Por Alan Vidaña

Este lunes se cumple un nuevo aniversario del siniestro vial más grande de todo el territorio santafesino. Una crónica de un final anunciado.

La principal hipótesis de la causa del choque fue la explosión del neumático delantero izquierdo de uno de los vehículos, que tras eso se cruzó de carril y chocó con la otra unidad que venía de frente.

Una semana después del siniestro, la Provincia decidió quitarle todas las concesiones a la compañía Monticas.

A partir de ese momento, se hizo cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al rosarino Agustín Bermúdez.

Las víctimas mortales del choque fueron Aníbal Pontiel (53), Gustavo Souza (48), Alejandro Machado (23), Natalia Angiorama (31), Sergio Norberto Chane (72), Jorge Ledesma (58), Johana Fernández (15), Gianella Fernández (20), Juan Burzaca (82), Cintia Albornoz (38), Gabriela Márquez (35), Juana Ferreyra (69) y Jorge Forgioni (60).

A finales del 2024, el fiscal de la causa Walter Jurado, acordó con las víctimas y los defensores de los imputados la suspensión del juicio a prueba, tras considerar las pruebas presentadas y las condiciones de reparación de los daños.

En la resolución del juez Pablo Pinto, se estableció un plazo de dos años para la suspensión del juicio, imponiendo una serie de medidas a los acusados, quienes se comprometieron a cumplir con una serie de obligaciones.

Entre estas, todos los imputados deberán fijar residencia y abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes.

Además, se les solicitó realizar donaciones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Pérez y Zavalla, en cantidades que van desde los 100.000 hasta los 200.000 pesos, dependiendo del implicado.

Asimismo, se les aplicó una inhabilitación especial de dos años para ocupar cargos relacionados con el mantenimiento de vehículos de transporte público.

En cuanto a las consecuencias individuales, se aplicaron medidas específicas a cada imputado.

Juan D.R., Pablo D., Carlos L., y José M. deberán realizar trabajos comunitarios relacionados con la seguridad vial y la prevención de accidentes. Alejandro P. y Gabriel V., responsables del mantenimiento de los vehículos, deberán someterse a un curso sobre seguridad en el transporte.

Los implicados también se comprometieron a abonar una suma equivalente a un salario y medio, que será distribuida entre las víctimas directas o sus herederos forzosos, en tres cuotas mensuales.

No obstante, esta suma no incluye a quienes hayan sufrido lesiones leves, ya que la acción penal fue desistida para estos casos.

La Ruta Nacional 33 no deja de ser noticia a diario, no sólo por la gran cantidad de accidentes de tránsito (hubo tres en los últimos 7 días), muchos de ellos de gravedad, sino también por la falta de mantenimiento tanto de la traza como de las banquinas, lo que se ha convertido en un reclamo constante de la ciudadanía y las autoridades, tanto de la provincia como de las diferentes localidades que atraviesa esta carretera.

La realidad es tan crítica que, en los últimos 5 años, según las estadísticas de la ONG de Casilda “Construir Hacer” hubo 500 siniestros, 63 víctimas fatales, 305 personas lesionadas y 782 vehículos involucrados; cifras que realmente alarman pero que, hasta el momento, no han sido suficientes como para lograr una solución. 

Además, la ruta es una de las más transitadas del país, con más de 8.200 vehículos circulando diariamente, de los cuales un 68% son camiones. "Esto demuestra la necesidad urgente de mejorar la infraestructura de la ruta. Hoy, ya no hablamos de la autovía, sino que nos conformamos con que se realicen al menos mejoras y mantenimiento", comentó Enzo Navarro, referente de “Construir Hacer”.

Al hablar sobre el contexto actual, Navarro destacó que, a pesar de los esfuerzos de la ONG y los reclamos de la sociedad, la situación de la Ruta 33 sigue siendo crítica. Este año, la ruta no ha recibido mantenimiento, y las condiciones de circulación se han vuelto aún más peligrosas debido a la falta de obras y la acumulación de accidentes. Según precisó, el 2024 ha sido un año especialmente trágico, con varios accidentes fatales, los cuales podrían haberse evitado con una infraestructura adecuada y un control más efectivo.

"Invitamos a las autoridades nacionales, al presidente y al vicepresidente, a que recorran la Ruta 33 para que vean con sus propios ojos el estado en que se encuentra. Los reclamos de la sociedad no son nuevos, pero aún no hemos tenido respuestas concretas", explicó.

Navarro también mencionó un nuevo factor que está complicando aún más la seguridad en la ruta: la falta de mantenimiento de las plantas que crecen a la vera de la banquina. "Las ramas caen sobre la ruta, generando nuevos peligros. A todo esto, se le suman las fallas humanas y las condiciones climáticas. Mientras tanto, no se ve ninguna perspectiva de mejora".

"La Ruta 33 es vital para la producción del país, y los habitantes del sur de Santa Fe merecemos una respuesta. No solo por el valor de la vida humana, sino también por lo que esta ruta representa para la economía nacional", enfatizó.

Por otro lado, Enzo Navarro, hizo referencia a la tragedia ocurrida en 2017 con la empresa de transporte Monticas, luego de que esta semana se estableciera un monto que responsables empresariales debían abonar al cuerpo de Bomberos de Zaballa, quienes rechazaron el dinero. 

En principio, Navarro recordó cómo la ONG surgió a raíz de esta tragedia, que no solo le afectó de manera personal, sino también desde su rol institucional en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, donde varios estudiantes estuvieron involucrados en el accidente. "Este espacio nació de una mezcla de razones personales e institucionales. Mi mamá sufrió un siniestro vial y, lamentablemente, falleció tras estar varios días en terapia intensiva. Además, la tragedia de Monticas nos marcó profundamente. Fue un hecho que, de alguna forma, podría haberse evitado si las autoridades hubieran tomado decisiones en su momento", afirmó Navarro.

La tragedia de Monticas dejó 13 víctimas fatales y más de 30 heridos, un hecho que, según Navarro, expuso la falta de respuestas por parte de los responsables políticos. A pesar de las múltiples denuncias de vecinos, estudiantes y autoridades locales sobre las condiciones de la ruta, las medidas de prevención y reparación fueron nulas. "Nunca hubo un responsable político que se presentara ante la justicia. Todos recordamos cómo hubo un gran reclamo por parte de la sociedad y nada cambió hasta que ocurrió la tragedia", remarcó.

Por Alan Vidaña

Este viernes se cumple un nuevo aniversario del siniestro que dejó una huella imborrable en todos los santafesinos. Una desgracia anunciada con antelación. A las 10:30 se realizará un homenaje a las víctimas en la Plaza Julio Argentino Roca de la localidad de Zavalla -departamento. Rosario-. En esta oportunidad, no se cortará el tránsito de la arteria nacional donde ocurrió la tragedia.

“Lo primero que recuerdo de ese día es que hacía un calor tremendo. Yo no tenía programado viajar, pero había mandado a Rosario a reparar una máquina y justo me llamaron que estaba lista, así que al ver que llegaba al colectivo de las 10.20 decidí viajar. Me subí junto a otro señor mayor y me ubiqué en la tercera fila detrás del conductor. Recuerdo que había poca gente. En las dos primeras filas estaban sentadas tres chicas jóvenes que venían de Casilda y detrás de ellas se ubicó el señor llamado Sergio Chena, así que por eso es que me fui al lugar mencionado. En pleno viaje se escucha que el chofer grita “agárrense” y fue en ese entonces que se escucha el ruido del choque y nos fuimos contra la cuneta”, confesó en ese momento, Andrea Givanetonne, una de las sobrevivientes.

Tragedia de Monticas: pedirán de 3 a 5 años de prisión para los directivos de la empresa

La principal hipótesis de la causa del choque fue la explosión del neumático delantero izquierdo de uno de los vehículos, que tras eso se cruzó de carril y chocó con la otra unidad que venía de frente.

Vale recordar, que una semana después del siniestro, la Provincia decidió quitarle todas las concesiones a la compañía Monticas. A partir de ese momento, se hizo cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al rosarino Agustín Bermúdez.

Asimismo, otros de los puntos que llamaba la atención era que las Revisión Técnica Obligatoria estaba aprobada, pero con muchas cosas claves a reparar, como la de neumáticos no aptos para prestar el servicio, problemas en el sistema eléctrico, en la iluminación adecuada, en elementos de emergencia y en la suspensión en el tren trasero.

Sobre la causa

El martes 6 de septiembre de 2022 comenzó la audiencia preliminar al juicio con la presentación del requerimiento acusatorio hacia los 10 imputados.

El fiscal Walter Jurado, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, les atribuyó a Pablo

César D., de 43 años; Carlos Enrique L. de 66 años; Alejandro Agustin P.; Raúl José R. de 68 años; Alejandro David L. de 46 años; Cristopher B.; Juan José D.R.; José Luis M.; Gabriel Andrés V.; y Diego Javier P. el delito de Homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas graves y gravísimas agravadas por la multiplicidad de víctimas.

A 5 años de la tragedia de Monticas: una causa que se dilata en el tiempo

Penas solicitadas por fiscalía

– Para Alejandro David L., Carlos Enrique L., Pablo César D. y Diego Javier P. la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para el ejercicio del comercio y administración de empresas y/o sociedades.

– Para José Luis M, Chistopher B., Gabriel Andrés V., Juan José D.R, y Alejandro Agustín P., la pena de 5 años de prisión efectiva.

– Para Raúl José R. la pena de 3 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de comercio y administración de sociedades.

Roles de los imputados

Alejandro David L., Carlos L., Pablo D. y Diego Javier P. ejercían funciones relevantes con poder de mando dentro de la organización de Monticas S.A. Carlos L., además de ser socio accionista y director, era también jefe en el taller.

Pablo D. era gerente del taller, quien diariamente ejercía sus funciones de mando y dirección, junto con Diego P. quien estaba a cargo de la oficina técnica, sector que nucleaba la información relativa a todas las unidades que recibían mantenimiento en el galpón de calle Sabin, del mantenimiento preventivo y de emergencia de las unidades. Alejandro L. era el presidente del directorio, además era quien cumplía con el rol de la distribución y administración de los fondos de Monticas S.A. José Luis M, Chistopher B., Gabriel Andrés V., Juan José D.R, y Alejandro Agustín P. cumplían el rol de encargados de taller de turno.

Alejandro P. era además el jefe de la sección gomería. Ejercía funciones esenciales para el buen funcionamiento de las unidades y de la seguridad de las mismas. Raúl R. si bien no cumplía funciones relevantes dentro del organigrama -operativo- de la empresa, debió ejercer las facultades que les daba el estatuto y que le confiere la ley de actuar en la administración, celebración de actos y representación de la empresa. Todos los acusados fueron parte de una organización y cada uno de ellos tuvieron en su accionar la relevancia suficiente para ser considerados autores en la producción del resultado dañoso.