Ingresó al Senado de la Provincia una nota de la Corte Suprema de Justicia que, con la firma de todos sus ministros, impulsa fuertes cambios en el mapa judicial de Santa Fe para "profundizar" la reforma dispuesta por dos leyes del año pasado.

El texto constituye una propuesta de numerosos cambios (de distrito, de circunscripciones y de categorías de juzgados) que según la cabeza de la Justicia santafesina "se enmarcan en el deseable anhelo de contar con órganos jurisdiccionales dotados de mayor competencia y conocimiento en el vasto territorio provincial; lo que provocará un mayor acercamiento de la justicia al justiciable, a la vez de una importante reconducción y disminución de la litigiosidad en materia civil, comercial y laboral desde los ejidos urbanos más densamente poblados, hacia los nuevos órganos aquí y considerados".

La iniciativa de los ministros de la Corte "no involucra la creación de nuevos Juzgados, sino una transformación de unidades ya existentes, a las cuales se les proveerá de mayor competencia material" e indica que para "asegurar la viabilidad de la presente reforma (...) se ha efectuado una profunda evaluación que contempla no solo las realidades funcionales de cada órgano jurisdiccional, sino también los adecuados índices de atención y respuesta que desde cada dependencia objeto de la presente reforma, se puede proveer a la ciudadanía toda".

El escrito que solicita modificaciones en la Ley 10.160 Orgánica del Poder Judicial pasó en la sesión del jueves 13 de noviembre a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, bajo el expreso pedido de la acordada de solicitar "la pronta consideración, tratamiento y sanción del proyecto de ley que se remite".

Los fundamentos del proyecto reconocen que dos leyes de 2024, la 14.264 y su modificatoria 14.323, introdujeron "profundos cambios en el esquema organizacional y en el mapa judicial de este Poder Judicial, en tanto provocó la transformación de diferentes órganos jurisdiccionales con competencia en materia de Circuito en Cámaras de Apelación y Juzgados de Primera Instancia de Distrito".

Indica que, a la par de tales reestructuraciones, "la mentada reforma produjo la unipersonalización de los hasta entonces Tribunales Colegiados de Familia y Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extractontractual" y subraya que "en dicho orden de ideas, desde este Máximo Tribunal provincial se llevaron a cabo todas y cada una de las transformaciones y adaptaciones previstas por la nueva normativa; las que involucraron reestructuraciones internas en los diversos estamentos que componen este Poder Judicial. Ahora bien, luego de esquematizar y ejecutar de manera escalonada y precisa el nuevo diseño organizacional que el legislador previó en la reforma legal, a través de las decisiones adoptadas", en cuatro Acuerdos, "se entiende oportuno profundizar el mismo en base al proyecto de ley que aquí se acompaña".

La iniciativa busca modificar los artículos 5, 6, 7, 77, 79, 109 Y 112 de la Ley N° 10.160 y sus modificatorias sobre los distritos, las circunscripciones y la planta judicial. Contiene disposiciones sobre jueces en lo Civil, Comercial y Laboral y de Primera Instancia de Circuito.

Uno de los artículos propuestos por la Corte plantea que "los juicios en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, iniciados ante los juzgados de circuito aquí transformados, continuarán ante los juzgados de distrito respectivos, adaptándose en lo pertinente el procedimiento en las causas que así lo requieran". Y otro punto a considerar por los legisladores ordena: "Deléguese en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia la implementación progresiva de la presente ley, la cual no podrá exceder de un año a partir de su entrada en vigencia".

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio inicio este viernes a la apertura del año judicial. El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, asistió al acto que tuvo lugar en la sede de los Tribunales provinciales de la ciudad de Rosario, en Balcarce y Montevideo.

Durante la ceremonia, las autoridades presentes compartieron el discurso del presidente de la Corte, Roberto Falistocco, quien estuvo a acompañado por el resto de sus pares Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, y quienes juraron sus cargos el pasado lunes: Jorge Baclini y Margarita Zabalza. También estuvo el procurador General, Jorge Barraguirre.

En diálogo con los medios de prensa convocados en el lugar, Maximiliano Pullaro, expresó su deseo por “una justicia más eficiente, una justicia que pueda dar respuestas, una justicia mucho, pero mucho más cercana, y una justicia que también que pueda interpretar los momentos que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe”.

“Una justicia que nunca más diga que no tiene nada que ver con la construcción de seguridad, sino que sea una justicia aliada a la construcción de seguridad pública que lleva adelante el Poder Ejecutivo, la Legislatura, y por supuesto, lo que fue el último año el Poder Judicial”, continuó Pullaro.

En otro apartado, Pullaro señaló que “nosotros creemos que la justicia puede ser más barata, que puede dar mejores respuestas y que las personas que ganan muy buenos sueldos, como los gana también la Legislatura y el Poder Ejecutivo, puedan trabajar en función del sueldo que tiene”. “No sucedía de esa manera”, advirtió, porque “en muchos casos no había el mismo compromiso que tenían otros poderes del Estado. Y mi rol es que las instituciones puedan mejorar”.

El gobernador agregó que “en este momento hay que estar en los nuevos debates. Hace poco se sancionó una ley muy importante que le va a venir muy bien a la provincia de Santa Fe, que es la Ley Antimafias. Eso permitirá que una vez identificada las organizaciones criminales, ir por todos sus miembros y no de a uno en función del rol que tuviesen en la misma”.

Pullaro, por otra parte, anunció que “este año, con esta nueva Corte, pretendemos empezar a interactuar para cubrir los cargos que sean necesarios. Son más de 100 cargos que vamos a cubrir, porque entendemos que son estrictamente necesarios; pero por supuesto lo haremos en función de un trabajo con datos concretos”.

“Lo que queremos es tener un Estado eficiente que no gaste un solo centavo de más en pagar un sueldo que no tenga sentido”, aseguró el gobernador. “Si nosotros vamos a enviarle a la Legislatura la propuesta para cubrir una vacante, indudablemente tenemos que tener claridad que esa vacante hace falta de verdad”. En ese sentido Pullaro recordó que el el año pasado “hubo tensión porque era muy difícil construir datos o tener datos de funcionamiento de los juzgados y para construir una política pública uno tiene que tener datos, tiene que saber de qué está hablando, porque el reclamo era de cargos vacantes, pero tal vez había un juzgado que tenía 200 expedientes por año y uno que tenía 5.000 expedientes por año y se ponía todo en el mismo lugar”.

El Poder Judicial de Santa Fe anunció que los tribunales de la provincia continuarán prestando servicios durante todo el mes de enero de 2025. A través de esta decisión institucional, se busca garantizar la atención ciudadana para trámites esenciales en un período que tradicionalmente es considerado de feria judicial.

Las Oficinas de Certificaciones y los Registros de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) atenderán al público en horario matutino, de 7.15 a 12.45.

Entre los principales trámites que los ciudadanos pueden realizar en las Oficinas de Certificaciones se encuentran:

-Autorizaciones de viaje para menores de 18 años, tanto dentro como fuera del país.

-Declaraciones juradas para litigar sin gastos.

-Certificaciones de copias de documentos originales, incluyendo actas notariales, contratos, actas de nacimiento, títulos educativos, documentación del automotor, entre otros.

-Certificación de firmas para trámites previsionales, contratos y documentos privados.

-Firma de poderes para diferentes actos administrativos.

En Santa Fe, estas gestiones se realizan en el Palacio de Tribunales (San Jerónimo 1551); en Rosario, en Balcarce 1651; y en el resto de la provincia, en los juzgados correspondientes según el esquema de feria.

Estos registros permiten obtener el certificado que acredita no estar inscripto como deudor alimentario moroso, de acuerdo con la Ley 11.495.

En Santa Fe y Rosario, los certificados se gestionan en el Registro de Procesos Universales. En otras localidades como Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, se tramitan en las secretarías de las Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral.

Para más información sobre los trámites y las ubicaciones, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del Poder Judicial de Santa Fe.

Además, la Oficina de Prensa y Difusión del Poder Judicial se encuentra disponible para consultas en:

Santa Fe: Tel. 0342-4572700 (int. 2632) / Cel. 0342-156140816 / Email: csjprensa@justiciasantafe.gov.ar

Rosario: Tel. 0341-4721700 (int. 4658) / Cel. 0341-156040396 / Email: prensaros@justiciasantafe.gov.ar

El Poder Judicial reafirma su compromiso con la comunidad al mantener sus servicios disponibles durante todo enero, adaptándose a las necesidades de los ciudadanos.

Las personas que el lunes 2 de octubre, alrededor de las 15.45, se retiraban del edificio de Tribunales en Paraná asistieron involuntariamente a la escena que quedó plasmada en la mismísima escalinata de ingreso al Poder Judicial. Tres efectivos realizaban la planimetría y tomaban imágenes de aquella. Un auto, un recipiente con lo que aparentaba ser combustible y unas cubiertas y cámaras, rompían la anodina cotidianeidad de las tardes en la zona de Plaza Mansilla.

La información oficial dio cuenta que “siendo las 15.45, frente al Palacio de Tribunales ubicado en calle Laprida se hizo presente un masculino con su vehículo, quien intentó prender fuego varias cubiertas con el fin de reclamar y poner de manifiesto su desacuerdo con una causa judicial que se encuentra en el juzgado de familia”.

Las fuentes consultadas indicaron que el hombre ya se había manifestado en otras ocasiones, siempre de tarde, por un supuesto impedimento para ver a una hija, que ya lleva cuatro años. También deslizaron que ha exhibido una conducta hostil en esas manifestaciones en las que suele portar una vela encendida.

Los neumáticos en cuestión y la detención del involucrado.

Tras comunicar del incidente a la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de los elementos –se trató de un Chevrolet Classic, cubiertas y bidón–, y con respecto al detenido, de 24 años, quedó alojado en Alcaldía de Tribunales por el delito de Resistencia a la autoridad.

Imagen ilustrativa. Tribunales de Paraná. Crédito: Poder Judicial de Entre Ríos

La información oficial añadió que “ante dicha situación, personal policial de la División Alcaidía intentó calmarlo y dialogar, pero hizo caso omiso, tornándose agresivo, teniendo en todo momento un bidón con líquido en su interior, suponiendo que se trataba de combustible, por tal motivo procedieron a demorarlo en el sitio hasta el arribo de los funcionarios policiales de Comisaría Primera”.

El juez Jorge Patrizi rechazó la declaración de incompetencia del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe que había solicitado la defensa del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, con lo cual la causa no pasará a la órbita federal, sino que seguirá tramitándose en los tribunales de la Justicia santafesina.

Los abogados Hernán Martinez y el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, abogados defensores de Sain y los demás imputados en la causa por espionaje ilegal, presentaron un recurso de incompetencia de la justicia provincial, por entender que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por la pretendida asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje.

Prohíben salir del país a Marcelo Sain

El fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

El juez Patrizi rechazó la pretensión de la defensa, por entender que las tareas de inteligencia criminal supuestamente irregulares, formaron parte de un curso de acción “circunscripto al ámbito provincial”, y no quedó acreditado que hubiesen intervenido organismos nacionales.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

Siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el juez aplicó el criterio de que “el accionar de policías locales en abuso de sus funciones no involucra materia federal, ya que no actúan como agentes naturales del gobierno federal, incluso si hubiesen infringido normas nacionales”.

Y que tal marco es aplicable a este caso, por cuanto “la seguridad de la Nación no se encontró afectada, ni se ha perjudicado directa y efectivamente a la Nación, toda vez que no se ha involucrado personal del gobierno federal, y los hechos han quedado dentro de la órbita exclusiva de la provincia de Santa Fe”.

Este lunes por la mañana, personal de Inspección General de la Municipalidad de Casilda clausuró de manera preventiva la obra de los nuevos tribunales, en el predio que se encuentra ubicado en bulevar Ovidio Lagos entre Catamarca y San Luis en esa localidad del departamento Caseros. Según informaron desde el área municipal, la clausura se realizó porque la empresa constructora no presentó los planos ni cumplió con los trámites administrativos. “No quisieron firmar la notificación y por lo tanto se realizó la clausura correspondiente”, expresó Raúl Pietronave, Secretario de Hábitat y Planeamiento Urbano, en diálogo con este medio.

Por otra parte, organizaciones ambientalistas se reunieron con el intendente Andrés Golosetti y con el senador departamental Eduardo Rosconi para evaluar la posibilidad de llevar adelante la obra del edificio de tribunales en otro sector de la ciudad.

Los asambleístas aseguran que vienen pidiendo informes de estudios de impacto ambiental desde un principio. “Nos hemos reunido con las autoridades municipales e intercambiamos diferentes posturas. Ante la negativa de que se construya el edificio en la zona del parque, los funcionarios nos plantearon la posibilidad de construir en un predio lindero al Hospital San Carlos. Solo habría que ver si la Corte Suprema de Justicia accede a que se edifique en ese lugar. Es una situación de una conflictividad social muy grande y nosotros seguiremos firmes en nuestro pensamiento”, expresó Luciana Luraschi, vecina autoconvocada, en contacto con Sur24.

Asimismo, agregó: “Ahora las autoridades van a elevar una nota a la Corte Suprema de Justicia para proponer la posibilidad de la relocalización. No obstante, nosotros seguiremos con el acampe esperando respuestas concretas”.

Un importante operativo de seguridad se montó en los tribunales de Comodoro Py, a la espera del veredicto contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por el que la fiscalía pidió la pena de 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita.

Personal de distintos departamentos de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, dispuso un despliegue de personal en la zona y la colocación de vallados para evitar incidentes.

En ese sentido, se espera la llegada de grupos de militantes y de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales para respaldar a la vicepresidenta, que escuchará el veredicto (inocente o culpable, y en este último caso cuántos años de pena) del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.

Los uniformados dispusieron un triple vallado por los alrededores de Comodoro Py, por lo que estará prácticamente blindado, con unas 300 vallas. Habrá alrededor de 200 efectivos desplegados por la zona.

De esa forma, los magistrados y los trabajadores judiciales ingresarán al edificio por la parte trasera.

También se dispuso la presencia de personal de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal y de Bomberos de la fuerza. Lo que restaba por definirse era si se iban a cortar o no las calles de las adyacencias de los tribunales.

El gobernador Omar Perotti participó este martes de la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción de un nuevo edificio para los Tribunales en la ciudad de Casilda. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de $1.374.237.575 y un plazo de obra de 730 días.

Asimismo, el mandatario provincial y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, firmaron dos convenios de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permitirán la agilización de trámites con la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Tras el encuentro, desarrollado en el salón de actos del Palacio de Tribunales en la ciudad de Santa Fe, Perotti destacó como “hechos muy importantes. En primer lugar, un llamado a licitación que se ha realizado para llevar adelante los edificios de Tribunales en la localidad de Casilda. Se trata de un fuerte proceso que lleva adelante la Corte para ir mejorando la infraestructura de cada uno de los edificios, generando las mejores condiciones para el acceso a la justicia y el desenvolvimiento de la actividad profesional”, dijo el gobernador.

Y agregó: “Sin duda que es una obra muy esperada, 15 años esperándola. Hemos tenido la posibilidad de ir trabajando juntos con la Corte en la finalización del edificio de Reconquista, en lo que próximamente será Cañada de Gómez, ahora en Casilda y en un avance para tener un predio en Rafaela”.

Por otro lado, el gobernador también se refirió a los convenios firmados y afirmó que “nos facilitan la posibilidad del acceso, tanto para trámites de niñez, como el funcionamiento y la posibilidad del acceso digital desde el uso de los profesionales con la Caja de la Ley 5110. Son trámites que llevan mucho tiempo y que, con este tipo de convenios, nos permite acelerar esos procedimientos, favoreciendo el acceso a la justicia, los tiempos y el desempeño de los profesionales. El avance de digitalización del Poder Judicial nos ha permitido a todos avanzar en los procesos de digitalización y en posibilidades que le dan a la gente mayor facilidad de acceso a la justicia”, concluyó el mandatario.

A su turno, Rafael Gutiérrez destacó “la importancia que este tipo de emprendimientos trae aparejado y que se repite en los últimos diseños arquitectónicos de los edificios judiciales, donde se plasma una vinculación superadora de este Poder Judicial para con la sociedad, no solo desde el aspecto cultural, sino institucional”, y agradeció al gobernador por “el acompañamiento brindado, el cual, seguramente, se replicará en los ambiciosos proyectos de este alto cuerpo”.

Al llamado a licitación se presentaron nueve oferentes, los que realizaron las siguientes cotizaciones: Dynale 1.747.300.000 pesos; Dyscon S.A. 2.150.686.052,57 pesos; Bordo Arquitectura S.R.L. 1.657.225.831,23 pesos; Coirini S.A. 1.685.017.679,56 pesos; la UT Adobe Construcciones S.R.L. – Planarco S.R.L. 2.169.982.321,80 pesos; la UT Edeca S.A. – Ingeniero Pedro Minervino S.A. 1.754.443.853,44 pesos; De Paoli & Trosce Construcciones 2.092.296.357,43 pesos; la UT Pecam S.A. – Mundo Construcciones S.A. 1.860.688.944,61 pesos; y finalmente la UT Cocyar S.A. – Capitel S.A. 1.980.503.484,09 pesos.

El edificio contará con una superficie cubierta total de 5.504,39 m2, distribuidos en 5 niveles, y una superficie semicubierta de 114,14m2. Todo el proyecto se desarrolló sobre un lote de 3.650 m2, emplazado entre las calles Ovidio Lagos, La Rioja, San Luis y Casado.

Esta obra permitirá una mejor distribución y ocupación de los espacios con respecto al Palacio de Justicia existente. De esta manera se podrán unificar las distintas dependencias judiciales dispersas en la ciudad, incluyendo al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), a quienes se les asignará los espacios correspondientes.

También contará con estacionamiento propio en el subsuelo, alcaidía, sala de efectos, cámara Gesell, salón de usos múltiples, salas de audiencias orales y dos salas de audiencia IPP (Investigación Penal Preparatoria), entre las funciones específicas más importantes.

Además, tendrá un sistema de control unificado de la infraestructura consistente en un sistema de vídeo vigilancia, sistema de alerta y extinción de incendio, un grupo generador de energía eléctrica interrumpida, y sistema de acondicionamiento de aire central.

Asimismo, las instalaciones contarán con monitoreo central; alarma para detección de incendios con monitoreo propio y remoto; cableados estructurados para redes informáticas y telefónicas independientes e intercambiables; central de datos informáticos; central telefónica; ascensores de uso público general, de uso restringido para traslado de detenidos, y de uso privado para desplazamiento de magistrados y funcionarios; baños públicos y especialmente adaptados en todas las plantas, y privados en oficinas; sistemas integrados de control de acceso y registración de última generación; doble servicio de instalaciones eléctricas, por prestadora y grupo electrógeno; cochera para vehículos oficiales y/o traslado de detenidos; e instalaciones de alcaidía.

Posteriormente, Omar Perotti y Rafael Gutiérrez firmaron dos convenios de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permitirán la agilización de trámites.

El primer acuerdo está relacionado al funcionamiento e intercambio de información de la Oficina de Procesos Sucesorios y demás órganos jurisdiccionales judiciales y la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110. Mediante el mismo las partes acuerdan disponer un mecanismo de comunicación, a los fines de evacuar los informes que brinda la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110.

Esos informes serán solicitados a la Caja por los profesionales que cuenten con firma digital (condición excluyente). El pedido se realizará a una cuenta de correo electrónico designada por la Caja y, cumplidos los requisitos de forma, luego la Caja remitirá el informe al órgano jurisdiccional correspondiente. Una vez recibido el informe en la dependencia judicial, la misma procederá a darle ingreso en el sistema informático SISFE del Poder Judicial, vinculándolo con el expediente respectivo.

Mientras tanto, el segundo convenio firmado establece que el Poder Judicial se comprometerá a poner a disposición de los profesionales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que intervengan en expedientes de tramitación en los Tribunales provinciales, una nueva modalidad de acceso al Sistema de Autoconsulta de expedientes habilitado en los distintos Fueros del Poder Judicial de Santa Fe.

Los profesionales habilitados ingresarán al Sistema con un Código de Seguridad Único y podrán consultar e interactuar en la totalidad de los expedientes en los que intervienen y que sea parte esta Subsecretaría. A su vez, la Subsecretaría se compromete a entregar dicho Código de Seguridad a cada uno de los profesionales que ésta designe, y a otorgar al Poder Judicial los datos de sus profesionales habilitados y sus actualizaciones, informando las novedades relacionadas con altas, bajas o modificaciones.

Participaron de los actos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: Roberto Falistocco, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi, y Daniel Erbetta; y el procurador General, Jorge Barraguirre; la Defensora Provincial de Servicio Público, Jaquelina Ana Balangione; el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; la ministra de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena; el senador Eduardo Rosconi; y el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, entre otras autoridades.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso en reunión de acuerdo ordinario la supresión del sistema de turnos para la atención de profesionales y público en general, desde el próximo viernes 1 de abril de 2022. La medida se da en consonancia con las nuevas disposiciones de los poderes Ejecutivo Nacional y Provincial, y ante la marcada tendencia descendente de contagios y fallecimientos producidos por el coronavirus.

En su resolución de acuerdo la Corte destacó que con el sistema de turnos dispuesto, la gestión de diferentes herramientas y diseños organizacionales, y los recursos informáticos puestos en funcionamiento, se logró un equilibrio entre la administración de justicia y la crisis sanitaria desatada por la pandemia.

Cabe recordar, que desde el inicio de la pandemia existieron medidas sanitarias estrictas que imponían en primer término no sólo el aislamiento preventivo (ASPO) de todas y todos los ciudadanos, sino también el estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social (DISPO), sanitización de espacios comunes (de uso y atención pública) y uso de barbijo obligatorio; sumado a ello un exigente control sobre las personas contagiadas y/o sospechadas de ser portadoras de la enfermedad a fin de evitar y/o mitigar el impacto de los contagios crecientes del momento.

Hoy ante una nueva realidad y nuevas disposiciones sanitarias que lo avalan, y las medidas dispuestas en el orden nacional y provincial, se observa un relajamiento en las restricciones oportunamente impuestas a la población, lo que conlleva que la Corte haya valorado como positivas dichas medidas para el levantamiento y supresión del sistema de turnos para la atención de profesionales y público en general, que tendrá efectos desde el próximo viernes 1 de abril.

El Litoral Dos hombres de 29 y 48 años de edad fueron condenados este viernes en los dos primeros juicios orales que se celebraron en los tribunales de Santa Fe, luego la apertura del año judicial 2022. Se trata de casos diferentes: el primero, por el abuso sexual de la hija de su pareja; mientras que el segundo hizo lo mismo contra una sobrina. Ambas víctimas menores de edad al momento de los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Fe. El primero de ellos fue condenado por unanimidad por un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Pablo Busaniche (presidente), Rosana Carrara y Héctor Gabriel Candioti. En tanto Ibarra, fue declarado culpable por los jueces Jorge Patrizi, Pablo Ruiz Staiger y Nicolás Falkenberg. Leguizamón recibió una pena de 10 años de cárcel; en tanto a Ibarra le impusieron 9.

Si bien las dos acusaciones estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), en el primer caso intervino el fiscal Matías Broggi, el cual expuso que “Leguizamón abusó sexualmente de la víctima en una vivienda en la que ambos residían con la madre de la niña”. Al respecto, señaló que “los ataques sucedieron en reiteradas ocasiones entre 2017 y principios de 2020, cuando quien fue agredida cursaba los primeros años de la escuela primaria”. El fiscal remarcó que “el hombre de 29 años llevó a cabo su accionar delictivo de forma muy violenta”, y explicó que “dadas las circunstancias en las que ocurrieron, los ilícitos tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la niña”. Por otro lado, el funcionario del MPA valoró que “hace dos años, la víctima logró escaparse del lugar en el que vivía y relatar sus padecimientos”. En tal sentido, destacó que “fue su abuela paterna quien en un primer momento le brindó contención y radicó la denuncia que dio origen a la investigación”. Por último el fiscal Broggi se refirió a la calificación penal de los hechos por los que Leguizamón fue condenado. “Se le endilgó la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante y de promoción a la corrupción de menores, ambos delitos agravados (por la guarda y por la convivencia)”, detalló.

Por su parte, tras la lectura del veredicto de Ibarra, la fiscal Celeste Minniti afirmó que “el condenado abusó de su sobrina entre 2011 y 2020”, y aclaró que “si bien las fechas exactas no pudieron ser determinadas, quedó probado que ocurrieron en reiteradas oportunidades”. “La víctima -que ya es mayor de edad- comenzó a ser agredida sexualmente en la época en la que transitó la escuela primaria”, indicó Minniti. “Residía en la misma casa que su tío y él llevó a cabo su conducta delictiva en diferentes momentos en los que se quedaron a solas”, aseguró. Asimismo, señaló que “Ibarra se aprovechó del estado de vulnerabilidad de su sobrina”, y destacó que “allegados de la víctima y profesionales que tuvieron contacto con ella atestiguaron que con frecuencia era sometida a circunstancias de extrema violencia”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA explicó que “la investigación inició a raíz de una denuncia radicada por la propia víctima, quien dio cuenta de situaciones de maltrato físico y psicológico que padeció durante su infancia y adolescencia”. En tal sentido, remarcó que “tras escaparse de la casa del condenado, se dirigió a una sede policial e informó lo ocurrido”. En cuanto a la calificación legal, Minniti detalló que “Ibarra fue condenado por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la guarda y por la convivencia preexistente)”. Por último, destacó que una vez que estén los fundamentos del fallo analizarán si lo apelan por considerar que la pena estuvo por debajo de la expectativa de la fiscalía.