El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Venado Tuerto dictó una medida cautelar innovativa que ordena una entidad crediticia abstenerse de debitar cuotas de un préstamo no solicitado por la clienta María Cecilia D., víctima de una ciberestafa que afectó sus cuentas bancarias.

La presentación judicial fue realizada por el abogado José María Cónzoli, referente local de Usuarios y Consumidores Unidos. 

Detalles del caso

El 4 de enero de 2025, María Cecila (una profesional de Venado Tuerto) sufrió una estafa cibernética que derivó en la toma de un crédito por $4.044.600 y transferencias no autorizadas por $4.598.560 desde su cuenta bancaria. La maniobra se originó tras la publicación de un artículo en Facebook Marketplace, donde un supuesto comprador la contactó y, mediante engaños, accedió a sus datos bancarios. ​

Acciones legales y medida cautelar

Ante la inacción del banco y el hostigamiento para el cobro del préstamo no solicitado, la profesional presentó una demanda solicitando una medida cautelar innovativa. El tribunal evaluó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, concluyendo que la clienta podría sufrir un perjuicio irreparable si continuaban los débitos. Por ello, ordenó al Banco Galicia abstenerse de realizar descuentos, informar negativamente al BCRA y emprender acciones judiciales contra la actora hasta que se resuelva el proceso principal. ​

Responsabilidad de las entidades bancarias

Este fallo se enmarca en una tendencia judicial que refuerza la responsabilidad de los bancos en casos de ciberestafas. La Ley de Defensa del Consumidor establece la obligación de las entidades financieras de garantizar la seguridad de sus servicios. Diversos fallos han respaldado medidas cautelares que protegen a los usuarios afectados por fraudes electrónicos, obligando a los bancos a suspender cobros y restituir fondos. ​

El 15 de junio de 2021, una sorpresiva y no autorizada transacción bancaria alteró la tranquilidad de D.N.D. en la ciudad de Venado Tuerto, quien descubrió que la suma de $80,000 había sido sustraída de su cuenta sueldo. Inmediatamente después de notar el faltante, contactó a la identidad bancaria donde cobra sus haberes por medio de su línea 0810 y procedió a enviar un correo electrónico para informar sobre el incidente.

Sin obtener una respuesta satisfactoria tras presentarse personalmente en la sucursal al día siguiente, D.N.D., con el asesoramiento legal del representante de Usuarios y Consumidores Unidos de Venado Tuerto (UCU), el doctor José María Conzoli, decidió iniciar acciones legales. El objetivo era declarar nula la transferencia realizada sin su consentimiento y buscar reparación por daños morales y punitivos. 

Vigilancia y reparación 

“El caso avanzó a la justicia y D.N.D. logró obtener una sentencia favorable en primera instancia, un veredicto que posteriormente fue apelado por la entidad bancaria. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones desestimó los agravios presentados por la entidad bancaria y confirmó la decisión inicial, reforzando la posición de D.N.D.”, informaron desde la ONG.

El dato es que hoy, D.N.D., está a punto de recibir una compensación superior a los $2 millones, marcando un precedente importante en la protección de los derechos del consumidor frente a errores o actos ilícitos de instituciones financieras. 

“Este caso no solo subraya la importancia de la vigilancia sobre las transacciones bancarias por parte de los ciudadanos sino que también demuestra el poder de la justicia para corregir los agravios y ofrecer un resarcimiento justo. Desde nuestro despacho, estamos listos para asesorar y acompañar a aquellos que enfrenten situaciones similares y necesiten defender sus derechos ante el sistema financiero”, remarcaron desde la ONG.

La tarjeta de crédito de un supermercado nacional, con boca de expendio en Venado Tuerto, deberá abonar 32.000.000 de pesos a clientes por el cobro indebido de “gastos de gestión”.

La noticia se conoció tras un fallo del 22 de junio del poder judicial de nuestra ciudad.

La empresa TDM, que presta servicios a La Anónima, fue obligada mediante un acuerdo a implementar distintos mecanismos de devolución de los fondos.

Se trata de una demanda colectiva impulsada desde la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), desde donde mostraron su satisfacción por el desenlace.

“Luego de años de trabajo, nuestra asociación arribó a un acuerdo con la empresa Tarjeta del Mar S.A. el que fue homologado por la justicia. El 1° de noviembre de 2016 UCU promovió una demanda contra TDM con el objeto de que cesara en el cobro del cargo de gestión de cobranza y reintegrara el dinero cobrado con causa en tal concepto”, detallaron desde la ONG.

El trámite se realizó ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de Segunda Nominación de Venado Tuerto. Y fue homologado en el mes de junio de 2022, siendo el primero de su estilo en este ámbito judicial.

Entre los puntos más destacados del convenio se determina que “TDM ha ofrecido una bonificación para los consumidores involucrados cuyo monto resulta razonable en este contexto y estadio procesal del expediente por la suma de $ 32.000.000”.

A esto se suma que “parte de ese dinero se acreditará a favor de los clientes activos mediante acreditación automática en la cuenta de tarjeta de crédito. En cambio, los clientes no activos podrán recibir la bonificación mediante una solicitud en cualquier sucursal de RAPIPAGO (www.rapipago.com.ar)”.

Por otro lado, “TDM se compromete a dejar de cobrar el cargo en cuestión, quedando solamente la posibilidad de trasladar a los consumidores mínimos costos relacionados con ciertas cuestiones básicas indispensable para advertir al consumidor acerca de la mora”.

Además, “las gestiones realizadas y su monto, deberá ajustarse exclusivamente al costo de cada una conforme valores de mercado y no podrá significar ningún tipo de ganancia para TDM, deberán ser informadas al deudor en detalle, en la oportunidad de realizar el pago de tal concepto”.

Por último, define que “cualquier otro gasto que la empresa realice tendiente a comunicar o intimar a sus clientes deudores, corresponderá por cuenta y orden de la empresa, no pudiendo ser trasladado a los consumidores”.

Desde Usuarios y Consumidores Unidos aseguraron estar “muy satisfechos, por que traerá una mejora sensible en la situación de los deudores morosos de la empresa”.

Desde Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) solicitaron a los concejales poder formar parte de la discusión en lo relacionado al nuevo contrato de concesión con la Cooperativa Eléctrica que actualmente está en debate en el recinto deliberante.

Al mismo tiempo, desde la ONG plantean la idea de que se sume la Liga del Consumidor (Lideco) de Venado Tuerto.

El nuevo contrato, entre distintos puntos de relevancia, definirá si el Municipio y el Concejo tendrán injerencia a la hora de definir el porcentaje de aumento en la tarifa de electricidad. Cómo aplicar el mismo, y qué indicadores tener en cuenta para fijar el porcentaje del reajuste.

El abogado José María Cónzoli es el referente de UCU en nuestra ciudad. Y en la misiva presentada al Legislativo el 24 de septiembre sostiene que “en virtud de que se está tratando el contrato de concesión con la Cooperativa de Electricidad, propongo se le de intervención a nuestra ONG, como así también a Lideco. Únicas que operan en la ciudad debidamente registradas, en defensa de los derechos de usuarios y consumidores”.

El pedido es fundamentado en que “la reforma de la Constitución de 1994, justamente con la jerarquización de los derechos de usuarios y consumidores, reconoció el rol protectorio de las asociaciones organizadas para su defensa”.

Desde el Concejo potenciaron las reuniones con distintos actores de la sociedad en los últimos meses. En tal sentido, formaron parte de la mesa de discusión instituciones como el Centro Comercial e Industrial.

“Entiendo que el mencionado contrato, hoy en debate, tiene injerencia directa sobre los usuarios, siendo necesario plasmar en el mismo normas protectorias contempladas en la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240”, finaliza la misiva presentada en el Concejo.