Las llamadas no deseadas, conocidas comúnmente como “spam telefónico”, podrían tener los días contados en Rosario. El Concejo Municipal analiza una iniciativa que propone crear un sistema de protección para usuarios frente al acoso comercial vía teléfono, una problemática que se intensificó en los últimos años.

El proyecto contempla la creación de un “Registro Municipal No Llame”, una base de datos donde las personas podrán inscribirse para evitar recibir comunicaciones con fines publicitarios, comerciales o proselitistas. La medida busca otorgar herramientas concretas para que los ciudadanos puedan ejercer un mayor control sobre sus datos personales.

En base a los datos oficiales a los que accedió El Litoral, la ordenanza también establecería sanciones para las empresas que incumplan la normativa, con multas que podrían escalar en caso de reincidencia. El objetivo es generar un marco regulatorio local que complemente la legislación nacional y provincial existente.

La concejala impulsora del proyecto remarcó que “la mayoría de las personas no quiere recibir este tipo de llamadas, que muchas veces se hacen en horarios inadecuados o reiteradamente”. En ese sentido, explicó que la propuesta responde a una demanda social concreta, vinculada al respeto por la privacidad.

Además del registro voluntario, se habilitará una línea telefónica y un portal web para que los rosarinos puedan denunciar el incumplimiento por parte de call centers, bancos, financieras u otras empresas que ofrezcan productos o servicios sin consentimiento previo.

Desde el Palacio Vasallo indicaron que se trata de un primer paso para avanzar hacia una mayor protección de los derechos de los consumidores. El enfoque del proyecto también contempla campañas informativas para que la población conozca sus derechos y sepa cómo proceder ante situaciones abusivas.

Si bien existe una normativa nacional que regula las llamadas comerciales, muchas empresas no cumplen con las restricciones o se valen de mecanismos difíciles de rastrear. Por eso, el nuevo esquema local apuntará a reforzar el control desde el ámbito municipal y coordinar acciones con organismos provinciales y nacionales.

El proyecto aún se encuentra en estudio en comisiones, pero ya cuenta con el respaldo de distintos bloques políticos. Se prevé que, una vez aprobado, la Secretaría de Modernización y Cercanía del municipio sea la encargada de administrar el registro y canalizar las denuncias.

En los fundamentos de la iniciativa se señala que el avance de la tecnología no puede estar desligado de la protección de datos personales y del derecho a la intimidad. La sobrecarga de llamadas automáticas, promociones y encuestas telefónicas, aseguran, afecta la calidad de vida cotidiana.

La medida también busca enviar un mensaje claro a las empresas: los consumidores deben ser respetados, y cualquier acción de marketing o contacto debe contar con su autorización expresa. La inscripción en el registro no será obligatoria, pero permitirá a quienes lo deseen establecer un límite concreto.

En caso de aprobarse, Rosario se sumará a otras ciudades que ya cuentan con dispositivos similares para frenar el acoso telefónico. La implementación y el seguimiento de la ordenanza serán clave para evaluar su efectividad en la práctica y ajustar los mecanismos de control según la evolución del problema.

Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, ha adoptado una decisión sin precedentes en el ámbito de las telecomunicaciones y la salud pública.

En respuesta a inquietudes expresadas por los ciudadanos, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó una ordenanza que prohíbe la implementación de la tecnología de comunicaciones 5G en la ciudad.

Esta medida, objeto de un extenso debate, refleja una postura cautelar hacia la tecnología emergente hasta que se presenten pruebas concluyentes sobre su inocuidad.

La ordenanza municipal N° 6317, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal, establece una moratoria en la instalación de cualquier infraestructura relacionada con la tecnología 5G.

Esta medida se mantendrá hasta que estudios médicos y científicos confirmen que esta tecnología no representa un riesgo para la salud humana.

La normativa declara a Ushuaia como una "zona libre de radiaciones" derivadas de la tecnología 5G y de las tecnologías de transmisión de datos de futuras generaciones.

Además, la ordenanza prohíbe expresamente la instalación de estas tecnologías hasta que se disponga de estudios médicos y epidemiológicos que aseguren su seguridad. Este enfoque se basa en el "principio precautorio" en materia de salud y ambiental.

La validez de futuros estudios que busquen revocar esta prohibición estará sujeta al respaldo de organismos internacionales de renombre, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo.

La Municipalidad de Ushuaia no otorgará permisos para obras o instalaciones que impliquen el despliegue de la tecnología 5G hasta que se cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza.

Cualquier autorización concedida en contravención de esta normativa se considerará nula y no generará derecho a indemnización.

Es importante destacar que, aunque esta prohibición es una decisión municipal, la autorización para implementar tecnologías como la 5G es competencia del Gobierno Nacional y del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM).

Esto plantea un escenario potencial donde las empresas con licencias nacionales podrían enfrentar obstáculos legales en Ushuaia, lo que eventualmente podría llevar a litigios judiciales.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) instruyó este martes a las Direcciones competentes a iniciar las acciones tendientes a la eliminación del concepto de Larga Distancia Nacional en todas las llamadas de voz que se realicen dentro del Territorio Nacional.

Con firma del presidente del ENACOM, Claudio Julio Ambrosini, se presentó mediante la Resolución 1884/2023 publicada en el Boletín Oficial.

Cabe recordar que luego del cambio de mando del próximo 10 de diciembre y la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, se procederá también a la transición dentro del ENACOM. Tomás Sutton sería el elegido.

Larga Distancia Nacional se denomina a todas las llamadas dentro del territorio Nacional pero por fuera del área local desde donde se realiza la comunicación. En algunos casos, los costos dentro de Argentina son más altos que a otros continentes.

La Resolución remarcar “que originalmente el Servicio Básico Telefónico era una herramienta primordial para asegurar la conectividad y las comunicaciones entre los habitantes de la República Argentina”.

El documento agrega que “es fundamental reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva del país, procurando la accesibilidad y asequibilidad de las mismas a la totalidad de los habitantes de la República Argentina en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.

Otro factor de cara a la evolución del concepto en el marco de la Ley Argentina Digital Nº 27.078 en su Artículo 54 es la reducción del uso de teléfonos fijos, el cual se mantiene entre 5% y 10% de la población en el mundo.

El crecimiento de llamadas dentro de plataformas digitales o aplicaciones móviles, vinculadas principalmente a la conectividad a internet, reducen aún más el uso de llamadas de línea.

El gobierno nacional autorizó este martes aumentos mensuales hasta fin de año en televisión paga, telefonía e internet. Las licenciatarias podrán aplicar sucesivos incrementos de hasta un 4,5% desde mayo hasta diciembre de 2023.

La medida fue tomada por el Ente Nacional de Comunicaciones y publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 557/2023. Lleva la firma del presidente de Enacom, Claudio Ambrosini.

“Sin desatender el diálogo con el sector, advirtiendo que el último incremento autorizado por este ENACOM fue de aplicación sucesiva y mensual en el período comprendido entre enero y abril de 2023; corresponde autorizar nuevos incrementos con similar aplicación a partir de mayo y hasta diciembre de 2023, evaluados en el contexto económico y dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”, reza el texto.

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“Siguiendo ese temperamento, los requerimientos de nuevos aumentos se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”, sumaron.

Y agregaron: “A partir del primer día de cada mes posterior a mayo de 2023, sucesivamente y hasta diciembre de 2023 inclusive, las Licenciatarias aludidas podrán aplicar un nuevo incremento mensual en un porcentaje de hasta el 4,5% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados al último día del mes anterior”.

Luego, remarcaron: “Cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente autorizados (…) deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”.

“En aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones vigentes”, finalizaron.

Previo a esta normativa, el último aumento autorizado había sido el de la Resolución 2494/2022, en la que le daba permiso a las licenciatarias a aplicar una suba en precios minoristas de hasta 4% desde el 1º de enero de 2023, sobre el valor vigente al 31 de diciembre de 2022.

A partir del 1º de febrero, se sostuvo el 4% permitido, mientras que el 1º de marzo y el 1º de abril ese aval descendió al 3,5% cada mes.

Con el inicio de la segunda semana de enero, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) comienza el pago para la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), Familiar por Hijo (SUAF), jubilados y pensionados, entre otras prestaciones que se cobran a través del organismo previsional.

En paralelo, la entidad a cargo de Fernanda Raverta confirmó en los últimos días el pago de un bono en febrero. Asimismo, a través de un trámite de Mi Anses, también es posible que mujeres puedan solicitar el pago de un apoyo económico de $85.000 durante 6 meses.

Anses también mantiene impulsando beneficios junto con otros organismos estatales. Este es el caso del Programa de Conectividad, que gestiona en colaboración con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Consiste en el acceso a internet de manera gratuita para quienes no pueden afrontar el pago de servicios como teléfono fijo, móvil, televisión o internet.

Quienes quieran acceder deberán tener o tramitar la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para luego poder solicitar el beneficio.

Para inscribirte solo necesitás cumplir con los requisitos y completar el formulario al que se accede de forma online.

1. Deberás descargar la Declaración Jurada que se encuentra en la página oficial del Gobierno

2. Luego, deberás completar el documento

3. Por último, tendrás que enviarlo a los prestadores de servicio que tengas contratados, mediante las vías de comunicación habilitadas.

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó dos aumentos a las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, y televisión por cable y satelital que las empresas prestadoras de estos servicios podrán aplicar en octubre y diciembre.

En la medida que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, el ENACOM estableció dos subas: la primera de ellas que empezará a regir a partir del 1° de octubre será de 19,8% y la segunda a partir del 1° de diciembre que será de hasta 9,8%.

El organismo señaló que los incrementos fueron evaluados “en el contexto económico “y en las “dificultades” de las licenciatarias ante “los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas” desde que se inició la regulación de los precios minoristas.

“Los requerimientos de nuevos aumentos se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”, explicó el ente que no obstante aclaró que “admitir un precio irrazonable implicaría la afectación de una gran parte de la sociedad”.

En el caso de las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) el incremento en el valor de los precios minoristas fue autorizado para cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, tomando como referencia los precios vigentes autorizados por el ente encargado de regular los precios de estos servicios.

Además se fijaron los valores máximos para los precios de la telefonía móvil. En la modalidad prepaga la recarga de 50 MB de datos móviles por día será de $36 con impuestos incluidos; el segundo de voz $0,55; y SMS $7,20. Estos valores podrán aplicarse a partir del mes próximo.

En tanto, a partir de diciembre la recarga de 50 MB de datos móviles diarios pasará a tener un tope de $39,50; el segundo de voz $0,60; y SMS $7,90. En todos los casos se trata de precios con impuestos incluidos.

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“El gobierno apuesta a una Santa Fe conectada, se invierte en alumbrado público, en mejorar las líneas de transmisión de la EPE en toda la provincia y, por otro lado, no podemos controlar el robo que impide que se presten servicios por los cuales los usuarios pagamos tarifas” dijo Oscar Martínez (Frente Renovador) al término de la primera audiencia realizada por la Cámara de Diputados para abordar la problemática del robo de cables en los tendidos públicos en todo el territorio de la provincia. Fue ayer en el edificio que la Cámara tiene en la ciudad de Rosario y el martes próximo se hará otra audiencia en esta capital en el recinto legislativo.

Martínez y la socialista Lionella Cattalini presentaron sendos proyectos de ley para abordar la problemática y ayer encabezaron la audiencia rosarina con  muy buena participación de empresas y donde además se sumaron el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignano; la fiscal regional interina María Eugenia Iribarren más dirigentes vecinalistas. Directivos de Enacom, así como funcionarios de Epe, Telecom, Litoral Gas, Fescoe, y otras prestadoras telefónicas.

La solución ¿pasa por el dictado de una ley?, ¿por ceder facultades de control a los municipios? ¿ajustar la registración de chatarras?. Fueron varias las posturas expuestas y en el encuentro Alejandro Saavedra, de Telecom llegó a señalar que  “Rosario es el epicentro del robo de cable de cobre de Argentina”. La problemática está extendida en toda la provincia e incluso Martínez leyó una serie de títulos periodísticos de localidades de toda la provincia donde está la problemática. “Desde hace ya varios meses que los robos de cables tanto de luz como de teléfono han dejado de ser hechos esporádicos y circunstanciales para convertirse en una constante. Se trata de los cables que se encuentran en la vía pública, que pertenecen a las conexiones eléctricas de la EPE y a las empresas de telefonía”, añadió.

La fiscal Iribarren informó que dispuso que todas las denuncias sobre este tipo de delitos sean concretadas en un fiscal para unificar las investigaciones. Martínez hizo notar que “además de constituir un delito, estos hechos perjudican seriamente a instituciones y particulares. Desde dependencias estatales, pasando por instituciones educativas y alcanzando también a particulares, pero no de forma individual sino en barrios enteros, son muchos los ciudadanos que se ven perjudicados. Las instituciones al quedarse sin teléfono e Internet reducen notoriamente su capacidad operativa, y sin luz directamente pueden abrir”.

La socialista Cattalini expuso detalles sobre el proyecto de ley que ingresara en febrero para crear un “Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos”, destinado a titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos. Estos deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.

“El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan, tanto por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que produce para las empresas. Desde la EPE, por ejemplo, expresaron que ya les robaron 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad de Rosario”, explicó Cattalini.

“La revalorización del precio internacional del cobre y del bronce impulsa las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina. Es una modalidad delictiva, es capaz de alimentar un importante mercado negro con fácil disponibilidad de dinero, agregó Cattalini. Para la socialista este delito incluye la intervención de tres sectores bien diferenciados: los sujetos encargados de la sustracción material del tendido de cables; los responsables de las distintas chatarrerías que operan como comercios legales y que compran en el mercado negro el material robado y lo almacenan y las fundiciones, talleres donde, a través de procesos metalúrgicos específicos, se separa el cobre del aislante que lo contiene para su posterior venta.

“Necesitamos romper este circuito e intervenir con una política pública capaz de controlar y penalizar a quienes se encuentran en este circuito ilegal, y también trabajar coordinadamente con las empresas damnificadas, vecinos, municipios y comunas”, explicó la legisladora.

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) instaron a los usuarios a no pagar facturas de cable, telefonía e internet si vienen con aumentos ya que, recordó, “no están autorizados” por el Gobierno. Esta información fue ratificada por el delegado regional del organismo en el sur provincial Franco Balzaretti, quien planteó que si hay modificaciones tarifarias en dichos servicios “no son válidas”.

“A partir del decreto 690 del 2020, donde las telecomunicaciones se declararon servicios públicos, todo lo que son los aumentos de televisión , telefonía celular, telefonía fija e internet son regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones que es el organismo de contralor”, recordó el funcionario oriundo de Venado Tuerto.

Asimismo destacó que desde el 1° de enero, los incrementos que se les permitieron a estas empresas son: el 5 por ciento en enero, el 7 por ciento en febrero y un 7 por ciento en marzo. “A partir de allí todo lo que se vaya a aumentar deberá consensuarse primero con el organismo. Hasta el momento no ha ingresa ningún pedido para abril y mayo. Sólo se aceptaría una actualización del orden del 7 por ciento para junio, aunque aún no está establecido”, aclaró.

Por ello, “sí algún usuario recibe un aumento en mayo no deben pagar la factura porque no están validados”, indicó. Y añadió: “Hasta el momento es sólo una empresa la que anunció incremento para el mes entrante. Esto no es la primera vez que ocurre e incluso en otras oportunidades fueron varias las empresas que tomaron esta misma actitud y debieron devolver esos montos”.

“En este caso -continuó Balzaretti- se lanzará en las próximas horas un decreto donde se van a prohibir los cortes del servicio, lo que significa que la gente que reciba un valor a pagar superior al que Enacom establezca, que también se dará a conocer en estos días, pueden no abonar la factura, previo a haber hecho el reclamo correspondiente ante la empresa, hasta que no les llegue una nueva con el monto permitido”. Con el decreto, no se podrá cortar la provisión por falta de pago de dicha factura.

“Estamos atravesando un momento más que complicado, donde las telecomunicaciones son un servicio básico con el que tenemos que contar, porque los chicos tienen clases virtuales, porque la gente trabaja desde su casa. Además los aumentos que plantean las empresas no van de la mano de las actualizaciones salariales que han tenido los trabajadores. Es un momento donde tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y eso es lo que le estamos pidiendo a las empresas”, afirmó el delegado del Enacom.