En una audiencia presidida por el juez Adrián Godoy, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra formalizó la atribución delictiva contra el investigado. Según detalló la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hombre deberá someterse a un sistema de monitoreo permanente coordinado por la Central de Emergencias 911.

La medida más destacada es la implementación de un dispositivo dual. Esto implica que el imputado debe portar una tobillera electrónica geolocalizada en todo momento, mientras que a su expareja se le hizo entrega de un botón antipánico.

“Se trata de una medida compulsiva que es crucial para mitigar los peligros procesales”, explicó la fiscal Schiappa Pietra, quien remarcó que, si el sistema detecta que el hombre se encuentra a menos de 1.000 metros de la víctima, se activa un protocolo de detención inmediata por parte de agentes policiales.

La investigación sostiene que LMR llevó adelante un plan de amedrentamiento contra la mujer, tanto de forma personal como a través de mensajes de WhatsApp, generando en ella un temor constante. Sin embargo, la violencia no se limitó a su expareja.

De acuerdo a la fiscalía, el imputado también agredió físicamente a un allegado de la mujer tras interceptarlo en la vía pública; intimidó de forma reiterada a la actual pareja de la víctima; y dañó intencionalmente el automóvil de este último, rompiéndole uno de los espejos.

Además del monitoreo electrónico, el juez ordenó a LMR la prohibición absoluta de acercamiento a las víctimas, el pago de una fianza y la entrega de un arma de fuego que poseía legalmente. Asimismo, deberá firmar semanalmente en una comisaría e iniciar un tratamiento para el control de la ira.

Los delitos por los cuales es investigado incluyen lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, amenazas, desobediencia a un mandato judicial y daño. También se le atribuyeron contravenciones por actos turbatorios y molestias.

César Rodríguez

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió este viernes mantener las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico (tobillera) para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la decisión en el marco de la causa Vialidad.

El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, evaluó -de acuerdo a lo expresado por el sitio Infobae- los planteos de la defensa respecto de dos condiciones impuestas en la modalidad de prisión domiciliaria: la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina, y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. También se pronunció sobre el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado inicialmente la revocación de la prisión domiciliaria.

Durante una audiencia oral y pública, el fiscal general Mario Villar desistió de su recurso para revocar la modalidad de prisión domiciliaria, al considerar que la expresidenta cumple adecuadamente con las condiciones impuestas y que las circunstancias justificativas iniciales de su solicitud ya no estaban vigentes.

La mayoría conformada por Hornos y Barroetaveña sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, argumentando que permiten un control judicial efectivo y una protección jurídica tanto frente a riesgos procesales como a la seguridad personal de la ex mandataria.

Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

En la resolución firmada este viernes, los jueces del máximo tribunal penal redactaron una resolución de más de cien páginas, en la que se destacan las siguientes consideraciones:

“El arraigo y el bienestar social de la señora penada también permanecen plenamente garantizados. Su familia, abogados y médicos tienen acceso irrestricto. El domicilio se halla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un centro de su actividad social, pública y política. La eventual ampliación de la nómina de visitantes puede solicitarse tantas veces como considere necesario, con un trámite sencillo y sometido a la razonabilidad del juez a cargo de supervisar la ejecución de la sentencia. En ese esquema no se advierte limitación alguna a sus derechos, antes bien, se conjuga su ejercicio con la exigencia de que la pena se cumpla eficazmente y sin riesgos".

“Por otro lado, corresponde destacar que a partir de la modificación introducida a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad mediante la ley 27.375, la concesión de la prisión domiciliaria incluye, como regla, la colocación de un dispositivo electrónico de control al condenado. Dicha norma establece que el juez de ejecución podrá excepcionalmente prescindir de su utilización, siempre que existan informes favorables de los órganos de control y del equipo interdisciplinario (art. 33, último párrafo). En otras palabras, el legislador ha conferido expresamente al juez la facultad de determinar las condiciones específicas del régimen de cumplimiento, dentro del marco de legalidad y razonabilidad que la propia norma establece".

Cristina Kirchner volvió a ser protagonista de un cruce con el gobierno nacional. Este jueves, denunció que durante la madrugada efectivos policiales realizaron un operativo “ilegal” y sin orden judicial frente a su casa del barrio porteño de Constitución. Apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó como “la Señora Violencia”.

El mensaje fue difundido desde sus redes sociales y llegó horas después de que Bullrich dispusiera un refuerzo de la presencia policial en el domicilio de la exmandataria. Cristina interpretó el despliegue como una provocación con fines políticos: “Una puesta en escena con el único objetivo de generar caos y desviar la atención del verdadero problema: el aumento del desempleo”, sostuvo.

Cristina Kirchner acusó a Bullrich de enviar un operativo “ilegal” a su casa

En el mismo posteo, Cristina Kirchner se refirió a la convocatoria prevista para este jueves 20 de junio, Día de la Bandera. Miles de militantes planeaban acercarse con banderas argentinas hasta la puerta de su domicilio. Pero tras el operativo policial, pidió que el acto se traslade al auditorio de Parque Lezama.

“Sé que la tienen -sabiduría y templanza-. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia”, publicó en X (ex Twitter). Y completó: “Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente… es que redireccionen el banderazo que habían organizado”.

Bullrich durante la presentación de la nueva Policía Federal. Foto: Reuters

La líder del Partido Justicialista pidió evitar confrontaciones y apuntó a conservar la paz en medio de un clima social tenso. En su mensaje también dejó abierta la posibilidad de participar del acto en Parque Lezama: “Sepan siempre que cuando ustedes están… hasta lo malo se transforma en bueno”, cerró.

La ministra Bullrich, por su parte, no respondió directamente a las acusaciones hasta el momento. Desde su entorno argumentaron que la decisión de reforzar la custodia tuvo como objetivo “garantizar la seguridad en una zona que podría tener alta concentración de personas”.

Mientras tanto, el clima político continúa caldeado, con sectores del oficialismo y la oposición observando cada movimiento de Cristina Kirchner, en el marco de una nueva etapa de su arresto domiciliario y con la reciente colocación de la tobillera electrónica.

En la tarde de este miércoles, personal de Comando Radioeléctrico aprehendió a un hombre de 32 años que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en calle Pasaje Torres al 600, quien se encontraba fuera de control y habría dañado la tobillera electrónica además de varias cosas de la vivienda. Los uniformados procedieron a su traslado junto con la tobillera en calidad de secuestro a sede de Comisaría Segunda a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

La Fiscalía local dispuso que le formen causa por Desobediencia y que permanezca Detenido e Incomunicado.