A casi cinco años de la celebración del acuerdo, el Congreso de la Nación aprobó el convenio entre los países del Mercosur para eliminar el cobro de los costos del roaming en todos los estados miembros del bloque económico.

La medida se hizo oficial esta madrugada tras su publicación en el Boletín Oficial. “Apruébase el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019, que consta de once (11) artículos, que, como anexo, en idioma español, forma parte de la presente ley”, dice la normativa que lleva la firma de las autoridades de ambas cámaras: la vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado Martín Menem.

El acuerdo consta de 11 artículos y dentro de los puntos más importantes se encuentran:

Los proveedores de telefonía móvil deberán aplicar a sus usuarios, que utilicen los servicios de roaming internacional, los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo a la modalidad y plan contratado por cada usuario.

Esta disposición se aplicará en caso que el usuario de un proveedor de un Estado parte realice o reciba comunicaciones de voz, mensajería o acceda a servicios de datos (acceso a Internet) en roaming internacional, en el territorio de otro Estado parte.

Deberá existir una “razonabilidad” entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones.

La conformación de un Comité de Coordinación Técnica, compuesto por representantes de todas las partes, que tendrá como objetivo posibilitar la implementación del acuerdo, determinando la fecha de efectiva entre los Estados que lo hayan ratificado; y supervisar la ejecución y cumplimiento de lo previsto.

Además, en línea con el acuerdo, es responsabilidad de cada uno de los miembros del Mercosur minimizar los impedimentos al uso de alternativas tecnológicas al roaming internacional para facilitar que aquellos que quieran visitar el país puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones desde sus dispositivos. En este contexto, también tendrán la obligación de supervisar que los proveedores ofrezcan a los usuarios del servicio internacional la misma calidad que a los nacionales.

En marzo de ese año, Mauricio Macri y quien era su par en ese momento Sebastián Piñera anunciaron un acuerdo en el que establecían que los usuarios de telefonía celular podrán realizar llamadas de voz y acceder a internet desde sus celulares sin tener que preocuparse por los recargos adicionales cuando crucen la frontera. Finalmente, la medida entró en vigor en agosto de 2020.

Las autoridades regulatorias de Argentina y Chile comenzaron a reunirse en octubre de 2017 para implementar la eliminación del roaming, tras la firma de un acuerdo de comercio bilateral para profundizar la integración de las telecomunicaciones en ambas naciones. El acuerdo implica que tanto los turistas argentinos que viajen a Chile como los turistas chilenos que visiten la Argentina podrán usar todas las funciones de su teléfono celular (SMS, datos, voz) a idéntico precio que en su país.

Ley 27740 by El Litoral

Haciendo uso de la Banca Ciudadana, integrantes del grupo CORTE (Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones), presentarán este miércoles en el Concejo Municipal de Venado Tuerto un proyecto de ordenanza para declarar a la ciudad “zona libre de antenas 5G”. 

Cabe resaltar que CORTE es una organización nacional que tiene sus representantes en la provincia de Santa Fe y desde hace varios años también en Venado Tuerto. El objetivo central de este grupo es concientizar sobre los efectos nocivos que pueden generar en el ser humano las antenas de telecomunicaciones que se intentan instalar en el país. 

“Para nosotros lo más importante es la salud. CORTE es una agrupación, una ONG, que está presente en todas las provincias argentinas reclamando una regulación de las frecuencias de las antenas. Hoy el pedido es preventivo y apunta a que el país sea declarado zona libre de 5G, para que no se instalen estos equipos por los efectos que generan en las personas”, comentó Romina Columbich, miembro de la organización. 

Actualmente, el país cuenta con tecnología 3G y 4G, que, si bien tiene su efecto, se potenciaría con las antenas 5G, “ya que la emisión sería mucho mayor”, planteó.  

Esta realidad fue la que motivó al grupo a llevar la postura al cuerpo deliberante. “El miércoles a las 12 estaremos exponiendo los fundamentos de este proyecto. Invitamos a todos los que quieran que se sumen y participen”, indicó otro de los miembros, Marcelo Taricco.

“Las grandes empresas de telecomunicaciones quieren instalar en el país antenas que están prohibidas en el resto del mundo, por ser viejas, obsoletas y emitir una radiación muy elevada que provocará efectos muy importantes en la salud”, resaltó, agregando que hay más de 5 mil artículos científicos que hacen referencia a esta situación. 

Desde el grupo dejaron el claro que no se oponen al avance de la tecnología y la utilización de nuevos sistemas de telecomunicaciones, sino que “es necesario que se instalen elementos menos dañinos", enfatizaron. 

A través del Decreto 302/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial el gobierno anunció la derogación del Decreto N° 690/20 y la modificación de la Ley Argentina Digital N° 27.078.

Estas medidas buscan restaurar la libre competencia y la fijación de precios por parte de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), revirtiendo las regulaciones establecidas previamente por el gobierno.

El Decreto N° 690/20, emitido en agosto de 2020, había introducido cambios significativos al marco legal del sector de las TIC al establecer un régimen de regulación de precios por parte del Estado. Sin embargo, con la derogación de este decreto y la modificación de la Ley Argentina Digital, se busca darle autonomía a los licenciatarios para fijar precios justos y razonables, asegurando la competencia y la calidad del servicio.

Una de las principales modificaciones introducidas es la sustitución del artículo 48 de la Ley Argentina Digital, que establece que los licenciatarios de servicios de TIC tendrán la facultad de fijar sus precios, siempre y cuando sean justos y razonables, cubran los costos de explotación y promuevan la eficiencia operativa. Esta medida busca garantizar un ambiente propicio para la inversión y la innovación en el sector.

Además, el gobierno también decidió mantener el Servicio Público Telefónico como una prioridad, asegurando su condición de servicio público básico. Esto implica un compromiso con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la telefonía, especialmente en áreas donde la cobertura es limitada.

La derogación del Decreto N° 690/20 también significa el fin de la intervención del Estado en la fijación de precios y tarifas de los servicios de TIC, lo que brinda mayor certidumbre a los operadores del mercado y promueve la competencia justa y equitativa.

Las medidas se aplicaron en un contexto de ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno considera que la restauración de un marco normativo que favorezca la libre competencia es esencial para garantizar el acceso a servicios de calidad en condiciones equitativas para todos los ciudadanos.

Decreto 302/2024 by El Litoral

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) instaron a los usuarios a no pagar facturas de cable, telefonía e internet si vienen con aumentos ya que, recordó, “no están autorizados” por el Gobierno. Esta información fue ratificada por el delegado regional del organismo en el sur provincial Franco Balzaretti, quien planteó que si hay modificaciones tarifarias en dichos servicios “no son válidas”.

“A partir del decreto 690 del 2020, donde las telecomunicaciones se declararon servicios públicos, todo lo que son los aumentos de televisión , telefonía celular, telefonía fija e internet son regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones que es el organismo de contralor”, recordó el funcionario oriundo de Venado Tuerto.

Asimismo destacó que desde el 1° de enero, los incrementos que se les permitieron a estas empresas son: el 5 por ciento en enero, el 7 por ciento en febrero y un 7 por ciento en marzo. “A partir de allí todo lo que se vaya a aumentar deberá consensuarse primero con el organismo. Hasta el momento no ha ingresa ningún pedido para abril y mayo. Sólo se aceptaría una actualización del orden del 7 por ciento para junio, aunque aún no está establecido”, aclaró.

Por ello, “sí algún usuario recibe un aumento en mayo no deben pagar la factura porque no están validados”, indicó. Y añadió: “Hasta el momento es sólo una empresa la que anunció incremento para el mes entrante. Esto no es la primera vez que ocurre e incluso en otras oportunidades fueron varias las empresas que tomaron esta misma actitud y debieron devolver esos montos”.

“En este caso -continuó Balzaretti- se lanzará en las próximas horas un decreto donde se van a prohibir los cortes del servicio, lo que significa que la gente que reciba un valor a pagar superior al que Enacom establezca, que también se dará a conocer en estos días, pueden no abonar la factura, previo a haber hecho el reclamo correspondiente ante la empresa, hasta que no les llegue una nueva con el monto permitido”. Con el decreto, no se podrá cortar la provisión por falta de pago de dicha factura.

“Estamos atravesando un momento más que complicado, donde las telecomunicaciones son un servicio básico con el que tenemos que contar, porque los chicos tienen clases virtuales, porque la gente trabaja desde su casa. Además los aumentos que plantean las empresas no van de la mano de las actualizaciones salariales que han tenido los trabajadores. Es un momento donde tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y eso es lo que le estamos pidiendo a las empresas”, afirmó el delegado del Enacom.