Este lunes, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y cautelar contra Ramiro D., el segundo implicado en la causa se investiga el violento ataque que sufrió el pasado 8 de noviembre, Juan Carlos Salinas, quien aún permanece internado en el Hospital Dr. Gutiérrez de Venado Tuerto. 

El detenido, quien sería hermano de la persona que en un primer momento se había sindicado como sospechoso, también empleado de la concesionaria de autos propiedad del principal acusado Kevin P., recibió la misma imputación, “homicidio en grado de tentativa” y se le dictó la prisión preventiva ordinaria.

Según se supo, las imágenes que lograron recolectar durante el proceso de investigación, fueron evidentes para involucrar a Ramiro en el hecho y ponerlo en el lugar del ataque durante la mañana del 8 de noviembre cuando Salinas recibió dos puñaladas en la zona abdominal, mientras se encontraba fuera de su vivienda en Pringles 88. 

En este marco, la abogada Ana María Regidor, quien representa a la familia de la víctima, explicó en el programa radial “Antes que nada” (LT29) confirmó que “las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron su participación”, en el hecho. 

“Tras un análisis meticuloso de las grabaciones, se pudo establecer que Kevin y Ramiro estuvieron juntos desde la noche anterior al ataque, y que fue Kevin quien apuñaló a Juan Carlos Salinas. Las pruebas son claras: las vestimentas, el comportamiento y la secuencia de los hechos apuntan directamente a él”, afirmó la abogada.

Las imágenes fueron fundamentales para poner mayor claridad al caso. Según Regidor, los videos muestran a ambos detenidos, que habrían pasado la noche en vela, en dos lugares claves: la agencia de automóviles de Kevin y el edificio donde pasaron la noche antes del ataque. En estos videos se observa a Kevin y Ramiro en el Fiat Palio en el que se dirigieron al lugar del apuñalamiento, así como el regreso al vehículo poco después del incidente. Además, se detallan los movimientos de ambos dentro de la agencia de automóviles, donde se muestra al segundo imputado recibiendo dinero poco antes de la agresión.

En cuanto al desarrollo de la causa, la abogada indicó que se estableció la prisión preventiva también para este segundo implicado. “El riesgo de fuga y la peligrosidad procesal son factores determinantes. La fiscalía y la defensa coincidimos en que la coautoría está suficientemente probada y que la prisión preventiva es necesaria hasta el avance del juicio”, explicó Regidor.

La investigación ha sido compleja, con semanas de trabajo detrás de las pruebas y una serie de testigos y elementos que continúan surgiendo. Además, la abogada dejó claro que no se descartaron nuevas detenciones, ya que aún falta mucho por esclarecer en este caso.

Este martes, en los Tribunales de Venado Tuerto, se llevó a cabo la audiencia imputativa y cautelar contra Kevin P., de 31 años, acusado de apuñalar a Juan Carlos Salinas, de 68 años, el pasado viernes 8 de noviembre. Además de este hecho puntual que fue calificado como “homicidio en grado de tentativa”, se le imputaron otros hechos vinculados con tenencia de arma de fuego y amenazas. 

La audiencia comenzó pasado el mediodía, con la presencia de la fiscal que entiende en la causa, Mayra Vuletic; el abogado defensor Ignacio Blanc Codina, la querellante Ana María Regidor y el juez Adrián Godoy. 

En el inicio, se dieron a conocer los hechos imputados que abarcan desde amenaza hasta tentativa de homicidio:

El primero de ellos fue por “portación ilegal de armas”, que data del mes de marzo de 2024, en un episodio poco claro que se produjo en el subsuelo del edificio donde vive el imputado. 

El segundo fue por amenazas y disparos el pasado 23 de octubre de 2024. Allí, Kevin P. habría amenazado a Juan Carlos Salinas, disparando contra su casa, luego de que el perro lo mordiera.

El tercero fue por agresión y coacción, con fecha 7 de noviembre. Según reza en la causa, el acusado ofreció una suma de 2 millones de pesos a Salinas a cambio de que retirara la denuncia y, además, lo amenazó de muerte en caso de que no accediera.

También hay daños que habría provocado en la Comisaría Segunda.

Finalmente, y el hecho más grave se suscitó el viernes 8 de noviembre, cuando se dio el ataque violento con puñaladas que terminó con Salinas internado en el Hospital Gutiérrez. 

Según las investigaciones, el imputado no habría actuado sólo, incluso no se pudo determinar hasta el momento que haya sido él el autor material del ataque, ya que el agresor llevaba un casco. Hay una persona identificada como posible complico o coautor, aunque se encuentra prófuga. 

Durante su declaración, Kevin P. negó su participación en los hechos de las puñaladas y las amenazas, calificándolas como "mentiras". 

Por su parte, el abogado defensor, Blanc Codina, solicitó la libertad bajo reglas de conducta o, en su defecto, que fuera internado en un centro en Buenos Aires para tratamiento de adicciones. Sin embargo, el juez Adrián Godoy resolvió que permanezca en prisión preventiva ordinaria, pero con el seguimiento y tratamiento farmacológico necesario para su adicción a las drogas, que había sido documentada en el proceso.

En declaraciones a la prensa, la fiscal Vuletic expresó su satisfacción con la resolución del juez, destacando que la prisión preventiva de Kevin P. era una medida razonable y proporcional dada la gravedad de los delitos que se le atribuyen. Aclaró también que, aunque el imputado no recibirá internación, se le continuará con el tratamiento farmacológico en el servicio penitenciario. Además, subrayó la importancia de que las evidencias presentadas por la fiscalía fueron determinantes para que el juez decidiera esta medida de prisión preventiva.

En cuanto al otro sospechoso, la fiscal detalló que aún se están trabajando en los detalles de su identificación, aunque ya se tiene conocimiento de su identidad y se espera su pronta detención.

La audiencia, que se extendió por varias horas debido a la cantidad de evidencias presentadas, concluyó con la confirmación de que Kevin P. permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones en torno a los hechos y al prófugo.

La discusión entre el imputado y la víctima habría comenzado por el comportamiento del perro de este último.

Días previos, al parecer el animal corrió a Kevin, lo cual posteriormente habría desembocado en un ataque del joven contra la vivienda del hombre de 68 años.

Como consecuencia, Juan Carlos radicó la correspondiente denuncia. Y Kevin iba a ser imputado en una audiencia que se desarrollaría en los tribunales venadenses a las 11 del viernes, cosa que nunca ocurrió porque el ataque se registró a las 9.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo.

El tribunal presidido por el juez Leandro Martín, no dio lugar al hábeas corpus presentado por la defensa de Antonio Di Benedetto, solicitando mejores condiciones de detención para el condenado en la causa conocida como “Megaestafa inmobiliaria” o, en caso contrario, brindar la prisión domiciliaria.  

Esta estrategia judicial llega luego del rechazo, tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, del pedido de morigeración de pena para que Di Benedetto pueda continuar cumpliendo la condena de 12 años de prisión en su domicilio, aludiendo un deterioro en el estado de salud a partir de las precarias condiciones de alojamiento en el penal de Piñero.

En esta oportunidad, el recurso utilizado por la defensa fue el del hábeas corpus, fundamentado en un agravamiento de las condiciones de detención que derivó en una desmejora en la salud del interno. Sin embargo, para los jueces no se evidencian cambios en dichas condiciones, desde que comenzó a cumplir la condena hasta la actualidad. 

Incluso, según expusieron los magistrados, a medida que se fueron solicitando mejoras puntuales, desde la unidad carcelaria las fueron cumplimentando. Incluso, desde el Servicio Penitenciario se acreditó la atención que se le brinda, la medicación que recibe, las comidas que se le administra y hasta el ofrecimiento de ser cambiado de celda, sin embargo, por elección propia se quedó en la actual que comparte con otras dos personas en el Pabellón de Oración.

A su vez, se recordó que el pedido de prisión domiciliaria ya había sido resuelto oportunamente, tanto por el tribunal como por el juez de Cámara Tomás Orso. 

En un juicio abreviado que se desarrolló este martes en los Tribunales de Venado Tuerto, condenaron a tres años de prisión de ejecución condicional a la joven que atropelló intencionalmente con su auto a su expareja, quien se movilizaba en moto junto a otras mujeres. El hecho, de gran trascendencia pública, ocurrió el pasado 17 de junio en Lisandro de la Torre y Brown, quedando grabado por cámaras de seguridad.

Cabe recordar que, el joven que conducía la motocicleta, expareja de la imputada, decidió no presentar cargos, aunque sí lo hizo una de las acompañantes quien, a raíz del siniestro, sufrió una fractura. De todos modos, se llegó a un acuerdo judicial que se terminó homologando este martes.

Según el fallo, además de los tres años de prisión de ejecución condicional, también se le impuso a Paula Alejandra Lucas, tres años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, por el delito de lesiones graves dolosas en calidad de autora. 

A su vez se establecieron reglas de conducta como constituir domicilio por el término de tres años, debiendo dar aviso en caso de modificarlo a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) o al Ministerio Público de la Acusación; someterse al control post penitenciario todos los meses; prohibición de acercamiento o contacto, por sí o por terceros, con las víctimas del delito que formaron parte del acuerdo, sus domicilios y grupos familiares; abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes en exceso; y mantener buena conducta. 

“Si la condenada no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si la conducta persistiere o reiterase el incumplimiento, el Tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia”, establece el escrito.    

El hecho ocurrió el día 17 de junio del corriente año en la intersección de Brown y Lisandro de la Torre. Allí, la joven de 24 años que se movilizaba en un automóvil Renault Logan colisionó contra una motocicleta XR 150 cc, en la que circulaba un joven de 24 años junto a dos mujeres de 21 años. 

El siniestro quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron, no sólo el momento del impacto, sino las escenas posteriores, donde la piloto del auto, hoy condenada, se baja y golpea a los motociclistas. Incluso, en el video se observa a otras mujeres que también descienden del vehículo y se suman a la agresión. 

En las próximas horas, Juan Alfredo “Fredy” Dabove recuperará su libertad luego de permanecer 21 días detenido en la Alcaidía de Melincué, dando cumplimiento así a lo establecido por el juez de Cámara Tomás Orso, tras la audiencia de apelación que se llevó a cabo el pasado martes en los Tribunales de Venado Tuerto, donde se fijó una caución de 60 mil dólares y reglas de conducta que deberá cumplir hasta que se defina su situación procesal con la segunda instancia judicial que, según se estima, podría ser antes de fin de año. 

Por cuestiones administrativas –debían presentar el embargo de un terreno de 2.500 metros cuadrados y de una cuenta bancaria de 34.000 dólares que fueron presentados como fianza-, su liberación se terminó demorando, de todos modos, la defensa avanzó con dichos trámites y, a más tardar, este viernes al mediodía, el profesor podría regresar a su casa, donde estará bajo la tutela de su pareja y de su exsuegra (abuela de su hija mayor). 

Cabe recordar que, dentro de las reglas de conducta que se le dictaron, las tutoras deberán presentar un informe semanal y además no sólo no podrá salir del país, sino que no podrá ingresar a Teodelina, donde vive su expareja y denunciante, junto con sus hijos menores de edad. A su vez, deberá presentarse todas las semanas en la Comisaría para firmar e informar su permanencia en Venado Tuerto. 

En este marco, Javier Dabove, hermano de Fredy, recordó que “según la Constitución Nacional somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, en primera instancia, donde se dio un debate con mucha polémica, con muchas críticas en la valoración de las pruebas, recibe una condena (11 años de prisión) que no es firme. Es decir, que aún es inocente y tiene derechos a una apelación y a esperar esa audiencia en libertad”. Y añadió: “Fredy tiene un arraigo afectivo, amoroso, laboral, en la ciudad de Venado Tuerto y tiene todo su derecho a continuar con esta vida”. 

Asimismo, y en referencia a la caución que se estableció, sostuvo que “no es que un culpable queda libre por plata, sino que es un monto de dinero que se contrapone al riesgo de fuga, esa es la función específica, que forma parte del proceso judicial, un derecho que tiene en este caso Fredy para esperar el proceso en libertad porque no hay una condena firme”. 

“Lo que se va a discutir en la apelación de la condena, es la valoración de los dichos, de los hechos, de la prueba, en definitiva”, indicó. Allí jueces de Cámara evaluarán lo actuado y harán su propia interpretación que puede derivar en una reafirmación de la pena o en la absolución.

Javier Dabove también aclaró que, tanto el imputado como su familia y círculo íntimo, nunca expuso la identidad de los menores, con el objetivo de protegerlos. “Sin embargo, la madre, en reiteradas oportunidades y en diferentes medios los mencionó y expuso públicamente. Nosotros ni siquiera nombramos el apellido de la familia materna”, exclamó. 

Seguidamente, habló de “toda una realidad, que incluso hablaron los propios testigos, de obstrucción del vínculo de los menores con la familia paterna, previo a las denuncias, arrancando a los niños la posibilidad de tener contacto con sus abuelos, hermana, tíos”. Y agregó: “Posterior a las denuncias, la Justicia ordenó la revinculación con la hermana mayor, pero no fueron llevado a ese encuentro con la hermana. Hay una vulneración de los derechos, no sólo de esos niños sino también de la hermana adolescente en ese momento”.   

Seguidamente, preguntó: “¿Realmente esos niños no querían vincularse con esa hermana, con su padre, con su familia y amigos? Es muy llamativo”.

El hermano de Fredy también habló de falsas denuncias y disparó: “La falsa denuncia es un problema para todos y todas. Le puede pasar a cualquier persona, además de afectar el funcionamiento de la justicia. Pensemos en todos los recursos y logística que se pone a trabajar detrás de una denuncia falsa. Este es un tema que habría que trabajarlo, hablarlo porque afecta a todas y todos”. 

En una audiencia celebrada este miércoles en los tribunales de Venado Tuerto, los jueves Silvina Marinucci, Aldo Baravalle y Leandro Martín, establecieron el monto de la fianza y reglas de conducta que deberá cumplimentar Juan Alfredo “Fredy” Dabove para poder recuperar la libertad, tal como lo estableció el juez de cámara Tomás Orso el martes último. 

De este modo, el profesor condenado en primera instancia a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hijo menor de edad, quedaría libre hasta que se haya una condena firme. 

Durante esta jornada, el tribunal definió una caución de 60 mil dólares (57.300.000 pesos). Además de fijar dirección en Venado Tuerto, se estableció que Dabove va a estar al cuidado de dos personas: su actual pareja y su ex suegra, quienes deberán hacer un informe semanal con datos sobre su vida cotidiana. También Dabove deberá presentarse todas las semanas en la Comisaría, no podrá salir del país y no podrá ingresar a la ciudad de Teodelina, donde actualmente está radicado su hijo y la madre.

Desde la defensa, se propuso, para cubrir el monto de la caución, una caja de ahorros en dólares por uds 33.400 y un lote de 2.500 metros cuadrados, valuado en 35.000 dólares. Esta oferta fue aceptada por el tribunal, aunque deberán ingresar un oficio, tanto al banco donde está la cuenta como al Registro de la Propiedad, para informar sobre el embargo. Sin embargo, al tratarse de trámites administrativos que pueden demorar entre 15 y 20 días, se dispuso que con los documentos de la presentación del trámite alcanzaría para otorgar la libertad. 

Es así que, entre jueves y viernes, Dabove podría recuperar la libertad.

Por otro lado, el abogado defensor, Arsenio Domínguez remarcó que ya está hecha la presentación de la apelación al fallo. “El expediente tiene que subir a la Cámara, donde quedará a disposición de las partes durante 10 días, tal como lo establece el Código Procesal Penal y después se fijará la audiencia para debatir el recurso. Creemos que será antes de fin de año”, enfatizó. 

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

El abogado que representó a la querella en el juicio contra Juan Alfredo Dabove, profesor de música condenado el pasado viernes en los tribunales de Venado Tuerto a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y por ser encargado de la guarda de su hijo menor de edad, Ignacio Blanc Codina mostró conformidad por la pena establecida por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Silvina Marinucci (presidenta), Benjamín Révori y Leandro Martín. “Las pruebas presentadas fueron contundentes”, exclamó. 

“Estamos totalmente conformes con el fallo, ya que fue condenado por unanimidad por el tribunal, dato que no es menor, porque si tres jueces se ponen de acuerdo y resuelven de manera unánime, significa que no hubo la más mínima duda de que el hecho penal existió y que el acusado es el responsable”, explicó el abogado, recordando que la Fiscalía había solicitado un máximo de 10 años de pena y la querella había pedido 14 años de prisión, por ello “esta sentencia de 11 años nos deja muy conformes”, enfatizó. 

Seguidamente, el letrado señaló: “Estamos hablando de un hecho aberrante, como todo acto de abuso sexual, pero al ser cometido por el padre a una criatura de entre 4 y 5 años, cuando debía estar protegiéndola y no lo contrario, abusando sexualmente de él, hay un plus de aberración como también de atipicidad. En este marco, los jueces tuvieron en cuenta una prueba dirimente que está vinculada con lo que el menor sostuvo en un trayecto de entre dos años y dos años y medio aproximadamente, que duraron las pericias, ante cinco psicólogos distintos; una misma versión, los mismos hechos y con un hilo conductor de una historia que repetía constantemente, llevando a los profesionales a establecer que, sin ninguna duda, el daño que se había provocado era imposible de desacreditar”.

Para el abogado, el intento del acusado de sostener que las versiones habían sido manipuladas por la propia madre, quedó desestimada frente a las pericias realizadas, ya que en ningún momento hubo incongruencias o diferencias en lo expresado por el niño. “No podría haber engañado a cinco profesionales distintos”, enfatizó. 

Al ser consultado por los informes médicos, Blanc Codina detalló que “el médico forense acredita que, a su entender, no había una lesión en zona anal que tenga un correlato con lo que el menor estaba diciendo; sin embargo, el día anterior, el mismo niño había sido revisado por primera vez por su pediatra de confianza que, efectivamente manifestó que no le quedaba ninguna duda de que, lo que el menor había dicho, había sucedido”, añadiendo que se trata de un médico pediatra de gran trayectoria y experiencia, no sólo en el ámbito privado sino también en el público, ya que brinda servicios en el Hospital Dr. Gutiérrez.

El abogado de la querella destacó la decisión de los jueces de dictar la prisión preventiva para el acusado que, el mismo viernes, tras conocerse la sentencia, fue inmediatamente trasladado a la Alcaidía de Melincué. “Fue algo novedoso, porque lo que veníamos viendo era que había fallos que solicitaban la prisión preventiva, pero que no la materializaban hasta que la resolución no esté firme. Sin embargo, el tribunal, de manera unánime fue contundente y dispuso que se materializara la prisión preventiva de manera inmediata, cuando el acusado había llegado en libertad al juicio”, indicó. 

Cabe resaltar que la decisión del cumplimiento inmediato de la prisión preventiva se dio por varios aspectos, como la acreditación de reiteradas violaciones del imputado a condiciones que se le habían impuesto durante el proceso, considerándose que, en esta instancia, con una condena de 11 años el riesgo de incumplimientos y hasta de fuga era mayor; o el pedido de la mamá del menor en el mismo juicio que, a raíz de lo que se le preguntaba terminó aportando información puntual sobre lugar de residencia, colegios, horarios y demás, requiriendo de protección necesaria para retomar la normalidad en su vida. 

El Dr. Blanc Codina no descartó la posibilidad de una continuidad en el proceso judicial, porque “esta causa se inicia por partida doble: el abuso sexual contra el niño, que luego avanzó y se llegó a juicio, y por un abuso sexual cometido contra otra menor de edad, su hija. Por una cuestión estratégica, se decidió ir a juicio por el caso del varón atento que los elementos probatorios eran más fuertes, pero, además, de esa manera, la niña terminó siendo, lamentablemente, testigo presencial de lo que había pasado con su hermano”. Y exclamó: “No se descarta la posibilidad, en un futuro, de evaluar si se va a avanzar en un nuevo juicio por la situación de la niña. Es un tema que aún es muy pronto para evaluarlo”.

Por último, resaltó que, seguramente, desde la defensa del imputado, a cargo de Silvia Couselo, se avanzará en la apelación, tanto de la sentencia como de la prisión preventiva, marcando la diferencia con lo establecido por los jueces de primera instancia. 

En horas del mediodía de este miércoles, en los Tribunales de Venado Tuerto, se imputó por “homicidio simple en grado de tentativa” al presunto agresor de Moncho Álvarez, el joven de Venado Tuerto que protagonizó el video “Colgala viral”, quien aún se encuentra internado con un grave cuadro en el Hospital regional Dr. Gutiérrez. A su vez, se dispuso la prisión preventiva ordinaria y sin plazo. 

La fiscal que lleva adelante la investigación, Mayra Vuletic, presentó las pruebas recolectadas hasta el momento que apuntan contra el imputado, quien permanecerá en prisión mientras avanza la causa. 

Según expuso la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, las importantes lesiones que sufrió Álvarez, fractura de cráneo con hemorragias, fueron provocadas por dos botellazos con envases de vidrio. El primero ya lo habría dejado inconsciente y el segundo terminó agravando el cuadro.

Cabe señalar que Policía Científica logró secuestrar del lugar estas botellas utilizadas para cometer el hecho, las cuales que fueron enviadas a analizar al laboratorio de genética, convirtiéndose en una prueba significativa.

En cuanto a la imputación, la fiscal dejó en claro que es provisoria, ya que la víctima está peleando por su vida y aún no se sabe cuál será el resultado de esta grave agresión, siendo un aspecto valorado por la Justicia para determinar la prisión preventiva sin plazo. 

Durante la audiencia de este miércoles, se les dio lugar a los familiares de la víctima para que puedan hablar frente al juez. Así, la madre y la hermana de Álvarez fueron las encargadas de expresarse, tal como lo establece el artículo 80 del Código Procesal Penal y la Ley de Víctimas. 

Este miércoles por la mañana comenzó en los tribunales de Venado Tuerto el juicio contra el preparador físico de 54 años, cuyas iniciales son GOC, acusado de abusar sexualmente de 9 menores de edad. En esta primera jornada hubo seis testigos, entre los que se destacan un policía, que fue el encargado de realizar los allanamientos en el gimnasio de su propiedad que estaba ubicado de 25 de Mayo y Francia; una exnovia que convivió con el acusado en 2004; una kinesióloga; una psicóloga que atendió a dos denunciantes; y familiares de las víctimas, entre ellos un médico. 

Tal como estaba previsto, el debate empezó pasadas las 8.30 y durante varias horas se escucharon las exposiciones de varios testigos, bajo la atenta mirada de los jueces Benjamín Révori, Aldo Baravalle y Lorena Garini; de la fiscal que encabezó la investigación, Florencia Schiappa Pietra, quien solicitó una pena de 35 años de prisión; de la abogada querellante Ana Regidor; y del acusado que estuvo presente en el edificio judicial de Chacabuco y San Martín. 

El primero en prestar declaración fue un efectivo de la policía, Walter Bogado, que participó de los allanamientos en el gimnasio del acusado, quien confirmó que durante el procedimiento en la “sala de masajes” incautaron una camilla, diferentes cremas, entre ellas un gel íntimo, y tres preservativos. 

Seguidamente fue el turno de una exnovia que contó lo tortuoso que fue su convivencia con el imputado en el año 2004; la psicóloga que atendió y acompañó a dos de las víctimas; la kinesióloga que planteó que los supuestos masajes descontracturantes que les hacía el preparador físico en la zona abdominal, como así también en los pectorales, poco tenían que ver con una práctica profesional; un médico y padre de una de las menores que dio detalles de los abusos; y familiares y allegados a las denunciantes. 

Cabe recordar que los hechos que se investigaron fueron cometidos en perjuicio de nueve víctimas, todas menores de edad, entre 2008 y 2021. “El acusado perpetró los ilícitos en un gimnasio ubicado en Venado Tuerto al que las niñas asistían en busca de sus servicios como entrenador deportivo”, recordó la fiscal.

Según detallo Florencia Schiappa Pietra y que fueron puntos centrales en esta primera jornada, “GOC agredió sexualmente a las víctimas mientras les hacía supuestos masajes descontracturantes en distintas partes del cuerpo”. Al respecto, aclaró que “los hechos se reiteraron en el tiempo y hubo menores de edad que sufrieron los abusos durante al menos tres años”.

“Las víctimas concurrían al gimnasio entre dos a cuatro veces por semana”, indicó la fiscal. “El acusado aprovechó esos momentos en los que quedaban a su cargo y actuó a través de engaños y manipulaciones”, precisó.

Además subrayó que “GOC abusó de su rol de entrenador y de la vulnerabilidad extrema de las víctimas, quienes habían confiado en él para crecer en competencias deportivas”. También puntualizó que “el acusado era reconocido localmente por la supuesta calidad de los servicios deportivos que brindaba y gozaba de cierto poder, el cual configuró el medio comisivo y le facilitó impunidad al momento de desplegar su accionar delictivo”.

Por los delitos en perjuicio de dos de las nueve víctimas, el acusado será juzgado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Todos los delitos fueron atribuidos agravados por ser el acusado encargado de la educación.

Al hombre investigado también se le endilgó la autoría de cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante; un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple. Todos estos ilícitos también son agravados por ser encargado de la educación

La Fiscalía presentará más de 70 testigos a lo largo del juicio. Por su parte, tres de las víctimas, que actualmente son mayores de edad, brindarán su testimonio personalmente ante el tribunal.

Los alegatos de clausura fueron programados para el jueves 14 de marzo, mientras que el lunes 18 está previsto que se realice la audiencia en la que los jueces darán a conocer la sentencia.

Fotos y cobertura: Mauro Dalmazzo.

Familiares de Claudia González, asesinada por un policía de Seguridad Vial, reclaman frente a los Tribunales de Venado Tuerto en rechazo a la decisión del Juez Tomás Orso de dejar en libertad a los dos agentes que mantuvieron una pasividad total a la hora de evitar el femicidio y posterior intento de homicidio sobre el compañero de la víctima.

La protesta dio inicio aproximadamente a las 11 hs con carteles y pancartas, expresando el malestar con el magistrado y pidiendo que de marcha atrás en la decisión tomada.

“Estamos enojados e indignados, porque dos de los policías que fueron cómplices le dieron la libertad bajo fianza. Esto fue dictaminado por Tomás Orso. Queremos que estén en prisión preventiva y no gocen de privilegios por ser policías. El reclamo es que estén detenidos”, manifestó Eugenia, hermana de la víctima fatal.

Un trágico final

El brutal femicidio se produjo el sábado 18 de septiembre sobre Ruta Provincial 90 en jurisdicción de Elortondo.

El fiscal a cargo, Julián Cochero, expuso que “los uniformados estaban cumpliendo funciones a bordo de un patrullero de la policía de Seguridad Vial”.

El funcionario del MPA relató que “González transitaba en auto junto a su actual pareja y los agentes comenzaron a perseguirlos con el móvil”.

En tal sentido, destacó que “los policías encendieron las sirenas e hicieron señas de luces para que el otro vehículo detuviera la marcha”.

Narró que “ante la intimidación, las víctimas pararon en la banquina y, por orden de los imputados, se bajaron del auto”.

Planteó que “entonces, el uniformado con el que la mujer había mantenido una relación de pareja le quitó la vida con el arma reglamentaria”, y añadió que “si bien el policía intentó dispararle al hombre que viajaba con ella, no lo logró por razones ajenas a su voluntad”.

“Luego, quien provocó la muerte de González forcejeó con la otra víctima y trató de ahorcarla”, afirmó el fiscal. “Todo el accionar delictivo fue cometido con la complicidad de los otros dos agentes investigados, quienes no hicieron nada para impedir la persecución por la ruta, el femicidio ni la tentativa de homicidio”, aseguró.

Delitos

El funcionario del MPA recordó que “a los policías se les endilgan el delito de homicidio doloso calificado (por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género -femicidio-; por la relación de pareja y por abuso de la función de las fuerzas de seguridad); y una tentativa de homicidio agravado (por abuso de la función de fuerzas de seguridad)”.

“El agente que disparó el arma tiene 28 años, y está imputado como autor de los ilícitos”, detalló Cochero. “Por su parte, los otros uniformados, cuyas iniciales son MLA y JR, son investigados como partícipes secundarios de los delitos”, concluyó.

El miércoles 23 de septiembre en una audiencia cautelar, quedaron en prisión preventiva los tres policías investigados por el femicidio de Claudia González.

Sin embargo, el 18 de octubre el juez de la Cámara de Apelaciones, Tomás Orso, revocó la prisión preventiva para los dos policías de Seguridad Vial (Jonatán R. y Mario R.) que presenciaron pasivamente el femicidio de Claudia González en manos de su ex pareja.

Desde la Cámara consideran que se trata de “dos policías jóvenes subordinados a Leguizamón (el femicida).

Tomás Orso entiende que “tampoco se puede descartar que los dos policías, por inexperiencia o escases de formación hayan quedo shokeados por lo sucedido, por lo vertiginoso y extremo. Y por el beneficio de la duda, la prisión puede ser suplida con una serie de reglas”.