A menos de cuatro meses del vencimiento del contrato de concesión del servicio de distribución de la energía eléctrica en la ciudad, hoy en manos de la Cooperativa Eléctrica, las conversaciones entre el poder concedente y la  concesionaria se intensifican. Y si bien es unánime la voluntad de la Intendencia y el Concejo de continuar el vínculo con la empresa cooperativa de Mitre y Belgrano, y todos destacan el “buen diálogo” de los últimos tiempos, sobre todo a partir de la incorporación de asesores técnicos municipales, subsisten algunas discrepancias que habrá que solucionar en las próximas semanas.

Mientras todo eso ocurre, y el debate por la nueva concesión empieza a ganar espacio en la agenda mediática local, es oportuno recordar que en la actualidad rige un contrato extendido en forma transitoria por la ordenanza 2726/99, sancionada a fines de 1999, aunque con la reforma (en uno de sus artículos) acordada en 2003. Desde entonces se adeuda la redacción de un nuevo contrato que nunca se elaboró. Tanto es así que a menos de 120 días del vencimiento de esa prórroga de 18 años, ahora es imperioso acelerar las negociaciones (ver edición impresa de hoy de Sur24) para acordar un nuevo contrato, al menos en su núcleo principal.

Alberto Turcato, ex concejal y presidente del Colegio de Abogados.

Una figura clave en el proceso de extensión contrarreloj del contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica fue el entonces concejal justicialista Alberto Turcato, quien ahora, más de 21 años después, ante la consulta de Sur24, recuerda las vivencias de esas apremiantesn jornadas: “El 10 de diciembre de 1999 había asumido como concejal y recuerdo que en esos días la Cooperativa Eléctrica ingresó un proyecto solicitando la prórroga de la concesión del servicio por 30 años a partir de su vencimiento, que operaba en octubre de 2003. Alegaban urgencia porque en cuestión de días se aprobaría la privatización de la EPE, incluso el rumor -reconoció- era que pasaría a manos extranjeras. Yo pertenecía a la agrupación ‘12 de Junio’ y luego de un discusión interna decidimos intervenir para que el Municipio no perdiera su poder concedente y se preservara como prestadora una empresa local como la Cooperativa Eléctrica”.

Y continuó: “El bloque radical iba a acompañar el proyecto de la Cooperativa tal cual había ingresado y el Ejecutivo tenía algunas exigencias, como el pago de un canon anticipado y ciertos requisitos técnicos previo a la formación de la Comisión Redactora. Si bien la pretensión del oficialismo no era ilegítima, y hasta se podía juzgar razonable, ante la urgencia yo priorizaba la prórroga de la concesión, pero reformulando las condiciones contractuales, sobre todo en la definición de tarifas e inversiones, y en el control de los servicios anexos. Así fue que ingresó mi proyecto, que proponía 15 años de prórroga, y luego se concilió con la UCR, que acompañó mi iniciativa, otorgando 18 años a partir de octubre de 2003. La comunidad valoró la decisión porque ante la ola privatizadora se priorizaban los intereses locales”, historió el actual presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial.

Luego añadió que dicha prórroga “no era irresponsable, sino que en el artículo 2 de la ordenanza 2726 (aprobada el 29 de diciembre del ’99) se disponía crear una Comisión Redactora para definir el nuevo contrato de concesión, integrada por delegados del Ejecutivo, el Concejo y la Cooperativa, en un plazo de 180 días. Y se hacía constar que la no aceptación por parte de la Cooperativa del nuevo contrato operaría como condición resolutoria de la ordenanza y la concesión otorgada, es decir que si no había nuevo contrato, la 2726 quedaba sin efecto y por ende no existía la prórroga”, detalló Turcato.

Sin embargo, disconforme con la ordenanza, que no contemplaba el suculento canon, la Intendencia la vetó y el Concejo rechazó el veto, por lo que se generó un clima hostil, jamás se formó la Comisión Redactora y se originaron juicios cruzados entre Municipio y Cooperativa. Ese escenario conflictivo se prolongó más de tres años, hasta entrado 2003, cuando ya acechaba el fin de la concesión (fines de octubre), pero el 4 de marzo el intendente Roberto Scott y el presidente de la Eléctrica, Marcelo Cacciurri, suscribieron un acuerdo que abarcaba el desistimiento de pleitos recíprocos; el reconocimiento municipal del derecho de la CEVT al uso gratuito de los bienes del dominio público afectados al servicio concesionado; el compromiso de la Eléctrica de abonar al Municipio la suma de 800 mil pesos; y las bases de un nuevo proyecto de ordenanza, promoviendo la derogación del artículo 2 de la 2726/99 -descripto más arriba- y la integración de una Comisión Redactora que “deberá constituirse a más tardar el 1 de marzo de 2003 (…) y concluirá su cometido a más tardar el 30 de junio de 2003…”.

También acordaron que “el nuevo régimen contractual de la concesión entrará en vigor a partir del día siguiente al de la conclusión del contrato de concesión hoy vigente…”, aclarando que “si a la fecha mencionada en el párrafo anterior no hubiere sido aprobado el nuevo régimen contractual, a partir del vencimiento del plazo originario del actual contrato de concesión permanecerán vigentes, en forma transitoria, todas las condiciones del contrato de concesión celebrado el 28 de octubre de 1983…”.

Estos documentos reflejan que el convenio entre Intendencia y CEVT no incluyó, como en el ’99, la condición resolutoria, sino que se dejó el resquicio para que “en forma transitoria” siguiera en vigencia el precario articulado del ’83, si por alguna causa no se redactaba el nuevo contrato. Sin embargo, ese mismo texto fue refrendado por el Concejo, en forma unánime, a través de la ordenanza 3076 aprobada el 7 de octubre de 2003.

Sin embargo, Turcato aclaró por enésima vez: “Mi voto del ‘99 no fue el que definió la prórroga, lamentablemente, porque de aprobarse la ordenanza originaria se hubiera elaborado un contrato de concesión, dejando sin efecto el de aquel entonces, que no es ni más ni menos que el que rige hoy. Pasaron casi 18 años desde que entró en vigencia la prórroga y en ese lapso hubo cambios en la Intendencia y se sucedieron distintas composiciones legislativas, pero nadie elaboró el nuevo contrato nuevo. Esta es la verdad, lo demás es ignorancia o malicia, así que jamás asumiría una culpa por un voto que, en definitiva, se volvió abstracto, un voto que no fue. Sólo puedo admitir una actitud ingenua cuando aprobé, junto con los otros ediles (Jorge Lagna, Miguel Pedrola, Noemí Rasello, Lisandro Enrico, Delfor Hernández, Esteban Stiepovich, Juan Moscoso y Roberto Meier), un convenio para salvaguardar a la ciudad de juicios millonarios, pero sin insistir en la inclusión de la condición resolutoria que hubiera dejado sin efecto la ordenanza si no se hacía el contrato en un cierto plazo. Claro que nunca supuse que esa transitoriedad se transformaría en una eternidad”, sentenció Alberto Turcato, quien asumió como edil en medio de los ardientes debates por la concesión, a fines de 1999, y completó el mandato un par de meses después de votar, en octubre de 2003, la ordenanza que convalidó el acuerdo entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica, y cuyos ecos aún resuenan.

Cinco presidentes en la Corte. Carlos Ensinck (Rosario): Mabel Eusebio (Rafaela); Patricia Virgili (Reconquista); Andrés Abramovich (Santa Fe) y Alberto Turcato (Venado Tuerto).

Sobre el mediodía de hoy, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, encabezadas por su presidente Roberto Falistocco, recibieron en el Palacio de Justicia de Rosario a los representantes de la Federación de Colegios de Abogacía de Santa Fe, que fueron a plantear sus pesares por el mal funcionamiento del sistema informático Sisfe, que adquirió trascendencia estratégica desde el año pasado, cuando la pandemia obligó a reemplazar la tradicional presencialidad en los ámbitos tribunalicios.

Entre los participantes del cónclave se destacó la presencia del presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, Alberto Turcato, quien de regreso a Venado Tuerto adelantó a Sur24 que la reunión se extendió por dos horas y media y las respuestas fueron positivas. “Los colegios de abogacía le entregamos un petitorio al presidente de la Corte (Roberto Falistocco), quien reconoció las fallas técnicas que viene presentando el sistema informático en los últimos tiempos, con el consiguiente perjuicio del servicio de justicia”, señaló el dirigente.

Cabe acotar que el Sisfe permite consultar los expedientes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe que tramitan por ante los Juzgados y Tribunales de Primera y Segunda Instancia, incluida la Secretaría Técnica de la Corte Suprema de Justicia, en las materias civil y comercial, laboral, familia, extracontractual, circuito y contencioso administrativo.

Los abogados aprovecharon la oportunidad para solicitar otro tipo de mejoras en el procedimiento porque aun cuando funcionaba correctamente, “sólo podíamos cargar escritos judiciales durante el horario matinal, y nosotros necesitamos que ese material pueda ingresar a Tribunales en cualquier momento del día, incluso los fines de semana y feriados. Y que luego el juzgado los procese cuando corresponda, pero que el sistema nos habilite a cargarlos en cualquier momento”.

En la misma línea, detalló que el sistema sólo permite cargas de hasta tres mega y consideró que “ese límite es insuficiente, porque en materia laboral, por ejemplo, donde hay que acompañar mucha prueba documental, es indispensable aumentar esa capacidad”, aclarando que ese problema no sólo afecta a nuestra región sureña, sino que lo están sufriendo los abogados de toda la provincia de Santa Fe.

Otro aspecto que los colegios de abogados hicieron saber ante la Corte Suprema es que muchos juzgados, incluso cuando están probadas las fallas del sistema, no reciben los escritos a través de correo electrónico, como está previsto con acuerdo del Máximo Tribunal. “Habrá que unificar criterios, porque algunos juzgados lo admiten y otros no”, manifestó.

También “solicitamos la celebración de audiencias de manera virtual para que no se sigan retrasando los procesos que ya debieron reprogramarse como consecuencia de la pandemia. No queremos que todo vuelva a dilatarse”, exclamó.

En líneas generales, “quedamos conformes con el compromiso de la Corte para solucionar estas anomalías”, dijo Turcato. Y, a su vez, admitió que no consideraron prudente, al menos por el momento, el reclamo de la vuelta a la presencialidad, sobre todo porque “creemos viable una solución en el corto plazo, porque es lo más prudente en el medio de una crisis sanitaria y porque el Sisfe es un sistema tecnológico que más tarde o más temprano iba a tener que implementarse. No nos quejamos de la virtualidad, sólo exigimos que funcione correctamente”, abundó.

En la mañana de hoy, un grupo de abogados autoconvocados se manifestó frente a los Tribunales de calle San Martín, haciendo oír su descontento -algunos con mayor vehemencia- ante las dificultades que se les presentan para desplegar su actividad profesional. Al respecto, Turcato aclaró que se trató de una “expresión espontánea de los colegas”, sin ninguna vinculación directa con el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, aunque “en línea” con los mismos reclamos que la Federación de Colegios de Abogacía elevó este mediodía en la sede rosarina de la Corte.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

El presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, convocó hoy a los medios de prensa locales y regionales para divulgar que mañana al mediodía, junto a sus pares de los colegios de abogacía de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, serán recibidos en Rosario por el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Roberto Falistocco, ante quien expondrán sus quejas por el pésimo funcionamiento del sistema informático Sisfe. Dicho servicio permite consultar los expedientes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe que tramitan por ante los Juzgados y Tribunales de Primera y Segunda Instancia, incluida la Secretaría Técnica de la Corte Suprema de Justicia, en las materias civil y comercial, laboral, familia, extracontractual, circuito y contencioso administrativo.

Sin embargo, Turcato aseguró que “hace tiempo que (los abogados) no podemos trabajar de manera correcta porque no está funcionando el sistema informático (www.sisfe.justiciasantafe.gov.ar) implementado el año pasado, cuando se interrumpió la presencialidad por la pandemia de coronavirus”. Y amplió: “Ya venía con deficiencias, como lo remarcamos desde la federación que nuclea a los cinco colegios de abogacía de la provincia de Santa Fe, y este martes dejó de funcionar, con lo cual no funciona la Justicia en toda Santa Fe en materia civil, comercial, laboral y de familia (no así el fuero penal). Incluso ayer debieron suspender los términos porque los abogados trabajamos con plazos que son perentorios y se podía incurrir en pérdidas de derechos”, exclamó. En la misma línea observó el abogado que “solucionamos ese tema pero se sigue retrasando la prestación de nuestro trabajo y por eso queremos que el ciudadano común se informe de estas situaciones, porque detrás del escritorio de cada profesional hay un cliente que va a pedir sus explicaciones y los motivos del atraso de sus causas. También hay trámites urgentes que no pueden esperar y necesitamos que los juzgados los reciban, porque es la única forma. Además, con el sistema informático caído, no sólo que no ingresan escritos, sino que al no poder retirar los expedientes, tampoco podemos interiorizarnos de las causas”.

“Hay un gran malestar en la abogacía de la región y de toda la provincia -subrayó el profesional- y luego de un pedido de reunión de urgencia con la Suprema Corte de Justicia, mañana al mediodía nos recibirá el presidente del Máximo Tribunal, Roberto Falistocco. Entendemos que tiene que haber un responsable de que un sistema no funcione por fallas técnicas y así obstaculice el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado”, consideró.

“Este sistema significó un costo millonario para el Poder Judicial y para la Provincia, e incluso hace un tiempo se actualizó para su presunta optimización, pero esa mejora nunca se pudo implementar. Esperamos no sólo un diálogo amable con las autoridades de la Corte, sino también respuestas concretas”, sostuvo el ex concejal. Y, enfático, sugirió: “Si el sistema no funciona tendremos que volver a la presencialidad, como hacen en los bancos y otras entidades, asignando turnos para evitar aglomeraciones, y que los colegas puedan venir con sus expedientes a hacer sus presentaciones, pero que el sistema de justicia no se detenga. Nosotros podemos atender al cliente y brindarle el asesoramiento jurídico, pero tienen que saber que hoy el sistema judicial no está activo y nosotros en esas condiciones no podemos avanzar”.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados regional.

Este viernes 14, a las 10.30, concurrirá al Concejo Municipal el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, en respuesta a la Resolución N° 5265 del 14 de abril último, que le solicitó “una reunión a la brevedad con este cuerpo legislativo a los efectos de que nos brinde información” sobre una serie de planteos que los abogados vienen realizando a través de los medios de comunicación locales y regionales, ante lo que consideran un virtual “colapso del sistema de justicia” en la ciudad.

Según adelantó Turcato a este portal, aprovechará la oportunidad para reflejar ante los ediles la preocupación del Colegio de Abogados por la demora en el nombramiento de nuevos magistrados en juzgados estratégicos como Familia, Laboral y Circuito. Cabe acotar que en el primero de ellos la Provincia llamó a concurso para designar el nuevo juez tras la jubilación de la anterior titular del cargo (Nancy Grasso), pero los otros organismos continúan desprovistos de jueces.

También se hará hincapié en la grave e insostenible situación de tener a los dos jueces en lo Civil y Comercial (María Celeste Rosso y Gabriel Carlini) tomando a su cargo las actuaciones en los tres juzgados acéfalos, con la consiguiente sobrecarga para ellos y, por supuesto, la acumulación de causas que afecta el servicio de justicia que el Estado provincial debe proveer a los ciudadanos y además perjudica la actividad profesional de los abogados.

Con esta presentación en el Concejo, el Colegio de Abogados buscará una mayor resonancia política y mediática para los reclamos que ya hizo en sendas ocasiones, primero en forma personal y luego por nota, ante el secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, para que se normalice cuanto antes esta situación irregular en la ciudad.

Sobre su próxima visita a Sarmiento y Alem, Turcato adelantó a Sur24 que “hoy, más que nunca, necesitamos que todos los actores de la política y las entidades intermedias de la ciudad se involucren en esta problemática que resulta perjudicial para los ciudadanos y afecta el ejercicio profesional de los abogados, y por ende sus ingresos económicos”, observó, admitiendo que los clientes se disgustan con los abogados ante la postergación sin plazo de las causas y “a nosotros nos cuesta hacerles entender que no hay sentencia porque no hay juez”. Y a esto se suman las dificultades inherentes a la pandemia, con atención limitada mediante sistema de turnos y disminución de personal judicial disponible por los protocolos sanitarios.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

En momentos en que ganaban espacio mediático las advertencias por el estado de abandono de la obra del Centro de Justicia Penal en el viejo Hospital Gutiérrez, a fines de abril, la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia, y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, adelantaron, respectivamente, el nuevo llamado a licitación para reactivar los trabajos -con revisiones- y la instalación en ese espacio, el año entrante, de “un gran centro judicial y policial”. Apenas conocidas las novedades, el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción, Alberto Turcato, celebró la decisión política provincial de reanudar los trabajos en el centenario inmueble de Gutiérrez y Eva Perón. “No se conocen detalles aún, pero de las declaraciones de los funcionarios se desprende que el proyecto del Centro de Justicia Penal será ampliado sustancialmente, y eso nos entusiasma, porque nosotros cuatro años atrás propusimos agrupar no sólo los distintos juzgados (comercial, penal, civil, laboral, familia, etc.), sino también el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y otros organismos provinciales, como la Administración Provincial de Impuestos (API), el Registro Civil, la Agencia de Mediación, el Registro Público de Comercio, el Registro de la Propiedad Inmueble y agencias del Nuevo Banco Santa Fe y del Correo Argentino”, enumeró Turcato. Y amplió: “Hoy tenemos numerosos inmuebles dispersos en el sector céntrico, como el MPA, organismo del Poder Ejecutivo que cumple funciones judiciales en materia investigativa, en Alvear y San Martín; la Defensa Pública, que también depende del Ejecutivo y se encuentra en Castelli y Alvear; los Tribunales de San Martín al 600; el edificio ex Vigor en Castelli y Chacabuco; y el de Saavedra 455”.

“Algunas propiedades son de la Provincia y otras se alquilan, y muchas de ellas presentan estructuras obsoletas y un escaso mantenimiento que impiden garantizar un adecuado servicio de justicia a la ciudadanía”, describió. Y a continuación graficó el abogado que “ni siquiera tenemos una sala de audiencias en la parte civil, sino que usamos un salón de usos múltiples, que es muy pequeño y de ningún modo cumple con los protocolos sanitarios que exige un tiempo de pandemia (…) También sufrimos en su momento con el Juzgado de Familia, que ya se trasladó a los Tribunales de calle San Martín, pero durante largos años funcionó en la precariedad de una vivienda alquilada en Chacabuco al 1300”, recordó.

Más adelante, Turcato observó que la obra, tras el nuevo llamado a licitación, podría financiarse, en parte, con la venta de edificios provinciales de alto valor inmobiliario, como los de San Martín al 600 y Castelli y Chacabuco. “Desde ya que el primer paso sería desafectar ambos inmuebles del dominio público, lo que tiene que hacerse a través de una ley, y luego sacarlos a la venta en el mercado y generar cuantiosos recursos económicos”, sugirió.

“Nosotros apoyamos cuando el gobierno de Miguel Lifschitz inició la obra del Centro de Justicia Penal con el objetivo de reunir en un mismo espacio a fiscales, defensores y jueces penales de ambas instancias, pero sin dejar de advertir que en el mediano plazo sufriríamos la misma problemática edilicia. Ahora, sabiendo que puede modificarse el proyecto, vamos a insistir en la conveniencia de aprovechar un espacio amplio y de gran valor histórico como el ex Hospital Gutiérrez para agrupar todas las dependencias judiciales, además de algunas reparticiones provinciales”, sostuvo. “Así estaríamos optimizando el servicio de justicia, asegurando para el futuro una estructura moderna y funcional -como ya tienen otras circunscripciones de la provincia-, descomprimiendo el microcentro de la ciudad y revitalizando una zona que decayó en gran medida desde el traslado del Hospital. Voy a seguir luchando en este sentido hasta el final de mi gestión y también lo hará en su momento quien me suceda, pues se trata de un objetivo institucional”, cerró Turcato.

Si bien hubo voces críticas que tildaron de “faraónico” el proyecto de Ciudad Judicial, el Colegio de Abogados nunca estuvo solo en la patriada, sino que desde el vamos recibió apoyos desde los cuatro colegios de abogados colegas de la provincia y entidades intermedias locales, y además Turcato destacó el aval de todo el espectro político, como el ex intendente José Freyre, el ex diputado provincial Oscar Pieroni y el senador provincial Lisandro Enrico. Incluso, a fines de 2017, el legislador boinablanca organizó reuniones en el Centro Cívico para fortalecer la iniciativa y declaró: “Hace mucho tiempo que la ciudad de Venado Tuerto no tiene una considerable inversión edilicia en materia judicial. Esta es una oportunidad que nos habilita el desuso del viejo Hospital Gutiérrez para poder empezar a tener instalaciones de Tribunales en condiciones óptimas. Nuestro objetivo es mejorar la infraestructura judicial”.

En los próximos días el presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Alberto Turcato, concurrirá al Concejo Municipal para exponer la delicada situación que atraviesa el servicio de justicia en nuestra ciudad, que desde hace varios meses sufre la ausencia -por razones de salud- de los magistrados del Juzgado de Circuito, Vicente Militello, y del Juzgado Laboral, Jorge Verna, en tanto que se destrabó el llamado a concurso para cubrir la vacancia en el Juzgado de Familia -que ocupaba Nancy Grasso-, aunque todavía sigue sin una suplencia específica.

Sobre su próxima visita a Sarmiento y Alem, expresó el dirigente que “hoy, más que nunca, necesitamos que todos los actores de la política y las entidades intermedias de la ciudad se involucren en esta problemática que resulta perjudicial para los ciudadanos y afecta el ejercicio profesional de los abogados, y por ende sus ingresos económicos”, observó Turcato, quien admitió que los clientes se disgustan ante la postergación sin plazo de las causas y “a nosotros nos cuesta hacerles entender que no hay sentencia porque no hay juez”. Y a esto hay que sumar las dificultades inherentes a la pandemia, con atención limitada mediante sistema de turnos y menor cantidad de personal judicial disponible en función de los protocolos sanitarios.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

“Hay una fuerte sobrecarga en otros jueces, que hacen lo que pueden, pero ya están superados por las circunstancias y eso se refleja en el atraso de las causas”, lamentó el ex concejal. “Para colmo los juzgados laboral y de familia son los de mayor demanda”, enfatizó, añadiendo que “es por eso mismo, y no por capricho, que se aprobaron las leyes de creación de otros dos juzgados, uno Laboral y otro de Familia, porque estaban colapsados, pero ahora faltan los jueces originales y bajo el argumento de que no se asignaron partidas, esos nuevos juzgados no se implementan. Recién cuando haya dos juzgados laborales y dos juzgados de familia, y todos cuenten con sus respectivos jueces, las cosas se normalizarán. Por otro lado -continuó-, en Civil y Comercial veníamos bien, con dos jueces muy eficientes, pero ahora los estamos desestabilizando ante la obligación de colaborar en otros juzgados”.  Cabe acotar que los magistrados María Celeste Rosso y Gabriel Carlini no sólo atienden sus propias reparticiones (Juzgados en lo Civil y Comercial de 1° y 2° Nominación, respectivamente), sino que deben desdoblarse para actuar en el Juzgado de Familia, el Juzgado Laboral y el Juzgado de Circuito. Y hasta tendrían que salir en rescate de algunos de los juzgados de fuero pleno de Firmat, Melincué o Rufino, en caso de resultar necesario.

Consultado sobre eventuales corresponsabilidades en esta situación del Poder Judicial y la Gobernación, Turcato prefirió apuntar a la “laguna legal” que existe en la Provincia ante este tipo de sucesos. “No puede ser que no haya posibilidad de cubrir con una suplencia el cargo de un juez que se enfermó, y que no es una ausencia por una semana, sino por varios meses. Tampoco se puede llamar a concurso porque los magistrados están con licencia médica, es decir que no se trata de una vacante. Distinto es el caso del Juzgado de Familia -aclaró-, donde se llama a concurso porque su titular se acogió al beneficio jubilatorio. Ya lo habíamos hablado tiempo atrás con el senador provincial Lisandro Enrico y este martes lo hice con la diputada provincial Rosana Bellatti, planteando la necesidad de que la Legislatura elabore algún proyecto de ley para evitar que esta clase de situaciones se reitere en el futuro”, comentó.

Cabe recordar que el Colegio de Abogados regional había accedido a importantes reuniones personales en febrero último con el presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Roberto Falistocco, y con el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, entre otras autoridades, en busca de una solución expeditiva ante la imposibilidad de cubrir las mencionadas ausencias. Y a pesar de la buena predisposición exhibida, transcurrieron los meses y todo siguió igual, hasta que un mes atrás los colegiados volvieron a dirigirse por nota a los mismos funcionarios, sin encontrar respuestas una vez más.

Un mes atrás, en nota remitida a la Secretaría de Justicia provincial, el Colegio de Abogados puntualizaba que “las vacancias existentes se prevén de largo aliento y ese panorama exige a todos los sectores el análisis de soluciones creativas que favorezcan y garanticen el debido acceso a la Justicia. Se hace imperativo concretar los llamados a concurso de los juzgados con vacancias definitivas, establecer los nombramientos y puesta en marcha de los juzgados creados por ley, y contemplar algunas alternativas para poder definir presencias transitorias o subrogadas en los juzgados con vacancias temporarias, pero que se observan de largo alcance”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]En el Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial reina la decepción ante la falta de respuesta a las solicitudes de cobertura de vacantes en juzgados neurálgicos de Venado Tuerto, entre otras peticiones desatendidas hasta el momento. Con notoria preocupación, el máximo referente de los colegiados, Alberto Turcato, puntualizó que así como lo hizo dos meses atrás en forma personal, el martes 6 del corriente envió sendas notas al secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Roberto Falistocco, expresando “nuestra fuerte inquietud respecto de la configuración y estado de situación relacionado con los distintos juzgados de esta 3° Circunscripción y sus vacancias provisorias y definitivas, en los cuales en el día de ayer (5/4/21) ha podido verificarse la presencia efectiva de dos jueces a cargo de los ocho juzgados de toda la Circunscripción”.

Alberto Turcato, presidente del Colegio de Abogados.

“En febrero último, apenas se reanudó la actividad judicial, el presidente de la Cámara de Apelación en lo Comercial, Civil y Laboral, Juan Ignacio Prola, me comunicó la compleja situación que atravesaban el Juzgado de Circuito, a cargo del doctor Vicente Militello, y el Juzgado Laboral, en manos del doctor Jorge Verna, que por razones de salud no se reintegraron luego de la feria. Además, la doctora Nancy Grasso, en virtud de su jubilación, tampoco está en funciones”, describió Turcato.

También señaló el directivo en dichos escritos que “esta situación ha venido motivando una serie de presentaciones, entrevistas personales y un cúmulo de tramitaciones destinadas a resolver y paliar estos hechos, tanto ante esa Secretaría de Justicia, como ante la propia Corte Suprema, pero más allá de la disposición observada en todos los ámbitos, advertimos que la situación no encuentra un cauce que permita cuanto menos atenuar y atender de manera satisfactoria los inconvenientes que se generan”.

Por estos días los magistrados María Celeste Rosso y Gabriel Carlini no sólo cubren sus propias reparticiones (Juzgados en lo Civil y Comercial de 1° y 2° Nominación, respectivamente), sino también el Juzgado de Familia, el Juzgado Laboral y el Juzgado de Circuito, “con el agravante de que el de Familia y el Laboral son los más saturados por el mayor caudal de trabajo”, acentuó. Para más datos, ambos jueces debieron asumir por unos días las funciones del juez de Rufino, Luis Cignoli, quien dio positivo de Covid-19 y recién se reintegró en la víspera.

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“… más allá de la disposición observada en todos los ámbitos, advertimos que la situación no encuentra un cauce que permita cuanto menos atenuar y atender de manera satisfactoria los inconvenientes que se generan”.

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“Tanto Rosso como Carlini, al igual que sus colaboradores, están muy sobrecargados y esto coloca el sistema al borde del colapso”, reforzó el ex concejal venadense. “Jamás dudamos de la buena voluntad ni de la capacidad de trabajo de estos jueces, pero humanamente hay un límite, y es esperable que en breve sobrevengan demoras que no sólo perjudicarán nuestra tarea profesional como abogados, y por lo tanto nuestra fuente de ingresos, sino también, que es lo más importante, se lesionarán los derechos de los justiciables”, remarcó.

En cuanto a los necesarios reemplazos transitorios de Militello y Verna, el dirigente cuestionó que la actual ley de subrogancias no contribuye a un trámite expeditivo para facilitar esas suplencias. Y con igual énfasis reprochó que aún no se haya llamado a concurso para cubrir el cargo de juez de Familia, pese a que desde hace largo tiempo se sabía que Grasso dejaría ese rol para acogerse al beneficio jubilatorio.

Al respecto, en el texto remitido al secretario de Justicia provincial, el Colegio de Abogados puntualiza que “las vacancias existentes se prevén de largo aliento y ese panorama exige a todos los sectores el análisis de soluciones creativas, que favorezcan y garanticen el debido acceso a la Justicia. Se hace imperativo concretar los llamados a concurso de los juzgados con vacancias definitivas, establecer los nombramientos y puesta en marcha de los juzgados creados por ley, y contemplar algunas alternativas para poder de alguna manera definir presencias transitorias o subrogadas en los juzgados con vacancias temporarias, pero que se observan de largo alcance”.

Asimismo, Turcato recordó que en la Circunscripción hay dos juzgados creados por ley, uno de Familia y otro Laboral, esenciales para reforzar la estructura existente, “pero faltan las partidas presupuestarias”, lamentó. “Y ni siquiera están contempladas esas asignaciones para este año”, añadió, aunque lejos de resignarse, volvió a reclamar en tal sentido ante los funcionarios provinciales y judiciales: “No exigimos que sea inmediato, pero sí que se inicie el proceso, pues un concurso suele demandar meses, y más aún la instalación de un nuevo juzgado”, completó.

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