Un hombre de 30 años identificado como Esteban Damián Zapata fue condenado a cuatro años de prisión por haber robado herramientas en Venado Tuerto. Así lo ordenó la jueza Paula Borrello, en el marco de un juicio oral y público que finalizó este viernes en los tribunales venadenses.

La fiscal que realizó la investigación es Florencia Schiappa Pietra, quien valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”. Asimismo, señaló que “la pena impuesta es cercana a la de seis años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA recordó que “en el marco del mismo legajo penal, ya había sido condenado en un juicio abreviado un hombre llamado Federico Perez, a quien se le impuso una pena de tres años de prisión condicional”. Según aclaró, “a diferencia de Zapata, este hombre no tenía antecedentes penales condenatorios”.

Schiappa Pietra indicó que “de madrugada, los condenados robaron en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Nueva”. Precisó que “accedieron al domicilio a través de un portón de 2,10 metros que treparon, rompieron la rejilla trasera de una camioneta que estaba estacionada en el garaje y se apropiaron de diferentes pertenencias que estaban en el interior del vehículo”.

“Zapata y Pérez

 sustrajeron dos amoladoras; dos atornilladores; una caladora; cargadores y baterías; una caja de herramientas plásticas, y un nivel de mano”, enumeró la fiscal.

Asimismo, la representante del MPA puntualizó que “momentos más tarde, agentes policiales que estaban haciendo un patrullaje preventivo en las inmediaciones del inmueble vieron que los coautores del ilícito llevaban consigo los bienes sustraídos mientras cruzaban un baldío”. En tal sentido, remarcó que “minutos después, los interceptaron y advirtieron que había descartado los elementos robados”, y agregó que “al volver sobre los pasos de los condenados, los uniformados encontraron las herramientas y aprehendieron a los dos hombres”.

En tanto, Schiappa Pietra manifestó que “Zapata y Perez fueron trasladados de inmediato a la comisaría Segunda de Venado Tuerto, donde ese mismo día alrededor de las 12:30 provocaron daños materiales”. Al respecto, detalló que “intentaron forzar las rejas de la celda en la que estaban alojados y rompieron el revoque del marco de una puerta de metal y varias puertas de madera cercanas”.

Zapata fue condenado como coautor de robo calificado (por escalamiento) y daños simples.

El juez penal Aldo Baravalle, integrante del tribunal que condenó a Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual agravado, explicó los fundamentos del fallo y defendió la decisión de dictar prisión preventiva tras la lectura de la sentencia.

“El tribunal entendió que los hechos que fueron acusados oportunamente tanto por la querella como por la Fiscalía fueron debidamente probados con la prueba que se rindió en el debate”, sostuvo Baravalle, quien también remarcó que la pena impuesta de 15 años se ajusta a los pedidos de las partes y a las escalas penales vigentes.

En relación a la entrega de fundamentos, indicó que quedarán a disposición de todas las partes y podrán ser analizados de cara a eventuales apelaciones. “Seguramente será la defensa quien recurra la decisión”, anticipó.

El magistrado también se refirió a la decisión de dictar prisión preventiva para el condenado, que hasta ese momento transitaba el proceso en libertad con restricciones. “Al haber una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, se agrava la situación procesal del imputado. Evaluamos que era necesario cautelar su persona con la máxima medida, que es la prisión preventiva”, explicó.

Ante la consulta sobre los fundamentos de esta decisión, Baravalle destacó el incremento del peligro de fuga: “El riesgo procesal aumenta considerablemente cuando hay una condena, por más que no esté firme”.

Además, reconoció que el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias personales y expectativas de las víctimas al resolver la prisión preventiva: “Cuando una sentencia reconoce los derechos de una víctima, es necesario asegurar que esa decisión se haga efectiva. Si no se ejecuta, se produce una nueva frustración para quienes atravesaron todo el proceso”.

Sobre los elementos de prueba, Baravalle afirmó que “están analizados en forma exhaustiva en el fallo de fondo”, y que la resolución sobre la prisión preventiva remite a esos argumentos. “Las partes tendrán oportunidad de analizarlos y eventualmente apelarlos”, aclaró.

Finalmente, el magistrado desestimó los dichos de la defensa, que aludieron a una supuesta presión social. “Evidentemente hay casos que generan más atención pública, pero eso no condiciona nuestra tarea. Hemos resuelto muchos juicios por abuso con una sola víctima y sin público, siempre aplicando la ley y los tratados internacionales”, concluyó.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra celebró el fallo, que consideró un avance significativo en la protección de víctimas vulnerables.

Durante la audiencia de lectura del fallo, los jueces hallaron culpable al religioso por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su rol educativo y por el daño ocasionado a la salud mental de una de las víctimas. Además, se lo responsabilizó por tres hechos más de abuso sexual simple, también agravados por su función como docente.

“La Fiscalía había solicitado 16 años y el tribunal condenó a 15, manteniendo las calificaciones legales que propusimos. Estamos muy conformes”, expresó Schiappa Pietra.

Schiappa Pietra también hizo hincapié en la reciente reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe, que permite considerar una condena de primera instancia como un nuevo factor de peligrosidad procesal para dictar prisión preventiva. “Esto fue discutido durante la audiencia y los jueces coincidieron en que esta reforma no hizo más que reafirmar criterios que ya venían aplicándose”, explicó.

Si bien la medida cautelar ya fue dispuesta, se espera que la defensa de Ortiz y Hontoria apele tanto el fallo como la prisión preventiva. La fiscal anticipó que primero se llevará a cabo la audiencia por la apelación de la cautelar. Mientras tanto, el condenado será trasladado al establecimiento penitenciario de Melincué.

“No venía sintiendo una respuesta que estuviera a la altura del daño sufrido por las víctimas, pero este fallo repara en parte esa deuda y marca un precedente”, concluyó Schiappa Pietra.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

Este martes 17 de junio comenzó el juicio oral y público contra Pedro Ortiz y Hontoria, exdirector del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto. Está imputado por cuatro hechos de abuso sexual contra alumnas menores de edad, ocurridos tanto en el ámbito escolar como durante viajes institucionales a Santa Rosa de Calamuchita.

El juicio, que se desarrolla en los tribunales venadenses, se extenderá durante al menos dos semanas, con audiencias previstas hasta fines de junio y una extensa lista de testigos, entre los que figuran padres, profesionales de la salud, docentes y personal del establecimiento. También se proyectarán las cámaras Gesell de las niñas víctimas y de otras testigos menores.

La Fiscalía acusa a Ortiz y Hontoria de haber cometido abusos entre 2019 y 2021, aprovechando su condición de autoridad pedagógica y su cercanía con las alumnas. La querella está a cargo de la abogada Ana María Regidor, representante de una de las familias, quien remarcó: “Estamos juzgando a un hombre adulto que abusó de cuatro niñas menores de edad. Esto no es un juicio contra la Iglesia ni contra la congregación ni contra el colegio”.

Regidor subrayó que los hechos denunciados comparten una mecánica reiterada, basada en el abuso de poder, el aislamiento de las víctimas, y una constante presión psicológica ejercida por el imputado, quien —según el relato de las niñas— aprovechaba situaciones cotidianas, como clases, actividades extracurriculares o salidas escolares, para perpetrar los abusos.

La primera jornada estuvo marcada por la presentación de incidencias procesales por parte de la defensa, que intentó invalidar la constitución del tribunal, argumentando supuestas irregularidades en la excusación de una de las juezas originales. Según alegó, la jueza Marinucci, quien se había excusado por proximidad con una de las víctimas, no había formalizado correctamente su apartamiento, lo que —a criterio de la defensa— tornaba nula la integración actual.

Sin embargo, tras un cuarto intermedio, los jueces desestimaron el planteo por considerarlo extemporáneo y carente de agravio concreto. “El tribunal está constituido desde septiembre de 2024 y la defensa nunca cuestionó su composición hasta hoy”, explicó Regidor, quien agregó que la defensa incluso admitió no tener objeciones personales contra el juez que se integró en reemplazo.

Sí fue admitido un segundo pedido de la defensa: que el imputado pueda seguir el debate en forma remota vía Zoom, por “dificultades para permanecer en Venado Tuerto durante el proceso”. La excepción fue concedida con la condición de que Ortiz y Hontoria se presente en forma presencial el día de la lectura del fallo.

La primera testigo del juicio fue una psicóloga que declaró no en su rol clínico, sino como referente de la Oficina para la Recepción de Denuncias de Abusos de parte del Clero o Consagrados, una estructura eclesiástica de investigación interna. Según explicó, fue la primera en recibir la denuncia de padres preocupados por el comportamiento del religioso, lo que dio origen a una investigación interna en el ámbito de la Iglesia.

De ese proceso resultó un expediente actualmente radicado en Roma, aún sin resolución canónica. La testigo aseguró que ni el hermano Santos ni el hermano Lázaro —referente nacional de la congregación— consideraron verosímil la denuncia. Según su declaración, atribuían las actitudes del imputado a su carácter, restando importancia a las señales de abuso.

“Cuando los padres no obtuvieron respuesta en el plano eclesiástico, decidieron avanzar con la denuncia penal”, explicó Regidor.

Los cuatro hechos por los que se acusa a Ortiz y Hontoria habrían ocurrido dos en el interior del colegio y dos en un hotel de Santa Rosa de Calamuchita, durante actividades recreativas organizadas por la institución. La querella indicó que la mecánica del abuso fue reiterada: acercamiento físico injustificado, comentarios de connotación sexual, manipulación emocional y sometimiento en contextos donde el imputado tenía autoridad directa sobre las niñas.

“Una de las niñas incluso relató que sufrió abusos tanto en el colegio como en el hotel”, agregó Regidor. Los testimonios, tanto de las víctimas como de otras menores que actuaron como testigos, serán claves para reconstruir el patrón de conducta del imputado.

Según lo previsto, las audiencias continuarán durante esta semana y la próxima. Este miércoles se realizará la cámara Gesell de la niña representada por Regidor, acompañada por los testimonios de terapeutas y psicólogos que la asistieron durante su tratamiento. “Es un cronograma flexible, puede haber modificaciones si hay convenciones probatorias o testigos que desistan de declarar”, aclaró la abogada.

Además, se espera el testimonio de personal del colegio, peritos que relevaron los espacios donde habrían ocurrido los abusos, y profesionales que elaboraron los informes psicológicos incorporados como prueba.

Cobertura periodística y fotos: Mauro Dalmazzo. 

Este miércoles, se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto la audiencia de apelación del fallo de primera instancia que condenó al reconocido músico y docente, Alfredo “Fredy” Dabove, a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijo menor de edad. La resolución de los jueces que conformaron el tribunal, estaría a mediados del mes de febrero. 

Dabove, quien recibió el apoyo de familiares y amigos fuera del edificio judicial de calle Chacabuco y Castelli con carteles y pancartas, llegó acompañado de su abogado, Arsenio Domínguez; mientas que en representación de la querella estuvo el abogado Ignacio Blanc Codina. 

Durante varias horas, tanto la defensa como la querella y la Fiscalía, expusieron sus argumentos frente a los jueces, quienes ahora tendrán en sus manos la decisión de confirmar el fallo o absolver al músico de culpa y cargo. 

Finalizada la audiencia, el abogado Domínguez subrayó dos elementos clave que, a su juicio, son esenciales para la revisión de la sentencia: la calidad de las pruebas presentadas y la validez de los informes psicológicos utilizados en la causa.

El abogado hizo hincapié en la importancia del informe del médico forense, que indicó que no se encontraban evidencias de lesiones físicas en el supuesto caso de abuso. Según manifestó, este informe debe prevalecer sobre los informes psicológicos presentados por la querella y la fiscalía. “El médico forense, en su dictamen, afirmó que no había lesiones ni señales de abuso, un punto que debería haber sido considerado con mayor peso por el tribunal”, consideró.

Domínguez, a su vez, destacó que los informes psicológicos, aunque son parte del proceso, no fueron documentados adecuadamente, lo que pone en duda su validez. No solo carecen de una cadena de custodia que asegure la integridad de las entrevistas, sino que, además, no fueron realizados por psicólogos forenses, que son los profesionales capacitados para llevar a cabo este tipo de evaluaciones.

“Es fundamental que todos los informes que se presenten como pruebas en un juicio tengan una cadena de custodia asegurada. Los informes psicológicos presentados en este caso no cuentan con esa garantía", argumentó. Además, cuestionó la falta de registro visual o documental de las entrevistas realizadas a los niños, lo que aumenta la incertidumbre sobre la veracidad de los testimonios.

El abogado también abordó la cuestión de la posible inducción de los menores a mentir. Aunque no pudo asegurar que los niños hayan sido inducidos, mencionó que sus primeras declaraciones, en las que afirmaban que "no les había pasado nada", fueron modificadas posteriormente, lo que podría sugerir una influencia externa. 

Por otro lado, el letrado también mencionó que, dependiendo del fallo del tribunal, podría haber la posibilidad de presentar nuevas pruebas si estas resultan ser consistentes y si surgen elementos que respalden la versión de los hechos que defiende la defensa. En este sentido, señaló que se podría presentar una denuncia adicional, aunque la decisión dependerá de su defendido, quien será quien tome la última palabra.

Por último, el experimentado abogado expresó su confianza en que el tribunal evaluará todos los elementos presentados por ambas partes y emitirá un fallo justo, considerando tanto los informes médicos como los psicológicos. Además, destacó la importancia de que se mantengan los principios de legalidad y que todos los recaudos legales se respeten para garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera adecuada.

"Esperamos que el tribunal valore todos los elementos del caso de manera imparcial y dicte una resolución que revoca el fallo condenatorio", concluyó el abogado.

Por ahora, tanto la defensa como la acusación siguen pendientes de la decisión de la Cámara, y la posibilidad de recurrir a instancias superiores como la Corte Suprema de la Provincia y, eventualmente, la Corte Suprema de la Nación, sigue abierta.

Por su lado, el abogado Blanc Codina afirmó que “de nuestro lado, junto con el fiscal hicimos una defensa del trabajo de los jueces de primera instancia y el entendimiento de por qué la sentencia dictada es la correcta y que no se tiene que modificar”.

En cuanto a los plazos para conocer el fallo, el abogado indicó que no sólo se van a tomar el tiempo legal correspondiente, sino que anunciaron que justo entran en licencia los magistrados que forman parte del tribunal y por lo tanto van a tener que tomar más días de los que habitualmente corresponden, hasta mediados de febrero". 

Blanc Codina, también hizo referencia a la estrategia de la defensa de introducir nuevas pruebas o argumento, algo que, según el abogado, “va en contra de lo que permite la ley procesal”

Por último confirmó que Dabove continuará en libertad, tal como lo resolvió el juez de Cámara, Tomás Orso a mediados del año pasado. 

En horas de la mañana de este martes, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto, la audiencia imputativa y cautelar contra Federico F., principal acusado de agredir violentamente a una mujer de 78 años para robarle el auto en Belgrano y Sáenz. El hecho se produjo el sábado en horas del mediodía. 

Durante la audiencia, el fiscal Damián Casullo, solicitó que se le impute el delito de robo agravado y que se le dicte la prisión preventiva ordinaria, que fue aceptada por el juez Adrián Godoy.

Si bien en un principio se barajaba la hipótesis de otro sospechoso, hasta el momento no hay indicios de la participación de un cómplice, aunque se sigue investigando. Incluso, hay pruebas, como imágenes de cámaras de seguridad, donde se lo puede ver solo arriba del vehículo sustraído. 

Cabe recordar que todo sucedió en el mediodía del sábado, cuando la mujer de 78 años, que se encontraba dentro de un vehículo a la espera de su marido, fue sorprendida por este joven de 25 años que la atacó violentamente para robarle el auto. Producto de los golpes, la femenina debió ser internada en el Hospital regional Dr. Gutiérrez.

El acusado, que logró llevarse el auto, terminó protagonizando un accidente de tránsito en Azcoaga entre Lavalle y Azcuénaga, colisionando contra el portón de una vivienda. Si bien intentó huir, fue detenido por la policía con la colaboración de vecinos. 

En horas cercanas al mediodía de este jueves, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y cautelar contra el propietario de un boliche bailable, acusado de abusar sexualmente de una joven que trabajaba en la barra del local, ubicado en ruta 8 y Alvear. Tras darse a conocer el hecho del que se lo acusa, el empresario (Andrés S.), que se encontraba detenido desde el lunes, quedó en libertad, debiendo cumplir reglas de conducta. 

Cabe recordar que todo comenzó el último fin de semana cuando una joven, que era empleada del boliche, se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para radicar la denuncia correspondiente. Según relató la víctima, al momento de ir al baño del local, su titular la empujó e ingresó junto a ella para empezar, a la fuerza, a besarla y tocarla, llegando al punto de bajarse los pantalones y la ropa interior. Tras varias maniobras y rechazos, la joven logró salir del sanitario y buscar resguardo y ayuda en sus compañeros y compañeras de labor. 

Previamente, la víctima intentó relatar lo sucedido frente al fiscal, Horacio Puyrredón y el juez Leandro Martín, sin embargo, se quebró y no pudo continuar su exposición. Más tarde ingresó el acusado junto a su defensora, Ana Regidor, para dar inicio a la audiencia.   

Finalmente, el juez le dio el beneficio de la libertad, aunque estableció reglas de conductas que deberá cumplimentar. 

“Se trata de un hecho de abuso sexual simple que se produjo en horas de la madrugada en un local de diversión nocturna, por parte de un empleador hacia una de sus empleadas. Reunidas las evidencias del hecho, se avanzó con la imputación y las reglas de conductas que deberá cumplir”, contó finalizada la audiencia el fiscal Horacio Puyrredón.

Dentro de la medida cautelar, se resolvió que el acusado deberá presentarse los sábados de 10 a 24 horas en la Comisaría para informar su arraigo en la ciudad; se le prohibió cualquier tipo de contacto, tanto él como un tercero, con la víctima, su entorno y con todas las personas que han declarado en la causa y mencionadas que restan declarar; hacerse un diagnóstico y tratamiento por adicciones, ya que se hizo referencia a una problemática de consumo tanto de bebidas alcohólicas como estupefacientes ilegales; se le prohibió la portación de cualquier tipo de arma de fuego; y someterse al proceso cada vez que se lo soliciten. 

“Estamos en contacto con la víctima desde el inicio y se han puesto a disposición los mecanismos de atención municipal, para brindarle contención y atención, además de haber evaluado la decisión de la libertad, cumpliendo con los mecanismos procesales”, expresó el funcionario del MPA. Y añadió: “Que una persona recupere la libertad no significa que sea inocente del hecho que se le atribuye, sino todo lo contario, la Fiscalía sostiene los cargos. Seguiremos los caminos de la evidencia para presentarlas en el plazo más corto posible, con el objetivo de ir a un juicio oral que es el final de todo proceso, más allá de todas las salidas alternativas que hay en el medio”.

Puyrredón también fue consultado por posibles nuevas denuncias, respondiendo que “sí, porque la investigación se empieza a ramificar”, pero que “hasta el momento no hemos podido tomar contacto directo con ninguna otra víctima”.

“Entendemos que es un hecho complejo, que muchas veces genera en la víctima una imposibilidad de denunciar voluntariamente. De todos modos, hay mención de otras situaciones que podrían haber existido. La Fiscalía, con el mismo compromiso de siempre y las herramientas con las que se cuenta, va a estar tratando de entrevistar a otras víctimas si es que existieses”, sentenció. 

Por su parte, el juez Leandro Martín consideró que, por la presentación fáctica, la calificación de abuso sexual simple que elevó la Fiscalía es “admisible”, aunque podría haberse establecido el abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. 

A su vez, resaltó que se trata de una calificación provisoria, ya que se trata de una investigación que “recién se inicia”.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

En una extensa audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este viernes en Venado Tuerto, el Tribunal integrado por los jueces Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle, volvieron a negar la prisión domiciliada para Antonio Di Benedetto, condenado a 12 de cárcel en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria, y deberá continuar con el cumplimiento de la condena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Cabe recordar que este es el segundo pedido que presenta la defensa a cargo de Ángelo Rossini, fundamentado su solicitud en problemas de salud, efectos psicológicos y la avanzada edad. Incluso, se planteó el cumplimiento de este beneficio en una vivienda ubicada en Av. Santa Fe 853 de Venado Tuerto, donde su hijo cumpliría el rol de tutor o garante. Además, se ofreció una fianza de 170 mil dólares.

Por su parte, la fiscal que entiende en la causa, Mayra Vuletic, se opuso a este planteo y que, en todo caso, el Tribual solicite a la Unidad Penitenciaria que refuerce la atención médica. 

Según remarcó Vuletic, en la víspera a la audiencia, solicitó informes a la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde está alojado Di Benedetto, sobre la atención que recibe, dando como respuesta que se le brinda ese acompañamiento cada vez que lo requiere. 

Luego de un cuarto intermedio, en horas cercanas al mediodía, el Tribunal dio a conocer la resolución, negando el beneficio de la prisión domiciliaria. Los jueces consideraron que las circunstancias de salud del imputado no se modificaron o agravaron en este tiempo, y que el informe médico de la junta forense estableció que no podían corroborarse las patologías aducidas por la defensa. Lo que sí se detectó un efecto psicológico o emocional, pero sostuvieron que son propios del encierro en una cárcel. 

En el fallo, los magistrados dispusieron que se mantenga la atención médica, psicológica y psiquiátrica, y una dieta adecuada, además de las condiciones ya descriptas en la anterior resolución al primer pedido de prisión domiciliaria. 

Este viernes, pasadas las 8.30, se abrió la cuarta jornada del juicio contra el preparador físico de Venado Tuerto acusado de abusar sexualmente de al menos 9 menores de edad. De este modo culminó la primera semana del proceso que tiene como fecha de clausura el 14 de marzo y el día 18 se conocería la sentencia por parte del tribunal integrado por los jueces Benjamín Révori, Aldo Baravalle y Lorena Garini.

La primera en subir al estrado fue una amiga de la víctima que declaró este jueves y a su vez exalumna del imputado cuando apenas tenía 13 años. Según relató, en una oportunidad, el preparador físico le pidió que se sacar el short, sin embargo bajo excusas logró evitarlo. Además de contar su experiencia, relató lo vivido por su amiga, quien sí terminó padeciendo los abusos.

Seguidamente y vía Zoom, prestó declaración quien era el novio de la víctima, quien recordó los padecimientos de salud que tuvo durante los años posteriores del hecho.

Otra amiga fue la tercer testigo de la jornada, quien hizo referencia al rechazo que le generaba el “olor a Pepe” tal como lo manifestó la denunciante y miembros de su familia.

La ronda de testigos continuó con otra de las víctimas, quien comenzó a asistir al gimnasio de 25 de Mayo y Francia en el 2011, cuando apenas tenía 13 años. En su relato volvió a aparecer el tema de los “masajes” como modalidad, cubriendo su cuerpo con una tela transparente, y aprovechando para tocarle los glúteos, entre piernas y los pechos. En su momento, la niña logró contarle a su abuela lo que estaba padeciendo, quien luego lo compartió con sus padres, aunque decidieron no radicar la denuncia.

Los daños que le provocó los ataques siguen hasta hoy, donde no sólo le genera una gran angustia hablar sobre el tema, sin que aún continúa con tratamiento psiquiátrico y tomando medicación.

Seguidamente, la madre de esta segunda víctima, quien también asistía al gimnasio, prestó declaración, dando detalles de los abusos y que incluso el acusado la había convencido para que su hija vaya al gimnasio.

Una amiga, que tomó conocimiento de lo sucedido en marzo del 2021 también compartió los detalles que la víctima le había transmitido y confirmó sobre las dificultades que esto le había generado para relacionarse con hombres.

El efecto negativo también se reflejó en su rendimiento escolar, situación que fue confirmada por el director de la escuela a la que asistió entre el año 2012 y 2016.

Ya avanzada la mañana, llegó el turno de la tercer víctima, quien contó que comenzó a asistir al gimnasio cuando tenía 9 años y ya a los 10 sufrió los primeros abusos. Un año después, cuando tenía solo 11 años sufrió manoseos en sus genitales y a los 12 le empezó a introducir sus dedos, diciendo que eran masajes que le iban a hacer bien.

A los 14 años fue a un entrenamiento a San Luis junto a su hermana e hizo que ambas durmieran con él en la misma habitación. Luego, la víctima se enteró que su hermana también sufrió abusos.

Recién en el año 2021 pudo contarle a una amiga lo sucedido y a partir de ese momento comenzaron a armar la red de alumnas y exalumnas que sufrieron hechos de estas características y decidieron radicar la denuncia.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo.

Este miércoles Sur24 informaba la noticia de la detención del hombre acusado de ser el autor intelectual del ataque al joven de Murphy ocurrido a mediados de este mes.

Cabe recordar que el pasado miércoles 21, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y cautelar contra los dos acusados de agredir y apuñalar el pasado sábado a Santiago, de 24 años. A pedido del fiscal que entiende en la causa, Eduardo Lago, el juez dictaminó seis meses de prisión ordinaria para los agresores. 

Instigador 

Tras la detención del martes, este jueves el hombre de 49 años, un empresario de la localidad de Murphy, quedó en prisión preventiva.

La medida cautelar fue dispuesta por un plazo de seis meses por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Venado Tuerto. El fiscal Eduardo Lago, a cargo de la investigación, realizó la atribución delictiva y solicitó la privación de la libertad.

Lago valoró que “aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento”, y resaltó que “los peligros procesales estaban latentes”.

Por otro lado, puntualizó que “desde el MPA le endilgamos al imputado la instigación de una tentativa de homicidio, no obstante el juez consideró que las evidencias recabadas hasta el momento acreditan lesiones graves dolosas”. En función de ello, manifestó que “las diligencias investigativas continuarán con el fin de esclarecer lo ocurrido”.

En cuanto a la autoría material del ataque, el funcionario del MPA recordó que “dos hombres que son investigados por apuñalar a la víctima transitan el proceso judicial en preventiva desde la semana pasada”.

Cuchilla

Lago indicó que “la víctima de la tentativa de homicidio es un hombre con el que el imputado de 49 años –cuyas iniciales son RAG– y su grupo familiar mantenían un conflicto previo”. En tal sentido, aseguró que “el instigador es propietario de una empresa de pavimentación y determinó a dos empleados de la firma –de iniciales GGC y GDG– a concretar la agresión”.

Relató que “el sábado 17 por la tarde, los autores materiales circulaban a bordo de un automóvil y se encontraron con la víctima, quien iba a pie y advirtió que querían hacerle daño”. En tanto, afirmó que “corrió hasta que fue alcanzado por los atacantes, quienes habían descendido del vehículo”.

El fiscal sostuvo que “en la esquina de Balcarce y Rivadavia, los investigados de iniciales GGC y GDG apuñalaron con una cuchilla a la víctima en diferentes partes de su cuerpo”, y especificó que “así le perforaron el intestino y le provocaron otras heridas en el abdomen, así como en la cabeza, los brazos y las manos”. Al respecto, remarcó que “actualmente, es crítico el estado de salud del hombre agredido”.

Mientras tanto, la víctima sigue internada en el Hospital regional “Dr. Gutiérrez” en grave estado con pronóstico reservado.

Este jueves se completó la tercera jornada del juicio contra el preparador físico de Venado Tuerto acusado de abusar sexualmente de 9 menores de edad. En esta oportunidad, declaró una de las víctimas y personas de su entorno como el director de la escuela a la que asistía, su psicóloga, su kinesióloga y familiares.

El primero en subir al estrado en los tribunales venadenses fue el director de la escuela, a quien le habían solicitado en su momento un informe sobre el rendimiento y la conducta de tres alumnas que denunciaron al acusado por abuso sexual, donde afirmaba que no se notaban cambio alguno, a diferencia de lo que luego expresaron sus allegados.

Seguidamente fue el turno de la víctima, quien empezó a concurrir al gimnasio de 25 de Mayo y Francia en el año 2013, cuando apenas tenía 14 años, con el objetivo de mejorar sus condiciones físicas. Este caso fue caratulado abuso sexual gravemente ultrajante sin acceso carnal.

Según relató, la modalidad utilizada por el acusado fue la misma que el resto de las víctimas: la hacía desvestir y le decía que necesitaba masajes descontracturantes, llegando incluso a pedirle que se quitara el corpiño y le “masajeaba” los pechos, lo mismo que los glúteos y la zona de la ingle.

A su vez, contó que le costó mucho poder hablar con sus familiares sobre esta situación que sufría en el gimnasio y que, después de un tiempo lo pudo hacer con una amiga que sufría los mismos abusos.

En el momento que los padres se enteran, en el año 2014, deja de asistir a este gimnasio, pero no fue una solución, ya que en 2018 sufrió complicaciones de salud, como consecuencia psicológica de lo que había padecido. En 2021 finalmente radicó la denuncia y a partir de allí logró sanar su cuadro de salud.

También contó que, junto a su familia, decidieron en aquel momento, año 2014, no radicar la denuncia por recomendación de un abogado, quien planteó que no era conveniente hacer dicha exposición.

La lista de testigos continuó con la kinesióloga de la víctima, quien comentó que al enterarse de los supuestos masajes que le hacía el preparador físico le alertó de que no se trataba de una práctica profesional, incluso fue quien dio aviso a la familia de la víctima.

La mamá de la denunciante también compartió su relato, con una fuerte carga emocional, y se lamentó por no haber optado en su momento por radicar la denuncia, considerando que se podría haber evitado el padecimiento de otras niñas. Un dato importante que expuso fue que cada vez que la menor salía del gimnasio quería rápidamente bañarse porque decía que tenía “olor a Pepe (sobrenombre del acusado)”.

La nómina continuó con la hermana y el padre de la víctima, la psicóloga y una amiga.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

 En horas del mediodía de este miércoles, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y cautelar contra los dos acusados de agredir y apuñalar el pasado sábado a Santiago, de 24 años, en la localidad de Murphy. A pedido del fiscal que entiende en la causa, Eduardo Lago, el juez dictaminó seis meses de prisión ordinaria para los agresores. Mientras tanto, la víctima sigue internado en el Hospital regional “Dr. Gutiérrez” en estado grave con pronóstico reservado.

“En principio se los imputó por este hecho de gravedad y se le dictaminó la prisión preventiva por un plazo de seis meses, aunque creemos que en un mes y medio estaría todo listo para elevar la causa a juicio”, informó el fiscal Lago, añadiendo que “vamos a seguir investigando para tener certezas de como se desarrolló todo”.

Haciendo un relato de como se habrían dado los hechos, señaló: “Tenemos dos personas que en horas de la tarde del sábado, alrededor de las 19.30, circulaban en un vehículo Renault Duster por la localidad de Murphy. Al ver al joven, que estaba solo, se acercan, descienden del auto con intensiones de agredirlo y este intenta escapar corriendo. Logran alcanzarlo y le propinan numerosos puntazos con una cuchilla.

Por las pruebas que lograron reunir, “estas dos personas lo estaban buscando, por situaciones que se están tratando de establecer y al visualizarlo fueron directo a atacarlo”, añadiendo que varias de las puñaladas fueron al torso de Santiago, lo que muestra “una clara intencionalidad de matarlo”, siendo esta la teoría de la Fiscalía, considerando que no es un caso de lesiones, sino una “tentativa de homicidio”.

Por último Lago contó que uno de los implicado, oriundo de la provincia de Buenos Aires, ya tenía tres condenas y el segundo, de la localidad de Elortondo, dos causas: por encubrimiento y por violencia de género.

Este viernes en la tarde se desarrolló en los tribunales venadenses otra instancia del juicio por la megaestafa inmobiliaria en el sur-sur santafesino donde el sindicado como jefe de la organización ilícita Antonio Di Benedetto, el gestor Raúl Jaime y Marcelo Sava debían enfrentar la audiencia cautelar tras conocerse a principio de semana la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario.

La audiencia a cargo de Leandro Martín como presidente del tribunal, Aldo Baravalle y Eduardo Bianchini comenzó en horas del mediodía y se extendió por casi cuatro horas donde la defensa de los imputados desarrollaron sus planteos, los que fueron analizados en un curto intermedio hasta las 19, cuando finalmente se dio a conocer la resolución de la prisión preventiva efectiva para Di Benedetto y Jaime, mientras que a Sava se le concedió la libertad con medidas de conducta.

Lo expuesto por la defensa

Antes de conocerse la resolución, los planteamientos de la defensa fueron escuchados por el tribunal para luego definir la continuidad de la prisión preventiva ordinaria.

Por parte de Antonio Di Benedetto, Angelo y Lucio Rossini pidieron la libertad de su defendido o la prisión preventiva domiciliaria con normas de conducta como no portar armas ni salir del departamento General López, presentarse todas las semanas ante la autoridad policial y aceptando que haya visitas sorpresas del poder judicial en su vivienda. Además, de la posibilidad de utilizar una tobillera electrónica.

Por parte de Raúl Jaime, la defensora pública Silvia Couselo solicitó la libertad del gestor o en su defecto la presión preventiva domiciliaria basándose en la necesidad de cuidar de su esposa que padece la enfermedad de Parkinson y tiene tres nietos a cargo tras el fallecimiento de su hijo en Brasil. Sumándole a su vez, normas de conductas a cumplir.

Marcelo Sava, libre

El otro imputado, Marcelo Sava se le había impuesto una condena de un año y seis meses de prisión y el pago de una multa por 2 millones que fue pactada con la entrega de un vehículo de mayor valor. En su caso, el fiscal de la investigación, Matías Merlo, no había pedido la prisión del acusado y bajo rígidas normas de conductas, el comerciante venadense quedó en libertad.

Condenas 

Cabe recordar, que para Di Benedetto, en segunda instancia se había confirmado la condena a 12 años de prisión como jefe y organizador de asociación ilícita, y por los delitos de estafa, tentativa de estafa, uso de documento falso, uso de documento público falso y falsedad ideológica. Además, se dispuso una inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por 10 años y el pago de un multa de 2.340.000 pesos.

En cuanto a Jaime, se había confirmado la condena a 10 años de prisión y el pago de una multa de 1.170.000 pesos. Los delitos por los que se le impuso la pena fueronasociación ilícita (en calidad de miembro), falsedad ideológica, falsedad ideológica de documento público, estafa, uso de documento público falso, tentativa de estafa en 11 legajos.

Por último, la Alzada había afirmado parcialmente la condena a Sava a un año y seis meses de prisión y el pago de una multa de 90.000 pesos por asociación ilícita (en calidad de miembro) tentativa de estafa y falsedad ideológica de documento público. Por su parte, fue declarado reincidente.

Primera instancia

El fiscal Merlo sostuvo en la apelación que “con cada condena a organizaciones de estos ilícitos a los que se denominan ‘delitos de guante blanco’, se afianzan el servicio de justicia y el rol institucional del MPA”.

“El fallo del Tribunal de Alza viene a cerrar un gran trabajo que se inició en 2016”, destacó el fiscal y agregó que “esas tareas investigativas permitieron llegar a una condena en el juicio oral y esta ratificación de segunda instancia”.

Por último, Merlo recordó que “la investigación tiene una segunda etapa” y concluyó que “estábamos esperando el fallo de segunda instancia referido a la primera parte, para poder avanzar y presentar la acusación por los otros hechos ilícitos”.

Otros 15 condenados

Además de Di Benedetto, Jaime y Sava, otras 15 personas que integraban la asociación ilícita y cometieron las estafas inmobiliarias fueron condenadas en juicios en los que se abreviaron los procedimientos.

Los otros condenados son Luis Eugenio Casadei, Danisa Elizabet Pintos, Fernando Luis Astigarraga, Luis Celio Restovich, Luis Alejandro Bentati, Alberto Enrique Long, María de los Ángeles Sarrias, Milena Gisele Fischer, Roberto Miguel Sainz, Ángel Emilio Moreale, Juan Carlos Rullo, Adriana Karina Torres, Francisca Del Carmen Uncos, José Luis Mir y Marcelo Ariel Rodríguez.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo

Quedó en prisión preventiva un instructor de gimnasia de 39 años al que se le atribuyó haber abusado sexualmente de dos adolescentes que eran sus alumnas en la localidad de Santa Isabel.La medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Adrián Godoy, en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto.La fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son CM, transite la investigación privado de su libertad es Mayra Vuletic. “Más allá de que la Defensa propuso alternativas a la preventiva, el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento”, resaltó.Diligencias previas“La particularidad del legajo es que antes de la detención se llevaron a cabo diversas diligencias, entre las que están entrevistas en cámara Gesell a ambas víctimas”, indicó la funcionaria del MPA. “En tal sentido, el juez destacó el hecho de que en esta etapa del proceso penal ya se cuenta con informes profesionales acerca de los testimonios de las adolescentes vulneradas”, señaló.Asimismo, Vuletic afirmó que “el magistrado sostuvo que hay elementos suficientes para acreditar la probable autoría por parte del investigado”. Según puntualizó, “le atribuimos un abuso sexual con acceso carnal y un abuso sexual simple en perjuicio de una de las víctimas”. A su vez, expuso que “por reiterados ataques a la otra adolescente, le endilgamos abuso sexual gravemente ultrajante y el juez consideró que por el momento la calificación debe ser abuso sexual simple”. En tanto, agregó que “los tres delitos se le imputaron agravados por haber estado encargado de la educación de las menores”.Por otro lado, la fiscal mencionó que “para imponer la preventiva, se contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.En cuanto a los riesgos procesales, Vuletic hizo hincapié en que “el imputado es de nacionalidad peruana y, en libertad, estaba en condiciones de irse del pais con el fin de procurar su impunidad”. Explicó que “por su situación personal y las características de los hechos por los que se lo investiga, tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.Abusos“El hombre que quedó en preventiva llevó a cabo sus conductas delictivas entre octubre del año pasado y mayo de este año en un gimnasio de su propiedad en el que él es profesor”, aseguró la funcionaria del MPA. “Además, abusó de una de las adolescentes en un inmueble en el que funciona un jardín maternal que pertenece a su esposa”, manifestó y aclaró que “él convocó a la víctima y la vulneró en un momento en el que no había nadie más en el lugar”.“La mayoría de las veces, las víctimas fueron abusadas mientras hacían ejercicios de elongación que el instructor les proponía en el marco de entrenamientos físicos que les impartía”, relató.Ante el magistrado, Vuletic subrayó que “los hechos ilícitos tuvieron entidad suficiente para afectar de manera negativa la salud física y psicológica de ambas adolescentes”.En relación al origen de la investigación, la fiscal valoró que “una de las víctimas logró contarle a su padre lo sucedido y él radicó la denuncia inmediatamente después”. También, remarcó que “la otra alumna que sufrió los ataques luego logró hablar con su madre sobre lo ocurrido y la mujer se acercó a una dependencia policial para dar cuenta de lo que sabía”.DetenciónVuletic precisó que “luego de las entrevistas en cámara Gesell, la Fiscalía ordenó la detención”. En tal sentido, una vez que el hombre se presentó en una comisaría, la orden se hizo efectiva.

Un hombre de 34 años, identificado como Alejandro Leonel Olmos, fue condenado a 18 años de prisión por haber vulnerado la integridad sexual de una niña en Villa Cañás (departamento General López). La víctima es hija de una mujer con la que el condenado mantenía una relación de pareja al momento de los hechos ilícitos.

El parte oficial del Ministerio Público de la Acusación también informa que la sentencia fue dispuesta por unanimidad por los jueces Adrián Godoy, Lorena Garini y Leandro Martín, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto. Por su parte, los fiscales Mariana Vidal y Horacio Puyrredón estuvieron a cargo de la investigación y representaron al MPA en el debate.

Vidal y Puyrredón indicaron que “Olmos llegó al juicio en libertad y a pesar de que solicitamos que fuera detenido hasta que el fallo quede firme, los magistrados le impusieron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva”. En tal sentido, adelantaron que apelarán está decisión.

Los fiscales señalaron que “el condenado abusó de la víctima mientras ella transitaba los últimos años de la escuela primaria”, y agregaron que “el accionar delictivo tuvo lugar en una vivienda en la que ambos residían junto a otros integrantes del grupo familiar”.

Relataron que “Olmos agredió sexualmente a la hija de su pareja en reiteradas oportunidades en las que se quedaron a solas”. Asimismo, destacaron que “de acuerdo con lo que la niña narró de forma contundente en cámara Gesell, el hombre ejercía violencia sobre ella de forma cotidiana, ya que solía pegarle y castigarla”.

Vidal y Puyrredón expusieron que “durante los ataques, el condenado amenazaba a la víctima para que no hablara con otras personas sobre sus padecimientos”, y mencionaron que “le decía que ‘iba a ir preso’ si alguien más se enteraba de lo ocurrido”. En relación a ello, manifestaron que “el agresor amedrentó a la niña durante años para garantizar su impunidad”.

“A Olmos se le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y de abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados (por la convivencia preexistente con una víctima menor de edad)”, detallaron los representantes del MPA.

Prisión preventiva ratificada en segunda instancia por causa de estafas.

Se confirmó en segunda instancia la prisión preventiva de un hombre de 27 años que es investigado como autor de estafas vinculadas a la construcción de viviendas industrializadas. Así lo dispuso la camarista Andrea Fernández en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto.

El fiscal Damián Cassullo está a cargo de la investigación de los hechos ilícitos e informó que “la medida cautelar ratificada había sido impuesta por la jueza de primera instancia Paula Borrello” y agregó que “el recurso de apelación fue presentado por la Defensa del imputado”.

En relación a lo resuelto, el funcionario del MPA planteó que “lo confirmación de la prisión preventiva fortalece la posición de la Fiscalía”, y destacó que “la camarista sostuvo que hay elementos que acreditan la imputación que realizamos y evaluó los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio”.

Además, el fiscal contó que “ambas magistradas consideraron parámetros relativos a la peligrosidad procesal del imputado”, y precisó que “hicieron hincapié en su actitud posterior a las estafas y a las causas que lo llevaron a delinquir”.

Cassullo señaló que “el hombre investigado, cuyas iniciales son MGT, llevó a cabo su accionar delictivo por lo menos cinco veces entre enero del año pasado y junio de este año”. En tal sentido, remarcó que “se valió de la estructura de una empresa de venta de viviendas industriales de la que es titular y máximo responsable”.

El fiscal aseguró que “el imputado defraudó a personas que le entregaron dinero y automóviles sin recibir ningún tipo de contraprestación”, y aclaró que “las víctimas le dieron sus pertenencias como adelantos de pago de inmuebles”. Según subrayó, “con su conducta ilícita perjudicó a ciudadanos que persiguen el noble objetivo de tener su propia casa”.

Asimismo, afirmó que “el hombre investigado aparentó solvencia económica y financiera mediante actos públicos y relaciones comerciales”. Al respecto, puntualizó que “a través de diferentes redes sociales y con publicidades estáticas y móviles en las calles de Venado Tuerto, ofertó viviendas que sabía que no iba a poder otorgar”.

“Tras incumplir contratos suscritos, el imputado cesó de forma intempestiva la actividad comercial de la empresa y abandonó la ciudad”, narró Cassullo. No obstante, “el miércoles 18 de agosto de este año, fue localizado en la localidad formoseña de Laguna Blanca y aprehendido por personal policial”, valoró.

El funcionario del MPA detalló que “al hombre investigado se le atribuye la autoría de los delitos de estafa, estelionato y defraudación”.