Por una vez, los empleados públicos provinciales sufrieron lo que tantas veces les ha pasado a trabajadores de empresas privadas: la tarjeta de crédito venció a los agentes del Estado santafesino antes de cobrar sus salarios, y todo sucedió en el mismo banco. El tema fue parte de los debates que, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, mostraron posiciones de los distintos bloques frente a asuntos que tiene al gobierno nacional como principal protagonista.

El cuerpo de 50 bancas aprobó con una sólida mayoría pronunciamientos sobre el problema del endeudamiento de las familias argentinas para cubrir gastos domésticos que hoy se han vuelto de morosidad estructural, de las política de género que se extinguieron con el inicio de la gestión libertaria y de otros ajustes nacionales que muestran como se dividen las aguas en Santa Fe.

En Unidos, cada uno de estos temas mostró a socialistas y radicales de un lado (unos con discursos más duros que otros) y a los miembros del Pro del otro. Al momento de votar resoluciones y declaraciones sobre tópicos en los que la Casa Rosada es responsable, el macrismo santafesino quedó del mismo lado que otras expresiones más a la derecha, como es el caso de los diputados de origen celeste.

En es contexto, lo que sucedió con las cuentas de los empleados públicos provinciales, que primero debieron afrontar sus gastos realizados con la tarjeta de crédito y pudieron cobrar recién unos días después, brindó a unos y otros la oportunidad de tomar posiciones frente a la morosidad de los hogares y al comportamiento de las entidades crediticias.

La socialista Gisel Mahmud propuso que la Cámara organice una jornada de debate sobre los el problema del endeudamiento, así como de las plataformas digitales y las entidades bancarias que ofrecen créditos sumamente accesibles, en apariencia. Su resolución se aprobó con votos en contra del Pro y los diputados que accedieron a su banca en 2023 (o antes) junto a Amalia Granata.

La diputada aprovechó para reprocharles a sus pares que recién en ahora habían votado su proyecto de ley (que ciertamente perdió estado parlamentario tres veces) para promover la educación financiera, pero pretendió que con esta última se podría haber evitado el drama que vive el 13% de los usuarios formales del sistema financiero en Santa Fe.

Esa ida fue rechazada por radicales, socialistas y peronistas. Lucila De Ponti del justicialismo, con lógica impecable, argumentó: hace diez años, o veinte, no se hablaba de educación financiera y no existía este fenómeno de la morosidad familiar. Rechazó "el prejuicio de que se endeudan porque son ignorantes".

Desde el bloque del Frente Amplio por la Soberanía se aportaron datos duros: Santa Fe es el tercer distrito con más deudores en mora y el 70% de ellos es menor a 54 años. Nada menos que 264 mil santafesinos son considerados deudores "irrecuperables".

En igual dirección, Marcos Corach reivindicó el rol activo del Estado provincial y aseguró que "se puede hacer más". Puso como ejemplo la billetera Santa Fe durante la pandemia que "había paralizado toda la actividad económica".

El motivo, explicó, "es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios" y adelantó su voto positivo para el proyecto. Luego, Alicia Azanza, con argumentos iguales se abstuvo. Pero antes les espetó a los oficialistas: "¡¿Los sueldos de los policías endeudados, de los maestros, de dónde son?!".

Silvia Malfesi, celeste y libertaria, dijo que los legisladores "no tienen que convocar a jornadas de educación financiera, ni de debate, sino legislar" e invitó a actuar sobre "el 40% de impuestos provinciales y municipales que gravan los créditos", aseguró.

A la ronda la cerró Joaquín Blanco, desde el socialismo. Recordó las desventuras y el procesamiento por lavado de dinero que siguieron a la privatización del ex Banco Provincial, y elogió a la comisión investigadora que revisó aquella venta de la década del '90.

Reivindicó las gestiones hechas esta misma semana por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, ante la entidad bancaria oficial, y luego desde la izquierda se dijo algo que nadie negó: "no hay nada en el contrato de vinculación con el Estado provincial que obligue a que cada empleado público sea cliente". Una norma de se tipo, se recordó, ya había sido presentada por Malfesi.

La escena se repite todos los meses: llega el resumen de la tarjeta de crédito, el total parece imposible de afrontar y aparece una cifra mucho más pequeña bajo el concepto de “pago mínimo”.

En un contexto en el que los gastos cotidianos pueden ocupar buena parte de los ingresos, esa alternativa puede parecer una solución rápida.

El problema es que pagar el mínimo no elimina la deuda: transforma el saldo que queda pendiente en una deuda financiada que tendrá un costo adicional.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) explica que el titular puede pagar el total del resumen, un monto intermedio o solamente el mínimo. En los dos últimos casos, el saldo que no se cancela acumula intereses.

Por eso, aunque pagar el mínimo permite mantener la cuenta al día y evita los intereses punitorios que corresponden al incumplimiento, no es recomendable convertirlo en una práctica permanente.

La primera diferencia que conviene tener clara es sencilla: el pago mínimo sirve para evitar entrar en mora, pero no para cancelar la deuda.

Por ejemplo, si una persona recibe un resumen de $500.000 y el banco establece un pago mínimo de $75.000, pagar esos $75.000 evita que la cuenta quede impaga en los términos previstos. Sin embargo, los $425.000 restantes no desaparecen. Quedan financiados y generan intereses.

El ejemplo es solamente ilustrativo: el porcentaje del pago mínimo y las tasas cambian según la tarjeta, el emisor, el contrato y las condiciones vigentes.

El propio BCRA recomienda prestar atención a la tasa de interés compensatoria, la tasa punitoria, el monto del pago mínimo y las comisiones que pueda cobrar la entidad. Además, las entidades deben informar las condiciones de financiación.

Hay otro dato importante: si se paga el mínimo en la fecha correspondiente, la legislación establece que no corresponde aplicar intereses punitorios por ese motivo. El problema, entonces, no es que pagar el mínimo genere automáticamente una penalización por mora, sino que el saldo que queda pendiente continúa financiándose y tiene un costo.

Por eso, una de las trampas más frecuentes es mirar únicamente cuánto dinero hay que desembolsar ese mes y no cuánto terminará costando la deuda.

El pago mínimo puede resolver un problema de liquidez hoy y, al mismo tiempo, generar un problema mayor para el mes siguiente.

Un pago mínimo aislado no significa necesariamente que una persona haya perdido el control de sus finanzas. Puede ser una herramienta de emergencia ante un gasto extraordinario o un mes particularmente difícil.

El problema aparece cuando se convierte en una rutina.

Si después de pagar el mínimo se continúa utilizando la tarjeta para supermercados, combustible, servicios, ropa, delivery o compras cotidianas, el nuevo resumen puede combinar tres elementos: la deuda anterior financiada, los intereses generados y los nuevos consumos.

Así, la persona puede encontrarse frente a una situación paradójica: paga todos los meses, pero la deuda prácticamente no baja o incluso aumenta.

El BCRA advierte precisamente que no es aconsejable pagar únicamente el mínimo de manera permanente porque la deuda pendiente genera intereses crecientes.

La mejor forma de detectar si esto está ocurriendo es dejar de mirar solamente el importe del pago mínimo y observar tres números del resumen: saldo total, saldo financiado y costo de financiación.

Si durante varios meses el saldo total se mantiene o aumenta pese a los pagos realizados, es una señal de que el problema ya no es solamente de un mes difícil, sino de una deuda que necesita ser reorganizada.

La primera recomendación es no esperar hasta el día del vencimiento para revisar las alternativas.

Si el dinero no alcanza, conviene hacer una fotografía completa de la situación. Anotar cuánto hay disponible, qué gastos son imprescindibles y cuánto dinero queda comprometido en otras deudas permite saber cuánto se puede destinar realmente a la tarjeta.

Una estrategia útil es establecer un “monto máximo de deuda” para el próximo resumen. No se trata simplemente de decidir cuánto pagar, sino de decidir cuánto saldo se está dispuesto a financiar.

En ese cálculo hay que incluir alquiler, servicios, alimentos, transporte, medicamentos y otros gastos esenciales antes de destinar dinero a cancelar consumos de la tarjeta.

Si pagar el total deja la cuenta bancaria prácticamente en cero y obliga a volver a utilizar la tarjeta para cubrir gastos básicos durante los días siguientes, puede ser necesario analizar otra estrategia.

El objetivo no debería ser solamente cancelar un resumen, sino evitar que la deuda vuelva a generarse inmediatamente.

También conviene comparar el costo de financiar el saldo de la tarjeta con otras alternativas disponibles. No hay que asumir que un préstamo personal siempre será más barato ni que financiar con la tarjeta siempre será la peor opción. La comparación debe hacerse sobre el costo financiero total y las condiciones concretas de cada alternativa, no solamente mirando una tasa aislada.

El BCRA dispone de información sobre tasas de interés y recomienda revisar las condiciones de financiación antes de tomar una decisión.

Para una persona que ya cayó en el pago mínimo, una alternativa práctica es plantearse un objetivo de tres meses.

Primer mes: no aumentar la deuda. Si es posible, dejar de utilizar la tarjeta para nuevos consumos mientras se reduce el saldo financiado.

Segundo mes: destinar un monto fijo superior al mínimo para disminuir el capital pendiente. La clave es que el pago sea sostenible: debe poder repetirse sin volver a financiar los gastos básicos.

Tercer mes: revisar nuevamente el resumen y comprobar cuánto bajó realmente la deuda. Si el saldo disminuyó de manera significativa, mantener la estrategia. Si prácticamente no cambió, hay que buscar una solución diferente y comparar opciones de financiación.

El objetivo no es simplemente “pagar más”, sino conseguir que cada pago reduzca de manera efectiva la deuda.

1. Mirar solamente el pago mínimo.

Es el error más habitual. El número más pequeño del resumen no representa el costo total de la deuda.

2. Seguir usando la tarjeta como si nada hubiera pasado.

Si ya existe un saldo financiado, sumar nuevos consumos puede dificultar todavía más la cancelación.

3. Elegir financiación mirando únicamente la cuota.

Una cuota baja puede extender la deuda durante más tiempo. Antes de aceptar una financiación hay que conocer cuánto se terminará pagando en total.

4. No revisar el resumen.

Además del total y el mínimo, es necesario controlar consumos, cuotas, intereses, cargos y vencimiento. Si aparece un consumo que no se reconoce, corresponde reclamar ante el emisor. La normativa contempla mecanismos específicos para cuestionar gastos y desconocer consumos.

Cuando una persona está intentando salir de una deuda de tarjeta, reducir temporalmente su utilización puede ser una de las medidas más efectivas. No porque la tarjeta sea necesariamente mala, sino porque resulta difícil reducir un saldo mientras simultáneamente se siguen incorporando nuevos gastos.

Una opción es reservarla únicamente para determinados consumos planificados y utilizar otros medios de pago para los gastos diarios, siempre que eso sea compatible con el presupuesto familiar.

También es importante recordar que tener deuda no impide necesariamente dar de baja una tarjeta.

El BCRA señala que una persona puede solicitar la baja aun cuando existan consumos pendientes; las cuotas que queden por vencer continúan cobrarse según lo pactado, pero no deberían generarse nuevos cargos de mantenimiento por la tarjeta dada de baja.

En lugar de preguntarse solamente “¿cuánto tengo que pagar este mes?”, conviene cambiar la pregunta por otra: “¿cuánto de esta deuda seguirá existiendo después de que haga el pago?”

Ese cambio permite entender el verdadero funcionamiento de la tarjeta.

Pagar el mínimo puede ser una herramienta para atravesar un mes complicado y evitar la mora. Pero si se transforma en la forma habitual de pagar, puede convertirse en una puerta de entrada a una deuda cada vez más costosa.

La salida no consiste necesariamente en dejar de usar para siempre la tarjeta ni en cancelar todo de golpe a cualquier precio.

Consiste en conocer cuánto se debe, cuánto cuesta financiarlo, detener la acumulación de nuevos consumos cuando sea necesario y establecer un plan de pagos que pueda sostenerse.

En definitiva, el mejor momento para actuar sobre una deuda de tarjeta no es cuando deja de poder pagarse: es cuando aparece por primera vez la necesidad de pagar solamente el mínimo.

Ese puede ser el primer dato de alerta para revisar las cuentas y evitar que un problema de liquidez de un mes termine convirtiéndose en una deuda que se arrastre durante mucho tiempo.

Más de 30 proyectos, propiciados por distintos bloques políticos, fueron presentados en las cámaras del Congreso para abordar la problemática de los altos niveles de endeudamiento que se registran un buena parte de los hogares argentinos, y el incremento en los índices de morosidad.

En términos generales, los impulsores de estas iniciativas apuntan que, por efecto del deterioro de los ingresos y el incremento en el costo de vida el universo de los créditos al consumo asumió un cariz diferente y alarmante.

Argumentan que las tarjetas de crédito y los microcréditos otorgados por proveedores no financieros o billeteras digitales dejaron de ser un instrumento de consumo extraordinario para convertirse en un paliativo recurrente destinado a cubrir gastos de primera necesidad: compras de alimentos en el supermercado, pago de medicamentos en farmacias y facturas de servicios públicos.

Más de 30 proyectos esperan tratamiento en el Congreso de la Nación. Fernando Nicola

En tal sentido, se basan en que los informes oficializados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un incremento paulatino pero persistente en el incumplimiento de pago de las deudas familiares. La mora en préstamos al consumo alcanza niveles que encendieron las alertas tanto en el sector público como en el sistema bancario privado.

A su vez, relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas —como el reciente informe de la Fundación Pensar— advierten que “el peso de la deuda sobre los presupuestos de los hogares alcanzó niveles máximos en dos décadas”.

Según un reciente informe de Management & Fit, más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. En ese escenario, un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como el informal.

Al mismo tiempo, más de la mitad de esos préstamos no tiene como objeto satisfacer algún consumo o emprendimiento sino que está destinado al gasto corriente.

La combinación de elevadas tasas de interés, refinanciaciones sucesivas y la proliferación de costos administrativos no transparentes provocó una espiralización de pasivos en familias cuyos ingresos brutos no logran equiparar el costo de la Canasta Básica Total.

Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso (ya ex legislador) y Mónica Macha, hoy senadora bonaerense.

También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro, Guillermo Michel, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.

Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.

En las iniciativas, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

“El Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”, afirmó el diputado entrerriano Guillermo Michel, autor de un proyecto para generar una estrategia de créditos blandos desde Ansés.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Archivo El Litoral

Por su parte, Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para crear el "régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito". Y argumentó que "la morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente".

Aunque las propuestas provienen de espacios políticos con visiones económicas heterogéneas (Unión por la Patria, la Izquierda, bloques federales como Provincias Unidas e Innovación Federal, y sectores del radicalismo), existen pilares conceptuales donde convergen la mayoría de las iniciativas:

- Prohibición del anatocismo e intereses punitorios desmedidos: La eliminación o limitación estricta de la capitalización de intereses y recargos desproporcionados que multiplican el saldo adeudado original.

- Mecanismos de reestructuración y mediación: Creación de instancias administrativas o judiciales de mediación obligatoria entre el deudor de buena fe y las entidades financieras.

- Inembargabilidad de fondos mínimos de subsistencia: Garantía de inembargabilidad para las cuentas sueldo y billeteras de pago asociadas a ingresos familiares de subsistencia.

- Cese de conductas abusivas de cobro: Prohibición explícita a las agencias de cobranza de incurrir en hostigamiento, intimidación o contacto con terceros ajenos a la relación crediticia.

-Evaluación de solvencia previa (Crédito Responsable): Obligación legal para los prestadores de verificar la capacidad real de pago del usuario antes de otorgar financiamiento automático, evitando la sobreoferta de crédito a sectores vulnerables.

A pesar de las coincidencias en la necesidad de intervención, las propuestas se diferencian sustancialmente en el grado de asistencia estatal, los mecanismos de quita y el ámbito de aplicación, y van desde propuestas de condonación para los hogares con menores ingresos y tasas subsidiadas, hasta la educación financiera en el nivel secundario y patrocinio legal gratuito.

Mientras las comisiones de Defensa del Consumidor de la Cámara baja analizan la unificación de proyectos, el tratamiento parlamentario enfrenta importantes resistencias políticas y operativas.

Desde el Poder Ejecutivo y los sectores alineados con La Libertad Avanza se argumenta que la fijación de topes a las tasas o la alteración retroactiva de contratos crediticios incrementará la tasa de riesgo, restringirá aún más la oferta bancaria e impulsará a las familias vulnerables hacia el mercado informal de préstamos.

Por su parte, las cámaras del sistema financiero privado señalan que una regulación compulsiva puede minar la sostenibilidad del crédito privado y generar incertidumbre jurídica.

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

El empresario afirmó que “al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.

Sin embargo, desde la oposición replican que la mora masiva trasciende el ámbito de las relaciones contractuales privadas y configura una problemática económica sistémica que paraliza la demanda agregada y afecta el consumo básico. La discusión, que aún no logra dictamen de comisión en el recinto, promete mantenerse en el centro de la agenda legislativa durante el período ordinario.

En medio de la suba de tasas y el aumento de la morosidad, el uso de tarjetas de crédito en pesos mostró en agosto una leve suba en términos nominales, pero al ajustar por inflación se evidenció una baja en el mes y un crecimiento moderado en comparación con el año anterior. Mientras tanto, los consumos en dólares cayeron fuertemente.

Las operaciones en pesos con plásticos totalizaron en agosto $20,9 billones, lo que representó un incremento mensual del 1,8% en términos nominales. Según un informe de First Capital Group, el crecimiento interanual alcanzó el 93,7%, frente a los $10,8 billones registrados en el mismo mes de 2024.

Pero al considerar la inflación, el desempeño fue diferente: se registró una caída mensual del 0,2% en términos reales y un incremento del 44,6% respecto de agosto del año pasado.

“El desempeño de esta línea se está manifestando en forma errática, alternando alzas y bajas de diferente magnitud, las cuales pueden deberse a una sintonía fina que vienen realizando las entidades financieras a raíz del alza del costo del financiamiento y el incremento de la mora por un lado y la necesidad de no perder el dinamismo de este negocio por el otro”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Pablo Moldovan, economista de CP Consultora, indicó que si bien impacta, la suba de tasas tarda un poco más en llegar a este capítulo del crédito porque los bancos deben avisar con antelación a sus clientes.

Respecto al aumento de la morosidad, señaló que refleja una crisis de ingresos, que probablemente se siga profundizando. Consideró que en los próximos meses es posible que los límites de las tarjetas empiecen a frenar al consumo que venía siendo motorizado por el uso de plásticos.

En ese sentido, Federico González Rouco, economista de Empiria había advertido que las cuotas de la tarjeta de crédito ya alcanzan el 19% del presupuesto familiar.

El economista Martín Kalos, de EPyCA Consultores, explicó que los sectores de ingresos medios bajos, que utilizaban la tarjeta para llegar a fin de mes, postergando pagos o buscando alivio temporal en su economía, comenzaron a entrar en mora. Si bien un 4,5% de morosidad no representa un nivel preocupante para el sistema financiero general, para esas familias sí implica una dificultad considerable y “va a ser muy difícil revertir ese endeudamiento excesivo”.

En tanto First precisó: “Si observamos la evolución trimestral, el consumo con tarjetas en el tercer trimestre muestra una tendencia a la consolidación de los niveles de gasto tras el pico histórico registrado en mayo, que se erige como el mes de mayor auge interanual con una variación excepcional”.

En comparación con el segundo trimestre, caracterizado por fuertes impulsos nominales, el semestre cerrado en agosto refleja un crecimiento sólido pero moderado, indicando una posible normalización tras la ola de consumo inicial.

En paralelo, el consumo con tarjeta en moneda extranjera exhibió una contracción mensual del 16,9%, en gran medida por la estacionalidad, ya que en agosto se sintió el impacto del fin de las vacaciones de invierno; a lo se se suma la suba del dólar del último mes. El saldo acumulado fue de USD 660 millones, aunque el valor marcó un aumento del 42,9% interanual frente a los USD 462 millones de agosto de 2024.

“Los importes de las compras y viajes en el exterior parecen haber alcanzado un nuevo piso alrededor de los valores de este mes”, indicó Barbero.

El contraste entre la expansión nominal en pesos y la reducción en dólares refleja la sensibilidad del consumo frente a la volatilidad cambiaria y las condiciones financieras. En este marco, el uso de tarjetas continúa siendo un termómetro del poder de compra y de las estrategias de financiamiento de los hogares.

De acuerdo a CP Consultora, la política monetaria contractiva generó una suba de tasas que afectará la actividad económica, en un contexto en que el crédito a las familias venía mostrando síntomas de agotamiento.

Las plataformas chinas, como Shein, Temu y AliExpress, que tienen una fuerte penetración en Argentina por sus bajos precios, a partir de agosto deberán informar las ventas que realicen en el país, lo cual permitirá a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre otras cosas, cruzar los datos con los registros de consumo de las tarjetas de crédito utilizadas para los pagos.

Si bien el organismo desmintió que bloquearía ciertas compras y retendría envíos que no cumplieran con ciertas condiciones, y aclaró que el único cambio es la simplificación de la operatoria del Régimen Courier, con el objetivo de “hacer más transparente” el proceso, la viralización de un mayor control del organismo podría ejercer un efecto disuasivo con monotributistas "flojos de papeles" y con compradores que no puedan justificar el origen de las transacciones.

Asimismo, la verificación en el courier tendería a evitar eventuales transgresiones en topes de hasta US$400 para eximir la tributación de los derechos de importación y tasa estadística.

También, de hecho, la disposición oficial recuerda las condiciones: que el pedido tendrá que estar conformado por tres unidades de la misma especie, contar con un peso de hasta 50kg por paquete, estar valuado en un importe inferior o igual a US$3.000 por envío y no tener el fin de ser un producto comercializado.

Ya ARCA había extremado los cuidados antes de la vacaciones de invierno para con el tráfico de mercaderías efectuado por turistas argentinos desde Chile, en el sentido de hacer cumplir con los requisitos de ingreso como equipaje vigentes y que los vendedores incluyan las facturas electrónicas asociadas a cada pedido.

La medida se adoptó luego de un año de intenso tránsito de electrónica e indumentaria y calzado, sobre todo, que significó una salida de US$ 1.000 millones en concepto de importaciones ingresadas como equipaje.

Las aclaraciones efectuadas por ARCA respecto de la normativa aduanera sobrevinieron al boom de importaciones online a través de las plataformas chinas, que saturaron el mercado con ofertas de precios y promesas de entrega a partir de 20 días de concretada la operación.

En el ínterin, el Gobierno de Javier Milei fue compensando esa apertura al consumo exterior con la implementación de un régimen simplificado que abarca a pequeños envíos desde el Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego de un listado de 40 productos electrodomésticos.

Las ventajas fiscales ofrecidas para este sistema de importación dentro del territorio nacional podrían determinar rebajas de alrededor del 30% que tornarían algo más competitivos los precios con relación al comercio nacional.

Y respecto de la agilidad de las entregas, también les darán un diferencial comparativamente con las de Shein o Temu.

La plataforma online a partir de artefactos fueguinos promocionados, lanzada con el aval de ARCA, está en vías de ser extendida a otros rubros que aporten empresas nacionales que se integren a este régimen promocional, como el textil e indumentaria, por ejemplo.

De inminente aparición, se la conoce como “el Amazon Argentino”, y dentro del sistema de e-commerce que albergue las ofertas al por menor que se hagan incluirán las exenciones impositivas establecidas en la Ley N.º 19.640, tal como la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no pagarán el Impuesto a las Ganancias o derechos de importación y exportación.

Gustavo Ocampo - María José Valdéz

La situación financiera de muchas familias argentinas se vuelve cada vez más frágil, y las tarjetas de crédito aparecen como un síntoma visible de esa tensión. Así lo explicó Germán Rollandi, economista, durante su participación en el programa Primera Mañana que se emite por CyD Litoral.

En su análisis, advirtió que “cada vez más gente se vuelca al plástico como forma de financiarse, porque le cuesta llegar a fin de mes”.

Según Rollandi, la facilidad de acceso a los planes en cuotas y las promociones ha hecho que las tarjetas sean una herramienta muy utilizada, pero no siempre de forma estratégica. “El financiamiento con tarjeta de crédito es el más sencillo, el más habitual, el que los bancos te ofrecen directamente”, señaló.

Sin embargo, también advirtió sobre el problema creciente: “Los saldos de las tarjetas están volviéndose impagos con mayor frecuencia”.

El especialista explicó que pagar solo el mínimo en la tarjeta genera un círculo vicioso muy difícil de revertir. “Las tasas de financiamiento de esos saldos son elevadas. Esto genera una bola de nieve que se incrementa mensualmente hasta que estalla”, sostuvo Rollandi.

La situación se agrava porque, al pagar el mínimo, la tarjeta se vuelve a habilitar. “Se empieza a sumar más deuda a la ya existente”, añadió. Según el economista, la morosidad en tarjetas es hoy la más alta de los últimos tres años, lo que anticipa un posible escenario de crisis financiera en el ámbito doméstico.

“El financiamiento con tarjeta está creciendo al 170% anual y los préstamos personales al 400%. Es muchísimo”, alertó. Y agregó: “A esta velocidad y con estas tasas de impago, esto puede terminar en una bola de nieve que va a complicar a muchas familias santafesinas y de todo el país”.

Consultado sobre el impacto de las políticas económicas actuales, Rollandi fue categórico: “La economía no está creciendo. El gobierno está enfocando todas sus políticas a bajar la inflación, pero eso pisa la actividad económica y el salario”.

El economista advirtió que este modelo no es sostenible socialmente: “Cada vez más familias se endeudan para llegar a fin de mes. Si esto se estira por seis meses más, el malestar se va a profundizar”. De cara a lo que viene, anticipó: “Después de las elecciones necesariamente se van a tener que tomar ciertas medidas. No va a poder soportarse la situación social si no hay una corrección”.

Por último, respecto al receso invernal, alertó que el turismo también sentirá el ajuste: “El sector turístico ajustó precios y eso se va a notar en julio”. Y cerró con una recomendación: “Analicen bien las alternativas que tienen para no entrar en un sendero del que después va a ser mucho más difícil salir”.

Gonzalo Zentner

Este miércoles se conoció un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que refleja el comportamiento de las ventas en los supermercados del país. El estudio puso la lupa en noviembre de 2024 y del mismo se desprende que “el índice de la serie desestacionalizada muestra un aumento de 1,8% respecto al mes anterior”.

En ese sentido, el organismo explicó que “el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 1,1% respecto al mes anterior”.

Al mismo tiempo, el Indec concluye que “en noviembre de 2024, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 7,6% respecto a igual mes de 2023. El acumulado enero-noviembre de 2024 presenta una variación decreciente de 11,9% respecto a igual período de 2023”.

Otro dato interesante que surge del análisis del informe es cómo pagan los argentinos al hacer las compras en los supermercados. La tarjeta de crédito se impone como el medio de pago más utilizado entre los clientes, con el 47,5%. Eso equivale a 867.377.951 miles de pesos gastados en el penúltimo mes del 2024.

Luego aparece la tarjeta de débito con el 25,1% de los consumos, lo que se traduce en 457.081.058 miles de pesos. Finalmente, el pago en efectivo (16,3%) y los considerados “otros” donde se incluyen billeteras virtuales, cupones, tickets o gift cards (11,1%), cierran el cuadro.

Sobre el incremento de cada tipo de venta con respecto al mismo mes de 2023, el Indec indica que:

Ticket promedio

De acuerdo al informe, el ticket promedio a nivel país alcanza los $25.370, lo que equivale a un incremento del 174,3% en comparación con noviembre de 2023. En lo que refiere a la provincia de Santa Fe, el Indec advierte que registraron 93.514.286 miles de pesos en ventas en 3.073.293 operaciones. Resultando como promedio 30.428 pesos cada una.

Empleados

En otro apartado, el informe hace hincapié en el personal ocupado en el sector. “En noviembre de 2024, alcanzó los 98.865 asalariados, de los cuales 10.902 poseen cargos jerárquicos, lo que representa el 11,0% del total de ocupados”, explica el estudio.

Y agrega: “El 89,0% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que suman un total de 87.963 ocupados”.

Sobre el final del reporte, el Indec incluyó encuestas. La primera pregunta apunta a la situación comercial de ventas. La mayoría (43,4%) considera que es normal, el 34% respondió que es mala y el restante 22,6% contestó que es “buena”.

Al mismo tiempo, la mayoría (64,2%) consideró que el nivel de stocks en términos de volumen se encuentra normal; otro 18,9% por debajo de lo normal y el restante 17% por encima de lo normales.

Otra consulta interesante fue sobre la variación de precios. La mayoría (52,8%) respondió que aumentaron, mientras que el 39,6% que no hubo variaciones y el restante 7,5% que bajaron.

Ante la pregunta por la situación financiera actual de la empresa, la mayoría (69,8%) consideró que es “normal”, y los restantes se dividieron en iguales partes (15,1%) entre “buena” y “mala”.

En un año marcado por desafíos económicos, los reclamos presentados en la Oficina Municipal del Consumidor experimentaron un incremento del 43% en 2024, según la información a la que accedió Mirador Provincial. Este aumento refleja una tendencia preocupante en la relación entre los consumidores y las empresas, particularmente en el área financiera.

Durante el último año, los servicios vinculados a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiación en cuotas concentraron la mayor cantidad de quejas. Los consumidores denunciaron cobros indebidos, tasas no informadas y cláusulas abusivas en los contratos. Estas situaciones no sólo generan malestar entre los usuarios, sino también ponen de manifiesto la necesidad de una mayor regulación en el sector financiero.

Uno de los puntos destacados del informe es el aumento de reclamos por débitos automáticos mal gestionados. Según la información a la que accedió Mirador Provincial, estos casos suelen involucrar a empresas que no informan adecuadamente los términos de los acuerdos o que continúan cobrando servicios ya cancelados. Esta situación genera un impacto directo en los bolsillos de los usuarios y contribuye al descontento general.

Otro rubro crítico fue el de las telecomunicaciones. Problemas con la facturación, incumplimientos en los servicios contratados y la dificultad para dar de baja planes fueron algunas de las principales quejas en este sector. A pesar de los esfuerzos por mejorar los canales de atención al cliente, muchas empresas continúan fallando en responder a las necesidades de los usuarios.

En este contexto, la Oficina Municipal del Consumidor jugó un papel clave en la mediación entre las partes. Según la información a la que accedió Mirador Provincial, más del 70% de los casos presentados lograron una resolución favorable para los consumidores. Este porcentaje, aunque alentador, también revela que aún queda un largo camino por recorrer en la protección de los derechos de los usuarios.

En cuanto a los reclamos presenciales, la mayoría provino de personas mayores, quienes suelen enfrentar dificultades para gestionar sus problemas mediante plataformas digitales. Este grupo, en particular, se ve afectado por la complejidad de los sistemas de atención y la falta de información clara sobre sus derechos.

Por otro lado, las quejas vinculadas a compras online también mostraron un aumento significativo. La demora en las entregas, productos defectuosos y problemas para realizar devoluciones fueron los principales motivos de disconformidad en este ámbito. Este crecimiento acompaña el incremento del comercio electrónico en el país, que sigue ganando terreno como forma habitual de consumo.

El informe también destacó el impacto positivo de las campañas de concientización llevadas adelante por el municipio. Estas iniciativas permitieron que más ciudadanos conocieran sus derechos y supieran cómo actuar ante un abuso. Sin embargo, a pesar de los avances, los recursos humanos y económicos destinados a este área aún resultan insuficientes para abordar la creciente demanda.

Frente a esta situación, desde la Oficina Municipal del Consumidor remarcan la importancia de la educación financiera y el fortalecimiento de las leyes que protegen a los usuarios. "Es fundamental que las personas conozcan sus derechos y que las empresas cumplan con sus obligaciones", subrayaron fuentes de la entidad.

El 2024 dejó en evidencia que los consumidores están más atentos a los abusos y dispuestos a reclamar lo que consideran justo. Este cambio de actitud, combinado con una mayor digitalización de los procesos, podría ser clave para mejorar la relación entre las empresas y sus clientes en el futuro.

Con un panorama económico incierto para 2025, se espera que los reclamos sigan aumentando. La Oficina Municipal del Consumidor ya trabaja en nuevas estrategias para afrontar este desafío y garantizar que los derechos de los consumidores sigan siendo una prioridad.

Los bancos comenzaron a bajar el costo de refinanciación de las tarjeta de crédito, que es una de las tasas más altas del sistema financiero y puede alcanzar más del 200%. La medida está en línea con la decisión del Banco Central de ir reduciendo la tasa de referencia, que desde la semana pasada quedó fijada en el 40% nominal anual.

También comenzaron a operar a la baja las tasas de los préstamos: se redujeron entre 18% y 58% desde diciembre hasta fines de abril, de acuerdo con datos oficiales. Ahora es el turno del costo de refinanciación del saldo de las tarjetas de crédito, que según fuentes del sector comenzó a bajar alrededor de 10%.

Existen límites normativos para el costo de refinanciación de tarjetas: aún continúa vigente el tope de 122% nominal anual que el Banco Central establece para los saldos impagos de hasta $200.000.

Para deudas mayores a ese importe, el límite al costo de refinanciamiento se vincula con la tasa de las líneas personales de cada institución, que equivale a la tasa de préstamos personales del mes anterior de cada banco multiplicada por 1,25.

En este contexto, el dato a tener en cuenta es que pagar el mínimo del resumen de la tarjeta de crédito es desaconsejable, ya que provoca que la deuda sea más abultada.

Por su parte la tasa de intereses resarcitorios por falta de pago en término de obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras que aplica la AFIP, se reducirá del 12,07% al 6,41% mensual para el bimestre junio/julio 2024. Esta drástica disminución -del 46,89%- se debe a que el Banco Nación ha reducido la tasa activa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente no solicitado previamente, utilizada como base para determinar la tasa de intereses resarcitorios.

Además, la tasa de intereses punitorios bajará del 13,93% al 7,39% mensual, es decir, un 46,95%. "A pesar de esta significativa baja, la tasa de intereses resarcitorios sigue siendo superior a la que puede obtener un contribuyente mediante una inversión financiera", consideró Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Según su análisis, la baja busca evitar que algunos contribuyentes se financien con los impuestos y realicen inversiones financieras con mayor rendimiento, afectando las cuentas públicas. En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro existen planes de pago con reducciones de la tasa de intereses resarcitorios en un 40% y 50%.

En esos casos, podría llegar a suceder que el rendimiento financiero de inversiones sea similar o un poco superior a la tasa de intereses resarcitorios. Además, es una asignatura pendiente que el Ministerio de Economía fije la misma tasa de interés para las devoluciones, acciones de repetición, entre otras que interponen los contribuyentes, evaluó Domínguez.

Y aseguró que "no es justo que la AFIP cobre una tasa cuando el contribuyente se atrasa en el pago de sus obligaciones y no pague la misma tasa cuando se demora (y en muchos casos sin razones) en efectuar las devoluciones".

Los medicamentos de venta libre registraron una baja del 35% entre diciembre y abril, mientras que los recetados cayeron 20% en el mismo período, según estadísticas del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. También entre esos meses los precios de los remedios se dispararon 157%, muy por encima de la inflación, que para ese lapso de tiempo fue del 80%.

El secretario general del gremio, Marcelo Peretta, cuestionó la política del Gobierno con relación a los medicamentos, por entender que se "favorece la remarcación descontrolada de los laboratorios en detrimento de la población". "En esto, el Gobierno está favoreciendo a los laboratorios al autorizar esas subas, mientras que a las prepagas les pone límites", sostuvo el dirigente.

Peretta explicó que "el beneficio a la industria de los medicamentos viene por dos lados: la autorización a subir los precios y la luz verde para pasar a venta libre lo que hasta ahora era bajo receta". "Mientras autoriza estas cosas se pone en guerra contra las prepagas, que tienen un 40% de sus prestaciones concentrado en el rubro medicamentos", se quejó el sindicalista, según publicó Diario Popular.

Además, puntualizó: "Tenemos entre un 18 y 20% de recetas caídas, que es lo que ocurre cuando el paciente viene a la farmacia y se entera de que no puede pagar el remedio. Esto significa lisa y llanamente que el enfermo deja de tratar su dolencia, algo que en el corto y mediano plazo puede originar una crisis sanitaria".

También señaló que el gasto en remedios, que antes de diciembre representaba el 20% del ingreso de los trabajadores activos y el 40 % de los pasivos, ahora pasó a ser 28% y 50%, respectivamente. "En el caso de los jubilados, si bien es cierto que PAMI solventa el precio de muchos remedios, hay muchos que no los cubre y eso posibilita la lamentable y reiterada escena que debemos presenciar en las farmacias cuando una persona se retira sin haber podido comprar su medicamento", enfatizó.

A través del decreto 361/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que no deberá mediar oposición del usuario de las tarjetas de crédito cuando el envío del resumen mensual se realice de forma electrónica.

Se realizaron modificaciones a la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito para facilitar la desregulación y simplificación del mercado de tarjetas de crédito. Según el decreto, el envío del resumen mensual de operaciones puede realizarse de forma electrónica sin necesidad de oposición por parte del usuario, mientras que los canales de comunicación para situaciones de no recepción del resumen incluyen opciones telefónicas, electrónicas o similares.

Además, el decreto también sustituye el inciso 11 del artículo 1 del Decreto N° 9101/72, eliminando referencias a leyes derogadas previamente.

En el considerando de la norma publicada este viernes, el Ejecutivo menciona que el decreto 70/2023 plantea que “se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”.

En ese sentido, alega que las modificaciones al sistema de plásticos tiene como objetivo “realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándose a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”.

Los cambios aplicados con el mega decreto estaban vinculados a las sanciones que el Banco Central podía llegar a imponer sobre las entidades financieras. A su vez, también estableció modificaciones en el sistema de deudores, conocido como el Veraz, y contempla también la eliminación de la distinción entre tarjetas físicas y virtuales.

De entrada, el artículo 14 del DNU borra nueve artículos de la Ley de Tarjetas que fijaban desde las condiciones de identificación que debe reunir un plástico para ser válido -una habilitación para emitir tarjetas sin titular explícito-, pasando por la forma en que tiene que estar redactado el contrato para la emisión de un plástico nuevo, la eliminación de sanciones para empresas emisoras, la reducción de obligaciones de información y hasta la derogación de la necesidad de informar mensualmente al regulador.

Con respecto al sistema de deudores, se levanta la prohibición de informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” los incumplimientos de sus clientes. De esta manera, el Veraz será de acceso prácticamente libre para los emisores de tarjetas. Cualquier incumplimiento, por pequeño que sea, será conocido de inmediato por toda la industria financiera, lo que podría generar dificultades para los usuarios en caso de querer acceder a alguna otra tarjeta de otro banco.

El mega decreto también modificó la redacción vieja de la Ley que establecía que el emisor era de los plásticos podría ser una “entidad financiera, comercial o bancaria”, mientras que ahora el emisor puede ser “la entidad, de cualquier naturaleza, en tanto se encuentre previsto dentro de su objeto social, que emita Tarjetas de Crédito”. Así, permiten que más jugadores entren al sistema de tarjetas.

En otro punto, el DNU reemplaza el viejo artículo 15 que limitaba las comisiones que pueden cobrar a comercios y que regulaba las diferencias que podía hacer entre comercios del mismo rubro. También, ponía tope a los descuentos que puede aplicar a los comercios que cobran con tarjeta y al plazo en que debían pagarles. Todo ese texto desaparece y se reemplaza por otro que sólo obliga a los emisores a informar la tasa de financiación. Esto es un gran cambio para los comerciantes.

El texto modificó también la regulación para los intereses punitorios. La ley establecía un tope del 50% por sobre la tasa de financiación. Ese tope desapareció, ya que los emisores podrán cobrar los punitorios que quieran a los usuarios. La única condición es que no podrán capitalizar esos intereses.

Decreto 361/2024 by El Litoral

Con el objetivo de promover y concientizar sobre estos derechos fundamentales, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, cada 15 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Santa Fe da a conocer cuáles son las áreas que más reclamos registran y adónde acercarse para realizar denuncias. 

“En nuestros primeros 3 meses de gestión, recepcionamos alrededor de 2.500 reclamos, de los cuales la mayoría corresponde a servicios financieros y seguros (21%), servicios de comunicaciones (21%), seguido por servicios de administración y pagos (10%), electrodomésticos y artefactos del hogar (7%) y finalmente, rodados, automotores y embarcaciones (7%)”, detalló el director de Defensa al Consumidor, Christian Galindo. 

A su turno, el secretario de Comercio Interior, Gustavo Rezzoaglio, indicó las competencias del área “desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como autoridad de aplicación de las leyes que protegen a los consumidores, estamos trabajando en la prevención de controversias entre proveedores y consumidores. Nuestra tarea es asesorar, informar, recepcionar y tramitar reclamos, procurando ante todo soluciones componedoras entre proveedor-consumidor y en su defecto, sancionando a los infractores a las normas vigentes”.

Cuando un consumidor experimenta algún inconveniente, puede asesorarse o realizar su denuncia o reclamo ante la Dirección de Defensa al Consumidor. Algunos ejemplos de estos problemas son cuando el producto adquirido no posee las condiciones normales para su uso y funcionamiento o tiene fallas, o cuando en una compra on line recibe un producto distinto al publicitado y finalmente elegido, o cuando observa importes no contratados en el resumen de su tarjeta de crédito, o sufre aumentos en su servicio de telefonía o internet sin previo aviso, o tiene problemas con su empresa de medicina prepaga. 

Es importante que siempre se haga primero el reclamo al proveedor, conservando fecha y hora del reclamo, y la persona que lo tomó, y alguna constancia del reclamo presentado, para acompañar la denuncia ante las oficinas del Estado.

Las denuncias y reclamos pueden realizarse en forma personal por el titular o usuario de la compra o contratación del servicio, o por apoderado. Para atención presencial, solicitar turno en: https://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php/portada/index. También pueden realizarse consultas a los correos consumidor.rosario@santafe.gov.ar y comercioyservicios@santafe.gob.ar. Vía telefónica, están disponibles las líneas: 3413153736 y 342 4505300 int 4019.

También pueden realizarse los reclamos de manera online: https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores. El sistema registra la denuncia y luego remite un correo electrónico al reclamante con el número de trámite otorgado por la Ventanilla Única Federal, al tiempo que el caso es derivado a la autoridad de aplicación provincial.

El decreto avanza sobre artículos de la Ley 25.065 que regula diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito (TC), así como de débito y otras de compras. Hasta ahora se fijaban reglas para una relación equitativa entre el emisor de las tarjetas y los usuarios.

Se elimina por ejemplo el artículo 5, que obliga a que se encuentren en el plástico los datos del usuario pero también el 7mo que establece que los contratos se puedan leer y que sean claros: se habilita el conocido uso de la letra chica. El usuario pierde también el apartado c) de la ley votada en 1999, que dice que “las cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente estén redactadas mediante el empleo de caracteres destacados o subrayados”.

También se quita el artículo 8vo, que establecía que el contrato solo se consideraba vigente tras la firma por parte del usuario: se buscaba el “perfeccionamiento de la relación contractual” para que el banco no considere que el usuario había aceptado la tarjeta solo por haberla emitido. El DNU borra el derecho del usuario a que rija el contrato solo con “la firma” del cliente y la emisión de los plásticos.

El texto impuesto por decreto sobre la ley votada por el Congreso hace casi 25 años permite informar a las bases de datos quiénes son los deudores, al tacharse el artículo 53. De paso, suprime la condición solidaria entre bancos y emisores de tarjetas por “los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista”, ya que se suprime esa obligación de confidencialidad sobre el deudor. El negocio se extenderá también a vender datos sobre morosos.

Además, el articulo 15 se cambia y pasa a ser libre el cobro de aranceles y comisiones a los comercios, cada emisor podrá fijarlo; la ley hasta aquí establecía un tope del 3% “entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios”. De mantenerse el DNU se pierden los párrafos que indican que: “En todos los casos se evitarán diferencias que tiendan a discriminar, en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes” y que “el emisor en ningún caso efectuará descuentos superiores a un cinco por ciento (5%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”. Ahora habrá libertad en la oferta para esos aspectos.

Por Luis Rodrigo

El decreto avanza sobre artículos de la Ley 25.065 que regula diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito (TC), así como de débito y otras de compras. Hasta ahora se fijaban reglas para una relación equitativa entre el emisor de las tarjetas y los usuarios.

Se elimina por ejemplo el artículo 5, que obliga a que se encuentren en el plástico los datos del usuario pero también el séptimo que establece que los contratos que se puedan leer y que sean claros: se habilita el conocido uso de la letra chica. El usuario pierde también el apartado c) de la ley votada en 1999, que dice que “las cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente estén redactadas mediante el empleo de caracteres destacados o subrayados”.

También se quita el artículo 8º, que establecía que el contrato solo se consideraba vigente tras la firma por parte del usuario: se buscaba el “perfeccionamiento de la relación contractual” para que el banco no considere que el usuario había aceptado la tarjeta solo por haberla emitido. El DNU borra el derecho del usuario a que rija el contrato solo con “la firma” del cliente y la emisión de los plásticos.

El texto impuesto por decreto sobre la ley votada por el Congreso hace casi 25 años permite informar a las bases de datos quiénes son los deudores, al tacharse el artículo 53. De paso, suprime la condición solidaria entre bancos y emisores de tarjetas por “los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista”, ya que se suprime esa obligación de confidencialidad sobre el deudor. El negocio se extenderá también a vender datos sobre morosos.

Además, el artículo 15 se cambia y pasa a ser libre el cobro de aranceles y comisiones a los comercios, cada emisor podrá fijarlo; la ley hasta aquí establecía un tope del 3% “entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios”. De mantenerse el DNU se pierden los párrafos que indican que: “En todos los casos se evitarán diferencias que tiendan a discriminar, en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes” y que “el emisor en ningún caso efectuará descuentos superiores a un cinco por ciento (5%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”. Ahora habrá libertad en la oferta para esos aspectos.

De mantenerse el DNU se pierden los párrafos que indican que: “En todos los casos se evitarán diferencias que tiendan a discriminar, en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes” y que “el emisor en ningún caso efectuará descuentos superiores a un cinco por ciento (5%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”. Ahora habrá libertad en la oferta para esos aspectos.

La mayoría de las veces las personas que utilizan tarjetas de débito o crédito para efectuar pagos entregan los plásticos para que un tercero se haga cargo de pasarla por el sistema para que se efectivice el pago. Bajo esta modalidad los titulares de las tarjetas pierden de vista el uso que se realiza con ellas, habilitando que se lleven a cabo fraudes.

Este formato, que se aplica tanto en bienes como servicios, permite que se puedan robar los datos, dado que pasando la tarjeta por una terminal que copia su información se puede clonar y utilizarla con otro plástico, por lo que la intención es que los/las titulares nunca pierdan de vista los plásticos.

Ante reiterados hechos de estafas, el Concejo de Rosario propone un plan para evitar lo máximo posible que este tipo de hechos delictivos se sigan propagando en la ciudad, además de concientizar a la población sobre la inseguridad de entregar las tarjetas.

Se trata de un proyecto que establece la obligatoriedad para todos los comercios de ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar ellos mismos las operaciones de cobro con tarjetas de débito o crédito, siempre bajo supervisión.

La intención es que la manipulación del plástico sea únicamente por parte del titular a fin de proteger a los consumidores y/o usuarios de bienes y servicios de posibles fraudes.

Según explica en la iniciativa la concejala Julia Irigoitía, autora de la idea, a la cual tuvo acceso Mirador Provincial, nace a raíz del “malestar y preocupación” por la creciente cantidad de casos de defraudaciones causadas por la manipulación de tarjetas de crédito y débito mediante el uso no autorizado de sus datos en comercios.

¿Cómo funcionaría? El personal del establecimiento que deba efectuar un cobro por los bienes o servicios brindados tendría la “obligatoriedad” de ofrecer a los titulares de las tarjetas la posibilidad de manipularlas ellos mismos para la realización de una operación, siempre bajo la supervisión de dicho personal.

En esta línea, el dispositivo de cobro deberá estar ubicado en un lugar visible que permita su fácil y cómoda utilización por parte del titular de la tarjeta o contar con un dispositivo inalámbrico que se pueda acercar al cliente/a.

También cuando el pago se realice con débito o crédito los comerciantes sí deberán pedirle al cliente que muestre el plástico y el DNI, con el fin de constatar que se trata de la misma persona.

En caso de convertirse en ley, los comercios tendrán un plazo de treinta días para adecuar sus dispositivos de cobro, mientras que la Oficina Municipal del Consumidor deberá instrumentar una campaña de concientización, información y capacitación sobre el uso de tarjetas de débito y crédito.

La mayoría de las veces las personas que utilizan tarjetas de débito o crédito para efectuar pagos, entregan los plásticos para que un tercero se haga cargo de pasarla por el sistema para que se efectivice el pago. Bajo esta modalidad los titulares de las tarjetas pierden de vista el uso que se realiza con ellas, habilitando que se lleven a cabo fraudes.

Este formato, que se aplica tanto en bienes como servicios, permite que se puedan robar los datos, dado que pasando la tarjeta por una terminal que copia su información se puede clonar y utilizarla con otro plástico, por lo que la intención es que los titulares nunca pierdan de vista los plásticos.

Ante reiterados hechos de estafas, el Concejo de Rosario propone un plan para evitar lo máximo posible que este tipo de hechos delictivos se sigan propagando en la ciudad, además de concientizar a la población sobre la inseguridad de entregar las tarjetas.

Se trata de un proyecto que establece la obligatoriedad para todos los comercios de ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar ellos mismos las operaciones de cobro con tarjetas de débito o crédito, siempre bajo supervisión.

La intención es que la manipulación del plástico sea únicamente por parte del titular a fin de proteger a los consumidores y/o usuarios de bienes y servicios de posibles fraudes.

Según explica en la iniciativa la concejala Julia Irigoitía, autora de la idea, a la cual tuvo acceso El Litoral, nace a raíz del “malestar y preocupación” por la creciente cantidad de casos de defraudaciones causadas por la manipulación de tarjetas de crédito y débito mediante el uso no autorizado de sus datos en comercios.

El personal del establecimiento que deba efectuar un cobro por los bienes o servicios brindados tendría la “obligatoriedad” de ofrecer a los titulares de las tarjetas la posibilidad de manipularlas ellos mismos para la realización de una operación, siempre bajo la supervisión de dicho personal.

En esta línea, el dispositivo de cobro deberá estar ubicado en un lugar visible que permita su fácil y cómoda utilización por parte del titular de la tarjeta o contar con un dispositivo inalámbrico que se pueda acercar al cliente/a.

También cuando el pago se realice con débito o crédito los comerciantes sí deberán pedirle al cliente que muestre el plástico y el DNI, con el fin de constatar que se trata de la misma persona.

En caso de convertirse en ley, los comercios tendrán un plazo de treinta días para adecuar sus dispositivos de cobro, mientras que la Oficina Municipal del Consumidor deberá instrumentar una campaña de concientización, información y capacitación sobre el uso de tarjetas de débito y crédito.

Así lo informó el directorio del Banco Central tras la reunión de directorio del jueves, un día antes de que entrara en vigencia la obligatoriedad. El aplazamiento es por 45 días corridos “a pedido de uno de los proveedores de estos códigos”. La normativa ahora aplazada establece que los comercios que exhiban un código QR para cobrar con tarjetas de crédito, deberán aceptar que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier billetera digital interoperable, independientemente de la marca del QR.

Cuando entre en vigencia la medida, los adquirentes y agregadores que ofrecen el servicio no podrán discriminar en las comisiones y plazos de acreditación de los fondos al comercio según la marca de billetera que ordenó el pago. En el mismo sentido, la medida estipula que cuando los adquirentes o agregadores también sean aceptadores de pagos con transferencia deberán ofrecer a los comercios un único código QR que contemple todos los instrumentos de pago. Para los clientes, dentro de 45 días, la persona usuaria podrá elegir si para abonar usará PCT (pago con transferencia) o tarjeta de crédito, sin necesidad de cambiar de billetera digital para hacer el pago.

(Luis Rodrigo) - En los asuntos entrados de la próxima sesión de la Cámara alta santafesina figurará una iniciativa que busca regular la "manipulación" del dinero plástico a fin de evitar que sean clonados sus códigos e información para habilitar las transacciones. El tema estaba en los Asuntos Entrados de la reunión convocada para el pasado jueves 24 pero la cuestión fue postergada, al igual que la sesión.

Quien lea el texto propuesto por el senador justicialista por el departamento Castellanos verá que, en pocas palabras, en adelante ni los clientes podrán entregar sus tarjetas de crédito o débito a los empleados de un comercio al momento de pagar, ni mucho menos estos solicitarlas para llevarlas a otro ámbito.

Es más, deberá ser el propio usuario de ese sistema de pago quien, sin soltar su tarjeta, sea quien la pase por el equipo lector de bandas magnéticas o chips. Va a regir un liso y llano "se mira y no se toca" y nadie deberá hacerse el ofendido.

En los fundamentos de la iniciativa, el jefe del bloque Lealtad dice que "el mundo ha cambiado la forma de las relaciones comerciales incluyendo sistemas de facilidad de pago" y que "las legislaciones de los países se han ido aggiornando a estas nuevas acciones, con el objetivo de facilitar el flujo de dinero tanto en las operaciones de compraventa como en el sistema del pago de servicios", y que las regulaciones deben evitar las "acciones delictivas y fraudulentas" y "proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios".

Cuando no se paga con efectivo, regirá la ley propuesta cuyo objeto es "regular la manipulación en el uso de tarjetas de crédito y débito en la Provincia de Santa Fe".

El segundo artículo describe cómo deben llevarse el cobro de un bien o servicio, con dinero plástico: "las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares a cuyo nombre se han emitido, para que puedan visualizar la operación comercial desde el inicio de la misma, con el pase de la tarjeta de crédito o débito, hasta la emisión del ticket de pago".

A los fines del cumplimiento de la norma, "el posnet o dispositivo de cobro debe estar ubicado en un lugar visible que permita su fácil y cómoda utilización de parte del titular de la tarjeta", no del empleado del comercio.

El tercer artículo indica que para la "constatación de datos" los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito "deben requerirle al titular que las exhiba de modo que puedan verlas adecuadamente para constatar que los datos y la firma contenidos en ellas coincidan con los del documento nacional de identidad de quien las porta", no que las entregue.

En cuanto a la autoridad de aplicación, se establece que la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de hacer cumplir la norma y también "instrumentar una campaña de concientización, información y capacitación respecto al uso de las tarjetas, exhibiéndose en un lugar visible de los comercios".

Luego, en su artículo 5to, el proyecto indica que "a los efectos de cumplir con la presente ley, el proveedor o comercio adherido al sistema de tarjetas de débito o crédito debe acondicionar, en el plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia de esta ley, sus dispositivos de cobro electrónico". El texto no fija sanciones pero deja establecido que la autoridad de aplicación deberá establecerlas "en forma gradual"

En los fundamentos, Calvo explica que "la iniciativa presentada tiene por objeto evitar lo que en el mundo se llama 'skimming', que es un delito que consiste en extraer los datos de la tarjeta de crédito o débito en el punto de venta, y usar esos datos para fabricar tarjetas de crédito falsas o comprar artículos utilizando los datos y garantizar la transparencia en las transacciones. Ello con la finalidad de mejorar el sistema de relaciones de pago electrónico y seguir afianzando los derechos que le competen al consumidor o usuario y las obligaciones del proveedor propendiendo al bien común comercial con la consecuente búsqueda de reducción de denuncias por cobros indebidos por el uso del sistema".

Primero la provincia de Neuquén y luego de la Río Negro a partir de aquella experiencia vecina regularon por ley cómo debe manipularse el dinero plástico en los comercios.

La provincia de nombre capicúa fue la primera en legislar la cuestión, en enero de 2022, bajo una fórmula más que clara: "Se prohibe a los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito requerir su entrega, a los titulares o adicionales para realizar operaciones. Las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares usuarios a cuyo nombre se han emitido", en una norma de 7 artículos.

Luego, en julio pasado, con bastante más repercusión pública nacional por el aumento de las estafas con tarjetas los rionegrinos copiaron la norma exitosa al otro lado del Río Colorado (entre otros límites interprovinciales de esos estados patagónicos).

En ambas hubo campañas de difusión en medios de comunicación para que sea parte del pasado el hábito de los clientes de entregar a otras personas sus tarjetas. Y de los comercios de requerirlas.

Decenas de personas denunciaron haber sido víctimas de una nueva modalidad de estafa en la que los timadores simulan ser de Correo Argentino para robar tarjetas de crédito. Ante la gran cantidad de personas que sufrieron el robo de datos, la empresa emitió un comunicado para advertir sobre esta maniobra ilegal.

“Está muy bien hecha, me costó darme cuenta que no era un mensaje oficial”, aseguró un usuario en una publicación de Twitter, que alcanzó más de 1,5 millones de reproducciones y casi 10.000 “Me Gusta”.

A través de un hilo, explicó de manera detallada la estafa. En primer lugar, llega un SMS al celular que dice: “Argentina Post – Su paquete tiene una dirección incorrecta y no puede ser entregado. Por favor, visite la página para actualizar la dirección”.

“Cuando cliqueas el link, te manda a un sitio que imita muy bien la estética y el lenguaje que usa el Correo Argentino. El número de seguimiento es real y los datos que te copian en el sitio falso tienen algún punto de contacto con el envío real con ese mismo número”, continuó el usuario, que adjuntó imágenes para graficar cada paso.

ATENCIÓN – Nueva estafa simulando contactarte por envío de Correo Argentino.Está muy bien hecha, me costó darme cuenta que no era un mensaje oficial. Va hilo con los detalles.

Primer paso: te llega este SMS (a mí me llegó desde el 1166319343) ? pic.twitter.com/uBO3aXN853

— Oliver Galak (@OliverGalak) July 30, 2023

Y continuó: “Ese botón te lleva a otra falsa página del Correo, donde te piden algunos datos de la dirección a la que querés que te manden el envío. Ahí no importa mucho lo que pongas, porque la estafa se va a producir cuando vayas al siguiente paso, cuando te piden los datos de la tarjeta”.

“De más está decir que los logos de Apple-Google-Samsung Pay no conducen a ningún lado y están ahí al solo efecto de darle legitimidad a la estafa. Tampoco es importante si te cobran o no esos 10 pesos, lo que quieren es quedarse con los datos de tu tarjeta de crédito”, cerró.

La empresa advirtió sobre la estafa a través de una gacetilla en la que detallaron que “por medio de un SMS falso, redirigen a los usuarios a una web apócrifa que solicita información personal, números y claves de tarjetas de crédito”.

En el texto, informaron que “en las últimas horas se detectó una nueva modalidad de estafa que circula mediante SMS y un falso aviso de entrega de un paquete que redirige a un sitio web muy similar al del Correo Argentino, donde se les solicita a los usuarios los datos de su tarjeta de crédito”.

Luego de precisar los pasos de la estafa, los mismos que se explican en la publicación que se viralizó en Twitter, la empresa asegura que hubo “reiteradas denuncias por este nuevo episodio” y brindó una serie de recomendaciones.

“No ingresar en el enlace, prestando especial atención al dominio y a autenticidad de la web que lo solicita, así como tampoco proporcionar datos personales, ni datos bancarios o de tarjetas de crédito y claves”, precisó.

Y completó: “Informamos nuevamente que esta modalidad de estafa, denominada “phishing”, es cada vez más frecuente y consiste en el envío de mensajes instantáneos de parte de un embaucador, que valiéndose de diferentes técnicas se hace pasar por una empresa o persona de confianza mediante una supuesta comunicación oficial”.

Luego de un aumento en el primer día de la semana, el dólar blue inicia la cotización de este martes a $490 acentuando la tendencia alcista para aproximarse a la barrera psicológica de los $500.

En tanto, el MEP o dólar bolsa arranca la rueda a $464,93 y el spread con el oficial se ubicó en el 98,4%. A su vez, el Contado con Liquidación lo hará en $480,4 y la brecha se ubica en el 105%, respecto del tipo de cambio oficial.

A su vez, el dólar oficial lo hará en $245,02 y el mayorista en $234,35.

Entre los tipos de cambio vinculados al turismo el dólar Qatar vale $489,68 y el turista $428,4.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva se ofreció a $403,9, mientras que el dólar oficial, sin impuestos, promedió los $242,5 en los principales bancos privados de la city porteña y en el Banco Nación cerró en $243,5.

En la rueda de ayer el BCRA adquirió US$31 millones y acumula en mayo un saldo favorable de US$182 millones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes junto a presidentes de bancos públicos y privados el aumento de los disponibles para la compra con tarjeta de crédito para mejorar el acceso al programa AHORA 12 y compras en cuotas en general. Se estima que beneficiará a unas 39 millones personas que cuentan con plásticos en el país.

La medida permitirá que las familias accedan a más crédito a través de incrementos de 30% en los márgenes de compras en cuotas de tarjetas de créditos; 25% en los márgenes a un pago; y 25% en los márgenes de adelanto en cuenta corriente a MiPymes.

De esta manera, el fortalecimiento del crédito del sector privado y las mejoras del marco normativo acordadas permitirán que quienes paguen con tarjeta de crédito financien sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo.

“Valoramos enormemente la decisión de los bancos públicos y privados de capital nacional, que toman la decisión de ayudar a consolidar el consumo a partir de aumentar el cupo de tasa, el cupo de endeudamiento de crédito para los beneficiarios de tarjeta de crédito, a partir de aumentar el cupo de crédito en el primer pago, de aumentar la capacidad de financiarse en cuenta corriente con el caso de las Pymes o las MiPymes, que todos sabemos que todos los días corren al banco”, destacó Massa durante el anuncio.

Además, el titular de Economía sostuvo que “mejorar la capacidad de crédito sobre 39 millones de tarjetas de crédito, aumentándoles 30% la capacidad de compra y aumentándoles de alguna manera su perfil de crédito, es un aporte muy valioso del sistema financiero argentino”.

“Entendemos que es bueno que el regulador y los bancos públicos y privados nacionales de capital nacional tomen esta iniciativa, la sostengan y nos permitan en los próximos meses que se vean beneficiados los consumidores, no sólo en la compra de la hora 12, sino en la compra con tarjeta, en un pago o en cuotas”, agregó.

De esta manera, la medida permitirá que más de 39 millones de tarjetas que operan en el país puedan comprar 30% más, debido a que por cada $10.000 de disponibles en un pago, se sumarán $ 3.000.

En esta línea, si una familia contaba con $ 50.000 de crédito en su tarjeta, ahora tendrá $ 65.000. Por este motivo, estos aumentos les permitirán a las familias acceder a más bienes con el plan Ahora 12.

Es destacable que la carga total de la deuda de las familias es acotada, ya que representa 10,4% de la masa salarial (a noviembre 2022). También, la deuda con irregularidad en el pago es de apenas 2,3%, con un nivel máximo de 4,3% en el segundo decil de ingresos y mínimo de 0,9% en el de mayores ingresos.

Massa indicó que no sólo hay que mejorar la posibilidad de acceso al consumo mediante la mejora de los ingresos vía paritaria sino también mediante incrementando el nivel de crédito.

En los últimos 12 meses, las cinco jurisdicciones con mayor participación en la cantidad personas deudoras con tarjetas de crédito fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y totalizan casi el 77% del crédito del sistema financiera instrumentado mediante tarjetas.

Estas provincias registraron un crecimiento interanual de 5,4% en la cantidad de personas humanas deudoras con tarjetas, destacándose los casos de Mendoza (+6,9%) y de la provincia de Buenos Aires (+6,4%). En tanto, el crecimiento relativo más alto a nivel país se dio en Catamarca (+12,5%); La Rioja (+11,8%); y Misiones (+10,4%).

Por su parte, el ministro también prometió seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para aquellos que están comprometidos en la capacidad de pago, como así también en los días de cobranza de los pagos con tarjeta.

El ministro de Economía de la Nación, , anunciará este lunes nuevas medidas destinadas al fortalecimiento del crédito al sector privado, según argumentaron desde el seno del gobierno nacional.

Incluirán primordialmente un incremento del 30% en los montos de compras en cuotas con tarjetas de créditos y del 25% para las operaciones de pago en una sola cuota.

También aumentarán un 25 por ciento los márgenes de adelanto en cuenta corriente a MiPymes.

El Banco Central permite pagos con tarjetas de crédito a través del QR interoperable

Desde el Palacio de Hacienda indican que las medidas están destinadas al “fortalecimiento del crédito al sector privado y mejoras del marco normativo, con el objetivo de sostener el consumo, aumentar la inversión y disminuir los daños relacionados con la sequía”.

En tanto, quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo, detallaron las mismas fuentes.

En el caso de las familias, el beneficio pasará por tener un mayor acceso al crédito en sus tarjetas de crédito.

De esta forma, en base a los números que manejan en el Ministerio de Economía, más de 20 millones de argentinos podrán comprar un 30% más, ya que por cada $10.000 disponibles para comprar en un pago, se sumarán $3.000 más de disponibilidad.

Para una familia que cuenta con $50.000 de crédito en su tarjeta, ahora tendrá $65.000, en base a los cálculos adelantados por las fuentes del Palacio de Hacienda.

Prorrogan el reintegro del 15% en compras con tarjeta de débito: ¿cómo saber si me corresponde?

Este aumento permitirá a las familias acceder con el Plan Ahora12 a más bienes.

“Este esfuerzo debe complementarse con acciones del Estado y de los dirigentes políticos de todos los sectores, que permitan el ordenamiento macroeconómico necesario para lograr la reducción de la inflación”, dijeron las fuentes.

A esto se sumarán modificaciones en el marco normativo a fin de promover “la canalización de los ahorros de la sociedad hacia el crédito, en forma eficiente y evitando la generación de distorsiones”, en especial las generadas por fijación de tasas mínimas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas.