En una gacetilla dada a conocer este fin de semana, la entidad ruralista se solidarizó con el productor agropecuario Gabriel Omar Batistuta. Según recordaron, hace pocos días, tomó estado público una supuesta infracción a las obligaciones laborales por parte de la familia del muy reconocido exfutbolista, basada en una inspección que relevaba las condiciones en las que se desarrollan las tareas del personal rural.

“La acción gremial es necesaria en toda sociedad democrática porque permite exhibir las necesidades y desafíos de distintos actores sociales y económicos, a la vez que promueve el diálogo y las acciones que conduzcan a una mejor situación”, remarcaron.

También manifestaron que “cuando es la buena fe la que guía los hechos, estas iniciativas encuentran las soluciones deseadas. En esta oportunidad, la interpretación tendenciosa y la intención de ganar notoriedad por parte José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), a costa de denigrar a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo y riqueza para el país, resulta inadmisible”.

Y agregaron que “el aprovechamiento indebido de la imagen y honestidad de las personas no puede ser el motor para instalar debates ideológicos o afinidades político-partidarias inconducentes”.

Desde Carsfe instaron a promover el trabajo, el intercambio de opiniones y miradas y la responsabilidad de las instituciones que asumen diferentes representaciones, siempre que se desarrollen en un marco ético, tolerante y de confianza social irreprochables.

“También manifestamos nuestra total solidaridad con los integrantes de la familia Batistuta y de todo su equipo de trabajo, quienes nunca deberían haber sido expuestos de manera indebida a la mirada de la sociedad”.

El pasado viernes 7 de julio la Confederación renovó su Mesa Ejecutiva para el período 2023-2025, quedando constituida de la siguiente manera:

Presidente: Sara Gardiol (Sociedad Rural de Gálvez); vicepresidente: Rafael Alemán (Sociedad Rural de San Cristóbal); vicepresidente: Juan Enrique Priotti (Sociedad Rural de Chañar Ladeado); secretario: Ignacio Mántaras (Sociedad Rural de Santa Fe) y Claudio Berrueta (Sociedad Rural de Venado Tuerto), entre otros.

Una inspección del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) detectó ciertas irregularidades en la condiciones laborales de empleados de la firma Batistuta & Batistuta en el distrito Los Amores, extremo norte santafesino.

El delegado regional de Uatre, Martín Fortuna, explicó este mediodía a este medio la situación hallada en el establecimiento que pertenece al exgoleador Gabriel Batistuta y su padre Osmar.

Primeramente, el sindicalista indicó que fue un “relevamiento de rutina, con el registro como corresponde, como venimos haciendo desde hace más de 10 años atrás”, y aclaró que “los medios nacionales se están equivocando en lo que publican” porque no “no hay denuncia, solo una presentación” en la Secretaría de Trabajo de Reconquista.

Fortuna describió que todos los trabajadores auditados “estaban registrados, lo que sí con la categoría mínima de peón general, y le falta el pago de las horas extras de sábado a la tarde y domingo cuando hacen guardias, no le están pagando el 100 %”.

En cuanto a las condiciones de vivienda consignó que “no son dignas. Tiene una chapa agujereada, humedad”, y apuntó al “falta de entrega de ropa de trabajo”.

Más adelante, contó que “se hizo una audiencia esta semana en la Secretaría de Trabajo de Reconquista y se pasó un cuarto intermedio”, la firma “mandó a un apoderado legal, un abogado, y se pasó un cuarto intermedio para el 14 de julio de este mismo mes”.

En la entrevista, el referente gremial del norte santafesino insistió con que «no hay ninguna denuncia. En definitiva es un relevamiento en el que nosotros constatamos cómo están los trabajadores rurales en cualquier campo, y ahí vemos las irregularidades. Y desde Utre se cita a la empresa para que regularice lo que no le están cumpliendo los trabajadores. No hay ninguna denuncia, hay una presentación en el Ministerio del Trabajo a raíz de la inspección que hicimos para que les empiecen a pagar las horas registradas como corresponde y que le pongan las viviendas en condiciones».

Paralelamente, se mostró crítico de los medios nacionales: “Los trabajadores estaban registrados. Estaban todos registrados, todos registrados, todos en blanco. Se está vendiendo mucho humo en Buenos Aires, se está hablando de un trabajador discapacitado cuando lo que hay es un trabajador de con Parkinson nada más, pero que trabaja normalmente”.

La Policía busca a José Voytenco y a Marcelo Urban, secretario general y abogado de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), por sospechar que se encuentran implicados en el asesinato del chofer Mauricio Cordara, de 45 años y quien trabajaba para Pablo Ansaloni, actual vicepresidente de la obra social del sindicato y ex diputado nacional.

El chofer fue asesinado al ser atacado cuando llegaba a una casa en el partido bonaerense de Colón y desde el lunes se investigaba si el crimen ocurrió en el marco de una feroz interna gremial.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 17, cuando Cordara buscó a los hijos del dirigente en el colegio al que asisten y fue acribillado por al menos un hombre en la calle 20 entre 43 y 44.

Según allegados a la investigación, en los teléfonos constarían mensajes con la orden de atentar contra quien enfrentara al oficialismo del gremio.

Cordara iba con los dos menores de edad a bordo de un Volkswagen Vento. Los chicos descendieron del auto y el conductor se acercó al baúl para agarrar las mochilas. En ese momento fue sorprendido por un atacante que sin mediar palabra le disparó varias veces a corta distancia en una secuencia que duró 30 segundos.

El asesino -que iba vestido con una remera azul, jean y una gorra, de acuerdo a las imágenes que tomó una cámara de seguridad- abordó a un Fiat Palio y escapó. El vehículo, según se comprobó en las últimas horas, llevaba la patente de un auto robado en Esteban Echeverría.

Cordara se desplomó y murió en el lugar. El informe preliminar de la autopsia confirmó que el hombre recibió “entre seis y siete disparos” que le provocaron la muerte casi en el acto. En el lugar se encontraron en total 9 vainas servidas de calibre 9 milímetros.

La investigación se encuentra en manos de la fiscal Magdalena Brandt, a cargo de la UFI N°1 descentralizada en Colón, quien el lunes ordenó las primeras medidas y tareas para identificar al homicida.

La Justicia no descarta por ahora que el crimen sea parte de un conflicto gremial. Sin embargo, recién comienza el análisis de las pruebas reunidas hasta el momento para confirmar o desechar distintas versiones respecto al móvil del crimen y la toma de testimonios. Hasta ahora ya declararon el ex legislador, sus hijos y una vecina de la zona.

“Se investiga hechos previos como discusiones en asambleas del gremio. Hasta el momento no descartamos ninguna hipótesis, hay varias líneas de investigación” señaló un vocero del expediente. La fiscal Brandt también ordenó que sea peritado el teléfono de Cordara para establecer cuáles fueron las últimas personas con las que se contactó y si se eliminó información importante para la causa.

Ansaloni, además de haber sido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2021 y ser el actual vicepresidente de la Obra Social del Personal Rural de la República Argentina (OSPRERA), es candidato a presidente para las elecciones de la UATRE, con fecha para el 21 de diciembre próximo.

En enero de 2021, Ansaloni, integrante del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y presidente del Partido Fe -el espacio fundado por el fallecido dirigente rural Gerónimo Momo Venegas- fue suspendido como afiliado de la UATRE y repudiado por la DAIA por sus declaraciones antisemitas realizadas durante una charla virtual.

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están”, manifestó en esa oportunidad el ex diputado, quien luego sostuvo que la divulgación del video tuvo intención de dañar su imagen.

Luego, en febrero de ese año, Voytenco presentó una denuncia penal contra Ansaloni y otros tres ex miembros en ese momento del Consejo Directivo de Osprera por “estafa y asociación ilícita” por “un festival de viáticos, por sumas millonarias, que se autorizaban a sí mismos”, según el denunciante.