Por Matías Rossi

¡Qué pena nuestros últimos años de jubilados sin un líder que realmente nos comprenda, nos tenga en cuenta y nos gobierne en concordancia! Según el Indec el índice de pobreza del segundo semestre de 2025 fue 28,2%. Ya se había publicado la línea de pobreza de la canasta básica a febrero de 2026, con esta cifra: $452.321.

La primera reflexión que se me ocurre: en marzo todos aquellos que tienen la jubilación mínima de $439.601, bono incluido -unos cinco millones de jubilados- se han convertido en el mayor grupo etario de pobres del país. Todos los jubilados perdimos, pero mucho más los que cobran menos.

La Libertad Avanza solo hasta enero de 2026 los ajustó un 173,5%, desde los $160.713 de diciembre de 2023 (según Anses). Con una inflación en ese periodo fue del 269,9% (Indec). El presidente Javier Milei no repara en gastos en sus viajes al exterior, pero congeló el miserable bono de $70.000 desde marzo de 2024 a los que cobran la mínima y que hoy por IPC debería ser de $146.650.

Y para ellos que deben cuidar sus pocos pesos, si bien el IPC anual fue a febrero de 32,3 % los alimentos aumentaron un 36% y la vivienda, gas, luz, etc. un 43,1%. Con estos datos oficiales pongo en duda, la veracidad del índice de pobreza publicado.

El Observatorio Social de la UCA lo situó en el tercer trimestre de 2025 por encima del 30% y creciendo hasta hoy. Milei festejó en referencia al índice, como un logro de su gestión y burlándose de los K twitteó: "Datos, no relato". Una afirmación para maquillar la dura realidad en la que vivimos y convencernos de una bonanza imaginaria.

La realidad es un empleo en caída, la inflación creciendo desde mayo de 2025 y una deuda pública que creció más de 100.000 millones de dólares desde 2023, de acuerdo a lo informado por el propio Ministerio de Economía. Su único orgullo es el famoso déficit 0, que no creo que le haya servido al bolsillo de ningún argentino "de a pie".

Sinceramente, esperaba de Milei un gobierno serio, para restañar las heridas que nos dejó el kirchnerismo. ¡Qué pena nuestros últimos años como jubilados, sin la esperanza de que esto ocurra!

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el martes que el índice de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025 fue del 28,2 %.

Era un dato esperado por el gobierno, que celebró la baja del indicador respecto del mismo período de 2024 (31,8 %), y por analistas que aguardaban conocer qué impacto tendrían las últimas (malas) noticias en materia de empleo, industria y consumo en este porcentaje.

Sin margen para celebrar ni para especular, lo cierto es que 13,5 millones de personas son pobres en la Argentina, y 3 millones están en situación de indigencia.

Apenas difundido el dato oficial, se conoció la opinión del Observatorio Social de la Deuda Argentina (UCA) que viene analizando desde hace más de dos décadas temas como la desintegración social, el consumo problemático, la salud mental y, como materia central, la pobreza pero en una dimensión integral, no solo medida por ingresos.

Este enfoque es importante para entender por qué el porcentaje de pobreza baja en un escenario de menor inflación pero una alta complejidad que se replica en cierre de empresas, suspensión o despido de personal, endeudamiento, menor consumo y bajos salarios.

- ¿Qué lectura hace el Observatorio de los últimos datos de pobreza difundidos por el Indec?

- Los datos marcan un descenso de la pobreza, esperable en función de los niveles de inflación y los datos parciales que estaban disponibles. Un descenso de la pobreza medida por los ingresos de los hogares se explica por la moderación de la tasa de inflación que fue importante en los años 2024-2025, en relación con 2023 y principios del año siguiente. Cuando la pobreza se mide por ingresos, este dato tiene un impacto.

Pero es importante matizar esta percepción en función de observaciones que se vienen haciendo desde el ámbito técnico, tanto del Observatorio como de otros institutos y especialistas en tema de estadísticas socio económicas, y están asociadas a la falta de actualización de la canasta según las encuestas de gastos de los hogares.

Esta desactualización genera una menor ponderación de un conjunto de componentes asociados a los servicios que, desde 2004 a la actualidad cambiaron mucho, por lo cual hay ejercicios que establecen que con esa actualización de la canasta, la pobreza hubiese bajado pero no en la dimensión que lo estamos viendo.

- ¿Cómo se explica una baja del porcentaje de pobreza en un contexto de caída de consumo, de actividad y de empleo?

- Podemos asociar a este elemento que tiene que ver con el impacto de los servicios y la reestructuración del sistema de precios relativos que tuvo lugar en los últimos años: transporte, educación, salud, comunicación y otros que tendieron a un incremento más importante.

Uno de los efectos que genera es sobre la capacidad de consumo de los hogares que se tuvo que modificar porque hay una parte más importante del presupuesto familiar destinado a estos rubros.

Esta situación impacta sobre los sectores medio y medio-bajo de la población que son los que sienten los efectos del ajuste en los últimos años.

Entonces, a la hora de explicar por qué si la pobreza baja, el consumo no repunta, hay que tener en cuenta que existen sectores de la clase media que no pasaron a ser pobres pero se han empobrecido. Y pobres que salieron de esa situación pero a quienes, paradójicamente, el dinero no les alcanza para mejorar sus niveles de consumo.

- La Odsa insiste en que la Argentina tiene un piso pobreza que ronda el 30 %. ¿Tendríamos que “resignarnos” a esta cifra o hay manera de revertirla?

- Es un nivel que cuesta superar y se explica desde el Odsa en función de la estructura social y económica, en particular en lo que tiene que ver con el empleo.

Hay un mercado de trabajo segmentado que genera oportunidades laborales y de ingresos buenos de manera muy limitada. Esto se traduce en que el 50 % de la población tiene actividades laborales dentro del sector informal o precario con ingresos que, en términos generales, son más bajos que los registrados, con más inestabilidad y menos protección social.

Después, si tomamos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida, hay un conjunto de cuestiones que no son captadas por una medición como la de pobreza que toma solamente los ingresos de los hogares, pero que están relacionados con las condiciones de bienestar: el acceso a vivienda, educación, servicios, empleo.

Estos indicadores manifiestan una fuerte desigualdad: hay sectores de la población que no solamente tienen ingresos bajos que no permiten cubrir los gastos del hogar, sino que también tienen condiciones de vida que no alcanzan a sostener niveles mínimos de bienestar y dignidad en función de los derechos sociales y económicos establecidos por la Constitución Nacional y otros tratados internacionales.

- De ese dato de pobreza, ¿se puede inferir cuánto corresponde a nuevos pobres, y, por lo tanto, cuántos ya están, incluso, por debajo de ese indicador?

- Lamentablemente con los medios que tenemos no lo podemos establecer. Es una hipótesis que vale la pena investigar y tiene que ver con el empobrecimiento de los sectores medios, que podría ser analizado más allá del umbral mínimo de subsistencia. Basta con ver el nivel de la canasta básica total y evaluar en qué medida esos ingresos alanzan para tener condiciones de vida razonables.

En ese sentido es difícil estimarlo en función de que se necesitan investigaciones en las que no se ha avanzado. Pero la hipótesis es interesante y bastante plausible.

Casi 1 de cada 4 trabajadores no come durante su jornada laboral, más de 8 de cada 10 restringe la cantidad o calidad de los alimentos por motivos económicos, más de mitad ha tenido que saltear comidas y/o elegir alimentos menos nutritivos por motivos económicos y menos de 2 de cada 10 está libre de estas privaciones, son algunas de las conclusiones a las que llegó un relevamiento técnico realizado por el Observatorio de la Deuda Social de Argentina de la UCA y Edenred que lleva por título “La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina”.

El informe destaca la importancia que tiene la alimentación en el trabajo para diseñar políticas que tiendan a disminuir los problemas que causan la mala alimentación, el exceso de peso y enfermedades asociadas en el rendimiento laboral y el ausentismo en el normal desarrollo de una actividad productiva.

En Argentina, dice la encuesta, los datos revelan una importante heterogeneidad entre los trabajadores asalariados de acuerdo a la región geográfico del país, el sector económico, el tamaño de la empresa y el nivel de ingresos; situación que replican las desigualdades que se revelan en las mediciones sobre la calidad de los empleos, el porcentaje de trabajadores registrados y los ingresos promedios respecto de otras regiones del país.

Alguna de las conclusiones a las que arriba fueron las siguientes:

-Casi uno de cada cuatro trabajadores asalariados (23%) no come durante la jornada laboral. La mayoría son trabajadores mayores de 45 años, del sector público y de empresas pequeñas. En la región del NEA la mitad de los trabajadores declara no comer en su horario laboral.

-Las regiones del NEA y el NOA presentan las mayores dificultades tanto en el acceso a la comida como en las oportunidades de comensalidad. En contraste, el AMBA y la región Centro muestran mejores condiciones.

-La economía personal determina la calidad de lo que se come: más de la mitad (56,2%) ha tenido que saltear comidas y/o elegir alimentos menos nutritivos por motivos económicos. Solo 16,5% está libre de estas privaciones.

-El tamaño de la empresa y el sector de actividad son determinantes: en empresas medianas/grandes y en el sector primario-manufacturero predomina la comida compartida mientras que en pequeñas empresas y ciertos servicios aumenta el consumo individual.

-El 26% enfrenta dificultades para comer de forma regular. Los trabajadores del sector público, con menores ingresos y con menos equipamiento en su lugar de trabajo son los más perjudicados, lo que sugiere que la organización laboral y los recursos disponibles condicionan este tiempo básico para el bienestar.

-Contar con infraestructura básica (comedor, heladera, microondas) y recibir aportes del

empleador se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas y menores niveles de privación alimentaria.

-El 23,1% de los asalariados presenta obesidad, con mayor prevalencia en adultos y en contextos laborales menos favorables. Esto refuerza la idea de que las condiciones de trabajo y los hábitos alimentarios que permiten (o impiden) impactan directamente en indicadores de salud, generando riesgos a mediano y largo plazo.

-Respecto de las expectativas de los trabajadores asalariados: el 80,4% está a favor, con mayor interés en construcción (90,1%), jóvenes (84,9%) y quienes ya enfrentan vulnerabilidad alimentaria (91,5%); el 76% considera que una pausa fuera del trabajo mejoraría su bienestar; un 69% consideraría útil un aporte económico para cubrir gastos diarios y el 50,8% lo usaría para comer más saludable.

Mauro L. Muñoz

Baja de la pobreza, inflación controlada, equilibrio fiscal y dólar estable fueron algunos de los logros destacados del gobierno de Javier Milei durante la presentación del informe de la UCA; sin embargo, se abrió una inquietud sobre un tema álgido de la actualidad: qué lugar tiene el empleo en el modelo libertario.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) presentó este jueves el informe “Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición”, a cargo del director del Observatorio, Agustín Salvia junto a investigadores que completan el equipo, además de periodistas de distintos medios invitados a debatir las estadísticas.

Si bien el informe destacó una veloz baja en la tasa de pobreza e indigencia (que se ubicaron en 36,3% y al 6,8%, respectivamente en 2025), también reparó en que el descenso se apalanca en el incremento de la ayuda estatal (principalmente AUH) y el aumento del subempleo inestable y el autoempleo de subsistencia.

El análisis señaló que el gobierno libertario logró "avances rápidos en estabilización macroeconómica como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y corrección de precios relativos". Pero apuntó, a su vez, que la estabilización se apoya en "una contracción del consumo y en una inversión privada que continúa estancada, sin señales de reactivación del crédito ni de un shock de confianza que dinamice proyectos productivos capaces de generar empleo formal”.

En ese sentido, durante la presentación que fue transmitida por streaming, se debatió si las actuales políticas económicas podrán impulsar la creación de empleo para revertir la fragmentación social en un modelo con una fuerte apuesta a los sectores exportadores como el energético, el minero y tecnológico, que si bien evidencian alta productividad no empujan la demanda de trabajo. Una discusión que cobra relevancia en el contexto actual donde el Congreso promete un álgido debate respecto al proyecto de "modernización laboral" que enviará el Ejecutivo.

El director del Observatorio abrió la presentación ubicando el debate en un cambio de época. Describió un ciclo “posconvertibilidad proconsumo, deficitario e inflacionario”, que nació tras la crisis de 2001-2002, tuvo “primeros años muy buenos” pero que "se agotó".

Ese modelo lo describió como “una especie de trampa neopopulista", que tenía déficit en producción, inversión y creación de empleo pleno. Y si bien generaba consumo, aumentaba el gasto y era incapaz de sostenerse en el tiempo.

En ese contexto, situó el nacimiento del “nuevo modelo libertario”, caracterizado como “un gobierno proinversión y proexportación, un cambio evidente de paradigma en términos político-económicos”. Modelo que, indicó, todavía no está consolidado: “Hasta acá es la expresión de un deseo. Se está desarmando lo viejo, no se está construyendo lo nuevo”, sintetizó.

La transición, según dijo Salvia, combina logros macroeconómicos con interrogantes abiertos sobre su impacto en la estructura social de la Argentina. De allí lo que definió como una posible “trampa neolibertaria”: un modelo que logra ordenar variables, pero no termina de incluir a quienes quedaron afuera.

Un tramo sensible de la presentación estuvo dedicado al mercado de trabajo. El titular del Observatorio de la UCA hizo especial énfasis en que la estructura ocupacional no cambió de manera sustantiva con el nuevo modelo, ni en la crisis inflacionaria previa ni en la fase de estabilización actual.

Según los datos proporcionados, apenas el 40% de la población activa se encuentra en un “empleo decente”: asalariado o no asalariado con ingresos regulares. Cifra que habría caído uno o dos puntos en los últimos años. En tanto que el "empleo precario pero estable" —ingresos mínimos de subsistencia, pero sin cobertura plena de seguridad social— se mantiene cercano al 27%. Y, desde 2011, crece el "subempleo inestable" y el "desempleo abierto": changas, ventas ambulantes y más recientemente los trabajos de aplicaciones.

“En Argentina no crece el desempleo, lo que crece es el autoempleo de subsistencia. No es que no hay trabajo, no hay empleo y no hay inversión”, resumió Salvia que, al sumar todas esas formas de subempleo al desempleo abierto, estimó que el 34% de la fuerza de trabajo urbana se encuentra hoy en una situación de precariedad.

Con los salarios se mostró algo parecido. En el sector privado registrado tuvo sus picos alrededor de 2011-2012, “niveles que no eran sostenibles porque no había productividad ni inversión que los respaldara”, se dijo. Desde entonces, la serie muestra caídas con altibajos y recientemente una recuperación pero a niveles prepandemia.

Asimismo, las transferencias del Estado —Asignación Universal por Hijo, tarjeta Alimentar y otros programas no contributivos— actúan como amortiguador en la baja de pobreza. Según precisó la investigadora Julieta Vera, sin esos ingresos la indigencia pasaría del 6,8% al 12,8% y la pobreza subiría del 36,3% al 41,8%.

Sobre ese diagnóstico, y luego del repaso sobre una serie de indicadores que recoge el informe, la conversación giró hacia la inminente discusión de la reforma laboral que el Gobierno anticipó para las próximas semanas. Se preguntó si las “reformas estructurales” son tan determinantes como se las presenta para que el crecimiento se transforme en empleo.

Salvia respondió con matices. “Pienso que son importantes para estimular la confianza y la inversión. Pero la reforma laboral, por sí sola, no va a crear empleo. Sumada a otras reformas, puede generar mayor capacidad de inversión interna, de pymes, y también de inversión internacional”, evaluó.

Luego apuntó tres ejes donde ve necesario un debate amplio: una modernización de las normas laborales que preserve derechos pero habilite mayor flexibilidad sectorial, regional y por tipo de actividad; una reforma tributaria que haga más partícipes a las provincias de la recaudación y otorgue más margen para impulsar desarrollo local; y una reforma previsional que atienda un sistema “deteriorado”, con posibles salidas más universales.

“Lo que se abre es un debate democrático acerca de cuáles son los componentes en materia laboral, tributaria y previsional que va a tener el país para los próximos diez años”, sostuvo el titular del Observatorio, dejando abierta la pregunta sobre si el paquete de reformas logrará consolidar inversiones que se traduzcan en empleo de calidad y mejores salarios o si la estabilización macro apuntala sectores de baja demanda laboral y poca integración social.

Una de las preguntas del panel de periodistas apuntó a las expectativas de crecimiento que el Gobierno proyecta para los próximos años. La respuesta vino de Eduardo Donza, investigador del ODSA: “El crecimiento que se está dando, y el previsible en el corto plazo, proviene de sectores que no son mano de obra intensiva. Lo previsible es que no mejore mucho la situación del mercado de trabajo; incluso podría empeorar”.

La exposición continuó con indicadores sobre la composición socioeconómica. Hubo coincidencias en que buena parte del aumento reciente del PBI proviene sectores (como el minero y finanzas) que aportan divisas pero no absorben cantidades de mano de obra. Mientras actividades como la industria y el comercio muestran estancamiento e incluso caídas como los recientes despidos y suspensiones desde metalmecánicas hasta fábricas de bienes de consumo.

“Empresas y empleos no competitivos van a tender a desaparecer. La trampa está en cuánta capacidad real tenemos para crear nuevas empresas y nuevos empleos más competitivos, sobre todo en los grandes conurbanos, con un mercado interno muy ajustado y exportaciones concentradas en determinados segmentos”, advirtió Salvia al respecto.

Pero además de los números duros, el informe incluyó indicadores de percepción. Uno de ellos apuntó a la comparación entre generaciones. Alrededor del 42% de los consultados dice que su situación económica es peor que la de sus padres. En los sectores muy bajos, esa proporción se eleva por encima de la mitad; en los estratos medios altos baja a alrededor de tres de cada diez.

Sin embargo, cuando se pregunta por el futuro de los hijos, el escenario se invierte: ocho de cada diez encuestados creen que la próxima generación va a estar mejor. En esa combinación de factores se percibe una de las claves para entender el apoyo social a un cambio de modelo, incluso cuando la mejora en el presente es acotada.

En tanto que el denominado “estrés económico” que mide el infrome —hogares que sienten que sus ingresos no alcanzan para sus necesidades de consumo— venía en aumento desde 2010 y muestra una baja entre 2024 y 2025, asociada a la desaceleración inflacionaria y a una mayor capacidad de planificación de los gastos. Pero el descenso es bastante más leve que el de la pobreza por ingresos.

“Hay una tendencia positiva, pero depende con qué indicador se la mida. La mejora es clara respecto del final de 2023 y la crisis de 2024, pero si comparamos con 2022 o 2021, no estamos mucho mejor”, marcó Vera al señalar que la capacidad de ahorro se recupera algo, sobre todo en sectores medios y medios altos, mientras que en los estratos bajos y muy bajos permanece prácticamente estancada.

Mauro L. Muñoz

La estimación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA ratificó que la pobreza y la indigencia bajaron en 2025, aunque en menor magnitud que la mejora marcada por los datos oficiales.

Evolución de pobreza según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

En su informe anual “Nuevo escenario político-económico: Estrés y bienestar en una Argentina en transición”, presentado este jueves, el organismo dirigido por Agustín Salvia, indicó que la pobreza medida por ingresos se ubicó en el 36,3% de la población al cierre del tercer trimestre de 2025, mientras que la indigencia en el 6,8%.

Sin embargo, marcó distancia con la medición del INDEC. Las estadísticas oficiales habían ubicado la pobreza al 31,6% en 2025 y la indigencia en 6,9%, con una baja de casi 10 puntos frente a 2023. Para la UCA, la mejora existe, pero es más modesta. De todos modos, la institución privada marcó que el registro es el más bajo desde 2018.

Evolución de indigencia según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

El estudio se realiza en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) realizada en aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes, con 3.000 hogares relevados y un error muestral del 1,8%.

El trabajo de la UCA liga la caída de la pobreza a tres movimientos de la economía en el último año: la estabilización inflacionaria después del shock de 2023, una recuperación parcial de los ingresos y el despliegue de programas de transferencias.

En el corto plazo, el freno a la escalada de precios y cierta recomposición de salarios y haberes —sumada al refuerzo de ayudas en los segmentos más castigados— se tradujeron en menos hogares por debajo de la línea de pobreza y menos personas en indigencia.

Pero el Observatorio pidió “matizar las mejoras”. "La mejora relativa observada entre 2024 y 2025 no constituye, al menos por ahora, evidencia de un cambio estructural en las condiciones de vida", señala el informe.

“Su sostenibilidad en el tiempo y su capacidad para generar cambios persistentes al interior de la estructura social aún deben ser evaluadas. En este sentido, persisten dudas respecto de si estas mejoras representan una recuperación duradera o solo un alivio transitorio”, plantearon.

El informe vuelve sobre un dato incómodo que recorre todo el período 2010-2025: la pobreza y la indigencia muestran “pisos estructurales” que la economía argentina no logra perforar.

En estos 20 años, la indigencia se movió en torno al 5% de la población y la pobreza nunca bajó del 25%, incluso en fases de crecimiento y con fuerte expansión del gasto social. Al mismo tiempo, entre el 30% y el 40% de los hogares urbanos pasó a depender, en distintos momentos, de programas de transferencia de ingresos.

La radiografía por estratos indica que en el sector medio alto, la pobreza alcanza al 3,5%. En el sector medio bajo, trepa al 28,4%; el estrato “bajo” llega al 57,1% y en el “muy bajo” sube al 71,8%.

Siete de cada diez personas en el escalón más vulnerable siguen siendo pobres, aun con la mejora global de los indicadores. La pobreza crónica —los hogares que fueron pobres en 2024 y siguen siéndolo en 2025— afecta al 29,9% y se concentra en esos estratos bajo y muy bajo.

Pirámide socio-económica por ingresos mensuales del hogar, según UCA.

Durante la presentación del informe, Agustín Salvia buscó desmarcar el diagnóstico de la disputa partidaria de coyuntura y planteó dos modelos sin “importar quién gobernó".

El modelo de la "posconvertibilidad" con fuerte protección social pero alto nivel de informalidad nunca logró perforar el núcleo de pobreza ni integrar al 50% de la fuerza de trabajo desempleada o en empleos precarios. Identificó, en segundo lugar, la emergencia de un “modelo libertario” al que definió como “proinversión y proexportación”, marcado por las desregulaciones de estructuras previas para favorecer la inversión privada, pero que “no está consolidado”.

“Aparece la crisis de un modelo agotado y la emergencia de un nuevo modelo libertario. Hay un cambio evidente de paradigma. Pero no está consolidado. Hasta acá es la expresión de un deseo. Se está desarmando lo viejo, pero no se está construyendo lo nuevo”.

La discusión estadística dio lugar a un planteo de método. El equipo que encabeza Salvia pone el foco en dos cambios que, a su juicio, distorsionan la película social que muestra el INDEC.

Tasas del INDEC recalculadas por UCA.

Por un lado, el Observatorio señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) redujo el subregistro de ingresos desde fines de 2023. Es decir: los encuestados declaran hoy más ingresos que antes, por cambios en la forma de relevar y procesar datos. Eso hace que la pobreza “baje más” en los papeles, aun cuando la mejora real sea menor.

Por otro lado, la UCA vuelve sobre un reclamo de larga data: la Canasta Básica Total (CBT) que usa el INDEC para medir quién es pobre y quién no sigue basada en patrones de consumo de 2004/2005, en lugar de la estructura relevada en 2017/2018.

Si se aplicara esa canasta actualizada —que pondera de otro modo el peso de los servicios en el presupuesto familiar—, el umbral de ingreso para no ser pobre subiría con fuerza: de 1,213 millones a 1,942 millones de pesos, según el ejercicio que hace el equipo de ODSA.

“En la coyuntura, la mejora relativa reciente en la pobreza por ingresos podría estar sobreestimada por cambios en el sistema de precios (tarifas y servicios), que modificaron la proporción de gastos fijos y variables de los hogares y redujeron la capacidad real de consumo”, subraya el informe.

La Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales llevó a cabo este viernes la segunda audiencia temática. En esta oportunidad escucharon proyectos de quienes forman parte de la Justicia provincial, abogados, representantes de Colegios profesionales, docentes de Facultades de Derecho con asiento en la ciudad de Rosario y de la Asociación de Fiscales y Defensores Provinciales.

Durante la actividad, llevada a cabo en la ciudad de Rosario, disertaron por el Colegio de Magistrados Cristian Warlen, Alejandro Tizón, Ivan Kvasina y Patricia Otegui. También hicieron lo propio los integrantes de los Colegios de Abogados de Rosario y de Venado Tuerto, Lucas Galdeano y Andrea Majul, respectivamente.

En representación de la UNR, participó el decano de la Facultad de Derecho, Hernán Botta; por la UAI, Fabián Lavallén Ranea; y por la UCA, Guillermo Peyrano. Finalmente expusieron Viviana O´Conell y Florencia Chaumet de las Asociaciones de Fiscales y Defensores Provinciales.

Esta comisión continuará su agenda el martes 5, a las 17 en Santa Fe, donde se reunirán con el Colegio de Abogados del centro norte provincial; a las 18 con las universidades UNL y UCA; y a las 19 recibirán al Procurador de la Corte, Dr. Jorge Barraguirre.

Un grupo de legisladores de Unión por la Patria impulsa la expulsión del diputado José Luis Espert por considerar que incurrió en una “inhabilidad moral sobreviniente” tras sus insultos a Florencia Kirchner. El hecho ocurrió durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el oficialista citó un viejo tuit suyo que provocó repudio en el auditorio.

El episodio sucedió un día después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a Cristina Kirchner. En ese contexto, Espert se refirió públicamente a la hija de la expresidenta con palabras que los legisladores calificaron como “violencia de género y simbólica”. El escándalo fue tal que debió retirarse del evento.

“El agravio no fue un exabrupto aislado, sino una agresión que legitima el discurso de odio”, afirman los fundamentos del proyecto, firmado por Juan Manuel Pedrini, Aldo Leiva, Daniel Gollán y otros trece diputados. Advirtieron que el comportamiento del presidente de la Comisión de Presupuesto daña la legitimidad del Congreso.

Además, los legisladores señalaron que sus palabras “deshumanizan al adversario político incluso en sus relaciones familiares” y destacaron que “el machismo no puede pasar como exceso verbal”. El proyecto plantea que la Cámara baja debe enviar un mensaje claro: “No todo vale en política”.

“No se trata de censura ni de revancha política, sino de ética pública”, concluye el texto, que pide sancionar a Espert por sus declaraciones fuera del recinto parlamentario, pero en ejercicio de su rol institucional.

El Índice de pobreza aumentó al término del primer semestre del año al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el mismo período, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA).

A fin del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Pobreza alcanzaba al 41,7% de los habitantes, entre los cuales 11,9% eran indigentes, es decir sus ingresos no alcanzaban para comprar la cantidad mínima de comida para la subsistencia. Durante el primer semestres del año la inflación alcanzó al 79,8%.

Estos incrementos en los niveles de pobreza e indigencia se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad.

Según el sondeo de la UCA, 24,9 millones, residentes en áreas urbanas del país habrían estado en situación de pobreza por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que en junio alcanzaba a $ 873.168, para una pareja con dos niños de seis y ocho años, con un incremento del 76,1% en el primer semestre, según el Indec.

El mismo estudio de la UCA asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA) que en el sexto mes de este año ascendía a $ 393.319 para el mismo grupo social, con un incremento del 63,4% en el primer semestre.

“La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes”, destacó el informe.

🔵Se estima que la pobreza y la indigencia durante el 2° T 2024 disminuyeron con respecto al 1°, debido a la caída de la inflación junto al aumento en los salarios de empleados formales del sector privado, aunque no fue replicado entre trabajadores del sector público e informales pic.twitter.com/DN3cYvrIZq

Por otra parte, “se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”.

El Observatorio indica que “los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado”.

“Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio” señaló la UCA.

El Indec dará a conocer el jueves 26 de septiembre el Índice de Pobreza oficial calculada al primer semestre del año.

Yasmin Lifschitz es subsecretaría de Plan Abre, un programa bien conocido en la provincia de Santa Fe, al menos en los barrios en los que se desarrolló desde el año 2014 y hasta 2019. Con fuerte presencia en las ciudades de Rosario y Santa Fe, principalmente, fue en su momento un hito en materia de integración territorial y social. Reconocido en su momento por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, y por Cippec, fue relanzado semanas atrás y atraviesa ahora el desafío de operar en un contexto de mayor complejidad económica y social.El Abre está encuadrado en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a cargo de Victoria Tejeda y, como entonces, mantiene el criterio de una política pública interministerial e intergubernamental, que tiene como sello distintivo "trabajar de manera articulada y coordinada con áreas de otros ministerios como Obras Públicas, Educación, Salud; de forma intraministerial, y con gobiernos locales que son el Estado más cercano a los vecinos", define Lifschitz en diálogo con este diario.

- ¿Qué es el Plan Abre y qué encontraron de diferente respecto de la etapa anterior en que se aplicó?

- Para nosotros es una política pública articulada. Buscamos abordar al territorio de una manera integral para afrontar la complejidad de la cuestión social y urbana, y responder a las situaciones de vulnerabilidad social que atraviesa la ciudadanía en los barrios priorizados.Es una herramienta importante para los grandes centros urbanos como Rosario y Santa Fe donde encontramos profundizadas estas complejidades y donde buscamos llevar infraestructuras básicas que mejoren la convivencia social y el entramado urbano. Es un aporte a la pacificación de los territorios.

Con respecto a lo que fue el Plan Abre, que comenzó en 2014 y se implementó hasta 2019, tenemos el desafío de volver al territorio, entendiendo que las complejidades son mayores en un contexto económico difícil, de violencia y desigualdad, donde entendemos que el Estado tiene que estar presente.

- Dentro de este relanzamiento, ¿ya está funcionando en algunos barrios de Santa Fe o Rosario?

- Dentro del contexto económico, social y político y en el de inseguridad y violencia que estamos atravesando, estamos trabajando dentro del marco del Intervención Barrial Focalizada (IBF) en la ciudad de Rosario en barrios Stella Maris y La Bombacha. Arrancamos con el Abre Familia y un relevamiento casa por casa para detectar las situaciones que necesitan un abordaje integral desde la provincia y el Estado municipal.También estamos avanzando en proyectos técnicos para ver cuál va a ser la intervención desde lo urbano y la infraestructura. Eso se está trabajando con presencia permanente del Estado provincial y municipal con el Abre Familia.

- ¿Y en la ciudad de Santa Fe?

- Trabajamos dentro del IBF en barrio San Lorenzo, hicimos el relevamiento en el marco del Abre Familia, con un abordaje intergubernamental y el proyecto de intervención urbana y en infraestructura.

- ¿Cuál es la prioridad en materia de obras e infraestructura? ¿Abrir una calle, dotar al barrio de servicios?

- A las obras y proyectos técnicos los pensamos en base a la realidad de cada barrio y cada territorio donde decidimos intervenir. Por eso las etapas de ejecución se hacen en base al lugar donde desembarcamos junto con los vecinos y según las necesidades y derechos a garantizar, no solo de infraestructura sino también desde la convivencia. Y también entendiendo el contexto y que hoy, para cualquier intervención en infraestructura estamos hablando de números millonarios.

Entendemos que es un contexto complejo pero tenemos la decisión del gobierno provincial, del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Victoria Tejeda de intervenir en los barrios donde es necesario llegar con obras de infraestructura y garantizar derechos con un abordaje social. Porque no es solamente con el policiamiento que vamos a resolver cuestiones de violencia en los territorios que estamos interviniendo; hay que hacerlo de manera integral.

- Por si hiciera falta explicarlo, ¿por qué es importante la integración urbana para mejorar la calidad de vida de la gente?

- Desde la historia y el inicio del Plan Abre que surgió con un caso muy resonante en Villa Moreno, de la ciudad de Rosario, y cómo se fueron profundizando cuestiones de violencia de los barrios, se entendió que era necesario intervenir de una manera integral, y que todos los actores del Estado estemos en una misma mesa de trabajo pensando en el territorio. Es importante la integración socio urbana, abrir calles, llevar infraestructura, garantizar derechos y hacerlo con abordajes sociales, pensando en la convivencia y participación, y trabajando todas esas cuestiones con las familias y los vecinos.

- ¿Tienen una planificación para estos cuatro años de gestión?

- Tenemos una planificación por lo menos en base al primer año de trabajo, entendiendo que el Plan Abre terminó con una escala grande en las dos ciudades.

- ¿Temen que la situación se vuelva inabordable en un contexto tan diferente al de 2014 cuando arrancó el Plan?

- Entendemos la complejidad de la situación pero estamos tratando de abordarla, priorizando barrios que entendemos que son los más complejos para, en base a eso, ir avanzando en planificación y abordar otros territorios. Quisiéramos estar en todos los barrios pero eso si es imposible; trabajamos donde hay indicadores que señalan que tenemos que intervenir en territorios priorizados.

- ¿Cómo es la recepción de la gente en esos barrios?

- La recepción es muy buena, la gente estaba esperando que pueda estar presente el Estado. Hay un buen recuerdo del plan Abre y de las intervenciones que se hicieron y tuvieron buenos resultados.

Hace apenas una semana, un nuevo informe del Observatorio Social de la UCA acaparó la atención de medios de todo el país: la pobreza, que en diciembre de 2023 se ubicaba en una cifra altísima del 49,5 %, llegó dos meses después al 57,4 % por efecto de la devaluación dispuesta por el nuevo gobierno a 48 horas de asumir y por el vertiginoso aumento de precios.

No es un indicador que surgió de un día para el otro ni una situación nueva en la Argentina. La UCA viene relevando las "deudas sociales crónicas" y "desigualdades crecientes" desde el año 2004. Pero no son las variables económicas las únicas que analiza, sino también las condiciones psicosociales en que viven las y los argentinos.

De eso trata el capítulo dedicado al "malestar subjetivo y las carencias en capacidades psicológicas" que la institución viene sosteniendo también desde hace dos décadas y cobra particular relevancia en el actual contexto de crisis aunque, aclaran desde la institución, aún no hay un análisis de los efectos en la subjetividad del primer tramo de la nueva gestión.

El estudio de la UCA está centrado en cuatro indicadores: Malestar psicológico, Creencia de control externo, Déficit de proyectos personales y Sentimiento de infelicidad. Una de las conclusiones a las que llega en el estudio de las últimas dos décadas es que "a lo largo de toda la serie (2004-2023), alrededor de 1 de cada 4 adultos presenta sintomatología ansiosa y depresiva. Se observa también un incremento notorio en los últimos dos años respecto a la serie. El malestar psicológico alcanza su pico máximo en 2023, con un valor de 26,7%".

Imagen ilustrativa. Las personas con menor nivel educativo, las mujeres y el segmento etario de entre 35 a 59 años son las que presentaron mayor malestar psicológico, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas por el informe de la UCA.

El Litoral dialogó con Solange Rodríguez Espinola. Investigadora y coordinadora del equipo Capital Humano y Bienestar del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA quien, entre otras cuestiones, destacó la importancia de buscar ayuda, y recordó que a nivel nacional está habilitada la línea gratuita 0800-9990091 que funciona las 24 horas todos los días del año para contención y ayuda en salud mental.

- ¿Cómo puede afectar la crisis económica en la salud mental de la población?

- La salud, en especial la salud mental, refleja el bienestar de una sociedad en que las personas pueden ser más efectivas, tener una proyección a futuro, con mejores recursos para salir adelante. Lo que está sucediendo es que tenemos una sociedad que está colapsando y el deterioro de la salud mental va en aumento.

Más allá de tener un empleo, si no estamos bien no vamos a producir ni vamos a ser felices, que es lo importante en el marco del desarrollo humano y social.

- ¿Aún estamos atravesando los efectos sobre la salud mental de la pandemia por Covid?

- En los estudios a nivel poblacional vemos que la incidencia en la sintomatología ansiosa y depresiva tiene una tendencia estable a lo largo de 2004 hasta la fecha, en situación post crisis de 2001. Cuando llega la pandemia estos indicadores tienen una variación en cuanto a los grupos donde se observan estas condiciones de mayor vulnerabilidad emocional, afectiva y ansiosa.

Respecto a lo que sucede en la pandemia, la posibilidad de morir o que se muera alguien cercano, de la pérdida en el poder adquisitivo o del trabajo, de la intensidad de actividades en el hogar en función de estar encerrados, tuvo una expresión posterior que significó un aumento de estos indicadores de malestar psicológico.

En la medida en que fuimos saliendo de esa situación estos indicadores no decrecieron, sino que fueron en aumento y en el último período estudiado alcanza el valor más alto de la serie de todos estos años que venimos estudiando; 26,7 % en 2023. Con lo cual resignificamos una cantidad de estresores que se suman a la post pandemia, en una Argentina donde la capacidad adquisitiva decrece, los trabajos informales están al tope, o la cuestión de una inflación en aumento, y una planificación económica del hogar que supera lo que puede la persona en función de la situación crítica desde diciembre a esta fecha.

La expresión habitual es que cuando uno tira mucho de la soga, se empieza a deshilachar en función de estas condiciones en las cuales, si bien se encuentran algunas formas de supervivencia, hay cosas que empiezan a impactar en la salud mental. Especialmente hablamos de grupos vulnerables como las mujeres; las personas adultas que son responsables del hogar y están entre los 35 años a 50, y una franja de población de sectores económicos medios que atraviesan estos cambios que alteraron sus condiciones de vida impactando en su salud mental.

- ¿Cómo buscar ayuda teniendo en cuenta que los costos de atención son altos y el sistema público de salud no alcanza a dar una respuesta a una demanda creciente?

- Ese es un gran tema. El acceso a la salud está colapsado, la demanda en salud mental ha aumentado en forma considerable pero no alcanza la respuesta desde el Estado, e incluso desde lo privado donde también observamos cierto desajuste. No todas las personas que tienen alta sintomatología ansiosa y depresiva están recibiendo atención en salud mental, sea porque no la identifican, no la buscan o no pueden acceder a ella.

Solange Rodríguez Espinola. Investigadora y coordinadora del equipo Capital Humano y Bienestar del Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA.

Por otra parte, al ser más accesible a personas con algún ingreso, queda más acotada a cierto nivel económico dejando más espacio de falta de atención y garantía de acceso a los sectores más vulnerables.

Es posible que la persona esté angustiada, tenga problemas ansiosos o habite un hogar donde alguno de los miembros padece una situación de salud mental, pero ésta no es identificada como tal y no se busca ayuda. O se entra en una instancia en la cual todo se aguanta, todo es "parte de la vida", y no hay conciencia de que es necesario tener un bienestar emocional, y que eso tiene que estar garantizado por derechos mínimos de acceso a la salud.

Es importante aclarar que en personas mayores los controles en salud fueron postergados en pandemia por un colapso del sistema y la imposibilidad de acceder a los cambios tecnológicos, tema que pudieron superar quienes tenían asistencia o ayuda. Con lo cual, en personas mayores la asistencia a una consulta médica no repuso los niveles previos a pandemia, sino que han dejado de asistir a un control en el año. En este mismo sentido se ubica la cantidad de gente que ha dejado de comprar medicamentos y de hacer tratamientos médicos en función de a restricción económica frente a las necesidades básicas.

- ¿Se tiende a un mayor individualismo en condiciones como las actuales?

- El individualismo en la sociedad está, si bien se observa que en la Argentina, en situaciones de crisis, hay una mayor interacción de unos por otros, una empatía o construcción social de ayuda mutua que es un efecto protector en la salud mental. Trabajar por otro crea bienestar en los individuos, resulta una red de apoyo y una condición de bienestar personal frente a la ayuda hacia el prójimo.

Somos una sociedad participativa, aparecen una mayor cantidad de grupos con formas de emprender, asociarnos y relacionarnos en función de necesidades. Sin embargo, tenemos una historia como sociedad que hace que determinados aspectos impacten con mayor pesimismo o con el efecto de "esto ya lo vivimos" que hace que muchas veces nos haga caer en un pozo e inacción o de no saber cómo resolverlos porque desde lo personal uno nada contra la corriente del contexto.

- En este contexto, ¿tiene más importancia fortalecer los vínculos sociales?

- Los vínculos sociales son un efecto protector, de asistencia y detección sobre todo en salud mental ya que muchas veces la persona no tiene la capacidad para buscar ayuda o no visualiza que tiene un problema, con lo cual muchas veces es ese otro el que ve o busca ayuda. Tener una red social de apoyo es sumamente importante para la salud mental.

Según el relevamiento que la UCA realiza a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo período del año anterior, la pobreza se redujo del 44,7% al 43,8%, mientras el desempleo bajó de 14,2% a 9,1%. La buena noticia queda matizada porque el informe consigna que la calidad del empleo disminuyó marcadamente en los trabajadores marginales y en los hogares de nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Y a la vez la población perdió poder adquisitivo. Por el efecto del confinamiento severo que generó la pandemia, entre 2019 y 2020 la tasa de desocupación se incrementó de 10,6% a 14,2%. “La posterior reactivación, el efecto de un persistente desaliento y las licencias por COVID-19 generaron que en 2021 la desocupación disminuya al 9,1% de la población económicamente activa”, consigna el Observatorio que dirige Agustín Salvia. Hoy el 9,1% es comparable al registro de 2014. Tanto el año pasado como éste jugó fuerte el “efecto desaliento”: desocupados que abandonaron la búsqueda de empleo al ver que disminuían las chances de conseguir trabajo. La UCA estima que sin este desaliento, y sin las vacantes que se abrieron por las licencias y suspensiones por COVID-19, la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5% en 2020 y al 12,5% en 2021 . La desocupación bajó en un marco inestable. En 2021 solo el 42,1% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno de derechos mientras que el 29,6% tenía un empleo precario, el 19,2%, un subempleo inestable y el 9,1% estaba desocupado. Esta situación, unida al efecto de la inflación, hizo que entre 2019 y 2021 el poder adquisitivo del total de los ocupados disminuyera el 7,4%. En 2021 la media de los ingresos mensuales del total de los ocupados fue de $ 50.534. Pero las situaciones son muy desiguales. Para los trabajadores con empleo pleno el ingreso medio fue de $ 68.973 y para los que tienen un subempleo inestable fue de $ 18.637.

“En el sector formal hay pocos empleos nuevos, con salarios que poco acompañan la inflación o van a la baja. En el informal se recupera más el empleo, pero golpea más la inflación, por eso no se llega a producir un giro en la situación social”, detalló Salvia en diálogo con la prensa. “Vemos un empobrecimiento de las clases medias con capacidades de ahorro”. En cuanto a la pobreza, entre julio y octubre de 2021, el 43,8% de las personas eran pobres, mientras que el 8,8% de las personas eran indigentes. Mientras que los niveles de indigencia se encuentran en valores relativamente similares a los de la prepandemia, la pobreza por ingresos es aún superior a la que se registraba en 2019, cuando llegaba al 39,8%. En este punto, Salvia destacó que “los planes sociales son fundamentales para evitar que se dispare la indigencia”. Sin estas ayudas ese índice -que es una sub categoría de la pobreza- saltaría de 8,8% a 18%. “Los efectos que tendría sacar los programas serían muy fuerte desde el punto de vista social. Generar reducciones a los programas tiene efectos muy corrosivos”. En cuanto a la pobreza, la estimación de la UCA es que sin los planes pasaría de 43,8% a 48,9%. El relevamiento estima que en 2021, el 64,9% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 14,7% en hogares con ingresos por debajo de la frontera de la indigencia. En 2020 la pobreza había llegado al 44,7% y no escaló más allá por el impacto de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con tres bonos de $ 10.000 para 9 millones de personas. En 2021 el IFE se discontinuó. “Esta vez hubo menos protección social que el año pasado porque la apuesta fue a que la recuperación de la economía ayudara a bajar el desempleo y la pobreza. Y en parte ayudó, pero la inflación se llevó puesta parte de esa recuperación”, explicó Salvia. Para 2022 el panorama no repunta. “En el mejor de los casos esperamos una tasa de crecimiento del PBI de  1,5% o 2%.  No va a haber crecimiento del empleo sino estancamiento. El mejor de los escenarios es que la tasa de pobreza esté alrededor del 40%”, apuntó Salvia. A la Argentina le va a llevar largos años volver a los niveles de pobreza del 2017, cuando el indicador estaba en 28%. “La proyección que nosotros hacemos, sin ser tan pesimistas, es que para llegar a 2030 con los niveles de pobreza de hace cuatro años necesitamos crecer 8 años al 4% anual”, dijo Salvia.