El Gobierno nacional hará finalmente este martes la estratégica licitación del espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G), con la que espera recaudar unos US$1.050 millones que irían al Tesoro.

La licitación se hará a pesar de la cautelar presentada por La Libertad Avanza y de Telecentro -la compañía del ex presidente de la Cámara de Diputados durante el menemismo, Alberto Pierri-, que se sumó la semana pasada.

La operación se convertirá en un nuevo refuerzo de divisas para las reservas del Banco Central.

El acto será en el Complejo Cultural Kirchner, a partir de las 10, en un proceso que no estará abierto a la prensa, mientras que el anuncio de los resultados será por la tarde.

El proceso fijará la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria.

En este llamado se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz, con un precio base de US$350 millones y un plazo de otorgamiento de 20 años.

Las tres empresas que brindan telefonía celular en el país (Claro, Telefónica y Telecom) presentaron las garantías de ofertas por US$20 millones para participar del proceso de licitación, y ya fueron precalificadas como oferentes.

La duda que existe es cómo realizarían el pago de los US$350 millones ya que, según el pliego, pueden pagar en pesos al tipo de cambio oficial, o ingresar dólares vía Contado con Liquidación (CCL), por una modificación que dispuso el Banco Central.

Las empresas quieren acelerar el proceso porque el tipo de cambio oficial les conviene, sobre todo si hacia fin de año podría haber otra devaluación..

Las redes 5G constituyen un avance respecto a las 4G en varios aspectos, entre los que se destacan:

Los avances que introducirán las redes 5G permitirán incrementar el rendimiento de servicios basados en la nube.

También el streaming de video en 4k, 8k y 3D, experiencias de realidad virtual y juego bajo demanda conforman algunas de las aplicaciones diarias con las cuales los usuarios finales de un servicio 5G podrán contar, y que hoy son imposibles o limitadas.

“Es inaceptable que el gobierno siga sin reaccionar ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en Santa Fe y no ponga en marcha mecanismos y acciones que están a su alcance para ponerle freno. Lo que parece una obviedad, no lo es. Desde las cárceles se siguen organizando toda clase de crímenes y extorsiones y eso es algo que se puede evitar”, expresó la vicepresidente del Senado de la Nación, Carolina Losada, quien solicitó al Ejecutivo Nacional la inmediata y efectiva instalación de inhibidores de telefonía celular, equipos y terminales móviles para evitar las comunicaciones desde dentro de los establecimientos penitenciarios.

La senadora nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, que continúa insistiendo en que se trate su proyecto de Ley para declarar la “Emergencia en Seguridad” en la provincia, se refirió a los innumerables casos de público conocimiento en los que se ha demostrado a través de videos y desgravaciones telefónicas, cómo los reclusos continúan delinquiendo, amenazando y liderando bandas criminales desde sus lugares de detención.

Es justamente a partir del aumento de delitos organizados desde establecimientos penitenciarios que Losada exige al oficialismo utilizar herramientas y tecnologías disponibles para acercar una pronta solución y cumplir finalmente con el Artículo 160º de la Ley 24.660 de “Ejecución de la pena privativa de la libertad” que establece la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles en todas las Unidades del Servicio Penitenciario Federal, y sumar a  aquellas que actualmente, que a causa de la sobrepoblación y/o hacinamiento en las cárceles del país, alojan a personas privadas de su libertad por delitos federales.

Al verse colapsadas las cárceles federales, se ha recurrido al traslado de reclusos autores de delitos federales tales como narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, delincuencia organizada, lavados de activos de origen ilícito, a Unidades Penitenciarias Provinciales. “Esto que está pasando no es ajeno a ningún funcionario público de ningún estamento del Estado, por lo que deberían coordinar acciones para dar cumplimiento inmediato a la instalación de la tecnología en todas las Unidades Penitenciarias Federales o no que alberguen detenidos por delitos federales”.

“Hoy contamos las herramientas y tecnologías necesarias para poder frenar el accionar criminal a gran escala que nace dentro de las cárceles, delitos que todos los días suman más víctimas, pero pareciera que, a los responsables no les importa llevarlas a la práctica”, concluyó.