Este martes se registraron nuevas pintadas con amenazas en la Escuela Nº 202 «Manuel Leiva» de Casilda, en el departamento Caseros. Pasadas las 10, el sistema de emergencias 911 recibió una comunicación alertando sobre la situación ocurrida durante la mañana.

La Unidad Regional IV de la Policía de la Provincia dio a conocer un parte oficial sobre el hecho. Según el informe, a la hora señalada, ingresó al Despacho 911 Casilda una incidencia por presunta «Amenaza sin Arma». Al arribar al establecimiento educativo, el personal policial se entrevistó con la directora del lugar. La funcionaria escolar refirió que en el baño de niñas se había detectado una inscripción en las paredes de azulejos de color beige. La frase, escrita con un lápiz tipo «cerita» de color azul, comenzaba con «EXPLOTA TODO…». La inscripción fue debidamente fotografiada como parte de las primeras actuaciones.

Posteriormente, se estableció comunicación telefónica con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), anoticiando al órgano fiscal interviniente y activando los protocolos de trabajo. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Unidad Operativa y personal de Policía Científica para la recolección de pruebas y pericias de rigor. Una vez finalizadas las diligencias en el lugar, se labró el acta de procedimiento correspondiente, que será entregada a la Comisaría 1ra.

En paralelo a la investigación judicial, la dirección de la Escuela Nº 202 «Manuel Leiva» de Casilda determinó la prohibición del uso y la portación de teléfonos celulares dentro de la institución durante toda la semana. La medida obedece a los hechos registrados el pasado viernes 17, cuando el establecimiento ya se había visto afectado por amenazas y pintadas que se replicaron en diversas escuelas del país.

La decisión fue comunicada oficialmente a las familias de los alumnos a través de una nota emitida por el equipo directivo. En la misiva, se solicita a los estudiantes no concurran con dispositivos móviles al establecimiento. La disposición, calificada de «terminante», busca resguardar el normal desarrollo de las actividades escolares y garantizar un ambiente seguro.

Mariela Goy

El Ministerio de Educación de Santa Fe avanza en la definición de una política común para ordenar, regular y, en algunos casos, prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas. El ministro José Goity explicó que la normativa vigente -Ley 12.686- quedó desactualizada frente al cambio radical que tuvieron estos dispositivos y adelantó que se trabaja en protocolos, pautas comunes y un esquema de capacitación docente, en el marco del nuevo Plan de Educación Digital.

"La ley que ya tenemos data del año 2006, cuando los teléfonos celulares no eran los dispositivos que son hoy", señaló Goity a El Litoral. "Tenían una característica totalmente distinta: eran básicamente para hablar. Hoy se usan para un montón de cosas y para lo que menos se usan es para las llamadas tradicionales. Entonces, claramente, la ley queda desactualizada en cuanto a la naturaleza de los instrumentos de los que estamos hablando", explicó.

El ministro dijo que el uso del celular ya es un tema presente en las escuelas, con estrategias diversas según cada institución. "Hoy hay desde colegios que los prohíben directamente en el tiempo de clase a otros que sí lo admiten en los recreos. Hay una gran variedad de disposiciones, de acuerdos institucionales y de modos de abordaje", describió. Frente a ese escenario, el objetivo de la cartera es "definir alguna pauta común de uso y también de limitación y prohibición".

"Queremos tomar el tema de manera integral y con una política general llevada adelante desde el Ministerio de Educación", sostuvo Goity. En ese sentido, adelantó que se establecerán protocolos generales de acompañamiento para que las escuelas puedan abordar no solo el uso del celular, sino también problemáticas como "ludopatía, grooming, las cuestiones de acoso electrónico".

"Hay un montón de situaciones que hoy se dan en torno al uso de dispositivos electrónicos que atraviesan a las escuelas y a la sociedad y que deben ser abordadas de manera más orgánica", subrayó.

El ministro Goity reconoció que no hay recetas únicas y que el proceso seguramente implicará ensayo y aprendizaje. "Esto se está implementando en otros países y en otras provincias, y también hay mucho de prueba y error. Hay provincias que fueron por un camino y luego vinieron para atrás. En gran medida todos estamos aprendiendo de esta nueva realidad", admitió.

No obstante, fue claro con respecto a un criterio central: "La escuela tiene que ordenar y regular el uso de estos dispositivos. En algunos casos va a ser en base a una prohibición y no tenemos que tener miedo en decirlo".

Se busca abordar tanto el impacto pedagógico como los riesgos asociados al mundo digital. Foto: El Litoral

El ministro especificó lo que ya viene adelantando en los últimos tiempos: en el nivel primario se avanzará con mayores restricciones que en la secundaria. "En la escuela primaria, donde los niveles de autonomía y las posibilidades de uso por parte de los chicos no es ni siquiera apropiado ni conveniente, vamos por un esquema de prohibición", confirmó.

En el aula de las escuelas secundarias, en tanto, el uso del celular "deberá ser pautado con fines pedagógicos" por el docente a cargo. "En este nivel se promoverá la reglamentación a partir de acuerdos institucionales ya existentes, especialmente para los espacios de recreación y socialización", advirtió.

"Hay estudios e investigaciones que demuestran que el uso indiscriminado e intensivo del celular no acompaña ni potencia los aprendizajes; muy por el contrario, los obstruye y genera interferencias", subrayó Goity.

La regulación "en algunos casos va a ser en base a una prohibición y no tenemos que tener miedo en decirlo", dijo el ministro Goity. Crédito: Archivo / Pablo Aguirre

El ministro confirmó, además, que la iniciativa se plasmará en pautas y protocolos que llegarán a las escuelas. "Estamos trabajando en el Plan de Educación Digital con un especialista que viene investigando desde hace mucho tiempo, como Lucas Raspall, que está conduciendo este proceso", explicó. A la vez, destacó las alianzas con organizaciones como Grooming Argentina y Faro Digital, "que ya vienen trabajando la temática y tienen mucho para aportar".

Consultado por El Litoral, Raspall amplió que el eje inicial será la capacitación. "Lo primero es capacitar, porque ningún docente ni directivo tuvo formación en esto en sus currículas de base", afirmó. Según explicó, se trata de un proceso que no será puntual sino permanente: "Esto cambia de manera vertiginosa. Lo que hoy se pueda enseñar hay que revisarlo sí o sí el año que viene".

El médico psiquiatra y docente universitario detalló que la capacitación alcanzará a todo el cuerpo docente y directivo y que se buscará formar referentes dentro de cada escuela con una preparación más profunda.

En una etapa posterior, el plan prevé la construcción de protocolos o guías de actuación ante situaciones complejas. "Son situaciones que se vienen dando y, en general, nadie sabe muy bien qué hacer", señaló Raspall.

Además, se elaborará material didáctico para todos los niveles, con el objetivo de que sean los propios docentes quienes puedan trabajar el cuidado, el uso seguro, responsable, ético y crítico de los dispositivos digitales, sin depender siempre de talleres externos.

"Vamos a acompañar a las escuelas, a potenciar las buenas experiencias que ya existen y a brindar mayor apoyo a las que lo necesiten", aportó, finalmente, Goity.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que el gobierno nacional eliminará aranceles a la importación de teléfonos celulares. De efecto inmediato será una reducción de la mitad de los impuestos y para inicios de 2026, la supresión total.

Según el funcionario de la administración que comanda Javier Milei, la medida saldrá por decreto hacia fines de esta semana, es decir entre jueves y viernes.

“Se producirá en dos etapas. En la primera, la reducción será del 16% al 8% y tendrá un efecto inmediato con la publicación del decreto. La segunda se llevará el arancel a cero, es decir se eliminará. Tendrá impacto a partir del 15 de enero del 2026”, señaló Adorni.

En ese sentido, el encargado de comunicación del gobierno nacional explicó que “adicionalmente se van a reducir los impuestos internos para televisores, celulares y aires acondicionados importados del 19 al 9,5% y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%”.

En la conferencia de prensa estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, pero no participó del acto protocolar.

En simultáneo, el vocero anticipó por X (ex Twitter) que “se ha tomado la decisión de reducir los aranceles para la importación de consolas como Playstation o Xbox del 35% al 20%”.

“Hoy en Argentina un celular con tecnología con 5G, de alta gama, cuesta el doble que en Brasil y Estados Unidos. Es tan ridícula la situación que había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como adquirir un celular en otro país”, indicó.

“En números concretos, un dispositivo de alta gama cuesta en Argentina 2.566 dólares, en Madrid 1.290, en Santiago de Chile 1.147, en Londres 1.143, en Nueva York 1.011. En el rubro computadoras, en nuestro país cuesta 1.931 dólares cuando cruzando la cordillera el mismo aparato cuesta 966”.

Con esta medida el gobierno espera que los precios bajen un 30% como mínimo. “Equipará a la Argentina con el resto de los países vecinos. Van a bajar también los productos provenientes de Tierra del Fuego”.

Al mismo tiempo, Adorni consideró que esta acción del gobierno va a reducir el contrabando y robo de celulares. “Algo que ya ha sucedido con la sustracción de autos y neumáticos con la reducción de impuesto y desregulación de autopartes”, señaló.

Quedaron en prisión preventiva dos hombres y una mujer que son investigados por el robo de un televisor y dos teléfonos celulares, cometido con un arma de fuego la semana pasada en Rufino. Se trata de dos hombres, cuyas iniciales son AL y HMGO, y una mujer de iniciales MLB.Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en audiencias realizadas en los tribunales rufinenses.El fiscal Mauro Menéndez está a cargo de la investigación y es quien solicitó las medidas cautelares. "Si bien en todos los casos la Defensa de los imputados se opuso a nuestro requerimiento, la magistrada hizo lugar a nuestra solicitud", valoró el funcionario del MPA y precisó que “para el hombre de iniciales HMGO y para la mujer de iniciales MLB, las preventivas se impusieron sin plazo con la posibilidad de ser revisadas a los 60 días. En tanto, para el otro hombre -de iniciales AL-, la cautelar es por 60 días”."La jueza consideró que la materialidad de los ilícitos y la probabilidad de autoría estaban acreditadas; contempló que las penas en expectativa son de prisión efectiva y sostuvo que los riesgos procesales estaban latentes", aseguró Menéndez. "A su vez, tuvo en cuenta que hay un cuarto hombre que también es investigado, ya fue identificado y se emitió la correspondiente orden de detención”, advirtió.

Menéndez señaló que "durante los primeros minutos del martes de la semana pasada, los imputados y el hombre que está prófugo actuaron de manera coordinada con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos".Afirmó que "mientras el hombre de iniciales HMGO aguardaba afuera a modo de apoyo, las otras tres personas ingresaron sin autorización a una vivienda ubicada en Brown al 100". Al respecto, manifestó que "uno de los atacantes llevaba consigo un arma de fuego"."En el inmueble, se encontraron con una mujer a la que amenazaron de muerte con el arma para evitar que opusiera resistencia al robo", indicó el fiscal. "En el marco de la situación violenta, sustrajeron un televisor y dos teléfonos celulares", especificó.Por otro lado, refirió que "el accionar delictivo fue advertido por un vecino que estaba en la vía pública", y destacó que "al salir del domicilio, los imputados lo golpearon en la cabeza con el arma y le quitaron una bicicleta"."Finalmente, los cuatro coautores del ilícito se fueron juntos del lugar con el objetivo de procurar su impunidad", concluyó.

A los dos hombres y a la mujer investigados se les endilgó la coautoría del delito de robo calificado (por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada de ningún modo; y por haber sido cometido en poblado y en banda).

Por Juan Manuel Peratitis

Si bien existen secuestros que no trascienden, otros cobran notoriedad por lo burdos o por cuantitativos. La referencia tiene que ver con la Cárcel de Coronda a partir del intento de ingresar elementos eléctricos atados a palomas, cosa que fue dada a conocer públicamente el pasado lunes por este medio.

Durante 2023 han sido varias las ocasiones en las cuales el escáner adquirido en 2022 entró en funcionamiento, y en cinco casos tuvo más trascendencia.

El 25 de enero, cuando los escáneres todavía no operaban, pero la pericia de los empleados seguía bien encendida, una mujer fue descubierta en la Admisión del Instituto Correccional Modelo de Coronda, cuando quiso ingresar una mesa de luz con doble fondo para un preso del pabellón 12. La rápida acción de los guardias impidió la introducción de ese elemento ya que dentro de ese fondo falso había nada más y nada menos que cinco teléfonos celulares de distintas marcas y cuatro chips.

El 16 de marzo las alarmas sonaron dos veces para contabilizar 7 teléfonos que visitantes a la Unidad 1 intentaban ingresar. Cuatro celulares por un lado y tres más por el otro fueron secuestrados en el inicio del funcionamiento del sistema de escaneo de este presidio. Una mujer lo quiso hacer dentro de una bandeja metálica con doble fondo, y en otro otra visita lo quiso pasar por distintas partes de su cuerpo, entre sus ropas.

Más adelante, el 16 de mayo otra visitante intentó entrar más de 350 gramos de cocaína, y 10 gramos de marihuana. La mujer, de 31 años, quiso entrar cocaína y marihuana entre sus zapatillas, a la altura de los talones y tobillos y fue detectada por el personal penitenciario a cargo del controlador tecnológico.

Una semana después se dio una situación insólita. Una mujer –la particularidad de que son del sexo femenino las que intentan en su gran mayoría ingresar cosas, sobre todo por ser parejas de detenidos en una cárcel de hombres- fue detenida con droga en un procedimiento realizado por personal de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XV San Jerónimo. A una cuadra del presidio, la policía interpeló a una joven de 20 años, de Rosario, quien simple y sencillamente dijo que “Voy a tomar el colectivo, vengo de visita de la cárcel, que no me dejaron entrar porque tengo falopa” (SIC)”. Ante esta curiosa confesión, la joven extrajo desde una riñonera, un envoltorio de forma rectangular cilíndrica, encintado, de unos 10 centímetros de largo por 5 de ancho, con marihuana y además dinero, un teléfono, una tarjeta de débito, DNI, tres chips de celulares, una tarjeta de memoria y elementos de higiene personal.

El 17 de junio se produjo el secuestro más escandaloso, por quién fue el detenido, y cuantioso, por lo que fue incautado. Un guardia de la cárcel de Coronda fue detectado por el escáner con 17 teléfonos celulares que intentaba ingresar con posible destino a internos de la Unidad 1. Como si fuera poco y a manera de quiosco, llevaba unas 22 tarjetas sim de teléfonos, 14 cargadores, cerca de 10 auriculares, unos 20 mil pesos en efectivo y gran cantidad de agujas de tatuar, más dos accesorios para ese fin. Los aparatos y accesorios estaban disimulados dentro de dos bolsas negras de nylon embaladas y encintadas.

Por último, el pasado 25 de setiembre otra mujer fue al penal corondino con una autorización para visitar a un preso. Ese día, a las 8.25 el escáner por el que debía pasar, advirtió la presencia de una protuberancia debajo de los pies de la recién llegada. El personal del Instituto de Detención U1 del Servicio Penitenciario activó el protocolo para estos casos y apartó a la mujer para hacer una requisa más exhaustiva, mediante la cual se constató que dentro de sus zapatillas, entre las suelas y las medias, escondía 221 gramos de cocaína.

En todos los casos, las personas con la droga fueron detenidas por personal penitenciario y o policial y entregadas a las autoridades de Antinarcóticos por violación a la ley 23737 de estupefacientes.

Además de los intentos de ingreso, están aquellos elementos que terminan pasando de alguna manera, ya sea por errores, negligencia o complicidad. Por eso El Litoral accedió en exclusiva en un primer momento a las cifras de teléfonos secuestrados en los pabellones -no se cuentan los interceptados en la puerta-. Durante enero de 2023 se incautaron 192 aparatos en distintos procedimientos, en la primera quincena de febrero se secuestraron 36 más, mientras que entre el 15 de febrero y el 17 de marzo –un período especialmente analizado en la Unidad 1- fueron 191, lo que implica un buen trabajo del grupo de requisas y demás equipos dentro de este Instituto Correccional.

Esto da como resultado que en la Cárcel de Coronda se recuperaron 419 teléfonos -que ya estaban ingresados- en el término de dos meses y medio, lo que da como promedio 5,5 por día. Luego se evitó desde el Servicio Penitenciario revelar más datos al respecto.

Mario Cáffaro ElLitoral El diputado Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) ingresó un proyecto de ley para prohibir el uso de telefonía móvil e internet inalámbrica en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia y  a la vez crear el programa ‘Cárceles Seguras, Santa Fe Segura’ consistente en la instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil e internet inalámbrica en el perímetro de esos establecimientos. La iniciativa que también firman sus compañeros de bloque Natalia Armas Belavi y Juan Argañaraz, había sido anunciada por el propio Mayoraz durante la última sesión que realizó la Cámara y donde se aprobaron dos pedidos de informes sobre la situación en el servicio penitenciario. Uno de los proyectos lo ingresó el propio legislador rosarino para conocer las requisas efectuadas en los últimos tres años, discriminando por cada una de ellas la cantidad de celulares incautados y el destino de los mismos.  Entonces señaló ante el pleno de la Cámara en destacar que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación afirman  que la mayoría de los delitos organizados hoy se organizan desde las cárceles con órdenes por teléfono o por mensajes de whatsapp. “Todos los días hay hechos de violencias originados en las cárceles y debemos actuar ante esto”, dijo entonces Mayoraz quien acotó que “hoy no se respeta ningún derecho, ni el de las personas privadas de libertad pero menos de vecinos que están viviendo la situación de inseguridad constante, permanente donde nadie puede decir estar a salvo de ser alcanzado por una bala”. El proyecto de ley determina que el único y exclusivo medio de comunicación telefónica permitido para uso del personal del servicio penitenciario es a través del servicio de telefonía fija e internet por cable. También dispone que cada pabellón debe contar con un espacio para la comunicación de los internos por vía telefónica y videollamada a través de internet por cable. Propone que las unidades penitenciarias cuenten con un registro de llamadas en el que se asiente nombre de interno, horario de inicio y finalización de los teléfonos públicos. Aclara que el registro no podrá limitar el derecho de comunicación de los internos y tendrá carácter confidencial. En el último artículo se determina que falta de cumplimiento de la eventual norma en el Servicio Penitenciario será considerada falta grave e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mayoraz advierte que “la sociedad se volvió rehén de un sistema de seguridad que resulta ineficiente en extremo, con una clara incapacidad a la hora de implementar políticas de prevención de delitos. Ello resulta agravado por una concepción abolicionista disfrazada de garantismo, que apela a la falacia de las garantías que deben respetarse a toda persona que delinque, garantías en cuyo respeto coincidimos. Pero falaz desde el momento en que termina transformando el cumplimiento de las penas en un verdadero espejismo”. El legislador señala a El Litoral que “la continuidad de las empresas delictivas dentro de los establecimientos penitenciarios constituye una problemática que tiene a la sociedad subyugada”. Refiere al ingreso ilegal de equipos de telefonía celular a las cárceles que en muchos casos los internos lo utilizan para prácticas delictivas como secuestros y estafas telefónicas. “Los celulares también resultaron ser una herramienta útil para las asociaciones ilícitas y de esa manera se facilitó la tarea de narcos y sicarios para poder organizar robos, asesinatos y hasta organización de motines”, afirmó. En materia de legislación comparada, Mayoraz informa que El Salvador, Ecuador y Brasil dictaron leyes para instalar inhibidores de señal. Señala que ninguna norma internacional prohíbe ese tipo de medidas. En la provincia, la ley 11.661 adhirió a la ley 27.375 que reformó la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad y en uno de los artículos determina que “quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal” (art 160). Mayoraz afirma ante El Litoral que “la sociedad necesita medidas para vivir más tranquila, y como legisladores debemos tener la determinación suficiente para brindar las herramientas legislativas que sirvan para implementar políticas públicas que velen por el bienestar de los santafesinos”.

Aparato Un teléfono fijo con conexión fue secuestrado ayer de la celda de Ariel Máximo “Guille” en su celda de la cárcel federal de Marcos Paz, pcia de Buenos Aires. Ese fue el saldo de una requisa que se realizó en el penal en el marco de la investigación que se lleva adelante por la balacera al Centro Penal de Justicia de  Rosario de la semana pasada, en la previa al inicio del juicio que tenía, precisamente, a Guille como principal acusado.

Las fugas en los penales Tras las fugas ocurridas en los penales de Piñeiro y de Coronda, el diputado Ariel Bermúdez (Creo) ingresó un extenso pedido de informes sobre esos hechos pero también sobre cambios en los protocolos para evitar la reiteración de casos. El pedido apunta a la fuga de dos internos de Piñero el 17 de mayo; la otra del 27 de junio y la del penitenciario de Coronda del 17 de agosto. Pide se informe si se ha podido detectar algún patrón reiterativo de falencias en los sistemas y medidas de seguridad predispuestas y si se han adoptado acciones correctivas. “Resulta evidente que las medidas de seguridad con las que cuentan los penales han sido desbordadas en distintas oportunidades lo cual exige la implementación de acciones que se encuentren orientadas a reforzar en forma urgente la seguridad”, explicó el legislador a El Litoral.

Amenazas En el marco de la segunda audiencia del juicio contra los integrantes de la banda criminal rosarina Los Monos, por los ataques contra blancos judiciales se ventilaron una serie de audios con mensajes intimidatorios, en uno de los cuales exigían la liberación de los miembros del grupo encarcelados bajo amenaza de “matar a todos” los jueces. “Somos acá la banda de los Cantero. A Los Monos suéltenlos porque lo vamos a agarrar al juez, le vamos a reventar toda la casa y lo matamos”, expresa el macabro audio enviado a través de un llamado al centro de emergencias. “Suelten a todos Los Monos porque los matamos a todos. Estoy diciendo en serio. No jodan porque los matamos a todos ustedes”, dice la misma voz al profundizar el mensaje.