El máximo tribunal santafesino resolvió el 26 de marzo de 2026 rechazar la queja presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscaba revertir la absolución dictada en segunda instancia.

De esta manera, la Corte de la Provincia de Santa Fe dejó firme la decisión adoptada el 2 de julio de 2025 por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, que había revocado la condena de siete años de prisión por abuso sexual impuesta en primera instancia. Solo quedaría abierta la posibilidad de un recurso extraordinario federal.

El eje del fallo: la inimputabilidadEl punto central del caso radica en la capacidad del imputado, Jesús Stabile, para comprender la criminalidad de sus actos.

La Cámara había determinado, en base a informes de la Junta Especial de Salud Mental, que el joven presenta una discapacidad con una edad mental estimada entre 7 y 9 años, lo que le impediría entender plenamente el carácter delictivo del hecho.

La Corte consideró que esa conclusión estuvo debidamente fundada en la prueba producida, incluyendo evaluaciones interdisciplinarias, testimonios y antecedentes personales, descartando arbitrariedad en el fallo.

Los argumentos de la FiscalíaEl MPA cuestionó la resolución de Cámara al sostener que:

Sin embargo, el máximo tribunal entendió que estos planteos reflejaban una discrepancia con la valoración probatoria y no configuraban una violación constitucional que habilitara su intervención.

La postura de la CorteEn su resolución, la Corte sostuvo que:

Además, dejó abierta la posibilidad de que se evalúen medidas de seguridad u otras intervenciones en ámbitos civiles.

Cómo se originó la causaEl hecho ocurrió el 3 de febrero de 2021 en Maggiolo, cuando el acusado fue denunciado por abusar sexualmente de una familiar en su domicilio.

En febrero de 2025, el Tribunal de Venado Tuerto lo condenó a siete años de prisión. Sin embargo, esa sentencia fue revertida meses después por la Cámara, que determinó su inimputabilidad.

En los últimos días, la Justicia estableció las reglas de conducta que deberá cumplir Sergio Busquet luego de que se confirmara su condena. La resolución fue firmada por la jueza Silvina Marinucci, en el marco de una causa por irregularidades durante su gestión como presidente comunal de Chovet.

Entre las principales medidas, se dispuso que el ex mandatario deberá realizar trabajos comunitarios o, como alternativa, efectuar una donación a los Bomberos Voluntarios de Chovet u otra institución pública de la localidad.

Además, deberá:

Estas reglas deberán cumplirse por el plazo de dos años, bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento.

El origen del casoLa causa judicial se remonta a una maniobra en la que Busquet contrajo un crédito con un particular sin la autorización legal correspondiente, lo que derivó en la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En primera instancia, el ex funcionario había sido absuelto en diciembre de 2024. Sin embargo, la fiscal Susana Pepino apeló esa decisión y, en febrero de 2025, el juez de Cámara Tomás Orso revocó el fallo y lo condenó a 45 días de prisión condicional y 90 días de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Posteriormente, en diciembre de 2025, el camarista Juan Pablo Lavini Rosset confirmó la sentencia, dejándola firme.

La audiencia claveDurante la audiencia en la que se definieron las reglas de conducta, la fiscalía solicitó medidas más estrictas, como firma semanal en la comisaría y prohibición de salida del país.

Por su parte, la defensa (a cargo del abogado Miguel Ángel Pierri) argumentó que Busquet siempre estuvo a derecho, tiene arraigo en la localidad y lleva una vida laboral y familiar estable. También cuestionó la extensión de las medidas.

Tras un cuarto intermedio, la jueza resolvió fijar las condiciones definitivas, incorporándolas como parte de la condena original.

Qué implica la condenaLa pena impuesta es de ejecución condicional, lo que significa que el ex presidente comunal no irá a prisión, pero deberá cumplir estrictamente con las condiciones fijadas por la Justicia.

El incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revocación del beneficio y la aplicación de sanciones más severas.

El 17 de diciembre se llevará adelante la audiencia de apelación en el marco del juicio contra Juan Alfredo “Fredy” Dabove, quien fue condenado en primera instancia a 11 años de prisión bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo menor de edad. 

La sentencia contra el profesor de música se había dado a conocer el 19 de julio. En tanto, el 9 de agosto recuperó la libertad, bajo estrictitas reglas de conductas y una caución que fue fijada en 60.000 dólares.

El defensor de Dabove es el reconocido abogado penalista Arsenio Domínguez. En tanto, Mayra Vuletic representa al Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Blanc Codina a la querella, mientras que el tribunal estará integrado por los jueces Daniel Curik, Juan Pablo Lavini Rosset y Javier Beltramone. 

Fuentes del consultadas por Sur24 indicaron que “ese mismo día (17 de diciembre) no se va a conocer el fallo de la Cámara de Apelaciones, ya que en la audiencia se harán una serie importante de planteos. Con lo cual, lo más factible es que lo informen por escrito a comienzos de febrero”.

Historia del caso

El 19 de julio de 2024 el Poder Judicial condenó en primera instancia a 11 años de prisión a Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46), acusado de abuso sexual con acceso carnal contra su hijo menor de edad. 

El tribunal, que tuvo un fallo unánime, estuvo integrado por Silvina Marinucci (presidenta), Leandro Martín y Roberto Benjamín Revori.

En esa misma jornada, tras el cuarto intermedio, el tribunal hizo lugar a la solicitud de prisión preventiva ordinaria solicitada por la querella y la fiscalía, y en consecuencia Dabove fue trasladado a la Alcaidía de Melincué. El fundamento de la medida se basó en el riesgo de fuga y, además, el incumplimiento de las reglas de conductas establecidas en su tiempo por el Juzgado de Familia, dado que el sujeto había sido filmado en inmediaciones del colegio venadense al que concurría su hijo -hoy reside junto a su madre en Teodelina-, a pesar de que se le había prohibido ese acercamiento.

Apelación

Tras la sentencia, Dabove prescindió de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Couselo, y contrató al reconocido penalista Arsenio Domínguez, quien inmediatamente presentó una apelación para que el músico recupere la libertad.

De esta manera, el 6 de agosto la Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió otorgar dicho beneficio a Dabove. El fallo estuvo a cargo del juez Tomás Orso quien consideró que los riesgos de fuga existentes eran neutralizables.  Además, se basó en que “la sentencia no está firme” contra el profesor de música venadense. 

Al día siguiente los jueces Silvina Marinucci, Aldo Baravalle y Leandro Martín, establecieron el monto de la fianza y reglas de conducta para que “Fredy” recupere la libertad. 

Los magistrados definieron una caución de 60 mil dólares (57.300.000 pesos). Además de fijar dirección en Venado Tuerto, se estableció que Dabove va a estar al cuidado de dos personas: su actual pareja y su ex suegra, quienes deberán hacer un informe semanal con datos sobre su vida cotidiana. También deberá presentarse todas las semanas en la Comisaría, no podrá salir del país y no deberá ingresar a la ciudad de Teodelina, donde actualmente está radicado su hijo y la madre.

Desde la defensa, se propuso, para cubrir el monto de la caución, una caja de ahorros en dólares por 33.400 y un lote de 2.500 metros cuadrados, valuado en 35.000 dólares.

Ahora el 17 de diciembre Domínguez realizará una serie de planteos con el objetivo de revertir el fallo condenatorio que pesa contra su defendido. 

La Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió otorgar la libertad a Juan Alfredo “Fredy” Dabove bajo unas reglas de conductas que se determinarán en la tarde de este martes o durante la jornada del miércoles. 

El fallo estuvo a cargo del juez Tomás Orso quien consideró que los riesgos de fuga existentes eran neutralizables con una serie de reglas de conductas.  

En tanto, se basó principalmente en que “la sentencia no está firme” contra el profesor de música venadense, quien fue condenado en primera instancia a 11 años de prisión acusado de haber abusado sexualmente de su hijo menor de edad y al mismo tiempo se dispuso una prisión preventiva ordinaria, siendo alojado en la Alcaidía de Melincué. 

Audiencia de apelación

La audiencia comenzó minutos después de las 7:30 horas del martes y el primero en hacer uso de la palabra fue el abogado defensor Arsenio Domínguez. Aseguró que la “prisión preventiva fue una decisión apresurada del tribunal” y que se estaban violando “todos los derechos constitucionales y las convenciones internacionales al no estar firme la sentencia”.

Potenció la caución, con un terreno valuado en 20 millones. Y hasta planteó la posibilidad de que a Dabove se le coloque una tobillera electrónica. 

Además, desestimó los supuestos incumplimientos de las normas de conducta por parte de su imputado, asegurando que en su momento “fueron desestimados por la fiscalía” y que “a los dos años caducaron”.

Por su parte, la querella, representada por Ignacio Blanc Codina, insistió en la necesidad de que el imputado continúe privado de su libertad. Aseguró que los hijos le tienen terror a Fredy, que no cumplió en su momento una serie de normas de conductas, y que en consecuencia “existe peligro de fuga”. Además leyó un mensaje escrito por el niño quien le pidió al “juez tener una vida en paz”. 

En tanto, la representante del Ministerio Público de la Acusación fue la fiscal Mayra Vuletic, quien solicitó que Dabove continúe tras las rejas con el objetivo de “garantizar la integridad psicofísica de la víctima”, y agregando que existe riesgo de fuga.

Fallo judicial

“Después de escuchar a las partes consideré que lo más adecuado es que transite el proceso en estado de libertad con una serie de reglas de conductas, controles y una caución que se deberá fijar en una nueva audiencia a realizarse hoy o mañana. Con lo cual transitará el proceso en libertad hasta que adquiera firmeza la condena, si es que ello ocurre, o sea revocada”, explicó el juez Tomás Orso.

A la hora de fundamentar la decisión, el magistrado entendió “que se podía asegurar el peligro procesal, un peligro de fuga por la condena a 11 años de prisión, a través de una serie de reglas de conducta y una caución para que ello no ocurra”. 

Por último, sostuvo que “consideré que hay riesgo de fuga, pero que es neutralizable con una serie de reglas de conductas”.

El próximo martes 6 de agosto la Cámara de Apelaciones definirá si Juan Alfredo “Fredy” Dabove (46) continuará en prisión preventiva ordinaria, accederá al beneficio de una domiciliaria o en su defecto, será liberado.

El músico y profesor venadense fue condenado a 11 años acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra su hijo menor de edad, en una sentencia que se dio a conocer el viernes 19 de julio. 

Tras la lectura del fallo, Dabove decidió prescindir de los servicios de la Defensora Pública, Silvia Cousello, para contratar al reconocido penalista Arsenio Domínguez. El abogado la semana pasada presentó la apelación a la prisión preventiva ordinaria sin plazo impuesta a Juan Alfredo, solicitando la inmediata liberación o en su defecto la prisión domiciliaria.

La audiencia se llevará adelante en los tribunales venadenses de calle Chacabuco desde las 7:15 horas, y será el juez Tomás Orso quien deba resolver al respecto.

Historia del caso

Se trata de un caso donde la denuncia fue radicada en el año 2019, y que, por cuestiones ligadas en su momento a la pandemia, el proceso judicial sufrió importantes demoras.

En un comienzo la investigación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien realizó la requisitoria de elevación a juicio solicitando una condena de 10 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. En tanto, en el juicio fue Damián Casullo el representante del Ministerio Público de la Acusación. 

Por el lado de la querella, Ignacio Blanc Codina representó al niño, pidiendo 14 años de prisión, aseverando que las pruebas contra el profesor de música “son contundentes”.

Finalmente, el tribunal integrado por Silvina Marinucci, Leandro Martín y Roberto Benjamín Révori, en forma unánime sentenció a 11 años de prisión a Dabove. Y minutos más tarde, en una audiencia cautelar, resolvió la prisión preventiva ordinaria del acusado, basados principalmente en el riesgo de fuga y en el incumplimiento de ciertas normas de conducta por parte de Dabove durante el proceso.

El Presidente del Colegio de Jueces Penales de la 3° Circunscripción, Tomás Orso, aseguró que desde 2014 a esta parte se duplicó la población carcelaria en la provincia de Santa Fe. A su vez destacó que más del 70 por ciento de las causas se resuelven en juicios abreviados o probation que son acordados entre los fiscales y abogados defensores. De esta manera, buscó desactivar la teoría de “la puerta giratoria”, la cual hizo alusión el intendente Leonel Chiarella en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Municipal. El primer mandatario venadense manifestó estar “convencido de que uno de los motivos de la inseguridad es la impunidad. Esa impunidad que genera impotencia, por no entender determinadas decisiones de quienes también son responsables de la seguridad, que son los jueces. Quienes deciden si un delincuente queda en libertad, no es un intendente, no es un concejal, no es un legislador, es un juez. Esta impunidad es la que vemos seguido cuando nos encontramos con delincuentes deambulando por nuestra ciudad que siguen robando como si nada pasara”.

Respuesta oficial Tomás Orso aseguró que las declaraciones “no nos ofenden, ni generan una sensación negativa, porque nosotros también somos funcionarios del estado y podemos ser interpelados por otros funcionarios, como en este caso, el intendente de la ciudad. Y está en el marco del juego democrático. Lo peor que podemos hacer es esconder estos temas”. La inseguridad es una problemática “multicausal, compleja. Soy de la idea que desde la Justicia Penal tenemos una cuota de responsabilidad, porque mis colegas en general, en el ámbito del Poder Judicial, consideran que la responsabilidad absoluta pasa por otras áreas del estado, especialmente por el Ejecutivo que tiene la conducción de la fuerza de seguridad, y por la aplicación de políticas inclusivas, para no favorecer la criminalidad”. El intendente detalló con nombre y apellido una lista de personas que, a su criterio, deberían estar detenidas por distintas causas que atraviesan, pero que en la actualidad se encuentran en libertad. “Los números indican que en los dos últimos años las libertades que se producen, luego de detenciones, son productos de acuerdos de los fiscales con las defensas. En ese caso, ni siquiera intervienen los jueces, que solo se limitan a hacer un control de legalidad. Por lo tanto, entre el 70 y el 80 % de los detenidos recuperan la libertad por este tipo de acuerdos. Aproximadamente en el 25% de los casos hubo Resoluciones Judiciales, donde la gran mayoría de los casos se otorgaron prisiones preventivas. Y cuando se otorgaron libertades, hubo pocos recursos de apelación presentados por los fiscales, con lo cual quedan validadas esas libertades”, detalló Tomas Orso. Datos aportados por el magistrado indican que en el año 2022 se determinaron 33 libertades, de las cuales 26 fueron acordadas entre fiscales y defensores. Las7 restantes las definieron los Jueces y no fueron apeladas. Igualmente, el Presidente del Colegio de Jueces Penales, sostuvo que “un sistema Penal que no sea eficiente, que sea moroso y que no brinde las respuestas adecuadas, también puede llegar a ser un factor que incida en las conductas delictivas. En el ´calculo’ que hace un delincuente, está la posibilidad de ser descubierto, castigado y condenado. Y en ese caso, tenemos una cuota de responsabilidad”.

Puerta giratoria En relación a la existencia de una “puerta giratoria”, el magistrado precisó que “desde el año 2014, cuando comenzó a aplicarse el nuevo sistema de oralidad, pasamos de 4.500 presos a más de 8.000, con lo cual prácticamente duplicamos la tasa en encarcelamiento provincial. Si tomamos ese dato duro, el sistema penal produjo muchas más condenas. Y esto no se compadeció con el aumento de plazas penitenciarias, por eso hay sobrepoblación en todas las cárceles de la provincia”. Orso dijo que “tenemos que ser permeables a las críticas, tenemos que dar explicaciones, rendir cuentas y presentarnos a los debates necesarios, porque somos funcionarios públicos. Pero en relación a las personas que nombró el intendente las cuales considera que deben estar detenidas, debo decir que muchas de ellas no son causas de la Justicia Provincial, ya que están ligadas a la cuestión de droga y narcotráfico”.

Megaestafa inmobiliaria Leonel Chiarella también mostró su malestar con la causa de la Megaestafa inmobiliaria, donde el abogado Antonio Di Benedetto (acusado como Jefe de una asociación ilícita) está atravesando esta parte del proceso en libertad. Y el primer mandatario considera que los magistrados son responsables de ese beneficio. Por su parte, Tomás Orso manifestó que “sobre ese tema no puedo expedirme demasiado porque es una causa en trámite, que será juzgada en pocas semanas. Lo único que puedo decir en forma genérica es que lo que genera el juicio oral tiene un valor simbólico mucho más fuerte que el juicio abreviado. Y deseo que este juicio empiece normalmente a principios de mayo, tal cual fue fijado”.