(Por Agustín Aranda) - Con la publicación y entrada en vigencia del nuevo texto constitucional de la provincia, Rosario entra en una etapa inédita: la autonomía municipal plena. El cambio habilita a las ciudades de más de 10 mil habitantes a dictar su propia carta orgánica, con facultades para definir organización institucional, competencias locales y ciertas reglas fiscales. 

Está previsto que el intendente Pablo Javkin anuncie este 8 de octubre un mensaje para precisar qué normas podrá aplicar la ciudad de inmediato y los plazos para convocar a la convención que redacte la carta orgánica rosarina. 

Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo en declaraciones radiales que la autonomía permitirá a los rosarinos moldear el perfil de ciudad que quieren sin injerencia externa.

“Rosario es la ciudad más importante de la provincia y con un peso específico a nivel nacional. Al no ser capital, siempre ha necesitado autorizaciones provinciales para definir su perfil, por ejemplo, el régimen de tierras y los tributos. Ahora eso va a poder decidirlo de forma directa y autónoma”, indicó.

Javkin recibió en el Palacio Municipal a los decanos de las facultades de Derecho de la UNR y la Pontificia UCA sede Rosario. Foto: Municipalidad de Rosario

Botta aclaró que la iniciativa, que se conocería el 8 de octubre, un día después de los festejos por el Día de la Virgen del Rosario, cuenta con insumos académicos. “El intendente Javkin nos solicitó a las dos facultades de Derecho -la de la UNR y la de la UCA- formular aportes para consagrar la nueva carta orgánica que consagra la autonomía municipal de Rosario”, dijo el decano.

“Trabajamos al interior de nuestras facultades -agregó-, hacia centros de estudio e investigaciones, y recogimos aportes junto con asociaciones externas a la universidad, como la Bolsa de Comercio”.

Para Botta, la intervención universitaria no es meramente técnica: implica validar saberes que “trascienden lo académico” y dotar de legitimidad al debate local.

La autonomía habilita, en términos concretos, una serie de potestades que antes dependían de la Legislatura provincial o de acuerdos puntuales. Primero: la carta orgánica municipal -redactada por una convención electa- funcionará como la norma máxima local que reglamenta la organización del municipio, la división de poderes, mandatos y mecanismos de participación.

En lo fiscal, la reforma consagra la autonomía económica y financiera: los municipios podrán administrar tributos propios dentro de límites que fije la carta orgánica, y existirán reglas más claras sobre coparticipación y emisión de deuda con controles establecidos por la Constitución.

La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución Provincial y sus normas entraron en vigencia el pasado jueves 10 de septiembre, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Foto: El Litoral

Si bien ese punto ofrece herramientas nuevas para financiar obras y servicios, también plantea la necesidad de asegurar un piso de recursos estable para evitar que las competencias queden desfinanciadas.

En materia de suelo y planificación urbana, Rosario podrá definir directamente la extensión del ejido, zonificaciones, normas de edificación y regulaciones para usos mixtos o de densidad. Ese margen de maniobra promete acelerar respuestas sobre vivienda, desarrollo de barrios y obra pública sin tener que tramitar cada decisión ante la Provincia.

La autonomía alcanza también la gestión de servicios: transporte, obras públicas, redes y mantenimiento del espacio público podrán gestionarse con mayor independencia técnica y normativa.

Y en lo democrático, la carta orgánica abre la puerta a mecanismos más directos de participación -consultas vinculantes, presupuestos participativos, iniciativas ciudadanas- que, si se instrumentan, acercarían la toma de decisiones a los barrios.

La implementación práctica de la autonomía enfrenta varios retos.

La coordinación con la Provincia también exigirá reglas claras: habrá materias en las que las competencias se superponen (seguridad, ambiente, infraestructura metropolitana) y será necesario construir mecanismos de articulación o resolver controversias institucionales.

Finalmente, la autonomía exigirá transparencia y canales reales de participación para que la carta orgánica refleje prioridades ciudadanas y no sólo acuerdos entre élites políticas.

La idea de un “perfil de ciudad” con ejes claros no parte de cero en Rosario: la ciudad viene elaborando planes estratégicos desde los años noventa. El Plan Estratégico Rosario original (PER) y sus continuaciones pusieron el foco en transporte, urbanismo, ambiente, desarrollo económico y cohesión social como líneas orientadoras del desarrollo local.

Estudios académicos recuerdan que el proceso participativo del primer PER (años 1996–2002) constituyó una experiencia pionera de planeamiento estratégico participativo en la ciudad. 

En 2018 se presentó una actualización orientada hacia 2030 -el Plan Estratégico Rosario 2030-, construido con la participación de cientos de instituciones y diseñado para consolidar una ciudad inclusiva, integrada y sostenible; ese proceso fijó líneas para cultura, innovación, movilidad y hábitat, que hoy funcionan como insumo político y técnico para quienes redacten la carta orgánica. 

A su vez, la proyección metropolitana y los instrumentos urbanos recientes (Plan Rosario Metropolitana, actualizaciones del Plan Urbano y el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030) articulan criterios sobre ordenamiento territorial, conectividad y adaptación al cambio climático que la futura carta orgánica podrá incorporar como mandatos normativos y prioridades presupuestarias.

Esos documentos ofrecen bases técnicas -zonas de crecimiento, ejes de movilidad, metas ambientales- que facilitan pasar del diagnóstico a normas y proyectos concretos.

Desde este 1° de enero de 2025, los consumidores en el país podrán ver detalladamente cuánto pagan de impuestos en cada compra que realicen. Se trata del “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”, una medida incluida en la reciente Ley Bases, que tiene como objetivo principal mostrarle a la sociedad el impacto de los tributos en los precios finales de los productos y servicios.

Este cambio busca también visibilizar la carga impositiva que pesa sobre la actividad productiva en el país.

El Gobierno implementó este nuevo sistema para que los ciudadanos puedan identificar cuánto de lo que pagan corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. En la Argentina, la presión tributaria es una de las más altas de la región y afecta directamente los costos de producción y los precios finales.

Según voceros del Gobierno, esta medida también busca exponer la gran cantidad de impuestos existentes, muchos de los cuales se superponen entre distintas jurisdicciones. Uno de los puntos más cuestionados en los últimos meses han sido las tasas municipales, que en muchos casos no cuentan con una contraprestación clara y que algunos intendentes han aumentado considerablemente para cubrir déficits fiscales.

El régimen se pondrá en marcha de manera gradual:

Primera etapa: Desde este miércoles, las denominadas “grandes empresas”, como supermercados y cadenas de electrodomésticos, deberán discriminar en las facturas o tickets el IVA y los Impuestos Internos contenidos en las compras. Esto permitirá que los consumidores vean de forma clara cuánto representan estos impuestos en el precio final.

Segunda etapa: A partir del 1° de abril de 2025, el resto de los contribuyentes deberán adecuar sus sistemas de facturación para cumplir con esta normativa. Además, se buscará que las provincias y municipios se adhieran al sistema para incluir también los impuestos locales. En el caso de las tasas municipales, no se especificará el monto exacto por producto, pero sí se mostrará su incidencia en el precio final.

Otra disposición incluida en la Ley obliga a que los impuestos también sean detallados en las etiquetas de los productos (flejes de góndola) y en la publicidad. Sin embargo, esta medida se implementará más adelante. El Gobierno espera que esto sea posible en abril de 2025, pero dependerá de los avances en la primera etapa.

Por ahora, el foco estará en los grandes contribuyentes. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es avanzar de manera escalonada para garantizar que los comercios puedan adaptar sus sistemas de facturación sin inconvenientes.

La presión tributaria efectiva nacional, entendida como la recaudación nacional en términos del PBI, culminó el año con un nivel del 23,8%, lo cual implica un aumento de 0,12 puntos porcentuales respecto a la del año 2021, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

“Sin embargo, en esta recaudación anual hubo 3 anticipos extra de ganancias recibidos en el último trimestre del año que totalizaron $220.050 millones de pesos, es decir, un 0,26% del producto interno bruto. Sin estos anticipos la presión tributaria efectiva habría sido 0,14 puntos porcentuales menor que el año anterior”, expone el análisis firmado por el economista Nadin Argañaraz.

“En efecto, el impuesto a las ganancias habría aumentado la presión efectiva en 0,57 p.p. del PBI teniendo en cuenta los tres anticipos extra, sin ellos, el aumento sería de 0,31 p.p. Siguiendo el ranking con las variaciones en puntos porcentuales para el periodo 2021-2022, se observa que el único impuesto con aumento de presión tributaria es el impuesto a las ganancias, aún descontando los anticipos extras mencionados”.

Sobre los impuestos a créditos y débitos en cuenta corriente, seguridad social e IVA “prácticamente no registran variaciones significativas”. En el otro extremo se ubican derechos de importación, combustibles y derechos de exportación como aquellos tributos que tuvieron una disminución de importancia relativa al PBI.

Al comparar la evolución de la presión tributaria en los últimos 4 años, “obtuvo un aumento de 0,75 puntos porcentuales del PBI y de 0,49 p.p descontando los anticipos extras de ganancias. Comparando con 2019 los principales tributos -señala el informe- este aumento es explicado fundamentalmente por la dinámica del impuesto a las ganancias, con un aumento de la presión tributaria de 0,58 p.p., seguido de bienes personales con 0,36 puntos porcentuales.

“Si no se consideran los anticipos extras de ganancias, el impuesto con mayor aumento de presión tributaria sería bienes personales. También derechos de exportación aportaron un aumento de 0,14 p.p”.

En 2020, con la crisis de COVID-19, el promedio de recaudación tributaria como proporción del PBI de América Latina la fue del 21,9%, una reducción de 0,8 puntos porcentuales (p.p.) respecto a 2019. Así lo detalla el informe 2022 del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

América Latina recauda 21,9% de su producto

El promedio de América Latina representa el promedio no ponderado de 26 países de la región, sin contar con Venezuela, “debido a problemas de disponibilidad de datos”. En 2020 hubo distintos niveles entre el 12.4% de Guatemala y el 37.5%, de Cuba. En esas cuentas, la Argentina figura con una recaudación nacional del 29,4%.

“Entre 2019 y 2020, este indicador se redujo en 20 países, en gran medida, como consecuencia del impacto del COVID-19. En la mayoría de los países de ALC, la reducción de los ingresos tributarios nominales estuvo acompañada de un descenso del PBI nominal y, en casi todos los casos, los impuestos se redujeron más que el PBI, por lo que se produjeron descensos generalizados en los respectivos coeficientes tributarios”.

En el período 2019/22, “hay tributos que disminuyeron su presión tributaria, como por ejemplo los impuestos a seguridad social, que tuvo la mayor caída, con una disminución de 0,45 puntos porcentuales. Los otros dos impuestos que le siguen con importante caída son los derechos de importación y combustibles, con descensos de 0,39 p.p. y 0,23 p.p., respectivamente”.

La Fiscalía de Barcelona pidió ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública que implican una defraudación por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, por haber simulando que no residía en España. 

El ministerio público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 la cantante residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en ese país. 

La artista colombiana ya ha devuelto 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria española, más otros tres millones en concepto de intereses. Sin embargo, eso no la libera de sentarse en el banquillo. Está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública. 

El pasado miércoles, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que, se comunicó, ella confía “plenamente” en su inocencia. 

Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero finalmente los representantes legales de la artista rechazaron la última oferta del ministerio público. 

En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”. 

Sin embargo, la opción de un acuerdo existe hasta el mismo día del juicio. 

La última información de la Fiscalía de Barcelona llega dos días después de que Shakira rechazara el acuerdo que le ofreció la Fiscalía, anunciando que se sentará en el banquillo. Según comunicaba su agencia de comunicación, la artista confía “plenamente” en su inocencia y espera salir victoriosa de esta batalla. 

La Hacienda española reclamó unos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en ese país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado de empresas con sede en paraísos fiscales. 

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “papeles del paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que Shakira residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba figuraba en diferentes documentos como domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas. 

El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años. 

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones. 

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”. 

Ignacio Hintermeister El Litoral Un nuevo indicador de la Bolsa de Comercio de Rosario concluyó que en 2021 las Cadenas Agroindustriales realizaron un aporte tributario de $ 2,8 billones al Estado Nacional, lo que representa el 23,5% de los recursos tributarios totales percibidos. Según las estimaciones, en el mes de diciembre del año que acaba de finalizar, las cadenas realizaron aportes tributarios por un total cercano a las $ 282.562 millones, o unos US$ 2.773 millones al tipo de cambio oficial promedio del mes. Esto implicó un incremento del 22% con respecto al mes de noviembre.

El análisis -que lleva las firmas de Javier Treboux y Emilce Terré- propone “mostrar la relevancia que tiene el campo y la agroindustria en la economía nacional”. El documento será mensual y acompaña a Informe de Coyuntura Económica BCR. “Para realizar este indicador se analizan seis eslabones que forman las Cadenas Agroindustriales: el sector primario, el sector industrial (fabricación de manufacturas de origen industrial), el sector comercial, el sector transporte, el sector de maquinaria agrícola y los servicios conexos a la actividad. “A su vez -añade el documento- los impuestos considerados fueron los de mayor incidencia recaudatoria: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derechos de Exportación (DEX), Impuestos a las Ganancias de Sociedades y Personas Físicas, Aportes y contribuciones a la seguridad social, e Impuestos a los Débitos y Créditos bancarios”. Aclaran los autores que, al tomar solo una parte del listado de tributos que gravan la actividad productiva, comercial y el consumo, “se está subvaluando el impacto total de la actividad agroindustrial en las finanzas públicas. “La generación de valor por los efectos directos e indirectos a través de los consumos y las inversiones del sector (demanda derramada sobre otros sectores) no forma parte del estudio, por lo que puede considerarse otro factor de subvaluación”. Según detalla el documento, las retenciones -Derechos a la Exportación- fueron los de mayor impacto recaudatorio en la estructura impositiva de las Cadenas Agroindustriales en 2021, generando un saldo de $ 861.093 millones, un 31% del total que tributaron las cadenas en los eslabones y en los tributos puestos en consideración. El segundo en importancia en recaudación fue el aporte efectuado en concepto de IVA, que generó saldos por $ 745.416 millones y representó cerca del 27% del total tributado por las Cadenas. En tercer lugar, quedaría el Impuesto a las ganancias con un aporte a lo largo del año de $ 542.107 millones, representando el 19% del saldo total. El cálculo de la BCR señala que las cadenas agroindustriales “realizaron un aporte tributario cercano a los $ 2,8 billones de pesos a las arcas del Estado Nacional, de los 11,9 billones que recaudó el organismo público en dicho año, según información de AFIP”.

Detalla el documento que el complejo soja fue el que mayor porcentaje de retenciones aportó,a partir de la mayor alícuota sobre sus productos. Totalizó tributos por U$S 6.721 millones, “el 74% del aporte de las cadenas analizadas. Lo siguió en importancia el complejo maíz, con tributación bajo este concepto por un total de U$S 1.560 millones, y representando el 17% del total estimado para las principales cadenas. En tercera posición se ubicó el complejo trigo con U$S 600 millones en retenciones, y una participación del 7%”.