La francesa Thales prevé abrir en abril la primera estación de control de tráfico aéreo del mundo totalmente alimentada con energía renovable en el desierto de Atacama, Chile, y está interesada en desarrollar proyectos renovables en otras áreas sin red eléctrica, dijo un ejecutivo de alto rango.

La estación, ubicada en la ciudad de Calama en el norte de del país andino, será utilizada por la autoridad de aviación civil, DGAC, y estará alimentada por 340 paneles solares y baterías adyacentes colocadas bajo la abundante luz solar del lugar.

"Nuestro equipo en Brasil ya había estado trabajando en desarrollos tecnológicos basados ​​en fuentes de energía alternativas durante algunos años, por lo que decidimos asumir este desafío", dijo en una entrevista el director general de Thales en Brasil, Luciano Macaferri. "Nadie había fabricado nunca un radar 100% independiente de la red eléctrica", añadió.

Los radares que se utilizarán para el control de aviación consumen alrededor de un megavatio de energía por hora.

El contrato del proyecto se firmó en 2021 después de que la DGAC solicitara propuestas para el control del tráfico aéreo en la zona desértica, dijo Macaferri.

"Tuvimos que construir dos puentes para trasladar el equipo hasta allí", señaló y añadió: "Mientras preparábamos el lugar, encontramos algunos artefactos arqueológicos. Así que nos pusimos en contacto con grupos indígenas locales y demarcaron parte del área".

La compañía Thales ahora está interesada en construir proyectos similares en otros lugares, utilizando también otras fuentes como la energía eólica e hidroeléctrica.

"Este ha sido un primer ejemplo. Finalmente ha tenido lugar fuera de Brasil, pero ya vemos muchos aeropuertos interesados ​​en las energías renovables para reducir su huella de carbono", dijo Macaferri.

Singapur ejecutó a Tangaraju Suppiah este miércoles 26 de abril por su participación en una conspiración para traficar un kilogramo de marihuana. El hombre de 46 años, de origen tamil, fue ahorcado en la prisión de Changi tras ser declarado culpable y condenado a muerte en 2018.

La ejecución de Suppiah ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas pidió detener por dudas sobre las garantías del proceso judicial.

A pesar de los pedidos de clemencia de la familia de Suppiah, así como de las llamadas de las ONG y la ONU, las autoridades de Singapur procedieron a la ejecución, citando la participación de Suppiah en la conspiración de drogas.

El uso de la pena de muerte en Singapur por delitos de drogas ha sido objeto de controversia durante años, y muchas organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la práctica como inhumana e ineficaz. La dura postura de Singapur sobre el narcotráfico le ha valido la reputación de líder regional en la lucha contra las drogas, pero los críticos argumentan que el uso de la pena de muerte en el país es excesivo y socava los principios de justicia y derechos humanos.

La ejecución de Suppiah es la primera que se lleva a cabo este año, después de que en 2022 se ejecutará en la horca a 11 presos, un récord. Países de todo el mundo están aboliendo la práctica en los últimos años.

El gobierno de Singapur ha defendido su uso de la pena de muerte por tráfico de drogas, argumentando que es necesario para disuadir y proteger la seguridad pública. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos argumentan que el uso de la pena de muerte no es un elemento disuasorio efectivo y que viola los derechos humanos fundamentales.

El caso de Tangaraju Suppiah destaca el marcado contraste entre la dura postura de Singapur sobre el tráfico de drogas y la creciente tendencia hacia la legalización y despenalización de la marihuana en muchas partes del mundo. Mientras países vecinos como Tailandia avanzan hacia la legalización de la marihuana para uso médico y exploran los beneficios económicos de la industria del cannabis, Singapur sigue comprometido con su enfoque duro y controvertido para el control de drogas.

Pero este centro financiero asiático mantiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo y asegura que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico. Sin embargo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU asegura que esta creencia es “un mito”.

El multimillonario británico Richard Brandson, miembro de la Comisión Mundial de Lucha contra las Drogas, pidió el lunes a Singapur que reconsiderara la ejecución y aseguró que “se trata en gran parte de un caso basado en presunciones”. El Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable.

El ministerio señaló que dos teléfonos móviles, que según la fiscalía pertenecían a él, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos. “La evidencia muestra claramente que era la persona coordinando la entrega de drogas, con el propósito de traficar”, aseguró. En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado.

Por otro lado, la familia y los activistas han afirmado que no recibió representación legal adecuada y que se le negó el acceso a un intérprete tamil durante el interrogatorio policial inicial. También argumentan que la evidencia contra Suppiah fue débil y circunstancial.