En un hecho sin precedentes, desde el poder judicial resolvieron la prisión preventiva por 30 días de un sujeto de 31 años (Santiago C.) acusado de atar, torturar y matar a una perra galga que estaba preñada, con el agravante de haber filmado todo el proceso y posteriormente subirlo a redes sociales.

En una audiencia que se llevó adelante en los tribunales venadenses en la tarde del martes, el hombre también fue imputado por “tenencia ilegítima de arma de fuego” y por “daño” de sus animales a un campo vecino.

Historia reciente

Si bien el hombre tiene antecedentes de maltrato animal, el hecho más grave se registró en la jornada del martes en un campo de su propiedad ubicado en la zona sureste de Venado Tuerto, no muy distante del casco urbano. 

Según se expuso en la audiencia imputativa, Santiago C. ató a una perra galga preñada a un carro con neumáticos, supuestamente molesto porque habría matado una gallina. Posteriormente a la punta de un palo de madera le añadió un cuchillo para luego comenzar a provocarle heridas corto-punzante al animal a la altura del pecho en el sector izquierdo del cuerpo. El sujeto filmó el proceso donde provocaba las lesiones y cuando el animal agonizaba e intentaba escapar desesperadamente, pero no podía. Todo ese material lo publicó en varias partes en su estado de WhatsApp. 

Vecinos de la zona observaron las imágenes en redes sociales y dieron aviso al Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSCA), desde donde, con el apoyo del intendente Leonel Chiarella, decidieron radicar formalmente la denuncia el mismo lunes 2 de septiembre.

Al frente de la investigación se puso el fiscal Damián Casullo, quien, con el visto bueno del juez en lo Penal Leandro Martín, se llevó adelante el allanamiento del campo en cuestión. 

Los datos que se desprenden del accionar judicial y de la Guardia Rural Los Pumas indican que “en el lugar se observa una falta importante de higiene y mantenimiento”. A esto se suma que compartían el mismo espacio gallinas, vacas, ovejas, chivos, porcinos y caballos. 

Paso seguido, los pesquisas encontraron el cadáver de la perra galga que continuaba atada al carro en cual fue torturada.

Luego ingresaron a la vivienda de mampostería que estaba en mal estado de mantención, desordenada y falta de higiene, con presencia de alimentos, cereales varios y desechos domésticos. En la galería hallaron una carabina calibre 22, un rifle de aire comprimido, cuchillos con manchas de sangra corroído. En una habitación incautaron cinco teléfonos celulares, 18 cartuchos calibre 28, 16 y 12, más el DNI del detenido. 

Tras la inspección los investigadores, con el acompañamiento de personal de distintas reparticiones, decidieron rescatar a siete perros y dos gatos. También secuestraron el carro donde fue atada la perra torturada, las armas de fuego, cartuchos, teléfonos, cuerdas, un fragmento de madera, cuchillos, entre otros elementos. 

Más pruebas

En los videos publicados en redes sociales no aparece el rostro de Santiago C., sino que solo se puede observar la mano con ciertas particularidades: las uñas extremadamente sucias (una de ellas muy larga) y un anillo grande de color gris colocado en uno de sus dedos. Al momento del allanamiento los investigadores tomaron los recaudos necesarios y pudieron determinar que se trataba de la mano del sujeto acusado.

Santiago fue trasladado a sede de la Comisaría 2° y en la jornada del martes se llevó adelante la audiencia imputativa en donde se le formó causa por “tortura animal, tenencia indebida de arma de fuego y daño”. Minutos más tarde se realizó la audiencia cautelar donde el fiscal Damián Casullo solicitó la prisión preventiva del acusado, mientras que su defensora pidió la libertad bajo estrictas reglas de conductas, entre ellas “no consumir alcohol ni sustancias tóxicas”.

Finalmente, el juez Leandro Martín resolvió la prisión preventiva ordinaria por 30 días de Santiago C. en un fallo sin precedentes en Venado Tuerto. 

Intendente indignado

En sus redes sociales el intendente Leonel Chiarella realizó una publicación exponiendo la situación y mostrando su indignación con el accionar del sujeto de 31 años. 

En el texto sostiene que Santiago C. “acuchilló a su perra, la dejó atada hasta que murió desangrada, la filmó y subió el video a las redes sociales. Un asesino y un perverso. Lo denunciamos penalmente y quedó detenido gracias a las pruebas aportadas por vecinos y al accionar de la policía y la fiscalía”.

Además, “logramos rescatar siete perros y dos gatos que estaban en la vivienda. Felicitaciones a todo el personal de IMUSCA por el enorme trabajo que hacen. Vamos a seguir firmes en contra de la crueldad y el maltrato animal”, finaliza el comunicado.

Nueva denuncia

Las acusaciones sobre el sujeto de 31 años no terminan ahí, ya que también fue denunciado por haber dejado sueltos animales (4 vacas y 30 chivos) que ingresaron a un campo vecino generando estragos en el lote. 

El 18 de abril de 1978, el exsacerdote argentino Santiago Mac Guire pasó a buscar a su hijo Lucas, de cinco años, por el jardín de infantes y lo subió a la bicicleta. Cuando estaban a pocas cuadras de casa, en la ciudad de Rosario, un automóvil les cortó el paso y los tiró al suelo. Salieron de él cuatro o cinco militares de civil que se lanzaron sobre Mac Guire, lo encapucharon y se lo llevaron tumbado en el suelo del coche, mientras dejaban al niño abandonado en mitad de la calle.

Lucas tiene hoy 49 años y se prepara para declarar como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó el pasado lunes en Rosario. El caso de su padre es uno de los 116 englobados en la causa Guerrieri IV -por Pascual Guerrieri, ex responsable de inteligencia del Ejército- por el que están acusados 17 exmilitares y policías. Sin embargo, se trata de un caso singular por la acusación inédita que lo acompaña: la querella sostiene que Mac Guire fue secuestrado y torturado junto a otros dos detenidos en la casa salesiana Ceferino Namuncurá, a las afueras de Rosario. De confirmarse, sería la primera vez que se prueba que una dependencia eclesiástica funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina (1976-1983).

“Escuchaba ruidos de aviones, así que sabía que estaba más o menos cerca del aeropuerto, que queda en la zona de Funes. Cuando lo mandan a buscar para legalizarlo [pasarlo de un centro de detención clandestino a uno legal] lo llevan dos soldados y cuando él les pregunta que dónde estaban le dicen que vienen del Ceferino Namuncurá. Ahí entiende que es el retiro espiritual de los salesianos donde había ido muchas veces y establece la relación”, cuenta Lucas por teléfono.

Mac Guire no puede prestar testimonio porque falleció en 2001, pero había declarado en 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el organismo creado por Ricardo Alfonsin tras el regreso de Argentina a la democracia con el objetivo de investigar los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Su hijo se basa en ese testimonio para responder, que forma parte también del expediente judicial.

Lucas era muy pequeño para acordarse con precisión del día en el que golpearon y secuestraron a su padre frente a él, pero conserva la sensación de frío y de vacío de los primeros minutos, cuando todo el mundo se había escondido en sus casas por miedo. “Primero apareció el kioskero y después una mujer con una nenita que iba a mi escuela. Se acercó a mí, que lloraba descontrolado, y me llevó a mi casa”, reconstruye.

Como las demás familias de desaparecidos durante la dictadura, la esposa de Mac Guire, María Magdalena Carey, comenzó a buscarlo por todos lados. Una de las puertas que golpeó fue la del Obispado de Rosario. Se presentó a pedir ayuda junto a sus cuatro hijos y no se fue hasta que la recibieron. Aunque Mac Guire, quien fue un destacado sacerdote tercermundista hasta que colgó los hábitos en 1972, su familia cree que sus lazos con la Iglesia fueron esenciales para salvarle la vida.

“A los 15 días aproximadamente llaman a mi madre desde el Obispado para decirle que vaya al Batallón 121 porque mi padre ha aparecido ahí. Cuando llega se encuentra a una persona irreconocible por la cantidad de lesiones y golpes y su delgadez”, cuenta Lucas. En su testimonio ante la Conadep, Mac Guire relató que cuando fue trasladado a ese batallón lo recibió [Eugenio] Zitelli, el capellán de la policía rosarina, “tomando café y fumando un cigarrillo con [el comandante de Gendarmería Adolfo] Kusidonchi”.

Kusidonchi fue condenado en 2018 a 22 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pero Zitelli murió antes de ser juzgado. “Zitelli estuvo procesado por hechos de privación, de aplicación de tormentos y por integrar la asociación ilícita del aparato represor estatal en Rosario, pero no fue condenado porque falleció pocos días antes del inicio del juicio en el que estaba procesado”, afirma la abogada querellante Gabriela Durruty. “El caso de Mac Guire vuelve a poner en agenda el tema de la corresponsabilidad de la Iglesia con la dictadura”, continúa Durruty.

Según la querella, Mac Guire estuvo detenido en la casa salesiana Ceferino Namuncurá junto a Roberto Pistacchia -secuestrado el mismo día que él y también sobreviviente- y Eduardo Garat, que permanece desaparecido. El terreno donde se encontraba fue vendido en 1979 a la Fuerza Aérea, una operación que recuerda a la que se realizó ese mismo año en el delta del Tigre en la conocida como quinta El Silencio. Esa propiedad de la iglesia fue vendida a los militares y albergó poco después a algunos detenidos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) para burlar la inspección que iban a realizar los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su visita a Argentina.

Lucas lamenta que el juicio haya tardado tanto en llegar y que sólo haya una audiencia semanal en el Tribunal Oral Federal 1, lo que alargará aún más el proceso. “Por un lado es una sensación liberadora [el inicio del juicio], pero por otro lado hay bastantes matices, porque muchos acusados murieron, o por enfermedad o vejez no estuvieron en la sala”, critica.

Amigos y activistas de derechos humanos acompañaron el lunes a los familiares a las puertas del tribunal. Todos esperan condenas ejemplares, pero recuerdan que, además, cada nuevo juicio supone una nueva oportunidad para recordar los crímenes perpetrados y que no vuelvan a repetirse. Desde que Argentina reanudó los juicios por delitos de lesa humanidad en 2006, más de mil personas han sido condenadas.

Tomás Pliego tenía 21 años y su mamá lo encontró anoche asesinado sobre una cama, en una casa de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora.

La mujer se acercó en las últimas horas en busca de su hijo al domicilio ubicado sobre la calle General Campos entre General Pintos y Miguel Cané, porque había perdido contacto con él.

Se trata de un inmueble familiar que actualmente se encuentra deshabitado y, al llegar, la madre de la víctima se encontró con la puerta de la construcción abierta y con las llaves colocadas del lado de afuera, indicó una fuente cercana a la causa.

El cuerpo de Tomás estaba en el interior sobre una cama: lo habían desfigurado. A simple vista, se advertían hematomas en el pómulo, en la frente, escoriaciones en los labios y golpes en la zona de la cadera, del lado derecho.

Si bien al principio se creyó que el joven había sido asesinado durante una entradera, el trabajo de los peritos de la Científica en la escena del crimen y los elementos secuestrados pusieron en duda esa versión y apuntaron, en cambio, a un posible ajuste de cuentas.

Interviene en la causa el fiscal Ricardo Silvestrini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 Especializada en Entraderas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien esta noche supervisaba las tareas de los peritos en el lugar del hecho.

En las últimas horas se conoció el horror que vivieron tres hermanitos en Río Gallegos, Santa Cruz, quienes eran torturados por su padre biológico y su madrastra. Los menores sufrieron golpes, hostigamiento físico y psicológico y estrangulamientos, hasta que dos de ellos lograron escapar por la ventana del baño y denunciar en una comisaría lo que padecían en su casa.

Los chicos de 10, 13 y 14 años vivían con su madre y decidieron mudarse con su padre biológico porque el padrastro les pegaba. Lo que no esperaban era vivir un calvario todavía peor, ya que fueron sometidos a mordeduras, golpes e, incluso, coprofagia (hacerles comer su propia materia fecal) por más de un año.

“Tenían terror de que los mataran”

El Dr. Jorge Godoy, a cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, explicó al medio local La Opinión Austral que todo salió a la luz cuando los dos hermanitos rompieron una tablet de la madrastra y tuvieron miedo de que los matara. En ese momento, los dos varones huyeron, pero la niña temió escapar con ellos.

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“Cuando estos chicos, por el terror de que los mataran, decidieron escaparse, fueron a una comisaría pidiendo ayuda. Infancia los fue a retirar y rápidamente se llevaron a la hermana”, expresó Godoy. En ese sentido, agregó que los niños estaban encerrados en la habitación todo el día y solamente “podían salir cuando no estaba su madrastra”.

A partir de los informes que se realizaron de las declaraciones de los menores en Cámara Gesell, en conjunto con el cuerpo médico forense, la Justicia determinó la detención de David Edgard Fernández, el padre biológico de los hermanitos, y su pareja, Roxana Vega, a quien apuntaron por los actos de tortura.

La madrastra de los niños, Roxana Vega, y David Edgard Fernández, el padre biológico. La madrastra de los niños, Roxana Vega, y David Edgard Fernández, el padre biológico. Godoy también detalló que “el hombre hacía changas, entonces estaba todo el día fuera de la casa, y la mujer hasta ese momento no trabajaba. Les pegaba a puño cerrado por todo el cuerpo, les pegaba con un cinturón, con un caño metálico”.

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Esta historia conmovió a todos los vecinos por el nivel de maltrato y tortura que vivieron los hermanitos por parte de su familia. A raíz de los resultados que lanzaron los exámenes forenses, se concluyó que los niños cuentan con deformaciones en los cuerpos, consecuencia de las mordidas que la madrastra les realizaba en las orejas, cabeza y labios.

“Lo más importante es que los chicos están resguardados, están felices con su tía. Una tía materna que, la verdad, con mucha valentía se hizo cargo de los tres hermanitos y ellos están muy bien. Su estado de salud está siendo evaluado en general. Distintos profesionales médicos los están viendo para ver cómo están y determinar posibles secuelas del maltrato que han recibido”, cerró Godoy.

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