La Justicia condenó a Marcela Zulma Chávez a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y a diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores por su responsabilidad en un siniestro vial fatal ocurrido el 27 de junio de 2022 sobre la Ruta Provincial Nº 94, en el tramo comprendido entre las localidades de La Chispa y Murphy.

El hecho provocó la muerte de Gianfranco Gómez y Gabriel Duarte, mientras que Lisandro Roda Manrique, Lautaro Buscaglia y Santiago Funes sufrieron lesiones como consecuencia del impacto.

Según estableció la investigación, Chávez circulaba al mando de una camioneta Chevrolet S10 en dirección a Murphy cuando, debido a una conducción imprudente y antirreglamentaria, impactó desde atrás contra un carretón remolcado por un tractor que transitaba en el mismo sentido.

Las pericias accidentológicas determinaron que la camioneta se desplazaba a una velocidad estimada de entre 123 y 135 kilómetros por hora, superando la velocidad permitida para ese sector. Además, se estableció que el vehículo presentaba una iluminación inadecuada y que no hubo indicios de maniobras previas de frenado o esquive antes de la colisión.

La conducta de la imputada fue encuadrada como doble homicidio culposo calificado, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

La condena fue dictada mediante un procedimiento abreviado, con el consentimiento de Chávez, su defensa y las partes damnificadas. Durante el proceso, los familiares de las víctimas fallecidas y las personas lesionadas fueron escuchados, manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado y recibieron un resarcimiento económico.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. En el equipo de trabajo también intervino la fiscal adjunta Larisa Barucca, bajo la coordinación de Raposo, además de la Dra. Paula Borello.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron que la resolución fue el resultado de una investigación que incorporó pericias accidentológicas y mecánicas, testimonios, informes médicos y psicológicos, además de otros elementos probatorios que permitieron reconstruir la dinámica del siniestro y determinar la responsabilidad penal de la conductora.

La pena de prisión efectiva y la inhabilitación para conducir durante diez años constituyen la respuesta judicial frente a un hecho que dejó como saldo dos personas fallecidas, tres lesionadas y un profundo impacto en sus familias y en la comunidad.