(Por Agustín Aranda) - Con la publicación y entrada en vigencia del nuevo texto constitucional de la provincia, Rosario entra en una etapa inédita: la autonomía municipal plena. El cambio habilita a las ciudades de más de 10 mil habitantes a dictar su propia carta orgánica, con facultades para definir organización institucional, competencias locales y ciertas reglas fiscales. 

Está previsto que el intendente Pablo Javkin anuncie este 8 de octubre un mensaje para precisar qué normas podrá aplicar la ciudad de inmediato y los plazos para convocar a la convención que redacte la carta orgánica rosarina. 

Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo en declaraciones radiales que la autonomía permitirá a los rosarinos moldear el perfil de ciudad que quieren sin injerencia externa.

“Rosario es la ciudad más importante de la provincia y con un peso específico a nivel nacional. Al no ser capital, siempre ha necesitado autorizaciones provinciales para definir su perfil, por ejemplo, el régimen de tierras y los tributos. Ahora eso va a poder decidirlo de forma directa y autónoma”, indicó.

Javkin recibió en el Palacio Municipal a los decanos de las facultades de Derecho de la UNR y la Pontificia UCA sede Rosario. Foto: Municipalidad de Rosario

Botta aclaró que la iniciativa, que se conocería el 8 de octubre, un día después de los festejos por el Día de la Virgen del Rosario, cuenta con insumos académicos. “El intendente Javkin nos solicitó a las dos facultades de Derecho -la de la UNR y la de la UCA- formular aportes para consagrar la nueva carta orgánica que consagra la autonomía municipal de Rosario”, dijo el decano.

“Trabajamos al interior de nuestras facultades -agregó-, hacia centros de estudio e investigaciones, y recogimos aportes junto con asociaciones externas a la universidad, como la Bolsa de Comercio”.

Para Botta, la intervención universitaria no es meramente técnica: implica validar saberes que “trascienden lo académico” y dotar de legitimidad al debate local.

La autonomía habilita, en términos concretos, una serie de potestades que antes dependían de la Legislatura provincial o de acuerdos puntuales. Primero: la carta orgánica municipal -redactada por una convención electa- funcionará como la norma máxima local que reglamenta la organización del municipio, la división de poderes, mandatos y mecanismos de participación.

En lo fiscal, la reforma consagra la autonomía económica y financiera: los municipios podrán administrar tributos propios dentro de límites que fije la carta orgánica, y existirán reglas más claras sobre coparticipación y emisión de deuda con controles establecidos por la Constitución.

La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución Provincial y sus normas entraron en vigencia el pasado jueves 10 de septiembre, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Foto: El Litoral

Si bien ese punto ofrece herramientas nuevas para financiar obras y servicios, también plantea la necesidad de asegurar un piso de recursos estable para evitar que las competencias queden desfinanciadas.

En materia de suelo y planificación urbana, Rosario podrá definir directamente la extensión del ejido, zonificaciones, normas de edificación y regulaciones para usos mixtos o de densidad. Ese margen de maniobra promete acelerar respuestas sobre vivienda, desarrollo de barrios y obra pública sin tener que tramitar cada decisión ante la Provincia.

La autonomía alcanza también la gestión de servicios: transporte, obras públicas, redes y mantenimiento del espacio público podrán gestionarse con mayor independencia técnica y normativa.

Y en lo democrático, la carta orgánica abre la puerta a mecanismos más directos de participación -consultas vinculantes, presupuestos participativos, iniciativas ciudadanas- que, si se instrumentan, acercarían la toma de decisiones a los barrios.

La implementación práctica de la autonomía enfrenta varios retos.

La coordinación con la Provincia también exigirá reglas claras: habrá materias en las que las competencias se superponen (seguridad, ambiente, infraestructura metropolitana) y será necesario construir mecanismos de articulación o resolver controversias institucionales.

Finalmente, la autonomía exigirá transparencia y canales reales de participación para que la carta orgánica refleje prioridades ciudadanas y no sólo acuerdos entre élites políticas.

La idea de un “perfil de ciudad” con ejes claros no parte de cero en Rosario: la ciudad viene elaborando planes estratégicos desde los años noventa. El Plan Estratégico Rosario original (PER) y sus continuaciones pusieron el foco en transporte, urbanismo, ambiente, desarrollo económico y cohesión social como líneas orientadoras del desarrollo local.

Estudios académicos recuerdan que el proceso participativo del primer PER (años 1996–2002) constituyó una experiencia pionera de planeamiento estratégico participativo en la ciudad. 

En 2018 se presentó una actualización orientada hacia 2030 -el Plan Estratégico Rosario 2030-, construido con la participación de cientos de instituciones y diseñado para consolidar una ciudad inclusiva, integrada y sostenible; ese proceso fijó líneas para cultura, innovación, movilidad y hábitat, que hoy funcionan como insumo político y técnico para quienes redacten la carta orgánica. 

A su vez, la proyección metropolitana y los instrumentos urbanos recientes (Plan Rosario Metropolitana, actualizaciones del Plan Urbano y el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030) articulan criterios sobre ordenamiento territorial, conectividad y adaptación al cambio climático que la futura carta orgánica podrá incorporar como mandatos normativos y prioridades presupuestarias.

Esos documentos ofrecen bases técnicas -zonas de crecimiento, ejes de movilidad, metas ambientales- que facilitan pasar del diagnóstico a normas y proyectos concretos.

(Por Gustavo Capeletti) - Una turba integrada por hombres, mujeres y menores avanzó minutos antes de la medianoche sobre terrenos municipales de Avellaneda ubicados en el sector noroeste de la ciudad con intención de usurparlos.

En ese punto baldío del barrio Cooperación, en un número estimado en un centenar, estas personas ingresaron al predio con palos y lonas, y se instalaron de manera tal de constituir una toma de tierras.

Al sitio arribó una comisión policial con el fin de impedir la acción reñida con la ley, pero los movilizados hicieron caso omiso a los pedidos de desalojo. Debido a la cantidad y a la actitud hostil, los uniformados se vieron en la necesidad de pedir refuerzos.

Policías de dependencias locales y personal de grupos tácticos liderados por el jefe de la Unidad Regional IX, Julio Lucero, se apostaron entonces frente a los ocupas que volvieron a desobedecer la orden de abandonar el descampado.

El titular policial departamental trató de entablar un diálogo con los usurpadores sin fortuna. De en medio del grupo, un revoltoso identificado como “Pilo” Sandrigo -de Reconquista- saltó al frente de sus pares y la emprendió a patadas, golpes puño y gritos contra los agentes de seguridad, haciendo las veces de líder. Al intentar aprehenderlo, se escabulló entre los demás y logró darse a la fuga.

Su actuación envalentonó al resto y tanto mujeres como menores y hombres comenzaron a arrojar cascotes y recortados de hierro con gomeras a los numerarios policiales. Uno de estos pegó en la cabeza del oficial Walter Orrego y le provocó una hemorragia importante.

Momentos de tensión en Avellaneda.

Ante el virulento ataque, los policías efectuaron disparos con cartuchos anti tumulto hacia el piso con el objetivo de intimidar y evitar nuevas reacciones. De esa forma, pudieron despejar la zona y apuraron la retirada de los atacantes hasta una plaza ubicada a 150 metros.

Aún así, los ánimos siguieron caldeados y se repitieron ataques con piezas de hierro arrojadas con gomeras.

Ya en la madrugada del jueves, se hicieron presentes un grupo táctico de Los Pumas y más policías de la Unidad Regional IX. Posteriormente, la policía consiguió encaminar una negociación. Cuatro referentes de las familias accedieron a mantener una reunión con el secretario municipal de Gobierno, Esteban Zanel, una reunión para la jornada de hoy con vistas a abordar las demandas habitacionales.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nuestra ciudad exhibe desde hace décadas un marcado atraso en materia habitacional y la problemática se manifiesta en el precio de los terrenos, que es prohibitivo para la inmensa mayoría de la población. Y sin una política progresista de tierras será imposible modificar esta realidad. Por eso fue tan celebrado un mes y medio atrás el sorteo de los 110 terrenos puestos a la venta en condiciones accesibles a través del programa Nuestro Terreno. Para dimensionar esta necesidad basta recordar que fueron 3.611 los inscriptos que superaron las instancias de control de la Dirección de Tierras y Hábitat y de la Comisión de Tierras municipal. Desde hacía largos años la concejala Liliana Rostom insistía con sus iniciativas de intervención en el mercado con la venta de tierras municipales a beneficiarios que no podían acceder a las mismas en otras condiciones, y por fin se hizo posible el 19 de marzo último.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Fabián Vernetti, director de Tierra y Hábitat municipal.

Con Nuestro Terreno, el intendente Leonel Chiarella subió la vara y enseguida crecieron las expectativas de los vecinos por una segunda edición del programa municipal. Al respecto, el director de Tierra y Hábitat, Fabián Vernetti, señaló a Sur 24 que “el próximo paso es diseñar una nueva etapa de venta de terrenos, aunque la continuidad de este programa está asociada a la posibilidad de conseguir tierras”.

“El Municipio está interesado en adquirirlas, pero es difícil llegar a un acuerdo con propietarios de lotes de dos o tres hectáreas, por ejemplo, que son linderas al área urbana y ya no pueden destinarse a la agricultura ni a la crianza de animales. Así que, o se vende o se urbaniza por cuenta propia”, razonó.

Sin embargo, aclaró que la urbanización “no es para cualquiera”, pues se requiere una inversión millonaria en infraestructura (mensura, cloaca, agua, gas, electricidad, etc.) que es anterior a la puesta en venta de los terrenos. En cambio, “el gobierno local tiene la decisión política de tomar a su cargo esas tierras para urbanizarlas y dedicarlas a este tipo de programas, o planes provinciales o nacionales de vivienda. Desde ya que el Municipio podría adquirir tierras a precios de mercado, con tasación del Círculo de Corredores Inmobiliarios, pero incluso así es difícil lograr acuerdos porque los propietarios piden precios exorbitantes”.

De todos modos, el ex concejal socialista aseguró que confían en un “final feliz” en alguna de las negociaciones en marcha y en tal sentido recordó que el ingreso por las ventas del programa Nuestro Terreno se destinan a un Fondo de Tierras cuyo dinero se reinvertirá en la adquisición de nuevos lotes.

Si los propietarios no se tientan ante la posibilidad de venta o de un emprendimiento urbanístico por cuenta propia, y prefieren mantener ociosos esos espacios, imponiendo un freno al avance de la ciudad, también se debe a las bajas presiones tributarias. “Una sobretasa del 50 por ciento para una tasa (general de inmuebles) que es muy baja respecto de la que se abona en otras ciudades, no genera ningún impacto y entonces el propietario puede especular todo el tiempo que desee”, enfatizó Vernetti. Y reforzó: “Con el crecimiento de la ciudad, esos espacios ociosos, que a veces ni siquiera se desmalezan, terminan valorizándose, así que me identifico con las democracias modernas que en estos casos aplican sobretasas muy altas al inmueble urbano ocioso, y cuyo producido no se destina a las rentas generales, sino a un Fondo de Tierras”.

Además, el director municipal observó que “en Venado es notable la cantidad de casas deshabitadas, muchas de ellas en estado de abandono que propician la usurpación, el vandalismo, la suciedad y la inseguridad. El de los inmuebles ociosos es un problema mundial y en cada distrito se impone buscar las soluciones adecuadas, porque en el otro extremo surge la problemática de las familias que no pueden acceder a una vivienda digna”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Liliana Rostom, concejala de Nuevo Horizonte.

Nadie insistió más en la última década que la concejala Liliana Rostom para impulsar la venta de terrenos municipales con precios accesibles y máxima transparencia. Fueron muchas las promesas, pero una y otra vez el objetivo se frustraba. Hasta que Chiarella hizo suya la iniciativa y la implementó. Tras el primer sorteo, las autoridades locales adelantaron su voluntad de continuar en la misma línea, pero el círculo virtuoso depende no sólo del pago puntual de las cuotas por parte de los beneficiarios, sino también de que la Municipalidad pueda conseguir tierras.

“Para la mayoría de los trabajadores el acceso a un terreno es inalcanzable. Y eso lo prueba la cantidad de inscriptos en el programa municipal, pues apenas el tres por ciento de los interesados salió contento del sorteo”, graficó la ex secretaria de Servicios Públicos. “Aunque parezca increíble, al menos en Venado es más difícil comprar el terreno que construir, porque la casa se puede edificar en etapas, incluso hay opciones rápidas y económicas, como las viviendas industrializadas”, precisó.

“Siempre digo que el precio de los terrenos es ‘muy venadense’, porque la rentabilidad de una zona agrícola núcleo multiplicó la compra de tierras como inversión, y en los últimos tiempos ese fenómeno se agrandó por las restricciones para refugiarse en el dólar”, señaló Rostom.

Consultada sobre políticas públicas para modificar este estado de cosas, la jefa de Nuevo Horizonte aceptó que no alcanza con la vigente sobretasa del 50 por ciento a los predios desocupados, más aún con una TGI que se inscribe entre las más bajas de la provincia. “Si queremos cambiar las cosas tendríamos que aplicar sobretasas del 400 o 500 por ciento, o más, pero sospecho que en el Concejo nadie quiere ponerle el cascabel al gato, porque nunca se puede avanzar”, reprochó.

Más adelante, la dirigente observó que en la periferia hay campos de pocas hectáreas que podrían lotearse con facilidad, y “en esos casos tendríamos que aplicar una sobretasa mucho más rigurosa. Yo no estoy de acuerdo con las confiscaciones, pero está a la vista que algunas inversiones están postergando el desarrollo de la ciudad”. Y en la misma línea aludió a los numerosos predios abandonados que favorecen episodios de inseguridad y la Municipalidad debe distraer esfuerzos en desmalezar.

Luego, Liliana Rostom citó otro factor adverso que se intensificó en los últimos años y es la “exagerada exigencia de la Provincia para autorizar loteos”. En este aspecto fundamentó que “ciertas reglamentaciones parecen diseñadas para ciudades inundables que están cerca de un río. Esa no es nuestra realidad. Y lo peor es que demoran los loteos, perjudicando al empresario, pero más aún a las familias que venían ahorrando para comprar un terreno”.

“Esas exigencias desmedidas son las que quitan estímulos a los loteadores y así se achica la oferta en el mercado y los precios de la tierra disponible se vuelven cada vez más prohibitivos”, razonó la ex candidata a intendente. Además, consideró prudente bajar las exigencias en orden a la conexión a los servicios públicos (agua potable, gas, cloacas, pavimento, etc.) exigidas por la Casa Gris. “En la teoría es elogiable esa obligatoriedad que favorece la calidad de vida de las familias, pero en la práctica estas pretensiones encarecen los loteos y el resultado es que se benefician siempre los mismos especuladores inmobiliarios, postergando a los necesitados de un terreno para construir y dejar de alquilar”, acentuó. “Tal vez lo más adecuado sea disminuir la cantidad de servicios y recién a los cuatro o cinco años imponer la obligatoriedad”, estimó Rostom, quien transita sus últimos meses en el Concejo y promete insistir ante sus pares sobre la necesidad de estas excepciones, tanto en loteos municipales, como en los emprendimientos privados. “Hoy prácticamente no hay loteos en la ciudad, y pueden hallarse algunas respuestas en estas exigencias desmedidas”, advirtió la edila.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Santiago Meardi, secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento.

El secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano, Santiago Meardi, consideró en general que “muchas veces el propio Estado conspira contra proyectos de urbanización que dinamizan la economía con la generación empleo genuino. En Venado, por ejemplo, hoy tenemos cerca de 60 urbanizaciones que por distintos motivos no pueden desarrollarse y eso significa inversiones y puestos laborales que está perdiendo la ciudad”.

“El Estado municipal tiene que ser un aliado de esa inversión privada a través de la desburocratización, modernización y agilización de estas iniciativas. Cualquiera puede imaginar cuánto bajaría el precio de la tierra si se pudieran incorporar al mercado unos 2.000 o 2.500 terrenos”, sostuvo el ex concejal.

Meardi también cuestionó algunas regulaciones provinciales rigurosas para autorizar loteos, sobre todo del Ministerio de Medio Ambiente, y en especial en cuanto al desarrollo de los servicios públicos. “A veces la Provincia exige que un loteo cuente sí o sí con agua potable, por ejemplo, y eso es imposible hacerlo de un momento a otro en una zona suburbana, cuando esos servicios hoy no los dispone un barrio completo que lo viene reclamando desde hace años”, describió el funcionario, agregando que “como consecuencia de tamaños requerimientos los loteos no se llevan a cabo y sólo se favorece la especulación y la concentración de la tierra en pocas manos”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Juan Ignacio Pellegrini, presidente del Concejo.

El último miércoles el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, presentó un proyecto de ordenanza que impulsa la aplicación de un Adicional de Promoción Urbana, o sobretasa, a terrenos baldíos y construcciones abandonadas, que se cargará a la tasa general de inmuebles (TGI).

En primer lugar, el edil justificó que “los terrenos baldíos, casas y construcciones en estado de abandono, generan conflicto social y urbano, dando lugar a la inseguridad y dificultades entre vecinos por malezas, basura y roedores. Esta situación representa un riesgo para la salud, deteriora la estética de la ciudad y atenta contra la seguridad, ya que estos lugares se erigen en aguantaderos de delincuentes e incluso en depósitos temporarios de lo robado”.

“No perseguimos un objetivo recaudatorio, sino desalentar inconductas individuales que perjudican al conjunto de la comunidad”, refirió Pellegrini, y en cuanto al objetivo central de la sobretasa (cuyo porcentaje deberá discutirse), amplió el concepto: “Además esta medida será un instrumento al servicio de la planificación urbana, ya que lo cobrado se va a incluir en el Fondo de Tierras para comprar terrenos que luego saldrán a la venta”, explicó.

NOTA PUBLICADA EN EDICION IMPRESA DE LUNES 3 DE MAYO

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