierno”.

Durante el acto, Cococcioni afirmó que la obra se inscribe en “el proceso de obra pública penitenciaria más importante en la historia de la provincia” y remarcó que permitirá consolidar una política integral de seguridad. En ese marco, señaló que al finalizar la actual gestión habrá “4.600 personas privadas de la libertad más que al inicio, porque estamos deteniendo a más delincuentes”, y destacó la necesidad de contar con establecimientos adecuados y con distintos niveles dentro del sistema penitenciario.

Los seis módulos de la UP Nº 15 estarán destinados a la reclusión de hombres y contarán con edificios de ingreso, áreas educativas con aulas y talleres, cocinas centrales, pabellones con sectores productivos y recreativos, espacios de aislamiento y edificaciones complementarias con equipamiento específico. La unidad tendrá capacidad para alojar a 1.920 internos y será la última gran obra del Servicio Penitenciario provincial en ser licitada.

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, explicó que el proyecto forma parte de un programa que prevé la construcción de 7.300 plazas carcelarias durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. A su turno, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, precisó que la UP Nº 15 será la cuarta y última del complejo penitenciario de Piñero y alojará a personas cuya peligrosidad aún no haya sido determinada, hasta su evaluación definitiva.

En cuanto al detalle de las propuestas económicas, Dyscon S.A. ofertó $ 107.772.212.284,52; Pilatti, $ 118.333.055.545,15; Cocivial S.A., $ 107.134.667.000; Pirámide Constructora S.A., $ 109.885.871.283,79; Coemyc S.A., $ 109.876.578.197,05; Depaoli y Trosce Constructora SRL, $ 106.622.195.545,90; Werk Constructora SRL, $ 125.332.143.685,76; Pose S.A., $ 120.658.383.844,10; Epreco SRL, $ 111.248.765.952,02; Dinale S.A., $ 109.165.322.115,96; Ingeniero Pedro Minervino S.A., $ 106.622.197.324,15; Mundo Construcciones S.A., $ 108.715.360.324,78; Pecam S.A., $ 116.119.496.887,75; Sanimat S.A., $ 118.252.312.552,41; Edeca S.A., $ 106.622.643.694,91; Tecsa S.A., $ 114.403.756.052,62; Capitel S.A., $ 119.765.676.334,27; DEL Constructora S.A., $ 125.160.000.000; y Cocyar S.A., $ 116.776.912.189,56.

Las ofertas quedaron ahora bajo análisis técnico y económico para avanzar con la adjudicación de una obra clave para la ampliación y modernización del sistema penitenciario santafesino.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto adjudicando a la firma Bersa SA la licitación para la compra de 300 pistolas semiautomáticas calibre 9 mm y 150 escopetas de repetición calibre 12/70 que fueron requeridas y serán destinadas al Servicio Penitenciario.

El importe de la operación es de $328.500.000, IVA incluido de acuerdo al decreto 2104 que además del gobernador lleva las firmas de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.

La de la firma Bersa, radicada en provincia de Buenos Aires, fue la única que quedó en la compulsa de precios ya que fue desestimada la presentación de la firma Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas", señala el decreto.

"Es una inversión importante para renovar armamentos en el Servicio Penitenciario" le dijo Cococcioni a El Litoral, fuerza que utiliza armas especialmente escopetas en los principales penales de la provincia.

"La pistola es una muy buena arma y la escopeta es muy apta para la guardia de infantería antitumultos" explicó, a este diario, un experto en armas que además ponderó la calidad de la firma proveedora que, entre sus clientes, tiene fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

En los considerandos de la adjudicación, se destaca que el Servicio Penitenciario solicitó la adquisición de 150 escopetas de repetición y 300 pistolas semiautomáticas, "fundándose en la necesidad de contar y disponer de dichos bienes para lograr un óptimo desempeño en las funciones asignadas al personal".

La operación se realizó en el marco de la vigente Ley N° 14.237 que dispuso el estado de emergencia en seguridad pública.

La subdirección General de Compras y Gestión de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad instrumentó la convocatoria a la contratación directa habilitada por la emergencia. A la invitación a proveedores a realizar presupuestos se presentaron Bersa y Punto de Impacto. Una comisión técnica evaluadora se encargó de analizar las ofertas, certificó las pruebas de calidad realizadas a los elementos de seguridad solicitados así como a condiciones técnicas y razonabilidad de precios brindados por los oferentes.

Esa comisión es la que recomendó adjudicar a Bersa la licitación por el importe total de $328.500.000, IVA incluido, "por única oferta que continúa en la compulsa y resultar conveniente, ajustarse técnicamente a lo requerido en la solicitud de presupuesto y anexos, resultando su precio o su precio razonable según lo informado en el acta".

También en los considerandos se desestima la alternativa de Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el pliego".

Por otra parte, Seguridad compró también a Bersa cien armas de baja letalidad como parte de una prueba piloto. Además de las Taser ya entregadas, adquirió lanzadoras Byrna, como parte de una prueba piloto. El objetivo es proporcionar a los agentes una opción intermedia entre el arma de fuego y la contención física.

Son 100 lanzadoras Byrna, (50 pistolas, 30 rifles y 20 rifles con tolva) que en días más le serán entregadas a la fuerza por el ministerio de Justicia y Seguridad.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe licitó este jueves la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 13, que se levantará en Piñero (departamento Rosario), con un presupuesto oficial de $ 118.755.655.722,96 y un plazo de ejecución de 480 días. El acto se desarrolló en la Sede de Gobierno en Rosario y fue encabezado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el nuevo penal estará “en el predio donde ya funciona la Unidad 11 y se construye la cárcel para presos de alto perfil El Infierno. Contará con 1.920 plazas, lo que nos permitirá trasladar a todos los internos alojados en comisarías y garantizar que la policía esté en la calle y los detenidos en prisión”. Añadió que brindará “toda la seguridad necesaria para procesados y condenados a largas penas”.

El secretario de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Leone, precisó que la obra tendrá seis módulos para hombres, cada uno con 168 celdas dobles. “Queremos optimizar los tiempos para que en 16 meses esté terminada. Una empresa se encargará de cada módulo, de forma que todos se construyan en simultáneo”, señaló. Estimó que la obra estará lista a comienzos de 2027.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, valoró el trabajo “codo a codo con el gobernador y su equipo en leyes que dieron herramientas para enfrentar uno de los problemas más duros: la inseguridad y el delito organizado que derivaba en violencia letal”.

La Unidad Nº 13 se edificará dentro del Complejo Penitenciario Piñero, en un predio de 80 hectáreas donde también se construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap). Contará con cuatro pabellones comunes, uno de resguardo, edificio de ingreso, área educativa con aulas y talleres, cocina central, circulaciones restringidas y edificios complementarios.

Incluirá un centro de salud para todo el penal, con áreas de atención ambulatoria, internación primaria y aislamiento para internos con enfermedades infectocontagiosas.

Se recibieron propuestas individuales para cada módulo, que sumadas conforman las siguientes ofertas globales: MEM Ingeniería–Tecma ($ 115.482 millones), Bauber Conhomarq ($ 114.972 millones), Cocyar ($ 118.164 millones), Pose ($ 111.302 millones), Pilatti ($ 120.150 millones), Ing. Pedro Minervino ($ 110.209 millones), Dinale ($ 118.471 millones), Mundo Construcciones ($ 109.767 millones), Dyscon ($ 119.246 millones), Cocivial ($ 159.359 millones), Werk ($ 109.776 millones), Tecsa ($ 122.683 millones), Pecam ($ 105.059 millones), Epreco ($ 104.938 millones), Sanimat ($ 107.923 millones), Coemyc ($ 113.806 millones), Pirámide Constructora ($ 113.806 millones), Del Sol ($ 110.729 millones), Edeca ($ 110.209 millones), Semac ($ 128.462 millones) y Depaoli & Trosce ($ 110.210 millones).

La Provincia ejecuta un programa para vaciar comisarías y reforzar el sistema carcelario. Su obra central es la Unidad Nº 8, conocida como El Infierno, destinada a reclusos de alto perfil -narcos, sicarios y líderes criminales-, con 1.152 plazas y el mayor nivel de seguridad del continente.

El plan también incluye la ampliación de las unidades Nº 12 y Nº 14 de Rosario, la Nº 10 en Santa Felicia, y las Nº 13 y Nº 15 en Piñero. Recientemente se inauguró la Subunidad Nº 4, que recibe internos trasladados desde comisarías de Rosario, liberando efectivos policiales para tareas de prevención e investigación. En total, la provincia prevé alcanzar 7.352 plazas carcelarias, con una inversión superior a los $ 414.000 millones.

El Gobierno de Santa Fe abrió este miércoles los sobres con las ofertas económicas para construir el muro perimetral y edificios complementarios de la Unidad Penitenciaria N° 8, conocida como “El Infierno”. El penal se está levantando en Piñero y estará destinado exclusivamente a alojar reclusos de alto perfil: narcos, sicarios y líderes de organizaciones criminales. Será la primera cárcel de estas características en Sudamérica y una de las más seguras del continente.

La obra forma parte del plan de infraestructura penitenciaria que lleva adelante la Provincia, con el objetivo de vaciar las comisarías y fortalecer el sistema carcelario. Para esta etapa, que incluye el doble muro, torreones de vigilancia y edificios operativos, se presentaron 10 ofertas, con un presupuesto oficial de $ 34.484.906.400,33.

En el acto realizado en Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó: “Esta obra marca un punto de inflexión en la arquitectura penitenciaria moderna. No encontramos modelos a seguir en la región, tuvimos que inventarlo. En unos años, otras provincias y países van a tomar esto como referencia, porque el fenómeno de los reclusos de alto perfil es una epidemia en América Latina”, afirmó.

Cococcioni explicó que este nuevo paradigma ya no responde solo a impedir fugas. “Antes una cárcel se construía para que el preso no se escape. Hoy debe resistir ataques externos, drones, intentos de rescate con helicópteros y todo tipo de amenazas. El que intente algo así contra ‘El Infierno’ va a tener una muy mala idea”, advirtió.

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, detalló que esta etapa corresponde al doble muro, el control de ingresos, el edificio de gobierno y el cuartel del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), que estará dentro del predio para actuar ante cualquier contingencia. “Es un muro impenetrable, con tecnología y diseño únicos en la región. Esto garantiza la seguridad total del penal”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, aseguró que “este muro es mucho más que una barrera física. Permite separar absolutamente a estos presos de alto perfil del resto de la sociedad y del propio sistema carcelario. Es un cerco que no tiene antecedentes y que asegura que lo que ocurra dentro del penal esté completamente controlado”, expresó.

La licitación generó un fuerte interés del sector privado, con la participación de diez empresas: Dinale-Dyscon, Cocyar, Pecam, Capitel, Mundo Construcciones, Sanimat-Epreco, Depaoli & Trosce, Werk-Del Sol, Pirámide-Coemyc y Edeca-Ing. Pedro Minervino, con ofertas que van desde los $27.797 millones hasta los $32.890 millones, lo que demuestra la envergadura del proyecto.

La Unidad Penitenciaria N° 8 se construye sobre un predio de 5,62 hectáreas, lindero a la actual cárcel de Piñero, con acceso desde la Ruta A012 y la Ruta 14. La cárcel tendrá cuatro módulos, cada uno con 24 pabellones. Cada ala contará con 12 celdas individuales de hormigón premoldeado, distribuidas en dos plantas, lo que suma un total de 1.152 plazas en todo el complejo. Las comunicaciones se realizarán por boxes cerrados con blindex, sin contacto físico. Además, contará con centro médico intramuros, sala de conferencias y un helipuerto.

El muro perimetral será doble, con 1.800 metros de longitud y 10 metros de altura, circulación vehicular en la parte inferior y pasarelas peatonales superiores. Cada 70 metros habrá torreones de vigilancia y en el fondo del predio se levantará una torre de 36 metros de altura, que permitirá control visual en 360 grados sobre todo el complejo.

Este proyecto se suma a otras obras penitenciarias que lleva adelante el gobierno provincial, como las ampliaciones de las unidades N°12 y N°14 de Rosario, N° 10 en Santa Felicia, y los penales N° 13 y N° 15, también en Piñero. Recientemente se inauguró la Subunidad N° 4, que ya recibe detenidos trasladados desde comisarías de Rosario, permitiendo liberar personal policial para tareas de prevención e investigación.

En total, el plan de infraestructura penitenciaria de Santa Fe contempla llevar a 7.352 las plazas carcelarias, con una inversión global que supera los $414.000 millones. “Estamos dando un salto histórico en seguridad penitenciaria. Este muro no existe en otro lado. Lo diseñamos desde cero y va a blindar a ‘El Infierno’, donde estarán los criminales más peligrosos de la provincia”, concluyó Cococcioni.

En el marco de la inversión histórica que el Gobierno de la Provincia realiza en infraestructura penitenciaria, esta semana se habilitarán los pabellones N° 8 y N° 9 de la Unidad Penitenciaria N° 10 de Santa Felicia, en el departamento Vera, lo que permitirá trasladar a 199 internos de las Unidades Regionales Garay, General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Vera a estas nuevas instalaciones, que tienen una capacidad para 200 reclusos ampliando a 622 las plazas de la UP en cuestión.Se trata de una acción integrada a otras obras de diferente magnitud, como la construcción de “El Infierno” de Piñero -cárcel para Internos de Alto Perfil que alojará a los narcotraficantes y sicarios más peligrosos-, lo cual permitirá alcanzar el objetivo trazado por el gobernador Maximiliano Pullaro de “construir en 4 años la misma cantidad de celdas que se hicieron en 100 años en la provincia”.La habilitación de la obra que operativiza el espacio se concretará mediante un acto que se concretará este miércoles 28 a las 10 en la mencionada Unidad Penitenciaria. Con un presupuesto de $ 1.441.001.605, la construcción de estos dos nuevos pabellones representan un avance significativo en la reorganización y adecuación del sistema penitenciario provincial.

A propósito, la secretaria de coordinación técnica y financiera, Georgina Orciani, explicó que “la obra ameritó redeterminaciones de los precios del presupuesto inicial y eso conllevó que se hagan las ampliaciones presupuestarias pertinentes para poder afrontar las actualizaciones del valor de la obra que habían quedado totalmente desajustadas por todo el proceso inflacionario que había acaecido durante el 2023, que es donde tuvo principio de ejecución la obra”.Esta expansión responde a la necesidad de cupos de las dependencias policiales de las unidades regionales de los departamentos Garay, San Justo, San Cristóbal, San Javier, General Obligado, Vera y 9 de Julio. En ese sentido, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que “la prioridad es que no queden presos en comisarías, ya que es el lugar más vulnerable en cuanto a seguridad, a potencialidad de fuga y a tratamiento penitenciario. El preso en comisarías ocupa policías que tendrían que estar patrullando y no cuidando al preso. Por eso, a estos nuevos pabellones vamos a trasladar todos los internos de las unidades regionales del norte santafesino. La semana próxima comenzamos con el traslado de 42 presos, constituyendo la primera de cuatro etapas”.Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, agregó que el proyecto “contempló la construcción de todo el nuevo cerco perimetral, cuatro torretas con garitas de vigilancia en altura, un nuevo edificio de guardia y control de acceso para el predio y, en la planta alta, una oficina de control y monitoreo".

Cada pabellón cuenta con una superficie cubierta de 585.10 m2 y una superficie abierta intervenida de 405.20 m2. Su diseño responde a la necesidad de definir espacios independientes de reclusión ofensores sexuales. La disposición define un espacio integral bajo condiciones igualitarias, que se formaliza con un piso de hormigón armado con terminación a llana metálica mecánica que asegura la higiene del mismo y las condiciones de seguridad. Los materiales utilizados son de gran calidad tanto para otorgar fortaleza al edificio como para asegurar la eficiencia energética durante todo el año.Los pabellones cuentan con una importante superficie de ventanas con su correspondiente seguridad ubicadas en altura, que incorporan iluminación natural y ventilación cruzada. A través de una pasarela de vigilancia en altura que recorre toda la longitud se obtiene un control visual completo de los reclusos.En el centro del edificio, se definen todos los servicios y cuestiones técnicas de funcionamiento mecánico necesario. También, incorpora elementos mecánicos sustentables (termotanques solares y paneles fotovoltaicos). El complejo mantiene un sistema energético y de calentamiento de agua tradicional, pero, cuando las condiciones lo permitan, se utilizarán los sistemas de energías limpias para abastecer parte del consumo. De esta manera, se obtiene un importante ahorro energético.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó, en la Sede de Gobierno de Rosario, la apertura de sobres de la licitación de la primera etapa del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap) de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. La obra tiene un presupuesto oficial de $ 109.828.291.188,24, un plazo de ejecución de 18 meses y tendrá capacidad para alojar a 1.152 reclusos.

La cárcel estará compuesta por 4 minipenales, conformados cada uno por 6 pabellones de 48 celdas construidos en 2 plantas, totalizando 288 celdas individuales por pabellón. Durante el acto, el gobernador manifestó: “Estamos llegando a un punto que nos permite, en la planificación de una política pública de seguridad que tiene diferentes aristas, comenzar con la construcción de una cárcel de alto perfil”. Luego resaltó y agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad, en especial del Servicio Penitenciario que “se esforzó de manera única y significativa para poner límites”. 

A continuación, Pullaro recordó que “hace un tiempo los presos tenían teléfonos celulares y, desde allí, mandaban extorsionar, mandaban a matar y se creían que eran los dueños de la vida y de la muerte en la ciudad de Rosario”. “Pero hay una determinación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que nunca va a dar un solo paso atrás. Y esto es la manifestación de una decisión política, con coraje, porque no hay decisión, en el marco de una política de seguridad, si uno tiene miedo. Si uno tiene miedo a las organizaciones criminales, es probable que ceda; no hace falta ser corrupto para ceder, tener miedo puede hacer que tengas que ceder y aquí hay un gobierno que no retrocedió ni va a retroceder”, remarcó. 

En el mismo sentido, destacó la importancia de destinar recursos a seguridad: “Construir celdas para 6.500 plazas penitenciarias en cuatro años es muchísimo, porque en 40 años de democracia se construyeron menos de 4.000. Con los recursos que salen del achique, del ajuste y de la administración eficiente del estado vamos a invertir 400 millones de dólares para que no tengamos más problemas en el servicio penitenciario”. 

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri, se refirió a la necesidad de tener una cárcel para reclusos de “alto perfil”: “Un término que acuñamos en el 2015, cuando nuestro gobernador era ministro de Seguridad, cuando nadie hablaba de presos especiales, de presos que iban más allá de lo que regularmente veíamos, de presos que pretendían seguir trabajando desde las unidades penitenciarias, seguir aterrorizando a la sociedad”.

De la presentación también fueron parte el secretario de Unidad Ejecutora de Infraestructura Diego Leone y el senador Ciro Seisas.

* La primera oferta corresponde a la firma POSE S.A. por un total de $106.253.281.010,72* La segunda de la firma COEMYC S.A por $105.782.797.552,68.* La tercera de Cocyar S.A. - Pilatti SA - U.P. Piñero - Unión Transitoria por $115.542.472.469,72. * La cuarta es de Ing. Pedro Minervino S.A., por $97.978.230.267,72.* La quinta corresponde a la firma Capitel SA por $119.995.719.406,33.* La sexta de la firma Del Sol Constructora S.A.. por $109.592.001.763,56. * La séptima es de Edeca S.A. por $97.994.248.310,72.* En la octava de la firma De Paoli & Trosce Constructora S.R.L., por 109.828.292 pesos.* La novena corresponde a la firma Sanimat S.A. por $115.044.895.720,96* La 10° fue de Centro Construcciones SA por $135.476.357.102,64.* La 11° corresponde a la firma Tecsa SA por $108.808.197.941,68. * La 12° corresponde a la firma Pecam S.A por $97.991.874.089,88.* La 13° de la firma Epreco S.R.L. cotiza por $109.595.982.601,08. * La 14° es de la firma Dyscon S.A por $99.745.673.187,12* La 15° corresponde a la firma Werk Constructora por $109.552.670.782,80.* La 16° es por $107.328.911.310,00.* La 17° corresponde a la firma Dinale SA es por $99.989.080.661,24.* La 18° es de la firma Pirámide Constructora S.A. por $105.782.769.569,28.

El Servicio Penitenciario y la Policía de Investigaciones de Santa Fe secuestraron un envoltorio con 44 gramos de cocaína que una mujer de 47 años llevaba entre sus partes íntimas, que se presume iba a tener como destinatario a un preso alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 1, situada en la localidad de Coronda. El hallazgo del material estupefaciente se produjo el lunes por la mañana, durante la requisa corporal que le realizan a familiares de internos en el ingreso al día de visitas.

En el marco de las requisas, a una mujer de 47 años le detectaron un objeto extraño en su vagina. Inmediatamente los agentes del Servicio Penitenciario dieron aviso a la Policía de Investigaciones del distrito San Jerónimo, para que continúe con el correspondiente procedimiento por el delito de infracción a la Ley de Drogas.

En presencia de testigos se estableció que la mujer llevaba un total 44 gramos de material estupefaciente, cuyo reactivo dio positivo para cocaína. Además se le secuestró un teléfono celular. 

De acuerdo a lo dispuesto por el fiscal Raúl Marcelo Nessier se procedió al secuestro del material estupefaciente. En cuanto a la mujer, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó que se le forme causa por infracción a la Ley 23.737 y que se le realice identificación dactiloscópica y confección de ficha prontuarial.

Las requisas forman parte de los exhaustivos controles que realizan los agentes del Servicio Penitenciario provincial, que depende de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, con el objetivo de desbaratar los insólitos métodos con los cuales intentan ingresar material estupefaciente a los establecimientos carcelarios.

Los agentes penitenciarios suelen hallar material estupefaciente entre las plantillas y las suelas de las zapatillas, en pañales descartables, en fideos tipo mostacholes (foto), en biscochos y prepizzas (foto) y hasta en masitas tipo pepas.

A menos de diez días de que se inaugure la nueva cárcel federal de Coronda, para las autoridades locales quedan todavía demasiados cabos sueltos. Tras una reunión este jueves con funcionarios federales y provinciales, se confirmó – como publicara El Litoral- que el próximo 20 de diciembre se habilitará el penal. Los primeros internos, de todos modos, llegarían a principios del año 2025.

Sin embargo, para el intendente de la ciudad, Ricardo "Bachi" Ramírez, existen cuestiones pendientes que fueron prometidas por Nación desde hace tiempo, y no se cumplimentaron. En diálogo con El Litoral, habló de sus preocupaciones.

- ¿Cómo transita Coronda esta etapa final de cara a la habilitación del penal?

- Con preocupación. Nos enteramos la semana pasada que el 20 de diciembre a las 14 se iba a inaugurar la cárcel. Hace meses habíamos viajado a Buenos Aires para conversar sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de la ciudad; desde la disposición final de la basura hasta las cámaras del chequeo para personal, o qué tipo de internos iban a venir. Cuando Coronda entregó el lote para hacer la cárcel, se firmó un Acta de Acuerdo sobre las obras que tenían que llegar a la ciudad, y nada de eso se ha cumplido. Pasó todo este tiempo y no hemos tenido ninguna respuesta. Nos preocupa también el tema educativo, porque van a llegar entre 150 y 300 penitenciarios a la ciudad con hijos que van a necesitar escuelas. Y nosotros ya tenemos una superpoblación escolar; estamos colapsados con el nivel primario y secundario. Veníamos charlando todo esto desde hace tiempo, pero nunca se avanzó. No se cumplió nada.

- ¿Coronda tiene capacidad habitacional para alojar a los penitenciarios federales que estarían llegando?

- No. Ahora, Nación le tira la pelota a la provincia, que va a estar colaborando con todo esto. Pero a nosotros también nos preocupa que tenemos una cárcel (provincial) con 2.700 internos acá en la ciudad y estamos padeciendo problemas que nos trae el Servicio Penitenciario Provincial, y que tampoco se han resuelto. Por ejemplo, el tema de las visitas a la cárcel. Tenemos que brindar seguridad a los vecinos, porque ninguna ciudad quiere tener una cárcel. Y sabemos que es una institución necesaria y que genera trabajo, pero trae sus dolores de cabeza. Con la cárcel provincial, tenemos 500 personas que vienen a visitar a sus familiares; vienen de lunes a viernes y desde distintos puntos de la provincia. A esto tenemos que sumarle, ahora, que el Estado nacional no ha evaluado nada de todo lo que estamos hablamos. Por ejemplo, qué van a hacer con la basura que genere el nuevo penal. Yo desde la ciudad de Coronda no le voy a recibir un gramo de basura. Otro tema son los afluentes cloacales... Nosotros vamos a hacer controles porque, reitero, cuando Coronda aceptó la cárcel, se nos prometieron un montón de obras que no se cumplieron ni se ejecutaron. La respuesta de la parte penitenciaria Federal es lamentable.

- ¿Cómo se resolverá el problema de las viviendas para el personal, entonces?

- En estos momentos, en una casa de amparo para mujeres que padecen violencia de género, ya estamos teniendo parejas de personal penitenciario federal. No tenemos capacidad para toda la gente que vendrá. He convocado a toda la parte inmobiliaria de la ciudad de Coronda y estamos haciendo un esfuerzo buscando viviendas pero no hay posibilidades para todos. Entonces, se están viendo también ofertas en Santo Tomé y en Santa Fe o en otros pueblos cercanos. Tampoco se abrieron las convocatorias para los profesionales que se van a requerir en la cárcel. Sucede que esto implica también resolver el traslado del personal. Sabemos que la provincia necesita este penal para descomprimir sus cárceles, pero debemos llevarle tranquilidad a la gente; hay mucho ruido con esto. La cárcel tiene que ser monitoreada y no quiero que me saquen policías o móviles que hoy por hoy están cuidando la ciudad.

- ¿Demasiados cabos sueltos, a menos de diez días de inaugurar la cárcel?

- Totalmente, sin duda. La reunión de este jueves fue lamentable; yo me vine muy mal, porque pensé que íbamos a concretar y avanzar en algunas cuestiones, pero no pasó nada. Todavía tenemos temas pendientes por la cárcel que tenemos en medio de la ciudad, y ahora sumamos esto. Son cada vez más problemas para la ciudad. Tuvimos un tiempo muy grande para resolver estos temas, pero estamos a 10 días de inaugurarlo y no pasó nada.

 Este miércoles, a pedido de la actual Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo, conjuntamente con la Dra. Daniela Ghiorzi, y la orden del Juzgado Federal de Garantías a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, se realizó un allanamiento en una celda de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, tarea en la que se contó con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Si bien durante el registro no fueron hallados elementos de interés, se puso a disposición del Juzgado al sospechado, ya que hay elementos suficientes que lo vinculan con el comercio de material estupefaciente.

La investigación que derivó en esta medida comenzó el 25 de mayo del 2023, cuando personal de la Unidad Operativa Regional 5 de Venado Tuerto, dependiente de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe detuvo la marcha de un taxi donde se trasladaba un hombre identificado como Nahuel Agustín M., quien admitió que estaba trasladando marihuana en el vehículo, procediéndose a requisar el taxi donde dentro de una bolsa que estaba en la parte trasera, había envoltorios con marihuana y otra con cocaína.

Así, se produjo la detención del sujeto y el secuestro de once panes de marihuana, como también dos envoltorios que contenían aproximadamente 7.819 gramos de marihuana y 103 gramos de cocaína.

En dicho procedimiento intervino el Juzgado Federal de Venado Tuerto y la Fiscalía Federal de esa ciudad, luego del trámite correspondiente en el mes de octubre la causa fue elevada a juicio y finalmente el 11 de abril de 2024 Nahuel Agustín M. fue condenado a la pena de cinco años por el Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario.

Oportunamente, la Fiscalía Federal dispuso diferentes medidas de prueba, entre las que se destaca el peritaje del teléfono celular secuestrado a Nahuel Agustín M.

El análisis del contenido, particularmente de un chat de más de 2600 páginas, permitió ascender en la escala de responsables, de esta forma se determinó que el enlace del imputado para el traslado de la cocaína desde la ciudad de Venado Tuerto a Rosario y su posterior fraccionamiento y distribución era un detenido que actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Piñero, llamado Hugo Rafael Z., oriundo de Rosario, quien había sido condenado por la Justicia rosarina por diferentes hechos de hurto y robos calificados.

Desde dicha unidad, Hugo organizaba la logística para adquirir y revender la droga, de acuerdo a las conversaciones de Whatsapp que mantenía con Nahuel Agustín M., en donde también compartían fotografías de estupefacientes, armas, cálculos y comprobantes de transferencias.

Uno de los últimos mensajes entre ambos se da momentos previos a la detención de Nahuel Agustín M. en el procedimiento del 25.05.2023, quien le expresó a Hugo Rafael Z. “me pararon”, “la ley”, “perdí”. 

Presos de seis cárceles de Ecuador mantienen secuestrados a 57 guardias penitenciarios y policías en protesta por operativos de seguridad de la fuerza pública en las prisiones, indicó este jueves el organismo rector de los reclusorios (SNAI).

La entidad señaló en un comunicado que siete policías y 50 agentes carceleros “están retenidos en seis centros de privación de libertad”, sin dar mayores detalles sobre lo sucedido.

Más temprano el ministro de Interior, Juan Zapata, había indicado que todos los guardias estaban retenidos en la prisión de Cuenca, donde los reclusos protestan desde el miércoles por la presión policial.

“Este suceso sería una respuesta de los grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos”, indicó el SNAI.

El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la andina Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de las frecuentes matanzas entre reclusos que dejan más de 430 muertos en todo el país desde 2021.

Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día.

Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día. En un principio el SNAI indicó que se trataba de una represalia por esa “intervención” de la fuerza pública.

Luego, autoridades señalaron que la retención es en protesta por el traslado de reclusos a otras cárceles.

“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios”, expresó Zapata en rueda de prensa en Quito.

El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas

De acuerdo con el SNAI, se “está tomando una serie de acciones para recuperar el orden en el sistema penitenciario” con el apoyo de militares y policías.

También hubo un intento de motín en el correccional de menores de Quito “Virgilio Guerrero”, donde los adolescentes causaron un incendio en el segundo y tercer piso de este centro, lo que obligó a los bomberos a un gran despliegue para controlar las llamas sin que aparentemente no se registraron víctimas.

Bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder y usan las prisiones como centros de operaciones.

Ante los cruentos enfrentamientos entre las organizaciones aliadas a carteles mexicanos y colombianos en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual le permite desplegar militares en las prisiones.

Estos episodios son parte de la creciente ola de violencia en la que está inmerso Ecuador, lo que ha hecho que el país pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia, con recurrentes asesinatos y matanzas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Por Juan M. Peratitis

Un guardia de la cárcel de Coronda fue detectado por el escáner con 17 teléfonos celulares que intentaba ingresar con posible destino a internos de la Unidad 1.

La maniobra fue descubierta a las 9 de la mañana de este sábado cuando el empleado H.N., santafesino, con 4 años de servicio, que se reintegraba justamente hoy, primero no quiso atenerse al control del detector y el body scanner, y luego tuvo que acceder.

Al hacerlo, fue llevado por personal penitenciario de requisas al sector de admisión donde tras revisar su mochila le encontraron 17 teléfonos celulares, unas 22 tarjetas sim de teléfonos, 14 cargadores, cerca de 10 auriculares, unos 20 mil pesos en efectivo y gran cantidad de agujas de tatuar, más dos accesorios para ese fin.

Los aparatos y accesorios estaban disimulados dentro de dos bolsas negras de nylon embaladas y encintadas.

A partir de allí, se abrió un sumario administrativo con participación de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario teniendo en cuenta esta a priori falta grave, ya que por la cantidad de elementos incautados se sospecha que estarían destinados a la población penal, justo en el medio de tantos hechos ilícitos que se cometen desde adentro de las cárceles por el acceso a teléfonos de parte de los reclusos.

Por otro lado, la Fiscalía de turno a cargo del Dr. Alejandro Benítez, ordenó que no se le haga causa, que se derive el teléfono particular del empleado a la Agencia de Investigación Criminal para tratar de determinar las acciones de este empleado y sus contactos recientes que lo puedan vincular con este intento de ingreso de aparatos, mientras que la calificación penal provisoria del hecho es Su Investigación.

La Secretaría de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó este martes por la mañana una nueva requisa en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, donde se secuestraron 30 celulares, 2 tarjetas SIM y anotaciones que fueron derivadas a la Fiscalía en turno.

El procedimiento se inició este martes a las 6 de la mañana y finalizó a las 11:30 en el Pabellón 4; participaron la Guardia Operativa de la Restitución del Orden (GORO), el Grupo de Operaciones Especiales de Piñero (GOEP) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Santa Fe.

Al respecto, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, indicó que “por indicación del ministro (de Seguridad) Jorge Lagna iniciamos una requisa masiva en el Pabellón 4, del Módulo A, y en algunos pabellones de detenidos de alto perfil, con el fin de incautar elementos que posibiliten la comunicación de los internos con el exterior para la realización de ilícitos”.

En esa línea, detalló: “Tuvimos resultados muy positivos y que serán de gran importancia para las causas judiciales en curso, porque incautamos 30 celulares, anotaciones vinculadas a investigaciones judiciales abiertas y 2 tarjetas SIM que estaban en manos de presos de alto perfil”.