(Por Agustina Azcoaga) - A través de un comunicado titulado “El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona”, la entidad destacó que la sanidad animal en el país es un enorme capital construido con el esfuerzo conjunto de productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y las entidades del sector.

Según la FAA, el actual modelo -basado en la articulación público-privada y el trabajo de entes sanitarios- ha demostrado su eficacia durante años, permitiendo sostener estándares sanitarios reconocidos a nivel internacional.

El posicionamiento de la entidad se da en medio de la polémica generada tras una reciente resolución del Gobierno nacional que habilita a los productores a cumplir con el plan obligatorio de vacunación a través de veterinarios privados, lo que implicaría cambios en el esquema vigente.

En ese sentido, desde la Federación Agraria señalaron que, si bien existe consenso en la necesidad de reducir costos, esto no debería lograrse a costa de debilitar el sistema sanitario. “Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona”, remarcaron desde la FAA.

Además, advirtieron que la medida podría limitar la capacidad de control del Senasa y afectar la respuesta ante eventuales emergencias sanitarias, especialmente en lo que respecta a la generación de “anillos” de contención ante posibles brotes.

Para la entidad, el problema central no radica en el funcionamiento del sistema, sino en la necesidad de mejorar los controles donde existan desajustes. En ese marco, defendieron el rol de los entes sanitarios, a los que atribuyen el logro de un control efectivo en la aplicación de las vacunas.

Finalmente, la FAA sostuvo que el camino debería ser el fortalecimiento del sistema sanitario argentino, en un contexto global cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, aspectos clave para sostener y ampliar los mercados de la ganadería nacional.

La postura de la Federación Agraria se suma a la de otras entidades del sector, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y Confederaciones Rurales Argentinas, que también manifestaron reparos frente a posibles modificaciones en el esquema de vacunación.

En el marco de una jornada de capacitación organizada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto, los productores y veterinarios locales se adentraron en las últimas herramientas para optimizar el control sanitario del ganado. Marcelo Aztigarraga, referente local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), destacó la importancia de la identificación electrónica como pieza clave en la campaña nacional contra la fiebre aftosa, cuya vacunación es de carácter obligatorio.

"La identificación electrónica permite un control individual, preciso y confiable de cada animal, especialmente en el caso de terneros y terneras, donde es obligatoria", explicó Aztigarraga. Esta herramienta facilita la correcta vacunación de cada ejemplar, reduciendo los márgenes de error administrativo y ofreciendo una trazabilidad efectiva del ganado. De esta manera, se optimiza no solo el trabajo sanitario, sino también la gestión interna de cada establecimiento ganadero.

Una de las preguntas que más interesó a los productores fue sobre cómo la lectura de las caravanas electrónicas mejora el trabajo en el campo. Aztigarraga detalló que, si bien las caravanas pueden ser leídas de manera visual y manual, el uso de lectores electrónicos agiliza el proceso. "Con el lector electrónico, la captura de datos es automática, evitando errores de transcripción y permitiendo que la información se integre directamente a los sistemas digitales de gestión sanitaria", afirmó.

La precisión de los datos es crucial, no solo para el buen desarrollo de la campaña, sino también para garantizar la transparencia del sistema sanitario nacional. "Las vacunaciones antiaftosa deben ser declaradas mediante un acta específica confeccionada por el vacunador", señaló Aztigarraga. Estas declaraciones pueden realizarse en la oficina local de Senasa, de manera autogestionada por el productor o mediante la aplicación oficial SIGBIOTRAZA. Esta última opción facilita la declaración y refuerza el sistema sanitario, brindando una mayor seguridad a toda la cadena productiva.

Pero, más allá del control interno, la trazabilidad electrónica también tiene implicancias en el ámbito internacional. Según Aztigarraga, "la trazabilidad electrónica y la vacunación sistemática son claves para mantener el estatus sanitario de Argentina como país libre de fiebre aftosa con vacunación". Este reconocimiento internacional es fundamental para acceder a mercados de alto valor, asegurando la competitividad del sector ganadero en el comercio exterior.

El compromiso con el desarrollo de la región también estuvo presente en la jornada, destacando el apoyo brindado por el Centro Regional para el Desarrollo. Desde la entidad, se destacó la importancia de continuar con instancias de formación como las impulsadas por la Sociedad Rural de Venado Tuerto, ya que permiten fortalecer la capacitación técnica de los productores, veterinarios y trabajadores, contribuyendo al progreso del sector.

Este tipo de iniciativas refuerzan el vínculo entre sanidad, tecnología y competitividad en el sector agropecuario, permitiendo a la región mantenerse a la vanguardia en la producción ganadera.

(Por Agustina Azcoaga) - Por medio de la Resolución General Conjunta 5821/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía y ARCA introdujeron cambios en la operatoria de las cartas de porte —el documento obligatorio para el traslado de granos y derivados—.

La norma modificó las resoluciones 5017/2021 y 5235/2022, y apunta a fortalecer el vínculo entre el sistema de control fiscal y el registro de operadores del agro, mediante el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

La carta de porte queda atada al SISA: qué cambia para el sector granario.

Según la nueva disposición, sólo podrán emitir cartas de porte los productores y operadores que estén registrados y con plantas activas en el SISA. Esto significa que no bastará con tener el CUIT habilitado: si la planta figura inactiva, no se podrá emitir la carta, aun cuando el productor esté correctamente inscripto.

Además, la resolución refuerza la responsabilidad del emisor sobre los datos declarados en la carta, las cantidades transportadas y el cumplimiento de los pesos máximos permitidos por el Decreto 32/2018.

La carta de porte queda atada al SISA: qué cambia para el sector granario.

En cuanto a la Carta de Porte Automotor Flete Corto, el documento aclaró que sólo podrá emitirse por productores u operadores calificados con Estado 1 o 2 en el SISA, y siempre hacia plantas en situación activa.

El incumplimiento de estas condiciones podrá derivar en la inactivación del operador y de sus plantas en el sistema, además de las sanciones previstas en la legislación impositiva vigente.

Respecto de la Carta de Porte Electrónica para Derivados Granarios (CPEDG), se ratificó su uso obligatorio como único documento válido para el traslado de productos y subproductos del procesamiento de granos y legumbres.

Este comprobante reemplaza definitivamente al remito RG 1415 y también exige que tanto el origen como el destino estén registrados en el SISA, con actividades habilitadas.

La medida, que entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, aumenta la dependencia operativa del SISA dentro de la cadena granaria.

En la práctica, implica más control sobre el movimiento de granos y derivados, pero también mayor exposición de los productores y acopiadores a sanciones o bloqueos operativos ante cualquier error formal.

Desde el 25 de diciembre, el transporte de la variedad palta Hass en todo el país deberá estar amparado por el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), que emite el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Así lo establece la Disposición Conjunta N° 1/2024, de las direcciones nacionales de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y de Protección Vegetal del Senasa, publicada hoy en el Boletín Oficial, que tiene como objetivo mejorar la trazabilidad de esta fruta en el mercado nacional y fortalecer la inocuidad del producto que llega a los consumidores.

Este Documento es el único válido para amparar el tránsito de productos, subproductos y derivados de origen vegetal, nacionales o importados y se realiza por medio del Sistema Integrado de Gestión del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (SIG-DTV).

Para poder gestionar el Documento en el traslado de paltas, es necesario estar inscripto en el registro del Senasa que corresponda y con la habilitación al día. Toda la información sobre el DTV-e se encuentra disponible en la página web del Senasa.

En nuestro país, esta variedad es la que concentra el mayor porcentaje de las preferencias de los consumidores y del comercio. En el período 2021-2023, se comercializaron a través del Mercado Central de Buenos Aires un promedio anual de 7.539 toneladas de palta, con un volumen porcentual de la variedad Hass de más del 87%, respecto del total.

Aproximadamente, el 81% de las paltas son de origen importado (Chile, Brasil, Perú, México y Colombia). En tanto, lo producido en nuestro país proviene principalmente de las provincias del NOA (Tucumán, Jujuy y Salta) y en menor medida de la región mesopotámica (Misiones, Corrientes y Entre Ríos).

Cuando el Estado se declara impotente en la “guerra contra el narco”, uno lo imagina como un problema de criminalidad y violencia urbana con guarismos de homicidios e inseguridad, nunca como un tema vinculado a la salud pública. Esa “impotencia” declarada, podría ser creíble si no fuese que el propio Estado es quien promueve e incentiva un sistema social y cultural que hace, de las adicciones, una consecuencia mágica de un fenómeno paranormal.

Este trabajo periodístico realizado por Mirador Provincial, que iremos entregando en sucesivos informes, no tiene mayor mérito que el de haber caminado la calle y recuperar capacidad de asombro allí donde el escepticismo se impone y naturaliza la tragedia.

Los poderes del Estado y los gobiernos que, eventualmente, se encuentran conduciendo las instituciones pueden dejar, fácilmente, dejar de ser el problema para ser la solución. Las herramientas están y se encuentran en una ley de fácil implementación.

En 2013, se sancionó, en el Congreso, la ley 26.906 que fijó un “Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso”, texto que establece el conjunto de procedimientos para conocer todo el recorrido de un producto desde su fabricación y su distribución hasta su venta. Este tiene como finalidad conocer todo el recorrido de los medicamentos para asegurar su control y evitar que circulen medicamentos ilegítimos.

Con la sola inspección y seguimiento de los medicamentos que circulan, por cientos de miles, en el mercado negro, sería fácilmente detectable el origen y recorrido de las drogas, desde el laboratorio hasta la boca del consumidor.

Esto que realizamos, como medio de comunicación, podría ser ejecutado fácilmente por los organismos de control sanitario e, incluso, por la Administración Federal de Ingresos Públicos ya que la evasión que implica este enorme mercado sería detectable de existir la voluntad política de investigar, principalmente, droguerías y laboratorios que son los “mayoristas” de productos que, a diferencia de otros mercados, cuentan con una identificación individual de lotes y partidas, siendo su venta minorista exclusiva potestad de farmacias habilitadas a tal efecto.

A medida que los informes se sucedan, iremos desandando el camino de las responsabilidades que atañen al sector público y privado de la salud están claramente identificados y los intereses políticos y económicos claramente individualizados.

En la sesión de este jueves 24 se aprobó el proyecto de comunicación del diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, donde solicita al Nuevo Banco de Santa Fe, que es el agente financiero del Estado Provincial, y al resto de las entidades bancarias que operan en el territorio provincial, que refuercen e incrementen las medidas de seguridad para evitar las estafas bancarias de las que son víctimas los usuarios de sus servicios.

Gabriel Real, diputado provincial del Partido Demócrata Progresista.

En la misma iniciativa, se solicita suspender el cobro de las cuotas de créditos personales de aquellos clientes que manifiesten haber sido estafados y acompañen la correspondiente certificación de denuncia realizada ante las distintas Unidades Fiscales. Esto, hasta tanto se pueda determinar fehacientemente la trazabilidad de las operaciones efectuadas y descartar la responsabilidad de las entidades bancarias en la vulnerabilidad del sistema de seguridad.

“Deben ser las instituciones bancarias las garantes de la seguridad en el sistema, que están obligadas a llevar registros y es su deber contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados, que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente y que puedan advertir situaciones sospechosas. No alcanza con campañas de concientización dirigidas al consumidor. Hoy se ha profesionalizado el delito bancario como consecuencia de la utilización de las herramientas virtuales y, en ese sentido, los bancos quedan rezagados”, enfatizó Real.

En estos días, muchos medios de comunicación informaban sobre la última modalidad de estafa bancaria: el débito inmediato (DEBIN). La misma consiste en que una persona avise a un tercero que le hará un pago a través de este método y, en lugar de enviar el dinero, se lo extraen.

“Los bancos enviaron mails a sus clientes en los últimos días, alertando por esta modalidad y recomendaron que, para evitar ser víctima del engaño, hay que asegurarse que la persona que solicita el DEBIN es con quien se acordó una transacción. En realidad, las instituciones bancarias deben prevenir con soporte técnico y herramientas, antes de ser cometido el delito. Luego el cliente ya fue estafado y en la mayoría de los casos nunca recupera nada”, finalizó el legislador del PDP.